viernes, 9 de abril de 2010
sábado, 3 de abril de 2010
CIMIENTO
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Humberto Campodónico
Hemos recibido una carta de Latin American Trading/Cemex, en la que su representante, el Sr. Juan Carlos Cárdenas, pide que “rectifique las erradas afirmaciones efectuadas en el artículo del 20 de marzo, titulado “Indecopi, Cemex y ´dumping´ cementero”.
Recordemos que, en el marco de una disputa empresarial en el 2007 entre Cementos Lima y LAT/Cemex, la primera presentó una denuncia ante Indecopi porque la segunda estaba importando cemento desde la República Dominicana a precios “dumping”, lo que significa que el precio declarado por el importador es inferior al del mercado de origen. El objetivo es apropiarse de una parte del mercado nacional vendiendo más barato que la competencia local.
Recordemos, también, que el informe de Indecopi de marzo del 2009 concluye que es cierto que LAT/Cemex importa a precios “dumping”, lo que LAT reconoce.
Dicho esto, ¿cuál es la información errada? Dice LAT que en mi artículo se dice que, habiéndose determinado la existencia de dumping: “resulta ´… curioso, por decir lo menos…´, que no se hayan dictado derechos antidumping acogiendo la solicitud de Cementos Lima, la misma empresa que ha solicitado y conseguido en el Tribunal Constitucional la restitución de aranceles al 12% para la importación de cemento”.
Dice LAT que estas afirmaciones no son “legalmente correctas” porque, según la legislación existente, el dumping puede existir pero para que sea sancionado con derechos antidumping deben cumplirse varias condiciones, entre ellas, que cause daño o amenaza de daño a la industria nacional.
Pero eso es lo que dije en mi artículo: “Puede ser que no haya daño a la industria local de cemento, pero qué me dicen del ingreso por aranceles que recauda SUNAT? Si el importador está haciendo “dumping”, el fisco recaudará menos. ¿Eso no está penado?”.
Noten los lectores que Cemex cita mi frase “curioso, por decir lo menos”, para luego continuar, con palabras de ellos, no mías, que se acoja la solicitud de Cementos Lima. La intención se deja entrever: Campodónico está a favor de Cementos Lima, lo que reiteran más adelante cuando dicen que existen datos “donde se mencionan recientes exportaciones efectuadas por Cementos Lima a precios dumping. Sería muy interesante conocer la posición del Sr. Campodónico sobre este dato”.
Mi posición es que eso me parece muy mal, porque es competencia desleal. Da lo mismo que lo haga Cemex o Cementos Lima o cualquier empresa. En esta columna defendemos principios y no somos “mermeleros”.
Descartada cualquier duda sobre mi “posición interesante”, es importante decir que discrepo de la posición de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de pasar el “dumping” por agua tibia (pone varias condiciones para poder sancionarlo). Ese es mi derecho de opinión y lo mismo se aplica a mi discrepancia del art. 63 de la Constitución de 1993, que establece la “igualdad de trato” al capital nacional y extranjero.
También discrepo del gobierno peruano, que hace la vista gorda frente al menor pago de aranceles y no establece “precios mínimos de referencia” (como sí lo hace Colombia) para que Cemex pague aranceles por el valor real del cemento que traen. Y no sobre un precio “dumping”.
En esta columna hemos dicho que no estamos de acuerdo con que el Tribunal Constitucional legisle sobre aranceles, a la vez que estamos en contra de la política neoliberal de reducción unilateral de aranceles. Planteamos una política comercial distinta que, ciertamente, incluye la restitución de los aranceles al cemento importado. Y si alguien lo trae a precios dumping, pues deberían imponérseles “precios de referencia”, lo que está permitido por la OMC.
¿No les parece que sería muy interesante saber cuántos millones de dólares dejó de recaudar Sunat por los precios dumping de Cemex? Y, también, ¿si hubo “lobby” para incluir al cemento en la rebaja de aranceles del 2007? Yo creo que sí.
Humberto Campodónico
Hemos recibido una carta de Latin American Trading/Cemex, en la que su representante, el Sr. Juan Carlos Cárdenas, pide que “rectifique las erradas afirmaciones efectuadas en el artículo del 20 de marzo, titulado “Indecopi, Cemex y ´dumping´ cementero”.
Recordemos que, en el marco de una disputa empresarial en el 2007 entre Cementos Lima y LAT/Cemex, la primera presentó una denuncia ante Indecopi porque la segunda estaba importando cemento desde la República Dominicana a precios “dumping”, lo que significa que el precio declarado por el importador es inferior al del mercado de origen. El objetivo es apropiarse de una parte del mercado nacional vendiendo más barato que la competencia local.
Recordemos, también, que el informe de Indecopi de marzo del 2009 concluye que es cierto que LAT/Cemex importa a precios “dumping”, lo que LAT reconoce.
Dicho esto, ¿cuál es la información errada? Dice LAT que en mi artículo se dice que, habiéndose determinado la existencia de dumping: “resulta ´… curioso, por decir lo menos…´, que no se hayan dictado derechos antidumping acogiendo la solicitud de Cementos Lima, la misma empresa que ha solicitado y conseguido en el Tribunal Constitucional la restitución de aranceles al 12% para la importación de cemento”.
Dice LAT que estas afirmaciones no son “legalmente correctas” porque, según la legislación existente, el dumping puede existir pero para que sea sancionado con derechos antidumping deben cumplirse varias condiciones, entre ellas, que cause daño o amenaza de daño a la industria nacional.
Pero eso es lo que dije en mi artículo: “Puede ser que no haya daño a la industria local de cemento, pero qué me dicen del ingreso por aranceles que recauda SUNAT? Si el importador está haciendo “dumping”, el fisco recaudará menos. ¿Eso no está penado?”.
Noten los lectores que Cemex cita mi frase “curioso, por decir lo menos”, para luego continuar, con palabras de ellos, no mías, que se acoja la solicitud de Cementos Lima. La intención se deja entrever: Campodónico está a favor de Cementos Lima, lo que reiteran más adelante cuando dicen que existen datos “donde se mencionan recientes exportaciones efectuadas por Cementos Lima a precios dumping. Sería muy interesante conocer la posición del Sr. Campodónico sobre este dato”.
Mi posición es que eso me parece muy mal, porque es competencia desleal. Da lo mismo que lo haga Cemex o Cementos Lima o cualquier empresa. En esta columna defendemos principios y no somos “mermeleros”.
Descartada cualquier duda sobre mi “posición interesante”, es importante decir que discrepo de la posición de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de pasar el “dumping” por agua tibia (pone varias condiciones para poder sancionarlo). Ese es mi derecho de opinión y lo mismo se aplica a mi discrepancia del art. 63 de la Constitución de 1993, que establece la “igualdad de trato” al capital nacional y extranjero.
También discrepo del gobierno peruano, que hace la vista gorda frente al menor pago de aranceles y no establece “precios mínimos de referencia” (como sí lo hace Colombia) para que Cemex pague aranceles por el valor real del cemento que traen. Y no sobre un precio “dumping”.
En esta columna hemos dicho que no estamos de acuerdo con que el Tribunal Constitucional legisle sobre aranceles, a la vez que estamos en contra de la política neoliberal de reducción unilateral de aranceles. Planteamos una política comercial distinta que, ciertamente, incluye la restitución de los aranceles al cemento importado. Y si alguien lo trae a precios dumping, pues deberían imponérseles “precios de referencia”, lo que está permitido por la OMC.
¿No les parece que sería muy interesante saber cuántos millones de dólares dejó de recaudar Sunat por los precios dumping de Cemex? Y, también, ¿si hubo “lobby” para incluir al cemento en la rebaja de aranceles del 2007? Yo creo que sí.
viernes, 2 de abril de 2010
jueves, 1 de abril de 2010
cris universitaria
)
.Manuel Burga
Hace dos semanas el proyecto de nueva ley universitaria fue técnicamente archivado en el Congreso, como otra muestra del desinterés por la educación nacional, sin embargo Mercedes Cabanillas, sin sonrojo, ni mueca alguna, argumentó lo contrario, para su caso personal. ¿Cuán profunda en realidad es la crisis de la educación pública peruana? CAD, Ciudadanos al Día, acaba de publicar su Boletín electrónico 62, donde analiza a las universidades públicas. Las cifras y gráficos que se exhiben desnudan una crisis que ya parece grave. El total de universidades ha subido a 98: 35 públicas y 63 privadas. Las privadas representan el 64.3 del total de universidades, un récord en AL, quizá también en el mundo occidental.
Podríamos ahora decir que un alto porcentaje de los 22 mil docentes de las públicas trabajan en las privadas, como hacen los policías cuando fuera de sus horarios de trabajo prestan servicios de seguridad a bancos y empresas privadas. Nadie podrá calcular esta dimensión del deterioro de la enseñanza universitaria, pero podemos suponer que es notable y degradante. Aunque no podemos negar que los docentes también se benefician de esta anomalía, ya que así completan sus magros salarios, aunque sin duda alguna las privadas ganan más con muchos profesores baratos por horas.
El presupuesto de las universidades públicas, entre 2006 y 2010, ha pasado de 1665 a 2346 millones: un apreciable incremento del 41% en menos de cinco años, que se diluye cuando examinamos, por ejemplo, el presupuesto de San Marcos que ha pasado de 232 a 294 millones, reduciéndose el incremento al 20%, porcentaje que más bien refleja el cumplimiento parcial de la homologación. El otro 20% del incremento parece estar destinado a las universidades públicas nuevas. Entonces, si descontamos la inflación de estos cuatro años, el incremento para la mayoría de las públicas simplemente desaparece.
Esta situación se vuelve preocupante cuando analizamos las partidas genéricas de cada presupuesto y constatamos que el 80% va a gastos corrientes, remuneraciones de activos y cesantes y solamente un 20% para Gasto de Capital, incluyendo inversiones en infraestructura. Esto convierte, indudablemente, a las universidades públicas en una suerte de cajeros automáticos de gente mal pagada. El presupuesto de las universidades públicas, por otro lado, tiene dos fuentes de financiamiento: un 60% viene del Tesoro Público, un 30% son recursos propios y un 10% son donaciones, transferencias y canon. Las oficinas de Economía y Tesorería de estas universidades en realidad manejan solo ese magro 20% del Tesoro Público, más sus recursos propios, el 80% el MEF lo deposita mensualmente en las tarjetas multirred de docentes y trabajadores.
Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que las públicas no ejecutan completamente sus presupuestos. Para el año 2009 hay solo cuatro universidades que gastaron todo. Las 31 universidades restantes no lo pudieron hacer. San Marcos, de nuevo, ejecutó el 92% de su presupuesto asignado; lo que podría parecer bien. Pero si este porcentaje lo convertimos en cifras absolutas tenemos que dejó de gastar 24 millones: con lo que hubiera podido construir dos facultades.
Esta situación se vuelve dramática cuando constatamos que la UNSAAC de Cusco y la U. de Cajamarca, ricas en canon, han ejecutado solamente el 48 y 43%, respectivamente, de sus presupuestos 2009. Entonces, la crisis de la universidad pública ya grave cuando miramos la calidad académica, las gestiones erráticas, la ausencia de planes estratégicos y de investigaciones trascendentes, palidece cuando nos encontramos con burocracias universitarias ineficientes, lentas y probablemente corruptas.
¿Le interesa acaso esta realidad a la anodina Comisión de Educación integrada por tontos útiles y por cómplices de los comerciantes de la educación superior universitaria en el país?
.Manuel Burga
Hace dos semanas el proyecto de nueva ley universitaria fue técnicamente archivado en el Congreso, como otra muestra del desinterés por la educación nacional, sin embargo Mercedes Cabanillas, sin sonrojo, ni mueca alguna, argumentó lo contrario, para su caso personal. ¿Cuán profunda en realidad es la crisis de la educación pública peruana? CAD, Ciudadanos al Día, acaba de publicar su Boletín electrónico 62, donde analiza a las universidades públicas. Las cifras y gráficos que se exhiben desnudan una crisis que ya parece grave. El total de universidades ha subido a 98: 35 públicas y 63 privadas. Las privadas representan el 64.3 del total de universidades, un récord en AL, quizá también en el mundo occidental.
Podríamos ahora decir que un alto porcentaje de los 22 mil docentes de las públicas trabajan en las privadas, como hacen los policías cuando fuera de sus horarios de trabajo prestan servicios de seguridad a bancos y empresas privadas. Nadie podrá calcular esta dimensión del deterioro de la enseñanza universitaria, pero podemos suponer que es notable y degradante. Aunque no podemos negar que los docentes también se benefician de esta anomalía, ya que así completan sus magros salarios, aunque sin duda alguna las privadas ganan más con muchos profesores baratos por horas.
El presupuesto de las universidades públicas, entre 2006 y 2010, ha pasado de 1665 a 2346 millones: un apreciable incremento del 41% en menos de cinco años, que se diluye cuando examinamos, por ejemplo, el presupuesto de San Marcos que ha pasado de 232 a 294 millones, reduciéndose el incremento al 20%, porcentaje que más bien refleja el cumplimiento parcial de la homologación. El otro 20% del incremento parece estar destinado a las universidades públicas nuevas. Entonces, si descontamos la inflación de estos cuatro años, el incremento para la mayoría de las públicas simplemente desaparece.
Esta situación se vuelve preocupante cuando analizamos las partidas genéricas de cada presupuesto y constatamos que el 80% va a gastos corrientes, remuneraciones de activos y cesantes y solamente un 20% para Gasto de Capital, incluyendo inversiones en infraestructura. Esto convierte, indudablemente, a las universidades públicas en una suerte de cajeros automáticos de gente mal pagada. El presupuesto de las universidades públicas, por otro lado, tiene dos fuentes de financiamiento: un 60% viene del Tesoro Público, un 30% son recursos propios y un 10% son donaciones, transferencias y canon. Las oficinas de Economía y Tesorería de estas universidades en realidad manejan solo ese magro 20% del Tesoro Público, más sus recursos propios, el 80% el MEF lo deposita mensualmente en las tarjetas multirred de docentes y trabajadores.
Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que las públicas no ejecutan completamente sus presupuestos. Para el año 2009 hay solo cuatro universidades que gastaron todo. Las 31 universidades restantes no lo pudieron hacer. San Marcos, de nuevo, ejecutó el 92% de su presupuesto asignado; lo que podría parecer bien. Pero si este porcentaje lo convertimos en cifras absolutas tenemos que dejó de gastar 24 millones: con lo que hubiera podido construir dos facultades.
Esta situación se vuelve dramática cuando constatamos que la UNSAAC de Cusco y la U. de Cajamarca, ricas en canon, han ejecutado solamente el 48 y 43%, respectivamente, de sus presupuestos 2009. Entonces, la crisis de la universidad pública ya grave cuando miramos la calidad académica, las gestiones erráticas, la ausencia de planes estratégicos y de investigaciones trascendentes, palidece cuando nos encontramos con burocracias universitarias ineficientes, lentas y probablemente corruptas.
¿Le interesa acaso esta realidad a la anodina Comisión de Educación integrada por tontos útiles y por cómplices de los comerciantes de la educación superior universitaria en el país?
monaguillo garcia
)
.Augusto Álvarez Rodrich
Más allá de la píldora: la relación entre estado e iglesia.
Juan Luis Cardenal Cipriani demandó el martes la destitución inmediata del ministro Oscar Ugarte por la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, planteando, en plena semana santa, un debate interesante que en el fondo tiene que ver con el grado de influencia que la iglesia católica puede tener en el estado peruano.
“Una persona que se dedica a distribuir pastillas para matar a los embriones no debe ser un ministro de Salud y tiene que irse a su casa”, dijo anteayer Cipriani, para luego poner un tono de voz más severo y sostener que espera que la posición de Ugarte sea “una provocación que solo quede en palabras” y, por último, sin medias tintas, preguntarse “¿qué espera el presidente Alan García para enviar a su casa al ministro de Salud?
Si es el ciudadano Cipriani el que hizo dicha exigencia, solo habría que decir que está en su pleno derecho de emitir una opinión, al igual que cualquier otra persona.
Políticos, ciudadanos y periodistas se pasan la vida demandando renuncias ministeriales –creyendo, acaso ingenuamente, que así se resolverán los problemas–, y no se podría menoscabar el derecho de Cipriani de hacer lo mismo. Yo, que me paso todas las mañanas en Radio Capital proclamando que ‘tu opinión importa’, no podría estar en desacuerdo con eso.
En este sentido, tendría que discrepar con la respuesta del ministro Ugarte, quien ayer dijo que el pedido de Cipriani para que lo boten es “una impertinencia”.
Pero diferente sería el comentario si es que el que opinó el martes no fue el ciudadano Cipriani sino su excelencia el cardenal, pues, en ese caso, sí tendría razón Ugarte al considerar de “impertinencia” el pedido de que lo boten.
Si ese fuera el caso, habría que recordarle al cardenal que –agarre su Constitución y relea el artículo 50– el estado peruano se maneja “dentro de un régimen de independencia y autonomía” frente a la Iglesia Católica, lo que no implica dejar de reconocerla “como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú”.
Por ello, haría bien Cipriani en aclarar que su pedido para que boten a Ugarte lo hizo como ciudadano, no como cardenal, pues, si fuera este el caso, sí sería una impertinencia que no se le puede aceptar ni siquiera en semana santa.
Además, por si no se ha dado cuenta Cipriani, el ministro Ugarte tomó la decisión sobre la píldora del día siguiente con el respaldo del presidente y del premier. Para decirlo de un modo claro y directo, por más ínfulas que se dé el cardenal, Alan García no es su monaguillo. Este estado es laico, su excelencia, no faltaba más.
.Augusto Álvarez Rodrich
Más allá de la píldora: la relación entre estado e iglesia.
Juan Luis Cardenal Cipriani demandó el martes la destitución inmediata del ministro Oscar Ugarte por la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, planteando, en plena semana santa, un debate interesante que en el fondo tiene que ver con el grado de influencia que la iglesia católica puede tener en el estado peruano.
“Una persona que se dedica a distribuir pastillas para matar a los embriones no debe ser un ministro de Salud y tiene que irse a su casa”, dijo anteayer Cipriani, para luego poner un tono de voz más severo y sostener que espera que la posición de Ugarte sea “una provocación que solo quede en palabras” y, por último, sin medias tintas, preguntarse “¿qué espera el presidente Alan García para enviar a su casa al ministro de Salud?
Si es el ciudadano Cipriani el que hizo dicha exigencia, solo habría que decir que está en su pleno derecho de emitir una opinión, al igual que cualquier otra persona.
Políticos, ciudadanos y periodistas se pasan la vida demandando renuncias ministeriales –creyendo, acaso ingenuamente, que así se resolverán los problemas–, y no se podría menoscabar el derecho de Cipriani de hacer lo mismo. Yo, que me paso todas las mañanas en Radio Capital proclamando que ‘tu opinión importa’, no podría estar en desacuerdo con eso.
En este sentido, tendría que discrepar con la respuesta del ministro Ugarte, quien ayer dijo que el pedido de Cipriani para que lo boten es “una impertinencia”.
Pero diferente sería el comentario si es que el que opinó el martes no fue el ciudadano Cipriani sino su excelencia el cardenal, pues, en ese caso, sí tendría razón Ugarte al considerar de “impertinencia” el pedido de que lo boten.
Si ese fuera el caso, habría que recordarle al cardenal que –agarre su Constitución y relea el artículo 50– el estado peruano se maneja “dentro de un régimen de independencia y autonomía” frente a la Iglesia Católica, lo que no implica dejar de reconocerla “como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú”.
Por ello, haría bien Cipriani en aclarar que su pedido para que boten a Ugarte lo hizo como ciudadano, no como cardenal, pues, si fuera este el caso, sí sería una impertinencia que no se le puede aceptar ni siquiera en semana santa.
Además, por si no se ha dado cuenta Cipriani, el ministro Ugarte tomó la decisión sobre la píldora del día siguiente con el respaldo del presidente y del premier. Para decirlo de un modo claro y directo, por más ínfulas que se dé el cardenal, Alan García no es su monaguillo. Este estado es laico, su excelencia, no faltaba más.
Destruyen Chankillo
)
.
El complejo monumental -a 20 km al sur de Casma- integrado por la fortaleza de Chankillo y su observatorio solar de las Trece Torres es el santuario astronómico prehispánico más antiguo de América. Sin embargo, no a todos les interesa la preservación de este patrimonio.
Niel Pajuelo, quien fue director del Museo Sechín -ubicado muy cerca de Chankillo- hasta marzo, visitó la zona y detectó que camioneta está entrando al sitio para sacar piedras canteadas, desmontando un muro de varios metros de alto, aledaño al Observatorio.
Los pobladores de la zona, en defensa de su patrimonio, han enfrentado a esta persona quien manifiesta con descaro que necesita las piedras para construir.
La teniente gobernadora hizo la denuncia correspondiente hace dos semanas, pero lamentablemente las autoridades locales no la escucharon.
Por el momento, se ha detenido el saqueo, pero Pajuelo asegura que el muro está al borde del colapso, pues la piedra se ha extraído de las bases.
Cabe recordar que en marzo del 2007, la prestigiosa revista Sciencie publicó un revelador informe que rebotó casi de inmediato en todas las agencias de noticias del mundo: “Descubren en el norte peruano el observatorio solar más antiguo de América”.
Por ello desde acá realizamos un llamado a las autoridades del Instituto Nacional de Cultura (INC), para salvar este importante patrimonio que cuenta con gran reconocimiento mundial.
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El complejo monumental -a 20 km al sur de Casma- integrado por la fortaleza de Chankillo y su observatorio solar de las Trece Torres es el santuario astronómico prehispánico más antiguo de América. Sin embargo, no a todos les interesa la preservación de este patrimonio.
Niel Pajuelo, quien fue director del Museo Sechín -ubicado muy cerca de Chankillo- hasta marzo, visitó la zona y detectó que camioneta está entrando al sitio para sacar piedras canteadas, desmontando un muro de varios metros de alto, aledaño al Observatorio.
Los pobladores de la zona, en defensa de su patrimonio, han enfrentado a esta persona quien manifiesta con descaro que necesita las piedras para construir.
La teniente gobernadora hizo la denuncia correspondiente hace dos semanas, pero lamentablemente las autoridades locales no la escucharon.
Por el momento, se ha detenido el saqueo, pero Pajuelo asegura que el muro está al borde del colapso, pues la piedra se ha extraído de las bases.
Cabe recordar que en marzo del 2007, la prestigiosa revista Sciencie publicó un revelador informe que rebotó casi de inmediato en todas las agencias de noticias del mundo: “Descubren en el norte peruano el observatorio solar más antiguo de América”.
Por ello desde acá realizamos un llamado a las autoridades del Instituto Nacional de Cultura (INC), para salvar este importante patrimonio que cuenta con gran reconocimiento mundial.
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