Agenda
Por Javier Diez canseco
Una peculiar combinación de factores va dibujando un interesante y complejo escenario político-electoral, colocando elementos en la agenda. Punto uno, una hemorragia de denuncias de corrupción afecta a varios actores políticos. El gobierno se hunde hasta las narices en la miasma de los petroaudios y faenones que arrastran a la cúpula aprista, la manipulación y desaparición de las pruebas en el proceso judicial, las sucesivas “anulaciones” de compras truchas de tanques, armas y vehículos policiales. El fujimorismo desnuda su alianza con Alan en los privilegios penitenciarios del condenado, el abuso de convertir Diroes en cuartel campaña de Keiko y la pactada impunidad para Raffo al archivar el Congreso el pedido de la Corte Suprema de juzgarlo por recibir 400,000 dólares de Montesinos.
Castañeda cae, envuelto en el escándalo de la deuda de Relima y Comunicore y en la duplicación del costo del Metropolitano que no tiene cuándo funcionar. Kouri revive sus lazos con Montesinos, el negociado del peaje de 1.8 km al aeropuerto y paga su relación con Barba, fabricante de firmas y vientre de alquiler. Toledo, con PPK y Quijandría, asume la responsabilidad de manipular las normas para permitir la inaceptable exportación del gas de Camisea a costa del interés nacional. Lourdes Flores asume sus vínculos laborales con Cataño, procesado por narcotráfico.
Ética y política es un tema central para la gente. Convertir los delitos de corrupción en imprescriptibles; prohibir la función pública a los que fueran sentenciados por ello; tener una Contraloría independiente; poder revocar del cargo de toda autoridad elegida (incluyendo Presidente y congresistas) por abuso de poder, incumplimiento de compromisos y corruptela son elementos de una agenda central.
Punto dos, la política económica y los recursos naturales (RRNN) se vuelven a colocar en agenda. Amplios sectores del movimiento social enfrentan la pretensión de entregar nuestros RRNN a consorcios extranjeros, sin importar el impacto medioambiental y contaminante, el efecto del uso de las aguas para el agro y la población, y sin consulta previa a las comunidades. Crece la oposición a la pretensión de construir, en territorio amazónico peruano, centrales hidroeléctricas que atiendan necesidades de Brasil, especialmente en el caso de Inambari. Esta tendría un alto costo medioambiental sobre áreas protegidas, destruiría parte de la interoceánica sur y desplazaría poblaciones de Cusco y Puno. Igualmente, el impacto negativo de la privatización del puerto de Paita, la pretensión de liquidar Enapu y el intento de poner acciones de Petroperú a cotizarse en la bolsa de valores de Lima provocan protestas.
Crece la exigencia de un Estado soberano, con capacidad de recuperar soberanía sobre nuestros RRNN, su uso y destino para procesarlos y romper el modelo de país exportador de materias primas. Un Estado capaz de regular e intervenir en la explotación de nuestros RRNN, beneficiar a todos los peruanos con la renta que generan (vía un nuevo modelo de manejo de los RRNN y una verdadera reforma tributaria), de cuidar el medio ambiente y consultar a la población. Es parte de la agenda política.
El retorno de Alberto Pizango, cabeza del movimiento amazónico que planteó estos temas y una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, así como el reciente acuerdo en Cusco de los movimientos regionales del macrosur para impulsar un Paro Regional este 17 de junio contra la pretendida exportación de gas de los lotes 88 y 56 de Camisea, afirman estos temas en la agenda.
Pero, punto tres, persiste una disgregación de fuerzas por el cambio. Ella puede afectar seriamente la representación de esta opción y situarnos en una paradójica crisis sin salida. No es el 2006. La opción de un nuevo Perú, con nueva política y economía, está en debate, pero urge una representación política unitaria y estratégica para sacarla adelante.
domingo, 6 de junio de 2010
AGENDA POLITICA
Por Javier Diez canseco
Una peculiar combinación de factores va dibujando un interesante y complejo escenario político-electoral, colocando elementos en la agenda. Punto uno, una hemorragia de denuncias de corrupción afecta a varios actores políticos. El gobierno se hunde hasta las narices en la miasma de los petroaudios y faenones que arrastran a la cúpula aprista, la manipulación y desaparición de las pruebas en el proceso judicial, las sucesivas “anulaciones” de compras truchas de tanques, armas y vehículos policiales. El fujimorismo desnuda su alianza con Alan en los privilegios penitenciarios del condenado, el abuso de convertir Diroes en cuartel campaña de Keiko y la pactada impunidad para Raffo al archivar el Congreso el pedido de la Corte Suprema de juzgarlo por recibir 400,000 dólares de Montesinos.
Castañeda cae, envuelto en el escándalo de la deuda de Relima y Comunicore y en la duplicación del costo del Metropolitano que no tiene cuándo funcionar. Kouri revive sus lazos con Montesinos, el negociado del peaje de 1.8 km al aeropuerto y paga su relación con Barba, fabricante de firmas y vientre de alquiler. Toledo, con PPK y Quijandría, asume la responsabilidad de manipular las normas para permitir la inaceptable exportación del gas de Camisea a costa del interés nacional. Lourdes Flores asume sus vínculos laborales con Cataño, procesado por narcotráfico.
Ética y política es un tema central para la gente. Convertir los delitos de corrupción en imprescriptibles; prohibir la función pública a los que fueran sentenciados por ello; tener una Contraloría independiente; poder revocar del cargo de toda autoridad elegida (incluyendo Presidente y congresistas) por abuso de poder, incumplimiento de compromisos y corruptela son elementos de una agenda central.
Punto dos, la política económica y los recursos naturales (RRNN) se vuelven a colocar en agenda. Amplios sectores del movimiento social enfrentan la pretensión de entregar nuestros RRNN a consorcios extranjeros, sin importar el impacto medioambiental y contaminante, el efecto del uso de las aguas para el agro y la población, y sin consulta previa a las comunidades. Crece la oposición a la pretensión de construir, en territorio amazónico peruano, centrales hidroeléctricas que atiendan necesidades de Brasil, especialmente en el caso de Inambari. Esta tendría un alto costo medioambiental sobre áreas protegidas, destruiría parte de la interoceánica sur y desplazaría poblaciones de Cusco y Puno. Igualmente, el impacto negativo de la privatización del puerto de Paita, la pretensión de liquidar Enapu y el intento de poner acciones de Petroperú a cotizarse en la bolsa de valores de Lima provocan protestas.
Crece la exigencia de un Estado soberano, con capacidad de recuperar soberanía sobre nuestros RRNN, su uso y destino para procesarlos y romper el modelo de país exportador de materias primas. Un Estado capaz de regular e intervenir en la explotación de nuestros RRNN, beneficiar a todos los peruanos con la renta que generan (vía un nuevo modelo de manejo de los RRNN y una verdadera reforma tributaria), de cuidar el medio ambiente y consultar a la población. Es parte de la agenda política.
El retorno de Alberto Pizango, cabeza del movimiento amazónico que planteó estos temas y una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, así como el reciente acuerdo en Cusco de los movimientos regionales del macrosur para impulsar un Paro Regional este 17 de junio contra la pretendida exportación de gas de los lotes 88 y 56 de Camisea, afirman estos temas en la agenda.
Pero, punto tres, persiste una disgregación de fuerzas por el cambio. Ella puede afectar seriamente la representación de esta opción y situarnos en una paradójica crisis sin salida. No es el 2006. La opción de un nuevo Perú, con nueva política y economía, está en debate, pero urge una representación política unitaria y estratégica para sacarla adelante.
Una peculiar combinación de factores va dibujando un interesante y complejo escenario político-electoral, colocando elementos en la agenda. Punto uno, una hemorragia de denuncias de corrupción afecta a varios actores políticos. El gobierno se hunde hasta las narices en la miasma de los petroaudios y faenones que arrastran a la cúpula aprista, la manipulación y desaparición de las pruebas en el proceso judicial, las sucesivas “anulaciones” de compras truchas de tanques, armas y vehículos policiales. El fujimorismo desnuda su alianza con Alan en los privilegios penitenciarios del condenado, el abuso de convertir Diroes en cuartel campaña de Keiko y la pactada impunidad para Raffo al archivar el Congreso el pedido de la Corte Suprema de juzgarlo por recibir 400,000 dólares de Montesinos.
Castañeda cae, envuelto en el escándalo de la deuda de Relima y Comunicore y en la duplicación del costo del Metropolitano que no tiene cuándo funcionar. Kouri revive sus lazos con Montesinos, el negociado del peaje de 1.8 km al aeropuerto y paga su relación con Barba, fabricante de firmas y vientre de alquiler. Toledo, con PPK y Quijandría, asume la responsabilidad de manipular las normas para permitir la inaceptable exportación del gas de Camisea a costa del interés nacional. Lourdes Flores asume sus vínculos laborales con Cataño, procesado por narcotráfico.
Ética y política es un tema central para la gente. Convertir los delitos de corrupción en imprescriptibles; prohibir la función pública a los que fueran sentenciados por ello; tener una Contraloría independiente; poder revocar del cargo de toda autoridad elegida (incluyendo Presidente y congresistas) por abuso de poder, incumplimiento de compromisos y corruptela son elementos de una agenda central.
Punto dos, la política económica y los recursos naturales (RRNN) se vuelven a colocar en agenda. Amplios sectores del movimiento social enfrentan la pretensión de entregar nuestros RRNN a consorcios extranjeros, sin importar el impacto medioambiental y contaminante, el efecto del uso de las aguas para el agro y la población, y sin consulta previa a las comunidades. Crece la oposición a la pretensión de construir, en territorio amazónico peruano, centrales hidroeléctricas que atiendan necesidades de Brasil, especialmente en el caso de Inambari. Esta tendría un alto costo medioambiental sobre áreas protegidas, destruiría parte de la interoceánica sur y desplazaría poblaciones de Cusco y Puno. Igualmente, el impacto negativo de la privatización del puerto de Paita, la pretensión de liquidar Enapu y el intento de poner acciones de Petroperú a cotizarse en la bolsa de valores de Lima provocan protestas.
Crece la exigencia de un Estado soberano, con capacidad de recuperar soberanía sobre nuestros RRNN, su uso y destino para procesarlos y romper el modelo de país exportador de materias primas. Un Estado capaz de regular e intervenir en la explotación de nuestros RRNN, beneficiar a todos los peruanos con la renta que generan (vía un nuevo modelo de manejo de los RRNN y una verdadera reforma tributaria), de cuidar el medio ambiente y consultar a la población. Es parte de la agenda política.
El retorno de Alberto Pizango, cabeza del movimiento amazónico que planteó estos temas y una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, así como el reciente acuerdo en Cusco de los movimientos regionales del macrosur para impulsar un Paro Regional este 17 de junio contra la pretendida exportación de gas de los lotes 88 y 56 de Camisea, afirman estos temas en la agenda.
Pero, punto tres, persiste una disgregación de fuerzas por el cambio. Ella puede afectar seriamente la representación de esta opción y situarnos en una paradójica crisis sin salida. No es el 2006. La opción de un nuevo Perú, con nueva política y economía, está en debate, pero urge una representación política unitaria y estratégica para sacarla adelante.
CRIMEN ISRAELI
Por Diego García-Sayán
El ataque israelí, en aguas internacionales, a la flotilla que intentaba romper el bloqueo a Gaza, ha complicado las cosas. Lo ocurrido tiene la virtud, sin embargo, de poner sobre el tapete los grandes obstáculos para impulsar un proceso de paz entre Israel y los palestinos. Y al complicarle mucho las cosas a Obama, acaso tenga la ventaja de empujar a que en Washington se adopten iniciativas más osadas y novedosas.
Los obstáculos a la paz son muchos. El más evidente y fundamental es que mientras no se involucre a todas las partes concernidas, hablar de paz no pasará de ser un saludo a la bandera. El propio Obama mencionó hace pocos meses que había que “conversar con todas las partes involucradas”. Eso alude –obviamente– no sólo a Israel y a la Autoridad Palestina. Incluye a grupos considerados “terroristas” como Hamás, que controla, precisamente, Gaza, con el respaldo electoral mayoritario del millón y medio de palestinos que habitan en esta zona bloqueada por Israel.
El ataque del lunes pone contra las cuerdas a la política de Washington concentrada, por el momento, en impulsar tímidas conversaciones “indirectas” entre Israel y la Autoridad Palestina. Nada, pues, de fondo ni trascendental. Hay cuestiones medulares que tienen que ser urgentemente abordadas, que la actual crisis ha hecho más urgente. El bloqueo de Gaza es la principal. La otra, promover un proceso de paz en el que participen todas las partes concernidas. Ambas cosas, por supuesto, están relacionadas pues el avance en el primer tema es un prerrequisito para avanzar en el segundo.
En círculos de la Casa Blanca admiten que el bloqueo israelí a Gaza no es sostenible. Lo mismo ha sostenido el Secretario General de la ONU. Si este cerco no se levanta, señalan, es imposible un proceso de paz. ¿Cuál es el camino? Obviamente que los concernidos –en este caso Israel y Hamás–coincidan en algunos aspectos medulares para llegar a un “cese de fuego” en torno a dos grupos de compromisos. De un lado, que desde Gaza se comprometan a cesar ataques sobre Israel y a devolver al soldado israelí Gilad Shalit, desde hace cuatro años en manos de Hamás. Por el otro, desde el lado israelí terminar con el bloqueo que asfixia a la gente que vive en Gaza.
Sobre esa base es que se podría empezar a hablar entre “todas las partes involucradas” en la búsqueda del acuerdo de paz “justo y duradero
El ataque israelí, en aguas internacionales, a la flotilla que intentaba romper el bloqueo a Gaza, ha complicado las cosas. Lo ocurrido tiene la virtud, sin embargo, de poner sobre el tapete los grandes obstáculos para impulsar un proceso de paz entre Israel y los palestinos. Y al complicarle mucho las cosas a Obama, acaso tenga la ventaja de empujar a que en Washington se adopten iniciativas más osadas y novedosas.
Los obstáculos a la paz son muchos. El más evidente y fundamental es que mientras no se involucre a todas las partes concernidas, hablar de paz no pasará de ser un saludo a la bandera. El propio Obama mencionó hace pocos meses que había que “conversar con todas las partes involucradas”. Eso alude –obviamente– no sólo a Israel y a la Autoridad Palestina. Incluye a grupos considerados “terroristas” como Hamás, que controla, precisamente, Gaza, con el respaldo electoral mayoritario del millón y medio de palestinos que habitan en esta zona bloqueada por Israel.
El ataque del lunes pone contra las cuerdas a la política de Washington concentrada, por el momento, en impulsar tímidas conversaciones “indirectas” entre Israel y la Autoridad Palestina. Nada, pues, de fondo ni trascendental. Hay cuestiones medulares que tienen que ser urgentemente abordadas, que la actual crisis ha hecho más urgente. El bloqueo de Gaza es la principal. La otra, promover un proceso de paz en el que participen todas las partes concernidas. Ambas cosas, por supuesto, están relacionadas pues el avance en el primer tema es un prerrequisito para avanzar en el segundo.
En círculos de la Casa Blanca admiten que el bloqueo israelí a Gaza no es sostenible. Lo mismo ha sostenido el Secretario General de la ONU. Si este cerco no se levanta, señalan, es imposible un proceso de paz. ¿Cuál es el camino? Obviamente que los concernidos –en este caso Israel y Hamás–coincidan en algunos aspectos medulares para llegar a un “cese de fuego” en torno a dos grupos de compromisos. De un lado, que desde Gaza se comprometan a cesar ataques sobre Israel y a devolver al soldado israelí Gilad Shalit, desde hace cuatro años en manos de Hamás. Por el otro, desde el lado israelí terminar con el bloqueo que asfixia a la gente que vive en Gaza.
Sobre esa base es que se podría empezar a hablar entre “todas las partes involucradas” en la búsqueda del acuerdo de paz “justo y duradero
CAMISEA LO QUE SEA
Por Humberto Campodónico
El gobierno sostiene que hay gas natural suficiente para el mercado local. Sin embargo, en la última licitación convocada por las contratistas del Lote 88 ha trascendido que no podrán atender a 9 empresas nacionales que han solicitado en conjunto 58 millones de pies cúbicos diarios. La razón: porque tienen que reservar 660 mmpcd para la exportación y 2.2 TCF de reservas del Lote 88 para ese mismo fin. Esto significa que no hay gas para 9 empresas nacionales y tampoco para el gasoducto surandino.
Esto es lo que dijo Pedro Olaechea, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en una carta dirigida al premier Velásquez Quesquén el pasado 19 de mayo. Con respecto a la afirmación del premier de que “no vamos a modificar unilateralmente los contratos que no hicimos”, Olaechea dijo: “Estamos de acuerdo con usted que los contratos ‘honorables’ tienen que ser respetados, pero no así aquellos que evidencian malos manejos pactados en contra del interés nacional. Estos errores deben corregirse y de ninguna manera convalidarse ni hacerse cómplice de los mismos”.
Agrega la carta de la SNI: “A consecuencia de su reunión con los presidentes de las regiones sur del país, vemos con gran beneplácito que el Gobierno ha priorizado el consumo nacional sobre la exportación, por lo que ya no habría ninguna razón para que se reserve 2.2 TCF de las reservas del Lote 88 para ese fin. Consideramos que ni una molécula de gas del Lote 88 debe exportarse”.
La toma de posición de la SNI es ciertamente notable porque hace ya varios meses esta misma entidad manifestó preocupaciones del mismo tenor. Sin embargo, al parecer las presiones de los “lobbies” ligados a la exportación los hicieron desistir. ¿Por qué? Porque les habrían dicho que si se oponían a la exportación del gas, estarían adoptando las mismas posiciones que los “antisistema” y se convertirían en sus tontos útiles.
Sea lo que fuere, la cuestión es que los industriales se dieron cuenta de que el racionamiento a los nacionales era real porque, aun si pueden haber mayores reservas, la cuestión es que solo se pueden comercializar las reservas probadas, no las “probables” ni las “recuperables”, como dice el gobierno. Y de esas reservas probadas del Lote 88, 2.2 TCF están inmovilizadas porque se van a ir a México (o a algún otro destino).
A los pocos días, el Sr. Olaechea se reunió con el premier Velásquez y todo cambió. A la salida de la reunión dijo que había gas suficiente para todos. Y agregó: “Es hora de que tanto el norte como el sur decidan dejar de jugar a la política y al recuerdo de la Página 11, la cual significó US$ 15 mil millones de importación y que los peruanos comieran Nicovita. Esa es la parte de la Página 11 que nadie cuenta, es la parte abominable que la debemos recordar todos los días. En el Perú hay petróleo, gas y toda la energía que se necesita” (Expreso, 03/06/10).
Queda claro que el gobierno obtuvo lo que quería: que los empresarios dejen de reclamar por el gas de Camisea, que es necesario para sus industrias, con el argumento de que eso es “política” y, por tanto, lleva “al caos” y “ahuyenta la inversión extranjera”. De esa manera se evita que se forme un frente nacional de defensa de los recursos naturales y de la necesaria soberanía sobre su uso.
Es lamentable el cambio de posición del Sr. Olaechea: con el argumento de que se lesiona el “modelo económico” se hace la amalgama de que los peruanos van “a comer Nicovita”. Ya pues.
Lo cierto es que los contratos del 2005 son ilegales y hay que defender los del 2000. Es cierto que no hay reservas suficientes para abastecer al mercado interno y a la exportación. Que tampoco hay gas del Lote 88 (el gas barato que fue un “regalo de Dios que nos dejó la Shell) para el gasoducto andino. Que lo que debería exportarse es, en todo caso, el gas de Repsol del Lote 57 y que ni una sola molécula del gas del Lote 88 debería exportarse.
Ahora que el buque exportador ya está frente a Pampa Melchorita, es hora de impedir que se lleven el gas cuando todo el Perú –y sus industriales– lo necesita. Sí se puede evitar la exportación y eso es lo que ya se escucha en diversos lugares del Perú.
El gobierno sostiene que hay gas natural suficiente para el mercado local. Sin embargo, en la última licitación convocada por las contratistas del Lote 88 ha trascendido que no podrán atender a 9 empresas nacionales que han solicitado en conjunto 58 millones de pies cúbicos diarios. La razón: porque tienen que reservar 660 mmpcd para la exportación y 2.2 TCF de reservas del Lote 88 para ese mismo fin. Esto significa que no hay gas para 9 empresas nacionales y tampoco para el gasoducto surandino.
Esto es lo que dijo Pedro Olaechea, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en una carta dirigida al premier Velásquez Quesquén el pasado 19 de mayo. Con respecto a la afirmación del premier de que “no vamos a modificar unilateralmente los contratos que no hicimos”, Olaechea dijo: “Estamos de acuerdo con usted que los contratos ‘honorables’ tienen que ser respetados, pero no así aquellos que evidencian malos manejos pactados en contra del interés nacional. Estos errores deben corregirse y de ninguna manera convalidarse ni hacerse cómplice de los mismos”.
Agrega la carta de la SNI: “A consecuencia de su reunión con los presidentes de las regiones sur del país, vemos con gran beneplácito que el Gobierno ha priorizado el consumo nacional sobre la exportación, por lo que ya no habría ninguna razón para que se reserve 2.2 TCF de las reservas del Lote 88 para ese fin. Consideramos que ni una molécula de gas del Lote 88 debe exportarse”.
La toma de posición de la SNI es ciertamente notable porque hace ya varios meses esta misma entidad manifestó preocupaciones del mismo tenor. Sin embargo, al parecer las presiones de los “lobbies” ligados a la exportación los hicieron desistir. ¿Por qué? Porque les habrían dicho que si se oponían a la exportación del gas, estarían adoptando las mismas posiciones que los “antisistema” y se convertirían en sus tontos útiles.
Sea lo que fuere, la cuestión es que los industriales se dieron cuenta de que el racionamiento a los nacionales era real porque, aun si pueden haber mayores reservas, la cuestión es que solo se pueden comercializar las reservas probadas, no las “probables” ni las “recuperables”, como dice el gobierno. Y de esas reservas probadas del Lote 88, 2.2 TCF están inmovilizadas porque se van a ir a México (o a algún otro destino).
A los pocos días, el Sr. Olaechea se reunió con el premier Velásquez y todo cambió. A la salida de la reunión dijo que había gas suficiente para todos. Y agregó: “Es hora de que tanto el norte como el sur decidan dejar de jugar a la política y al recuerdo de la Página 11, la cual significó US$ 15 mil millones de importación y que los peruanos comieran Nicovita. Esa es la parte de la Página 11 que nadie cuenta, es la parte abominable que la debemos recordar todos los días. En el Perú hay petróleo, gas y toda la energía que se necesita” (Expreso, 03/06/10).
Queda claro que el gobierno obtuvo lo que quería: que los empresarios dejen de reclamar por el gas de Camisea, que es necesario para sus industrias, con el argumento de que eso es “política” y, por tanto, lleva “al caos” y “ahuyenta la inversión extranjera”. De esa manera se evita que se forme un frente nacional de defensa de los recursos naturales y de la necesaria soberanía sobre su uso.
Es lamentable el cambio de posición del Sr. Olaechea: con el argumento de que se lesiona el “modelo económico” se hace la amalgama de que los peruanos van “a comer Nicovita”. Ya pues.
Lo cierto es que los contratos del 2005 son ilegales y hay que defender los del 2000. Es cierto que no hay reservas suficientes para abastecer al mercado interno y a la exportación. Que tampoco hay gas del Lote 88 (el gas barato que fue un “regalo de Dios que nos dejó la Shell) para el gasoducto andino. Que lo que debería exportarse es, en todo caso, el gas de Repsol del Lote 57 y que ni una sola molécula del gas del Lote 88 debería exportarse.
Ahora que el buque exportador ya está frente a Pampa Melchorita, es hora de impedir que se lleven el gas cuando todo el Perú –y sus industriales– lo necesita. Sí se puede evitar la exportación y eso es lo que ya se escucha en diversos lugares del Perú.
UNIVERSIDADES DE LA NADA
Por Luis Jaime Cisneros
La definida responsabilidad política que tiene la universidad explica la estimable función que le cabe a la investigación. En países donde los dineros no se obtienen con facilidad, y donde la comunidad no ha adquirido madurez suficiente para comprender su auténtico compromiso con la tarea universitaria, hay que ser cauto y preciso al exponer estas ideas. El Perú ha creado varias universidades de la nada, y en la nada persisten muchas de ellas. Todos los argumentos esgrimidos para su creación son de un patrioterismo ingenuo que no resiste el menor análisis. Pero nunca se oyó una voz de protesta surgida de las otras instituciones universitarias. Tenemos miedo de llamar a las cosas por su nombre. En los discursos con que algunas se inauguraron no faltó la promesa de dedicarse a la investigación y hubo quien arriesgó la necesidad de priorizar una u otra.
Esa discusión no tiene sentido: el supuesto dilema no existe. En una institución en formación sólo cabe hacer frente a problemas de aprendizaje. Mencionar la investigación ahí es mentir la verdad y negarse al porvenir. Esta alusión al aprendizaje reclama otros deslindes. La enseñanza sólo se perfecciona y progresa gracias a los resultados alcanzados por la investigación, pues eso enriquece y modifica constantemente la enseñanza. No están desvinculadas docencia e investigación, pero esto no es asunto que mira a los estudiantes de la hora primera sino a los profesores de todas las horas. La investigación constituye el sustrato desde el que se va modificando y recreando la metodología de cada disciplina. No lo entienden con facilidad los profanos y por eso proponen que el alumno sea iniciado desde la hora primera en el quehacer, en tanto que otros confunden la investigación con el obligado entrenamiento en el quehacer científico a que debe ser convocado el estudiante en su primer momento.
No vale discutir estos asuntos fuera del ámbito universitario. Pero hay un aspecto del tema que alcanza trascendencia política. Es lugar común de los comentarios relacionar la llamada ‘fuga de cerebros’ con la inadecuada valoración de las vocaciones científicas. Detrás de esa ‘fuga’ hay un factor desencadenante: los científicos encuentran en el extranjero oportunidades que el país no ofrece, y por eso se van. Admitámoslo, por evidente. Pero analicemos con calma los hechos. Muchos no van a trabajar en instituciones universitarias, sino que resultan contratados por grandes empresas que (como era esperable) asignan el debido reconocimiento al avance científico y tecnológico. Si no se quedan acá puede ser tal vez, en primer término, porque nuestra tecnología dependiente no puede emplearlos; pero también podemos pensar que el avance científico no resulta en el Perú un elemento dinamizador de la economía.
Las dos explicaciones tal vez sean correctas. Lo grave es que la universidad no se ha preocupado de ayudar a corregir este error invitando a las grandes industrias a asumir su responsabilidad. Lúcidamente lo postuló hace 18 años la conferencia convocada por la OEA en Brasil, al proclamar que la mejor estrategia global del desarrollo científico “debe procurar la vinculación y la coordinación continua de las actividades permanentes del sector gubernamental, del sector productivo, el sector financiero y el sistema científico y tecnológico”. Ninguna legislación universitaria, ningún esbozo de política cultural o de política científica del Estado, ha tomado en cuenta estos hechos.
Lo que hay que divulgar es que la ciencia no es un lujo sino una imperiosa necesidad de los países en desarrollo. La universidad a la que hacemos frente es la que prepare a los muchachos que deben vivir y comprender el siglo XXI. La enseñanza y la investigación necesarias son las que reclama esta hora. Pero sin una sólida formación teórica no tiene sentido la investigación empírica. La universidad no puede minimizar sus objetivos al caer en errores de perspectiva, pero tampoco puede negarse al porvenir. Lo que no debe hacer la universidad es una caricatura de investigación. Una universidad moderna no puede reducirse a transmitir el conocimiento. Debe asumir el riesgo del perfeccionamiento. Pero eso exige idea muy perfilada de sus objetivos.
La definida responsabilidad política que tiene la universidad explica la estimable función que le cabe a la investigación. En países donde los dineros no se obtienen con facilidad, y donde la comunidad no ha adquirido madurez suficiente para comprender su auténtico compromiso con la tarea universitaria, hay que ser cauto y preciso al exponer estas ideas. El Perú ha creado varias universidades de la nada, y en la nada persisten muchas de ellas. Todos los argumentos esgrimidos para su creación son de un patrioterismo ingenuo que no resiste el menor análisis. Pero nunca se oyó una voz de protesta surgida de las otras instituciones universitarias. Tenemos miedo de llamar a las cosas por su nombre. En los discursos con que algunas se inauguraron no faltó la promesa de dedicarse a la investigación y hubo quien arriesgó la necesidad de priorizar una u otra.
Esa discusión no tiene sentido: el supuesto dilema no existe. En una institución en formación sólo cabe hacer frente a problemas de aprendizaje. Mencionar la investigación ahí es mentir la verdad y negarse al porvenir. Esta alusión al aprendizaje reclama otros deslindes. La enseñanza sólo se perfecciona y progresa gracias a los resultados alcanzados por la investigación, pues eso enriquece y modifica constantemente la enseñanza. No están desvinculadas docencia e investigación, pero esto no es asunto que mira a los estudiantes de la hora primera sino a los profesores de todas las horas. La investigación constituye el sustrato desde el que se va modificando y recreando la metodología de cada disciplina. No lo entienden con facilidad los profanos y por eso proponen que el alumno sea iniciado desde la hora primera en el quehacer, en tanto que otros confunden la investigación con el obligado entrenamiento en el quehacer científico a que debe ser convocado el estudiante en su primer momento.
No vale discutir estos asuntos fuera del ámbito universitario. Pero hay un aspecto del tema que alcanza trascendencia política. Es lugar común de los comentarios relacionar la llamada ‘fuga de cerebros’ con la inadecuada valoración de las vocaciones científicas. Detrás de esa ‘fuga’ hay un factor desencadenante: los científicos encuentran en el extranjero oportunidades que el país no ofrece, y por eso se van. Admitámoslo, por evidente. Pero analicemos con calma los hechos. Muchos no van a trabajar en instituciones universitarias, sino que resultan contratados por grandes empresas que (como era esperable) asignan el debido reconocimiento al avance científico y tecnológico. Si no se quedan acá puede ser tal vez, en primer término, porque nuestra tecnología dependiente no puede emplearlos; pero también podemos pensar que el avance científico no resulta en el Perú un elemento dinamizador de la economía.
Las dos explicaciones tal vez sean correctas. Lo grave es que la universidad no se ha preocupado de ayudar a corregir este error invitando a las grandes industrias a asumir su responsabilidad. Lúcidamente lo postuló hace 18 años la conferencia convocada por la OEA en Brasil, al proclamar que la mejor estrategia global del desarrollo científico “debe procurar la vinculación y la coordinación continua de las actividades permanentes del sector gubernamental, del sector productivo, el sector financiero y el sistema científico y tecnológico”. Ninguna legislación universitaria, ningún esbozo de política cultural o de política científica del Estado, ha tomado en cuenta estos hechos.
Lo que hay que divulgar es que la ciencia no es un lujo sino una imperiosa necesidad de los países en desarrollo. La universidad a la que hacemos frente es la que prepare a los muchachos que deben vivir y comprender el siglo XXI. La enseñanza y la investigación necesarias son las que reclama esta hora. Pero sin una sólida formación teórica no tiene sentido la investigación empírica. La universidad no puede minimizar sus objetivos al caer en errores de perspectiva, pero tampoco puede negarse al porvenir. Lo que no debe hacer la universidad es una caricatura de investigación. Una universidad moderna no puede reducirse a transmitir el conocimiento. Debe asumir el riesgo del perfeccionamiento. Pero eso exige idea muy perfilada de sus objetivos.
TCONSTITUCIONAL
Por Augusto Álvarez Rodrich
Claro que la política peruana puede seguir cayendo.
Carlos Basombrío se preguntó el viernes en Espacio Compartido si, luego de lo visto esta semana en la política peruana, esta podía caer aún más bajo. Me temo que, con el mejor espíritu deportivo, la respuesta es que claro, por supuesto, no faltaba más: ¡Sí se puede!
Su pregunta se motivó por la maniobra bochornosa y descarada de la bancada aprista que, con la participación entusiasta de sus aliados de turno en la cuchipanda, bloquearon la designación de dos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que deben reemplazar a los que ya cumplieron su mandato.
La selección fue coordinada, desde hace meses, por el aprista Luis Falla la Madrid, quien –según varias voces independientes– la organizó con orden y, dentro de las restricciones que impone un concurso de esta naturaleza, sacó adelante una propuesta digna y diferente, en ese sentido, al mamarracho cocinado la vez pasada por su compañero Aurelio Pastor, el leal escudero de Jorge del Castillo, quien siempre tiene una gran preocupación por la conformación del TC.
Parece que Falla hizo tan bien su trabajo que disgustó a su bancada, la cual ha sostenido, de manera inequívoca, que quiere miembros del TC que inspiren “confianza política”. Entonces, los compañeros bloquearon el esfuerzo de su compañero y, oportunamente, los dos congresistas de Solidaridad Nacional junto con el indescriptible Ricardo Belmont se ausentaron del hemiciclo e impidieron reunir los 81 votos requeridos.
No debiera escapar al entendimiento de esta situación la necesidad del partido del alcalde Luis Castañeda de pasar por agua tibia las denuncias a su gestión como las de Comunicore o del Metropolitano. El congresista Víctor Andrés García Belaunde calificó entonces a la bancada aprista de “indigna” –creo que se quedó corto–, los compañeros se tiraron al piso como futbolista mentiroso, y listo el pollo, a pasar por cajatambo.
Ojalá el debate sobre miembros del TC fuera de enfoques jurídicos. Que por ahí no va la cosa lo reflejan los argumentos sin duda penosos y simplones de los apristas y de sus amigos para, por ejemplo, no votar por el candidato Carlos Ramos.
Mi impresión es que cuando varios parlamentarios discuten sobre el TC, están hablando, en el fondo, de billete, de plata. Hay indicios, lamentablemente, de que este se ha vuelto un ámbito al mejor postor en el marco de un sistema judicial que, a pesar de los discursos cada vez más rimbombantes, anda peor.
Lo ocurrido esta semana constata nuevamente el problema de tener varios parlamentarios cuyo comportamiento lamentable ayuda a perfilar un Congreso con la imagen de mediocre y corrupto. Pero la mala noticia no es esa, pues esta ya se conoce, sino la muy alta posibilidad de que el próximo Congreso sea incluso peor que el actual
Claro que la política peruana puede seguir cayendo.
Carlos Basombrío se preguntó el viernes en Espacio Compartido si, luego de lo visto esta semana en la política peruana, esta podía caer aún más bajo. Me temo que, con el mejor espíritu deportivo, la respuesta es que claro, por supuesto, no faltaba más: ¡Sí se puede!
Su pregunta se motivó por la maniobra bochornosa y descarada de la bancada aprista que, con la participación entusiasta de sus aliados de turno en la cuchipanda, bloquearon la designación de dos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que deben reemplazar a los que ya cumplieron su mandato.
La selección fue coordinada, desde hace meses, por el aprista Luis Falla la Madrid, quien –según varias voces independientes– la organizó con orden y, dentro de las restricciones que impone un concurso de esta naturaleza, sacó adelante una propuesta digna y diferente, en ese sentido, al mamarracho cocinado la vez pasada por su compañero Aurelio Pastor, el leal escudero de Jorge del Castillo, quien siempre tiene una gran preocupación por la conformación del TC.
Parece que Falla hizo tan bien su trabajo que disgustó a su bancada, la cual ha sostenido, de manera inequívoca, que quiere miembros del TC que inspiren “confianza política”. Entonces, los compañeros bloquearon el esfuerzo de su compañero y, oportunamente, los dos congresistas de Solidaridad Nacional junto con el indescriptible Ricardo Belmont se ausentaron del hemiciclo e impidieron reunir los 81 votos requeridos.
No debiera escapar al entendimiento de esta situación la necesidad del partido del alcalde Luis Castañeda de pasar por agua tibia las denuncias a su gestión como las de Comunicore o del Metropolitano. El congresista Víctor Andrés García Belaunde calificó entonces a la bancada aprista de “indigna” –creo que se quedó corto–, los compañeros se tiraron al piso como futbolista mentiroso, y listo el pollo, a pasar por cajatambo.
Ojalá el debate sobre miembros del TC fuera de enfoques jurídicos. Que por ahí no va la cosa lo reflejan los argumentos sin duda penosos y simplones de los apristas y de sus amigos para, por ejemplo, no votar por el candidato Carlos Ramos.
Mi impresión es que cuando varios parlamentarios discuten sobre el TC, están hablando, en el fondo, de billete, de plata. Hay indicios, lamentablemente, de que este se ha vuelto un ámbito al mejor postor en el marco de un sistema judicial que, a pesar de los discursos cada vez más rimbombantes, anda peor.
Lo ocurrido esta semana constata nuevamente el problema de tener varios parlamentarios cuyo comportamiento lamentable ayuda a perfilar un Congreso con la imagen de mediocre y corrupto. Pero la mala noticia no es esa, pues esta ya se conoce, sino la muy alta posibilidad de que el próximo Congreso sea incluso peor que el actual
jueves, 3 de junio de 2010
creci miento
Crecimiento económico y recorte del gasto )
.Por Humberto Campodónico
“Las perspectivas de la economía mundial y local han mejorado respecto de las condiciones del 2009, aunque aún persiste una elevada incertidumbre acerca del entorno internacional en los próximos años. De continuar la recuperación mundial, el Perú crecerá alrededor de 5,5% en el período 2010-2013”.
Es lo que dice el recién publicado Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del MEF 2010-2013. En resumen, nos dice “alas y buen viento”.
Este concuerda con el más reciente Índice de Confianza Empresarial del BCR, que alcanzó en abril los 74 puntos, nivel que no se registraba desde mayo de 2008 y que, afirman, “refleja un mayoritario optimismo entre los empresarios encuestados con respecto al futuro próximo de la economía”.
En este panorama color de rosa habría un problema: si no se toman medidas, el déficit fiscal podría “aguar la fiesta”. Afirma el MEF que si se mantiene tal cual el crecimiento del consumo y la inversión pública, se generaría un déficit fiscal del 2.2% del PBI en el 2010 (en el 2009 fue 1.9% del PBI).
Por tanto, dice el MMM que “el gasto público deberá crecer a un ritmo menor al observado recientemente, dado que dichos incrementos sólo se dieron en forma temporal para mitigar los efectos de la crisis internacional. Así, un menor ritmo de crecimiento del gasto público contribuirá a evitar presiones inflacionarias y una mayor apreciación de la moneda local, así como a reconstituir el espacio de respuesta fiscal ante una eventual recaída de la economía mundial”.
Por eso, en el nuevo MMM se ha decidido no tener un déficit fiscal mayor al 1.6% del PBI, lo que implica recortar el gasto fiscal en 0.6% del PBI, más o menos 2,300 millones de soles. Por eso se ha promulgado el Decreto de Urgencia 037-2010: “la ministra señaló que se busca limitar el gasto en bienes y servicios del Gobierno Nacional como por ejemplo gastos en vestuario, viajes, publicidad estatal, difusión de imagen institucional, entre otros” (Nota de Prensa del MEF, 18/5/2010).
Estos recortes han generado protestas de los sectores afectados, desde los gobiernos regionales y locales hasta las universidades.
Añade el MMM 2010-2013: “En este escenario de expansión de la actividad económica, el déficit fiscal irá reduciéndose gradualmente desde 1,9% del PBI en el 2009, a 1,6% en el 2010, 1% en el 2011, hasta alcanzar un ligero superávit en el 2013”.
En síntesis, la orientación de la política económica del MEF es la siguiente: la economía internacional ya se recuperó y lo mismo sucederá con la economía peruana. Pero el déficit fiscal es un peligro, por lo que hay que quitar el Plan Estímulo y tomar medidas adicionales, como el DU 037 (anotemos aquí que con el DU el Ejecutivo se “salta a la garrocha” al Congreso, que es quien debería aprobar los recortes presupuestales).
Los dos temas de discusión frente a este enfoque son: ¿ya se recuperó la economía mundial? Las crisis recientes en varios países de la Unión Europea y los enormes recortes presupuestales (que disminuirán el crecimiento) parecieran anunciar lo contrario. La reacción negativa de las bolsas y la caída de precios de los “commodities” van en el mismo sentido.
El otro es que para combatir el déficit fiscal solo se adoptan medidas de recorte del gasto y no de aumento de los ingresos, lo que podría darse, 1) revisando la rebaja unilateral de aranceles del 2007, que generó una pérdida anual de 1% del PBI en el 2008; 2) revisión de las exoneraciones tributarias, sobre todo al sector financiero; 3) combate a la evasión y elusión tributaria del impuesto a la renta (el ex Jefe de la Sunat ha cuantificado estas pérdidas, que ascienden a 5.6% del PBI y del IGV; 4) implementar un impuesto a las sobre ganancias mineras, como lo acaba de hacer Australia. Y hay más.
Estos son los temas que van a estar en la agenda económica en este año electoral. La discusión recién comienza.
.Por Humberto Campodónico
“Las perspectivas de la economía mundial y local han mejorado respecto de las condiciones del 2009, aunque aún persiste una elevada incertidumbre acerca del entorno internacional en los próximos años. De continuar la recuperación mundial, el Perú crecerá alrededor de 5,5% en el período 2010-2013”.
Es lo que dice el recién publicado Marco Macroeconómico Multianual (MMM) del MEF 2010-2013. En resumen, nos dice “alas y buen viento”.
Este concuerda con el más reciente Índice de Confianza Empresarial del BCR, que alcanzó en abril los 74 puntos, nivel que no se registraba desde mayo de 2008 y que, afirman, “refleja un mayoritario optimismo entre los empresarios encuestados con respecto al futuro próximo de la economía”.
En este panorama color de rosa habría un problema: si no se toman medidas, el déficit fiscal podría “aguar la fiesta”. Afirma el MEF que si se mantiene tal cual el crecimiento del consumo y la inversión pública, se generaría un déficit fiscal del 2.2% del PBI en el 2010 (en el 2009 fue 1.9% del PBI).
Por tanto, dice el MMM que “el gasto público deberá crecer a un ritmo menor al observado recientemente, dado que dichos incrementos sólo se dieron en forma temporal para mitigar los efectos de la crisis internacional. Así, un menor ritmo de crecimiento del gasto público contribuirá a evitar presiones inflacionarias y una mayor apreciación de la moneda local, así como a reconstituir el espacio de respuesta fiscal ante una eventual recaída de la economía mundial”.
Por eso, en el nuevo MMM se ha decidido no tener un déficit fiscal mayor al 1.6% del PBI, lo que implica recortar el gasto fiscal en 0.6% del PBI, más o menos 2,300 millones de soles. Por eso se ha promulgado el Decreto de Urgencia 037-2010: “la ministra señaló que se busca limitar el gasto en bienes y servicios del Gobierno Nacional como por ejemplo gastos en vestuario, viajes, publicidad estatal, difusión de imagen institucional, entre otros” (Nota de Prensa del MEF, 18/5/2010).
Estos recortes han generado protestas de los sectores afectados, desde los gobiernos regionales y locales hasta las universidades.
Añade el MMM 2010-2013: “En este escenario de expansión de la actividad económica, el déficit fiscal irá reduciéndose gradualmente desde 1,9% del PBI en el 2009, a 1,6% en el 2010, 1% en el 2011, hasta alcanzar un ligero superávit en el 2013”.
En síntesis, la orientación de la política económica del MEF es la siguiente: la economía internacional ya se recuperó y lo mismo sucederá con la economía peruana. Pero el déficit fiscal es un peligro, por lo que hay que quitar el Plan Estímulo y tomar medidas adicionales, como el DU 037 (anotemos aquí que con el DU el Ejecutivo se “salta a la garrocha” al Congreso, que es quien debería aprobar los recortes presupuestales).
Los dos temas de discusión frente a este enfoque son: ¿ya se recuperó la economía mundial? Las crisis recientes en varios países de la Unión Europea y los enormes recortes presupuestales (que disminuirán el crecimiento) parecieran anunciar lo contrario. La reacción negativa de las bolsas y la caída de precios de los “commodities” van en el mismo sentido.
El otro es que para combatir el déficit fiscal solo se adoptan medidas de recorte del gasto y no de aumento de los ingresos, lo que podría darse, 1) revisando la rebaja unilateral de aranceles del 2007, que generó una pérdida anual de 1% del PBI en el 2008; 2) revisión de las exoneraciones tributarias, sobre todo al sector financiero; 3) combate a la evasión y elusión tributaria del impuesto a la renta (el ex Jefe de la Sunat ha cuantificado estas pérdidas, que ascienden a 5.6% del PBI y del IGV; 4) implementar un impuesto a las sobre ganancias mineras, como lo acaba de hacer Australia. Y hay más.
Estos son los temas que van a estar en la agenda económica en este año electoral. La discusión recién comienza.
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