La economia que deja Alan Garcia | LaRepublica.pe Jueves 03 Febrero, 2011 Contáctenos | Edición Impresa | RSS INICIOPolíticaEconomíaColumnistasSociedadInternacionalesEspectáculosCulturalDeportesRegionalesEdiciones AnterioresEmpresaAutos TecnoCienciaOzioSexualidadTurismoSaludHoróscopoGacetaTu Voz ImpresaBlogsNoticias Perú > La economía que deja Alan García
La economía que deja Alan García
Mar, 11/01/2011 - 05:00
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.Por Félix Jiménez
Economista Ph. D. Profesor Principal de la PUCP
Alan García se jacta del actual crecimiento económico, pero no dice que él recibió un país en crecimiento y que este fue estimulado durante su gobierno por el aumento significativo de los términos del intercambio. No es mezquindad si digo que no hay nada nuevo y bueno en materia de estabilidad macroeconómica que se deba su gestión. Heredó una cuenta fiscal saneada y una bajísima inflación, con un nuevo esquema de política monetaria y un mercado organizado de deuda pública interna en soles que se adoptaron en los años 2002-2003. Pero, como aventajado seguidor del fujimorismo económico y político, enajenó, al igual que su antecesor, la soberanía del Estado sobre nuestros recursos naturales, y profundizó el modelo neoliberal primario exportador, desindustrilizador y terciarizador de la economía.
El gobierno de Alan García nos dejará una economía más vulnerable y dependiente de factores externos, menos industrial y más productor de servicios de bajísima productividad, y con una distribución del ingreso más desigual y, por lo tanto, más expuesta al conflicto social. Las razones son las siguientes:
1. Aumentó la penetración de las importaciones, afectando a la producción industrial y agrícola. Sus causas son los tratados comerciales y las rebajas arancelarias (como la reciente que reduce el promedio arancelario a solo 3.5%). Toledo dejó un porcentaje promedio de importaciones respecto al PBI (ambos en términos reales) de 17.5% y García nos deja un promedio de 20.8%. En materia de exportaciones, la gestión de García es solo beneficiaria de los precios altos de las materias primas. El porcentaje promedio de exportaciones con respecto al PBI fue de 19.4% en el gobierno de Toledo y de 19.8% en el gobierno de García. La enorme vulnerabilidad a la caída de los términos del intercambio es obvia.
2. La industria no primaria mantiene su baja participación de cerca de 12% en la generación del PBI. El crecimiento es liderado ahora por el Comercio y Otros servicios –además de la Construcción– que en conjunto representan el 63.0% del PBI. Estos dos sectores y la Construcción son los que más crecieron durante el período 2005-2009: 37.8%, 30.9% y 65.4%, respectivamente, mientras el PBI creció a la tasa de 20.9%.
3. El crecimiento no se sustenta en aumentos sostenidos de la productividad y, por lo tanto, no conduce a ganancias de competitividad. En los sectores de Comercio y Otros servicios trabaja el 77% de la PEA en empresas de 1 y 10 trabajadores de baja calificación y donde el ingreso promedio mensual se ubica entre 600 y 650 soles.
4. Esta manera de crecer acrecienta la desigualdad de ingresos y, por ende, alimenta el conflicto social. Mientras el PBI y las exportaciones reales per cápita crecieron en el período 2000-2008 en 47.2% y 69.1%, respectivamente, los salarios reales promedio decrecieron 10.0%.
5. El modelo neoliberal es exportador neto de capitales. Entre enero de 2006 y setiembre de 2010, los capitales extranjeros expatriaron utilidades por casi 37 mil millones de dólares y solo ingresaron como inversión extranjera directa cerca de 27 mil millones de dólares. La reciente integración de los mercados de capitales de Perú, Chile y Colombia, reduciendo el impuesto de sus ganancias a 5%, amplían las posibilidades de salidas de capitales.
Primero nos dejó la hiperinflación ahora nos deja una economía más vulnerable y más dependiente de los mercados externos. “En lo que el hombre ejecuta –dice Stuart Mill– se funda su derecho a la consideración pública”.
jueves, 3 de febrero de 2011
GARCIA Y LA PERVERSION DEL PODER
.Félix Jiménez
Economista Ph.D. Profesor principal de la PUCP.
Mientras el presidente dice que «el Perú sigue creciendo con optimismo», el 73.9% de los peruanos pide que cambie la política económica actual. Definitivamente el Perú que observa Alan García es otro, no es el Perú que él nos deja. Durante su gobierno la participación de las remuneraciones en el ingreso total cayó de 23.1% a 20.9%, mientras subió la de las utilidades de 67.5% a cerca de 70%; el PBI per cápita aumentó en 24.4%, pero los salarios reales disminuyeron en 6%; en el PBI que crece la participación del comercio y otros servicios aumentó de 62.2% a 64% y en estos sectores se concentra cerca del 77% de la población ocupada de bajísima productividad y con ingresos promedio que no superan los 650 soles mensuales. Así, el Perú de hoy es económica y socialmente más desigual y más expuesto al conflicto social.
Lo que mira el Presidente
Alan García nos ha dicho: «hay que hacer detonar la gran inversión (extranjera) para que arrastre a la pequeña y mediana inversión, no al revés». Este giro en el sentido de la política pública ha ocasionado, entre enero de 2006 y setiembre de 2010, la expatriación de 37 mil millones de dólares por utilidades del capital extranjero, mientras ingresaron como inversión extranjera directa solo 27 mil millones de dólares. En el año 2010 salieron por concepto de utilidades del capital extranjero 8,900 millones de dólares, equivalentes a 25 mil millones de soles, cifra superior a los ingresos de todos los pobres del Perú que suman 21 mil millones.
Alan García ha enviado «cartas a todas las empresas del mundo», pero ninguna a los pobres del Perú. Consecuente con este tipo de política aceptó un óbolo minero gestionado por las propias empresas y que en los últimos cuatro años significó solo el 2.4% de todas las utilidades del sector. Dejó intacto el sistema tributario regresivo. La distribución del ingreso, medida por el coeficiente GINI, se deteriora después de impuestos (Barreix, et al., 2006) y la distribución del IGV en relación con el ingreso afecta más a los pobres porque las exoneraciones recaen sobre la canasta de consumo de los hogares relativamente más ricos (Haughton, 2006). Su gusto por lo meteco lo llevó, además, a acrecentar la vulnerabilidad externa de nuestra economía. Las importaciones reales per cápita aumentaron durante su gobierno a un ritmo de 16.6% anual, cifra superior a la registrada en los años de crecimiento (1993-1997) del gobierno de Fujimori (13.9%). Las exportaciones reales per cápita solo crecieron a la tasa de 3.8% promedio anual.
La perversión de la política pública
Los DU Nos. 01-2011 y 02-2011, con los que se facilita la inversión privada en 33 proyectos de infraestructura estratégica (energía, puertos, carretas y aeropuertos), son el súmmum de la perversión de la esencia de la política pública. Acorta los plazos para la ejecución de los proyectos; no se requieren certificaciones ambientales para obtener la autorización administrativa para la ejecución del proyecto; se transfiere propiedades del Estado automáticamente y a título gratuito solo mediante Decreto Supremo y el Estado asume el costo de la indemnización del perjuicio que esto cause; y, por último, no presentan justificación alguna sobre los costos y riesgos para el Estado, ni los beneficios sociales de cada uno de los proyectos. Un ejemplo del sentido de esta política es el proyecto «Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Pisco- Río Seco» que deriva agua a la zona de Lanchas donde opera la compañía agroindustrial de Lanchas S.A. cuyo director es el actual ministro de Economía. ¿Cuántos campesinos más se van a beneficiar con este proyecto?
Economista Ph.D. Profesor principal de la PUCP.
Mientras el presidente dice que «el Perú sigue creciendo con optimismo», el 73.9% de los peruanos pide que cambie la política económica actual. Definitivamente el Perú que observa Alan García es otro, no es el Perú que él nos deja. Durante su gobierno la participación de las remuneraciones en el ingreso total cayó de 23.1% a 20.9%, mientras subió la de las utilidades de 67.5% a cerca de 70%; el PBI per cápita aumentó en 24.4%, pero los salarios reales disminuyeron en 6%; en el PBI que crece la participación del comercio y otros servicios aumentó de 62.2% a 64% y en estos sectores se concentra cerca del 77% de la población ocupada de bajísima productividad y con ingresos promedio que no superan los 650 soles mensuales. Así, el Perú de hoy es económica y socialmente más desigual y más expuesto al conflicto social.
Lo que mira el Presidente
Alan García nos ha dicho: «hay que hacer detonar la gran inversión (extranjera) para que arrastre a la pequeña y mediana inversión, no al revés». Este giro en el sentido de la política pública ha ocasionado, entre enero de 2006 y setiembre de 2010, la expatriación de 37 mil millones de dólares por utilidades del capital extranjero, mientras ingresaron como inversión extranjera directa solo 27 mil millones de dólares. En el año 2010 salieron por concepto de utilidades del capital extranjero 8,900 millones de dólares, equivalentes a 25 mil millones de soles, cifra superior a los ingresos de todos los pobres del Perú que suman 21 mil millones.
Alan García ha enviado «cartas a todas las empresas del mundo», pero ninguna a los pobres del Perú. Consecuente con este tipo de política aceptó un óbolo minero gestionado por las propias empresas y que en los últimos cuatro años significó solo el 2.4% de todas las utilidades del sector. Dejó intacto el sistema tributario regresivo. La distribución del ingreso, medida por el coeficiente GINI, se deteriora después de impuestos (Barreix, et al., 2006) y la distribución del IGV en relación con el ingreso afecta más a los pobres porque las exoneraciones recaen sobre la canasta de consumo de los hogares relativamente más ricos (Haughton, 2006). Su gusto por lo meteco lo llevó, además, a acrecentar la vulnerabilidad externa de nuestra economía. Las importaciones reales per cápita aumentaron durante su gobierno a un ritmo de 16.6% anual, cifra superior a la registrada en los años de crecimiento (1993-1997) del gobierno de Fujimori (13.9%). Las exportaciones reales per cápita solo crecieron a la tasa de 3.8% promedio anual.
La perversión de la política pública
Los DU Nos. 01-2011 y 02-2011, con los que se facilita la inversión privada en 33 proyectos de infraestructura estratégica (energía, puertos, carretas y aeropuertos), son el súmmum de la perversión de la esencia de la política pública. Acorta los plazos para la ejecución de los proyectos; no se requieren certificaciones ambientales para obtener la autorización administrativa para la ejecución del proyecto; se transfiere propiedades del Estado automáticamente y a título gratuito solo mediante Decreto Supremo y el Estado asume el costo de la indemnización del perjuicio que esto cause; y, por último, no presentan justificación alguna sobre los costos y riesgos para el Estado, ni los beneficios sociales de cada uno de los proyectos. Un ejemplo del sentido de esta política es el proyecto «Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Río Pisco- Río Seco» que deriva agua a la zona de Lanchas donde opera la compañía agroindustrial de Lanchas S.A. cuyo director es el actual ministro de Economía. ¿Cuántos campesinos más se van a beneficiar con este proyecto?
TEMPLO LAMBAYEQUE
.
Un importante templo de la cultura Mochica, y un grupo de tumbas que recorren todas las culturas que habitaron la costa norte de Perú desde el 1.500 antes de Cristo y hasta la época española, acaban de ser descubiertas en la región Lambayeque.
Según informó hoy Edgar Bracamonte, arqueólogo responsable del proyecto, los hallazgos demuestran que esta región, famosa por el descubrimiento del Señor de Sipán, considerado el Tutankamón de
América, aún esconde muchas sorpresas.
Los trabajos en la huaca Santa Rosa se iniciaron el pasado noviembre y forman parte de una serie de proyectos que incluyen nuevas exploraciones, pero también labores de protección y prevención de los sitios arqueológicos contra las inclemencias del tiempo y los huaqueros (ladrones de tumbas).
El fruto de las labores arqueológicas hasta el momento son 14 tumbas completas, que pertenecen a culturas como la Chimú, Lambayeque o Inca, así como otras nueve que se han encontrado maltratadas y abiertas, pero no por los ladrones de arqueología, sino por las mismas culturas antiguas que fueron poblando la zona a lo largo de los siglos.
"Lo que hemos hallado en el sitio es toda la secuencia de ocupación cultural de la costa norte de Perú, en el valle de Lambayeque desde el periodo formativo hasta los incas; es decir, desde los 1.500 años antes de Cristo hasta la llegada de los españoles a la zona", explicó Bracamonte.
El otro gran descubrimiento registrado hasta el momento también se relaciona con esa estratégica situación geográfica: un templo perteneciente a la cultura Mochica (entre los años 550 y 800).
Bautizado como "Templo de tapial", por el nombre que recibe la técnica de construcción con que fue levantado y que difiere del tradicional adobe que presentan el resto de construcciones halladas en la zona.
Un importante templo de la cultura Mochica, y un grupo de tumbas que recorren todas las culturas que habitaron la costa norte de Perú desde el 1.500 antes de Cristo y hasta la época española, acaban de ser descubiertas en la región Lambayeque.
Según informó hoy Edgar Bracamonte, arqueólogo responsable del proyecto, los hallazgos demuestran que esta región, famosa por el descubrimiento del Señor de Sipán, considerado el Tutankamón de
América, aún esconde muchas sorpresas.
Los trabajos en la huaca Santa Rosa se iniciaron el pasado noviembre y forman parte de una serie de proyectos que incluyen nuevas exploraciones, pero también labores de protección y prevención de los sitios arqueológicos contra las inclemencias del tiempo y los huaqueros (ladrones de tumbas).
El fruto de las labores arqueológicas hasta el momento son 14 tumbas completas, que pertenecen a culturas como la Chimú, Lambayeque o Inca, así como otras nueve que se han encontrado maltratadas y abiertas, pero no por los ladrones de arqueología, sino por las mismas culturas antiguas que fueron poblando la zona a lo largo de los siglos.
"Lo que hemos hallado en el sitio es toda la secuencia de ocupación cultural de la costa norte de Perú, en el valle de Lambayeque desde el periodo formativo hasta los incas; es decir, desde los 1.500 años antes de Cristo hasta la llegada de los españoles a la zona", explicó Bracamonte.
El otro gran descubrimiento registrado hasta el momento también se relaciona con esa estratégica situación geográfica: un templo perteneciente a la cultura Mochica (entre los años 550 y 800).
Bautizado como "Templo de tapial", por el nombre que recibe la técnica de construcción con que fue levantado y que difiere del tradicional adobe que presentan el resto de construcciones halladas en la zona.
HISTORIA DE LA MOMIA HOSNI
.Por Ariel Segal
Hosni Mubarak no entendió lo que, literalmente, le dijeron en varios idiomas, diplomáticos europeos y estadounidenses durante años ante el obvio desgaste de su régimen y el descontento de la clase media egipcia que se tradujo, entre muchas otras cosas, en el ingreso de estudiantes y profesionales a grupos islamistas como La Hermandad Musulmana.
Mubarak se escudó en la probable hipótesis de que grupos radicales islámicos llegaran al poder en Egipto –como ocurrió en Argelia en 2001 y Gaza en 2006– para no liberalizar el tablero político, pero fue presionado por varios gobiernos aliados a su régimen para que al menos condujera a su país, a una gradual apertura por medio de gestos mínimos como la liberación de disidentes políticos y la tolerancia a medios de prensa opositores. No lo hizo, y ahora, con 82 años y según fuentes periodísticas, un cáncer en su sistema digestivo, deshojaba la margarita para elegir como sucesor a su hijo Gamal o a su poderoso jefe de servicios secretos, Omar Suleiman. Con ese objetivo volvió a manipular las elecciones parlamentarias de noviembre de 2010 garantizando el poder casi absoluto del Partido Nacional Democrático (PND) hasta los comicios presidenciales de septiembre de este año.
Sin el precedente de Túnez, quizá Mubarak hubiese logrado controlar el descontento popular, pero su intransigencia de renunciar y comenzar una transición inmediata, hacen ahora muy difícil que algún funcionario de mediana jerarquía de su partido pueda conducir al país a las próximas elecciones, en caso de que no se detengan las protestas masivas.
Mubarak esperaba ser recordado como el hombre que mantuvo estable por 30 años al país árabe más populoso (hay naciones musulmanas, no árabes, con más habitantes como Indonesia, Pakistán, etc.), y uno de los más estratégicos por ser el puente de comercio entre Europa y Asia a través del Canal de Suez, y por su rol como mediador principal entre israelíes y palestinos. Sin embargo, ahora su imagen es, principalmente, la de un tirano que, en su empeño de momificarse en el poder, oprimió a sus oponentes y disminuyó la calidad de vida de los egipcios.
Hosni Mubarak no entendió lo que, literalmente, le dijeron en varios idiomas, diplomáticos europeos y estadounidenses durante años ante el obvio desgaste de su régimen y el descontento de la clase media egipcia que se tradujo, entre muchas otras cosas, en el ingreso de estudiantes y profesionales a grupos islamistas como La Hermandad Musulmana.
Mubarak se escudó en la probable hipótesis de que grupos radicales islámicos llegaran al poder en Egipto –como ocurrió en Argelia en 2001 y Gaza en 2006– para no liberalizar el tablero político, pero fue presionado por varios gobiernos aliados a su régimen para que al menos condujera a su país, a una gradual apertura por medio de gestos mínimos como la liberación de disidentes políticos y la tolerancia a medios de prensa opositores. No lo hizo, y ahora, con 82 años y según fuentes periodísticas, un cáncer en su sistema digestivo, deshojaba la margarita para elegir como sucesor a su hijo Gamal o a su poderoso jefe de servicios secretos, Omar Suleiman. Con ese objetivo volvió a manipular las elecciones parlamentarias de noviembre de 2010 garantizando el poder casi absoluto del Partido Nacional Democrático (PND) hasta los comicios presidenciales de septiembre de este año.
Sin el precedente de Túnez, quizá Mubarak hubiese logrado controlar el descontento popular, pero su intransigencia de renunciar y comenzar una transición inmediata, hacen ahora muy difícil que algún funcionario de mediana jerarquía de su partido pueda conducir al país a las próximas elecciones, en caso de que no se detengan las protestas masivas.
Mubarak esperaba ser recordado como el hombre que mantuvo estable por 30 años al país árabe más populoso (hay naciones musulmanas, no árabes, con más habitantes como Indonesia, Pakistán, etc.), y uno de los más estratégicos por ser el puente de comercio entre Europa y Asia a través del Canal de Suez, y por su rol como mediador principal entre israelíes y palestinos. Sin embargo, ahora su imagen es, principalmente, la de un tirano que, en su empeño de momificarse en el poder, oprimió a sus oponentes y disminuyó la calidad de vida de los egipcios.
WIKILOCOS
WikiLeaks: Poder economico influencia al poder economico
.Por Humberto Campodónico
Los documentos enviados en el 2005 por la Embajada de EEUU en Lima a Washington –acerca de una reunión entre los embajadores de EEUU, Reino Unido y funcionarios de las embajadas de Canadá, Suiza y Sudáfrica, con los representantes de las empresas mineras de esos países que operan en el Perú– tienen una importancia crucial pues revelan la trama secreta de las relaciones entre el poder económico internacional (las transnacionales) y el poder político de sus países (los embajadores).
Un tercer actor es el gobierno peruano, pues hacia él se dirigirán las “presiones” que se discuten en la reunión, en este caso con la ventaja de contar con “un aliado influyente en el gobierno”: Pedro Pablo Kuczynski. Desde nuestro punto de vista otros funcionarios toledistas –que no necesariamente tienen pasaporte gringo– también fueron muy buenos “aliados influyentes”.
Un cuarto actor es la sociedad civil, a través de las ONG, internacionales (Oxfam, Amigos de la Tierra) y peruanas, los partidos políticos (Patria Roja), los sindicatos (SUTEP) y las rondas campesinas (1). Es importante notar que para las empresas mineras “siempre los problemas vienen de afuera”; los campesinos son azuzados por “los políticos”; existen intereses del narcotráfico (cultivadores de opio) para que no haya actividad minera, etc.
Los “wikileaks” hacen explícito lo obvio: las embajadas defienden sus intereses nacionales. Por tanto, desnudan ante los ciudadanos de a pie que el capital “sí tiene patria” y que siguen existiendo “intereses estratégicos nacionales”, lo que quieren ocultar quienes plantean que “salvo la inversión, todo es ilusión”: por eso, ésta puede venir de donde sea y donde quiera, con todos los beneficios que le dan los “contratos-ley” blindados por la Constitución de 1993.
Si bien los embajadores le dan el apoyo general a sus empresas, tampoco se tragan todo lo que les cuentan: piden los nombres de los “malos profesores” y dicen que, ya antes, los empresarios les han dicho “de manera poco convincente que los narcotraficantes están detrás de la oposición a las actividades mineras, en un esfuerzo por conseguir nuestra ayuda”. Ojo, pestaña y ceja.
Pero la verdad monda y lironda es que existe documentación fehaciente sobre las agresiones policiales en Majaz, detrás de las cuales estuvieron funcionarios de Monterrico Metals (MM, antes que la vendieran a la china Zijin). Recordemos que el ex Embajador del Reino Unido Richard Ralph fue Presidente Ejecutivo de MM en el 2006 y 2007 (El Embajador y las malas prácticas, www.cristaldemira.com, 17/11/08). También, que la Asamblea de Accionistas de Newmont en EEUU se autocriticó sobre la actuación de Yanacocha en Cerro Quilish en el 2004.
¿Qué nuevas reuniones se estarán llevando a cabo hoy? ¿No habrá un nuevo “wikileak” que nos cuente por qué se demora tanto la renegociación para que el Lote 88 de Camisea se destine íntegramente al mercado interno?
¿Acaso los embajadores de las empresas que conforman Perú LNG (EEUU por Hunt Oil, empresa de la cual, una vez más, PPK fue asesor entre su entrada y salida de los ministerios, bajo Toledo; España, por Repsol, Corea por SK y Japón por Marubeni) habrán hablado con el Presidente de Perupetro (o alguien más arriba) para que se acepte la inadmisible prórroga de 60 días adicionales?
Puede ser que algún día lo sepamos. Pero no queda duda que el poder económico influencia al poder político mediante negociaciones secretas inadmisibles, pero que el gobierno acepta. En el Perú ese poder económico quiere perpetuar la permanencia de las industrias extractivas y del modelo primario exportador. No debemos permitirlo.
.Por Humberto Campodónico
Los documentos enviados en el 2005 por la Embajada de EEUU en Lima a Washington –acerca de una reunión entre los embajadores de EEUU, Reino Unido y funcionarios de las embajadas de Canadá, Suiza y Sudáfrica, con los representantes de las empresas mineras de esos países que operan en el Perú– tienen una importancia crucial pues revelan la trama secreta de las relaciones entre el poder económico internacional (las transnacionales) y el poder político de sus países (los embajadores).
Un tercer actor es el gobierno peruano, pues hacia él se dirigirán las “presiones” que se discuten en la reunión, en este caso con la ventaja de contar con “un aliado influyente en el gobierno”: Pedro Pablo Kuczynski. Desde nuestro punto de vista otros funcionarios toledistas –que no necesariamente tienen pasaporte gringo– también fueron muy buenos “aliados influyentes”.
Un cuarto actor es la sociedad civil, a través de las ONG, internacionales (Oxfam, Amigos de la Tierra) y peruanas, los partidos políticos (Patria Roja), los sindicatos (SUTEP) y las rondas campesinas (1). Es importante notar que para las empresas mineras “siempre los problemas vienen de afuera”; los campesinos son azuzados por “los políticos”; existen intereses del narcotráfico (cultivadores de opio) para que no haya actividad minera, etc.
Los “wikileaks” hacen explícito lo obvio: las embajadas defienden sus intereses nacionales. Por tanto, desnudan ante los ciudadanos de a pie que el capital “sí tiene patria” y que siguen existiendo “intereses estratégicos nacionales”, lo que quieren ocultar quienes plantean que “salvo la inversión, todo es ilusión”: por eso, ésta puede venir de donde sea y donde quiera, con todos los beneficios que le dan los “contratos-ley” blindados por la Constitución de 1993.
Si bien los embajadores le dan el apoyo general a sus empresas, tampoco se tragan todo lo que les cuentan: piden los nombres de los “malos profesores” y dicen que, ya antes, los empresarios les han dicho “de manera poco convincente que los narcotraficantes están detrás de la oposición a las actividades mineras, en un esfuerzo por conseguir nuestra ayuda”. Ojo, pestaña y ceja.
Pero la verdad monda y lironda es que existe documentación fehaciente sobre las agresiones policiales en Majaz, detrás de las cuales estuvieron funcionarios de Monterrico Metals (MM, antes que la vendieran a la china Zijin). Recordemos que el ex Embajador del Reino Unido Richard Ralph fue Presidente Ejecutivo de MM en el 2006 y 2007 (El Embajador y las malas prácticas, www.cristaldemira.com, 17/11/08). También, que la Asamblea de Accionistas de Newmont en EEUU se autocriticó sobre la actuación de Yanacocha en Cerro Quilish en el 2004.
¿Qué nuevas reuniones se estarán llevando a cabo hoy? ¿No habrá un nuevo “wikileak” que nos cuente por qué se demora tanto la renegociación para que el Lote 88 de Camisea se destine íntegramente al mercado interno?
¿Acaso los embajadores de las empresas que conforman Perú LNG (EEUU por Hunt Oil, empresa de la cual, una vez más, PPK fue asesor entre su entrada y salida de los ministerios, bajo Toledo; España, por Repsol, Corea por SK y Japón por Marubeni) habrán hablado con el Presidente de Perupetro (o alguien más arriba) para que se acepte la inadmisible prórroga de 60 días adicionales?
Puede ser que algún día lo sepamos. Pero no queda duda que el poder económico influencia al poder político mediante negociaciones secretas inadmisibles, pero que el gobierno acepta. En el Perú ese poder económico quiere perpetuar la permanencia de las industrias extractivas y del modelo primario exportador. No debemos permitirlo.
SALARIOS BAJOS
.Por Humberto Campodónico
Hace unas semanas, CONVEAGRO difundió un comunicado en el que llamaba la atención al hecho de que “Los jornales en el campo para la producción destinada al mercado nacional se han elevado en 70%, en los últimos cuatro años, afectando seriamente los costos de producción, lo que no sucedió con los jornales que se pagan en las empresas agroexportadoras, que se mantienen congelados”. (9/1/2011)
Esto no debe sorprendernos. Las empresas agroexportadoras están relativamente fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo, cumplen más con la legislación laboral que la mayoría de las decenas de miles de pequeñas y medianas empresas agrícolas. Éstas paulatinamente deben alinear los salarios al nivel de los de la agroindustria exportadora. Así funciona el mercado laboral.
No es que las agroexportadoras sean un modelo tampoco: el propio COMEX denunciaba el ‘trabajo forzoso’ en algunas agroexportadoras de Ica , y recientemente la ministra de Trabajo declaraba que en dicho valle el 80% de empresas, ya sea de comercio, industria o agroindustrial, infringen los derechos laborales. En un estudio reciente , muestro que en la costa rural –donde está la agricultura más moderna– hay un alto incumplimiento del pago del salario mínimo vital (SMV), incluyendo en las empresas más grandes (ver cuadro).
El SMV es un salario de pobreza; aun si todos los empleadores cumpliesen, los trabajadores no escaparían a esa condición. Pero si bien las grandes agroexportadoras deberían poder absorber alzas de salarios por los beneficios que le ofrece la política estatal (incluyendo los TLC), los pequeños y medianos agricultores (que no gozan del TLC), tienen dificultades para hacerlo. Eso es lo que preocupa a Conveagro.
¿Significa ello que los asalariados de los pequeños y medianos productores agrarios están condenados a recibir salarios aún inferiores al SMV? ¿O que su incremento significa inevitablemente la quiebra y salida del mercado de esos productores, y alimentar así al neolatifundismo?
¿Qué hacer, entonces? Un camino es reducir los costos de producción de los otros factores, de manera que la competitividad no se sustente sobre el bajo costo del eslabón más débil –el trabajador– sino sobre el mejor uso y abaratamiento de sus otros componentes.
Para lograrlo hay decisiones que dependen del agricultor y otras de las políticas. Una adecuada reducción de aranceles contribuye a que los insumos importados para el agro sean más baratos. El incremento de bienes y servicios públicos y no públicos –que si no son ofrecidos por el sector privado deberían serlo por el Estado–: carreteras, información, servicios financieros y no financieros, asistencia técnica, también contribuyen a la reducción de costos. Asimismo, el fortalecimiento institucional –vigencia de contratos, mejores sistemas de comercialización– y la promoción de la asociatividad de los pequeños productores –cooperativas, etc.– permitirían mejorar la competitividad sin acudir a la sobreexplotación laboral.
Todo esto es importante, pues si la competitividad se basa en ‘cholo barato’ –y esta es una lamentable ventaja de la agroindustria moderna peruana sobre la chilena, en donde el ‘roto’ es menos barato (dicho sea de paso, ésta es una de las razones por las que vienen capitales chilenos a nuestra agricultura)– no hay manera de que el crecimiento agrícola sea también desarrollo rural.
Hace unas semanas, CONVEAGRO difundió un comunicado en el que llamaba la atención al hecho de que “Los jornales en el campo para la producción destinada al mercado nacional se han elevado en 70%, en los últimos cuatro años, afectando seriamente los costos de producción, lo que no sucedió con los jornales que se pagan en las empresas agroexportadoras, que se mantienen congelados”. (9/1/2011)
Esto no debe sorprendernos. Las empresas agroexportadoras están relativamente fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo, cumplen más con la legislación laboral que la mayoría de las decenas de miles de pequeñas y medianas empresas agrícolas. Éstas paulatinamente deben alinear los salarios al nivel de los de la agroindustria exportadora. Así funciona el mercado laboral.
No es que las agroexportadoras sean un modelo tampoco: el propio COMEX denunciaba el ‘trabajo forzoso’ en algunas agroexportadoras de Ica , y recientemente la ministra de Trabajo declaraba que en dicho valle el 80% de empresas, ya sea de comercio, industria o agroindustrial, infringen los derechos laborales. En un estudio reciente , muestro que en la costa rural –donde está la agricultura más moderna– hay un alto incumplimiento del pago del salario mínimo vital (SMV), incluyendo en las empresas más grandes (ver cuadro).
El SMV es un salario de pobreza; aun si todos los empleadores cumpliesen, los trabajadores no escaparían a esa condición. Pero si bien las grandes agroexportadoras deberían poder absorber alzas de salarios por los beneficios que le ofrece la política estatal (incluyendo los TLC), los pequeños y medianos agricultores (que no gozan del TLC), tienen dificultades para hacerlo. Eso es lo que preocupa a Conveagro.
¿Significa ello que los asalariados de los pequeños y medianos productores agrarios están condenados a recibir salarios aún inferiores al SMV? ¿O que su incremento significa inevitablemente la quiebra y salida del mercado de esos productores, y alimentar así al neolatifundismo?
¿Qué hacer, entonces? Un camino es reducir los costos de producción de los otros factores, de manera que la competitividad no se sustente sobre el bajo costo del eslabón más débil –el trabajador– sino sobre el mejor uso y abaratamiento de sus otros componentes.
Para lograrlo hay decisiones que dependen del agricultor y otras de las políticas. Una adecuada reducción de aranceles contribuye a que los insumos importados para el agro sean más baratos. El incremento de bienes y servicios públicos y no públicos –que si no son ofrecidos por el sector privado deberían serlo por el Estado–: carreteras, información, servicios financieros y no financieros, asistencia técnica, también contribuyen a la reducción de costos. Asimismo, el fortalecimiento institucional –vigencia de contratos, mejores sistemas de comercialización– y la promoción de la asociatividad de los pequeños productores –cooperativas, etc.– permitirían mejorar la competitividad sin acudir a la sobreexplotación laboral.
Todo esto es importante, pues si la competitividad se basa en ‘cholo barato’ –y esta es una lamentable ventaja de la agroindustria moderna peruana sobre la chilena, en donde el ‘roto’ es menos barato (dicho sea de paso, ésta es una de las razones por las que vienen capitales chilenos a nuestra agricultura)– no hay manera de que el crecimiento agrícola sea también desarrollo rural.
regalios
)
.Por Humberto Campodonico
Como una necesidad histórica, una demanda nacional y por sentido común, se impone una mayor participación del Estado en la riqueza producto de la renta de los recursos naturales como los mineros y los hidrocarburos. De allí, que los responsables de Perú Posible y Gana Perú suscriban la tesis del impuesto a las ganancias extraordinarias obtenidas por la actividad minera.
Recordemos que con los elevados precios del oro (más de US$ 1,300/ onza), la plata (casi US$ 30/onza) y el cobre (más de US$4/libra), las tasas de rentabilidad están por encima del 40%. Así, de cada 100 dólares de ingresos por ventas, 40 serían utilidades netas.
Sin embargo, por las dificultades parlamentarias en su aplicación, un impuesto extraordinario sería poco factible pues, entre otras razones, se necesitaría un amplio consenso o una mayoría del partido de gobierno. Por ello, un mecanismo alternativo sería elevar las tasas de regalías mineras del 3% al 10% sobre el valor de la producción, como originalmente se propuso en el Congreso en el 2002.
Abonan a favor de esta propuesta los antecedentes en la explotación de los hidrocarburos –con tasas de regalías promedio del 32% y la elevación del royalty en Chile de un promedio de 4.5% a casi 14% del margen operativo–. Esto nos permitiría una ruta más corta para incrementar las rentas fiscales. Por último, las proyecciones del oro por encima de US$ 1,500/onza hacen necesaria una mayor participación fiscal en los beneficios extraordinarios.
Con respecto a los hidrocarburos, si bien no somos un país petrolero, todas las empresas petroleras, sin excepción, abonan regalías al Estado (sea en los contratos de licencia o servicios) para acceder a la propiedad de los hidrocarburos. Hay empresas que operan en los viejos campos de Talara que pagan regalías del 50% (Unipetro, empresa de la UNI, abona una tasa de regalías equivalente del 63%, la más alta del país). También hay contratos de riesgo firmados desde el 2003 que tienen tasas de regalías del 5%, las que aumentan cuando suben los volúmenes producidos.
En resumen, el promedio de la tasa de regalías en hidrocarburos es del 32%, sin considerar el impuesto a la renta. Así, las regalías pagadas por las empresas petroleras del 2005 al 2010 totalizan US$ 5,701 millones, frente a las escuálidas regalías mineras que apenas alcanzan US$ 840 millones (ver cuadro). En el 2010 las regalías mineras fueron US$ 214 millones versus US$ 1,393 millones en hidrocarburos.
En cuanto a la minería, incrementar las tasas de regalías del 3% al 10% sobre el valor de la producción de concentrados o su equivalente, para todas aquellas empresas que tienen ingresos por encima de US$ 120 millones, no sería suficiente. Debe existir la suficiente voluntad política del nuevo gobierno para renegociar los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa de empresas como Yanacocha, Antamina, Tintaya, Cerro Verde y Barrick que, amparadas en cuestionados “escudos fiscales”, no están compartiendo con el Estado las rentas extraordinarias producto de los altos precios.
Tanto los hidrocarburos como los minerales constituyen recursos naturales agotables y no renovables, cuya explotación “descapitaliza” al país si la riqueza no es redistribuida equitativamente con el Estado para que éste pueda enfrentar y resolver los déficits de salud, educación, infraestructura, seguridad, etc.
Sin una razonable participación fiscal en las rentas extraordinarias –y sin una industrialización de los recursos mineros– se fortalece el modelo minero, que trae consigo un crecimiento empobrecedor.
.Por Humberto Campodonico
Como una necesidad histórica, una demanda nacional y por sentido común, se impone una mayor participación del Estado en la riqueza producto de la renta de los recursos naturales como los mineros y los hidrocarburos. De allí, que los responsables de Perú Posible y Gana Perú suscriban la tesis del impuesto a las ganancias extraordinarias obtenidas por la actividad minera.
Recordemos que con los elevados precios del oro (más de US$ 1,300/ onza), la plata (casi US$ 30/onza) y el cobre (más de US$4/libra), las tasas de rentabilidad están por encima del 40%. Así, de cada 100 dólares de ingresos por ventas, 40 serían utilidades netas.
Sin embargo, por las dificultades parlamentarias en su aplicación, un impuesto extraordinario sería poco factible pues, entre otras razones, se necesitaría un amplio consenso o una mayoría del partido de gobierno. Por ello, un mecanismo alternativo sería elevar las tasas de regalías mineras del 3% al 10% sobre el valor de la producción, como originalmente se propuso en el Congreso en el 2002.
Abonan a favor de esta propuesta los antecedentes en la explotación de los hidrocarburos –con tasas de regalías promedio del 32% y la elevación del royalty en Chile de un promedio de 4.5% a casi 14% del margen operativo–. Esto nos permitiría una ruta más corta para incrementar las rentas fiscales. Por último, las proyecciones del oro por encima de US$ 1,500/onza hacen necesaria una mayor participación fiscal en los beneficios extraordinarios.
Con respecto a los hidrocarburos, si bien no somos un país petrolero, todas las empresas petroleras, sin excepción, abonan regalías al Estado (sea en los contratos de licencia o servicios) para acceder a la propiedad de los hidrocarburos. Hay empresas que operan en los viejos campos de Talara que pagan regalías del 50% (Unipetro, empresa de la UNI, abona una tasa de regalías equivalente del 63%, la más alta del país). También hay contratos de riesgo firmados desde el 2003 que tienen tasas de regalías del 5%, las que aumentan cuando suben los volúmenes producidos.
En resumen, el promedio de la tasa de regalías en hidrocarburos es del 32%, sin considerar el impuesto a la renta. Así, las regalías pagadas por las empresas petroleras del 2005 al 2010 totalizan US$ 5,701 millones, frente a las escuálidas regalías mineras que apenas alcanzan US$ 840 millones (ver cuadro). En el 2010 las regalías mineras fueron US$ 214 millones versus US$ 1,393 millones en hidrocarburos.
En cuanto a la minería, incrementar las tasas de regalías del 3% al 10% sobre el valor de la producción de concentrados o su equivalente, para todas aquellas empresas que tienen ingresos por encima de US$ 120 millones, no sería suficiente. Debe existir la suficiente voluntad política del nuevo gobierno para renegociar los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa de empresas como Yanacocha, Antamina, Tintaya, Cerro Verde y Barrick que, amparadas en cuestionados “escudos fiscales”, no están compartiendo con el Estado las rentas extraordinarias producto de los altos precios.
Tanto los hidrocarburos como los minerales constituyen recursos naturales agotables y no renovables, cuya explotación “descapitaliza” al país si la riqueza no es redistribuida equitativamente con el Estado para que éste pueda enfrentar y resolver los déficits de salud, educación, infraestructura, seguridad, etc.
Sin una razonable participación fiscal en las rentas extraordinarias –y sin una industrialización de los recursos mineros– se fortalece el modelo minero, que trae consigo un crecimiento empobrecedor.
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