Generar mayor valor agregado
Por Santiago Roca
Profesor Principal, Universidad ESAN
En el poco tiempo de gestión del actual gobierno sobresalen nítidamente las acciones anunciadas en el tema de inclusión social, pero no se ha apreciado hasta el momento contundencia en la apuesta por la generación de riqueza y el impulso a la creación de valor en las actividades económicas: el otro pilar de la Hoja de Ruta y del programa del actual gobierno.
Para que el Perú progrese y sea una nación con ingresos por trabajo decentes debe lograr que una mayor proporción del valor agregado proceda no tanto de la extracción o utilización simple de los recursos naturales y humanos sino de la transformación de estos en actividades con mayor valor. La “industrialidad” genera aprendizaje, nuevas destrezas y capacidades, aumenta la complejidad y variedad, crea profesiones más calificadas y un empleo e ingreso de mayor paga y calidad.
Si bien el tema ha sido parte del discurso y de algunas de las políticas anunciadas por el Primer Ministro, ellas han sido aisladas y no han tenido la claridad, énfasis e integralidad, para que sean relievadas como pilares del programa de gobierno. Un discurso que pasó inadvertido, por ejemplo, fue el que pronunciara el Primer Ministro en un evento científico (http://www.youtube.com/watch?v=pd9pdJGAwqQ) en donde expresó la urgencia y la necesidad de impulsar políticas que incorporen mayor conocimiento y valor agregado en las actividades económicas. En su presentación al Congreso, se volvió a tocar el tema, pero el énfasis se dio en el lado organizacional: la necesidad de fusionar las distintas unidades del Estado en una agencia para promover la competitividad y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Dar mayor protagonismo al objetivo de generar más riqueza y valor agregado en la economía nacional implica, por ejemplo, dar señales claras de que el gravamen a las sobreganancias mineras sería mayor para aquellas empresas que exportan productos poco elaborados, o que no se devolverá el IGV a las compras ni habrá “drawback” a todas las exportaciones de materias primas.
Se podría también canjear impuestos por proyectos de innovación y premiar las actividades que conectan, se aprovisionan o transfieren tecnologías a la economía local. La formación de complejos metal mecánicos, conglomerados especializados en agroindustria, construcción, petroquímica, turismo, debieran tener incentivos especiales y temporales, premiándose a la inversión que añada más valor.
Inexplicablemente, la política acerca del gas favorece las exportaciones y las rentas extraordinarias de los consorcios gasíferos, en vez de ser un factor que eleve la competitividad y genere industrias con mayor valor agregado nacional.
El aumento de la productividad, la calidad y la competitividad no solamente a nivel de la empresa sino de la economía en general son parte de la política integral de crecimiento sostenido con inclusión que se debe apostar. Por ello, todas las políticas económicas, incentivos y leyes debieran ser evaluados previamente por su posible impacto y contribución en la generación de mayor valor agregado nacional.
domingo, 13 de noviembre de 2011
PBI
- Santiago Roca » El PBI sin precios tan altos en las materias primas
La economía peruana se ha visto favorecida por las altas cotizaciones de los principales minerales que el país exporta. Así, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010, la cotización del oro aumentó de US$ 280 a US$ 1,178 la onza troy, mientras el precio del cobre subió de ¢US$ 80 a ¢US$ 308 la libra.
De acuerdo al BCRP, el índice de precios de las exportaciones que considera tanto los productos tradicionales como los no tradicionales creció entre el 2000 y el 2010 en 179%, observándose hasta cuatro periodos: i) precios relativamente estables entre el 2000 y el 2003; ii) alza de precios sostenida entre el 2004 y el 2008, del orden del 19% al año; iii) caída del precio del 13% en el 2009; y, iv) rápida recuperación en el 2010, incluso 11% superior al pico alcanzado el 2008.
De otro lado, los precios de las importaciones presentaron un crecimiento acumulado del 86% entre el 2000 y el 2010, siendo su período de mayor alza entre el 2004 y el 2008 a una tasa promedio anual del 12%. Los términos de intercambio, es decir, la capacidad de compra de nuestras exportaciones en términos de los bienes que el país demanda del exterior, aumentaron en 50%. Este entorno comercial favorable elevó los flujos de dólares, generó superávits en la balanza comercial, aumentó la disponibilidad de fondos, aumentó el gasto doméstico y, por ende, elevó la producción.
¿Si los precios no hubiesen sido tan favorables, qué habría sucedido con el crecimiento del PBI?
Asumiendo solo variación de los precios de las exportaciones e importaciones sin sus efectos en el resto de variables económicas que afectan el PBI se puede simular dos hipotéticos escenarios: el primero, asumiendo precios de las exportaciones constantes a los niveles del año 2000; y el segundo, asumiendo precios de las exportaciones creciendo al mismo ritmo de los precios de las importaciones (86%), con lo cual los términos de intercambio se mantienen a los niveles del 2000.
En el primer escenario (proyección 1), con congelamiento de los precios de las exportaciones, la proyección nos indica que el crecimiento de la economía entre el 2000 y el 2010 estaría llegando a una tasa media anual de 3.7% (43% acumulado), cifra bastante menor al crecimiento efectivamente observado de 5,7% promedio al año (74% acumulado).
En el segundo caso, el producto (proyección 2) hubiera estado creciendo a una tasa promedio anual de 4,7% (58% acumulado). Esto significa que la economía entre el 2000 y el 2010 habría crecido a una tasa anual de 4,7% y no en 5,7%.
Entre uno y dos puntos menos de crecimiento del PBI al año, por 10 años, podía haber sido el efecto de menores precios en las exportaciones en la década pasada. En el futuro hay que prever no solo por si bajan los precios sino también por si la demanda externa cae debido a la recesión esperada.
La economía peruana se ha visto favorecida por las altas cotizaciones de los principales minerales que el país exporta. Así, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010, la cotización del oro aumentó de US$ 280 a US$ 1,178 la onza troy, mientras el precio del cobre subió de ¢US$ 80 a ¢US$ 308 la libra.
De acuerdo al BCRP, el índice de precios de las exportaciones que considera tanto los productos tradicionales como los no tradicionales creció entre el 2000 y el 2010 en 179%, observándose hasta cuatro periodos: i) precios relativamente estables entre el 2000 y el 2003; ii) alza de precios sostenida entre el 2004 y el 2008, del orden del 19% al año; iii) caída del precio del 13% en el 2009; y, iv) rápida recuperación en el 2010, incluso 11% superior al pico alcanzado el 2008.
De otro lado, los precios de las importaciones presentaron un crecimiento acumulado del 86% entre el 2000 y el 2010, siendo su período de mayor alza entre el 2004 y el 2008 a una tasa promedio anual del 12%. Los términos de intercambio, es decir, la capacidad de compra de nuestras exportaciones en términos de los bienes que el país demanda del exterior, aumentaron en 50%. Este entorno comercial favorable elevó los flujos de dólares, generó superávits en la balanza comercial, aumentó la disponibilidad de fondos, aumentó el gasto doméstico y, por ende, elevó la producción.
¿Si los precios no hubiesen sido tan favorables, qué habría sucedido con el crecimiento del PBI?
Asumiendo solo variación de los precios de las exportaciones e importaciones sin sus efectos en el resto de variables económicas que afectan el PBI se puede simular dos hipotéticos escenarios: el primero, asumiendo precios de las exportaciones constantes a los niveles del año 2000; y el segundo, asumiendo precios de las exportaciones creciendo al mismo ritmo de los precios de las importaciones (86%), con lo cual los términos de intercambio se mantienen a los niveles del 2000.
En el primer escenario (proyección 1), con congelamiento de los precios de las exportaciones, la proyección nos indica que el crecimiento de la economía entre el 2000 y el 2010 estaría llegando a una tasa media anual de 3.7% (43% acumulado), cifra bastante menor al crecimiento efectivamente observado de 5,7% promedio al año (74% acumulado).
En el segundo caso, el producto (proyección 2) hubiera estado creciendo a una tasa promedio anual de 4,7% (58% acumulado). Esto significa que la economía entre el 2000 y el 2010 habría crecido a una tasa anual de 4,7% y no en 5,7%.
Entre uno y dos puntos menos de crecimiento del PBI al año, por 10 años, podía haber sido el efecto de menores precios en las exportaciones en la década pasada. En el futuro hay que prever no solo por si bajan los precios sino también por si la demanda externa cae debido a la recesión esperada.
EFICIENCIA
Pedro Francke » Recursos para la eficiencia
Hace ya varios años he escrito sobre esta discusión central en la política social: habiendo como hay mucha ineficiencia, ¿debemos esperar que se reformen antes de destinarles más recursos, o es necesario tener más presupuesto para poder hacer las reformas que generen eficacia?
La primera afirmación parece tener lógica: si son ineficientes, ¿para qué añadirles plata? ¿Mejor no sería exigirles que hagan ahorros mejorando su eficiencia, y que en todo caso usen esos ahorros para mejorar sus servicios?
Cuando trece años atrás asistí con el equipo de reforma del Ministerio de Salud a presentar nuestras propuestas al MEF solicitándoles apoyo presupuestal, el entonces jefe del Gabinete de Asesores del MEF retrucó con una propuesta increíblemente simple: por qué no venden un hospital y con esa plata hacen las reformas. Todos nos quedamos atónitos, la propuesta era tan radicalmente privatista que nadie se había atrevido a hacerla en público.
Como digo, no es la primera vez que insisto en que la opción de hacer reformas sin presupuesto adicional es muy difícil de implementar. Veo hoy esto en Essalud.
Cuando se parte de un déficit anual de 400 millones de soles y de un presupuesto recortado en 700 millones de soles anuales por una ley que reduce las aportaciones, ¿de dónde sacar recursos para invertir en sistemas informáticos que permitan mejorar la eficiencia de los procesos de gestión, considerando que programas críticos no se actualizan hace más de una década?
Cuando las emergencias de los hospitales nacionales tienen que atender a 40% o 60% más pacientes que su capacidad instalada y Essalud tiene un déficit de 1.400 camas, lo cual genera un clamor de los asegurados por mejor atención, ¿cómo priorizar la promoción de la salud y destinar presupuesto a mejorar los hábitos y conocimientos de salud de la población?
Cuando en este contexto de estrechez presupuestal se tienen alianzas público-privadas que costarían hasta 600 millones de soles anuales e inversiones en hospitales ya contratadas con las empresas constructores por otros 400 millones de soles, ¿de dónde sacar para hacer el gran esfuerzo que significa fortalecer la atención primaria de salud y así ahorrar recursos evitando enfermedades más graves y costosas?
Cuando los médicos, profesionales de salud y trabajadores no han visto mayores aumentos en varios años, se les ha quitado el bono de productividad y hay que hacer un gran esfuerzo para reponerlo, pero no queda presupuesto para dar los aumentos necesarios, ¿cómo promover una mejor atención a los pacientes y un mayor compromiso con los asegurados?
Como he dicho antes también, ni reformas sin presupuesto, ni presupuesto sin reformas: presupuesto para las reformas. Fondos públicos para cambiar el modelo de atención, mejorar el trato a los pacientes y hacer eficiente la gestión administrativa. Esto es lo que en todo el planeta promueven instituciones como el Banco Mundial, y lo que también debemos hacer en el Perú.
Hace ya varios años he escrito sobre esta discusión central en la política social: habiendo como hay mucha ineficiencia, ¿debemos esperar que se reformen antes de destinarles más recursos, o es necesario tener más presupuesto para poder hacer las reformas que generen eficacia?
La primera afirmación parece tener lógica: si son ineficientes, ¿para qué añadirles plata? ¿Mejor no sería exigirles que hagan ahorros mejorando su eficiencia, y que en todo caso usen esos ahorros para mejorar sus servicios?
Cuando trece años atrás asistí con el equipo de reforma del Ministerio de Salud a presentar nuestras propuestas al MEF solicitándoles apoyo presupuestal, el entonces jefe del Gabinete de Asesores del MEF retrucó con una propuesta increíblemente simple: por qué no venden un hospital y con esa plata hacen las reformas. Todos nos quedamos atónitos, la propuesta era tan radicalmente privatista que nadie se había atrevido a hacerla en público.
Como digo, no es la primera vez que insisto en que la opción de hacer reformas sin presupuesto adicional es muy difícil de implementar. Veo hoy esto en Essalud.
Cuando se parte de un déficit anual de 400 millones de soles y de un presupuesto recortado en 700 millones de soles anuales por una ley que reduce las aportaciones, ¿de dónde sacar recursos para invertir en sistemas informáticos que permitan mejorar la eficiencia de los procesos de gestión, considerando que programas críticos no se actualizan hace más de una década?
Cuando las emergencias de los hospitales nacionales tienen que atender a 40% o 60% más pacientes que su capacidad instalada y Essalud tiene un déficit de 1.400 camas, lo cual genera un clamor de los asegurados por mejor atención, ¿cómo priorizar la promoción de la salud y destinar presupuesto a mejorar los hábitos y conocimientos de salud de la población?
Cuando en este contexto de estrechez presupuestal se tienen alianzas público-privadas que costarían hasta 600 millones de soles anuales e inversiones en hospitales ya contratadas con las empresas constructores por otros 400 millones de soles, ¿de dónde sacar para hacer el gran esfuerzo que significa fortalecer la atención primaria de salud y así ahorrar recursos evitando enfermedades más graves y costosas?
Cuando los médicos, profesionales de salud y trabajadores no han visto mayores aumentos en varios años, se les ha quitado el bono de productividad y hay que hacer un gran esfuerzo para reponerlo, pero no queda presupuesto para dar los aumentos necesarios, ¿cómo promover una mejor atención a los pacientes y un mayor compromiso con los asegurados?
Como he dicho antes también, ni reformas sin presupuesto, ni presupuesto sin reformas: presupuesto para las reformas. Fondos públicos para cambiar el modelo de atención, mejorar el trato a los pacientes y hacer eficiente la gestión administrativa. Esto es lo que en todo el planeta promueven instituciones como el Banco Mundial, y lo que también debemos hacer en el Perú.
HAMBRE
- Jürgen Schuldt » Hambre y desperdicio de alimentos
Por: Jürgen Schuldt
Según las cifras sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, recientemente dadas a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se dejan de aprovechar 670 millones de toneladas de alimentos perfectamente comestibles en los países industrializados y 630’ adicionales en los países en desarrollo.
En ese contexto, hace unos años, el Director Ejecutivo de la FAO aludía a un contraste indignante: en 2006 el mundo gastó 1.200 miles de millones de dólares en armamento, mientras se desperdiciaba comida por un múltiplo de ese valor. Cifra que también podríamos contrastar con el hecho de que en ese año el exceso de consumo por parte de los obesos ascendió a US$ 20.000 millones a nivel mundial. Algo que nos debería llamar a reflexión y a cambiar de comportamiento a quienes vivimos en la abundancia.
Más aún, según el mencionado director: “Frente a este telón de fondo, ¿cómo explicamos a personas con sentido común y buena fe que no es posible conseguir 30.000 millones de dólares al año que permitan a 862 millones de personas hambrientas disfrutar del más elemental de los derechos humanos: el derecho a la alimentación y por tanto el derecho a la vida?”.
El gráfico adjunto nos muestra que los países que más pierden y desperdician alimentos por habitante, en sus diversas etapas de extracción, transformación, transporte y consumo, son los llamados “desarrollados”, consecuencia de sus altos niveles de ingreso y su creciente desidia y despreocupación en materia de gasto en comida.
Sin embargo, en ambos grupos de países, la pérdida de alimentos es bastante superior en las fases propiamente productivas (extracción, almacenamiento, distribución al por mayor y al por menor). Como tal, el problema del desperdicio evitable en el consumo, aunque muy grave, es efectivamente menor a los desechos en la producción, con lo que este se convierte en el principal escollo para afrontar el problema del hambre.
Sorprendentemente, según el diagrama, América Latina pierde más alimentos per cápita en la fase pre-consumo que todas las demás regiones. A este respecto, el estudio mencionado nos dice que “las causas de las pérdidas de alimentos en los países de bajos ingresos están relacionadas principalmente con limitaciones financieras, administrativas y técnicas en los procesos de cosecha, almacenamiento y en las facilidades de congelamiento en condiciones climáticas difíciles, en la infraestructura deficiente y los sistemas de empaque y mercadeo”.
De otra parte, los consumidores desechan alimentos adquiridos, que bien podrían consumirse. Estos montos son impresionantes, medidos en kilos por habitante: América del Norte, 130; Europa, 100, Asia industrial, 80; África del Norte y Asia Occidental y Central, 35; América Latina, 25; y África Subsahariana, 8. Es decir, a más abundancia, más desperdicio evitable de alimentos por persona.
Un mayor cuidado en las decisiones de compra y preparación de alimentos, por un lado, y un más eficiente manejo de la cosecha y distribución de alimentos, por el otro, podría resolver fácilmente el problema de esas mil millones de personas que hoy en día se acuestan con hambre todas las noches en el mundo.
Por: Jürgen Schuldt
Según las cifras sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, recientemente dadas a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se dejan de aprovechar 670 millones de toneladas de alimentos perfectamente comestibles en los países industrializados y 630’ adicionales en los países en desarrollo.
En ese contexto, hace unos años, el Director Ejecutivo de la FAO aludía a un contraste indignante: en 2006 el mundo gastó 1.200 miles de millones de dólares en armamento, mientras se desperdiciaba comida por un múltiplo de ese valor. Cifra que también podríamos contrastar con el hecho de que en ese año el exceso de consumo por parte de los obesos ascendió a US$ 20.000 millones a nivel mundial. Algo que nos debería llamar a reflexión y a cambiar de comportamiento a quienes vivimos en la abundancia.
Más aún, según el mencionado director: “Frente a este telón de fondo, ¿cómo explicamos a personas con sentido común y buena fe que no es posible conseguir 30.000 millones de dólares al año que permitan a 862 millones de personas hambrientas disfrutar del más elemental de los derechos humanos: el derecho a la alimentación y por tanto el derecho a la vida?”.
El gráfico adjunto nos muestra que los países que más pierden y desperdician alimentos por habitante, en sus diversas etapas de extracción, transformación, transporte y consumo, son los llamados “desarrollados”, consecuencia de sus altos niveles de ingreso y su creciente desidia y despreocupación en materia de gasto en comida.
Sin embargo, en ambos grupos de países, la pérdida de alimentos es bastante superior en las fases propiamente productivas (extracción, almacenamiento, distribución al por mayor y al por menor). Como tal, el problema del desperdicio evitable en el consumo, aunque muy grave, es efectivamente menor a los desechos en la producción, con lo que este se convierte en el principal escollo para afrontar el problema del hambre.
Sorprendentemente, según el diagrama, América Latina pierde más alimentos per cápita en la fase pre-consumo que todas las demás regiones. A este respecto, el estudio mencionado nos dice que “las causas de las pérdidas de alimentos en los países de bajos ingresos están relacionadas principalmente con limitaciones financieras, administrativas y técnicas en los procesos de cosecha, almacenamiento y en las facilidades de congelamiento en condiciones climáticas difíciles, en la infraestructura deficiente y los sistemas de empaque y mercadeo”.
De otra parte, los consumidores desechan alimentos adquiridos, que bien podrían consumirse. Estos montos son impresionantes, medidos en kilos por habitante: América del Norte, 130; Europa, 100, Asia industrial, 80; África del Norte y Asia Occidental y Central, 35; América Latina, 25; y África Subsahariana, 8. Es decir, a más abundancia, más desperdicio evitable de alimentos por persona.
Un mayor cuidado en las decisiones de compra y preparación de alimentos, por un lado, y un más eficiente manejo de la cosecha y distribución de alimentos, por el otro, podría resolver fácilmente el problema de esas mil millones de personas que hoy en día se acuestan con hambre todas las noches en el mundo.
MACROREGION
Economista (DESCO)
La formación de seis macrorregiones, como parte de la estrategia de descentralización y reforma del Estado, ha sido parte del plato fuerte de la presentación del Premier en el Congreso. Una decisión firme, pero con información escasa, nadie sabe ¿con quién tendrá que juntarse?, ¿cuándo empieza el proceso? y ¿hacia dónde caminamos?
Con el transcurrir de los días tenemos algunas pistas adicionales, que siguen sin responder las grandes preguntas. Sabemos que el Premier se refería a cinco Macrorregiones, además de Lima y Callao, que puedan ser autosuficientes económica, política y socialmente, ubicadas en los siguientes espacios: Norte, Amazonía, Centro Andino, Centro Sur y Sur.
La base del diagnóstico, que lo compartimos en mayoría, es que el actual proceso de descentralización, con 26 gobiernos regionales, no resulta viable para los objetivos que se quieren alcanzar: mejora en la calidad de los servicios públicos de todo el país y una inversión pública de calidad, que potencie el crecimiento económico descentralizado.
En esta línea un grupo de especialistas, a solicitud del gobierno peruano, ha definido una “Propuesta orientada a la efectivización del de Plan Nacional de Regionalización” que incorpora las variables institucionales, políticas y económicas para la conformación de regiones. Su principal conclusión, que la comparte el Premier, es que la delimitación política-administrativa es la última parte de un proceso y no el inicio. No repitamos los errores, empezar por definir quién se junta con quién, ya sea desde el escritorio (como en 1989) o por referéndum (como en 2005), solo puede llevarnos al fracaso anticipado.
La segunda gran conclusión es que tenemos que empezar ya. Se tienen que definir espacios institucionales, administrativos y presupuestales para una gestión compartida y eficiente de los servicios públicos. La costumbre en la administración pública peruana es oponerse a cualquier diseño alternativo a su funcionamiento, somos resistentes al cambio y cualquier modernización es considerada una amenaza al control y el orden. Las cosas no están bien como están, el gobierno tendrá que jugarse parte de su luna de miel, colocando instancias interregionales con presupuesto y funciones, que deben ser evaluadas y perfeccionadas cada año fiscal.
Por último, pero no por eso menos importante, se tienen que definir las prioridades del proceso de regionalización. En el mismo discurso el Premier anunció la creación de un Ministerio dedicado a tiempo completo a la gestión de los programas sociales, por tanto es una función que se ha reservado el gobierno nacional, que la ejecutará con la participación y el apoyo de los gobiernos subnacionales. Entonces, la principal función de las Macrorregiones debe ser la promoción del desarrollo, entendido como la inversión pública en infraestructura básica, la promoción de la integración de los mercados y la eliminación de las barreras para el crecimiento de las pequeñas empresas, principales generadoras de empleo.
La tarea no es sencilla, una cosa es con guitarra y otra con cajón. El proceso de descentralización requiere un giro, para eso se reúnen los presidentes regionales y la PCM la siguiente semana, ¿estarán a la altura de las circunstancias? Esperamos que sí.
La formación de seis macrorregiones, como parte de la estrategia de descentralización y reforma del Estado, ha sido parte del plato fuerte de la presentación del Premier en el Congreso. Una decisión firme, pero con información escasa, nadie sabe ¿con quién tendrá que juntarse?, ¿cuándo empieza el proceso? y ¿hacia dónde caminamos?
Con el transcurrir de los días tenemos algunas pistas adicionales, que siguen sin responder las grandes preguntas. Sabemos que el Premier se refería a cinco Macrorregiones, además de Lima y Callao, que puedan ser autosuficientes económica, política y socialmente, ubicadas en los siguientes espacios: Norte, Amazonía, Centro Andino, Centro Sur y Sur.
La base del diagnóstico, que lo compartimos en mayoría, es que el actual proceso de descentralización, con 26 gobiernos regionales, no resulta viable para los objetivos que se quieren alcanzar: mejora en la calidad de los servicios públicos de todo el país y una inversión pública de calidad, que potencie el crecimiento económico descentralizado.
En esta línea un grupo de especialistas, a solicitud del gobierno peruano, ha definido una “Propuesta orientada a la efectivización del de Plan Nacional de Regionalización” que incorpora las variables institucionales, políticas y económicas para la conformación de regiones. Su principal conclusión, que la comparte el Premier, es que la delimitación política-administrativa es la última parte de un proceso y no el inicio. No repitamos los errores, empezar por definir quién se junta con quién, ya sea desde el escritorio (como en 1989) o por referéndum (como en 2005), solo puede llevarnos al fracaso anticipado.
La segunda gran conclusión es que tenemos que empezar ya. Se tienen que definir espacios institucionales, administrativos y presupuestales para una gestión compartida y eficiente de los servicios públicos. La costumbre en la administración pública peruana es oponerse a cualquier diseño alternativo a su funcionamiento, somos resistentes al cambio y cualquier modernización es considerada una amenaza al control y el orden. Las cosas no están bien como están, el gobierno tendrá que jugarse parte de su luna de miel, colocando instancias interregionales con presupuesto y funciones, que deben ser evaluadas y perfeccionadas cada año fiscal.
Por último, pero no por eso menos importante, se tienen que definir las prioridades del proceso de regionalización. En el mismo discurso el Premier anunció la creación de un Ministerio dedicado a tiempo completo a la gestión de los programas sociales, por tanto es una función que se ha reservado el gobierno nacional, que la ejecutará con la participación y el apoyo de los gobiernos subnacionales. Entonces, la principal función de las Macrorregiones debe ser la promoción del desarrollo, entendido como la inversión pública en infraestructura básica, la promoción de la integración de los mercados y la eliminación de las barreras para el crecimiento de las pequeñas empresas, principales generadoras de empleo.
La tarea no es sencilla, una cosa es con guitarra y otra con cajón. El proceso de descentralización requiere un giro, para eso se reúnen los presidentes regionales y la PCM la siguiente semana, ¿estarán a la altura de las circunstancias? Esperamos que sí.
olmos
- Fernando Eguren » Las tierras de Olmos: ¿alternativa al latifundio?
Por: Fernando Eguren
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Después de varias postergaciones, se ha fijado el 10 de noviembre la fecha límite para iniciar el proceso de venta de las 38 mil hectáreas de tierras eriazas que serán incorporadas al cultivo gracias a la irrigación de Olmos. La propuesta inicial era vender 8 módulos de 500 has cada uno y 34 módulos de 1000 has. Puesto que son acumulables, esto daría lugar a nuevos latifundios. Esta propuesta estaba muy a tono con la concepción perrohortelana de Alan García de entregar los recursos naturales a los grandes inversionistas.
A la oposición que fue surgiendo, desde distintos sectores de opinión, contra la conformación de más neolatifundios –que ya dominan el paisaje rural en varios valles de la costa–, se sumó la de los lambayecanos, frustrados de no poder acceder a las tierras. En efecto, el precio base de cada hectárea es de 4250 dólares, y por lo menos otro tanto es necesario para ponerlas en producción. Imposible acceder a módulos de tales dimensiones. Una propuesta posterior incluyó módulos de 250 has, área aún inalcanzable.
Es preciso llamar la atención que hay en curso un debate internacional sobre el proceso de acaparamiento de tierras que está ocurriendo en muchos países del mundo en desarrollo, en el que son actores principales tanto inversionistas transnacionales como nacionales. Entre los inconvenientes principales de dicho proceso es que se dedican mayormente a productos de exportación y a biocombustibles –poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones nacionales–, el excesivo poder económico y social que concentran localmente, el monocultivo y la marginación de la pequeña agricultura.
Frente a esta situación, el Ministerio de Agricultura contempla la adquisición por el Estado de 8 mil has de terreno, para formar 160 módulos de 50 has cada uno, que serían adquiridas por inversionistas y agricultores medianos. Además, daría facilidades financieras para su adquisición y puesta en producción. Es un paso importante, pero netamente insuficiente, pues se podrán formar latifundios sobre las 30 mil has restantes.
Mientras tanto, la publicidad alrededor de la venta de las tierras de Olmos ha creado expectativa entre inversionistas extranjeros. Desde nuestro vecino del sur viene la información de que están interesados al menos 100 chilenos, principalmente agricultores, pero también family offices que pretenden realizar asociaciones con productores internacionales de biocombustibles para rentabilizar con ello la inversión (1).
En nombre de la equidad y la inclusión, el gobierno debería definir una política de distribución de tierras en irrigaciones. Se proyecta que en los próximos años nuevas obras de irrigación en la costa incrementarán la frontera agrícola en alrededor de 180 mil has. Para jugar con números: dado que las compras pueden ser acumulativas, por lo menos hasta el momento, podrían crearse 90 latifundios de 2 mil has, 180 de mil has, 3600 de 50 has o 7200 de 25 has.
En cuanto a quienes mantienen que son necesarias grandes extensiones para ser competitivos en la economía globalizada, que lo demuestren; la conclusión de estudios realizados en muchos países durante muchos años objeta esta creencia
Por: Fernando Eguren
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Después de varias postergaciones, se ha fijado el 10 de noviembre la fecha límite para iniciar el proceso de venta de las 38 mil hectáreas de tierras eriazas que serán incorporadas al cultivo gracias a la irrigación de Olmos. La propuesta inicial era vender 8 módulos de 500 has cada uno y 34 módulos de 1000 has. Puesto que son acumulables, esto daría lugar a nuevos latifundios. Esta propuesta estaba muy a tono con la concepción perrohortelana de Alan García de entregar los recursos naturales a los grandes inversionistas.
A la oposición que fue surgiendo, desde distintos sectores de opinión, contra la conformación de más neolatifundios –que ya dominan el paisaje rural en varios valles de la costa–, se sumó la de los lambayecanos, frustrados de no poder acceder a las tierras. En efecto, el precio base de cada hectárea es de 4250 dólares, y por lo menos otro tanto es necesario para ponerlas en producción. Imposible acceder a módulos de tales dimensiones. Una propuesta posterior incluyó módulos de 250 has, área aún inalcanzable.
Es preciso llamar la atención que hay en curso un debate internacional sobre el proceso de acaparamiento de tierras que está ocurriendo en muchos países del mundo en desarrollo, en el que son actores principales tanto inversionistas transnacionales como nacionales. Entre los inconvenientes principales de dicho proceso es que se dedican mayormente a productos de exportación y a biocombustibles –poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones nacionales–, el excesivo poder económico y social que concentran localmente, el monocultivo y la marginación de la pequeña agricultura.
Frente a esta situación, el Ministerio de Agricultura contempla la adquisición por el Estado de 8 mil has de terreno, para formar 160 módulos de 50 has cada uno, que serían adquiridas por inversionistas y agricultores medianos. Además, daría facilidades financieras para su adquisición y puesta en producción. Es un paso importante, pero netamente insuficiente, pues se podrán formar latifundios sobre las 30 mil has restantes.
Mientras tanto, la publicidad alrededor de la venta de las tierras de Olmos ha creado expectativa entre inversionistas extranjeros. Desde nuestro vecino del sur viene la información de que están interesados al menos 100 chilenos, principalmente agricultores, pero también family offices que pretenden realizar asociaciones con productores internacionales de biocombustibles para rentabilizar con ello la inversión (1).
En nombre de la equidad y la inclusión, el gobierno debería definir una política de distribución de tierras en irrigaciones. Se proyecta que en los próximos años nuevas obras de irrigación en la costa incrementarán la frontera agrícola en alrededor de 180 mil has. Para jugar con números: dado que las compras pueden ser acumulativas, por lo menos hasta el momento, podrían crearse 90 latifundios de 2 mil has, 180 de mil has, 3600 de 50 has o 7200 de 25 has.
En cuanto a quienes mantienen que son necesarias grandes extensiones para ser competitivos en la economía globalizada, que lo demuestren; la conclusión de estudios realizados en muchos países durante muchos años objeta esta creencia
inclusion
Por: Javier Diez Canseco
Norberto García, consultor internacional invitado por Ceplan, hizo un descarnado análisis del “crecimiento rápido y distribución del ingreso en el Perú 1990-010”. Con un análisis macroortodoxo y desarrollando ecuaciones sobre la distribución del ingreso, García sometió a riguroso examen el milagro económico del crecimiento peruano, señalando que un crecimiento basado en la aceleración de inversiones y exportaciones presiona a un deterioro en la distribución del ingreso que las políticas públicas deben corregir.
Las Cuentas Nacionales 1990-2010 evidencian que la participación de inversiones y exportaciones aumenta su intervención en el PBI en 12.1% y las utilidades crecen 11.3% adicional al PBI, mientras que las remuneraciones disminuyen su participación en el PBI en casi 12%. La riqueza se concentra en pocos.
El crecimiento acelerado del 2002-2010 “descansa en un rápido aumento de las exportaciones y de la inversión privada” (por elevadísimos precios para una economía primario exportadora) y el modelo no enfrentó la injusta distribución del ingreso. García apunta a cómo este modelo deteriora, intrínsecamente, la distribución de la riqueza. Los beneficios en relación con el capital aumentaron de 18% en 1990 a 28% en 2010. Mientras tanto, desde 1990 se desregula el mercado laboral y cae en su participación al PBI: cholo barato.
García dice que ello es negativo para mantener una tasa de crecimiento y advierte que el modelo hace muy difícil que las políticas sociales tradicionales, asistenciales, puedan compensar el deterioro de la distribución de la riqueza que marca la vida de millones. Cuestiona que se haya producido una importante disminución de desigualdades (Jaramillo y Saavedra, 2011) y discrepa de los indicadores y métodos usuales. También dice que no basta con políticas redistributivas habituales (asistenciales) para corregir esta situación y mantener crecimiento. Llama a incrementar la presión y recaudación tributaria en no menos del 5%, reduciendo la evasión y gravando más los ingresos. Pero, no con menor importancia, llama a desarrollar “políticas muy creativas que incidan en la redistribución secundaria del ingreso, particularmente del ingreso de las familias…”.
Y coloca el énfasis no solo en el aumento de salarios, sino especialmente en la necesidad de desarrollar políticas para aumentar la productividad del trabajo en las familias de menores ingresos, especialmente en las economías rurales de comunidades y pequeños propietarios”. En “programas que buscan elevar la productividad y mejorar la inserción de los pobres, que transfieran acceso a recursos (crédito, comunicaciones, equipos) y conocimiento (no solo recursos) y permitan el aumento de la producción e ingresos de las familias ubicadas en los estratos de menores ingresos”.
Dicho de otra manera, acceso a crédito barato y no usurero como el actual para comunidades y pequeños productores del campo y la ciudad, ayuda en planes de negocios, supervisión técnica (acceso a comunicaciones, mecanismos de transporte, mecanismos de almacenamiento y mercados) y conocimientos (desarrollo de capacidades vinculadas a educación, información y capacidades productivas o de acceso a servicios). No se trata simplemente de mecanismos asistenciales de sobrevivencia sino de políticas transversales a diversos sectores del Estado que, teniendo como eje inicial el recién creado Ministerio de Inclusión Social, deben implicar al conjunto del gobierno para elevar la productividad y el rendimiento del trabajo como mecanismo adicional para alcanzar una mejor calidad de vida para todos los peruanos.
Un reto que ha de buscar encarar el gobierno de Ollanta Humala, que cumple sus primeros 100 días: pasar del asistencialismo a un país con capacitación y oportunidades, que invierta en ciencia y tecnología, en transformación de lo nuestro, en promover la productividad y el control de calidad para tener un desarrollo sostenible. Un país con justa distribución del ingreso y efectivo aprovechamiento de sus recursos
Norberto García, consultor internacional invitado por Ceplan, hizo un descarnado análisis del “crecimiento rápido y distribución del ingreso en el Perú 1990-010”. Con un análisis macroortodoxo y desarrollando ecuaciones sobre la distribución del ingreso, García sometió a riguroso examen el milagro económico del crecimiento peruano, señalando que un crecimiento basado en la aceleración de inversiones y exportaciones presiona a un deterioro en la distribución del ingreso que las políticas públicas deben corregir.
Las Cuentas Nacionales 1990-2010 evidencian que la participación de inversiones y exportaciones aumenta su intervención en el PBI en 12.1% y las utilidades crecen 11.3% adicional al PBI, mientras que las remuneraciones disminuyen su participación en el PBI en casi 12%. La riqueza se concentra en pocos.
El crecimiento acelerado del 2002-2010 “descansa en un rápido aumento de las exportaciones y de la inversión privada” (por elevadísimos precios para una economía primario exportadora) y el modelo no enfrentó la injusta distribución del ingreso. García apunta a cómo este modelo deteriora, intrínsecamente, la distribución de la riqueza. Los beneficios en relación con el capital aumentaron de 18% en 1990 a 28% en 2010. Mientras tanto, desde 1990 se desregula el mercado laboral y cae en su participación al PBI: cholo barato.
García dice que ello es negativo para mantener una tasa de crecimiento y advierte que el modelo hace muy difícil que las políticas sociales tradicionales, asistenciales, puedan compensar el deterioro de la distribución de la riqueza que marca la vida de millones. Cuestiona que se haya producido una importante disminución de desigualdades (Jaramillo y Saavedra, 2011) y discrepa de los indicadores y métodos usuales. También dice que no basta con políticas redistributivas habituales (asistenciales) para corregir esta situación y mantener crecimiento. Llama a incrementar la presión y recaudación tributaria en no menos del 5%, reduciendo la evasión y gravando más los ingresos. Pero, no con menor importancia, llama a desarrollar “políticas muy creativas que incidan en la redistribución secundaria del ingreso, particularmente del ingreso de las familias…”.
Y coloca el énfasis no solo en el aumento de salarios, sino especialmente en la necesidad de desarrollar políticas para aumentar la productividad del trabajo en las familias de menores ingresos, especialmente en las economías rurales de comunidades y pequeños propietarios”. En “programas que buscan elevar la productividad y mejorar la inserción de los pobres, que transfieran acceso a recursos (crédito, comunicaciones, equipos) y conocimiento (no solo recursos) y permitan el aumento de la producción e ingresos de las familias ubicadas en los estratos de menores ingresos”.
Dicho de otra manera, acceso a crédito barato y no usurero como el actual para comunidades y pequeños productores del campo y la ciudad, ayuda en planes de negocios, supervisión técnica (acceso a comunicaciones, mecanismos de transporte, mecanismos de almacenamiento y mercados) y conocimientos (desarrollo de capacidades vinculadas a educación, información y capacidades productivas o de acceso a servicios). No se trata simplemente de mecanismos asistenciales de sobrevivencia sino de políticas transversales a diversos sectores del Estado que, teniendo como eje inicial el recién creado Ministerio de Inclusión Social, deben implicar al conjunto del gobierno para elevar la productividad y el rendimiento del trabajo como mecanismo adicional para alcanzar una mejor calidad de vida para todos los peruanos.
Un reto que ha de buscar encarar el gobierno de Ollanta Humala, que cumple sus primeros 100 días: pasar del asistencialismo a un país con capacitación y oportunidades, que invierta en ciencia y tecnología, en transformación de lo nuestro, en promover la productividad y el control de calidad para tener un desarrollo sostenible. Un país con justa distribución del ingreso y efectivo aprovechamiento de sus recursos
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