El retorno de la mafia
Dom, 14/03/2010 - 23:52
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.Por Fernando Rospigliosi
frospigliosi@larepublica.com.pe
La pandilla de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos está de regreso, de la mano de Alan García. En vísperas de las elecciones, arremeten sin pudor.
El intento de José Enrique Crousillat de asaltar América TV es un nuevo hito en la escalada de la mafia que gobernó y saqueó el país la década de 1990. Panamericana TV ya está en manos de la familia Shutz y, según el diario La Primera, los hermanos Winter están afanados en volver a capturar Frecuencia Latina.
Se trata de algo más que los negocios particulares de cada uno de esos grupos. En la antesala de las elecciones, los medios de comunicación se vuelven centrales para las pretensiones del fujimorismo de regreso al poder.
Lo más importante es que no están solos. Tienen un ángel de la guarda en Palacio de Gobierno.
Roba pero hace obra
Fue evidente desde el comienzo del gobierno la alianza entre Alan García y el fujimorismo. Esa sociedad va mucho más allá de la necesidad táctica de contar con sus votos en el Congreso. El Apra maneja a su antojo un Parlamento corrupto y mediocre, el peor de la historia reciente, y podía haberlo hecho sin necesidad del fujimorismo o, en el peor de los casos, negociando pequeñas concesiones.
Las cosas han ido tan lejos porque García así lo ha querido. Se trata, en primer lugar, de una apuesta política de más aliento que el de manejar el Congreso, y en segundo lugar, de una empatía que trasciende sus maniobras políticas.
García ha desarrollado una secreta admiración por Fujimori y Montesinos, por su manejo inescrupuloso y corrupto del Estado, y por la popularidad que aún mantiene el ex dictador. Por eso García trata de imitarlo. Ahora se ha dedicado a hacer obras, inaugura hospitales por todas partes, remodela las antiguas Uni-dades Escolares del general Manuel Odría, dice que entrega agua para todos.
En suma, se ha convencido de que tiene que seguir el ejemplo de Fujimori y Odría: hacer obra. De esa manera, cree que a nadie le importará si encabezó un gobierno corrupto; la gente lo recordará por sus obras. Y podrá volver a la presidencia el 2016.
El jefe y el acólito
El indulto a Crousillat se basó en una patraña evidente, pero nadie sorprendió a García con esa simulación. Él trabajó pacientemente el operativo, como han recordado Paola Ugaz y Jacqueline Fowks de IDL Reporteros. La hija de Crousillat, Marisol, entró a trabajar en el canal del Estado (IRTP) con Ricardo Ghibellini, antiguo empleado y socio de los Crousillat e íntimo de García, que lo acaba de nombrar embajador en Brasil.
García los condecoró a ambos con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos.
Es decir, García, que se vinculó a los Crousillat desde tiempo atrás, indultó a José Enrique a sabiendas de que no estaba grave ni moribundo y, por supuesto, no es ajeno a la maniobra de asaltar América TV.
Lo que no calculó fue el rechazo tan fuerte al intento y el hecho de que algunos apristas, temerosos de que fracase la maniobra y ellos queden enfrentados con poderosos medios de comunicación en la antesala de las elecciones, se desmarcaran rápidamente.
Eso ha ocurrido con Jorge del Castillo, Mercedes Cabanillas y otros dirigentes. En el caso del Tío George hay que añadir su enconada disputa con un sector del fujimorismo.
Finalmente, el operador del indulto, el ministro de Justicia Aurelio Pastor, se quedó solo en la defensa de lo indefendible. Pastor no le hace ascos al fujimorismo. De hecho él renunció al Apra en agosto del 2000, cuando parecía que Fujimori se quedaba, y entró a trabajar como empleado de un congresista fujimorista. Pero cuando la dictadura se derrumbó, regresó corriendo al Apra apadrinado por Del Castillo.
Ahora hay un amplio consenso de que debe renunciar. Pero él no lo hará porque carece de vergüenza y dignidad. Será necesario que García lo eche, cosa que eventualmente podría ocurrir si el presidente estima que, para calmar el vendaval, debe entregar la cabeza de su acólito.
Nefasta asociación
Otro detalle inesperado que complicó a García fue la descarada exposición de Crousillat y su asociación con un facineroso que es el que le puso al abogado y preparó la demanda.
Solo un desequilibrado pue-de tratar de encausar a 56 personas, como solicita la demanda penal de Crousillat. No es difícil rastrear al autor si pone en el centro de la acusación al ex procurador José Ugaz.
El malhechor en cuestión ya había tenido una relación delincuencial con Crousillat cuando servía como funcionario a la dictadura de Fujimori. Y ahora se ha asociado con él en el asalto a América TV, con la perspectiva de obtener una participación si la maniobra tiene éxito.
Pero su torpe accionar ha estorbado el propósito del titiritero de Palacio.
sábado, 13 de marzo de 2010
LA TIA MARIA
.Por Humberto Campodónico
El proyecto de explotación de la mina de cobre Tía María por la Southern Corporation, en la Región Arequipa, es hoy el punto más elevado de la discusión acerca de la viabilidad de los proyectos mineros cuando existe un conflicto central: el uso del agua para las operaciones de la mina en una cuenca con tradición agrícola.
Si bien el problema debiera dilucidarse técnicamente (en primer lugar, con el Estudio de Impacto Ambiental, EIA), la cuestión es que existe una enorme desconfianza de los agricultores y de la población frente a las propuestas de la empresa minera.
Esta se origina en hechos reales comprobados, como los enormes pasivos ambientales mineros, así como en el trato prepotente, amparado por el poder político de turno a nivel nacional y, a veces, también, regional y local. Un claro ejemplo fue Cerro Quilish en el 2004, en Cajamarca, donde finalmente Yanacocha tuvo que reconocer sus errores y rescindió su permiso de exploración para ese proyecto.
En Islay, en setiembre del año pasado, se realizó una consulta vecinal donde el 80% de la población opinó contra Tía María. Pero esa consulta no es vinculante y ahora se viene la consulta del EIA, que el Ministerio de Energía y Minas ha postergado para el 19 de abril.
Aquí hay un primer conflicto de intereses: el MEM repite todos los días que existe una cartera de proyectos mineros por US$ 35,471 millones, lo cual es “muy positivo”. Pero, a la vez, es el MEM quien tiene la responsabilidad de conducir todas las etapas del EIA, hasta su aprobación. No, pues. El Ministerio del Ambiente debería conducirlo (como en nuestros países vecinos), pero no le han transferido esas facultades.
Vayamos a la discusión de las tres alternativas para el agua. Una es el uso del agua del acuífero: se afirma que todos los años se van al mar 47 millones de metros cúbicos (con o sin mina), mientras que la mina solo usaría 7 millones de m3. Otro es la construcción de la represa de Paltiture de 40 millones de m3: 7 millones serían para la mina y el resto para los agricultores. La tercera es una planta desalinizadora de agua de mar, la misma que se bombearía por tuberías hacia la mina (ésta tiene el visto bueno del gobierno regional y de la mayoría de los expertos).
La Southern dice que está dispuesta a avalar cualquiera de ellas. Pero aquí volvemos al principio: la población desconfía de la empresa. ¿Cómo superar la desconfianza? Con diálogo, más diálogo y aún más diálogo. Pero núcleos de la derecha ya están diciendo que detrás de la desconfianza están los agitadores y las ONG antimineras. ¿Qué proponen? Una “solución” violenta.
Lo que la derecha no entiende es que la viabilidad de los proyectos mineros en el siglo XXI se enfrenta a problemas sociales y ambientales ignorados hasta hace unos años. Dicho de otra manera, la creciente conciencia mundial para preservar el medio ambiente y los derechos de los pobladores determina que las industrias extractivas (incluye a los hidrocarburos) cumplan con exigentes estándares globales, que también son exigidos a nivel local. La palabrita que lo identifica se llama “glocalización”.
Para terminar, no hemos tratado aquí el tema de la necesaria modernización de la ley minera (que ya se ha dado en casi todo el mundo) para introducir una fórmula que permita que el Estado capte las sobreganancias mineras por los altos precios de los minerales que han llevado a que Southern obtenga US$ 5,351 millones de utilidades netas del 2004 al 2008(1). El gobierno dijo que no podía modificar los contratos existentes. Pero no ha modernizado la ley para los proyectos que recién empiezan, justo cuando se necesita elevar la presión tributaria(2). Volveremos sobre el tema.
El proyecto de explotación de la mina de cobre Tía María por la Southern Corporation, en la Región Arequipa, es hoy el punto más elevado de la discusión acerca de la viabilidad de los proyectos mineros cuando existe un conflicto central: el uso del agua para las operaciones de la mina en una cuenca con tradición agrícola.
Si bien el problema debiera dilucidarse técnicamente (en primer lugar, con el Estudio de Impacto Ambiental, EIA), la cuestión es que existe una enorme desconfianza de los agricultores y de la población frente a las propuestas de la empresa minera.
Esta se origina en hechos reales comprobados, como los enormes pasivos ambientales mineros, así como en el trato prepotente, amparado por el poder político de turno a nivel nacional y, a veces, también, regional y local. Un claro ejemplo fue Cerro Quilish en el 2004, en Cajamarca, donde finalmente Yanacocha tuvo que reconocer sus errores y rescindió su permiso de exploración para ese proyecto.
En Islay, en setiembre del año pasado, se realizó una consulta vecinal donde el 80% de la población opinó contra Tía María. Pero esa consulta no es vinculante y ahora se viene la consulta del EIA, que el Ministerio de Energía y Minas ha postergado para el 19 de abril.
Aquí hay un primer conflicto de intereses: el MEM repite todos los días que existe una cartera de proyectos mineros por US$ 35,471 millones, lo cual es “muy positivo”. Pero, a la vez, es el MEM quien tiene la responsabilidad de conducir todas las etapas del EIA, hasta su aprobación. No, pues. El Ministerio del Ambiente debería conducirlo (como en nuestros países vecinos), pero no le han transferido esas facultades.
Vayamos a la discusión de las tres alternativas para el agua. Una es el uso del agua del acuífero: se afirma que todos los años se van al mar 47 millones de metros cúbicos (con o sin mina), mientras que la mina solo usaría 7 millones de m3. Otro es la construcción de la represa de Paltiture de 40 millones de m3: 7 millones serían para la mina y el resto para los agricultores. La tercera es una planta desalinizadora de agua de mar, la misma que se bombearía por tuberías hacia la mina (ésta tiene el visto bueno del gobierno regional y de la mayoría de los expertos).
La Southern dice que está dispuesta a avalar cualquiera de ellas. Pero aquí volvemos al principio: la población desconfía de la empresa. ¿Cómo superar la desconfianza? Con diálogo, más diálogo y aún más diálogo. Pero núcleos de la derecha ya están diciendo que detrás de la desconfianza están los agitadores y las ONG antimineras. ¿Qué proponen? Una “solución” violenta.
Lo que la derecha no entiende es que la viabilidad de los proyectos mineros en el siglo XXI se enfrenta a problemas sociales y ambientales ignorados hasta hace unos años. Dicho de otra manera, la creciente conciencia mundial para preservar el medio ambiente y los derechos de los pobladores determina que las industrias extractivas (incluye a los hidrocarburos) cumplan con exigentes estándares globales, que también son exigidos a nivel local. La palabrita que lo identifica se llama “glocalización”.
Para terminar, no hemos tratado aquí el tema de la necesaria modernización de la ley minera (que ya se ha dado en casi todo el mundo) para introducir una fórmula que permita que el Estado capte las sobreganancias mineras por los altos precios de los minerales que han llevado a que Southern obtenga US$ 5,351 millones de utilidades netas del 2004 al 2008(1). El gobierno dijo que no podía modificar los contratos existentes. Pero no ha modernizado la ley para los proyectos que recién empiezan, justo cuando se necesita elevar la presión tributaria(2). Volveremos sobre el tema.
MASCROECONOMIA
.Por Alan Fairlie Reinoso
Han hecho muy bien el MEF y el BCR en afirmar que no se desactivará el programa de estímulo económico sino hasta que se hayan consolidado tendencias de recuperación de la economía nacional y, asumimos, del escenario internacional.
No han cedido así a los cantos de sirena de aquellos que estaban planteando la eliminación inmediata de dicho instrumento, que fue casi el único que utilizó el gobierno para responder al impacto externo. Esa orfandad de políticas de respuesta, hizo que nuestro crecimiento pasara de tasas de 10% a menos del 1% el año pasado. Eliminar el PEE, significaría reeditar el error del ex ministro Valdivieso que, al priorizar el objetivo de reducir presiones inflacionarias, contribuyó a la recesión de la economía nacional en el cuarto trimestre del 2008.
Es deleznable el argumento de que se acerca un año electoral y, por lo tanto, el gobierno debe ajustar todas las cuentas y disminuir el gasto y la inversión. Se necesita una política macroeconómica contracíclica que evite fluctuaciones graves de la economía nacional, y contribuya al crecimiento sostenible. Esto supone no solo mantener el PEE, sino estimular cadenas productivas nacionales, PYMES y la articulación de los distintos sectores productivos orientados al mercado interno o las exportaciones.
La discusión central debería girar en torno a definir la estrategia de desarrollo que debe seguir el país en el mediano y largo plazo y los instrumentos de política económica funcionales que deben ser impulsados, además de la política macroeconómica. Esto supone debatir sobre el modelo en curso, planteando lo que debe ser mantenido y/o cambiado. En especial, cuáles son los espacios y atribuciones que debe retomar el Estado.
Para ello hay que evitar falsos dilemas. Mantener una economía abierta y de orientación exportadora no significa comprar el modelo en curso. Plantear la diversificación exportadora con el uso intensivo de conocimiento y capital humano y políticas activas, no implica volver a subsidios o prácticas proteccionistas fracasadas.
El desarrollo de cadenas productivas exportadoras con integración productiva y mayor valor agregado, no se contrapone a un mayor dinamismo del mercado interno y la articulación sectorial, agricultura/industria/servicios. Necesitamos con urgencia la nueva matriz insumo-producto para cuantificar los cambios operados en los últimos años, y tener mayor precisión en proyectos y propuestas.
Tampoco tendría que contraponerse necesariamente minería/agricultura/industria, sino que habría que buscar los mecanismos y los estándares adecuados que permitan un desarrollo integral respetando la extraordinaria biodiversidad del país. Se necesitan políticas sectoriales compatibles con la normativa de la OMC, que impulsen el desarrollo sostenible del Perú.
No es posible lograrlo manteniendo la situación de exclusión y desigualdad existentes. Esto implica la necesidad de aumentar la presión tributaria y atender no solo necesidades productivas y de infraestructura, sino de programas sociales y redistributivos que tengan sostenibilidad. Como ha señalado la OIT, un aumento salarial debe ser un componente central en esa dirección, buscando los mecanismos que permitan que las PYMES puedan afrontarlo.
Esto supondría no volver a la política del péndulo que tanto daño ha hecho al desarrollo nacional. Pero, también la disponibilidad de los diferentes actores económicos, sociales, políticos de aceptar ajustes y cambios que permitan un crecimiento sostenido, no excluyente.
Ese debate es el que debería tener el país, y las propuestas que deberíamos escuchar de los diferentes partidos y movimientos políticos, cuyas candidaturas empiezan a proliferar.
La propuesta de la política del “perro del hortelano” impulsada por el gobierno y algunos sectores empresariales, avanza en la dirección contraria. Polariza entre actividades productivas, desconoce derechos históricos de comunidades de sierra y selva, y subordina a la lógica de la inversión y la ganancia no solo la extraordinaria biodiversidad que tiene el país, sino los derechos de poblaciones marginales y excluidas históricamente y que ahora podrían ser “desplazadas” legalmente.
Persistir en esa estrategia no le dará viabilidad al status quo, sino que alimentará conflictos sociales y regionales que se traducirán en movimientos políticos con respuestas violentas en defensa de sus intereses. Ese sería el peor escenario para el país, y deberíamos evitarlo a toda costa. Tampoco parece adecuado desarrollar una campaña de propaganda donde se señala que prácticamente somos lo mejor en el mundo después de China en cuanto a crecimiento, que la crisis ya fue superada, que el Perú está de moda en el mundo y que el crecimiento será retomado y tendremos un brillante porvenir manteniendo el rumbo.
La estrategia de inserción internacional no se puede reducir a buscar acceso a mercados vía TLCs (bien o mal negociados), o hipotecarnos a través de ellos a la estrategia en curso. Se requiere además una agenda interna (como reconocen sus propios impulsores), y desde allí deben identificarse los puntos comunes.
Es imperativo crear un consenso nacional, fomentar la unidad interna en torno a una estrategia de desarrollo que se mantenga más allá de las vicisitudes políticas. No puede ser la actual, tampoco debería ser la vuelta al pasado.
Han hecho muy bien el MEF y el BCR en afirmar que no se desactivará el programa de estímulo económico sino hasta que se hayan consolidado tendencias de recuperación de la economía nacional y, asumimos, del escenario internacional.
No han cedido así a los cantos de sirena de aquellos que estaban planteando la eliminación inmediata de dicho instrumento, que fue casi el único que utilizó el gobierno para responder al impacto externo. Esa orfandad de políticas de respuesta, hizo que nuestro crecimiento pasara de tasas de 10% a menos del 1% el año pasado. Eliminar el PEE, significaría reeditar el error del ex ministro Valdivieso que, al priorizar el objetivo de reducir presiones inflacionarias, contribuyó a la recesión de la economía nacional en el cuarto trimestre del 2008.
Es deleznable el argumento de que se acerca un año electoral y, por lo tanto, el gobierno debe ajustar todas las cuentas y disminuir el gasto y la inversión. Se necesita una política macroeconómica contracíclica que evite fluctuaciones graves de la economía nacional, y contribuya al crecimiento sostenible. Esto supone no solo mantener el PEE, sino estimular cadenas productivas nacionales, PYMES y la articulación de los distintos sectores productivos orientados al mercado interno o las exportaciones.
La discusión central debería girar en torno a definir la estrategia de desarrollo que debe seguir el país en el mediano y largo plazo y los instrumentos de política económica funcionales que deben ser impulsados, además de la política macroeconómica. Esto supone debatir sobre el modelo en curso, planteando lo que debe ser mantenido y/o cambiado. En especial, cuáles son los espacios y atribuciones que debe retomar el Estado.
Para ello hay que evitar falsos dilemas. Mantener una economía abierta y de orientación exportadora no significa comprar el modelo en curso. Plantear la diversificación exportadora con el uso intensivo de conocimiento y capital humano y políticas activas, no implica volver a subsidios o prácticas proteccionistas fracasadas.
El desarrollo de cadenas productivas exportadoras con integración productiva y mayor valor agregado, no se contrapone a un mayor dinamismo del mercado interno y la articulación sectorial, agricultura/industria/servicios. Necesitamos con urgencia la nueva matriz insumo-producto para cuantificar los cambios operados en los últimos años, y tener mayor precisión en proyectos y propuestas.
Tampoco tendría que contraponerse necesariamente minería/agricultura/industria, sino que habría que buscar los mecanismos y los estándares adecuados que permitan un desarrollo integral respetando la extraordinaria biodiversidad del país. Se necesitan políticas sectoriales compatibles con la normativa de la OMC, que impulsen el desarrollo sostenible del Perú.
No es posible lograrlo manteniendo la situación de exclusión y desigualdad existentes. Esto implica la necesidad de aumentar la presión tributaria y atender no solo necesidades productivas y de infraestructura, sino de programas sociales y redistributivos que tengan sostenibilidad. Como ha señalado la OIT, un aumento salarial debe ser un componente central en esa dirección, buscando los mecanismos que permitan que las PYMES puedan afrontarlo.
Esto supondría no volver a la política del péndulo que tanto daño ha hecho al desarrollo nacional. Pero, también la disponibilidad de los diferentes actores económicos, sociales, políticos de aceptar ajustes y cambios que permitan un crecimiento sostenido, no excluyente.
Ese debate es el que debería tener el país, y las propuestas que deberíamos escuchar de los diferentes partidos y movimientos políticos, cuyas candidaturas empiezan a proliferar.
La propuesta de la política del “perro del hortelano” impulsada por el gobierno y algunos sectores empresariales, avanza en la dirección contraria. Polariza entre actividades productivas, desconoce derechos históricos de comunidades de sierra y selva, y subordina a la lógica de la inversión y la ganancia no solo la extraordinaria biodiversidad que tiene el país, sino los derechos de poblaciones marginales y excluidas históricamente y que ahora podrían ser “desplazadas” legalmente.
Persistir en esa estrategia no le dará viabilidad al status quo, sino que alimentará conflictos sociales y regionales que se traducirán en movimientos políticos con respuestas violentas en defensa de sus intereses. Ese sería el peor escenario para el país, y deberíamos evitarlo a toda costa. Tampoco parece adecuado desarrollar una campaña de propaganda donde se señala que prácticamente somos lo mejor en el mundo después de China en cuanto a crecimiento, que la crisis ya fue superada, que el Perú está de moda en el mundo y que el crecimiento será retomado y tendremos un brillante porvenir manteniendo el rumbo.
La estrategia de inserción internacional no se puede reducir a buscar acceso a mercados vía TLCs (bien o mal negociados), o hipotecarnos a través de ellos a la estrategia en curso. Se requiere además una agenda interna (como reconocen sus propios impulsores), y desde allí deben identificarse los puntos comunes.
Es imperativo crear un consenso nacional, fomentar la unidad interna en torno a una estrategia de desarrollo que se mantenga más allá de las vicisitudes políticas. No puede ser la actual, tampoco debería ser la vuelta al pasado.
LIBERTAD DE PRESION
.Por Augusto Álvarez Rodrich
En defensa de un valor supremo de una sociedad libre.
El problema central no es el indulto –ayer revocado ante el ‘ampay’– de José Enrique Crousillat sino su uso como arma para mellar la libertad de expresión en el país.
El indulto fue criticado en su momento –al menos por esta columna– como un hecho vergonzoso pero que, finalmente, constituía una prerrogativa presidencial por la que, en todo caso, Alan García daría cuenta ante la historia. Hasta la vida social movida del indultado pasaba ‘piola’ porque todos sabían que su salud frágil era un cuentazo más de un gobierno que tiene, en general, ‘mejor prensa’ que el de Alejandro Toledo.
El problema reventó con la denuncia contra América TV pues descubrió el fustán a lo que el propio presidente insinuó desde la firma del indulto: que era instrumento para influir en ese medio y advertirle al resto de ‘las reglas’ de la próxima elección.
Entonces cobraron coherencia las acciones que el gobierno y sus aliados realizaron desde antes de que Aurelio Pastor fuera ministro: modificar el derecho concursal, cambio de jueces o indulto forzado sin pagar la reparación. Es ridículo, por ello, que algunos todavía se pregunten quién engañó al presidente.
La libertad de expresión –algo mucho más relevante que la libertad de Crousillat– está amenazada aunque el gobierno suelte a sus pitbulls políticos a negarlo con ladridos graciosos como los del ministro de Ofensa. A diferencia de lo que se pregona, este gobierno no tiene las manos limpias en este terreno. Una expresión es el cierre arbitrario de radio La Voz de Bagua.
Otra es la prédica del presidente García a los propietarios de los medios de comunicación de que él encarna la gobernabilidad y la perspectiva de la nación y de que, por tanto, criticarlo a él produce desestabilización social. Que, a lo más, se puede denunciar a los payasos de este circo pero nunca a su dueño.
No todos los medios lo aceptaron, pero algunos lamentablemente sí. Un entusiasta de ese enfoque fue, hasta hace poco, el directorio del grupo El Comercio, el cual tomó varias medidas para asegurarse de ello y ahora, ante la amenaza del gobierno, ha tenido –con razón– una posición dura frente al mismo.
El problema del cambio es que deja la impresión de que la defensa de la libertad de expresión, la autonomía periodística y la crítica al gobierno recién surge cuando peligra su interés comercial. A pesar de ello, su posición actual es legítima y debe defenderse –como lo ha hecho esta columna– con firmeza.
La libertad de expresión constituye un valor supremo de una sociedad libre y democrática que se debe proteger a toda costa frente a la amenaza del gobierno e, incluso, de algunos periodistas fanáticos de la ‘versión oficial’ y hasta de algunos propietarios de medios que a veces olvidan que el periodismo independiente debe ser, siempre, un contrapeso al poder político y económico.
En defensa de un valor supremo de una sociedad libre.
El problema central no es el indulto –ayer revocado ante el ‘ampay’– de José Enrique Crousillat sino su uso como arma para mellar la libertad de expresión en el país.
El indulto fue criticado en su momento –al menos por esta columna– como un hecho vergonzoso pero que, finalmente, constituía una prerrogativa presidencial por la que, en todo caso, Alan García daría cuenta ante la historia. Hasta la vida social movida del indultado pasaba ‘piola’ porque todos sabían que su salud frágil era un cuentazo más de un gobierno que tiene, en general, ‘mejor prensa’ que el de Alejandro Toledo.
El problema reventó con la denuncia contra América TV pues descubrió el fustán a lo que el propio presidente insinuó desde la firma del indulto: que era instrumento para influir en ese medio y advertirle al resto de ‘las reglas’ de la próxima elección.
Entonces cobraron coherencia las acciones que el gobierno y sus aliados realizaron desde antes de que Aurelio Pastor fuera ministro: modificar el derecho concursal, cambio de jueces o indulto forzado sin pagar la reparación. Es ridículo, por ello, que algunos todavía se pregunten quién engañó al presidente.
La libertad de expresión –algo mucho más relevante que la libertad de Crousillat– está amenazada aunque el gobierno suelte a sus pitbulls políticos a negarlo con ladridos graciosos como los del ministro de Ofensa. A diferencia de lo que se pregona, este gobierno no tiene las manos limpias en este terreno. Una expresión es el cierre arbitrario de radio La Voz de Bagua.
Otra es la prédica del presidente García a los propietarios de los medios de comunicación de que él encarna la gobernabilidad y la perspectiva de la nación y de que, por tanto, criticarlo a él produce desestabilización social. Que, a lo más, se puede denunciar a los payasos de este circo pero nunca a su dueño.
No todos los medios lo aceptaron, pero algunos lamentablemente sí. Un entusiasta de ese enfoque fue, hasta hace poco, el directorio del grupo El Comercio, el cual tomó varias medidas para asegurarse de ello y ahora, ante la amenaza del gobierno, ha tenido –con razón– una posición dura frente al mismo.
El problema del cambio es que deja la impresión de que la defensa de la libertad de expresión, la autonomía periodística y la crítica al gobierno recién surge cuando peligra su interés comercial. A pesar de ello, su posición actual es legítima y debe defenderse –como lo ha hecho esta columna– con firmeza.
La libertad de expresión constituye un valor supremo de una sociedad libre y democrática que se debe proteger a toda costa frente a la amenaza del gobierno e, incluso, de algunos periodistas fanáticos de la ‘versión oficial’ y hasta de algunos propietarios de medios que a veces olvidan que el periodismo independiente debe ser, siempre, un contrapeso al poder político y económico.
LOUDES Y KOURI
.Por Jorge Bruce
Contra la opinión de muchos, la apuesta de Lourdes Flores de levantar el estandarte anticorrupción en la liza electoral por la alcaldía de Lima parece haber dado en clavo. Como saben, en la última encuesta del IOP de la PUCP la pepecista aventaja por diez puntos a Kouri. Y esto antes de haberse presentado oficialmente como candidata o anunciar su programa municipal. De modo que, pese al escepticismo generalizado, cabe la posibilidad de que el llamado de alerta de Lourdes no haya caído, del todo, en saco roto.
Sería pavorosamente ingenuo creer que se ha producido un cambio súbito en las percepciones ciudadanas acerca de la corrupción. Lo demuestra el que, en el mismo sondeo, 40% de los encuestados encuentre preferible a un alcalde que haga buenas obras, aunque robe.
Estadísticas más o menos, hay una contradicción en la sensibilidad de los limeños ante esta plaga tan arraigada. Podría interpretarse una respuesta ambivalente: por un lado se la execra, por otro se la disfruta.
¿Cómo así?
En un reciente ensayo de Gonzalo Portocarrero –Los fantasmas del patrón y el siervo como desestabilizadores de la autoridad legal en la sociedad peruana– publicado en el volumen Cultura Política en el Perú, editado por Portocarrero, Ubilluz y Vich, el sociólogo afirma lo siguiente:
“Los ‘destapes’ podrán indignar, pero también despiertan una gran satisfacción en la ciudadanía, pues, otra vez, se confirma que todos los políticos, y en general todos los que encarnan alguna figura de autoridad, son unos sinvergüenzas”. Pero luego agrega: “Lo que no se suele apreciar es que esta tendencia a pensar, siempre, lo peor de los hombres públicos lleva a legitimar la transgresión. En efecto, de esta imagen tan negativa se desprende una actitud escéptica frente al funcionamiento de la ley. Si ellos, los que hacen la ley, y que deberían estar llamados a ser un ejemplo, son, en realidad, los primeros en evadirla, entonces por qué habría uno de perjudicarse cumpliendo con la ley. No hay autoridad moral”.
Siendo lo anterior exacto en mi opinión, cabría preguntarse si no hay picos de saturación en los que esta tendencia se revierte, así sea de manera transitoria. Mi impresión es que estamos en uno de esos periodos –hasta la búsqueda de Crousillat por la PNP recuerda a Fujimori “buscando” a Montesinos– en los que se rebalsa el vaso. Siempre ha habido, siempre habrá, pero hay instantes de acumulación gonzalespradianos, cuando la pus nos ahoga y el cuerpo social reacciona. La arremetida contra los medios de comunicación más incómodos para los enjuagues del régimen refuerza esa impresión de retorno, no a la hiperinflación de Alan I, sino a la hipercorrupción de Fujimori y Montesinos. El Presidente ha explicado que ya está viejo para atentar contra la libertad de prensa, empeorando, inconscientemente, su caso: ¿es cuestión de edad el respeto de la democracia?
No hay que subestimar, sin embargo, la capacidad de Flores y su jardín de sabotearse, tal como han hecho varias veces, en la puerta del horno. Dejar a Cataño fue oportuno, pero también un indicador inquietante de un comportamiento escindido. Los enemigos son públicos, como también íntimos.
Contra la opinión de muchos, la apuesta de Lourdes Flores de levantar el estandarte anticorrupción en la liza electoral por la alcaldía de Lima parece haber dado en clavo. Como saben, en la última encuesta del IOP de la PUCP la pepecista aventaja por diez puntos a Kouri. Y esto antes de haberse presentado oficialmente como candidata o anunciar su programa municipal. De modo que, pese al escepticismo generalizado, cabe la posibilidad de que el llamado de alerta de Lourdes no haya caído, del todo, en saco roto.
Sería pavorosamente ingenuo creer que se ha producido un cambio súbito en las percepciones ciudadanas acerca de la corrupción. Lo demuestra el que, en el mismo sondeo, 40% de los encuestados encuentre preferible a un alcalde que haga buenas obras, aunque robe.
Estadísticas más o menos, hay una contradicción en la sensibilidad de los limeños ante esta plaga tan arraigada. Podría interpretarse una respuesta ambivalente: por un lado se la execra, por otro se la disfruta.
¿Cómo así?
En un reciente ensayo de Gonzalo Portocarrero –Los fantasmas del patrón y el siervo como desestabilizadores de la autoridad legal en la sociedad peruana– publicado en el volumen Cultura Política en el Perú, editado por Portocarrero, Ubilluz y Vich, el sociólogo afirma lo siguiente:
“Los ‘destapes’ podrán indignar, pero también despiertan una gran satisfacción en la ciudadanía, pues, otra vez, se confirma que todos los políticos, y en general todos los que encarnan alguna figura de autoridad, son unos sinvergüenzas”. Pero luego agrega: “Lo que no se suele apreciar es que esta tendencia a pensar, siempre, lo peor de los hombres públicos lleva a legitimar la transgresión. En efecto, de esta imagen tan negativa se desprende una actitud escéptica frente al funcionamiento de la ley. Si ellos, los que hacen la ley, y que deberían estar llamados a ser un ejemplo, son, en realidad, los primeros en evadirla, entonces por qué habría uno de perjudicarse cumpliendo con la ley. No hay autoridad moral”.
Siendo lo anterior exacto en mi opinión, cabría preguntarse si no hay picos de saturación en los que esta tendencia se revierte, así sea de manera transitoria. Mi impresión es que estamos en uno de esos periodos –hasta la búsqueda de Crousillat por la PNP recuerda a Fujimori “buscando” a Montesinos– en los que se rebalsa el vaso. Siempre ha habido, siempre habrá, pero hay instantes de acumulación gonzalespradianos, cuando la pus nos ahoga y el cuerpo social reacciona. La arremetida contra los medios de comunicación más incómodos para los enjuagues del régimen refuerza esa impresión de retorno, no a la hiperinflación de Alan I, sino a la hipercorrupción de Fujimori y Montesinos. El Presidente ha explicado que ya está viejo para atentar contra la libertad de prensa, empeorando, inconscientemente, su caso: ¿es cuestión de edad el respeto de la democracia?
No hay que subestimar, sin embargo, la capacidad de Flores y su jardín de sabotearse, tal como han hecho varias veces, en la puerta del horno. Dejar a Cataño fue oportuno, pero también un indicador inquietante de un comportamiento escindido. Los enemigos son públicos, como también íntimos.
JAQUE MATE PASTOR
.Por Augusto ÁlvareZ
¿Cuándo se va el ministro de Justicia? ¿Ya escapó Crousillat?
Todos saben que el autor intelectual del indulto ‘bamba’ a José Francisco Crousillat, y de su uso como caballo de Troya para amenazar la libertad de expresión a través de un torpedo judicial contra América TV, es el presidente Alan García, pero como ahora este silba mirando al techo y se declara sorprendido por la ‘milagrosa’ sanación del broadcaster del ‘Doc’, alguien tiene que asumir la responsabilidad política al menos para salvar la apariencia.
Según el artículo 128 de la Constitución, el que debe asumir la responsabilidad de esta movida antidemocrática que fue avalada por el presidente García es el ministro de Justicia Aurelio Pastor: “Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”.
Pastor no solo no se fue oportunamente, sino que avaló el indulto que todos reconocían como ‘bamba’, menos la mayoría de apristas que en el último par de meses dio una lección vergonzosa de travestismo, defendiendo primero el beneficio a Crousillat y luego denigrándolo. Todo con similar entusiasmo.
Ante tanta desfachatez, el gobierno debe ofrecer al país, como reconocimiento de su vergüenza, la cabeza política del ministro de Justicia. Si no lo hace, y si al Congreso le queda un poco de dignidad, debiera proceder inmediatamente a su interpelación y censura. ¿Cuándo se va?
Que esto sirva de experiencia para los ministros dispuestos a tragarse cualquier sapo para permanecer en el puesto. Pastor podrá declararse ‘ganador’ dentro del partido pues se habrá inmolado a favor del compañero-presidente, del mismo modo como antes lo hizo Agustín Mantilla cuando se le encontró los millones de dólares en sus cuentas, incluyendo el ‘aporte’ de Montesinos, que –como él mismo dijo– eran del partido.
Pero esa ‘inmolación’ política solo servirá para salvar la apariencia, pues habría que ser muy ingenuo para sostener que García fue sorprendido no solo con el indulto sino con su utilización para amenazar la libertad de expresión a través del amedrentamiento a los responsables de América TV.
El problema de fondo es la nueva constatación de que la democracia es, para Alan García, un biombo detrás del cual se enjuagan movidas reñidas con las libertades esenciales de un sistema democrático como sin duda es la de expresión. La salida del ministro Pastor debe ser una expresión del reconocimiento de que esos torpedos no pasarán pues la sociedad los considera inaceptables
¿Cuándo se va el ministro de Justicia? ¿Ya escapó Crousillat?
Todos saben que el autor intelectual del indulto ‘bamba’ a José Francisco Crousillat, y de su uso como caballo de Troya para amenazar la libertad de expresión a través de un torpedo judicial contra América TV, es el presidente Alan García, pero como ahora este silba mirando al techo y se declara sorprendido por la ‘milagrosa’ sanación del broadcaster del ‘Doc’, alguien tiene que asumir la responsabilidad política al menos para salvar la apariencia.
Según el artículo 128 de la Constitución, el que debe asumir la responsabilidad de esta movida antidemocrática que fue avalada por el presidente García es el ministro de Justicia Aurelio Pastor: “Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente”.
Pastor no solo no se fue oportunamente, sino que avaló el indulto que todos reconocían como ‘bamba’, menos la mayoría de apristas que en el último par de meses dio una lección vergonzosa de travestismo, defendiendo primero el beneficio a Crousillat y luego denigrándolo. Todo con similar entusiasmo.
Ante tanta desfachatez, el gobierno debe ofrecer al país, como reconocimiento de su vergüenza, la cabeza política del ministro de Justicia. Si no lo hace, y si al Congreso le queda un poco de dignidad, debiera proceder inmediatamente a su interpelación y censura. ¿Cuándo se va?
Que esto sirva de experiencia para los ministros dispuestos a tragarse cualquier sapo para permanecer en el puesto. Pastor podrá declararse ‘ganador’ dentro del partido pues se habrá inmolado a favor del compañero-presidente, del mismo modo como antes lo hizo Agustín Mantilla cuando se le encontró los millones de dólares en sus cuentas, incluyendo el ‘aporte’ de Montesinos, que –como él mismo dijo– eran del partido.
Pero esa ‘inmolación’ política solo servirá para salvar la apariencia, pues habría que ser muy ingenuo para sostener que García fue sorprendido no solo con el indulto sino con su utilización para amenazar la libertad de expresión a través del amedrentamiento a los responsables de América TV.
El problema de fondo es la nueva constatación de que la democracia es, para Alan García, un biombo detrás del cual se enjuagan movidas reñidas con las libertades esenciales de un sistema democrático como sin duda es la de expresión. La salida del ministro Pastor debe ser una expresión del reconocimiento de que esos torpedos no pasarán pues la sociedad los considera inaceptables
LA PILDORA
.Por Augusto Álvarez
Por la distribución gratuita de la píldora del día siguiente
Una de las decisiones más valientes e importantes del gobierno actual en estas semanas en las que ha andado con rumbo confundido en el terreno político, ha sido la defendida por los ministerios de Salud y de la Mujer para lograr que el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) se pueda distribuir de manera gratuita.
Ello requirió remontar un fallo previo del Tribunal Constitucional en el que, de manera bastante absurda, decretó el impedimento del AOE, también conocido como la ‘píldora del día siguiente’ con el argumento falaz de que es abortivo.
Esto fue posible debido a que, ante una consulta hecha por el Ministerio de Salud a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se obtuvo como respuesta científica que el AOE no es abortivo porque “no puede interrumpir la vida de un óvulo fecundado, pues solo es efectivo antes de que el esperma alcance el óvulo maduro”.
De este modo, al perder sustento la argumentación del TC, su decisión se cayó por absurda. Los magistrados de esa instancia han reclamado que se ha producido una suerte de “golpe de estado”. Desconozco ese mundo jurídico de las interpretaciones legales sobre lo que corresponde en este caso, del mismo modo cómo se ha abierto una discusión constitucional interesante sobre si se puede revocar un indulto presidencial.
Pero lo que sí me queda claro en el caso de la ‘píldora del día siguiente’ es que, al margen del debate jurídico, hay una realidad social que la cucufatería nacional deja de lado pues esta suele estar vinculada a los sectores pudientes de la sociedad.
El punto central para defender la distribución gratuita del AOE por parte del Estado es que es una medida sustentada en criterios de justicia y equidad, pues es anticonceptivo está hoy en día disponible para los que puedan pagar por él, pero no para las personas más pobres de la sociedad, a las cuales la cucufatería nacional suele dejar de lado en sus posiciones.
Fue, por ello, muy significativo que el gobierno optara por anunciar la distribución gratuita de la AOE precisamente en el día internacional de la mujer, una ocasión en la que abundan discursos huecos a favor de la igualdad de oportunidades, pero escasean medidas efectivas que, como esta, la promuevan.
En este sentido, los ministros Oscar Ugarte de Salud y Nidia Vílchez de la Mujer merecen, por su audacia para enfrentarse a la cucufatería nacional, y su valor para promover una decisión profundamente distributiva, un sincero agradecimiento de los que realmente les preocupan los problemas de las personas pobres del Perú.
Por la distribución gratuita de la píldora del día siguiente
Una de las decisiones más valientes e importantes del gobierno actual en estas semanas en las que ha andado con rumbo confundido en el terreno político, ha sido la defendida por los ministerios de Salud y de la Mujer para lograr que el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) se pueda distribuir de manera gratuita.
Ello requirió remontar un fallo previo del Tribunal Constitucional en el que, de manera bastante absurda, decretó el impedimento del AOE, también conocido como la ‘píldora del día siguiente’ con el argumento falaz de que es abortivo.
Esto fue posible debido a que, ante una consulta hecha por el Ministerio de Salud a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se obtuvo como respuesta científica que el AOE no es abortivo porque “no puede interrumpir la vida de un óvulo fecundado, pues solo es efectivo antes de que el esperma alcance el óvulo maduro”.
De este modo, al perder sustento la argumentación del TC, su decisión se cayó por absurda. Los magistrados de esa instancia han reclamado que se ha producido una suerte de “golpe de estado”. Desconozco ese mundo jurídico de las interpretaciones legales sobre lo que corresponde en este caso, del mismo modo cómo se ha abierto una discusión constitucional interesante sobre si se puede revocar un indulto presidencial.
Pero lo que sí me queda claro en el caso de la ‘píldora del día siguiente’ es que, al margen del debate jurídico, hay una realidad social que la cucufatería nacional deja de lado pues esta suele estar vinculada a los sectores pudientes de la sociedad.
El punto central para defender la distribución gratuita del AOE por parte del Estado es que es una medida sustentada en criterios de justicia y equidad, pues es anticonceptivo está hoy en día disponible para los que puedan pagar por él, pero no para las personas más pobres de la sociedad, a las cuales la cucufatería nacional suele dejar de lado en sus posiciones.
Fue, por ello, muy significativo que el gobierno optara por anunciar la distribución gratuita de la AOE precisamente en el día internacional de la mujer, una ocasión en la que abundan discursos huecos a favor de la igualdad de oportunidades, pero escasean medidas efectivas que, como esta, la promuevan.
En este sentido, los ministros Oscar Ugarte de Salud y Nidia Vílchez de la Mujer merecen, por su audacia para enfrentarse a la cucufatería nacional, y su valor para promover una decisión profundamente distributiva, un sincero agradecimiento de los que realmente les preocupan los problemas de las personas pobres del Perú.
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