Por: Juan de la Puente
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El gobierno transita sus primeros 100 días con algunos logros sustantivos. Quizás el primero sea que el país ha continuado su marcha a despecho de las previsiones catastrofistas de la derecha perdedora de las elecciones. Ninguna ecuación política, salvo el retroceso, sería posible si la economía no continuara la evolución prevista. Junto a lo señalado, otro logro político debe ser anotado: haber convertido en hegemónica y culturalmente irrebatible la crítica a la desigualdad y, por lo tanto, en viables las decisiones en línea de la inclusión. Solo habría que recordar que hace pocos años, la equidad era casi una mala palabra.
No obstante, también merece atención el modelo de gobierno propuesto, sostenido en una triple convivencia entre nacionalistas, socialistas y liberales. La integración de una parte de estos últimos en el gobierno es audaz en tanto la expresión de un modelo de cambio sin vencedores ni vencidos, distante del modelo venezolano y acaso ecuatoriano. La apuesta consiste en integrar a parte de los vencedores a la obra del gobierno bajo la idea de que existe una agenda liberal de contenido distributivo.
Para más de uno, el riesgo de este modelo no es la convivencia sino la acotación de los cambios, es decir, el tránsito hacia las reglas de juego chilenas luego de Pinochet, donde las políticas fueron moduladas por los poderes fácticos en apoyo de fuerzas del gobierno. En nuestro caso, esa posibilidad depende del perfil de los movimientos sociales, autónomos los últimos 20 años. Esta discusión se resolverá en la práctica cuando la calle responda a la pregunta: ¿Se autonomizarán del gobierno los movimientos sociales en un grado muy alto y podrán forzar un ciclo de cambios más rápidos e intensos?
El gobierno ha tenido éxito en rebajar las expectativas económicas centrando las demandas en la política social. La aprobación de la Ley de Consulta Previa y del gravamen minero no colisionan (todavía) con el núcleo del modelo; tampoco la puesta en marcha de los programas sociales ofrecidos. En este diálogo de señas e imágenes, la sociedad parece contentarse por ahora con la parte social de la inclusión, rebajando sus demandas de poder y de cambio económico. Ese canje tiene un tiempo político valioso que se debería traducir en la reforma del Estado, el principal problema de la inclusión en el corto plazo. El país quiere aunque sea un pedazo de cambio.
domingo, 13 de noviembre de 2011
CAMILA
¿Nos falta una Camila Vallejo?
Por Manuel Burga
Los jóvenes estudiantes chilenos, de las universidades públicas fundamentalmente, movilizados desde hace tres meses, con Camila Vallejo a la cabeza, han puesto en verdaderos apuros al gobierno de Sebastián Piñera. Una simpática estudiante de geografía, de 23 años, que prepara su licenciatura en la U. de Chile, como presidenta de la FECH, Federación de Estudiantes de Chile, ha asumido un sorprendente liderazgo estudiantil. Aún no sabemos cuál será el desenlace de estas protestas que el martes 9 pasado pusieron a 150 mil personas en las calles de Santiago. Pero ¿por qué nos debería preocupar la falta de una Camila Vallejo en nuestro país?
Los universitarios peruanos, docentes y estudiantes, sobre todo de las públicas, ni siquiera pueden imaginar la naturaleza de la educación superior universitaria chilena, cuyas reglas fueron establecidas por una ley de 1981, en el apogeo de Pinochet. Esa ley puso fin, en un contexto dictatorial, al tradicional modelo de la reforma de Córdoba: liquidó la gratuidad y el cogobierno estudiantil, al mismo tiempo. Desde entonces los estudiantes pagan aranceles, matrículas y pensiones, tan altas como las que se pagan en las universidades privadas.
La ausencia de representación estudiantil en los órganos de gobierno, no impide que los estudiantes tengan sus propios gremios, independientes, dinámicos, legítimos, alejados de las componendas para elegir autoridades, ya que los rectores, vicerrectores y decanos se eligen a través del voto universal de los docentes, principales y asociados, con mayor dedicación. Estas medidas neoliberales fueron compensadas con el Crédito Solidario Universitario que se otorga a miles de estudiantes de las 23 o más universidades que ocupan los mejores puestos en el examen nacional de admisión conducido por la U. de Chile. El año 2006 el fondo rotatorio para estos créditos llegaba a los 120 millones de dólares, mientras que en el INABEC de entonces no teníamos ni tres millones para ayudas semejantes.
Estos préstamos, que antes se devolvían directamente al Estado, ahora, por el incremento de la morosidad y por la lógica devastadora de una economía liberal de mercado, se reciben y devuelven en la banca privada. Préstamos que se deben devolver dos años después de haber terminado los estudios y cuando un trabajo adecuado les permita devolver el préstamo. Pero además, en octubre del 2008, se creó el Sistema Bicentenario de Becas Chile para hacer la maestría y el doctorado en el extranjero. Se iniciaron con 1000 y se incrementaron anualmente en 500 becas más para cada nivel. Cada una está muy bien dotada para permitir que los estudiantes viajen acompañados de sus familias y con programas de reinserción para el regreso.
El modelo universitario chileno es mucho más complejo y eficiente, ya que les ha permitido tener un sistema de calidad que ha llevado a la U. de Chile a ocupar un lugar entre las 500 mejores del mundo. El movimiento estudiantil, según Camila Vallejo, pide un cambio estructural a través de un cambio en la Constitución. Apuntan al corazón mismo del neoliberalismo chileno de los años 80. Critican la mercantilización de la educación superior y piden una educación pública amplia y de calidad.
Los jóvenes chilenos quieren gratuidad, cogobierno y más calidad, sin conocer que los dos primeros, en nuestro caso, han arruinado a nuestra universidad pública. Si no es así, ¿cómo explicar que los estudiantes de la Federico Villarreal sean simples observadores de las luchas docentes en una universidad intervenida y que los operadores políticos de San Marcos hayan liquidado a los auténticos dirigentes estudiantiles? Lógicamente no tenemos a una Camila Vallejo, una voz de alerta, legítima, que nos podría evitar el paso de la pasividad a la agitación violenta en un sistema organizado por la anacrónica ley de 1983, que el Congreso anterior fue incapaz de reemplazar.
Por Manuel Burga
Los jóvenes estudiantes chilenos, de las universidades públicas fundamentalmente, movilizados desde hace tres meses, con Camila Vallejo a la cabeza, han puesto en verdaderos apuros al gobierno de Sebastián Piñera. Una simpática estudiante de geografía, de 23 años, que prepara su licenciatura en la U. de Chile, como presidenta de la FECH, Federación de Estudiantes de Chile, ha asumido un sorprendente liderazgo estudiantil. Aún no sabemos cuál será el desenlace de estas protestas que el martes 9 pasado pusieron a 150 mil personas en las calles de Santiago. Pero ¿por qué nos debería preocupar la falta de una Camila Vallejo en nuestro país?
Los universitarios peruanos, docentes y estudiantes, sobre todo de las públicas, ni siquiera pueden imaginar la naturaleza de la educación superior universitaria chilena, cuyas reglas fueron establecidas por una ley de 1981, en el apogeo de Pinochet. Esa ley puso fin, en un contexto dictatorial, al tradicional modelo de la reforma de Córdoba: liquidó la gratuidad y el cogobierno estudiantil, al mismo tiempo. Desde entonces los estudiantes pagan aranceles, matrículas y pensiones, tan altas como las que se pagan en las universidades privadas.
La ausencia de representación estudiantil en los órganos de gobierno, no impide que los estudiantes tengan sus propios gremios, independientes, dinámicos, legítimos, alejados de las componendas para elegir autoridades, ya que los rectores, vicerrectores y decanos se eligen a través del voto universal de los docentes, principales y asociados, con mayor dedicación. Estas medidas neoliberales fueron compensadas con el Crédito Solidario Universitario que se otorga a miles de estudiantes de las 23 o más universidades que ocupan los mejores puestos en el examen nacional de admisión conducido por la U. de Chile. El año 2006 el fondo rotatorio para estos créditos llegaba a los 120 millones de dólares, mientras que en el INABEC de entonces no teníamos ni tres millones para ayudas semejantes.
Estos préstamos, que antes se devolvían directamente al Estado, ahora, por el incremento de la morosidad y por la lógica devastadora de una economía liberal de mercado, se reciben y devuelven en la banca privada. Préstamos que se deben devolver dos años después de haber terminado los estudios y cuando un trabajo adecuado les permita devolver el préstamo. Pero además, en octubre del 2008, se creó el Sistema Bicentenario de Becas Chile para hacer la maestría y el doctorado en el extranjero. Se iniciaron con 1000 y se incrementaron anualmente en 500 becas más para cada nivel. Cada una está muy bien dotada para permitir que los estudiantes viajen acompañados de sus familias y con programas de reinserción para el regreso.
El modelo universitario chileno es mucho más complejo y eficiente, ya que les ha permitido tener un sistema de calidad que ha llevado a la U. de Chile a ocupar un lugar entre las 500 mejores del mundo. El movimiento estudiantil, según Camila Vallejo, pide un cambio estructural a través de un cambio en la Constitución. Apuntan al corazón mismo del neoliberalismo chileno de los años 80. Critican la mercantilización de la educación superior y piden una educación pública amplia y de calidad.
Los jóvenes chilenos quieren gratuidad, cogobierno y más calidad, sin conocer que los dos primeros, en nuestro caso, han arruinado a nuestra universidad pública. Si no es así, ¿cómo explicar que los estudiantes de la Federico Villarreal sean simples observadores de las luchas docentes en una universidad intervenida y que los operadores políticos de San Marcos hayan liquidado a los auténticos dirigentes estudiantiles? Lógicamente no tenemos a una Camila Vallejo, una voz de alerta, legítima, que nos podría evitar el paso de la pasividad a la agitación violenta en un sistema organizado por la anacrónica ley de 1983, que el Congreso anterior fue incapaz de reemplazar.
LA UNIVERSIDAD ESPERADA
La universidad esperada
Por Manuel Burga
En el “Coloquio Universidad y Nación” organizado en la PUCP en días pasados, ante una pregunta, aparentemente ingenua, de un estudiante de San Marcos, que pidió explicar por qué el tercio estudiantil sanmarquino en las elecciones de rector, 2006 y 2011, eligió autoridades acatando las directivas de sus “operadores políticos”, sin saber por qué y por quiénes votaban, ofrecí una respuesta muy breve que ahora trataré de ampliar. El alumno en realidad me preguntaba, a partir de las versiones que circulan entre sus compañeros, porqué los representantes estudiantiles de San Marcos “vendían” su voto. Mi respuesta fue: a) por la actual crisis de valores que ha traído consigo una economía de mercado que ha puesto precio a casi todo; y b) por la presencia de “operadores políticos” que han reemplazado a las dirigencias estudiantiles. No estaba justificando conductas inmorales, ni hablando de algo muy nuevo.
Las dirigencias estudiantiles en las universidades públicas, interesadas en una universidad de calidad, auténticamente acreditada, moderna y pertinente, dejaron de existir en los años 80 por el accionar de SL y el MRTA. En los 90 aparecieron los “operadores políticos”, generalmente “estudiantes eternos”, especialistas en “ganar” elecciones y elegir autoridades a cambio de prebendas y puestos de trabajo. Esto se volvía crítico en determinado momento y por eso el Congreso fujimorista aprobó la ley 26457 de 1995, justificando una Comisión reorganizadora de San Marcos con dos encargos urgentes: modernizar la institución y proponer una nueva ley universitaria. Al año siguiente el mismo Congreso aprobó el DL 882 autorizando la inversión privada con fines de lucro en la educación superior y abriendo así las compuertas a la avalancha de universidades-empresa. Las que lograron impedir, en el gobierno anterior, desde el Ejecutivo y el Legislativo, una discusión seria, técnica y académica de una nueva ley universitaria.
Los dirigentes estudiantiles son cosa del pasado y los “operadores políticos”, sus reemplazantes, hijos de la globalización neoliberal y de una devastadora economía de mercado donde lo que importa es la ganancia, son los que ahora eligen autoridades, alta dirección y decanos, en las universidades públicas. Los elegidos acceden a buenos sueldos y a manejo presupuestal y los estudiantes son electores ocupando cargos no remunerados. Lógicamente, en un escenario mercantilizado, sin utopías, ni ideales políticos, ni propuestas interesantes, como decía el finado y simpático profesor César Kruger. Los alumnos asambleístas necesitan –y por eso buscan– candidatos a su medida, que les permitan acceder a cargos remunerados.
En Chile, en este momento, no hay cogobierno, pero sí dirigentes estudiantiles, como Camila Vallejo, que piden una educación de calidad, más inversión pública en educación y menos endeudamiento estudiantil para estudiar. ¿Aquí quién va a movilizarse por una nueva ley universitaria que promueva la calidad de las universidades públicas? Ante el escepticismo docente y la ausencia de auténticas dirigencias estudiantiles es necesario que el Estado asuma su papel dirigente y protagónico. De esta manera el más importante inversor en educación universitaria puede asegurar su inversión promoviendo universidades públicas, metropolitanas y regionales, que puedan competir con las mejores privadas, elevando así la calidad del conjunto de las universidades.
Hay que abrir los ojos ante la situación actual: varias universidades públicas intervenidas por la ANR, unas con Comisiones de Orden y Gestión, otras con Comités Electorales Externos, las demás sobreviven casi cautivas de arreglos y componendas entre docentes y operadores estudiantiles. El Congreso anterior creó irracionalmente nuevas universidades públicas, legisló fragmentariamente sobre la educación superior y se quedó en anodinos debates de proyectos y predictámenes. La hora ha llegado: se necesita una nueva ley universitaria que promueva la esperada universidad de calidad que el país reclama.
Por Manuel Burga
En el “Coloquio Universidad y Nación” organizado en la PUCP en días pasados, ante una pregunta, aparentemente ingenua, de un estudiante de San Marcos, que pidió explicar por qué el tercio estudiantil sanmarquino en las elecciones de rector, 2006 y 2011, eligió autoridades acatando las directivas de sus “operadores políticos”, sin saber por qué y por quiénes votaban, ofrecí una respuesta muy breve que ahora trataré de ampliar. El alumno en realidad me preguntaba, a partir de las versiones que circulan entre sus compañeros, porqué los representantes estudiantiles de San Marcos “vendían” su voto. Mi respuesta fue: a) por la actual crisis de valores que ha traído consigo una economía de mercado que ha puesto precio a casi todo; y b) por la presencia de “operadores políticos” que han reemplazado a las dirigencias estudiantiles. No estaba justificando conductas inmorales, ni hablando de algo muy nuevo.
Las dirigencias estudiantiles en las universidades públicas, interesadas en una universidad de calidad, auténticamente acreditada, moderna y pertinente, dejaron de existir en los años 80 por el accionar de SL y el MRTA. En los 90 aparecieron los “operadores políticos”, generalmente “estudiantes eternos”, especialistas en “ganar” elecciones y elegir autoridades a cambio de prebendas y puestos de trabajo. Esto se volvía crítico en determinado momento y por eso el Congreso fujimorista aprobó la ley 26457 de 1995, justificando una Comisión reorganizadora de San Marcos con dos encargos urgentes: modernizar la institución y proponer una nueva ley universitaria. Al año siguiente el mismo Congreso aprobó el DL 882 autorizando la inversión privada con fines de lucro en la educación superior y abriendo así las compuertas a la avalancha de universidades-empresa. Las que lograron impedir, en el gobierno anterior, desde el Ejecutivo y el Legislativo, una discusión seria, técnica y académica de una nueva ley universitaria.
Los dirigentes estudiantiles son cosa del pasado y los “operadores políticos”, sus reemplazantes, hijos de la globalización neoliberal y de una devastadora economía de mercado donde lo que importa es la ganancia, son los que ahora eligen autoridades, alta dirección y decanos, en las universidades públicas. Los elegidos acceden a buenos sueldos y a manejo presupuestal y los estudiantes son electores ocupando cargos no remunerados. Lógicamente, en un escenario mercantilizado, sin utopías, ni ideales políticos, ni propuestas interesantes, como decía el finado y simpático profesor César Kruger. Los alumnos asambleístas necesitan –y por eso buscan– candidatos a su medida, que les permitan acceder a cargos remunerados.
En Chile, en este momento, no hay cogobierno, pero sí dirigentes estudiantiles, como Camila Vallejo, que piden una educación de calidad, más inversión pública en educación y menos endeudamiento estudiantil para estudiar. ¿Aquí quién va a movilizarse por una nueva ley universitaria que promueva la calidad de las universidades públicas? Ante el escepticismo docente y la ausencia de auténticas dirigencias estudiantiles es necesario que el Estado asuma su papel dirigente y protagónico. De esta manera el más importante inversor en educación universitaria puede asegurar su inversión promoviendo universidades públicas, metropolitanas y regionales, que puedan competir con las mejores privadas, elevando así la calidad del conjunto de las universidades.
Hay que abrir los ojos ante la situación actual: varias universidades públicas intervenidas por la ANR, unas con Comisiones de Orden y Gestión, otras con Comités Electorales Externos, las demás sobreviven casi cautivas de arreglos y componendas entre docentes y operadores estudiantiles. El Congreso anterior creó irracionalmente nuevas universidades públicas, legisló fragmentariamente sobre la educación superior y se quedó en anodinos debates de proyectos y predictámenes. La hora ha llegado: se necesita una nueva ley universitaria que promueva la esperada universidad de calidad que el país reclama.
LA UNIVERSIDAD
¿A dónde va la universidad peruana?
Por: Manuel Burga
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El artículo de María José Ampuero, ‘Los zares de la educación’, en el último número de Semana Económica, desnuda –aunque no en su totalidad– la estrecha relación entre los dueños de las universidades-empresa y el poder político. Esta suerte de nueva estructura de poder se comenzó a construir, con viento muy favorable, desde 1996, con la promulgación del DL 882 en el apogeo del fujimorismo, que legalizó la inversión privada con fines de lucro en educación. Estos “zares” de la educación son hijos de la globalización neoliberal. Pero hay otros, la contrapartida de estos, aquellos personajes, políticos, universitarios y académicos, que desde hace más de una década están tejiendo y destejiendo proyectos de ley universitaria, sin suerte alguna. Los zares han podido más, evidentemente, que los propios universitarios en la década pasada.¿Continuará esta situación con el presente gobierno?
El artículo de Ampuero presenta una lista de 17 zares de la educación, y muestra sus relaciones con la función congresal y las universidades que fundaron y que poseen, pero con algunas ausencias notables. Entre los presentes encontramos a César Acuña Peralta, su hijo Richard (hoy congresista), Raúl Diez Canseco, Roger Amuruz Gallegos, Fernando Barrio Ipinza, José Luis Elías Ávalos (congresista) y once más. Todos ellos dueños de universidades; pero sin duda faltan los grandes, los zares con avión, como Fidel Ramírez de Alas Peruanas (57.000 estudiantes) y José Antonio Chang de la USMP (31.000).
Estos zares controlaron el Congreso en los gobiernos de Toledo y García Pérez. En el primero preferentemente el Legislativo, y en el segundo el Legislativo y el Ejecutivo. Con José Antonio Chang esta estructura de poder alcanzó su apogeo, tanto que como ministro se dio el lujo de inducir al presidente García a observar la ley que modificaba la forma de elección de autoridades en las universidades públicas y suprimir la CAFME, cuando este puso exigencias para el funcionamiento de su facultad de medicina en Chiclayo. Además, Alan García y su ministro preferido entretuvieron a los docentes de las públicas dilatando el cumplimiento de las metas de la homologación.
¿En qué situación nos encontramos ahora? Tengo la impresión de que con el gobierno del Apra terminó ese control de los “zares” sobre el Legislativo y el Ejecutivo, y me parece que ahora se podría iniciar el periodo de los que verdaderamente están interesados en la universidad: los universitarios, grupo en el que se pueden incluir a los congresistas sinceramente preocupados por la educación, que desde el año 2001, o antes, elaboran, reelaboran, maquillan, copian, transcriben, a veces de manera muy evidente, proyectos de ley universitaria, antiguos y recientes, que se conservan en archivos virtuales y materiales. Muchos hemos ayudado a poner retazos en esos trajes de arlequín que son los proyectos de ley universitaria que hasta ahora reposan en el archivo de la Comisión de Educación.
La Universidad Antonio Ruiz de Montoya realiza, en estos días, el simposio ¿A dónde va la universidad peruana?, con la intención de crear un espacio de encuentro y debate para ofrecer nuevas respuestas a esa gran pregunta. ¿Los zares seguirán su camino de ascenso? ¿Cómo reaccionarán las privadas sin fines de lucro y cómo las públicas, atrapadas en sus luchas por el poder? ¿Podrán salir de sus dificultades sin una nueva ley universitaria?
El gobierno actual pretende derogar la Ley 29766 que brindaba beneficios tributarios a las universidades-empresas. ¿Podrá hacerlo? Pero por qué detenerse en estos pequeños atajos conseguidos en la época del fujimorismo y por qué no discutir las cosas esenciales, como una nueva ley universitaria que devuelva la calidad, pertinencia y la investigación a la universidad peruana.
Por: Manuel Burga
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El artículo de María José Ampuero, ‘Los zares de la educación’, en el último número de Semana Económica, desnuda –aunque no en su totalidad– la estrecha relación entre los dueños de las universidades-empresa y el poder político. Esta suerte de nueva estructura de poder se comenzó a construir, con viento muy favorable, desde 1996, con la promulgación del DL 882 en el apogeo del fujimorismo, que legalizó la inversión privada con fines de lucro en educación. Estos “zares” de la educación son hijos de la globalización neoliberal. Pero hay otros, la contrapartida de estos, aquellos personajes, políticos, universitarios y académicos, que desde hace más de una década están tejiendo y destejiendo proyectos de ley universitaria, sin suerte alguna. Los zares han podido más, evidentemente, que los propios universitarios en la década pasada.¿Continuará esta situación con el presente gobierno?
El artículo de Ampuero presenta una lista de 17 zares de la educación, y muestra sus relaciones con la función congresal y las universidades que fundaron y que poseen, pero con algunas ausencias notables. Entre los presentes encontramos a César Acuña Peralta, su hijo Richard (hoy congresista), Raúl Diez Canseco, Roger Amuruz Gallegos, Fernando Barrio Ipinza, José Luis Elías Ávalos (congresista) y once más. Todos ellos dueños de universidades; pero sin duda faltan los grandes, los zares con avión, como Fidel Ramírez de Alas Peruanas (57.000 estudiantes) y José Antonio Chang de la USMP (31.000).
Estos zares controlaron el Congreso en los gobiernos de Toledo y García Pérez. En el primero preferentemente el Legislativo, y en el segundo el Legislativo y el Ejecutivo. Con José Antonio Chang esta estructura de poder alcanzó su apogeo, tanto que como ministro se dio el lujo de inducir al presidente García a observar la ley que modificaba la forma de elección de autoridades en las universidades públicas y suprimir la CAFME, cuando este puso exigencias para el funcionamiento de su facultad de medicina en Chiclayo. Además, Alan García y su ministro preferido entretuvieron a los docentes de las públicas dilatando el cumplimiento de las metas de la homologación.
¿En qué situación nos encontramos ahora? Tengo la impresión de que con el gobierno del Apra terminó ese control de los “zares” sobre el Legislativo y el Ejecutivo, y me parece que ahora se podría iniciar el periodo de los que verdaderamente están interesados en la universidad: los universitarios, grupo en el que se pueden incluir a los congresistas sinceramente preocupados por la educación, que desde el año 2001, o antes, elaboran, reelaboran, maquillan, copian, transcriben, a veces de manera muy evidente, proyectos de ley universitaria, antiguos y recientes, que se conservan en archivos virtuales y materiales. Muchos hemos ayudado a poner retazos en esos trajes de arlequín que son los proyectos de ley universitaria que hasta ahora reposan en el archivo de la Comisión de Educación.
La Universidad Antonio Ruiz de Montoya realiza, en estos días, el simposio ¿A dónde va la universidad peruana?, con la intención de crear un espacio de encuentro y debate para ofrecer nuevas respuestas a esa gran pregunta. ¿Los zares seguirán su camino de ascenso? ¿Cómo reaccionarán las privadas sin fines de lucro y cómo las públicas, atrapadas en sus luchas por el poder? ¿Podrán salir de sus dificultades sin una nueva ley universitaria?
El gobierno actual pretende derogar la Ley 29766 que brindaba beneficios tributarios a las universidades-empresas. ¿Podrá hacerlo? Pero por qué detenerse en estos pequeños atajos conseguidos en la época del fujimorismo y por qué no discutir las cosas esenciales, como una nueva ley universitaria que devuelva la calidad, pertinencia y la investigación a la universidad peruana.
BALANCE DE ALAN
- Waldo Mendoza » El legado de García
Profesor de Economía de la PUCP
En materia de política económica, el gobierno de García ya concluyó. Es un buen momento para hacer un balance. Hay consenso que su segundo gobierno ha sido infinitamente mejor que el primero (once entre cero es infinito). Está dejando, sin embargo, varios presentes que serán un dolor de cabeza para la siguiente administración.
Para el debido proceso, debe recordarse que el desempeño macroeconómico de un país depende del contexto externo, la política macroeconómica y el modelo de crecimiento.
El contexto externo
El contexto externo fue, en promedio, favorable para García, con la excepción de 2009. En el periodo 2006-2010 la economía mundial creció en alrededor de 3.5 % anual y el ingreso de capitales a nuestro país bordeó el 2.5 % del PBI.
La política macroeconómica
La política monetaria tuvo tres fases. En la primera, al inicio de este gobierno, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) bajó innecesariamente la meta de inflación; elevó, también por gusto, la remuneración al encaje en moneda extranjera; y ofreció, y reculó de inmediato, una mayor flotación del tipo de cambio.
La segunda etapa estuvo marcada por la crisis mundial. Cuando ya existía evidencia del impulso recesivo proveniente del exterior, no se bajó a tiempo la tasa de interés; aunque sí se evitó una crisis cambiaria con la venta masiva de dólares.
El BCRP se justificó diciendo que no se puede bajar la tasa de interés cuando salen los capitales y presionan el tipo de cambio.
Pero otros bancos centrales, en condiciones similares, bajaron sus tasas de interés mucho antes que nosotros. Esto es posible porque el BCRP tiene dos instrumentos, la venta de dólares esterilizada y la tasa de interés. El primer instrumento fue usado a tiempo; el segundo no.
En la etapa poscrisis el BCRP hizo lo correcto, subió la tasa de interés y la tasa de encaje en moneda extranjera.
La política fiscal, antes de la crisis externa, fue expansiva y, en la fase siguiente, cuando llegó la crisis, fue contractiva. En el primer semestre de 2008, cuando la economía peruana crecía a ritmo chino, la inversión pública subió en 65 % anual y en el periodo recesivo, fines de 2008 y principios de 2009, se elevó solo en 20 %.
En la fase poscrisis, desde fines de 2009, la política fiscal ha retomado su carácter contracíclico.
El modelo de crecimiento
Nuestro desempeño macroeconómico se explica también por el modelo de crecimiento vigente (cuánto Estado y cuánto mercado, cuánta protección arancelaria y cuánto libre comercio).
En América del Sur, por el grado de intervención estatal (en el sistema de precios, en la propiedad de las empresas) y de apertura al comercio internacional, pueden juntarse a los países en dos grandes grupos. En el grupo A están Perú, Colombia, Chile y Brasil, y en el grupo B, Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador.
En los últimos años, en términos de inflación y crecimiento del PBI, al grupo A le ha ido mucho mejor que al grupo B.
Los retos para el 2011-2015
En política monetaria, el BCRP tiene cuatro tareas: mover oportunamente la tasa de referencia, impedir el ingreso masivo de capitales de corto plazo, acumular un montón de reservas internacionales y, para fortalecer la potencia de la política monetaria, para que los cambios en las tasas de corto plazo impacten rápidamente en las de largo plazo, debe abandonar el obsoleto instrumento de la tasa de encaje en soles.
La política fiscal debe recuperar el carácter contracíclico del periodo 2001-2005. Esa política, que fue producto de la buena voluntad política, debe institucionalizarse, a través de una regla de superávit estructural como el que tienen los chilenos
En ocasiones, no hacer nada es meritorio. Mientras en el grupo B paran “refundando” sus modelos de crecimiento, transitando, cada cierto tiempo, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y manteniéndose a la larga en el mismo sitio, García no tocó un pelo del modelo heredado de Toledo.
Hizo bien en privilegiar el mercado externo como fuente de demanda y la inversión privada como principal fuente de capacidad productiva. No existe un país en el mundo, pequeño y abierto como el nuestro, que haya logrado crecer sostenidamente si no es a punta de exportaciones. Las políticas destinadas a promover el mercado interno pueden ser un complemento de la política social, pero no sirven para el crecimiento sostenido.
La evidencia también señala que para sostener un crecimiento alto las exportaciones tienen que ser principalmente de productos manufacturados. El desarrollo de la infraestructura necesaria, junto con políticas específicas para ese objetivo, podrían elevar nuestra tasa de crecimiento potencial.
Por último, lo más importante. Si queremos dejar de ser uno de los países más desiguales en América Latina, hay que elevar sustantivamente la recaudación, para poder sostener un gasto público mayor en capital humano e infraestructura.
A García nunca le ha preocupado la recaudación. En su primer gobierno redujo la presión tributaria de 15 % del PBI a 7.5 %. En su actual gobierno, la recibió en 16 % y la dejará por debajo de esa cifra. Para evadir el tema, podemos insistir en que “hay que ampliar la base tributaria”. En realidad, la presión tributaria solo puede subir apreciablemente desapareciendo las exoneraciones o modificando el esquema actual de tributación minera.
Lo hecho no ha sido destrozado. Eso está bien. Lo fácil, ha sido hecho. Al siguiente gobierno le toca hacer los grandes correctivos al modelo vigente que nos permitan sostener un crecimiento elevado y, al mismo tiempo, enfrentar el problema distributivo.
Profesor de Economía de la PUCP
En materia de política económica, el gobierno de García ya concluyó. Es un buen momento para hacer un balance. Hay consenso que su segundo gobierno ha sido infinitamente mejor que el primero (once entre cero es infinito). Está dejando, sin embargo, varios presentes que serán un dolor de cabeza para la siguiente administración.
Para el debido proceso, debe recordarse que el desempeño macroeconómico de un país depende del contexto externo, la política macroeconómica y el modelo de crecimiento.
El contexto externo
El contexto externo fue, en promedio, favorable para García, con la excepción de 2009. En el periodo 2006-2010 la economía mundial creció en alrededor de 3.5 % anual y el ingreso de capitales a nuestro país bordeó el 2.5 % del PBI.
La política macroeconómica
La política monetaria tuvo tres fases. En la primera, al inicio de este gobierno, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) bajó innecesariamente la meta de inflación; elevó, también por gusto, la remuneración al encaje en moneda extranjera; y ofreció, y reculó de inmediato, una mayor flotación del tipo de cambio.
La segunda etapa estuvo marcada por la crisis mundial. Cuando ya existía evidencia del impulso recesivo proveniente del exterior, no se bajó a tiempo la tasa de interés; aunque sí se evitó una crisis cambiaria con la venta masiva de dólares.
El BCRP se justificó diciendo que no se puede bajar la tasa de interés cuando salen los capitales y presionan el tipo de cambio.
Pero otros bancos centrales, en condiciones similares, bajaron sus tasas de interés mucho antes que nosotros. Esto es posible porque el BCRP tiene dos instrumentos, la venta de dólares esterilizada y la tasa de interés. El primer instrumento fue usado a tiempo; el segundo no.
En la etapa poscrisis el BCRP hizo lo correcto, subió la tasa de interés y la tasa de encaje en moneda extranjera.
La política fiscal, antes de la crisis externa, fue expansiva y, en la fase siguiente, cuando llegó la crisis, fue contractiva. En el primer semestre de 2008, cuando la economía peruana crecía a ritmo chino, la inversión pública subió en 65 % anual y en el periodo recesivo, fines de 2008 y principios de 2009, se elevó solo en 20 %.
En la fase poscrisis, desde fines de 2009, la política fiscal ha retomado su carácter contracíclico.
El modelo de crecimiento
Nuestro desempeño macroeconómico se explica también por el modelo de crecimiento vigente (cuánto Estado y cuánto mercado, cuánta protección arancelaria y cuánto libre comercio).
En América del Sur, por el grado de intervención estatal (en el sistema de precios, en la propiedad de las empresas) y de apertura al comercio internacional, pueden juntarse a los países en dos grandes grupos. En el grupo A están Perú, Colombia, Chile y Brasil, y en el grupo B, Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador.
En los últimos años, en términos de inflación y crecimiento del PBI, al grupo A le ha ido mucho mejor que al grupo B.
Los retos para el 2011-2015
En política monetaria, el BCRP tiene cuatro tareas: mover oportunamente la tasa de referencia, impedir el ingreso masivo de capitales de corto plazo, acumular un montón de reservas internacionales y, para fortalecer la potencia de la política monetaria, para que los cambios en las tasas de corto plazo impacten rápidamente en las de largo plazo, debe abandonar el obsoleto instrumento de la tasa de encaje en soles.
La política fiscal debe recuperar el carácter contracíclico del periodo 2001-2005. Esa política, que fue producto de la buena voluntad política, debe institucionalizarse, a través de una regla de superávit estructural como el que tienen los chilenos
En ocasiones, no hacer nada es meritorio. Mientras en el grupo B paran “refundando” sus modelos de crecimiento, transitando, cada cierto tiempo, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y manteniéndose a la larga en el mismo sitio, García no tocó un pelo del modelo heredado de Toledo.
Hizo bien en privilegiar el mercado externo como fuente de demanda y la inversión privada como principal fuente de capacidad productiva. No existe un país en el mundo, pequeño y abierto como el nuestro, que haya logrado crecer sostenidamente si no es a punta de exportaciones. Las políticas destinadas a promover el mercado interno pueden ser un complemento de la política social, pero no sirven para el crecimiento sostenido.
La evidencia también señala que para sostener un crecimiento alto las exportaciones tienen que ser principalmente de productos manufacturados. El desarrollo de la infraestructura necesaria, junto con políticas específicas para ese objetivo, podrían elevar nuestra tasa de crecimiento potencial.
Por último, lo más importante. Si queremos dejar de ser uno de los países más desiguales en América Latina, hay que elevar sustantivamente la recaudación, para poder sostener un gasto público mayor en capital humano e infraestructura.
A García nunca le ha preocupado la recaudación. En su primer gobierno redujo la presión tributaria de 15 % del PBI a 7.5 %. En su actual gobierno, la recibió en 16 % y la dejará por debajo de esa cifra. Para evadir el tema, podemos insistir en que “hay que ampliar la base tributaria”. En realidad, la presión tributaria solo puede subir apreciablemente desapareciendo las exoneraciones o modificando el esquema actual de tributación minera.
Lo hecho no ha sido destrozado. Eso está bien. Lo fácil, ha sido hecho. Al siguiente gobierno le toca hacer los grandes correctivos al modelo vigente que nos permitan sostener un crecimiento elevado y, al mismo tiempo, enfrentar el problema distributivo.
Generar mayor valor agregado
Por Santiago Roca
Profesor Principal, Universidad ESAN
En el poco tiempo de gestión del actual gobierno sobresalen nítidamente las acciones anunciadas en el tema de inclusión social, pero no se ha apreciado hasta el momento contundencia en la apuesta por la generación de riqueza y el impulso a la creación de valor en las actividades económicas: el otro pilar de la Hoja de Ruta y del programa del actual gobierno.
Para que el Perú progrese y sea una nación con ingresos por trabajo decentes debe lograr que una mayor proporción del valor agregado proceda no tanto de la extracción o utilización simple de los recursos naturales y humanos sino de la transformación de estos en actividades con mayor valor. La “industrialidad” genera aprendizaje, nuevas destrezas y capacidades, aumenta la complejidad y variedad, crea profesiones más calificadas y un empleo e ingreso de mayor paga y calidad.
Si bien el tema ha sido parte del discurso y de algunas de las políticas anunciadas por el Primer Ministro, ellas han sido aisladas y no han tenido la claridad, énfasis e integralidad, para que sean relievadas como pilares del programa de gobierno. Un discurso que pasó inadvertido, por ejemplo, fue el que pronunciara el Primer Ministro en un evento científico (http://www.youtube.com/watch?v=pd9pdJGAwqQ) en donde expresó la urgencia y la necesidad de impulsar políticas que incorporen mayor conocimiento y valor agregado en las actividades económicas. En su presentación al Congreso, se volvió a tocar el tema, pero el énfasis se dio en el lado organizacional: la necesidad de fusionar las distintas unidades del Estado en una agencia para promover la competitividad y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Dar mayor protagonismo al objetivo de generar más riqueza y valor agregado en la economía nacional implica, por ejemplo, dar señales claras de que el gravamen a las sobreganancias mineras sería mayor para aquellas empresas que exportan productos poco elaborados, o que no se devolverá el IGV a las compras ni habrá “drawback” a todas las exportaciones de materias primas.
Se podría también canjear impuestos por proyectos de innovación y premiar las actividades que conectan, se aprovisionan o transfieren tecnologías a la economía local. La formación de complejos metal mecánicos, conglomerados especializados en agroindustria, construcción, petroquímica, turismo, debieran tener incentivos especiales y temporales, premiándose a la inversión que añada más valor.
Inexplicablemente, la política acerca del gas favorece las exportaciones y las rentas extraordinarias de los consorcios gasíferos, en vez de ser un factor que eleve la competitividad y genere industrias con mayor valor agregado nacional.
El aumento de la productividad, la calidad y la competitividad no solamente a nivel de la empresa sino de la economía en general son parte de la política integral de crecimiento sostenido con inclusión que se debe apostar. Por ello, todas las políticas económicas, incentivos y leyes debieran ser evaluados previamente por su posible impacto y contribución en la generación de mayor valor agregado nacional.
Por Santiago Roca
Profesor Principal, Universidad ESAN
En el poco tiempo de gestión del actual gobierno sobresalen nítidamente las acciones anunciadas en el tema de inclusión social, pero no se ha apreciado hasta el momento contundencia en la apuesta por la generación de riqueza y el impulso a la creación de valor en las actividades económicas: el otro pilar de la Hoja de Ruta y del programa del actual gobierno.
Para que el Perú progrese y sea una nación con ingresos por trabajo decentes debe lograr que una mayor proporción del valor agregado proceda no tanto de la extracción o utilización simple de los recursos naturales y humanos sino de la transformación de estos en actividades con mayor valor. La “industrialidad” genera aprendizaje, nuevas destrezas y capacidades, aumenta la complejidad y variedad, crea profesiones más calificadas y un empleo e ingreso de mayor paga y calidad.
Si bien el tema ha sido parte del discurso y de algunas de las políticas anunciadas por el Primer Ministro, ellas han sido aisladas y no han tenido la claridad, énfasis e integralidad, para que sean relievadas como pilares del programa de gobierno. Un discurso que pasó inadvertido, por ejemplo, fue el que pronunciara el Primer Ministro en un evento científico (http://www.youtube.com/watch?v=pd9pdJGAwqQ) en donde expresó la urgencia y la necesidad de impulsar políticas que incorporen mayor conocimiento y valor agregado en las actividades económicas. En su presentación al Congreso, se volvió a tocar el tema, pero el énfasis se dio en el lado organizacional: la necesidad de fusionar las distintas unidades del Estado en una agencia para promover la competitividad y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Dar mayor protagonismo al objetivo de generar más riqueza y valor agregado en la economía nacional implica, por ejemplo, dar señales claras de que el gravamen a las sobreganancias mineras sería mayor para aquellas empresas que exportan productos poco elaborados, o que no se devolverá el IGV a las compras ni habrá “drawback” a todas las exportaciones de materias primas.
Se podría también canjear impuestos por proyectos de innovación y premiar las actividades que conectan, se aprovisionan o transfieren tecnologías a la economía local. La formación de complejos metal mecánicos, conglomerados especializados en agroindustria, construcción, petroquímica, turismo, debieran tener incentivos especiales y temporales, premiándose a la inversión que añada más valor.
Inexplicablemente, la política acerca del gas favorece las exportaciones y las rentas extraordinarias de los consorcios gasíferos, en vez de ser un factor que eleve la competitividad y genere industrias con mayor valor agregado nacional.
El aumento de la productividad, la calidad y la competitividad no solamente a nivel de la empresa sino de la economía en general son parte de la política integral de crecimiento sostenido con inclusión que se debe apostar. Por ello, todas las políticas económicas, incentivos y leyes debieran ser evaluados previamente por su posible impacto y contribución en la generación de mayor valor agregado nacional.
PBI
- Santiago Roca » El PBI sin precios tan altos en las materias primas
La economía peruana se ha visto favorecida por las altas cotizaciones de los principales minerales que el país exporta. Así, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010, la cotización del oro aumentó de US$ 280 a US$ 1,178 la onza troy, mientras el precio del cobre subió de ¢US$ 80 a ¢US$ 308 la libra.
De acuerdo al BCRP, el índice de precios de las exportaciones que considera tanto los productos tradicionales como los no tradicionales creció entre el 2000 y el 2010 en 179%, observándose hasta cuatro periodos: i) precios relativamente estables entre el 2000 y el 2003; ii) alza de precios sostenida entre el 2004 y el 2008, del orden del 19% al año; iii) caída del precio del 13% en el 2009; y, iv) rápida recuperación en el 2010, incluso 11% superior al pico alcanzado el 2008.
De otro lado, los precios de las importaciones presentaron un crecimiento acumulado del 86% entre el 2000 y el 2010, siendo su período de mayor alza entre el 2004 y el 2008 a una tasa promedio anual del 12%. Los términos de intercambio, es decir, la capacidad de compra de nuestras exportaciones en términos de los bienes que el país demanda del exterior, aumentaron en 50%. Este entorno comercial favorable elevó los flujos de dólares, generó superávits en la balanza comercial, aumentó la disponibilidad de fondos, aumentó el gasto doméstico y, por ende, elevó la producción.
¿Si los precios no hubiesen sido tan favorables, qué habría sucedido con el crecimiento del PBI?
Asumiendo solo variación de los precios de las exportaciones e importaciones sin sus efectos en el resto de variables económicas que afectan el PBI se puede simular dos hipotéticos escenarios: el primero, asumiendo precios de las exportaciones constantes a los niveles del año 2000; y el segundo, asumiendo precios de las exportaciones creciendo al mismo ritmo de los precios de las importaciones (86%), con lo cual los términos de intercambio se mantienen a los niveles del 2000.
En el primer escenario (proyección 1), con congelamiento de los precios de las exportaciones, la proyección nos indica que el crecimiento de la economía entre el 2000 y el 2010 estaría llegando a una tasa media anual de 3.7% (43% acumulado), cifra bastante menor al crecimiento efectivamente observado de 5,7% promedio al año (74% acumulado).
En el segundo caso, el producto (proyección 2) hubiera estado creciendo a una tasa promedio anual de 4,7% (58% acumulado). Esto significa que la economía entre el 2000 y el 2010 habría crecido a una tasa anual de 4,7% y no en 5,7%.
Entre uno y dos puntos menos de crecimiento del PBI al año, por 10 años, podía haber sido el efecto de menores precios en las exportaciones en la década pasada. En el futuro hay que prever no solo por si bajan los precios sino también por si la demanda externa cae debido a la recesión esperada.
La economía peruana se ha visto favorecida por las altas cotizaciones de los principales minerales que el país exporta. Así, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010, la cotización del oro aumentó de US$ 280 a US$ 1,178 la onza troy, mientras el precio del cobre subió de ¢US$ 80 a ¢US$ 308 la libra.
De acuerdo al BCRP, el índice de precios de las exportaciones que considera tanto los productos tradicionales como los no tradicionales creció entre el 2000 y el 2010 en 179%, observándose hasta cuatro periodos: i) precios relativamente estables entre el 2000 y el 2003; ii) alza de precios sostenida entre el 2004 y el 2008, del orden del 19% al año; iii) caída del precio del 13% en el 2009; y, iv) rápida recuperación en el 2010, incluso 11% superior al pico alcanzado el 2008.
De otro lado, los precios de las importaciones presentaron un crecimiento acumulado del 86% entre el 2000 y el 2010, siendo su período de mayor alza entre el 2004 y el 2008 a una tasa promedio anual del 12%. Los términos de intercambio, es decir, la capacidad de compra de nuestras exportaciones en términos de los bienes que el país demanda del exterior, aumentaron en 50%. Este entorno comercial favorable elevó los flujos de dólares, generó superávits en la balanza comercial, aumentó la disponibilidad de fondos, aumentó el gasto doméstico y, por ende, elevó la producción.
¿Si los precios no hubiesen sido tan favorables, qué habría sucedido con el crecimiento del PBI?
Asumiendo solo variación de los precios de las exportaciones e importaciones sin sus efectos en el resto de variables económicas que afectan el PBI se puede simular dos hipotéticos escenarios: el primero, asumiendo precios de las exportaciones constantes a los niveles del año 2000; y el segundo, asumiendo precios de las exportaciones creciendo al mismo ritmo de los precios de las importaciones (86%), con lo cual los términos de intercambio se mantienen a los niveles del 2000.
En el primer escenario (proyección 1), con congelamiento de los precios de las exportaciones, la proyección nos indica que el crecimiento de la economía entre el 2000 y el 2010 estaría llegando a una tasa media anual de 3.7% (43% acumulado), cifra bastante menor al crecimiento efectivamente observado de 5,7% promedio al año (74% acumulado).
En el segundo caso, el producto (proyección 2) hubiera estado creciendo a una tasa promedio anual de 4,7% (58% acumulado). Esto significa que la economía entre el 2000 y el 2010 habría crecido a una tasa anual de 4,7% y no en 5,7%.
Entre uno y dos puntos menos de crecimiento del PBI al año, por 10 años, podía haber sido el efecto de menores precios en las exportaciones en la década pasada. En el futuro hay que prever no solo por si bajan los precios sino también por si la demanda externa cae debido a la recesión esperada.
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