sinesio lopez
La captura de Ollanta, como la de Atahualpa, se produjo en Cajamarca, coincidentemente en el mes de noviembre, pero con la friolera de 479 años de diferencia. Sus captores no han sido, desde luego, las huestes de Pizarro (reforzadas por Almagro) sino sus descendientes: los Velarde, los Castilla, con el refuerzo posterior de los Benavides y compañía. El rescate no ha sido un modesto cuarto dos veces lleno de plata y una de oro sino la codiciada mina de La Conga y sus lagunas atiborradas del metal precioso.
A diferencia de Atahualpa, Ollanta no ha sido felizmente condenado a la horca porque no arrojó la Biblia de los nuevos conquistadores (el catecismo neoliberal) sino que la ha hecho suya, la ha estrechado contra su pecho y todos ellos han quedado satisfechos. Hasta le han hecho creer que sigue gobernando el Perú desde el cautiverio. Como broche de oro, una encuesta, muy objetiva y muy oportuna, ha mostrado que los peruanos de los diversos estratos sociales están felices con la captura, el cautiverio, el rescate y la continuidad de su gobierno.
Más allá de las semejanzas y las diferencias, constato que la historia se repite, pero no voy a apelar a Vico o a Marx para explicar esa aburrida repetición. Me parece más fundada la idea del path dependence de los politólogos serios, (no de los figuretis que gustan tanto a la derecha), según la cual un hecho importante y decisivo de la historia de un país marca su camino y condiciona lo que viene después. Las instituciones, que encarnan trayectorias y punto de inflexión, son configuradas por la historia y los actores pueden elegir una alternativa entre diversos cursos de acción dentro de los marcos institucionales establecidos, pero no pueden elegir las circunstancias en las que ellos actúan.
La Conquista y Colonia han marcado la historia del Perú y los diversos esfuerzos por revertirlas han fracasado. El intento más serio fue el de Túpac Amaru en 1780, pero fue derrotado por los españoles con el alto costo de más de 100 mil muertos. La independencia del Perú fue una revolución ambigua, según el historiador inglés John Lynch. Los criollos querían la independencia sin abjurar de la Colonia.
Pablo Macera se ha preguntado cómo era el Perú al día siguiente de la Independencia y se ha respondido: el mismo de antes. En los años 30 del siglo XX, Haya de la Torre y Mariátegui, cada uno dentro de sus propios cauces, pretendieron construir Estado-nación, pero sus organizaciones y propuestas fueron cooptadas (Apra) o derrotadas (el PS y luego el PC) por la oligarquía.
Las reformas de Velasco y de los militares en los 70 fueron las que más lejos llegaron en el intento de revertir la Conquista y la Colonia, acabando con la oligarquía y el gamonalismo, pero los diversos errores del gobierno y de sus líderes y las adversas circunstancias nacionales e internacionales impidieron que el Estado-nación fuera impuesto desde arriba. Otro esfuerzo frustrado en los 80 fue la Izquierda Unida (IU). Muchos peruanos y peruanas esperábamos que Ollanta abriera el camino democrático de la gran transformación, impulsara un conjunto de reformas que acabaran con el capitalismo salvaje del neoliberalismo, instalara un capitalismo democrático en una primera etapa y avanzara luego hacia un desarrollo nacional inclusivo. Esperábamos que, a pesar de algunos recodos en el camino, se superaran las deficiencias de 1821, se construyera el Estado-nacional republicano y se contribuyera a celebrar en grande el bicentenario de la independencia del Perú.
La captura de Ollanta acabó con estos sueños. Pienso que Ollanta se resistió a ser capturado en un primer momento e intentó organizar un gobierno legítimo y viable sobre la base del triunfo electoral de la segunda vuelta. Su voluntad política no fue, sin embargo, muy vigorosa ni su imaginación muy fecunda para movilizar y organizar el apoyo popular que lo sustentara, que le permitiera cambiar la relación política de fuerzas y que bloqueara la ofensiva de la derecha económica, política y mediática y los susurros de sus asesores brasileños. Pocos días antes de la toma de mando, cedió a las presiones y cantos de sirena e invitó a Velarde y Castilla a que, en representación de los grandes grupos económicos y financieros, siguieran con la captura del Estado.
Se organizó entonces el gobierno de concertación integrado por Ollanta y sus amigos, la derecha económica y la izquierda. Con la salida posterior de ésta del gobierno y con el consiguiente fortalecimiento de la derecha económica y del entorno militar, se crearon las condiciones políticas para pasar de la captura del Estado a la captura de Ollanta.
domingo, 29 de enero de 2012
difundir difundir
¿Cómo difundir el Informe Final?
1
Está totalmente fuera de discusión la validez del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como un acercamiento serio, meticuloso y honesto a lo que sucedió durante los años 80 y 90 en nuestro país. Lo que voy a plantear en este (corto) espacio son las posibilidades específicas de difundirlo:
1. Impulsar en las universidades que se dicten cursos sobre memoria y de alguna manera propiciar discusiones interdisciplinarias en las áreas de estudios generales.
2. Promover cursos que usen algunos de los 16 mil testimonios recogidos durante el proceso de la CVR para poder llegar a tener una visión menos estadística y más humana del proceso, en cursos de Lengua y Redacción, como parte de entender que lo literario en América Latina tiene un sustrato oral muy fuerte y ancestral.
3. Hacer concursos de tesis universitarias, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, que pueda plantear diversos aspectos sobre el Informe de la CVR. Conozco a varios y varias estudiantes holandeses, españoles, estadounidenses o alemanes que están actualmente abocados en sus tesis de grado a varios aspectos del Informe Final; en cambio, los peruanos son pocos (pero son… como diría Vallejo).
4. Editar y difundir algunos de estos testimonios en libros cuidados, ilustrados y con explicaciones sobre el proceso completo, para poder ser usados en colegios, universidades, institutos pedagógicos y talleres diversos.
5. La idea es que la difusión de los testimonios no se centre en análisis sociológicos sino en historias de vida, en testimonios palpitantes, editados por una mano que manteniendo los giros característicos de un castellano filtrado de otras lenguas, o en todo caso las traducciones de testimonios en otras lenguas, permita dar una fluidez al texto para ser leído de manera corrida y con fruición.
6. Permitir que el Informe Final sea recreado desde diversas experiencias artísticas. De hecho, Alonso Cueto, Santiago Roncagliolo, Óscar Colchado y un largo etcétera bastante fructífero de narradores peruanos, criollos y andinos y de todos los matices han tocado el tema de la violencia desde diversas fuentes testimoniales, periodísticas e históricas, y varios de ellos tomando como fuente el propio Informe Final. Y varios han ganado premios internacionales con estas propuestas.
7. Asimismo difundir, como han hecho varias instituciones como Ser o Comisedh, concursos de dibujos, cantos, cómics, poesía, narraciones que estén inspirados en el Informe Final o en todo caso en historias que se derivan de la violencia que sufrimos durante esos años nefastos.
8. Promover entre los jóvenes videastas y cineastas concursos de guiones que tengan como objetivo primordial el uso de los testimonios de la CVR o que a su vez puedan recoger testimonios de aquellas personas que no han podido darlos en su momento y que aún tienen la necesidad imperiosa de contar sus historias. La teta asustada está inspirada en una historia terrible de esta época.
Estas son solo algunas ideas que hemos venido pensando para difundir el IF de la CVR de la mejor manera, al margen de los medios de comunicación tantas veces refractarios a tocar el complejo tema del conflicto armado interno (terrorismo por un lado y represión brutal del
1
Está totalmente fuera de discusión la validez del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como un acercamiento serio, meticuloso y honesto a lo que sucedió durante los años 80 y 90 en nuestro país. Lo que voy a plantear en este (corto) espacio son las posibilidades específicas de difundirlo:
1. Impulsar en las universidades que se dicten cursos sobre memoria y de alguna manera propiciar discusiones interdisciplinarias en las áreas de estudios generales.
2. Promover cursos que usen algunos de los 16 mil testimonios recogidos durante el proceso de la CVR para poder llegar a tener una visión menos estadística y más humana del proceso, en cursos de Lengua y Redacción, como parte de entender que lo literario en América Latina tiene un sustrato oral muy fuerte y ancestral.
3. Hacer concursos de tesis universitarias, tanto de licenciatura como de maestría y doctorado, que pueda plantear diversos aspectos sobre el Informe de la CVR. Conozco a varios y varias estudiantes holandeses, españoles, estadounidenses o alemanes que están actualmente abocados en sus tesis de grado a varios aspectos del Informe Final; en cambio, los peruanos son pocos (pero son… como diría Vallejo).
4. Editar y difundir algunos de estos testimonios en libros cuidados, ilustrados y con explicaciones sobre el proceso completo, para poder ser usados en colegios, universidades, institutos pedagógicos y talleres diversos.
5. La idea es que la difusión de los testimonios no se centre en análisis sociológicos sino en historias de vida, en testimonios palpitantes, editados por una mano que manteniendo los giros característicos de un castellano filtrado de otras lenguas, o en todo caso las traducciones de testimonios en otras lenguas, permita dar una fluidez al texto para ser leído de manera corrida y con fruición.
6. Permitir que el Informe Final sea recreado desde diversas experiencias artísticas. De hecho, Alonso Cueto, Santiago Roncagliolo, Óscar Colchado y un largo etcétera bastante fructífero de narradores peruanos, criollos y andinos y de todos los matices han tocado el tema de la violencia desde diversas fuentes testimoniales, periodísticas e históricas, y varios de ellos tomando como fuente el propio Informe Final. Y varios han ganado premios internacionales con estas propuestas.
7. Asimismo difundir, como han hecho varias instituciones como Ser o Comisedh, concursos de dibujos, cantos, cómics, poesía, narraciones que estén inspirados en el Informe Final o en todo caso en historias que se derivan de la violencia que sufrimos durante esos años nefastos.
8. Promover entre los jóvenes videastas y cineastas concursos de guiones que tengan como objetivo primordial el uso de los testimonios de la CVR o que a su vez puedan recoger testimonios de aquellas personas que no han podido darlos en su momento y que aún tienen la necesidad imperiosa de contar sus historias. La teta asustada está inspirada en una historia terrible de esta época.
Estas son solo algunas ideas que hemos venido pensando para difundir el IF de la CVR de la mejor manera, al margen de los medios de comunicación tantas veces refractarios a tocar el complejo tema del conflicto armado interno (terrorismo por un lado y represión brutal del
miércoles, 18 de enero de 2012
CHEJODE
Raúl Wiener
POLITIKA Analista
La saga de Chehade está llegando a su fin. Y a estas alturas, al margen de los aspectos anecdóticos de la historia en la que el ahora exvicepresidente hizo todo lo posible para que nadie le creyera y quedara siempre la sensación de que se le había subido el poder a la cabeza y que alguien se lo tenía que bajar, lo sustancial es que este caso como el de Alexis y otros, han servido para mostrar que, efectivamente, el poder del actual gobierno es mucho más restringido que el de sus predecesores.
Por eso se insistió en desaforar a un tipo que está pagando con 120 días de suspensión y la pérdida de la honorífica condición de reemplazo potencial del Presidente, por la estupidez de citar por su cuenta y riesgo a generales, y probablemente querer favorecer las gestiones de su hermano a cuenta del grupo Wong en Andahuasi.
Lo que es obvio después de tantos meses y zarandeos, es que la intentona de Miguel Chehade no prosperó, pero las consecuencias para su hermano Omar han sido devastadoras.
Por estos días, además, la bancada de Gana Perú se anda quejando que la Comisión de Ética del Congreso está parcializada, lo que se verifica en el hecho de que hasta ahora hay tres suspendidos de 48 denunciados, de los cuales todos son del partido de gobierno y hay un especial encubrimiento para la docena de Fujimoristas que están en la lista negra. Claro que uno podría plantearse la pregunta de Perogrullo: ¿es que recién se dan cuenta de este detalle evidente?
Suena aparentemente bien que el oficialismo no “blinde”, como se dice ahora, a sus militantes y permita las investigaciones y sanciones que correspondan, a condición de que el “no blindaje” no signifique exactamente lo contrario: la obligación de aceptar estar permanentemente en la picota de los partidos tradicionales como si tuvieran alguna superioridad moral para juzgar al otro. Casi podría decirse que el nacionalismo parlamentario ha estado exhibiendo una falta de garra frente a las otras bancadas, paralela a las debilidades del Ejecutivo ante la presión de la derecha empresarial y tecnocrática.
La falta de convicción en representar la voluntad del pueblo y encarnar una opción política “de abajo”, como dice el Presidente, se ha reflejado en cederle la agenda a Lay para que escoja a quiénes investiga, en dejar que el caso Chehade se prolongue, y en carecer de iniciativas que expresen la existencia de una nueva mayoría a favor del pueblo.
La famosa frase de Otárola sobre el “medio paso al costado”, cuando Chehade dijo que no renunciaría a la vicepresidencia pero no la ejercería, resume en buena medida la confusión existente. Si el vocero creía que su colega había cumplido con su primera respuesta, cómo es que ahora se felicita de una renuncia totalmente extemporánea.
Es impresionante cómo se jaquea al gobierno de Ollanta por el vicepresidente errático, los congresistas achorados, los hermanos que viajan, consiguen trabajo o pasan la noche del Año Nuevo donde no debe, etc.
Día y noche recibimos este mensaje que parece advertirnos que al barrio del poder se han mudado unos provincianos, nuevos ricos y ruidosos que se ganaron la lotería, y que hay que tenerlos a raya para que no desarreglen la cuadra.
POLITIKA Analista
La saga de Chehade está llegando a su fin. Y a estas alturas, al margen de los aspectos anecdóticos de la historia en la que el ahora exvicepresidente hizo todo lo posible para que nadie le creyera y quedara siempre la sensación de que se le había subido el poder a la cabeza y que alguien se lo tenía que bajar, lo sustancial es que este caso como el de Alexis y otros, han servido para mostrar que, efectivamente, el poder del actual gobierno es mucho más restringido que el de sus predecesores.
Por eso se insistió en desaforar a un tipo que está pagando con 120 días de suspensión y la pérdida de la honorífica condición de reemplazo potencial del Presidente, por la estupidez de citar por su cuenta y riesgo a generales, y probablemente querer favorecer las gestiones de su hermano a cuenta del grupo Wong en Andahuasi.
Lo que es obvio después de tantos meses y zarandeos, es que la intentona de Miguel Chehade no prosperó, pero las consecuencias para su hermano Omar han sido devastadoras.
Por estos días, además, la bancada de Gana Perú se anda quejando que la Comisión de Ética del Congreso está parcializada, lo que se verifica en el hecho de que hasta ahora hay tres suspendidos de 48 denunciados, de los cuales todos son del partido de gobierno y hay un especial encubrimiento para la docena de Fujimoristas que están en la lista negra. Claro que uno podría plantearse la pregunta de Perogrullo: ¿es que recién se dan cuenta de este detalle evidente?
Suena aparentemente bien que el oficialismo no “blinde”, como se dice ahora, a sus militantes y permita las investigaciones y sanciones que correspondan, a condición de que el “no blindaje” no signifique exactamente lo contrario: la obligación de aceptar estar permanentemente en la picota de los partidos tradicionales como si tuvieran alguna superioridad moral para juzgar al otro. Casi podría decirse que el nacionalismo parlamentario ha estado exhibiendo una falta de garra frente a las otras bancadas, paralela a las debilidades del Ejecutivo ante la presión de la derecha empresarial y tecnocrática.
La falta de convicción en representar la voluntad del pueblo y encarnar una opción política “de abajo”, como dice el Presidente, se ha reflejado en cederle la agenda a Lay para que escoja a quiénes investiga, en dejar que el caso Chehade se prolongue, y en carecer de iniciativas que expresen la existencia de una nueva mayoría a favor del pueblo.
La famosa frase de Otárola sobre el “medio paso al costado”, cuando Chehade dijo que no renunciaría a la vicepresidencia pero no la ejercería, resume en buena medida la confusión existente. Si el vocero creía que su colega había cumplido con su primera respuesta, cómo es que ahora se felicita de una renuncia totalmente extemporánea.
Es impresionante cómo se jaquea al gobierno de Ollanta por el vicepresidente errático, los congresistas achorados, los hermanos que viajan, consiguen trabajo o pasan la noche del Año Nuevo donde no debe, etc.
Día y noche recibimos este mensaje que parece advertirnos que al barrio del poder se han mudado unos provincianos, nuevos ricos y ruidosos que se ganaron la lotería, y que hay que tenerlos a raya para que no desarreglen la cuadra.
CONJURADOSSSSS
Se hunde la conjura
...
Las sólidas opiniones de líderes políticos de diversas tendencias, juristas y personalidades independientes contra la revocatoria de la Alcaldesa de Lima, junto a la articulación de un vasto movimiento de fuerzas políticas y sociales que respaldan a la autoridad elegida por los limeños, parecen confirmar que la pretensión de derrocarla camina directo al abismo del fracaso.
La corriente de rechazo a la revocatoria se ha visto fortalecida inclusive por opiniones de la principal rival de la Alcaldesa en las elecciones municipales de 2010 y por, al menos, otros tres participantes en esa contienda democrática cuyos resultados pretenden, en los hechos, revertir los conjurados y sus mentores.
Mientras LA PRIMERA invoca razones de principio de respeto a la voluntad popular que eligió a la autoridad por cuatro años, los tres excandidatos consideran nada santos y más bien oscuros los intereses que, con gran despliegue de recursos, pretenden llevar adelante la revocatoria, apoyada por los sectores periodísticos más oscurantistas, aquellos que tienen el triste honor de apoyar todas las causas antidemocráticas.
Las organizaciones integrantes de la coalición progresista que sustentó la candidatura de la Alcaldesa, han puesto además acertadamente en duda la posibilidad de que los conjurados que pretenden desestabilizar y sumir en el caos al municipio, logren reunir las 400 mil firmas necesarias para la consulta sobre la revocatoria.
De tan razonable duda fluye la sospecha de que los “revocadores” puedan apelar a las falsificaciones, práctica que ha sido una constante desde que fuera establecida la obligación de recoger adherencias para registrar un partido o conseguir la convocatoria a un referendo revocatorio.
La sospecha se acrecienta si se tiene en cuenta los antecedentes de los promotores que operan en público o tras bambalinas, y en el temprano “bluff” de quien es la cabeza visible de la conspiración, que dijo haber recogido decenas de miles de firmas en unas horas, algo imposible, por no haberse visto despliegue alguno de recaudadores de firmas que pudiera realizar semejante proeza.
Es por tanto justificada la alerta generalizada, que plantea la necesidad de mucha vigilancia sobre las acciones de los conjurados y, sobre todo, revisar minuciosamente las firmas que alcance a presentar con el inocultable fin de escamotear la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
...
Las sólidas opiniones de líderes políticos de diversas tendencias, juristas y personalidades independientes contra la revocatoria de la Alcaldesa de Lima, junto a la articulación de un vasto movimiento de fuerzas políticas y sociales que respaldan a la autoridad elegida por los limeños, parecen confirmar que la pretensión de derrocarla camina directo al abismo del fracaso.
La corriente de rechazo a la revocatoria se ha visto fortalecida inclusive por opiniones de la principal rival de la Alcaldesa en las elecciones municipales de 2010 y por, al menos, otros tres participantes en esa contienda democrática cuyos resultados pretenden, en los hechos, revertir los conjurados y sus mentores.
Mientras LA PRIMERA invoca razones de principio de respeto a la voluntad popular que eligió a la autoridad por cuatro años, los tres excandidatos consideran nada santos y más bien oscuros los intereses que, con gran despliegue de recursos, pretenden llevar adelante la revocatoria, apoyada por los sectores periodísticos más oscurantistas, aquellos que tienen el triste honor de apoyar todas las causas antidemocráticas.
Las organizaciones integrantes de la coalición progresista que sustentó la candidatura de la Alcaldesa, han puesto además acertadamente en duda la posibilidad de que los conjurados que pretenden desestabilizar y sumir en el caos al municipio, logren reunir las 400 mil firmas necesarias para la consulta sobre la revocatoria.
De tan razonable duda fluye la sospecha de que los “revocadores” puedan apelar a las falsificaciones, práctica que ha sido una constante desde que fuera establecida la obligación de recoger adherencias para registrar un partido o conseguir la convocatoria a un referendo revocatorio.
La sospecha se acrecienta si se tiene en cuenta los antecedentes de los promotores que operan en público o tras bambalinas, y en el temprano “bluff” de quien es la cabeza visible de la conspiración, que dijo haber recogido decenas de miles de firmas en unas horas, algo imposible, por no haberse visto despliegue alguno de recaudadores de firmas que pudiera realizar semejante proeza.
Es por tanto justificada la alerta generalizada, que plantea la necesidad de mucha vigilancia sobre las acciones de los conjurados y, sobre todo, revisar minuciosamente las firmas que alcance a presentar con el inocultable fin de escamotear la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
DEUDA INTERNA
Pago de la deuda interna
CESAR LEVANO
...
La decisión del gobierno de llevar adelante un plan de devolución de aportes hechos durante casi dos décadas por la masa laboral de todos los sectores al Fondo Nacional de Vivienda, ha causado satisfacción en la ciudadanía y entusiasmo entre quienes, más que beneficiarios de la medida, son acreedores del Estado a los que se reconoce una obligación que había sido negada o simplemente ignorada por varios gobiernos.
Ha causado especial impacto la celeridad con la cual la determinación ha sido viabilizada, honrando el compromiso de cumplir la ley de devolución de los aportes de diciembre de 2010, la cual fue consecuencia de La Victoria obtenida por los fonavistas en un referendo realizado el 10 de octubre.
Esa consulta popular fue necesaria por las resistencias del régimen aprista, el cual se negaba a pagar, con el pueril argumento de que los aportes al Fonavi constituían un impuesto y por tanto no había nada que devolver, falsedad demostrada hasta la saciedad por tributaristas, juristas y otros estudiosos
La anterior administración, que para ser elegida había incluido entre sus promesas de oropel la devolución de los aportes, careció de la grandeza necesaria para aceptar su derrota y proceder a hacer efectivo el pago o al menos viabilizarlo.
Lejos de ello, promulgó la ley de devolución, pero se negó a reglamentarla, algo indispensable para su vigencia plena y su ejecución. Ese requisito fue cumplido, sin ruido ni aparataje propagandístico, por el Ejecutivo actual, definiendo procedimientos y otros detalles del proceso de devolución.
Ciertamente será un proceso largo, pero ya está en marcha e incluye la simplificación de trámites, que contrasta con la recurrente actitud de los gobiernos tradicionales, que buscan hacer difícil y hasta irrealizable cualquier cosa que signifique beneficios para la ciudadanía.
La decisión tomada es un paso significativo y un gesto que creemos puede reflejar una sincera intención de pagar la llamada deuda interna o deuda social, es decir aquella que ha acumulado el excluyente Estado, por desidia o por la aplicación de políticas poco democráticas, con la sociedad.
Esa deuda debe ser honrada a cabalidad y con la mayor prontitud posible, con empleo decente, salud, Educación y otros bienes inherentes a las sociedades justas y modernas, por ser su pago de justicia y necesario para que la masa de acreedores se sientan comprometidos con la democracia y su preservación.
CESAR LEVANO
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La decisión del gobierno de llevar adelante un plan de devolución de aportes hechos durante casi dos décadas por la masa laboral de todos los sectores al Fondo Nacional de Vivienda, ha causado satisfacción en la ciudadanía y entusiasmo entre quienes, más que beneficiarios de la medida, son acreedores del Estado a los que se reconoce una obligación que había sido negada o simplemente ignorada por varios gobiernos.
Ha causado especial impacto la celeridad con la cual la determinación ha sido viabilizada, honrando el compromiso de cumplir la ley de devolución de los aportes de diciembre de 2010, la cual fue consecuencia de La Victoria obtenida por los fonavistas en un referendo realizado el 10 de octubre.
Esa consulta popular fue necesaria por las resistencias del régimen aprista, el cual se negaba a pagar, con el pueril argumento de que los aportes al Fonavi constituían un impuesto y por tanto no había nada que devolver, falsedad demostrada hasta la saciedad por tributaristas, juristas y otros estudiosos
La anterior administración, que para ser elegida había incluido entre sus promesas de oropel la devolución de los aportes, careció de la grandeza necesaria para aceptar su derrota y proceder a hacer efectivo el pago o al menos viabilizarlo.
Lejos de ello, promulgó la ley de devolución, pero se negó a reglamentarla, algo indispensable para su vigencia plena y su ejecución. Ese requisito fue cumplido, sin ruido ni aparataje propagandístico, por el Ejecutivo actual, definiendo procedimientos y otros detalles del proceso de devolución.
Ciertamente será un proceso largo, pero ya está en marcha e incluye la simplificación de trámites, que contrasta con la recurrente actitud de los gobiernos tradicionales, que buscan hacer difícil y hasta irrealizable cualquier cosa que signifique beneficios para la ciudadanía.
La decisión tomada es un paso significativo y un gesto que creemos puede reflejar una sincera intención de pagar la llamada deuda interna o deuda social, es decir aquella que ha acumulado el excluyente Estado, por desidia o por la aplicación de políticas poco democráticas, con la sociedad.
Esa deuda debe ser honrada a cabalidad y con la mayor prontitud posible, con empleo decente, salud, Educación y otros bienes inherentes a las sociedades justas y modernas, por ser su pago de justicia y necesario para que la masa de acreedores se sientan comprometidos con la democracia y su preservación.
LOTE 88
s
Recuperación del Lote 88 sin fecha
...
Presidente de Perúpetro, Aurelio Ochoa.
Presidente de Perúpetro dijo que regreso de gas para el mercado interno está en manos del Consorcio. En julio se inicia exportación de gas a México y regalías que recibirá el Estado serán menores a las que pagan los peruanos.
Si bien, como lo reiteró el presidente de Perúpetro, Aurelio Ochoa, la voluntad y decisión gubernamental de recuperar para el mercado interno los 2.5 trillones de pies cúbicos (TCF) de Gas Natural del Lote 88 que el Consorcio Camisea mantiene como aval en bancos internacionales, se mantiene, no obstante, según el funcionario “el Estado no puede presionar”.
Hay que resaltar que en diciembre 2011, a pedido del Consorcio Camisea, las negociaciones que mantiene con Perúpetro se suspendieron y, según la empresa estatal, se esperan retomarlas en el primer cuatrimestre de 2012, no obstante esto no es seguro.
“En vista que no había nada concreto que ofrecer (por parte del Consorcio Camisea), no podíamos seguir perdiendo tiempo, ni ellos ni nosotros (Perúpetro). No podemos continuar lo que ocurrió anteriormente con la anterior administración. Por ello, le dijimos que cuando ustedes tengan una propuesta nos tocan la puerta y estamos dispuestos a escucharlos. Esperemos que sea como se planteó el primer cuatrimestre”, afirmó.
Consultado por LA PRIMERA respecto a qué sucedería sí es que culminado dicho periodo el Consorcio Camisea no presenta una propuesta concreta para devolver los 2.5 TCF al Estado, Ochoa Alancastre, respondió “que no puede sacar una espada de Damocles. No actúo como analista pero sí te digo que se están viendo todos los escenarios y estamos analizando con todas las altas esferas del gobierno todo este tema. Hay un equipo a nivel gubernamental que ve ese tema”.
El funcionario recalcó que Perúpetro o el estado peruano no pueden plantear una propuesta al Consorcio Camisea para recuperar el gas del Lote 88. “La propuesta viene del otro lado. Perúpetro o el Estado no pueden proponer”, dijo.
¿Y LAS REGALÍAS?
Perúpetro no solo tiene la tarea de recuperar la totalidad del gas del Lote 88 para el mercado interno, además debe negociar con el Consorcio Camisea que las regalías que paga el proyecto exportador no sean menores a las que pagan los consumidores locales.
Sobre este punto, Ochoa indicó que Perúpetro ha venido negociando ambos temas, sin embargo, reconoció que ve mas factible, a pesar de todo, que primero se recupere los 2.5 TCF de Gas Natural del Lote 88 para el mercado interno.
“Ambos son complicados, pero es mas viable la recuperación del Lote 88”, dijo.
El problema al retrasar la renegociación de las regalías de exportación es que en el segundo semestre de 2012 se inicia la venta de Gas Natural hacia la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México a un precio Henry Hubb (marcador internacional para fijar el precio del Gas Natural en el país). Y como este marcado ahora oscila en un precio menor a US$ 3 por millón de BTU, serían ínfimas las regalías que el proyecto exportador pagaría al Estado.
Al revisar el acuerdo de venta entre Perú LNG (empresa que revende el Gas Natural al exterior) y CFE de México se aprecia que los precios contrato de compra-venta del Gas Natural van desde 0.50 centavos de dólar por millón de BTU cuando el precio Henry Hub (marcador internacional de referencia para fijar el precio del Gas Natural) está en los 3.50 dólares el millón de BTU, y llega hasta los 3.57 dólares el millón de BTU cuando el marcador Henry Hub está en los 10 dólares
Recuperación del Lote 88 sin fecha
...
Presidente de Perúpetro, Aurelio Ochoa.
Presidente de Perúpetro dijo que regreso de gas para el mercado interno está en manos del Consorcio. En julio se inicia exportación de gas a México y regalías que recibirá el Estado serán menores a las que pagan los peruanos.
Si bien, como lo reiteró el presidente de Perúpetro, Aurelio Ochoa, la voluntad y decisión gubernamental de recuperar para el mercado interno los 2.5 trillones de pies cúbicos (TCF) de Gas Natural del Lote 88 que el Consorcio Camisea mantiene como aval en bancos internacionales, se mantiene, no obstante, según el funcionario “el Estado no puede presionar”.
Hay que resaltar que en diciembre 2011, a pedido del Consorcio Camisea, las negociaciones que mantiene con Perúpetro se suspendieron y, según la empresa estatal, se esperan retomarlas en el primer cuatrimestre de 2012, no obstante esto no es seguro.
“En vista que no había nada concreto que ofrecer (por parte del Consorcio Camisea), no podíamos seguir perdiendo tiempo, ni ellos ni nosotros (Perúpetro). No podemos continuar lo que ocurrió anteriormente con la anterior administración. Por ello, le dijimos que cuando ustedes tengan una propuesta nos tocan la puerta y estamos dispuestos a escucharlos. Esperemos que sea como se planteó el primer cuatrimestre”, afirmó.
Consultado por LA PRIMERA respecto a qué sucedería sí es que culminado dicho periodo el Consorcio Camisea no presenta una propuesta concreta para devolver los 2.5 TCF al Estado, Ochoa Alancastre, respondió “que no puede sacar una espada de Damocles. No actúo como analista pero sí te digo que se están viendo todos los escenarios y estamos analizando con todas las altas esferas del gobierno todo este tema. Hay un equipo a nivel gubernamental que ve ese tema”.
El funcionario recalcó que Perúpetro o el estado peruano no pueden plantear una propuesta al Consorcio Camisea para recuperar el gas del Lote 88. “La propuesta viene del otro lado. Perúpetro o el Estado no pueden proponer”, dijo.
¿Y LAS REGALÍAS?
Perúpetro no solo tiene la tarea de recuperar la totalidad del gas del Lote 88 para el mercado interno, además debe negociar con el Consorcio Camisea que las regalías que paga el proyecto exportador no sean menores a las que pagan los consumidores locales.
Sobre este punto, Ochoa indicó que Perúpetro ha venido negociando ambos temas, sin embargo, reconoció que ve mas factible, a pesar de todo, que primero se recupere los 2.5 TCF de Gas Natural del Lote 88 para el mercado interno.
“Ambos son complicados, pero es mas viable la recuperación del Lote 88”, dijo.
El problema al retrasar la renegociación de las regalías de exportación es que en el segundo semestre de 2012 se inicia la venta de Gas Natural hacia la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México a un precio Henry Hubb (marcador internacional para fijar el precio del Gas Natural en el país). Y como este marcado ahora oscila en un precio menor a US$ 3 por millón de BTU, serían ínfimas las regalías que el proyecto exportador pagaría al Estado.
Al revisar el acuerdo de venta entre Perú LNG (empresa que revende el Gas Natural al exterior) y CFE de México se aprecia que los precios contrato de compra-venta del Gas Natural van desde 0.50 centavos de dólar por millón de BTU cuando el precio Henry Hub (marcador internacional de referencia para fijar el precio del Gas Natural) está en los 3.50 dólares el millón de BTU, y llega hasta los 3.57 dólares el millón de BTU cuando el marcador Henry Hub está en los 10 dólares
FUJIROBO DE FONAVI
Fujimori hundió a Fonavi
...
Exdictador paralizó construcción de viviendas.
Ante indicios de uso irregular del dinero aportado por los fonavistas, plantean necesidad de investigar la mala utilización de los recursos durante la dictadura de los 90.
El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Javier Alva Orlandini y el congresista Javier Diez Canseco coincidieron ayer en plantear la necesidad de una investigación del uso irregular dado por la dictadura Fujimorista al dinero aportado por los trabajadores al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), cuya devolución está en proceso.
Alva Orlandini señaló que en ese período los recursos del Fonavi nunca se utilizaron para construir viviendas para los aportantes.
“Se desvirtuó la finalidad para la que el fondo estaba destinado; por eso, a pesar de los años, debe haber una investigación prolija en beneficio de la salud pública, eso le hace bien al Estado”, expresó.
Alva Orlandini descartó que la devolución de los aportes afecte las arcas del Estado, pues no solo se hará con dinero, sino a través de bonos, materiales de construcción y programas sociales de vivienda.
“El Tribunal Constitucional veló por el reconocimiento de un derecho ciudadano, sin afectar la caja fiscal, ya que estableció una serie de mecanismos en garantía de ello. Es decir, se cuidaron los recursos públicos”, declaró.
DESCARTADO
Sobre el tema, Javier Diez Canseco, de Gana Perú, consideró necesario investigar el mal uso de los recursos del Fonavi en las épocas de la dictadura, luego de indicar que existen indicios suficientes sobre el destino irregular de los fondos.
Sin embargo, dijo que muchos de los ilícitos penales que se habrían cometido en los noventa podrían haber prescrito, porque ya transcurrieron 15 años desde la desactivación del fondo.
“Dada la ‘generosidad’ que tiene la ley peruana en la prescripción de delitos de corrupción, éste es un problema que no sé si tendría efecto legal. Hay que tener presente que este proceso tiene casi 15 años, y habría que ver si están vigentes los delitos”, indicó.
Recordó que cuando presidió en 2002 la Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros Cometidos en 1990-2001, se detectaron irregularidades, por ejemplo, en el uso de recursos de la Comisión Liquidadora del Fonavi. La pesquisa culminó con una denuncia contra el exministro de Economía Carlos Boloña.
El Fonavi fue creado en 1979 para la construcción de viviendas de los trabajadores, pero los gobiernos sucesivos destinaron los recursos recaudados a otros fines, hasta que en 1998 fue convertido en el Impuesto Extraordinario de Solidaridad, durante el régimen Fujimorista.
El Ministerio de Economía anunció que pronto abrirá centros de atención para orientar y entregar gratuitamente a los fonavistas los formularios de inscripción para ese pago.
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Exdictador paralizó construcción de viviendas.
Ante indicios de uso irregular del dinero aportado por los fonavistas, plantean necesidad de investigar la mala utilización de los recursos durante la dictadura de los 90.
El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Javier Alva Orlandini y el congresista Javier Diez Canseco coincidieron ayer en plantear la necesidad de una investigación del uso irregular dado por la dictadura Fujimorista al dinero aportado por los trabajadores al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), cuya devolución está en proceso.
Alva Orlandini señaló que en ese período los recursos del Fonavi nunca se utilizaron para construir viviendas para los aportantes.
“Se desvirtuó la finalidad para la que el fondo estaba destinado; por eso, a pesar de los años, debe haber una investigación prolija en beneficio de la salud pública, eso le hace bien al Estado”, expresó.
Alva Orlandini descartó que la devolución de los aportes afecte las arcas del Estado, pues no solo se hará con dinero, sino a través de bonos, materiales de construcción y programas sociales de vivienda.
“El Tribunal Constitucional veló por el reconocimiento de un derecho ciudadano, sin afectar la caja fiscal, ya que estableció una serie de mecanismos en garantía de ello. Es decir, se cuidaron los recursos públicos”, declaró.
DESCARTADO
Sobre el tema, Javier Diez Canseco, de Gana Perú, consideró necesario investigar el mal uso de los recursos del Fonavi en las épocas de la dictadura, luego de indicar que existen indicios suficientes sobre el destino irregular de los fondos.
Sin embargo, dijo que muchos de los ilícitos penales que se habrían cometido en los noventa podrían haber prescrito, porque ya transcurrieron 15 años desde la desactivación del fondo.
“Dada la ‘generosidad’ que tiene la ley peruana en la prescripción de delitos de corrupción, éste es un problema que no sé si tendría efecto legal. Hay que tener presente que este proceso tiene casi 15 años, y habría que ver si están vigentes los delitos”, indicó.
Recordó que cuando presidió en 2002 la Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros Cometidos en 1990-2001, se detectaron irregularidades, por ejemplo, en el uso de recursos de la Comisión Liquidadora del Fonavi. La pesquisa culminó con una denuncia contra el exministro de Economía Carlos Boloña.
El Fonavi fue creado en 1979 para la construcción de viviendas de los trabajadores, pero los gobiernos sucesivos destinaron los recursos recaudados a otros fines, hasta que en 1998 fue convertido en el Impuesto Extraordinario de Solidaridad, durante el régimen Fujimorista.
El Ministerio de Economía anunció que pronto abrirá centros de atención para orientar y entregar gratuitamente a los fonavistas los formularios de inscripción para ese pago.
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