Rechazar recortes a la libertad de expresión
El hecho de que la primera decisión de Mercedes Cabanillas como presidenta de la comisión de Constitución fuera un petardo contra la libertad de expresión, haría pensar que es por tener sangre en el ojo al creer que perdió su ministerio por culpa de la prensa, cuando es obvio que eso se debió a sus decisiones lamentables que contribuyeron a la tragedia en Bagua.
Pero no es así pues la intención de recortar la libertad de expresión –y darla con amplitud solo al amigo– es una antigua tentación del presidente Alan García, quien suele posar como demócrata pero cuando lo critican se transforma en el ‘censor elegante’ que se las ingenia para acallar la opinión que no le gusta sin que se vea su mano, usando la fórmula clásica: persuadir al propietario para despedir al periodista incómodo.
El proyecto ya lo había presentado antes el vocero de la bancada aprista José Vargas. ¿Alguien es tan ingenuo para pensar que él y Cabanillas darían un paso en un tema que mella la libertad de expresión sin consultar con Alan García?
La iniciativa pretende regular el derecho de rectificación ante inexactitudes o injurias difundidas por un medio, aplicando pena de cárcel de uno a tres años al periodista y la declaración de tercero civil responsable a la empresa en que trabaja. Esto ya existe pero ahora el Apra quiere ir más allá.
Todo periodista decente sabe que la patente de corso es el primer enemigo de la libertad de expresión y que, por eso mismo, debe enmendar cualquier error informativo mediante una rectificación oportuna, a partir del convencimiento de que el primer compromiso en este oficio es con la verdad. Si esto se incumple, el afectado puede recurrir al Poder Judicial, el cual acaba de dar señales –en el caso de la señora Magaly Medina– de lo riguroso que puede ser el castigo.
Acá se le vio al Apra el fustán de su afán censor: meterle miedo al periodista y –más importante– darle armas al propietario para controlar la información, opinión o pregunta del periodista o –‘cortando por lo sano’– despedirlo para evitarse problemas. El Apra controla las salas clave del Poder Judicial y García sabe cómo persuadir a algunos propietarios de medios ávidos de una buena relación con él a cualquier costo.
El Apra, contra lo que cacarean algunos, no tiene las manos limpias en el respeto a la libertad de expresión, y con este proyecto que ha lanzado –a través de Cabanillas y Vargas, con el aval de Alan García– se las embarra aún más y se inscribe dentro de la corriente censora que recorre la región, con Hugo Chávez a la cabeza desde Venezuela y con réplicas en Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua. Por ello, hay que rechazar este intento del Apra de recortar la libertad de expresión.
El hecho de que la primera decisión de Mercedes Cabanillas como presidenta de la comisión de Constitución fuera un petardo contra la libertad de expresión, haría pensar que es por tener sangre en el ojo al creer que perdió su ministerio por culpa de la prensa, cuando es obvio que eso se debió a sus decisiones lamentables que contribuyeron a la tragedia en Bagua.
Pero no es así pues la intención de recortar la libertad de expresión –y darla con amplitud solo al amigo– es una antigua tentación del presidente Alan García, quien suele posar como demócrata pero cuando lo critican se transforma en el ‘censor elegante’ que se las ingenia para acallar la opinión que no le gusta sin que se vea su mano, usando la fórmula clásica: persuadir al propietario para despedir al periodista incómodo.
El proyecto ya lo había presentado antes el vocero de la bancada aprista José Vargas. ¿Alguien es tan ingenuo para pensar que él y Cabanillas darían un paso en un tema que mella la libertad de expresión sin consultar con Alan García?
La iniciativa pretende regular el derecho de rectificación ante inexactitudes o injurias difundidas por un medio, aplicando pena de cárcel de uno a tres años al periodista y la declaración de tercero civil responsable a la empresa en que trabaja. Esto ya existe pero ahora el Apra quiere ir más allá.
Todo periodista decente sabe que la patente de corso es el primer enemigo de la libertad de expresión y que, por eso mismo, debe enmendar cualquier error informativo mediante una rectificación oportuna, a partir del convencimiento de que el primer compromiso en este oficio es con la verdad. Si esto se incumple, el afectado puede recurrir al Poder Judicial, el cual acaba de dar señales –en el caso de la señora Magaly Medina– de lo riguroso que puede ser el castigo.
Acá se le vio al Apra el fustán de su afán censor: meterle miedo al periodista y –más importante– darle armas al propietario para controlar la información, opinión o pregunta del periodista o –‘cortando por lo sano’– despedirlo para evitarse problemas. El Apra controla las salas clave del Poder Judicial y García sabe cómo persuadir a algunos propietarios de medios ávidos de una buena relación con él a cualquier costo.
El Apra, contra lo que cacarean algunos, no tiene las manos limpias en el respeto a la libertad de expresión, y con este proyecto que ha lanzado –a través de Cabanillas y Vargas, con el aval de Alan García– se las embarra aún más y se inscribe dentro de la corriente censora que recorre la región, con Hugo Chávez a la cabeza desde Venezuela y con réplicas en Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua. Por ello, hay que rechazar este intento del Apra de recortar la libertad de expresión.
Por Augusto Álvarez Rodrich
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