De pronto el debate sobre el aborto de las violadas y de las que llevan un feto con malformaciones graves, derivó al de la distribución gratuita de la pastilla del día siguiente. Si se tratara de una competencia se diría que se ha producido un empate. Por un lado se avanza a empellones en la reforma del Código Penal, para eliminar la penalización que pende sobre las mujeres que tienen que tomar decisiones en las condiciones más duras de la vida; y por otro, el Tribunal Constitucional retrocede como si nada en sus propios dispositivos para darle un triunfo simbólico a la hipocresía con crucifijo: sólo accederán a los anticonceptivos de emergencia los que puedan pagar el precio de las pastillas. El Estado dejará a las mujeres pobres, que son las que menos acceso tienen a anticonceptivos seguros, las que cuentan con menores posibilidades de criar a un mayor número de niños, las que sufren el mayor número de violaciones etc., sin la opción de que bajo decisión médica interrumpan el proceso inicial de la concepción, y eventualmente sean forzadas más adelante a decidir por un aborto en las más difíciles condiciones. Rafael Rey, que ha demostrado que sus funciones en la cartera de Defensa las percibe bastante distanciadas de los problemas de frontera o del VRAE, ha reconocido que se reunió con los señores del Tribunal para influir en su fallo. De esta manera el ministro admite que no confiaba tanto en que Dios pudiese escuchar sus rezos (y los de Cipriani) e iluminar directamente a los magistrados, por lo que prefirió ir directamente a mostrarles su poder que es bastante más terrestre de lo que podría imaginarse. Si la fórmula original era: en caso que el Ejecutivo avale la iniciativa de reforma sobre despenalización, renuncio al gabinete; ¿cómo se podría interpretar que ahora el gabinete esté mayoritariamente en contra los novísimos santones del Tribunal Constitucional, y el ministro de Defensa no sólo los aplauda, sino que pida la erradicación total de las píldoras del día siguiente?, ¿cuál es el papel aquí de Alan García?El fallo contra la píldora del día siguiente es, por lo demás, una pieza de antología, casi como si de un plumazo Vergara, Mesía y los demás integrantes del Tribunal hubieran querido aportar argumentos para los que discuten si esta instancia revisora de las normas es realmente una garantía. Han dicho los señorones que ordenan el retiro del producto porque hay una controversia respecto a si es abortiva. O sea se les pide resolver una controversia tomando en cuenta los argumentos científicos y jurídicos que corresponden al caso, y que indican que no hay base científica para condenar a la píldora por abortista cuando actúa antes de la fecundación, y tampoco legal para cuestionar la capacidad del Estado de facilitar medios de control de natalidad a los ciudadanos, y lo que resuelven es que no pueden resolver, que equivale a sacar al Estado del reparto gratuito, pero permitir que siga la venta. Se imaginan si este fuera el principio que rigiera todas las decisiones: se consolidaría el principio de una sociedad dual, con clases con dinero y acceso a los medios modernos, y clases pobres sometidas al oscurantismo. Obviamente la controversia nunca va a acabar mientras existan tipos como Rey o Cipriani, por tanto tampoco llegará el momento de dirimir. Bendito Tribunal.
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