¿Cuánto vale la vida de una mujer?

Por Alberto Adrianzén M. (*)
Si algo queda claro en el debate sobre el aborto es que el mismo se ha construido sobre una serie de falsedades. Esta propuesta, como se ha señalado, no busca aprobar el aborto en general. Nadie ha planteado legalizarlo. Lo que se discute es la modificación del artículo 119 del Código Penal, al incorporar, además de la que hoy existe (cuando se pone en riesgo la salud de la mujer), dos causales más: despenalizarlo cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el feto presenta graves malformaciones que hacen inviable su vida. Lo que se discute, por tanto, es el aborto eugenésico ya que el terapéutico existe –y solo falta su protocolo– desde nada menos que 1934.
Hay que señalar que para tomar esta decisión, la Comisión Revisora del Código Penal integrada por congresistas, representantes del Ministerio de Justicia, del Colegio de Abogados, la Defensoría del Pueblo, las Universidades, decidió, además, invitar a expertos de la sociedad civil: el Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Asimismo a las organizaciones de mujeres, e igualmente a los sectores opositores, todos vinculados a la Iglesia Católica. Como se sabe el debate fue intenso. Luego se votó y ahora todos sabemos el resultado: se aprobó modificar el artículo 119 del Código Penal.
Lo que ha pasado es que debido al lobby de las diversas iglesias (la católica y las otras), de sectores conservadores e integristas, y del propio gobierno, el congresista Carlos Torres Caro ha planteado una nueva votación con el claro objetivo de que la comisión cambie lo acordado.
Sin embargo lo que llama la atención son algunos hechos. El primero es comprobar una vez más que el liberalismo de algunos ministros (un buen ejemplo es Mercedes Aráoz) no es tal y que más bien es una simple coartada para promover grandes intereses. Sería bueno preguntarle a esta ministra cómo concilia su liberalismo económico con sus claras opciones conservadoras. También al ministro de Defensa, Rafael Rey, si debe opinar sobre temas de salud pública. Un liberal auténtico (y no interesado solamente en promover los intereses de sus grandes amigotes) argumentaría que existe lo que se llama la “libertad negativa”, es decir, esta suerte de espacio propio (el cuerpo es uno de ellos) que tiene toda persona y que no puede ser invadido ni limitado y menos apropiado por el Estado y por la religión.
Es un chiste ver cómo aquellas personas a las que les gusta promover la libertad de las cosas (o mercancías) no les gusta promover la libertad de las mujeres.
El segundo es esta campaña, muy poco cristiana por cierto, basada en confundir a la opinión pública con argumentos nada serios. Se ha dicho que se quiere construir una nueva Esparta para arrojar a los niños defectuosos desde el monte Taigeto. Que aquellos que promueven esta reforma son unos asesinos en serie. En última instancia, estos sectores buscan que pensemos como ellos en asuntos públicos. En la democracia existe el pluralismo. El Estado peruano se supone que es laico y, por lo tanto, ni el gobierno y menos los grupos religiosos nos pueden imponer su estilo de vida ni sus creencias en temas públicos donde hay diversidad de opiniones.
El tercero es la hipocresía del gobierno. El ministro de Justicia, que se opone a esta reforma, representa a un presidente que cada cierto tiempo levanta la tesis que hay que implantar en este país la pena de muerte.
Finalmente hay un tema de fondo: el papel y lugar de la mujer en la sociedad. Aquellos que se oponen al aborto terapéutico y eugenésico siguen considerando que el principal rol de la mujer es su condición de reproductora. Tan es así que ella debe sacrificar su vida si es necesario o aceptar un hijo indeseado cuando es violada. En ambos casos no se toma en cuenta ni la vida ni la opinión de la mujer. Para esos sectores el valor de la vida de una mujer es igual a cero.