Parecía que las actitudes y los escándalos de quienes nos gobiernan habían acabado con nuestra capacidad de asombro y hasta podrían estar agotando nuestra capacidad de indignación. Pero parece que tales situaciones son inagotables, como la capacidad de nuestra ciudadanía de indignarse ante aquello que avergüenza al país. Que un gobernante que, tras su primer mandato, tuvo que demostrar de dónde había sacado la bonanza contrastante con el sueldo generoso pero no excesivo de jefe de Estado, haya cobrado un millón 600 mil soles al erario por los años que no recibió pensión de ex gobernante, ha escandalizado a millones peruanos que, con duro esfuerzo, trabajan apenas para comer y alimentar malamente a sus hijos.
Por doquier se alzan voces criticando el despropósito y tiende a convertirse en clamor la exigencia de que el presidente tenga un gesto de generosidad y devuelva el dinero al Estado. Podríamos agregar que quedaría muy bien que, en todo caso, donara la apreciable suma a algún fin noble y altruista. Así los peruanos, siempre positivos, darían por superado el asunto.
En lugar de ello, quienes secundan al mandatario han salido a defenderlo con argumentos poco convincentes, que se resumen al hecho que era legal el cobro realizado cuando García volvió de un exilio que, coincidentemente, terminó cuando prescribieron los delitos que habría cometido, según las acusaciones de enriquecimiento ilícito que pesaban en su contra.
Puede haber sido legal, pero no lícito, pues la pensión de un ex gobernante tiene el fin de evitar que pase necesidades inadmisibles para la majestad de quien ha personificado a la nación. El ex presidente Fernando Belaunde Terry, austero hasta lo extremo, hubiera pasado privaciones de no haber sido por esa pensión, pero aún así tuvo el decoro de negarse a cobrar lo que dejó de percibir durante el tiempo -más de una década- que pasó en el exilio, luego de haber sido derrocado en 1968.
Cobrar la pensión cuando el beneficiado no la necesita porque tiene en demasía medios para vivir con holgura, cual era el caso de García, resulta éticamente reprochable. Y si sus defensores alegan que no cobró como ex gobernante sino como senador vitalicio o por otro concepto, ello es un tecnicismo que no altera el hecho de que García incurrió en una falta ética.
Y esa falta se agrava cuando quien la comete pontifica y llena de adjetivos a los ex parlamentarios que cobraron un bono discutible y en varios casos inmerecido. Ante las críticas, el Congreso dejó sin efecto el exceso. Haría bien el presidente en emular con el Poder Legislativo y, sorprendido en falta, recule, que nunca es tarde, y devuelva el dinero indebidamente cobrado, porque no le hace falta y porque a veces que lo legal no marcha de la mano con lo correcto y lo decente.
Por doquier se alzan voces criticando el despropósito y tiende a convertirse en clamor la exigencia de que el presidente tenga un gesto de generosidad y devuelva el dinero al Estado. Podríamos agregar que quedaría muy bien que, en todo caso, donara la apreciable suma a algún fin noble y altruista. Así los peruanos, siempre positivos, darían por superado el asunto.
En lugar de ello, quienes secundan al mandatario han salido a defenderlo con argumentos poco convincentes, que se resumen al hecho que era legal el cobro realizado cuando García volvió de un exilio que, coincidentemente, terminó cuando prescribieron los delitos que habría cometido, según las acusaciones de enriquecimiento ilícito que pesaban en su contra.
Puede haber sido legal, pero no lícito, pues la pensión de un ex gobernante tiene el fin de evitar que pase necesidades inadmisibles para la majestad de quien ha personificado a la nación. El ex presidente Fernando Belaunde Terry, austero hasta lo extremo, hubiera pasado privaciones de no haber sido por esa pensión, pero aún así tuvo el decoro de negarse a cobrar lo que dejó de percibir durante el tiempo -más de una década- que pasó en el exilio, luego de haber sido derrocado en 1968.
Cobrar la pensión cuando el beneficiado no la necesita porque tiene en demasía medios para vivir con holgura, cual era el caso de García, resulta éticamente reprochable. Y si sus defensores alegan que no cobró como ex gobernante sino como senador vitalicio o por otro concepto, ello es un tecnicismo que no altera el hecho de que García incurrió en una falta ética.
Y esa falta se agrava cuando quien la comete pontifica y llena de adjetivos a los ex parlamentarios que cobraron un bono discutible y en varios casos inmerecido. Ante las críticas, el Congreso dejó sin efecto el exceso. Haría bien el presidente en emular con el Poder Legislativo y, sorprendido en falta, recule, que nunca es tarde, y devuelva el dinero indebidamente cobrado, porque no le hace falta y porque a veces que lo legal no marcha de la mano con lo correcto y lo decente.
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