El país del todo vale

.Javier Diez Canseco

A un año de ocurrido, los peruanos nos enteramos de que los archivos incautados a los directamente involucrados en el caso BTR, como Giselle Giannotti, han sido adulterados y sustituidos. La implicancia de estos hechos –que se mantienen “en reserva” hace más de un año a pesar de su interés público– es múltiple. Pero no dude usted en que lo ocurrido solo apunta a enredar el caso, alargarlo y finalmente encarpetarlo.

La adulteración da pie a que los abogados de los acusados pretendan anular la validez de las pruebas, exonerar así a los chuponeadores de responsabilidad y quebrar el proceso judicial. No es cualquier cosa. Se suma al argumento de los “abogados” que sostienen que como los audios del “faenón” fueron obtenidos ilegalmente no serían prueba aceptable de delito.

La manipulación de los archivos en manos del Juzgado –bajo el lente de cámaras de video y la valla de numerosas rejas– evidencia grandes intereses en juego y el enorme poder que tienen quienes quieren torpedear el proceso y dejarlo en la nebulosa. Se mueven como Pedro en su casa en el mismo Poder Judicial. Manipulan las cosas a su antojo.

¿Será una casualidad que el gerente de Seguridad del Poder Judicial sea un oficial de inteligencia retirado de la Marina, el capitán de navío (r) Carlos D’allorto Olórtegui, quien sirvió bajo la gestión de Ponce Feijóo, dueño de BTR y amiguísimo del vicepresidente de Alan García, Luis Giampietri? ¿Será una casualidad que uno de los casos de corruptela vinculados al tema del espionaje sea el de los faenones de Rómulo León y Químper e involucra visitas de la secretaria del presidente García, del secretario de la Presidencia y del mismo primer ministro –y casi candidato aprista– Jorge del Castillo a la suite hotelera de Canaán para atender sus requerimientos de “inversiones”? En política, dijo alguna vez Alan García –¿o fue Fujimori?–, no hay casualidades.

El espionaje telefónico y cibernético evidenciado no es cualquier cosa. Está bajo la lupa una empresa, entre muchas, de marinos en retiro y que sirvieron bajo el fujimontecinismo. Siguiendo el modelo neoliberal que impuso Fujimori, decidieron privatizar una función de la “seguridad del Estado”: el chuponeo. Se llevaron archivos del chuponeo estatal efectuado desde SIN de Montesinos y Fujimori (¿y también los equipos nunca ubicados?) y continuaron con su oficio, tanto por vía directa –chuponeo propio– así como comprando material de organismos del Estado que siguen en esa función.

¿Quién ha sido sancionado por esto? Nadie de significación. Es decir, estamos ante un botón de muestra de cómo se maneja el poder hoy en el Perú y ante una prueba palpable del continuismo del fujimontecinismo en áreas claves del Estado. Estos son parte de los poderes fácticos que nos expropian el Estado y lo han privatizado al servicio de un puñado de transnacionales y grupos de interés que maltratan al país cotidianamente.

Ciertamente, a ello contribuye la existencia de un Congreso autocastrado en su función fiscalizadora, la penetración aprofujimorista del Poder Judicial y la ausencia de un movimiento social y político que revele capacidad de indignación y de respuesta, de hacerse respetar y poner fin a esta cleptocracia que maneja el Estado.

Ha revivido el caso BTR-faenón, pero no para darle solución sino para enredarlo. Nos ha recordado los correos y contactos entre el sacrosanto Rey y el pecador Rómulo León; pero sobre todo, advertimos, prepara el camino de la impunidad con el argumento de la falta de garantías de un debido proceso. Una historia conocida.

De paso, saca de titulares al moribundo Crousillat, prófugo e impune. Y a Pilatos García. El presidente lavamanos –con la cabeza sangrante de su perro Pastor en fuente de plata ofrecida a la opinión pública y la nulidad del indulto luego de advertirle al delincuente para que fugue– nos recuerda que puede hacer lo que quiera mientras nosotros se lo permitamos. Cierto, vivimos en el país del todo vale.