Libertad de presión

.- Para un gobierno siempre preocupado por el ‘qué dirán’, como el del presidente Alan García, no es poca cosa que se ponga en duda en el exterior su disposición a tolerar la discrepancia.

Es significativo, por ello, que la reciente reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) haya decidido enviar al Perú una misión para evaluar el deterioro de las condiciones para la libertad de expresión durante el gobierno aprista.

Los casos específicos que le preocupan son la sentencia a un año de prisión por delito de difamación a Alejandro Carrascal, director del semanario Nororiente de Amazonas. Asimismo, la cancelación de la licencia de funcionamiento de Radio La Voz de Bagua aduciendo razones administrativas que en verdad fueron un pretexto vergonzoso para liquidar a un medio opositor, lo cual fue criticado por el Ipys y el Consejo de la Prensa.

El plan del gobierno para maniobrar sobre América TV y los grupos periodísticos que dirigen este canal, usando como caballo de Troya el indulto bamba a José Enrique Crousillat, también será parte de la agenda de la próxima misión de la SIP.

Tan relevante como eso fue –por su rebote noticioso– la declaración de Mario Vargas Llosa de que detrás del indulto al broadcaster del ‘Doc’ “hubo una operación para devolverle un canal a la mafia fujimontesinista”. El escritor no lo dijo pero se puede intuir de su comentario que la responsabilidad está al más alto nivel porque es imposible suponer que el complot para capturar Canal 4 lo haya diseñado y ejecutado un (ahora ex) ministro tan poco relevante como Aurelio Pastor.

Lo que pasa en el Perú no se puede comparar, por supuesto, con la precaria libertad de expresión de Cuba o Venezuela, pero tampoco se puede decir que aquí el suelo esté parejo. Los casos ya mencionados que estarán en la agenda de la misión de la SIP se suman a la presión del gobierno a la prensa a través de mecanismos que no por sutiles son menos efectivos: pactos con algunos medios para tomar ‘decisiones estratégicas’ al interior de sus firmas para asegurar ‘buena prensa’, o juicios absurdos a periodistas para descuidar su atención o amedrentarlos.

La misión de la SIP y comentarios como el de Vargas Llosa han motivado obligadas respuestas a favor de la libertad de expresión por parte del premier Javier Velásquez y, también, de Jorge del Castillo, quien esta semana escribió un artículo exponiendo lo mismo.

Pero, ojo, el ex premier no debe confundirse. Que él tenga muchos amigos y ayayeros en la prensa no se puede interpretar necesariamente como una señal de pleno respeto a la libertad de expresión. Son cosas diferentes