.Por Alan Fairlie Reinoso
Han hecho muy bien el MEF y el BCR en afirmar que no se desactivará el programa de estímulo económico sino hasta que se hayan consolidado tendencias de recuperación de la economía nacional y, asumimos, del escenario internacional.
No han cedido así a los cantos de sirena de aquellos que estaban planteando la eliminación inmediata de dicho instrumento, que fue casi el único que utilizó el gobierno para responder al impacto externo. Esa orfandad de políticas de respuesta, hizo que nuestro crecimiento pasara de tasas de 10% a menos del 1% el año pasado. Eliminar el PEE, significaría reeditar el error del ex ministro Valdivieso que, al priorizar el objetivo de reducir presiones inflacionarias, contribuyó a la recesión de la economía nacional en el cuarto trimestre del 2008.
Es deleznable el argumento de que se acerca un año electoral y, por lo tanto, el gobierno debe ajustar todas las cuentas y disminuir el gasto y la inversión. Se necesita una política macroeconómica contracíclica que evite fluctuaciones graves de la economía nacional, y contribuya al crecimiento sostenible. Esto supone no solo mantener el PEE, sino estimular cadenas productivas nacionales, PYMES y la articulación de los distintos sectores productivos orientados al mercado interno o las exportaciones.
La discusión central debería girar en torno a definir la estrategia de desarrollo que debe seguir el país en el mediano y largo plazo y los instrumentos de política económica funcionales que deben ser impulsados, además de la política macroeconómica. Esto supone debatir sobre el modelo en curso, planteando lo que debe ser mantenido y/o cambiado. En especial, cuáles son los espacios y atribuciones que debe retomar el Estado.
Para ello hay que evitar falsos dilemas. Mantener una economía abierta y de orientación exportadora no significa comprar el modelo en curso. Plantear la diversificación exportadora con el uso intensivo de conocimiento y capital humano y políticas activas, no implica volver a subsidios o prácticas proteccionistas fracasadas.
El desarrollo de cadenas productivas exportadoras con integración productiva y mayor valor agregado, no se contrapone a un mayor dinamismo del mercado interno y la articulación sectorial, agricultura/industria/servicios. Necesitamos con urgencia la nueva matriz insumo-producto para cuantificar los cambios operados en los últimos años, y tener mayor precisión en proyectos y propuestas.
Tampoco tendría que contraponerse necesariamente minería/agricultura/industria, sino que habría que buscar los mecanismos y los estándares adecuados que permitan un desarrollo integral respetando la extraordinaria biodiversidad del país. Se necesitan políticas sectoriales compatibles con la normativa de la OMC, que impulsen el desarrollo sostenible del Perú.
No es posible lograrlo manteniendo la situación de exclusión y desigualdad existentes. Esto implica la necesidad de aumentar la presión tributaria y atender no solo necesidades productivas y de infraestructura, sino de programas sociales y redistributivos que tengan sostenibilidad. Como ha señalado la OIT, un aumento salarial debe ser un componente central en esa dirección, buscando los mecanismos que permitan que las PYMES puedan afrontarlo.
Esto supondría no volver a la política del péndulo que tanto daño ha hecho al desarrollo nacional. Pero, también la disponibilidad de los diferentes actores económicos, sociales, políticos de aceptar ajustes y cambios que permitan un crecimiento sostenido, no excluyente.
Ese debate es el que debería tener el país, y las propuestas que deberíamos escuchar de los diferentes partidos y movimientos políticos, cuyas candidaturas empiezan a proliferar.
La propuesta de la política del “perro del hortelano” impulsada por el gobierno y algunos sectores empresariales, avanza en la dirección contraria. Polariza entre actividades productivas, desconoce derechos históricos de comunidades de sierra y selva, y subordina a la lógica de la inversión y la ganancia no solo la extraordinaria biodiversidad que tiene el país, sino los derechos de poblaciones marginales y excluidas históricamente y que ahora podrían ser “desplazadas” legalmente.
Persistir en esa estrategia no le dará viabilidad al status quo, sino que alimentará conflictos sociales y regionales que se traducirán en movimientos políticos con respuestas violentas en defensa de sus intereses. Ese sería el peor escenario para el país, y deberíamos evitarlo a toda costa. Tampoco parece adecuado desarrollar una campaña de propaganda donde se señala que prácticamente somos lo mejor en el mundo después de China en cuanto a crecimiento, que la crisis ya fue superada, que el Perú está de moda en el mundo y que el crecimiento será retomado y tendremos un brillante porvenir manteniendo el rumbo.
La estrategia de inserción internacional no se puede reducir a buscar acceso a mercados vía TLCs (bien o mal negociados), o hipotecarnos a través de ellos a la estrategia en curso. Se requiere además una agenda interna (como reconocen sus propios impulsores), y desde allí deben identificarse los puntos comunes.
Es imperativo crear un consenso nacional, fomentar la unidad interna en torno a una estrategia de desarrollo que se mantenga más allá de las vicisitudes políticas. No puede ser la actual, tampoco debería ser la vuelta al pasado.
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