Martín Tanaka
Los recientes “destapes” de (probables) casos de corrupción esbozan un panorama confuso para quien quiere entenderlo analizando la evidencia disponible, y no dejándose llevar por sus convicciones o prejuicios. Una de las fuentes de confusión es que las hipótesis existentes están atravesadas por disputas y celos entre periodistas y empresas periodísticas. Otro problema es que prima la especulación, y parece no haber mejor remedio cuando las evidencias se desaparecen o falsean, o cuando las pistas terminan en versiones contrapuestas, la palabra de uno frente a la del otro, resolviéndose según la credibilidad personal de cada quien.
Quizá ayude a la comprensión de todo esto ubicarnos en marcos más amplios de análisis. ¿Qué es lo que tenemos? Para empezar, empresas que compiten no mediante mecanismos de mercado, sino usando información consecuencia de actividades de espionaje.
Este da cuenta además de actos ilícitos o sospechosos entre empresas, lobbistas, políticos y funcionarios, que llegan hasta personajes de muy alto nivel. Toda la información registrada permite que se haya establecido firmemente en el país el mecanismo de dirimir intereses o diferencias políticas recurriendo a una denuncia periodística que los medios siguen con entusiasmo (basta que sea escandalosa, no necesariamente que sea cierta). Esto es parte de la herencia del fujimontesinismo.
Considerar los antecedentes es clave: hemos tenido una liberalización económica sin tener mercados verdaderamente competitivos, con actores privados todavía acostumbrados a funcionar al amparo de favores del Estado, con instituciones débiles, sin partidos democráticos, sin una oposición con suficiente capacidad de presión y fiscalización. En este marco llegó al poder un partido debilitado, pero con una amplia red de operadores en busca de oportunidades de negocio de todo tipo, con buenas relaciones con el poder, aunque no necesariamente articulados con este.
Frente a esta realidad, el gobierno ha sido muy displicente. La lógica ha sido más bien retroceder ante cada escándalo puntual que aparece; cancelar compras y operaciones, renuncias de funcionarios, evitar que las cosas lleguen a mayores. Esta lógica sugiere que los operadores de la corrupción, si bien están cerca, no serían parte del núcleo gubernamental, a diferencia de lo que ocurría con el fujimorismo, caracterizado por un manejo centralizado de los grandes negocios. Y a diferencia de los casos del corrupción durante el toledismo, habría una red mucho más grande y articulada, consecuencia del distinto grado de consolidación de los operadores de cada partido. Finalmente, la diferencia de la corrupción actual con la del primer gobierno de García estaría en el cambio en los roles del Estado: antes los negocios estaban en el manejo de regulaciones y empresas estatales, ahora en oportunidades de inversión en un contexto de crecimiento de la inversión pública.
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