Informe en minoría sobre Bagua

Esta semana se presentó el informe en minoría (IMI) de la comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua, suscrito por Jesús Manacés y Carmen Gómez. El documento hace un aporte sustantivo, y ojalá sea leído y tomado en serio por todos los sectores.
Tiene como grandes puntos fuertes una sólida explicación de las causas de fondo del conflicto, ubicadas en el progresivo deterioro de la seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos. En esto hay cierta coincidencia con lo señalado por el informe en mayoría (IMA) presentado en diciembre del año pasado. Su otro gran aporte es una descripción rigurosa de los hechos del 5 de junio del año pasado, que lleva a un análisis diametralmente opuesto al IMA.
El IMA se pregunta “¿por qué si la protesta fue en toda la Amazonía solo generaron sucesos luctuosos de la magnitud de los de Bagua?” La respuesta involucra la participación de congresistas del Partido Nacionalista, ronderos, reservistas, sutepistas, Frentes de Defensa, medios de comunicación y la no prevalencia de liderazgos negociadores y pacificadores.
El problema es que no se presenta evidencia que permita sustentar esta interpretación. Por el contrario, el IMI deja claro que la respuesta hay que encontrarla en la acción represiva del Estado. Un operativo policial provocador y mal planeado es el que explica la violencia, que podría haberse dado en cualquier otro lugar de haberse aplicado el mismo esquema. Y sobre las deficiencias técnicas del operativo, así como su desconcertante ejecución cuando ya estaba prácticamente acordado el despeje de la carretera Fernando Belaunde hay muchísima evidencia.
Por supuesto, el IMI tiene también asuntos que requieren más debate. Por ejemplo, suena un tanto unilateral el diagnóstico sobre la lógica de los decretos legislativos cuestionados; instituciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental han opinado en el sentido de que el problema no estuvo tanto en su contenido específico, sino en que no fueron consultados, y en el lenguaje y las formas utilizadas por el gobierno. Otro tema es que parece asumirse que la organización y formas de la protesta social son un resultado natural y totalmente autónomo de las organizaciones indígenas, obviando el papel de instituciones como la iglesia y ONGs que cumplen importantes funciones de apoyo y asesoría, cuya actuación debe también ser evaluada.
El IMI termina denunciando que “las razones que fundamentaron el conflicto permanecen inalteradas... y el riesgo de un nuevo ciclo de protesta”. Lamentablemente, el gobierno no parece aprender la lección. En los últimos días, el presidente García, a propósito de los sucesos de Islay, habló de “ínfimas minorías” que practican el “terrorismo vial”, “no se pueden imponer a 29 millones de peruanos”. Antes decía que 400 mil nativos no son ciudadanos de primera que se puedan imponer a 28 millones de peruanos.


Por: Martín Tanaka