El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha debido enfrentar serios problemas en este proyecto, entre los cuales figura la naturaleza del fideicomiso y las condiciones que algunos países que desean aportar al fondo buscan colocar.
Ecuador viene impulsando la iniciativa de conservación del Parque Nacional Yasuní, que consiste básicamente en obtener mayores ingresos para el Estado conservando el petróleo bajo tierra, frente a los que se obtendrían por la explotación de las empresas petroleras vía impuestos. El proyecto ha tenido dificultades, pero hoy ya cuenta con ofrecimientos relevantes de países como Alemania para aportar alrededor de 50 millones de euros anuales para el fideicomiso que administrará el PNUD.
Se estima que la explotación petrolera del Yasuní dejaría al Estado ecuatoriano alrededor de 350 millones de dólares en diez años por el pago de impuestos; a ello hay que restar la mitigación y acciones frente a todo el daño causado al parque y el ecosistema amazónico, con lo que el ingreso se reduce. Los responsables ecuatorianos de esta iniciativa buscan superar el monto que podrían obtener vía impuestos, pero además si lo logran, el valor potencial del Yasuní aumentará y podrá ser objeto de una nueva negociación que derive en más ingresos para el Ecuador.
Vemos en este caso y en otros, que la lógica de la extracción de los recursos naturales no es para nada absoluta y existen una serie de alternativas para obtener ingresos, y conservar recursos y ecosistemas que ahora por sí mismos ya tienen un valor para el equilibrio ambiental, que se puede transformar en valor económico y generar ingresos para derivarlos a prioridades sociales.
En un país llamado Perú…
Mientras eso sucede con nuestro vecino del norte y Cochabamba recibe a representantes de todo el mundo en la Cumbre de la Tierra, en el Perú los defensores del modelo primario exportador no tienen la mínima capacidad para entender que ahora los recursos naturales tienen un valor cuando pueden dejar de ser explotados, y los ecosistemas son una reserva global que cada día permitirá tener mayor poder de negociación en el ámbito internacional. Es decir, nuestros modernos gobernantes y su prensa, no se dan cuenta de que van en contra de la historia, y como en muchos otros temas, anclan al país en debates ya superados.
Venimos oyendo desde hace dieciocho años el mismo discurso intolerante y la aplicación de políticas sin sentido de integralidad y de desarrollo sostenible. Contamos con gobiernos que justifican y profundizan un esquema de inversiones y de extracción de recursos que no se diferencia en casi nada de lo sucedido en siglos pasados. No hay novedad ni creatividad en el discurso y en la acción extractivista, que muestre algún indicio de compresión de la magnitud del problema al que como país y planeta nos enfrentamos.
Las protestas sociales en diversos puntos del país que desnudaron en Bagua la naturaleza del modelo y de la intensión de su continuidad, seguirán dándose y estarán justificadas mientras no varíe la orientación que aquellos que no ganan elecciones pero terminan gobernando, imprimen a las decisiones de Estado. Es tiempo de que los peruanos asumamos que no toda inversión es provechosa, que existen casos en los que es preferible y puede ser más productivo la no explotación de recursos, que la consulta vinculante a los afectados es básica, que el mundo va hacia un nuevo paradigma de relación con la naturaleza que el poder y los medios nos ocultan.
Los responsables
La responsabilidad por mantener al país en una lógica desgastada y hasta inviable es enorme. El contexto económico y comercial internacional, con crisis cada vez más seguidas, necesita de una vez explotar todos los recursos que el planeta aún conserva. Los gobiernos peruanos desde 1992 han caído voluntariamente en esta trampa del capitalismo, asumiendo que la única forma de poner en valor los recursos es destapar o agujerear la tierra, para conformarse con impuestos mínimos; ni siquiera piensan en aumentar los impuestos a la explotación de los recursos naturales. La abdicación no sólo es económica, sino que implica dejar de pensar para servir a bolsillos ajenos, y de algunos peruanos que llevan su tajada en ello.
La Tía María será inviable si no se empieza a variar desde los fundamentos la política extractiva y de relación con la agricultura, con las expectativas sociales y con el entorno natural. La acción de la gente de Islay, Cocachacra, Bagua y otros lugares es expresión de la urgencia de arribar a un modelo distinto de desarrollo. En la derecha, el conservadurismo y el neoliberalismo, no existe ninguna idea que no sea la manipulación de la población por agentes externos o grupos radicales; su discurso es vacío, soberbio y únicamente apela al dinero inmediato y cifras engañosas para justificase. Mientras globalmente y en lo nacional, desde hace varios años se desarrollan alternativas para que nuestro potencial natural, en un contexto en el que el cambio climático es eje político, nos permita producir mayores recursos desde una perspectiva no inmediata.
Una tregua precaria
Los vehementes adjetivos proferidos por el presidente Alan García contra los ciudadanos de Islay que no quieren tener sus campos y pulmones envenenados por la contaminación, han acentuado la convicción de que la protesta ha dado paso a una tregua precaria, más que a un proceso de entendimiento. El gobierno quiere llevar adelante el proyecto Tía María de todas maneras, aún cuando lo rechace el pueblo, que entiende que ha obtenido una victoria definitiva. El peligro de violencia y pérdidas de vidas sigue en pie, a pocas semanas de cumplirse el primer aniversario del baguazo.
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