Gobierno propicia la delincuencia

Leyes “duras” que no sirven para nada, junto con respaldo a la corrupción y politización de la Policía: la fórmula para favorecer el avance de la delincuencia.

Al mismo tiempo que se aprobaba en el Congreso más leyes inútiles, el gobierno daba una señal –esa sí– importante: destituía nuevamente al general Eduardo Arteta, jefe policial de La Libertad caracterizado por su honestidad y eficiente trabajo.

En efecto, según IDL-Reporteros que dirige Gustavo Gorriti, los dirigentes de las Juntas Vecinales y ciudadanos de Trujillo opinaban que la gestión de Arteta “se caracterizó por su eficacia al enfrentar la corrupción policial y la delincuencia común”. (Ver “¿Destitución y retroceso?”, “IDL-SC informa sobre la gestión del general Eduardo Arteta”, “Caso Arteta: Las primeras consecuencias”).

Es verdad que ser honesto y eficiente es casi un delito en el Ministerio del Interior que dirige Octavio Salazar. Pero Arteta cometió además un crimen imperdonable para el gobierno aprista: se negó a utilizar su cargo para respaldar a los candidatos apristas y hostigar a su rival en Trujillo, el alcalde César Acuña, que postula a la reelección.

Maniobras apristas

Hace tres semanas, Arteta fue relevado de su cargo abruptamente, pero una movilización de Juntas Vecinales que vinieron hasta Lima y un comunicado de respaldo de oficiales en retiro de la Policía liberteña hicieron retroceder al gobierno.

No obstante, en una reunión de dirigentes apristas en la casa de Luis Alva Castro en Trujillo el martes 17, el propio Alan García ordenó que saquen a Arteta, esta vez definitivamente.

La cúpula aprista se movilizó a Trujillo con el pretexto de una inauguración, pero la verdadera razón era discutir la estrategia para recuperar el simbólico municipio de esa ciudad, cuna del aprismo.

En la reunión, presidida por Alan García, estaban Alva Castro, Javier Velásquez Quesquén, César Zumaeta, Enrique Cornejo, Nidia Vílchez, Jorge del Castillo, Omar Quesada, Luis Nava, Mauricio Mulder, Carlos Arana y otros. (IDL-R, “Gobierno aprista remueve a general Arteta de la jefatura policial de La Libertad”).

También los candidatos apristas al municipio y a la región: Daniel Salaverry y José Murgia. Los encargados de acusar a Arteta y plantear su destitución fueron Wilson Toribio y José Marreros.

Los cargos contra Arteta eran directos: el jefe policial no solo coordinaba su trabajo con el presidente regional aprista José Murgia, sino también con el alcalde opositor César Acuña. Peor aún, se negaba a hacer labor de zapa contra Acuña.

“No podían mangonearlo”, le dijo una dirigente de juntas vecinales a IDL-R, “ni utilizarlo para el clientelismo, sobre todo el pre-electoral”.
En suma, Arteta fue castigado por hacer lo correcto, trabajar con las autoridades sin mirar su color político. Y por no hacer lo inadecuado, sabotear al alcalde.

Acuña protesta
El viernes 20, el grupo político del alcalde Acuña publicó un comunicado a página entera en La República, en el que expresa su indignación por la remoción de Arteta. Allí reconoce que el general “venía trabajando eficientemente en nuestra ciudad, habiendo puesto en marcha efectivas acciones para mejorar la seguridad ciudadana”.

Acuña atribuye a “mezquinos intereses políticos” la “absurda e inconveniente” remoción de Arteta. Y precisa, con razón, que la responsabilidad de la seguridad ciudadana corresponde en primer lugar al gobierno central y subsidiariamente a los gobiernos locales.

Leyes redundantes

Esta semana el Congreso aprobó, a instancias del gobierno, y con el júbilo de todos los parlamentarios, un paquete de leyes inútiles. Por enésima vez, los políticos pretenden hacerle creer a la opinión pública que la lucha contra el delito es una cuestión de leyes.

En la última década se han aprobado infinidad de leyes cada vez más duras y la inseguridad no ha cesado de crecer.

En muchas ocasiones aprueban nuevas leyes que solo reiteran otras ya existentes. Por ejemplo, la ampliación de la flagrancia, que permite a la policía detener a un malhechor no solo en el instante que comete el delito sino horas después, ya existía desde hace siete años.

El problema no es de más leyes, sino de la corrupción y la ineficiencia de las instituciones encargadas de perseguir el delito y de aplicar esas leyes: la Policía, el Poder Judicial, el sistema penitenciario.

Sobre eso los políticos de todas las tendencias no dicen una palabra.

Y el gobierno no solo no propicia la mejora de la calidad de esas instituciones, sino contribuye entusiastamente a corromperlas y desmoralizarlas. La barbaridad que han hecho en Trujillo con el general Arteta tendrá un efecto devastador, mil veces más importante que todas las leyes inservibles que acaban de aprobar.