Hidalgo falseó documentos para salvar a Alan García

El informe en minoría de la comisión investigadora sobre el borrado de los archivos de los USB de Giselle Gianotti, principal implicada en el caso Business Track (BTR), es concluyente: existen indicios suficientes de que la orden para el operativo de incautación de bienes en su casa provino del más alto nivel gubernamental, es decir, desde el mismo presidente de la República, Alan García.Según el documento, para realizar ese allanamiento, así como las investigaciones correspondientes a la interceptación telefónica, se designó a la Dirección Nacional AntiDrogas (Dirandro) –entonces al frente del actual director general de la Policía Nacional, Miguel Hidalgo–, en vez de encargarse las indagaciones a la Dirincri, que incluso cuenta con un área especializada de alta tecnología. Para eso ni siquiera se dudó pasar por alto el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la institución policial.La “extraña” designación realizada por el fiscal provincial Walter Milla, titular de la Tercera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, se hizo a pesar que Hidalgo no tenía competencia para eso, pues la Dirandro sólo tiene como misión investigar delitos de tráfico ilícito de Drogas y conexos. Empero, para el congresista nacionalista Freddy Otárola, uno de los dos firmantes del dictamen en minoría, el propósito de poner a Hidalgo fue ex profesamente para digitalizar la investigación y desaparecer las pruebas que podrían involucrar a las altas esferas del gobierno aprista.No sabían nadaA sabiendas que su designación fue a todas luces irregular, Hidalgo no comunicó el encargo del fiscal al entonces director general de la PNP, Walter Remicio, quien incluso debió ser el que autorizara el nombramiento, a pesar que las investigaciones -según se aduce-, eran de carácter reservado (la fiscalía a cargo tampoco le notificó de la resolución).Tanto Remicio, como el entonces ministro del Interior, Remigio Hernani, desconocían de las investigaciones sobre el chuponeo y sólo se enteraron de ellas el ocho de enero del 2009, día de la intervención a la casa de Gianotti, cuando por televisión se informaba sobre las capturas de los ejecutivos de BTR.Según ha declarado a la comisión, ese mismo día, Hernani llamó a Remicio para que le informe sobre las detenciones en escala que se estaban produciendo, a lo que el director policial le contestó que no sabía absolutamente nada del asunto, pues estaban a cargo de la Dirandro.De inmediato, ambos convocaron a Hidalgo para que les explique por qué no dio cuenta de las investigaciones, a lo que éste les contestó que se trataba de una investigación dispuesta por el presidente de la República (Alan García), en coordinación con la Fiscalía de la Nación. “Y yo no debo darle cuenta a nadie, solamente a él, porque esto es estrictamente reservado”, recuerdan que les dijo.Estas afirmaciones fueron negadas en el seno de la comisión por el ex jefe de la policía antiDrogas y actual director de la PNP. “No tengo la menor idea por qué (Remicio y Hernani) han hecho esa aseveración porque el presidente García en ningún momento me ha dado orden alguna sobre esta investigación”, declaró ante el citado grupo congresal.Al no informar verbalmente o por escrito sobre las investigaciones de la interceptación telefónica, Hidalgo habría transgredido la Ley 27238, Ley Orgánica de la PNP, que en su artículo 23º dice que las direcciones especializadas en asuntos de su competencia intervienen de oficio o por requerimiento, con la autorización de la Dirección General en todo el territorio nacional.Documentos falsosAnte las evidencias que lo comprometen, Hidalgo dijo ante el Congreso que sí cumplió con informar por escrito a sus superiores. Para sustentarlo, presentó cuatro documentos, entre ellos dos notas informativas, una ayuda memoria y un informe donde indica que comunicó sobre las intervenciones.Al revisar los documentos, los congresistas determinaron que éstos presentan varios problemas como los de no tener sellos ni fechas de recepción, llevar rúbricas ilegibles, no indicar la naturaleza de la investigación, así como tener una serie de incoherencias, fallas y errores que indican que son falsos. “Estos documentos no son reales, verosímiles ni creíbles”, dice el informe en minoría.Para el congresista Lescano con esta contramarcha Hidalgo busca no comprometer al presidente García, quien, según lo investigado, ordenó la ilegal intervención al domicilio de Gianotti. “Por eso hemos recomendado que al término de su mandato, las instancias respectivas convoquen al jefe de Estado para que presente su deslinde respecto de estas imputaciones”, señaló.Según el informe en minoría, la diligencia en casa de Giannotti estuvo plagada de irregularidades. La participación de la Dirandro (con Hidalgo a la cabeza) tuvo como resultado la desaparición de los cuatro USB incautados (los dos Memorex y los dos Boston) y su suplantación por cuatro dispositivos apócrifos que fueron los que se presentaron al 34 Juzgado Penal. Este documento establece que durante el operativo se hizo desaparecer importante material probatorio (recuérdese que ya se habían dado a conocer graves delitos de corrupción cometidos por ex altos miembros del presente gobierno), para lo cual se utilizó personal de la Dirandro y algunos fiscales que se coludieron e incurrieron en flagrantes irregularidades.El gran objetivo: evitar que la pruebas lleguen al Poder judicial para favorecer a altos funcionarios de este gobierno que todavía no han sido detectados en delitos de corrupción “Por eso son razonables los testimonios de Hernani y Remicio contra el presidente de la República”, concluye el informe de manera categórica. Helio RamosRedacción