Por Humberto Campodónico
La inversión en el Perú del 2000 al 2005 estuvo en los niveles más bajos de la región. La inversión privada (extranjera y nacional) estuvo estancada en el 15% del PBI, nivel que está muy por debajo del 20% del PBI de países como Chile, Brasil y Colombia.
De su lado, la inversión pública (IPu) bajó del 4.0% del PBI en el 2000 a 2.8%, nivel que se mantuvo hasta el 2006 incluido, lo que nos situó en el sótano de la región, pues su promedio de IPu es 6 a 7% del PBI. Ese bajo nivel durante el gobierno de Toledo no fue casual sino parte de una política consciente: se consideró que la IPu era la variable que tenía que “ajustarse” para que no hubiera déficit fiscal.
Y así fue. Por eso, año tras año, de un lado, creció el déficit de inversión en infraestructura necesaria para el país y, de otro, el gasto corriente (bienes y servicios y sueldos) del sector público también permaneció estancado.
¿Es que al gobierno se le ocurrió aumentar los ingresos tributarios para reducir el déficit fiscal? No, pues estos fueron el 12.7% del PBI en promedio del 2000 al 2005, lo que también nos situó en los niveles más bajos de la Región.
La inversión privada comenzó a aumentar en el 2006 y llegó a su punto más alto en el 2008, con 22.5% del PBI. En el 2009, a consecuencia de la crisis internacional, tuvo un fuerte bajón y se espera una recuperación a 19.3% del PBI en el 2010.
El cambio más importante se ha dado en la IPu, que ha aumentado todos los años desde el 2006, llegando al 5.3% del PBI en el 2009 y se espera que alcance el 6% del PBI en el 2010. En estos años los ingresos tributarios llegaron en promedio al 15% del PBI, debido a los altos precios de los minerales, pero no como consecuencia de una reforma tributaria. La mejora en ingreso e IPu no nos convierte en los “mejores de la clase”: simplemente nos sitúa en el nivel inferior del promedio de la región.
Sin embargo, ya se comienza a decir que ese nivel muy alto es la causa del déficit fiscal, que el último Reporte de Inflación del BCR estima en 1.5% para el 2010. Se afirma, por eso, otra vez como durante Toledo, que debe recortarse la IPu como componente de una política anticíclica.
Traducido al cristiano, esto quiere decir que como el PBI está creciendo como consecuencia del dinamismo del sector privado (consumo e inversión, pero sobre todo inversión), entonces la IPu debe contraerse hoy para que, de un lado, no genere “sobrecalentamiento” (e inflación) y, de otro, para generar un superávit fiscal. Este “pan para mayo” se gastaría cuando el ciclo económico esté a la baja, lo que cerraría el “círculo virtuoso” de la política anticíclica.
Pero no es cierto que la IPu, con solo el 6% del PBI, sea hoy la punta de lanza de una política procíclica “sobrecalentadora e inflacionista”. Por el contrario, se necesita mayor IPu –lo que debe venir acompañado de buena calidad y desempeño de los proyectos– para seguir cerrando la brecha de infraestructura, mejorar los sueldos y los programas sociales.
Una verdadera política anticíclica implicaría que el MEF aumente la presión tributaria (y reduzca el déficit fiscal), pues esta se mantiene baja, en 15% del PBI (y eso porque los precios de los minerales han vuelto a subir). Si se cobrara un impuesto a las sobreganancias mineras –como en Chile– habría “bastante pan para mayo”. Y se podría aumentar la inversión pública a los niveles de 6.5 a 7% del PBI que, recién entonces, nos nivelarían con los demás países de la región. ¿No es cierto?
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