INDEMNIZACION POR DESPIDO

.Por Humberto Campodónico.

El reciente cobro de “indemnización por despido arbitrario” –de su anterior cargo de Presidente de Essalud– que ha hecho el ex ministro del Interior Fernando Barrios demuestra que este gobierno no ha avanzado en la reforma del Estado, tanto en lo que concierne al gobierno central, así como en su actividad empresarial.

Una vez más, estamos ante un caso de corrupción estatal, algo que no se corrige. Pero que puede y debe hacerse. Una de las primeras medidas para cambiar esta situación es una buena gestión de los dineros del Estado, lo que está relacionado con los mecanismos de designación de los responsables de los altos cargos, para erradicar de cuajo la creencia de los partidos de que están frente a un “botín político” al cual tienen “todo el derecho” de acceder por “haber ganado las elecciones”.

La regla Nº 1 de todos los manuales de gobernanza es la necesidad de concursos de méritos, abiertos y transparentes, con reglas claras y requisitos académicos y técnicos para los postulantes. Eso no se hace en entidades tan importantes como Essalud ni, tampoco, en importantes empresas estatales como Petroperú, Enapu, Electroperú y el Banco de la Nación, para nombrar solo a algunas.

Lo que se estila –y así se hace– es que, como parte de sus atribuciones, el Presidente de la República los designe. Y lo hace tomando en cuenta consideraciones políticas (militantes de su partido, amigos cercanos, pago de favores) y, también, puede ser, consideraciones de excelencia académica y/o técnica.

Tenemos, entonces, que el resultado del desempeño de los responsables es múltiple y variado. En el caso del Banco de la Nación y de Sunat, por ejemplo, el comportamiento de los altos funcionarios es de primera línea, lo que se aprecia en sus resultados. Lo exacto opuesto ha sucedido con otros organismos, en este caso de Essalud, lo cual es gravísimo pues es una entidad con ingresos de S/. 6,310 millones en el 2010.

Fórmulas técnicas para la regla Nº 1 de la gobernanza hay muchas y, entre ellas, está la autonomía que hoy tiene el Banco Central de Reserva, aunque hay otros ejemplos.

Dicho esto, el tema de fondo –que hemos tocado varias veces en esta columna (1)– es que los gobiernos se resisten a una ley de carrera pública basada en la meritocracia (se asciende por méritos y no por tarjetazo) y en la homologación de los sueldos –eliminando las arbitrarias 157 escalas hoy existentes–.

Esas leyes –con reglamentos y todo– existen desde hace años pero los gobiernos solo hacen “reformitas”, como la fusión de algunos Organismos Públicos Descentralizados (a fines del 2006) para “ahorrar fondos” o los programas de formación de gerentes (iniciativa central de “Servir”), que obedecen al pensamiento que todo se arregla “desde la cabeza”, dejando de lado a los 800,000 trabajadores del Estado.

Mientras el Perú no tenga un servicio civil digno de ese nombre no existirán los incentivos de los funcionarios para avanzar en la carrera pública. Ese avance es una poderosa arma para la lucha contra la corrupción y una palanca para la capacitación de los funcionarios y el logro de la excelencia. La excusa de siempre es que no hay dinero. Falso. Existen los recursos económicos para hacerlo en las diferentes cuentas del gobierno central en el sistema financiero, a lo cual puede sumarse los ingresos que deben provenir de un impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras.

Pero eso no se quiere hacer para mantener un Estado débil, donde priman, de un lado, los intereses de los “lobbies” privatizadores (a quienes les encantan estos escándalos pues hacen que la opinión pública piense que el Estado es siempre “el malo de la película”) y, de otro, de los funcionarios “políticos” superpermeables a la corrupción monda y lironda. La reforma del Estado, por eso, debe ser uno de los puntos centrales de la agenda electoral. Salvo peor parecer.