.Por Ronald Gamarra
Este ha sido un quinquenio de clara tendencia reaccionaria. El gobierno de García representó la llegada al poder de un presidente con pesadas deudas propias por violaciones de DDHH cometidas en su primer gobierno. Por si fuera poco, se hizo acompañar por Giampietri, representante del militarismo desfachatado, y a la vez nexo y enlace con el fujimorismo en el gobierno. El alanismo recuperó y volvió a usar el lenguaje y los modos groseros del fujimorismo frente al activismo en defensa de los DDHH, intentando desandar lo avanzado en el período de la transición. Consecuente con ello, mostró desde el principio hostilidad y desdén por la labor de la CVR. También promovió una atmósfera de acoso y enfrentamiento hacia las organizaciones que defienden los DDHH, los derechos laborales y el medio ambiente. Como culminación, intentó imponer una agenda de impunidad para los violadores de DDHH del período de violencia.
No necesariamente tuvo éxito en la aplicación de este programa reaccionario. Si, por un lado, la mayor parte de las Recomendaciones de la CVR siguen sin ser aplicadas, hubo cierto avance, aunque lento y tortuoso, en cuanto a las reparaciones colectivas y la elaboración del Registro Único de Víctimas, sin haberse llegado aún a indemnizar individualmente a nadie. Es verdad, por otro lado, que el gobierno tuvo éxito en su deseo de hacer a un lado el Plan Nacional de DDHH, cuestionando su legitimidad.
Y si bien el gobierno se negó a la construcción del Lugar de la Memoria, y pretendió aprobar por decreto una ley de amnistía para uniformados juzgados por gravísimas violaciones de DDHH –llegando en muchos aspectos mucho más allá que la ley de amnistía de Fujimori de 1995–, en ambos casos se vio obligado a dar marcha atrás ante la resistencia de la sociedad civil. No cabe olvidar la decisiva intervención de MVLL.
El juicio y sentencia de Fujimori es otro caso similar, donde la presencia activa de la sociedad civil ante un tribunal que llevó adelante un proceso que todo el mundo reconoce como ejemplar, logró un triunfo histórico, aleccionador para los dictadores y violadores de DDHH, y de hondo contenido cívico para los peruanos. No obstante, es evidente que al alanismo no le gustó el proceso y menos su resultado, habiendo concedido privilegios y ventajas inadmisibles al expresidente. No sería de extrañar que, en algún momento, García le dé un indulto .
El conflicto social es un campo donde el gobierno se ha mostrado particularmente torpe, propiciando su intensificación y multiplicación, con un aumento de la pérdida de vidas (civiles y policías). También volvimos a conocer casos de ejecución extrajudicial por parte de un destacamento policial que dio muerte, hasta ahora con impunidad, a decenas de presuntos delincuentes comunes en Trujillo.
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