MUERTE DE ENAPU

.Por: Humberto Campodónico

El otorgamiento de todo el Terminal Norte del Callao a APM Terminals hace dos semanas es el resultado final de la política del actual gobierno de concesionar (en verdad, privatizar) la empresa estatal ENAPU, a pesar de la existencia de alternativas viables para su repotenciamiento. Al hacerlo, se ha hipotecado la capacidad del Estado en materia de política portuaria, al mismo tiempo que ha activado “bombas de tiempo” para el próximo gobierno.

Esto ha motivado la renuncia del presidente de ENAPU, Mario Arbulú, quien acaba de declarar que “el proceso de concesión ha generado un modelo con el que yo también discrepo. Será la historia la que juzgue. Nosotros propusimos una alianza estratégica entre Enapu y un socio privado de primer nivel mundial” (14/7/2011). Más allá de la bastante tardía de la protesta de Arbulú, tiene razón sobre el fondo del asunto.

Agrega: “Se creó un comité especial de privatización porque dijeron que ENAPU no podía ser juez y parte. Luego salió el Decreto Supremo en el que se decidió por un proceso de concesión en el que no tuviéramos ninguna injerencia” (14 de julio 2011).

Como consecuencia, el operador del Muelle Sur, Dubai Ports World, ha entablado una demanda al gobierno peruano ante el CIADI por competencia desleal. Dice DP World que APM Terminals “va a tener una serie de incentivos económicos que permiten la artificial reducción de precios en servicios portuarios tales como el acceso a un flujo de ganancias provenientes de una concesión en operación”. (La República, 3/7/2011).

Agrega que “a ello se suma el uso gratuito de grúas pórtico y el uso libre de las recientes mejoras de la infraestructura efectuadas por Enapu, por un monto de US$ 208 millones. En cambio, el Muelle Sur no recibió ningún tipo de subvención, debiendo ser construido en su totalidad con financiamiento privado” (ídem).

Las demandas de DP World confirman que ENAPU podía perfectamente llevar a cabo las inversiones de US$ 350 millones que figuran en la concesión con APM. Claro, porque éstas se van a realizar con las utilidades netas de ENAPU, que ascendieron a S/.208 millones en los últimos 3 años (ver cuadro). Este nivel de utilidades facilita a la empresa conseguir los recursos adicionales en los mercados financieros.

Además, APM tendrá mayores utilidades en el Terminal Norte porque no tendrá que pagar los 55 millones de soles anuales que ENAPU tiene que pagar a los jubilados de la empresa. Al sumar el pago de pensiones a la Utilidad Neta puede apreciarse que el flujo de Enapu aumenta sustantivamente.


Los sucesivos gobiernos le han cargado estas obligaciones a las empresas públicas (ENAPU, Petroperú, Electroperú) para que no puedan sobresalir en sus operaciones. Dicho de otra manera, las obligan a competir con un brazo amarrado a la espalda. Eso lo dice la propia FONAFE cuando admite que “la utilidad neta del 2010 se ha reducido en 63%, debido principalmente a la transferencia al Fondo de Reservas Previsionales y en la provisión para el pago de dichas obligaciones” (www.fonafe.gob.pe).

Hay más. ENAPU solo va a recibir el 17% de las utilidades netas de APM, lo que significa que la estatal se queda sin el 90% de sus ingresos. Esto va a obligar al Estado a subsidiar los 11 puertos provinciales del resto del país, además que ENAPU no podrá cumplir con las pensiones y jubilaciones.

Esta privatización es el puntillazo final dado por este gobierno, al amparo del dogma de la “subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado”, decretada por la Constitución de 1993 (Art. 60). Motivo por el cual, pensamos, se impone su revisión total pues, a todas luces, perjudica los intereses del Estado peruano.