INCLUIR

Incluir es verbo, no es adjetivo





Corremos el riesgo de banalizar la idea de inclusión social. Para evitar que se convierta en un adorno al modelo, es urgente dejar en claro su naturaleza y medidas para lograrla.

Es necesario estar muy prevenidos en relación al uso y aplicación del concepto inclusión social. Basta ver a algunos de los voceros de derecha insistiendo en que el modelo requiere “un sesgo” de inclusión social. Pues nada más alejado del ánimo del país que ver este concepto como sesgo, cuando la perspectiva de la inclusión social justamente va al centro de las inequidades para desmontar las trabas que impiden que todos y todas accedan a los derechos básicos.

Incluir debe entenderse no sólo como atraer a sectores de la población a los beneficios del desarrollo económico, sino sobre todo como la extensión de los derechos (vía los servicios del Estado y otros mecanismos) progresivamente a toda la población desde una lógica en la que el interés colectivo (que lleva al bienestar individual) está claramente por encima de otros factores.

Como es claro ahora, el mercado es incapaz de resolver las carencias sociales, lo que lleva a dos cosas: promoción desde el Estado para brindar diversos servicios allí donde no los hay, y regulación efectiva de las arbitrariedades que se dan en el mercado que discriminan y significan menos dinero en el bolsillo de la gente.

Verbo incluir
Si estos conceptos no quedan claros ahora, corremos el riesgo de una tergiversación interesada en la que “el sesgo” incluyente se convierte en un adjetivo que acompaña mansamente a una realidad excluyente.

Incluir es un verbo, y como tal conjuga, ordena, define, obliga a que los demás componentes de la oración trabajen para implementarlo. Ya es hora de que este eje que apunta hacia un nuevo contrato social, se consolide en toda su magnitud. La banalización de la inclusión social está en marcha y se viene dando desde la CADE 2006, por lo que es necesario revertirla.

Estrategia o programa
Por eso persiste el viejo debate sobre la efectividad o no de los programas sociales, a los que la tecnocracia (progresista y de derecha) acusa de ser ineficientes, por lo que se requiere unificarlos y evitar “filtraciones”. Pues de hecho el diseño y aplicación de estos programas debe estar plagado de inconsistencias, pero el asunto no radica ahí.

El tema pasa por dejar de aplicarlos como permanentes en la lógica del “sesgo”; hay que entender su temporalidad y uso en determinada situación. El programa social de alivio a la pobreza se ha convertido en la herramienta para salir de la pobreza, lo cual es inviable.

Inclusión hoy consiste y debe entenderse como la extensión de derechos fundamentales (Educación, salud, justicia, seguridad, vivienda, nutrición), porque éstos jamás se podrán lograr desde una lógica de focalización y de parchar los huecos dejados por el “exitoso” modelo económico.

¿Cómo así puede ser exitoso un modelo que en dos décadas de aplicación, no ha podido consolidar los derechos fundamentales de la población? Pues justamente el modelo está en cuestión, y la referencia a la Constitución de 1979 y al nuevo contrato social, hechas por el presidente Ollanta, van en ese sentido.

No morir en la orilla
La idea y las medidas para desarrollar la mentada inclusión social deben ir hacia las bases de la exclusión y no hacia lo accesorio. Incluir no debe significar extender programas de entrega de dinero o brindar atenciones de salud para pobres como lo hace el SIS.

La inclusión pasa por desarrollar las medidas y destinar el presupuesto para que el Estado brinde los alcances para el ejercicio de los derechos con la más alta calidad e integralidad de enfoque, tal y como si un servicio fuera dado por la mejor empresa privada; en ese contexto, el concurso de éstas últimas en buena hora que se dé, pero desde reglas bien establecidas.

Sería como nadar kilómetros y morir en la orilla que los que han conducido, avalado, festejado, maquillado, venerado y convertido en dogma los fundamentos del modelo excluyente que vivimos, sean ahora los que definan que la inclusión social es un “sesgo”.

No, la inclusión es la aplicación de la universalidad de los derechos; esa es la única forma de lograr desarrollo alrededor del mundo. El Estado y sus alcances están en la obligación de igualar a la sociedad, no de dar paquetes precarios a los excluidos justamente porque se les hace el favor de incluirlos.


Alexandro Saco
Colaborador