Diez Canseco
Chile fue el “modelo económico latinoamericano”. García lo evocaba permanentemente. Crecimiento económico, mercado libre, apertura total, reducción de la pobreza, estabilidad política eran las virtudes a imitar. De pronto, movilizaciones estudiantiles universitarias masivas ponen sobre la mesa el tema de la desigualdad. Las demandas de terminar con el manejo de la educación como un instrumento de lucro y de reubicar la educación como un derecho humano que el Estado debe garantizar para todos se han colocado en el centro del debate nacional. Exigen permitir el desarrollo de capacidades y abrir oportunidades a todos,
Y es que en Chile, como en la Constitución fujimorista, la educación ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un asunto del mercado, en un servicio manejado con fines de lucro y exoneraciones tributarias. La privatización de los servicios educativos es dominante. La educación pública se ha deteriorado. Además, todos los estudiantes universitarios –públicos y privados– deben pagar por sus estudios, de cuestionada calidad, vía créditos que deben asumir y cancelar al acabar sus estudios; ciertamente, con los intereses comerciales correspondientes. Claro, los de las universidades privadas pagan costos más altos aún y con mayores tasas de interés.
La bandera de recuperar la educación pública, escolar y universitaria, como gratuita y de calidad, ha movilizado a toda la sociedad chilena. No solo los jóvenes, que comenzaron marchando y planteando sus demandas, sino los padres de familia, las organizaciones de trabajadores, las fuerzas sociales, toman las calles cada jueves y marchan –entre 60,000 y 100,000 personas– respaldando las exigencias levantadas por la juventud. En el centro se ha colocado el tema de la profunda desigualdad que el modelo ha instalado en una sociedad que no está dispuesta a seguir tolerándola. Y es que reducir la pobreza es una cosa, sin duda necesaria, y otra es cerrar la brechas de enorme desigualdad que marcan la sociedad y que han desatado este gigantesco movimiento juvenil que evidencia una enorme convocatoria social, al margen de la presencia y liderazgo de partidos.
La joven presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Camila Vallejo, y el dirigente de la U. Católica Jackson se han convertido en la expresión de un nuevo liderazgo, social y político.
Desde la denuncia de la educación como un derecho humano convertido en una mercancía con fines de lucro y la demanda nacional de una educación pública gratuita y de calidad, objetivo que muchos peruanos comparten y exigen, han colocado en el centro del debate el tema de la desigualdad en Chile. Su grito juvenil y su indeclinable lucha, que lleva meses en las calles y en los medios, tienen al presidente Piñera con 20% de aprobación y ha ganado a su lado a más de tres cuartas partes de los chilenos, abriendo el debate sobre la forma de organización de la vida social –y de los derechos que el Estado garantiza–, afirma enormes brechas y niega el desarrollo de oportunidades y capacidades a millones de jóvenes y familias del vecino del sur.
Los estudiantes han colocado sobre la mesa la demanda de un profundo cambio en un sistema educativo excluyente y segregador, y con ello, de una nueva Constitución, así como la necesidad de nuevos liderazgos políticos renovados y creativos. Su batallar ha mostrado creatividad en las formas y en la transmisión de sus objetivos. La amenaza represiva de Piñera de criminalizar su lucha fracasará en frenar la tremenda demanda y conciencia social desatadas. Ya García fracasó en su intento de imponer esa metodología en el Perú frente a los pueblos indígenas y movimientos sociales, dejándonos 191 muertos.
No se equivocaron Gana Perú y Ollanta Humala cuando plantearon que la revolución educativa, con una educación pública gratuita y de calidad, constituía un eje clave de un Perú inclusivo, con oportunidades para todos, en el que se reduzcan las brechas sociales de un país excluyente y profundamente desigual.
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