FIN DE LERNER

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Estamos ante un punto de quiebre en el escenario político. La renuncia del gabinete Lerner y los cambios que esta implicará se dan justamente en el momento en que escribo estas líneas. Algunos piensan que implicará una política acentuadamente pro gran minería y conservadora, y otros, exactamente a la inversa: el retorno al programa original del Gran Cambio. La composición del gabinete dará señales, pero hay hechos concretos a tomar en cuenta.

El gabinete del gobierno de concertación, que algunos llamamos arco iris, se disuelve. Será el Sr. Valdés, ex ministro del Interior, quien asuma la PCM. Es obvio que ello ha de implicar un cambio de rumbo, de estilos y de manejo de las alianzas que sostienen al gobierno de Humala. Y es que Lerner fue, desde años atrás, un impulsor del entendimiento por el cambio. Ayudó a poner el eje en un esfuerzo de unidad del nacionalismo con sectores de izquierda, movimientos sociales y movimientos regionales, amplió las relaciones con sectores de empresarios nacionales y buscó puentes con sectores de centro y centro derecha democráticos. Sin duda, un hombre de confianza de Ollanta Humala, más allá de otros elementos que inciden en el entorno presidencial, desde el ámbito militar, del PNP o de su familia.

Lerner, en la PCM, dio curso –con todos sus problemas– a un proceso de concertación de fuerzas, que no resultó fácil. Por un lado, se abrieron paso sectores de abierta filiación conservadora antes de la asunción del mando, y por otro, algunos de los aliados de segunda vuelta no pusieron énfasis en afianzar la alianza y abrir paso a los cambios, sino en pelear espacios y cargos, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Ello abrió paso a buscar acuerdos con sectores políticos más a la derecha, en la tesis de desarrollar gobernabilidad y colocó a Gana Perú a la defensiva.

El escenario se complicó con los temores que despierta la crisis económica internacional, la presión de varios grupos mineros por –cediendo una porción pequeña de la renta minera– imponer el desarrollo de sus proyectos por encima de temas ambientales, sociales o de la consulta previa, y la casi simultánea reaparición de los movimientos sociales en la escena, con sus expectativas, demandas de cambio y frustraciones. Las presiones del gran capital minero lograron una legislación sobre regalías, gravámenes e impuestos especiales, que estaba muy lejos del volumen de renta minera que pueden y deben aportar, en lugar de redefinir su papel, promover que el Estado impulse la zonificación ecológica y económica, e impulsar una nueva relación de desarrollo que las poblaciones aledañas requieren. Yanacocha y Newmont comenzaron a exigir definiciones mientras otros sectores de la población reaccionaban frente a los daños de la minería informal. Los problemas se hicieron evidentes: las fuerzas sociales replanteaban los problemas acumulados e irresueltos desde el gobierno de García, sin sentir ni la velocidad en que pensaban se comenzarían a encarar los compromisos asumidos ni canales eficaces y oportunos para prevenirlos y darles curso.

Ciertamente, en este escenario jugó su papel el maximalismo y su negativa a darles tiempo a los procesos y encontrar salidas negociadas –desde una u otra parte– conduciendo las cosas a medidas como el estado de emergencia en Cajamarca, en lugar de las mesas de concertación y negociación. De diversos lados había quienes querían probar fuerzas al límite.

Las contradicciones en el gabinete se hicieron más evidentes sobre temas centrales como el de la redefinición del papel de la minería en el país, el trato a los conflictos sociales o temas sobre DDHH. Ello, más allá de definiciones sobre temas económicos que rebasan la coordinación con la PCM y se definen en otros espacios, como el simple caso de los montos comprometidos para reparaciones de víctimas del conflicto interno (S/. 221 millones anuales) que no caminó.

El gabinete Lerner jugó a la inclusión social y la concertación. Lo que asoma puede resultar más complejo y duro de lo que algunos piensan.