Mi dolor no importa

Por Ghiovani Hinojosa
• El Consejo de Reparaciones –cuyo nombre se presta a la confusión, ya que su tarea no es reparar, sino elaborar el Registro Único de Víctimas (RUV)– es una suerte de grupo de mendigos de saco y corbata que pulula por los edificios estatales con un sombrero en la mano. Desde su creación –en octubre del 2006–, nunca se le dotó del presupuesto necesario para proceder de inmediato con la certificación de las víctimas dañadas por la violencia terrorista que se desató en el país entre 1980 y el 2000: basta recordar que su primer pliego presupuestal se le fue asignado recién en mayo del 2007 y que por este retraso su equipo técnico empezó a trabajar a mediados de este último año.
Hasta el cierre de edición de esta nota, su paralización temporal es inminente, ya que el Ministerio de Economía no ha respondido la solicitud que le hizo la Presidencia del Consejo de Ministros –de la cual depende el Consejo de Reparaciones– para que le entregue los 800 mil soles de ampliación presupuestal con los que el Consejo habría podido cerrar sus actividades este año. Y es que para el 2009, este órgano solicitó 11 millones de soles para terminar de una vez por todas con el RUV y facilitar así la labor de la Comisión Multisecorial de Alto Nivel (CMAN), encargada de las repararaciones. Pero el gobierno solo le asignó la tercera parte de lo pedido, por lo que fueron necesarias dos ampliaciones de 600 mil soles cada una en abril y julio. El tercer monto extra –previsto para octubre– nunca llegó. Se le dijo al grupo presidido por Sofía Macher que ya no había saldos, es decir, que el dinero que sobraba en algunas instituciones estatales –y que sostuvo su trabajo por tres años– se había acabado. ¿Acaso es el Consejo de Reparaciones un recaudador de minucias?
Estos problemas presupuestales se traducen en la lentitud del registro. Jairo Rivas, secretario técnico del Consejo, explica que ellos parten de la hipótesis de que hay 280 mil víctimas, entre muertos, desaparecidos y personas que fueron sometidos a torturas y violaciones durante la guerra interna. En los dos primeros casos, son los familiares directos los que tienen el derecho a ser reparados. Según la actualización de la semana pasada, el RUV enlista 62,909 nombres.
Si se considera que hay 28 mil expedientes pendientes de evaluación y certificación en el local del Consejo, que unas 40 mil víctimas aún no han dicho ni siquiera cómo se llaman y que todavía no se ha integrado 150 mil casos del Registro de Personas Desplazadas del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social –en parte, por la inacción del propio ministerio–, resulta incomprensible cómo se ha permitido que el Consejo de Reparaciones se convierta en una oficina olvidada del gobierno: desde mañana, solo seis profesionales en Lima se encargarán de recibir los datos personales de las nuevas víctimas, pero no podrán evaluarlos ni certificarlos. El RUV está detenido. Según el propio Rivas, solo se ha avanzado un 25% del total de registros. “Con una inversión fuerte del gobierno, esto se podría haber terminado en un par de años, como ordena la ley”, se lamenta Jairo Rivas.
• Ni Georgina Gamboa, que fue ultrajada por siete policías en la puna de Vilcas (Ayacucho) en 1981, ni los deudos de los periodistas masacrados en Uchuraccay en 1983, ni los familiares del marino Gerónimo Cafferata Marazzi, que fue asesinado por un senderista en 1986, han sentido el efecto de una reparación individual. No de unas disculpas retóricas, sino de una reparación de parte del gobierno. Según el reglamento del Plan Integral de Reparaciones, aprobado el 2006, las víctimas de la violencia política deben ser resarcidas por la CMAN a través de diversos programas de reparación: salud, educación, restitución de derechos ciudadanos (otorgamiento de DNIs, por ejemplo), acceso habitacional, indemnizaciones individuales, reparaciones simbólicas y reparaciones colectivas. Así, si un poblador huancavelicano, por ejemplo, dejó sus estudios secundarios a causa del terrorismo, el gobierno tiene la obligación legal –por no citar la moral– de financiar su formación trunca.
Según el antropólogo Javier Torres, ex consultor de la Comisión de la Verdad y ex presidente de Servicios Educativos Rurales, el gobierno aprista “ha reducido todo el programa de las reparaciones a las de carácter colectivo”. Y es que, hasta la fecha, 1,403 comunidades rurales han sido beneficiadas con proyectos de no menos de 100 mil soles, como la construcción de locales comunales e infraestructura productiva (en Putis, se instaló una piscigranja para la crianza de truchas). También abundaron las reparaciones simbólicas –homenajes verbales– y una que otra medida en salud (las personas inscritas en el RUV pueden acceder gratuitamente al Sistema Integral de Salud). Pero, en general, las reparaciones individuales –educación, salud y económicas– no han empezado todavía. Las esperan las 30 mil víctimas del RUV que –por la gravedad de su caso– están facultadas de recibir indemnizaciones económicas. ¿Y el gobierno? Bien, gracias.
• El antropólogo Javier Torres devela el trasfondo de la inacción estatal en el caso de las reparaciones económicas individuales: “Los funcionarios del MEF exigen conocer el universo total de víctimas para planificar los plazos de las indemnizaciones y las pensiones. Pero ellos podrían hacer proyecciones sobre la mitad o la tercera parte de los potenciales registrados; esa información ya la tiene la CMAN. Por ejemplo, los padrones del Vaso de Leche, Juntos y otros programas sociales se actualizan mientras ellos siguen beneficiando a los pobres. Si el gobierno quisiera, podría reparar”.
Y es que el artículo 37 del reglamento del Plan Integral de Reparaciones señala que las reparaciones económicas individuales “solo tendrán lugar cuando haya sido cerrado el proceso de determinación e identificación de las víctimas”. Es decir, cuando el RUV haya sido completado. Pero, paradójicamente, el mismo reglamento afirma que este registro tiene carácter “permanente”. ¿Cómo puede ser necesario que el Registro Único de Víctimas sea cerrado para repartir indemnizaciones si nunca puede ser cerrado jurídicamente? Sorprendentemente, esta contradicción legal –que define la reparación de miles de víctimas– no ha ameritado discusión alguna en el Congreso. “Nosotros propusimos la modificación de este artículo ante la CMAN en un oficio remitido el 14 de octubre, pero todavía no hemos obtenido respuesta”, cuenta el secretario técnico del Consejo de Reparaciones, Jairo Rivas. Por último, ¿cómo se puede exigir que el Consejo acelere el registro si no se le da el presupuesto necesario? “Para empezar las reparaciones individuales, se requiere dos cosas: voluntad y capacidad. Lo primero ya fue expresado por el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, el martes pasado ante el Parlamento, y lo segundo está en la cancha de la CMAN”, enfatiza Rivas.
• Con todo lo ocurrido, ¿el gobierno aprista está dispuesto a impulsar de una vez por todas el registro definitivo de las víctimas de la barbarie? Tal parece que no: la propuesta de presupuesto discutida en el Congreso para el Consejo de Reparaciones para el 2010 es de 3 millones de soles, la mitad de lo que esta institución solicita para acabar su trabajo. “Tendremos que recurrir una vez más a la cooperación internacional. Este año, una donación española de 200 mil euros permitió la inclusión en el RUV de 8 mil pobladores de las comunidades asháninkas de Satipo”, detalla Jairo Rivas.
Por su parte, al antropólogo Javier Torres cree que hay suficientes indicios para pensar que las reparaciones individuales recién llegarán con el próximo gobierno: “el Apra suele crear instancias por algún tipo de presión o interés –como la ONA, el Pacto Social y el Consejo de Reparaciones– y luego las asfixia sin presupuesto”, afirma. “¿Para qué queremos un Museo de la Memoria si todavía no hemos reparado a las víctimas?”, agrega. Acertada reflexión en un país de desmemoriados que –al parecer– ya olvidamos el terror cotidiano que infundía Sendero en el campo y la ciudad. Al otro lado de nuestra indiferencia, un mar de víctimas espera reparación.
Empezamos el 2010
Jesús AliagaSecretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel
“El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, no ha prometido que el 2010 empezarán las reparaciones económicas individuales: el próximo año iniciaremos las reparaciones individuales en general: priorizaremos a los adultos mayores y, en algunas comunidades emblemáticas –como Putis y Accomarca– daremos indemnizaciones económicas. Todavía no sabemos el monto. Los 40 millones de soles que nos asignarán el 2010 como presupuesto los destinaremos a continuar las reparaciones colectivas. Hemos pedido una ampliación de 25 millones para las reparaciones individuales”.