El aumento de la delincuencia, el deterioro de la seguridad y la descomposición de la policía no obedecen a la casualidad sino a la negligencia del gobierno.
La percepción ciudadana sobre el desastre de la seguridad es abrumadora y, desgraciadamente, corresponde a la realidad. El 83% cree que la delincuencia se ha incrementado respecto al anterior gobierno y solo 2% piensa que ha disminuido, según la última encuesta nacional de CPI.
El 95% opina que el gobierno de Alan García está haciendo poco o nada para combatir la delincuencia y solo el 3% considera que hace mucho para ello.
Pero al presidente García no le interesa en absoluto el problema de la inseguridad ciudadana que perjudica a la mayoría de los peruanos, ni lo que la población piense al respecto.
Negocio en alza
Recientes reportajes de La República muestran que miles de empresarios y transportistas son extorsionados por bandas de delincuentes en Trujillo, Chiclayo, Piura, el norte chico y Lima, sobre todo en Gamarra y Villa El Salvador. Eso ocurre a vista y paciencia de las autoridades. (“Empresarios viven con el temor de extorsión en Lima y otras ciudades”, La República, 20.12.09; “Extorsionan a 80% de transportistas. 16 mil pagan cupos a bandas de extorsionadores”. La República 21.12.09).
Este es uno de los delitos que ha crecido como la espuma en los últimos años, gracias a la ineptitud del gobierno para ponerle freno.
Las consecuencias son de todo orden y están a la vista de todos. (“Visitas de turistas a Trujillo han disminuido debido a la ola de violencia que afronta”, El Comercio, 18.12.09).
Trujillo, ejemplo negativo
La situación de inseguridad en Trujillo es emblemática por varias razones. Una es que la delincuencia ha crecido exponencialmente. Otra es que el desempeño de Octavio Salazar en esa ciudad le sirvió para convertirse en director de la Policía y ministro. Por último, Trujillo es un ejemplo de lo que no debe hacerse en materia de seguridad.
Un taxista le ha contado a La República por qué prefiere pagar cupos a los delincuentes en lugar de acudir a la policía que, según cuenta, es ineficiente y corrupta. (“Extorsionan a 80% de transportistas.” La República, 21.12.09). Los hechos que relata ocurrieron cuando Octavio Salazar era el jefe policial en Trujillo.
Ricardo Uceda desmenuza la ineficiencia policial en combatir la delincuencia en Trujillo desde que Salazar estaba al frente: atestados mal hechos, pruebas insuficientes, etc. (“El último en morir”, Poder, diciembre 2009). Y luego, la repuesta de malos policías a su propia incapacidad: crear escuadrones de la muerte subvencionados por empresarios para matar delincuentes.
El resultado es el peor de todos: la delincuencia ha aumentado, la violencia también y existen bandas de policías-delincuentes que cuentan con el respaldo de sus superiores y del gobierno.
Uceda también relata los métodos del general Salazar para hacer creer que obtenía grandes éxitos y para ocultar la realidad de su fracaso en Trujillo.
El congresista Álvaro Gutiérrez también ha denunciado, con base en informes policiales, la farsa que se montó en Trujillo para hacer creer que se estaba realizando un gran trabajo policial. (“Gutiérrez denuncia que se inventó bandas en Trujillo”, Perú.21, 16.12.09).
Penetración del narcotráfico
Las cosas van de mal en peor en todos los campos. El ascenso a generales de varios oficiales que tenían vínculos con el notorio narcotraficante Jorge Chávez “Polaco” es un escándalo. (“Tres nuevos generales PNP tenían vínculos con ‘Polaco’”, Perú.21, 31.12.09).
Uno de ellos, Julio Martínez Maruno, no estaba siquiera en la lista de 80 coroneles candidatos al ascenso, y fue introducido a última hora en Palacio de Gobierno, al parecer por Mercedes Cabanillas.
Los vínculos de Martínez Maruno eran ampliamente conocidos por los organismos antidrogas y de inteligencia de la Policía y, por supuesto, por el actual ministro. También los de Jorge Butrón Huaranga, otro de los ascendidos.
Al mismo tiempo han pasado al retiro al general Luis Valencia Hirano (todavía no se publica la resolución), que se desempeñó exitosamente como jefe del Frente Policial del Huallaga. Bajo la dirección de Valencia, se desmanteló la cúpula senderista y el último año los terroristas no pudieron cometer atentados contra las fuerzas del orden.
Valencia era uno de los últimos oficiales en actividad que participaron en la captura de Abimael Guzmán, en setiembre de 1992, y uno de los mayores expertos en antiterrorismo que quedaban.
En suma, el criterio para los ascensos y retiros es un reflejo de la descomposición de la policía debido a los desatinos y la corrupción del gobierno aprista.
¿Cambiarán las cosas el 2010?
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