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Nelson Manrique
Una tesis recientemente presentada en la Universidad Católica nos recuerda lo que representó el fujimorismo en el poder. Se trata de un agudo análisis del desarrollo de las políticas estatales de esterilización masiva durante el régimen de Alberto Fujimori, dirigidas a los sectores sociales más excluidos de la sociedad peruana y que menos podían defenderse, las mujeres pobres (Adrián Lerner Patrón, Las polémicas mediáticas en las campañas de esterilizaciones masivas en el Perú, Tesis de Licenciatura en Historia, PUCP, 2010).
Estas campañas, y la resistencia ante ellas, involucraron a diversos sectores sociales e institucionales: el Estado, la Iglesia, los medios de comunicación, instituciones de la sociedad civil como las ONGs, los colectivos feministas, el Colegio Médico, la Defensoría del Pueblo, etc. Fue un caso de violación de los derechos fundamentales de la población cometida por un gobierno formalmente democrático. Lerner señala que en la ejecución de esta campaña se violaron los derechos a la vida, a la libertad y seguridad personales, a la educación, a una vida libre de discriminación por razones de género, a una vida libre de violencia y a la salud reproductiva y al servicio de salud.
A mediados de la década del 90 el gobierno fujimorista emprendió su campaña de control de la población basado en la esterilización definitiva invocando las tesis de Thomas Malthus, de que la población crecía por encima de lo que crecían los recursos. Se trató de una campaña ejecutada deliberada y planificadamente, que involucró a varias agencias gubernamentales y que produjo un daño permanente a sus víctimas: “Está documentado que se privilegió, en contra de la legislación vigente (y) del propio objetivo manifiesto de la campaña (…), un solo método de planificación familiar por sobre los demás. En segundo lugar, lo que resulta más grave aún, el método privilegiado fue el único entre todos los posibles que era irreversible para las pacientes: la esterilización quirúrgica” (Lerner, Op. cit.).
Lerner se resiste a utilizar el calificativo de “esterilizaciones forzadas” y prefiere hablar de “esterilizaciones masivas” y “esterilizaciones inducidas”, porque en muchos casos lo que se hizo fue empujar a las mujeres a ligarse las trompas sin tener una adecuada información: “En Áncash, por ejemplo, 89% de las historias clínicas no incluía el consentimiento informado”. Un informe del Ministerio de Salud señala que las actividades de “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria” se aplicaron en su mayoría a mujeres “cuyo denominador común era el desconocimiento de sus derechos”.
Esto no excluía el empleo de métodos coercitivos: “Algunas mujeres fueron inducidas a la intervención durante o inmediatamente después de un parto, lo cual hubiese sido ilegal incluso si la mujer hubiese firmado un consentimiento”. En otros casos las operaron amparándose exclusivamente en la autorización del marido, y no se excluyó el uso de la violencia: “Buena cantidad de testimonios da cuenta del uso de la fuerza física con escenas como portatropas que llevaban mujeres a ser esterilizadas y médicos que las anestesiaban antes de que pudiesen oponer resistencia. En otras ocasiones, el asunto quedaba en amenazas, como las de perjudicar a sus familias de diversas maneras si no accedían a ligarse”. Esto profundizó el abismo entre el Estado y los pobladores: “Un ejemplo particularmente revelador del modo en que el Estado recurrió a la mezcla de coerción y desinformación es el de una comunidad selvática en la que, tras explicarles en qué consistía la ‘ligadura gratuita’ que les ofrecían, remanentes de Sendero Luminoso terminaron aliados con los comuneros para echar a las brigadas del Ministerio de Salud que habían prometido construir un hospital en la aldea si los hombres permitían que se ‘amarrase’ a sus mujeres” (ídem).
Con el Programa en marcha, en 1996 el número de esterilizaciones quirúrgicas pasó de unas 25 mil al año a más de cien mil y al año siguiente se superó esta cifra. Pero cuando en 1998 la campaña tuvo que detenerse, debido al escándalo mediático, se volvió al nivel original.
Alguien me insinuó que la política de Fujimori tenía buena intención porque somos demasiados. Mi respuesta fue que si pensaría igual si las esterilizadas hubieran sido sus hermanas o hijas.
¿Qué tal si Keiko o Sachi?
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