IMPUNIDAD

Por Fernando Rospigliosi
Lo más reciente –y nauseabundo- es lo sucedido esta semana en el Congreso, donde la poderosísima alianza por la corrupción, que incluye a todos los grupos políticos, procedió a un lavado general de acusaciones.
Unidos en la corrupción
El fujimorista Carlos Raffo, requerido por el Poder Judicial para que responda por los cientos de miles de dólares que recibió de Vladimiro Montesinos para la campaña de Alberto Fujimori en el 2000, fue amparado por congresistas de todas las bancadas.
No sólo los socios apro-fujimoristas lo respaldaron, sino también los parlamentarios de la mal llamada oposición, con diversos subterfugios.
Así, al amparo de su inmunidad parlamentaria, Raffo goza de impunidad y no tendrá que responder ante la justicia por los latrocinios cometidos.
El oficialismo respondió con la misma moneda, evitando que se le levante la inmunidad al humalista Miro Ruiz, acusado de disparar con un arma sin licencia, delito que conlleva pena de cárcel efectiva. Pero en el Perú las leyes se aplican a los ciudadanos de a pie, no a los políticos corruptos.
El “Lentopolitano”
Simultáneamente, la alianza por la corrupción decidió, en la Comisión de Fiscalización del Congreso, anular una resolución anterior que establecía la formación de un grupo especial para investigar las irregularidades en la construcción del Metropolitano, a cargo del municipio de Lima que dirige Luis Castañeda.
Como se recuerda, por boca del propio vocero del municipio se supo hace algunas semanas que la obra había duplicado su precio sin justificación alguna. Y se trata de cifras mayores, unos 800 millones de dólares.
El bien llamado “Lentopolitano”, además, marcha a paso de tortuga.
Por supuesto, en cualquier Congreso razonable eso ameritaría una investigación. Pero no en el corrupto Parlamento peruano, el peor del que se tenga memoria.
El faenón congresal continuó esta semana con la presentación de tres informes sobre los sucesos de Bagua del 5 de junio del año pasado, donde murieron 34 personas, incluyendo 24 policías. Todavía no se han llevado al pleno los informes, pero el resultado no deja lugar a dudas: no habrá responsables de la peor matanza ocurrida en un asunto de orden público y de la peor masacre de policías en la historia del país.
Quizás al final, algún policía, probablemente el general Luis Muguruza, será llevado al Poder Judicial. Pero los políticos incompetentes y corruptos quedarán impunes.
Impunidad para el narcotráfico
En el Parlamento tampoco ha avanzado un milímetro la investigación sobre los vínculos con el narcotráfico de la congresista Nancy Obregón (ver esta columna del 28 de marzo). Están esperando, sin duda, que la corrupta maquinaria de impunidad funcione también en el Poder Judicial, como viene sucediendo.
Los testigos que acusaban al conviviente, la madre y hermanas de Obregón ya se retractaron -como ocurre en muchísimos casos de narcotráfico- y el fiscal que está ahora a cargo del caso es nada menos el mismo letrado que oficiaba de abogado de los acusados hace dos meses. (“Se retractan los acusadores del ex conviviente de Obregón. Abogado que los convenció de cambiar su versión ahora es fiscal de Tocache”, El Comercio, 13.5.10).
Faenón redondo. Ahora limpiarán a Obregón en el Congreso con el pretexto de que las acusaciones han quedado desvirtuadas en el Poder Judicial.
El saqueo continúa
Con la certeza de la impunidad, el asalto al erario público sigue con toda desfachatez. Gustavo Gorriti ha revelado que la compra del Ministerio del Interior de portatropas sobrevaluados en dos millones de dólares continúa, y ya se pagó un adelanto. (“Cutras de Córpac”, Caretas, 6.5.10).
El proceso judicial a los chuponeadores de BTR ha sido contaminado por la manipulación de los audios. Si no fuera por el escándalo, los implicados estarían libres. Pero poco se puede esperar del juicio.
El expediente de Cofopri desapareció, y no hay responsables. Con lo cual, el juicio que viene probablemente tendrá bases endebles.
Pero no hay novedad en esto. ¿Alguien se acuerda de los archivos del Ministerio de Salud de la época de Hernán Garrido Lecca robados en camión? ¿Alguien recuerda al aprista señalado como responsable por los testigos?
¿Y José Enrique Crousillat? ¿Y alguien se acuerda ahora del escándalo de Alas Peruanas que involucraba a jueces y parlamentarios apristas? Y así hasta el infinito.
En síntesis, con una bien ganada experiencia en corrupción e impunidad en su primer gobierno, el Apra ha tenido éxito en terminar de infectar el sistema político y las instituciones que caen bajo su control.