Los desafíos de las democracias en A. Latina

Por Martín Tanaka
El jueves y viernes pasados nos reunimos en el Instituto de Estudios Peruanos 22 expertos de 13 países (con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo del Gobierno de Canadá) para discutir sobre cuáles serían los temas de investigación claves para dar cuenta de la realidad y desafíos de las democracias en AL. Presento algunas conclusiones muy preliminares.
Hablar de democracia implica hablar de Estados capaces de controlar y de hacer valer el Estado de derecho en todo su territorio y para todos sus ciudadanos; de autoridades surgidas de procesos electorales libres y justos, que toman decisiones después de procesos de deliberación abiertos y transparentes, siguiendo reglas y procedimientos institucionalizados, sobre los asuntos fundamentales de interés público; decisiones que logran ser implementadas con eficiencia y eficacia, de manera que las decisiones tienen consecuencias prácticas concretas para la población.
Sin embargo, nuestros países afrontan crecientes dificultades para controlar sus territorios: el narcotráfico, la criminalidad organizada, fuerzas paramilitares, cuerpos de seguridad e inteligencia irregulares, resultan desafíos fundamentales en Centroamérica, México y los países andinos, principalmente. De otro lado, es evidente una creciente diferenciación regional dentro de nuestros países, donde el Estado de derecho y la capacidad del ejercicio de derechos ciudadanos se circunscribe principalmente a los centros urbanos más importantes, haciéndose más tenues conforme uno se aleja de ellos.
En segundo lugar, no está totalmente asegurada la vigencia de las instituciones de la democracia liberal en nuestros países: presidencialismos autoritarios, violaciones a la autonomía y separación de poderes, a la libertad de expresión y al pluralismo político, están presentes en una gran variedad de gobiernos, tanto de izquierda como de derecha (por ejemplo, en Colombia y Venezuela), lo que sugiere que responden a patrones históricos más profundos, relacionados con nuestras inercias caudillistas, resultantes de la debilidad de nuestras instituciones.
De otro lado, las decisiones de nuestras autoridades no siempre se refieren a los asuntos fundamentales de interés público, en tanto el peso de poderes de facto “expropia” la posibilidad de que se tomen algunas decisiones, imponiéndose así intereses particulares: medios de comunicación, grupos empresariales, Fuerzas Armadas, iglesia católica, entre otros, desarrollan cuando menos una suerte de poder de veto en muchos de nuestros países.
Finalmente, aún cuando nuestras democracias pueden tomar decisiones sobre asuntos fundamentales, sin aparatos públicos, instituciones, burocracias profesionales bien calificadas, esas decisiones pueden terminar generando efectos contrarios a los esperados: por ejemplo, cuando la descentralización y la participación fortalecen poderes locales.