Basta ya, señor Rey

Hace algunos años, en Washington, USA, Edward Houghton fue acusado de haber violado a una joven de apellido Francovitch. La Fiscalía trabajando al alimón con la policía, consideró que había elementos suficientes para efectuar la denuncia y pasar los actuados a nivel judicial.

La joven ejerció su defensa aceptando ser amiga del denunciado, pero negando haber tenido relaciones sexuales con él. Houghton, ansioso de demostrar lo contrario, insistió en que tenían amoríos durante dos años -lo que era cierto- y que se habían acostado más de doscientas veces.

La Fiscalía, con olfato de perdiguero, lo llevó por ese camino y como Francovitch pareció entrar en contradicciones, éstas alentaron al acusado, quien afirmó que en algunas oportunidades, a pesar de su falta de deseo, él accedió a los requerimientos amatorios de la bella dama.

Luego de evidentes balbuceos de ésta, y envalentonado por el giro favorable que venía tomando el proceso, aceptó que en la ocasión, materia del juzgamiento, ella había mostrado reparos porque no tenían condón a la mano. Después de un hábil y extenso interrogatorio, se llegó a las preguntas y respuestas finales que trato de reproducir:

-¿Ella no deseaba mantener relaciones sexuales sin condón?, preguntó el adjunto de la Fiscalía.
-En esa oportunidad no, contestó el acusado, pero agregó que en otras ocasiones habían tenido sexo sin protección.

-Pero en esta oportunidad, materia de la acusación, ella insistió en la majadería de negarse.
-Efectivamente, dijo el acusado, fue un capricho inexplicable.

-Pero no se salió con el capricho, usted impuso, con derecho, su voluntad de varón.
-Claro. No iba a dejar manipularme, después que yo había aceptado muchos de sus caprichos, algunos de ellos bastantes costosos.

No se imaginó el infeliz que iría a dar con sus huesos en la cárcel durante diez años y que su denunciante iba a recibir una pena leve, por mentir durante el proceso, con el exclusivo propósito de darle forma a su estrategia de defensa

El final del interrogatorio, que espero el ministro Rafael Rey pueda leer y entender, no en su condición de adepto a esta página, sino porque algún felpudini lo ponga impreso en su escritorio, sirva para hacerle comprender que cualquier mujer es dueña de su vagina y está en condiciones, si le da la gana, de entregársela al chino de la esquina y negarse al requerimiento de un coronelucho, quien después de forzarla tiene que buscar el apoyo de su institución, perjudicando al Ejército, entidad que tiene reservados fines nobles, y deteriorando la figura del ministro de Defensa, vendiéndole, como argumento procesal, una presunta o verdadera falta de moralidad de la cadete violada.

Que entienda el ministro Rey, cuyo concepto de comportamiento moral, en temas sexuales, puede obnubilar su razonamiento, lo que significa el libre albedrío. Que lo sepa, también, la Comisión formada para estudiar este incidente.

Si pretenden ser cartesianos, modernos y justos, deben olvidarse de la presunta promiscuidad o lesbianismo de la joven, que esa condición que ellos vienen cocinando, en la que no creo, no altera la vil conducta del coronel Marco Vilela Seminario.

Que asimilen el ejemplo señalado en el inicio de esta columna. Que en esa oportunidad, al menos, la justicia americana hizo honor a la cultura democrática, occidental y cristiana. Que sepan que a ningún oficial EP le asiste el derecho de pernada, que esta era una prerrogativa medieval del señor feudal y que averigüen cuándo terminó la Edad Media.

Me sumo al reclamo de las esposas de técnicos y suboficiales del Ejército y la policía, en solidaridad con la estudiante de la Escuela Técnica del Ejército, señorita Shirley Castillo Yarlequé, quien fue sexualmente abusada por el coronel nombrado en el párrafo anterior. Le pido al primer ministro, que aunque sea por solidaridad de estirpe, proteja no solo a una peruana, sino también a una descendiente de Naylamp.

Que las conclusiones de la Comisión Investigadora, que en realidad no tiene nada que investigar, recomienden en la parte resolutiva de su informe, el castigo a un oficial del Ejército de apellido Castillo y a la jefa de sección donde laboraba la perjudicada, una suboficial de apellido Vásquez, quienes llevaron a la cadete al matadero, en horas de la noche, como si se tratara de un ritual en que el gran chamán, ofreciese una víctima propiciatoria al dios de la inmundicia, para aplacar sus apetitos sexuales.

Que al aprovechador, vergüenza de su arma y del Perú, se le expulse de la institución y que conserve la pensión, porque esposa e hijos no pueden pagar los platos rotos, no del concupiscente, sino del abusivo, del cual deben avergonzarse y recordarle que en el próximo arrebato, enamore a la verdulera de la esquina, o saque su billetera y se dé una vuelta por la avenida Arequipa.

Que la bendita comisión incluya también, como proxeneta, al jefe del pabellón psiquiátrico del Hospital Militar, por orinarse los pantalones e internar a la cadete, sin considerar que todos –incluido él- estaban actuando contra la hija de un técnico de 2da del EP, o sea, un inferior jerárquico, que a criterio de estos cromañones, debería enorgullecerse que a su hija se la tire un coronel.

Cuando haga el ministro de Defensa un balance moral de su existencia, quedará satisfecho de su afinidad espiritual con Fujimori y lo comprenderemos porque esta ruta está sembrada de necios, pero creo que se avergonzará, si tiene sangre en la cara, por haberse convertido en protector complaciente de las cosquillas lascivas que siente el coronel Vilela en el bajo vientre, aunque Camus, quien era un profundo conocedor del alma humana, dijo que siempre hay una filosofía para la falta de valor.

Es una vergüenza. Pido de Rey a paje, que pongan a funcionar la decencia y las neuronas y que en la próxima semana pongan punto final a este sainete.

Alberto Massa Gálvez
Colaborador