REFERENDUM POR CAMISEA

.Por Javier Diez Canseco

La denodada y casi solitaria huelga de La Convención en defensa del gas de Camisea para el Perú es emblemática. El movimiento social de base expresa un valiente ideal nacionalista: reivindicar la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Un sentimiento mayoritario entre la gente –manifiesto en las encuestas– enfrentado a entregar todo al capital transnacional para que lo maneje a su antojo, sin proyecto nacional alguno.

Pero la soledad de la huelga, el escaso acompañamiento nacional a esta batalla que es de todos, el silencio cómplice de la mayoría de fuerzas políticas y la falta de iniciativa y acción práctica de quienes nos reclamamos como fuerzas del cambio son innegables. Evidencian una profunda crisis de representación, legitimidad y liderazgo político, la debilidad política para apostar realmente por un cambio de rumbo, el electoralismo puro que envuelve a muchos que quieren apostar por el cambio y las limitaciones en reconstruir y unir redes sociales y movimientos por el cambio.

La Convención plantea algo elemental y compartido por muchos: 1) Reservar el gas de Camisea (lotes 88 y 56), excepcionalmente barato, para el consumo nacional, dedicando gas de otros lotes de precios más altos para exportar; 2) Construir la planta de fraccionamiento en Kepashiato (para abastecer la zona y dar industria y empleo allí donde se origina el gas) y abastecer al macrosur por un poliducto; y 3) Que ningún ducto de TGP pase por la vital Reserva de Megantoni dados los riesgos de derrames y el impacto de su construcción en una zona de gran biodiversidad. Simple, directo, razonable e indiscutible si pensamos que las regiones y el país tienen derecho a beneficiarse de sus recursos naturales, aprovecharlos para su progreso y bienestar, como base de un Plan Energético Nacional que sustente nuestro desarrollo y para industrias de transformación, no sólo para el lucro de transnacionales.

La mediación de monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal y conocedor de los problemas de Doe Run en La Oroya, ha evidenciado que sus demandas son atendibles y que los directivos tienen voluntad de diálogo. La campaña mediática del aprofujimorismo y la actitud provocadora y represiva del premier quedan al desnudo. Pero, más allá del APRA y el fujimorismo, ni el PPC (Lourdes Flores) ni SN (Castañeda) o PP (Toledo), se pronuncian sobre el fondo del problema, que es nacional y estratégico. Otras agrupaciones chicas como Somos Perú, Bayly, la del pastor Lay o Fuerza Social de Susana Villarán (vinculado uno a PPK y la otra a Quijandría, cerebros de los cambios para exportar el gas de Camisea) se callan en todos los idiomas. Sólo el PNP, las izquierdas, los movimientos indigenistas y ecologistas, así como algunos gremios y movimientos sociales se han pronunciado por recuperar Camisea para el Perú. Pero las palabras no han ido acompañadas de una campaña sistemática, iniciativa política y, sobre todo, de acciones decididas para frenar este latrocinio. Estas han sido tímidas y asistemáticas.

El proceso electoral regional/municipal no ha colocado Camisea en agenda ni ha recogido la demanda de un referéndum realizarlo en octubre. Deben pronunciarse los candidatos. Debieran comenzar asumiéndolo los nacionalistas, las izquierdas, los movimientos indigenistas y ecologistas. ¿Lo harán? Su unidad –que sería una fuerza formidable– avanzó poco en este escenario. Hasta las izquierdas –¿sin voluntad de poder?– van divididas allí donde la unidad haría la victoria en un proyecto común.

Es hora de hacer coherentes los discursos sobre la unidad y el cambio con la defensa de Camisea, forjando un amplio Comité Nacional en Defensa del Gas con una campaña en calles y barrios, de exigir referéndum. Quizás ello abra paso a la unidad política que el país exige y a recuperar una legitimidad política fuertemente desgastada.