REPUDIO A FALLO

En medio del creciente repudio contra la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que atenta contra la libertad prensa, la Defensoría del Pueblo advirtió que la sentencia establece restricciones que amenazan la libertad de expresión, mientras que el presidente del Congreso, César Zumaeta, advirtió que el único ente que puede modificar las leyes es ese poder del Estado.



Zumaeta llamó al tribunal a que aclare los alcances del fallo, por el que establece sanciones a los medios de comunicación que difundan grabaciones producto de interceptaciones ilegales.

“Sería bueno que el tribunal aclare hasta dónde es el alcance de su fallo, porque hablamos de legislación positiva; y como todo el mundo sabe, el único que puede hacer las leyes, derogarlas o precisarlas es el Congreso de la República”, dijo.

Expresó su preocupación porque numerosos especialistas señalaron que el TC estaría reemplazando al Congreso en su rol legislador con el fallo. “No he leído en extenso la resolución, pero en todo caso amerita que colegiadamente el Tribunal Constitucional saque un pronunciamiento respecto a su propio fallo”, dijo.

A su vez, la Defensoría insistió en que las amenazas contra la prensa se establecen al declarar que los medios de comunicación incurren en responsabilidad penal si difunden grabaciones que no estén autorizadas por los interlocutores o por decisión judicial, pese a tener interés público.

Fernando Castañeda, adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, declaró que “si bien es un objetivo constitucionalmente legítimo que el Tribunal Constitucional busque la protección de la vida privada de las personas, el logro de este objetivo no puede establecerse al margen de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de libertad de expresión”.

Censura
En ese sentido, advirtió que pese a que el tribunal no le atribuye a la sentencia la fuerza jurídica de precedente vinculante, sí introduce y desarrolla como regla general que los medios de comunicación incurren en responsabilidad penal si difunden información interceptada, sin autorización, lo que constituye un mecanismo de censura previa.

El representante de la Defensoría indicó que si bien se debe garantizar el respeto de los derechos al honor, la buena reputación o la intimidad de las personas, esta obligación no puede sustentarse en la creación de mecanismos directos e indirectos de censura previa, sino a través de la evaluación de responsabilidades.

Por esta razón, exhortó al Estado a observar sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión, suprimiendo normas y actos de cualquier naturaleza que impliquen su vulneración.

De este modo, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión en nuestro país y renueva su llamado a continuar desplegando los esfuerzos orientados a fortalecer un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que supone la fiscalización y control del ejercicio del poder público y la formación de una opinión pública libre e informada.

FPP
A esa declaración se sumó la Federación de Periodistas del Perú que también cuestionó severamente la norma y llamó a los periodistas peruanos a expresar su rechazo de forma pública.

“Ubicándose maliciosamente por encima de la Constitución, el tribunal hace su mejor esfuerzo para deslegitimar audios interceptados, aunque su contenido haya sido reconocido como cierto por los involucrados, lo que genera razonables dudas sobre el verdadero propósito de dicho fallo”, expresa la declaración del gremio periodístico.

A su vez, el ex decano del Colegio de abogados de Lima (CAL) Walter Gutiérrez, cuestionó la sentencia que violenta la Constitución y criminaliza a la prensa, al traerse abajo los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

“Responsabilidad ulterior, prohibición de censura previa y discriminalización de las conductas de la prensa, son algunas de los estándares internacionales que violenta el fallo del TC”, indicó.

Dato
Walter Gutiérrez calificó de “embustera” la sentencia porque plasma equivocada e imprecisamente argumentos de otros fallos para justificar la prohibición de difundir audios que tienen que ver con temas de interés público.

Es una sentencia para encubrir a corruptos
La integrante del equipo anticorrupción nacionalista Rosa Mavila dijo que el fallo del Tribunal Constitucional que también anula las fuentes de prueba para los procesos penales la lleva a pensar que todo está orientado a encubrir los casos corrupción a fin de impedir la investigación de sectores ligados al poder.

“El 80% de los peruanos considera que el gobierno es corrupto, hemos pasado a un escenario en que la corrupción es sistémica y heredada, construida desde el corazón mismo de los estamentos del Estado, el solo hecho de que el fallo del Tribunal Constitucional está anulando las fuentes de prueba para los procesos penales nos lleva a pensar que todo está orientado a encubrir los casos de corrupción y para impedir la investigación de sectores ligados al poder”, dijo.

A su vez, la congresista Marisol Espinoza cuestionó el fallo, pues dijo que resulta iluso pensar que en el caso de los petroaudios los procesados Alberto Químper y Rómulo León iban a dar autorización para que se difundan estos audios, como manda el tribunal.

Reiteró que el fallo es un golpe a la lucha contra la corrupción, y que consagra la impunidad.