.Por Rocío Silva Santisteban
La candidata a la presidencia de la República que más ha hablado sobre derechos humanos en lo que va de la campaña es Keiko Fujimori: ella ha señalado que es necesario reponer la pena de muerte. Haber hablado más no es, necesariamente, hablar a favor sino en contra de los derechos humanos, en este caso, en contra del derecho a la vida, tan mentado por su candidato a la vicepresidencia al referirse a la píldora del día siguiente, pero tan disociado de la esperanza cuando se trata de hacer campaña usando la sensibilidad de los electores.Keiko Fujimori sostiene que debe castigarse con pena de muerte a los violadores de niños. “Yo creo que este tipo de delincuentes no tienen arreglo. Es algo que se aplica en varias partes del mundo. Creo que ha llegado el momento de debatir la propuesta porque es un clamor popular”, ha dicho a RPP.
¿Un clamor popular? Cuando se da un caso concreto muchos peruanos, sobre todo quienes somos padres y madres de familia, nos sentimos consternados ante este delito, como ha sucedido la semana pasada en el caso de la niña violada y asesinada por su propio padre. Una madre vaciada de su hija o un familiar indignado pueden llorar y gritar y querer venganza, pero ¿matar al padre acaso devolverá la vida a la niña? Obviamente no. El caso de la pena de muerte, y eso lo propuso el Marqués de Beccaria hace siglos en su famoso tratado “De los delitos y las penas”, no restituye el derecho dañado ni cumple con los otros requisitos de la pena. Por lo tanto, la pena de muerte no tiene ningún sentido jurídico, y además va en contra del propio contrato social. La pena de muerte, lamentablemente, se ha convertido en el caballito de batalla de aquellos candidatos –aquí y allá y en todas partes– que no tienen más programa político que unas cuantas ideas hilvanadas sin sutura y previas a la Revolución Francesa.
En realidad el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, entre otros, no son necesariamente puntos en agenda de los candidatos. Sacar a la palestra a la “pena de muerte” no es sino una manera de apelar a la barbarie para aplacar la barbarie.
Este planteamiento responde a la idea de que la seguridad ciudadana es la principal preocupación de los peruanos e invoca al miedo, al temor y al terror para tomar las grandes decisiones. Tal vez en encuestas urbanas la inseguridad esté en alza, sin embargo no es necesariamente el principal problema de los grandes sectores rurales y urbanos marginales, quienes tienen como espada de Damocles a la falta de distribución de los ingresos. La seguridad ciudadana es, casi, un tema municipal; un tema de la nación es la pobreza y la corrupción. Pero ¿qué candidato se ha referido a los derechos humanos como un punto de su plan de gobierno?, ¿qué va a suceder con todas las víctimas registradas del conflicto armado que ya van en 84,747?, ¿se les va a reparar económicamente?, ¿y simbólicamente se les va a reparar?, ¿las mujeres violadas por el Ejército o por SL y el MRTA tendrán alguna ayuda psicológica que les permita hacer más vivibles sus propias vidas?, ¿ese padre sabrá con exactitud si su hijo, que no pasa la Navidad con él desde hace 20 años, está absolutamente muerto?
No hay comentarios:
Publicar un comentario