sábado, 23 de abril de 2011
QUE SON LOS TRANSGENICOS
¿Sabe exactamente qué son estos componentes presentes en algunos de los alimentos que usted adquiere en el supermercado?
“Los alimentos transgénicos son aquellos que han sufrido modificación en su estructura genética. Se les ha agregado o quitado parte de la secuencia original, a fin de crear un organismo con características específicas, por lo general con más ventajas que su versión original. En este proceso, se puede incorporar genes de otra especie –de bacterias, virus, animales o plantas– en un alimento, creando así un alimento con una estructura genética distinta”, define el nutricionista Arnaldo Hurtado.
La extensión de los cultivos transgénicos y el incremento de su consumo han desatado polémica. “El tema es controversial. Por un lado muchos expertos consideran que los transgénicos pueden ser la solución al hambre y la pobreza, puesto que estos ‘supercultivos’ podrían eventualmente ser resistentes a todo y los alimentos podrían ser potenciados”.
No obstante, agrega el nutricionista, sus detractores advierten que los transgénicos pondrían en riesgo los cultivos tradicionales y podrían desaparecer algunas variedades exóticas o regionales, como el maíz gigante del Cusco. “A través de la polinización, los cultivos transgénicos pueden ‘contaminar’ con sus genes a las especies convencionales”, dice Hurtado.
Faviola Jiménez, directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición (R-PAN),recomienda que se indique en la etiqueta la presencia de estos componentes para que el comprador tome una decisión informada.
DEBEN INFORMAR
“El art. 37 del Código del Consumidor manda que cuando los alimentos sean transgénicos se informe en la etiqueta. Esto es resultado de muchos debates en los que un sector de los industriales consideraba que era irrelevante para las personas tener esta información. Si bien, al final primó el respeto a nuestro derecho, ahora oímos decir que colocar ese dato es costoso y el precio se trasladará a los consumidores, lo cual es inexacto”, dice Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec
“El importador debería exigir a su proveedor que los alimentos vengan acompañados –a su costo– de la constancia expedida por la institución certificadora correspondiente”, finaliza.
LEA LA ETIQUETA
Actualmente se está investigando si los alimentos transgénicos causan riesgos como alergias en las personas, nuevas enfermedades producto de la combinación de virus y bacterias, el incremento de los residuos tóxicos en los alimentos, entre otros.
La única manera de saber si un alimento tiene componentes transgénicos es que el producto lo declare en su etiqueta. Por ello, es importante que el consumidor ejerza su derecho a la información.
La R-PAN indica que el consumidor latinoamericano es uno de los que menos se informa sobre el valor nutricional de los productos.
Puede acudir a un nutricionista para que lo guíe en temas nutricionales y resuelva sus dudas.
“Los alimentos transgénicos son aquellos que han sufrido modificación en su estructura genética. Se les ha agregado o quitado parte de la secuencia original, a fin de crear un organismo con características específicas, por lo general con más ventajas que su versión original. En este proceso, se puede incorporar genes de otra especie –de bacterias, virus, animales o plantas– en un alimento, creando así un alimento con una estructura genética distinta”, define el nutricionista Arnaldo Hurtado.
La extensión de los cultivos transgénicos y el incremento de su consumo han desatado polémica. “El tema es controversial. Por un lado muchos expertos consideran que los transgénicos pueden ser la solución al hambre y la pobreza, puesto que estos ‘supercultivos’ podrían eventualmente ser resistentes a todo y los alimentos podrían ser potenciados”.
No obstante, agrega el nutricionista, sus detractores advierten que los transgénicos pondrían en riesgo los cultivos tradicionales y podrían desaparecer algunas variedades exóticas o regionales, como el maíz gigante del Cusco. “A través de la polinización, los cultivos transgénicos pueden ‘contaminar’ con sus genes a las especies convencionales”, dice Hurtado.
Faviola Jiménez, directora de la Red Peruana de Alimentación y Nutrición (R-PAN),recomienda que se indique en la etiqueta la presencia de estos componentes para que el comprador tome una decisión informada.
DEBEN INFORMAR
“El art. 37 del Código del Consumidor manda que cuando los alimentos sean transgénicos se informe en la etiqueta. Esto es resultado de muchos debates en los que un sector de los industriales consideraba que era irrelevante para las personas tener esta información. Si bien, al final primó el respeto a nuestro derecho, ahora oímos decir que colocar ese dato es costoso y el precio se trasladará a los consumidores, lo cual es inexacto”, dice Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec
“El importador debería exigir a su proveedor que los alimentos vengan acompañados –a su costo– de la constancia expedida por la institución certificadora correspondiente”, finaliza.
LEA LA ETIQUETA
Actualmente se está investigando si los alimentos transgénicos causan riesgos como alergias en las personas, nuevas enfermedades producto de la combinación de virus y bacterias, el incremento de los residuos tóxicos en los alimentos, entre otros.
La única manera de saber si un alimento tiene componentes transgénicos es que el producto lo declare en su etiqueta. Por ello, es importante que el consumidor ejerza su derecho a la información.
La R-PAN indica que el consumidor latinoamericano es uno de los que menos se informa sobre el valor nutricional de los productos.
Puede acudir a un nutricionista para que lo guíe en temas nutricionales y resuelva sus dudas.
TRANSGENICOS NO
Transgénicos, irresponsable bomba de tiempo
Sorpresivamente, el Ministerio de Agricultura, a través del Decreto Supremo 003-201, promulgó el reglamento que abre las puertas a la entrada de las semillas transgénicas (organismos genéticamente modificados) en nuestro país.
El Perú ha perdido la ventaja comparativa de suelos limpios y de ser un territorio libre de transgénicos desarrollados por las grandes firmas farmacéuticas. En nuestro país, de climas y suelos diversos, un amplio sector de especialistas y agricultores esperaba que nos consolidáramos como el principal centro de productos orgánicos, un mercado que viene creciendo exponencialmente.
En este contexto, se pensaba que se formalizara una moratoria sobre estos espinosos productos, como era el consenso mayoritario razonable. Hasta ahora se sigue esperando el pronunciamiento del ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, así como del ministro de Cultura, Juan Ossio, sobre un asunto que tanto puede afectar la seguridad ambiental en nuestro país, además de erradicar tradiciones y prácticas culturales de las comunidades agrícolas.
Es una irresponsable y cuestionable decisión de un gobierno que ya está de salida y que, según todo indica, habría cedido a la presión de poderosos lobbies internacionales. El gobierno aprista del presidente Alan García, a contracorriente del sentir de la población y de voces autorizadas sobre la importancia de la agricultura orgánica –como el príncipe Carlos de Inglaterra o la reconocida bióloga Jane Goodall–, pone en riesgo la megadiversidad de nuestro territorio, enorme riqueza que nos pertenece a todos los peruanos y peruanas, además de las prácticas agrícolas milenarias de los Andes y la Amazonía.
¿Cuál es la intención de las autoridades? Según expertos en el tema, conservacionistas y voceros de Conveagro, con esta decisión el Ejecutivo solo beneficia los negocios de grandes corporaciones de productoras de organismos genéticamente modificados en laboratorio. Una bomba de tiempo ecológica para el próximo gobierno.
Se indica que el reglamento es, por increíble que parezca, resultado de un consenso con el Ministerio del Ambiente (Minam), para supuestamente incrementar la productividad del agro, sin tomar en cuenta la problemática que en otros países ya se viene produciendo por los transgénicos: polinización cruzada, contaminación del material genético de especies nativas y silvestres, aparición de cizañas resistentes a los herbicidas y retracción del mercado para productos de este tipo.
Hasta donde se conocía, la postura del titular del Minam, Antonio Brack, había sido de oposición a los transgénicos y fue él quien planteó la moratoria. En octubre del 2008 inclusive tuvo un entredicho con su colega, el actual ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, quien entonces, como ministro de Agricultura, impulsaba el tema.
La catedrática de la Universidad Agraria de La Molina, Antonietta Gutiérrez, quien participó como representante de la sociedad civil en el grupo técnico de bioseguridad del Minam para evaluar el reglamento, ha declarado que no fueron informados de que el documento estaba listo. ¿Cuál es ahora la posición de Brack?
La experiencia con transgénicos en otros países ha sido negativa. De allí la preocupación de gran parte de los agricultores peruanos y del creciente movimiento orgánico, que temen verse inundados de semillas transgénicas de corporaciones con grandes intereses que les cobrarán por cada cosecha, así como de los consumidores. Los representantes de la gastronomía nacional han alertado también sobre los perjuicios que se producirían sobre las variedades y sabores de los productos naturales.
El comercio orgánico, además, está creciendo a un ritmo de entre 15% a 20% anual, y ya hay más de 100 países que exportan sus productos orgánicos a los más diversos mercados. El Perú tenía una gran ventaja comparativa para erigirse como líder en este sector. La FAO ha puntualizado que la agricultura orgánica tiene como ventajas proteger el ambiente y evitar futuros gastos para mitigar la contaminación.
Corresponde al presidente García, por decencia y coherencia, congelar el reglamento, confirmar la moratoria en el tema y no tomar decisiones cuando ya está de salida. Su actitud solo levanta suspicacias.
Sorpresivamente, el Ministerio de Agricultura, a través del Decreto Supremo 003-201, promulgó el reglamento que abre las puertas a la entrada de las semillas transgénicas (organismos genéticamente modificados) en nuestro país.
El Perú ha perdido la ventaja comparativa de suelos limpios y de ser un territorio libre de transgénicos desarrollados por las grandes firmas farmacéuticas. En nuestro país, de climas y suelos diversos, un amplio sector de especialistas y agricultores esperaba que nos consolidáramos como el principal centro de productos orgánicos, un mercado que viene creciendo exponencialmente.
En este contexto, se pensaba que se formalizara una moratoria sobre estos espinosos productos, como era el consenso mayoritario razonable. Hasta ahora se sigue esperando el pronunciamiento del ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, así como del ministro de Cultura, Juan Ossio, sobre un asunto que tanto puede afectar la seguridad ambiental en nuestro país, además de erradicar tradiciones y prácticas culturales de las comunidades agrícolas.
Es una irresponsable y cuestionable decisión de un gobierno que ya está de salida y que, según todo indica, habría cedido a la presión de poderosos lobbies internacionales. El gobierno aprista del presidente Alan García, a contracorriente del sentir de la población y de voces autorizadas sobre la importancia de la agricultura orgánica –como el príncipe Carlos de Inglaterra o la reconocida bióloga Jane Goodall–, pone en riesgo la megadiversidad de nuestro territorio, enorme riqueza que nos pertenece a todos los peruanos y peruanas, además de las prácticas agrícolas milenarias de los Andes y la Amazonía.
¿Cuál es la intención de las autoridades? Según expertos en el tema, conservacionistas y voceros de Conveagro, con esta decisión el Ejecutivo solo beneficia los negocios de grandes corporaciones de productoras de organismos genéticamente modificados en laboratorio. Una bomba de tiempo ecológica para el próximo gobierno.
Se indica que el reglamento es, por increíble que parezca, resultado de un consenso con el Ministerio del Ambiente (Minam), para supuestamente incrementar la productividad del agro, sin tomar en cuenta la problemática que en otros países ya se viene produciendo por los transgénicos: polinización cruzada, contaminación del material genético de especies nativas y silvestres, aparición de cizañas resistentes a los herbicidas y retracción del mercado para productos de este tipo.
Hasta donde se conocía, la postura del titular del Minam, Antonio Brack, había sido de oposición a los transgénicos y fue él quien planteó la moratoria. En octubre del 2008 inclusive tuvo un entredicho con su colega, el actual ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, quien entonces, como ministro de Agricultura, impulsaba el tema.
La catedrática de la Universidad Agraria de La Molina, Antonietta Gutiérrez, quien participó como representante de la sociedad civil en el grupo técnico de bioseguridad del Minam para evaluar el reglamento, ha declarado que no fueron informados de que el documento estaba listo. ¿Cuál es ahora la posición de Brack?
La experiencia con transgénicos en otros países ha sido negativa. De allí la preocupación de gran parte de los agricultores peruanos y del creciente movimiento orgánico, que temen verse inundados de semillas transgénicas de corporaciones con grandes intereses que les cobrarán por cada cosecha, así como de los consumidores. Los representantes de la gastronomía nacional han alertado también sobre los perjuicios que se producirían sobre las variedades y sabores de los productos naturales.
El comercio orgánico, además, está creciendo a un ritmo de entre 15% a 20% anual, y ya hay más de 100 países que exportan sus productos orgánicos a los más diversos mercados. El Perú tenía una gran ventaja comparativa para erigirse como líder en este sector. La FAO ha puntualizado que la agricultura orgánica tiene como ventajas proteger el ambiente y evitar futuros gastos para mitigar la contaminación.
Corresponde al presidente García, por decencia y coherencia, congelar el reglamento, confirmar la moratoria en el tema y no tomar decisiones cuando ya está de salida. Su actitud solo levanta suspicacias.
A CAMBIAR LA CONSTITUCION
(1) El Constitucionalista Francisco Eguiguren refuta los argumentos de quienes no quieren tocar la Constitución fujimorista. (2) El verdadero riesgo autoritario y dictatorial está en el fujimorismo.
Difícil restaurar la de 1979
-¿ Si se cambia la Constitución actual se debe volver a la del 79 necesariamente?
-No. Esa postura se sostuvo e incluso era parte de la propuesta del Apra. Decían que porque era una Constitución firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre, una Constitución más progresista, más plural. Fue una de las tantas cosas que García cambió de la campaña, cuando llegó al gobierno. El punto es que hay que mirar hacia el futuro. Yo creo que quienes han planteado en su momento volver a la Constitución del 79 lo hicieron como un gesto simbólico, pero momentáneo. Era volver a la del 79, pero actualizarla, porque la realidad del país y del mundo ha seguido cambiando. Treinta años después hay nuevos derechos, nuevas realidades económicas, internacionales. La Carta del 79 es un muy buen documento de base para actualizarlo y perfeccionarlo. Pero de lo que se trata es de tener una nueva Constitución que se nutra de lo mejor de la Carta del 79, de lo bueno que pueda haber en la del 93, pero que se haga una Constitución mejor para ahora y para 20 o 30 años más, y que sea producto de un acuerdo y consenso que no tuvo la del 93.
El debate sobre una necesaria reforma de la actual Constitución heredada del régimen Fujimorista será obligatorio en los días que restan para la segunda vuelta electoral. El constitucionalista Francisco Eguiguren aporta con sus opiniones y señala que por razones políticas y morales, la Carta del 93 debe ser cambiada por un nuevo texto.
-¿Es viable y posible un cambio constitucional?, ¿o es un sacrilegio como sostienen algunos?
-No, claro que noes un sacrilego. Plantear una reforma (constitucional) siempre es posible, sea total o parcial, y en el caso de la Carta del 93 yo estoy entre quienes siempre han creído que hay razones políticas y morales para cambiarla. Es una Constitución que estuvo muy ligada al golpe de Estado de Fujimori, además es una Constitución hecha para quedarse. La Constitución del 79, fue hecha cuando el gobierno militar ya se iba, porque en el 80’ se fue. Es una diferencia importante.
-Para entender bien, la Constitución del 79 fue una Constitución de transición hacia la vía democrática
-Fue una Constitución de transición porque era un gobierno militar que ya estaba de salida y de caída, se vio forzado a convocar el proceso. Me voy, pero previamente dejo una Constitución. Pero, en cambio, la Carta del 93 viene inmediatamente después del golpe del 92, es una Constitución para quedarse, porque tiene como una las partes fuertes por ejemplo el tema de la reelección inmediata. Me parece muy mal que 18 años después sigamos viviendo con la misma Constitución. Fue hecha por un Congreso Constituyente donde el Fujimorismo tenía mayoría absoluta. Es decir, sin necesidad de acordar nada con nadie pudo y podía poner en la Constitución lo que quisiera.
-Y lo hizo.
-Lo hizo efectivamente, y reflejaba demasiado una coyuntura política que no es la actual del país y lo que ha venido después. Hay una razón política para adecuar la Constitución a la correlación de fuerzas, la representación, los nuevos cambios que ha vivido el país. Entonces, no se le puede cerrar el camino. Lo que muchos objetan, dicen: es que no se puede llamar a una Asamblea Constituyente, la única forma de reformarla total o parcial es en el Congreso. Bueno, ¿y qué pasa cuando en el Congreso no se consiguen los dos tercios de los votos? Eso qué quiere decir, que si la mayoría del pueblo quiere darse una nueva Constitución , ¿va a estar impedida porque no tiene dos tercios de los votos en el Congreso?, Entonces la Asamblea Constituyente del 79 y el Congreso Constitituyente del 93 eran técnicamente inconstitucionales y nadie los discute. Lo que creo que no sería admisible que se violente el orden constitucional para realizar una reforma.
-Esa es precisamente lo que se cuestiona a la propuesta de Gana Perú, que implica una ruptura del orden constitucional
-Bueno, hay dos caminos, uno es, sin tocar nada, es decir aplicar el artículo 206 de la Constitución que permite una reforma total o parcial aprobada en el Congreso, en dos legislaturas, por dos tercios de los votos de los congresistas, fórmula que políticamente parece inviable. El camino dos que prevé el propio artículo constitucional: lo aprueba una mayoría calificada y va a un referéndum popular. Fórmula que tal vez podría ser, y que depende simplemente de que haya una mayoría y tener los votos para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si esa puerta está cerrada? Es decir una mayoría de fuerzas políticas en el parlamento se opone a ello, ¿todo está perdido?. Yo sostengo que nadie puede negar el derecho de un pueblo a darse una nueva Constitución, porque eso se llama el poder constituyente originario y es la base del derecho constitucional de primer grado, y quien no sabe eso es un animal. Qué pasa por ejemplo si un grupo de ciudadanos, en el número exigido por la ley y la Constitución reúne las firmas…
-Como los fonavistas
-Igual que los fonavistas, y dice: quiero llevar a referéndum popular una propuesta de norma que diga lo siguiente: se aprueba reformar o dejar de lado la Constitución del 93 y redactar una nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente. Si se juntan las firmas y se lleva a una consulta popular y mayoritariamente el pueblo, así como dijo devuélvanle a los fonavistas y nadie lo discute, dice: quiero una nueva Constitución, no cabría otra que se apruebe esa ley en referéndum y que se convoque a una asamblea constituyente. Claro que habría otro camino también, reformar el artículo 206 de la Constitución e instituir la Asamblea Constituyente como posibilidad para la reforma total.
-Pero eso también requeriría la mayoría calificada en el Congreso.
-Así es, por eso yo creo que desde el punto de vista doctrinario, conceptual, del derecho constitucional, no se puede cerrar esa posibilidad. Porque además la Constitución dice que se puede llevar a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Si no, sólo el Congreso podría reformar la Constitución y eso es inaceptable. Yo sé que la fórmula de la Asamblea Constituyente no está escrita en la Constitución, pero tampoco estaba en la del 79’ ni en la anterior. Pero si se hace a través de esta consulta, de un referéndum, que es una iniciativa ciudadana y si la mayoría del pueblo dice que no, allí acabó la historia. Pero si dice que sí, quién le puede negar el derecho al pueblo a darse una nueva Constitución a través de un órgano como una Asamblea Constituyente.
-Algunos ven un riesgo totalitario en la propuesta de Gana Perú para cambiar la Constitución, una reelección al estilo Chávez. ¿Se pueden establecer candados para disminuir este riesgo?
-Ese es el ejemplo que se quiere dar, pero hay que distinguir varias cosas. Un camino constitucional y un camino no constitucional. Es decir, de Fujimori nadie lo pensaba y terminó siendo un golpista. Más sospechas de autoritarismo y golpismo provienen del Fujimorismo y varios congresistas y postulantes al nuevo Congreso participaron del régimen de facto y allí están vivitos y coleando. Ahora, en el caso de Venezuela y Ecuador, no así en Bolivia que tiene un largo proceso de reforma constitucional, las situaciones eran, políticamente, totalmente diferentes. Hugo Chávez ganó limpiamente las primeras elecciones porque el sistema político y los partidos estaban en la ruina, tenía un amplio respaldo político y por eso pudo hacer lo que quiso. Como Fujimori, que dio un golpe de Estado, cerró el Congreso, acabó con la Constitución y la mayoría de los peruanos lo respaldaba y por eso hizo todo lo que quiso, durante algunos años. No miremos a otros países. Si Ollanta Humala quiere repetir un esquema Fujimorista, golpista, de convocar a una constituyente con un procedimiento que viola la Constitución tendría que ser condenado. Pero la composición política peruana hoy del Congreso, las fuerzas políticas, el Tribunal Constitucional, no le va a permitir eso.
-¿Qué riesgos conlleva para el país mantener por más tiempo esta Constitución?
-De nuevo, también en la política y en lo jurídico hay que tener una lógica de lo posible; en la política de lo políticamente posible y en lo jurídico de lo que se puede hacer dentro del marco constitucional. No es lo que uno quisiera hacer abstractamente. Es evidente que en la actual situación no es factible, de acuerdo a las características del desarrollo mundial y la globalización, pensar en esquemas cerrados al exterior, totalmente estatistas. Eso no lleva a ningún sitio y por eso nadie lo plantea.
-¿Eso implica volver a la Constitución del 79’?
-No. La Constitución del 79 tenía un modelo pluralista que permitía que dentro de ella quepan un margen importante de opciones políticas que podían pisar más el acelerador o el freno sobre alguna intervención mayor o menor del Estado. Lo que pasa es que la Constitución del 93 que en lo económico es fundamentalistamente neoliberal, cierra toda posibilidad, porque le asigna al Estado un rol absolutamente subsidiario, le condiciona la posibilidad de que intervenga en la actividad económica, lo cual es un tema de dogmas. Frente al dogma de los estatistas, que no tiene sentido compartir hoy en día, hay que recusar también el dogma de los neoliberales fundamentalistas que también tienen el dogma del mercado que nunca satisface a los pobres, no acaba con la pobreza y sólo privilegia a los más fuertes.
-Alguien ha llegado a decir inclusive que la bonanza económica actual es producto de esta Constitución del 93.
-Bueno, en Chile siguen discutiendo, a pesar de los años que han pasado del régimen de Pinochet, si toda la prosperidad económica de Chile se la deben a Pinochet y a su Constitución. La Constitución de Chile ha tenido un conjunto de modificaciones y la Concertación y otros gobiernos han gobernado más de dos décadas y allí ha venido el crecimiento económico. El mayor crecimiento se viene dando en democracia.
-¿Esta búsqueda de consensos que está desarrollando Gana Perú lo están llevando a aceptar que hará sólo retoques a la Constitución Fujimorista?
-Yo creo que hay sectores que no quieren que se toque nada. Porque tienen miedo de que, abriendo la puerta, se revise lo que más les preocupa que es el régimen económico. A veces hay cierta miopía política y se paga. Porque es una miopía política no darse cuenta que se necesita por razones políticas y morales una nueva Constitución para tener 20 o 30 años tranquilos de democracia y, en el plano económico, revisar sus inequidades, sus deficiencias, sus carencias para vivir en un país más tranquilo. Dicen que si se reforma la Constitución vamos a espantar la inversión.
-Lo acaba de decir el presidente de la Confiep: peligran las inversiones.
-Eso es un cuento. Porque aún con cambios todavía sigue siendo ganancia permanecer en el país. Pero yo le digo, ¿qué pone más en riesgo la inversión?, ¿mantener unas normas formales que supuestamente les ofrecen el cielo y la tierra y que nada va a cambiar, con un mensaje del siglo XIX que es insostenible políticamente hoy? ¿Y al otro lado tenemos conflictos sociales a cada rato que paralizan la posibilidad de desarrollar un proyecto minero o energético y que al final hacen fracasar esa inversión? ¿Qué espanta más a la inversión? ¿La irresponsabilidad política de quienes quieren subastar el país a precio vil y a veces con corrupción o la mejor estabilidad y seguridad que se puede ofrecer a la inversión con reglas claras pero que además generan paz social?.
Difícil restaurar la de 1979
-¿ Si se cambia la Constitución actual se debe volver a la del 79 necesariamente?
-No. Esa postura se sostuvo e incluso era parte de la propuesta del Apra. Decían que porque era una Constitución firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre, una Constitución más progresista, más plural. Fue una de las tantas cosas que García cambió de la campaña, cuando llegó al gobierno. El punto es que hay que mirar hacia el futuro. Yo creo que quienes han planteado en su momento volver a la Constitución del 79 lo hicieron como un gesto simbólico, pero momentáneo. Era volver a la del 79, pero actualizarla, porque la realidad del país y del mundo ha seguido cambiando. Treinta años después hay nuevos derechos, nuevas realidades económicas, internacionales. La Carta del 79 es un muy buen documento de base para actualizarlo y perfeccionarlo. Pero de lo que se trata es de tener una nueva Constitución que se nutra de lo mejor de la Carta del 79, de lo bueno que pueda haber en la del 93, pero que se haga una Constitución mejor para ahora y para 20 o 30 años más, y que sea producto de un acuerdo y consenso que no tuvo la del 93.
El debate sobre una necesaria reforma de la actual Constitución heredada del régimen Fujimorista será obligatorio en los días que restan para la segunda vuelta electoral. El constitucionalista Francisco Eguiguren aporta con sus opiniones y señala que por razones políticas y morales, la Carta del 93 debe ser cambiada por un nuevo texto.
-¿Es viable y posible un cambio constitucional?, ¿o es un sacrilegio como sostienen algunos?
-No, claro que noes un sacrilego. Plantear una reforma (constitucional) siempre es posible, sea total o parcial, y en el caso de la Carta del 93 yo estoy entre quienes siempre han creído que hay razones políticas y morales para cambiarla. Es una Constitución que estuvo muy ligada al golpe de Estado de Fujimori, además es una Constitución hecha para quedarse. La Constitución del 79, fue hecha cuando el gobierno militar ya se iba, porque en el 80’ se fue. Es una diferencia importante.
-Para entender bien, la Constitución del 79 fue una Constitución de transición hacia la vía democrática
-Fue una Constitución de transición porque era un gobierno militar que ya estaba de salida y de caída, se vio forzado a convocar el proceso. Me voy, pero previamente dejo una Constitución. Pero, en cambio, la Carta del 93 viene inmediatamente después del golpe del 92, es una Constitución para quedarse, porque tiene como una las partes fuertes por ejemplo el tema de la reelección inmediata. Me parece muy mal que 18 años después sigamos viviendo con la misma Constitución. Fue hecha por un Congreso Constituyente donde el Fujimorismo tenía mayoría absoluta. Es decir, sin necesidad de acordar nada con nadie pudo y podía poner en la Constitución lo que quisiera.
-Y lo hizo.
-Lo hizo efectivamente, y reflejaba demasiado una coyuntura política que no es la actual del país y lo que ha venido después. Hay una razón política para adecuar la Constitución a la correlación de fuerzas, la representación, los nuevos cambios que ha vivido el país. Entonces, no se le puede cerrar el camino. Lo que muchos objetan, dicen: es que no se puede llamar a una Asamblea Constituyente, la única forma de reformarla total o parcial es en el Congreso. Bueno, ¿y qué pasa cuando en el Congreso no se consiguen los dos tercios de los votos? Eso qué quiere decir, que si la mayoría del pueblo quiere darse una nueva Constitución , ¿va a estar impedida porque no tiene dos tercios de los votos en el Congreso?, Entonces la Asamblea Constituyente del 79 y el Congreso Constitituyente del 93 eran técnicamente inconstitucionales y nadie los discute. Lo que creo que no sería admisible que se violente el orden constitucional para realizar una reforma.
-Esa es precisamente lo que se cuestiona a la propuesta de Gana Perú, que implica una ruptura del orden constitucional
-Bueno, hay dos caminos, uno es, sin tocar nada, es decir aplicar el artículo 206 de la Constitución que permite una reforma total o parcial aprobada en el Congreso, en dos legislaturas, por dos tercios de los votos de los congresistas, fórmula que políticamente parece inviable. El camino dos que prevé el propio artículo constitucional: lo aprueba una mayoría calificada y va a un referéndum popular. Fórmula que tal vez podría ser, y que depende simplemente de que haya una mayoría y tener los votos para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si esa puerta está cerrada? Es decir una mayoría de fuerzas políticas en el parlamento se opone a ello, ¿todo está perdido?. Yo sostengo que nadie puede negar el derecho de un pueblo a darse una nueva Constitución, porque eso se llama el poder constituyente originario y es la base del derecho constitucional de primer grado, y quien no sabe eso es un animal. Qué pasa por ejemplo si un grupo de ciudadanos, en el número exigido por la ley y la Constitución reúne las firmas…
-Como los fonavistas
-Igual que los fonavistas, y dice: quiero llevar a referéndum popular una propuesta de norma que diga lo siguiente: se aprueba reformar o dejar de lado la Constitución del 93 y redactar una nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente. Si se juntan las firmas y se lleva a una consulta popular y mayoritariamente el pueblo, así como dijo devuélvanle a los fonavistas y nadie lo discute, dice: quiero una nueva Constitución, no cabría otra que se apruebe esa ley en referéndum y que se convoque a una asamblea constituyente. Claro que habría otro camino también, reformar el artículo 206 de la Constitución e instituir la Asamblea Constituyente como posibilidad para la reforma total.
-Pero eso también requeriría la mayoría calificada en el Congreso.
-Así es, por eso yo creo que desde el punto de vista doctrinario, conceptual, del derecho constitucional, no se puede cerrar esa posibilidad. Porque además la Constitución dice que se puede llevar a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Si no, sólo el Congreso podría reformar la Constitución y eso es inaceptable. Yo sé que la fórmula de la Asamblea Constituyente no está escrita en la Constitución, pero tampoco estaba en la del 79’ ni en la anterior. Pero si se hace a través de esta consulta, de un referéndum, que es una iniciativa ciudadana y si la mayoría del pueblo dice que no, allí acabó la historia. Pero si dice que sí, quién le puede negar el derecho al pueblo a darse una nueva Constitución a través de un órgano como una Asamblea Constituyente.
-Algunos ven un riesgo totalitario en la propuesta de Gana Perú para cambiar la Constitución, una reelección al estilo Chávez. ¿Se pueden establecer candados para disminuir este riesgo?
-Ese es el ejemplo que se quiere dar, pero hay que distinguir varias cosas. Un camino constitucional y un camino no constitucional. Es decir, de Fujimori nadie lo pensaba y terminó siendo un golpista. Más sospechas de autoritarismo y golpismo provienen del Fujimorismo y varios congresistas y postulantes al nuevo Congreso participaron del régimen de facto y allí están vivitos y coleando. Ahora, en el caso de Venezuela y Ecuador, no así en Bolivia que tiene un largo proceso de reforma constitucional, las situaciones eran, políticamente, totalmente diferentes. Hugo Chávez ganó limpiamente las primeras elecciones porque el sistema político y los partidos estaban en la ruina, tenía un amplio respaldo político y por eso pudo hacer lo que quiso. Como Fujimori, que dio un golpe de Estado, cerró el Congreso, acabó con la Constitución y la mayoría de los peruanos lo respaldaba y por eso hizo todo lo que quiso, durante algunos años. No miremos a otros países. Si Ollanta Humala quiere repetir un esquema Fujimorista, golpista, de convocar a una constituyente con un procedimiento que viola la Constitución tendría que ser condenado. Pero la composición política peruana hoy del Congreso, las fuerzas políticas, el Tribunal Constitucional, no le va a permitir eso.
-¿Qué riesgos conlleva para el país mantener por más tiempo esta Constitución?
-De nuevo, también en la política y en lo jurídico hay que tener una lógica de lo posible; en la política de lo políticamente posible y en lo jurídico de lo que se puede hacer dentro del marco constitucional. No es lo que uno quisiera hacer abstractamente. Es evidente que en la actual situación no es factible, de acuerdo a las características del desarrollo mundial y la globalización, pensar en esquemas cerrados al exterior, totalmente estatistas. Eso no lleva a ningún sitio y por eso nadie lo plantea.
-¿Eso implica volver a la Constitución del 79’?
-No. La Constitución del 79 tenía un modelo pluralista que permitía que dentro de ella quepan un margen importante de opciones políticas que podían pisar más el acelerador o el freno sobre alguna intervención mayor o menor del Estado. Lo que pasa es que la Constitución del 93 que en lo económico es fundamentalistamente neoliberal, cierra toda posibilidad, porque le asigna al Estado un rol absolutamente subsidiario, le condiciona la posibilidad de que intervenga en la actividad económica, lo cual es un tema de dogmas. Frente al dogma de los estatistas, que no tiene sentido compartir hoy en día, hay que recusar también el dogma de los neoliberales fundamentalistas que también tienen el dogma del mercado que nunca satisface a los pobres, no acaba con la pobreza y sólo privilegia a los más fuertes.
-Alguien ha llegado a decir inclusive que la bonanza económica actual es producto de esta Constitución del 93.
-Bueno, en Chile siguen discutiendo, a pesar de los años que han pasado del régimen de Pinochet, si toda la prosperidad económica de Chile se la deben a Pinochet y a su Constitución. La Constitución de Chile ha tenido un conjunto de modificaciones y la Concertación y otros gobiernos han gobernado más de dos décadas y allí ha venido el crecimiento económico. El mayor crecimiento se viene dando en democracia.
-¿Esta búsqueda de consensos que está desarrollando Gana Perú lo están llevando a aceptar que hará sólo retoques a la Constitución Fujimorista?
-Yo creo que hay sectores que no quieren que se toque nada. Porque tienen miedo de que, abriendo la puerta, se revise lo que más les preocupa que es el régimen económico. A veces hay cierta miopía política y se paga. Porque es una miopía política no darse cuenta que se necesita por razones políticas y morales una nueva Constitución para tener 20 o 30 años tranquilos de democracia y, en el plano económico, revisar sus inequidades, sus deficiencias, sus carencias para vivir en un país más tranquilo. Dicen que si se reforma la Constitución vamos a espantar la inversión.
-Lo acaba de decir el presidente de la Confiep: peligran las inversiones.
-Eso es un cuento. Porque aún con cambios todavía sigue siendo ganancia permanecer en el país. Pero yo le digo, ¿qué pone más en riesgo la inversión?, ¿mantener unas normas formales que supuestamente les ofrecen el cielo y la tierra y que nada va a cambiar, con un mensaje del siglo XIX que es insostenible políticamente hoy? ¿Y al otro lado tenemos conflictos sociales a cada rato que paralizan la posibilidad de desarrollar un proyecto minero o energético y que al final hacen fracasar esa inversión? ¿Qué espanta más a la inversión? ¿La irresponsabilidad política de quienes quieren subastar el país a precio vil y a veces con corrupción o la mejor estabilidad y seguridad que se puede ofrecer a la inversión con reglas claras pero que además generan paz social?.
KEIKOMETRADAS
César Hildebrandt habla fuerte.
El periodista César Hildebrandt afirmó que la corporación periodística “El Comercio” ha ordenado que no se publique ninguna noticia que pueda favorecer al candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, con el fin de orquestar una campaña directa a favor de la postulante de Fuerza 2011, Keiko Fujimori.
“La orden de los nuevos zares y la nueva zarina de ‘El Comercio’: no se publicará ninguna noticia que pueda favorecer a Humala y, por simetría, sí todas las noticias (o rumores, o especies sin confirmar) que lo puedan perjudicar. Se entenderá, como correlato inevitable, que las ondas y las páginas de ‘El Comercio’ deberán librar una campaña cada vez menos sutil en favor de Keiko Fujimori”, indicó en su columna “La náusea sin Sartré” aparecido ayer en el semanario “Hildebrandt en sus trece” que él dirige.
Hildebrandt también dijo que la corporación El Comercio es “un amasijo de intereses y lealtades al dinero y al poder” después que los periodistas Patricia Montero y José Jara, productores de Canal N, denunciaron que fueron despedidos por no atacar al candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala.
“Nunca ‘El Comercio’ llegó a los niveles como en el que ahora, entre borborigmos, se ha sumergido. Interpretar tergiversadamente la noticia en primera plana es algo que solo perteneció, hasta hace poco, a los pasquines de la dictadura”, dijo.
Añadió que el diario El Comercio está dirigido por los “corsarios” representantes de las empresas Lan-Chile, Graña y Montero, Martha Meier Miro Quesada y “todos aquellos que creen que el viejo diario es el buque insignia de una flota dedicada al saqueo de algunas Antillas off shore”.
Hildebrandt recordó que el 2000 esa empresa periodística había pactado con el Fujimorismo, para apoyar el fraude electoral de la segunda reelección a cambio de la prescripción de los delitos de apropiación ilícita contra miembros de su plana mayor por recibir comisiones no declaradas de empresas proveedoras de papel.
“En el 2000 ya ‘El Comercio’ había dado vergüenza cuando pactó con el Fujimorismo luego que una fiscal mafiosa declarara prescritos los delitos de apropiación ilícita perpetrados por notabilísimos miembros de su plana mayor. Fueron los que recibieron comisiones subrepticias y no declaradas de los proveedores de papel”, reveló.
Explicó que El Comercio es un periódico controlado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y es constantemente supervisado por el capital Chileno.
También cuestionó la calidad periodística del diario que “contraviene el manual más elemental de ese periodismo que ha olvidado por una especie de conveniente demencia senil”. “En un diario de noticias no se puede mezclar sucesos ocurridos con opiniones ni se puede interpretar perversamente un hecho solo para congraciarse con las barras bravas”, apuntó.
El director del semanario “Hildebrandt en sus trece” llamó la atención sobre los despidos y renuncias de otros periodistas de la corporación “El Comercio” por el hecho de investigar casos de corrupción durante el gobierno de Alan García e irregularidades cometidas por excandidatos presidenciales como Luis Castañeda.
“Esta masacre de la decencia periodística no solo concierne a ‘El Comercio’. En Canal 4, la editora general, Laura Puertas, generalmente disciplinada y hasta dócil, está en la mira de los Beria del conservadurismo. Y, como se sabe, ya botaron a la productora de ‘Canal N’, Patricia Montero, mientras que en ‘Perú21’ han renunciado los periodistas Óscar Miranda y Daniel Yovera, el que descubriera el asunto Comunicore”, advirtió.
El periodista César Hildebrandt afirmó que la corporación periodística “El Comercio” ha ordenado que no se publique ninguna noticia que pueda favorecer al candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala, con el fin de orquestar una campaña directa a favor de la postulante de Fuerza 2011, Keiko Fujimori.
“La orden de los nuevos zares y la nueva zarina de ‘El Comercio’: no se publicará ninguna noticia que pueda favorecer a Humala y, por simetría, sí todas las noticias (o rumores, o especies sin confirmar) que lo puedan perjudicar. Se entenderá, como correlato inevitable, que las ondas y las páginas de ‘El Comercio’ deberán librar una campaña cada vez menos sutil en favor de Keiko Fujimori”, indicó en su columna “La náusea sin Sartré” aparecido ayer en el semanario “Hildebrandt en sus trece” que él dirige.
Hildebrandt también dijo que la corporación El Comercio es “un amasijo de intereses y lealtades al dinero y al poder” después que los periodistas Patricia Montero y José Jara, productores de Canal N, denunciaron que fueron despedidos por no atacar al candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala.
“Nunca ‘El Comercio’ llegó a los niveles como en el que ahora, entre borborigmos, se ha sumergido. Interpretar tergiversadamente la noticia en primera plana es algo que solo perteneció, hasta hace poco, a los pasquines de la dictadura”, dijo.
Añadió que el diario El Comercio está dirigido por los “corsarios” representantes de las empresas Lan-Chile, Graña y Montero, Martha Meier Miro Quesada y “todos aquellos que creen que el viejo diario es el buque insignia de una flota dedicada al saqueo de algunas Antillas off shore”.
Hildebrandt recordó que el 2000 esa empresa periodística había pactado con el Fujimorismo, para apoyar el fraude electoral de la segunda reelección a cambio de la prescripción de los delitos de apropiación ilícita contra miembros de su plana mayor por recibir comisiones no declaradas de empresas proveedoras de papel.
“En el 2000 ya ‘El Comercio’ había dado vergüenza cuando pactó con el Fujimorismo luego que una fiscal mafiosa declarara prescritos los delitos de apropiación ilícita perpetrados por notabilísimos miembros de su plana mayor. Fueron los que recibieron comisiones subrepticias y no declaradas de los proveedores de papel”, reveló.
Explicó que El Comercio es un periódico controlado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y es constantemente supervisado por el capital Chileno.
También cuestionó la calidad periodística del diario que “contraviene el manual más elemental de ese periodismo que ha olvidado por una especie de conveniente demencia senil”. “En un diario de noticias no se puede mezclar sucesos ocurridos con opiniones ni se puede interpretar perversamente un hecho solo para congraciarse con las barras bravas”, apuntó.
El director del semanario “Hildebrandt en sus trece” llamó la atención sobre los despidos y renuncias de otros periodistas de la corporación “El Comercio” por el hecho de investigar casos de corrupción durante el gobierno de Alan García e irregularidades cometidas por excandidatos presidenciales como Luis Castañeda.
“Esta masacre de la decencia periodística no solo concierne a ‘El Comercio’. En Canal 4, la editora general, Laura Puertas, generalmente disciplinada y hasta dócil, está en la mira de los Beria del conservadurismo. Y, como se sabe, ya botaron a la productora de ‘Canal N’, Patricia Montero, mientras que en ‘Perú21’ han renunciado los periodistas Óscar Miranda y Daniel Yovera, el que descubriera el asunto Comunicore”, advirtió.
DEMOCRACIA CERO KK
Keiko + PPK + El Comercio = democracia cero
Democracia en general quiere decir elegir libremente a los representantes, aceptar los resultados de las elecciones gane quien gane, gobernar con pleno respeto de las normas y derechos de todas las peruanas y peruanas, y garantizar la alternancia en el uso del poder. Luego de los fraudes de Fujimori y sus secuaces, Perú ha avanzado en elegir libremente, desde 2001; Alan García nos ha dado la prueba de que en eso de gobernar con respeto de los derechos ajenos estamos en pañales. Para aceptar los resultados de las elecciones si ganan los otros y en cuanto a la alternancia en el poder, la suma de Keiko, PPK, y El Comercio, como línea dominante en gran parte de los medios de TV, Radio y prensa, es igual a cero, En otras palabras, nuestro sistema democrático es precario e incipiente.
Para el bloque de derechas en Perú, son demócratas quienes creen en las bondades del capitalismo. Quienes no pensamos así somos considerados como enemigos del sistema e indeseables agentes de fuerzas extranjeras. Una probable victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta es vivida ya como una catástrofe por quienes con gran benevolencia se llaman a sí mismos demócratas y alucinan que los pobres perderán sus ahorros, sus casas y sus cuyes. No les gustaría irse a Miami, preferirían quedarse aquí para conservar sus grandes privilegios.
PPK, perdió las elecciones pero sigue creyendo que puede imponer sus puntos de vista para salvar al país. Ante la inminencia de una victoria de Ollanta, estos fundamentalistas del desarrollo capitalista le dicen que cambie de programa, que mantenga todo como antes, que sería ideal que nombre como ministros a probados demócratas y liberales salidos de sus canteras. Paralelamente, han desatado una campaña extraordinaria para asustar a los electores y presentar a quienes prometen algo de cambio en la política económica y en la Constitución como enemigos del país, de su Dios y de su democracia.
Imagino que Ollanta Humala está advertido del peligro de hacer concesiones a los adversarios hasta parecer uno de ellos. Su fuerza viene de la promesa de cambio en serio del país. Por eso ganó LA PRIMERA vuelta y por eso podría ganar también la segunda.
Una democracia en serio supone alternancia en el poder; es decir, quienes ganan gobiernan como quieren y pueden, y quienes pierden, dejan la escena, se callan y trabajan por volver a ganar después. En Perú, estamos a años luz de ese ir y venir de fuerzas políticas distintas. Cuando en 1936, en elecciones libres, los españoles optaron por la República en reemplazo de la monarquía, el general Franco dio un golpe de estado y acabó con ese sueño, dejando el país en el desastre con más de un millón de muertos. En 1973, en Chile, el general Pinochet, apoyado por los yanquis y todo el bloque de la derecha, dio otro golpe para evitar que Salvador Allende hiciese un gobierno socialista. La lógica de Keiko, PKK, El Comercio y sus seguidores es muy simple: la democracia es buena si gana la derecha y que se vaya al diablo si gana la izquierda. Por eso son Fujimoristas y estarían felices que otra mano dura gobierne para que sus privilegios se mantengan y multipliquen. Es hora de decirles: NO.
Democracia en general quiere decir elegir libremente a los representantes, aceptar los resultados de las elecciones gane quien gane, gobernar con pleno respeto de las normas y derechos de todas las peruanas y peruanas, y garantizar la alternancia en el uso del poder. Luego de los fraudes de Fujimori y sus secuaces, Perú ha avanzado en elegir libremente, desde 2001; Alan García nos ha dado la prueba de que en eso de gobernar con respeto de los derechos ajenos estamos en pañales. Para aceptar los resultados de las elecciones si ganan los otros y en cuanto a la alternancia en el poder, la suma de Keiko, PPK, y El Comercio, como línea dominante en gran parte de los medios de TV, Radio y prensa, es igual a cero, En otras palabras, nuestro sistema democrático es precario e incipiente.
Para el bloque de derechas en Perú, son demócratas quienes creen en las bondades del capitalismo. Quienes no pensamos así somos considerados como enemigos del sistema e indeseables agentes de fuerzas extranjeras. Una probable victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta es vivida ya como una catástrofe por quienes con gran benevolencia se llaman a sí mismos demócratas y alucinan que los pobres perderán sus ahorros, sus casas y sus cuyes. No les gustaría irse a Miami, preferirían quedarse aquí para conservar sus grandes privilegios.
PPK, perdió las elecciones pero sigue creyendo que puede imponer sus puntos de vista para salvar al país. Ante la inminencia de una victoria de Ollanta, estos fundamentalistas del desarrollo capitalista le dicen que cambie de programa, que mantenga todo como antes, que sería ideal que nombre como ministros a probados demócratas y liberales salidos de sus canteras. Paralelamente, han desatado una campaña extraordinaria para asustar a los electores y presentar a quienes prometen algo de cambio en la política económica y en la Constitución como enemigos del país, de su Dios y de su democracia.
Imagino que Ollanta Humala está advertido del peligro de hacer concesiones a los adversarios hasta parecer uno de ellos. Su fuerza viene de la promesa de cambio en serio del país. Por eso ganó LA PRIMERA vuelta y por eso podría ganar también la segunda.
Una democracia en serio supone alternancia en el poder; es decir, quienes ganan gobiernan como quieren y pueden, y quienes pierden, dejan la escena, se callan y trabajan por volver a ganar después. En Perú, estamos a años luz de ese ir y venir de fuerzas políticas distintas. Cuando en 1936, en elecciones libres, los españoles optaron por la República en reemplazo de la monarquía, el general Franco dio un golpe de estado y acabó con ese sueño, dejando el país en el desastre con más de un millón de muertos. En 1973, en Chile, el general Pinochet, apoyado por los yanquis y todo el bloque de la derecha, dio otro golpe para evitar que Salvador Allende hiciese un gobierno socialista. La lógica de Keiko, PKK, El Comercio y sus seguidores es muy simple: la democracia es buena si gana la derecha y que se vaya al diablo si gana la izquierda. Por eso son Fujimoristas y estarían felices que otra mano dura gobierne para que sus privilegios se mantengan y multipliquen. Es hora de decirles: NO.
PENSION 65
Jubilación para todos
Pensión 65: la hora de la solidaridad
(1) El país tiene una deuda con los peruanos de la tercera edad. (2) Fujimori redujo a la nada las pensiones.
El grupo económico que más medios de comunicación tiene en el país ha desatado una furibunda campaña contra el programa de pensiones no contributivas planteado por Ollanta Humala en la campaña electoral. Pensión 65, que busca que los ancianos que no tienen jubilación accedan a una pensión de 250 soles, es combatida con la idea falsa de que para financiarla se va a echar mano a los aportes depositados en las AFP.
Cuatro diarios y dos canales de televisión, propiedad de un importante grupo económico, han desatado una campaña de desprestigio contra Pensión 65, colocando en la opinión pública la idea fuerza de que un gobierno de Gana Perú tomaría el dinero que los trabajadores tienen depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para poder financiar las pensiones de los ancianos que, si bien trabajaron en sus casas o en la informalidad o no pudieron completar sus aportes de jubilación, hoy se encuentran sin ningún tipo de ingreso. La intención es clara. Se busca generar pánico en la sociedad para que no quede otra que votar por Fujimori. Es un ataque político.
Es que la crítica no ha tocado el problema pensionario en el país, ni qué hacemos con el millón doscientos mil ancianos que viven en la pobreza, vendiendo caramelos, haciendo taxi o dependiendo de la caridad familiar.
El ángulo no ha sido cómo resolver esta problemática. Por el contrario, se ha buscado intencionalmente palabras, detalles o cualquier frase del Plan de Gobierno de Gana Perú con el fin de titular, de la manera más forzada, que Ollanta Humala va a meter la mano en las AFP.
El Plan
Los especialistas que trabajaron durante más de un año en la construcción del programa de gobierno de Gana Perú partieron del siguiente dato duro. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en el Perú hay 1 millón 764 mil 700 adultos mayores de 65 años.
De este universo, solo 482 mil 143 reciben pensión de jubilación por parte de la Oficina Nacional Previsional (ONP), y 51 mil 924 por parte de las AFP. Es decir, aproximadamente 1 millón 230 mil 633 ancianos no cuentan con ningún tipo de pensión de vejez.
Este número es alarmante y se estrella en nuestra cara todos los días en las calles cuando los ancianos piden limosna o venden caramelos. Es el caso de Verenice, mujer de 68 años quien falleció de TBC a fines del 2010 y que todos los que pasaban entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche podían encontrar en el Óvalo Gutiérrez en Miraflores vendiendo caramelos de perita. Ella trabajó hasta el final de sus días, pero no resistió el último invierno en la calle.
Con esta información y en la lógica de la gran transformación, Gana Perú planteó reformar el sistema de pensiones proponiendo complementar el sistema público y el privado de tal suerte que nadie se quede sin pensión. Esto es que uno pueda aportar a un fondo de ahorro común, pero también a un fondo de ahorro individual.
Este lineamiento de política es fundamental para aquellos que ganan muy poco y aportan a las AFP por ejemplo. Un vigilante que gana 650 soles, y aporta a la AFP se va a jubilar con 200 soles aproximadamente. Eso no alcanza más que para vivir en la miseria.
Los que ganan bien son muy pocos e incluso ellos pueden ver mermada su jubilación en el sistema privado si es que la inversión de su fondo sufrió algún embate de la crisis económica global como sucedió en el 2008 producto de la crisis financiera global.
Y ojo que los dueños de las AFP no pierden nunca, ellos cobran altas comisiones así el fondo pierda o gane. No se hacen responsables por el manejo que hacen del dinero de miles de trabajadores.
Y, además, no cumplen con el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú y que estipula que los trabajadores aportantes deben tener un asiento en el directorio de las AFP.
De otro lado, en Chile surgió un gran problema en el año 2004, cuando miles de personas no alcanzaban con sus aportes una pensión mínima en el sistema privado de pensiones y el Estado Chileno tuvo que salir a completar con fondos públicos las jubilaciones.
La subsidiariedad estatal que tanto pregona el modelo neoliberal no funcionó en el caso Chileno, y ese país también tiene un sistema de pensión no contributiva como Pensión 65.
Es que la seguridad social no es un negocio, es un derecho. Y por lo tanto, requiere de una política pública dirigida a satisfacerlo. La solidaridad es un elemento central de los sistemas de seguridad social, pues la socialización del riesgo es la que hace que las personas puedan afrontar las contingencias de la vida, siendo una de ellas la vejez. Así funciona en todo el mundo.
Sin embargo, mientras esta reforma pensionaria se discute en el Congreso Nacional y se miden allí las correlaciones de fuerzas necesarias para generar un sistema de pensiones dignas para todos los peruanos, y regular las comisiones y los abusos de las AFP que en el Perú se encuentran completamente ligadas al poder financiero y conforman un oligopolio, es fundamental atender a más de un millón de personas mayores de 65 años que no cuentan con ingresos.
Reforma pensionaria
Por ello, el Plan habla de la “implementación de un régimen de pensiones sustentado en dos sistemas. Un primer sistema público que garantiza pensiones de jubilación para todos y que contiene dos componentes: el contributivo obligatorio (base del sistema) y el segundo, no contributivo, que ofrece una pensión básica para todos los adultos mayores de 65 años sin importar su historia de afiliación a algún sistema de pensiones”.
La idea es que del aporte una parte vaya a un sistema de reparto y la otra, si el trabajador desea, a un sistema de ahorro individual. Esto sirve para los que más alto tienen el ingreso.
El resultado es que todos tengamos una pensión base, obtenida del sistema colectivo, pero los que más salario tienen puedan obtener mayor rentabilidad utilizando una AFP. Esto no significa aportar más, sino diversificar el aporte.
Uno puede discutir si esta es la mejor salida o no del problema de tener más de 1 millón de ancianos sin pensión, pero de ahí a que los medios de comunicación que se suponen imparciales lo utilicen como argumento de demolición es demasiado.
Lo único cierto es que el actual sistema de pensiones en el Perú no está funcionando. Y en todo este cambalache, las AFP están aprovechando para que el Ministro de Economía y Finanzas, el banquero Ismael Benavides, proponga una normativa para blindarlas y darles más beneficios.
Por ello, el Compromiso que Ollanta Humala suscribió en marzo del 2011, señala: “donde sí tenemos urgencia es en la deuda social con los adultos mayores. En los primeros cien días de mi gobierno estaré encaminando la implementación del programa Pensión 65, creando una jubilación universal y solidaria para aquellos trabajadores peruanos que no han cotizado para asegurar una vejez menos sufrida. Al igual que en otros países, como Brasil, Argentina o Bolivia, Pensión 65 permitirá un alivio a esta situación dramática. En nuestro gobierno esperamos que el beneficio ampare paulatinamente a todas las mujeres y hombres mayores de 65 años.”
Este documento es completamente coherente con su plan. Sin embargo, una de las ideas que los periodistas de los medios embarcados en la campaña contra Pensión 65 recalcan es que el candidato de Gana Perú no es coherente con su plan. Eso es falso. Los detalles pueden ser discutidos y las propuestas mejoradas.
Pensión 65
Diversas organizaciones como la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y gremios de adultos mayores como Red ANAMPER han venido promoviendo la aprobación de una pensión no contributiva como mecanismo de reducción de la pobreza, de la desigualdad y por la recuperación de la dignidad de los ancianos, señalando que además esto tendría un impacto favorable en la economía (movimiento económico y un retorno al erario a través de los impuestos al consumo).
Incluso, la bancada nacionalista ya ha presentado el proyecto de ley que da viabilidad jurídica a dicha propuesta (Proyecto de Ley 04213/2010 CR y actualmente se encuentra dictaminado favorablemente). El congresista nacionalista que ha encabezado este tema es José Urquizo y uno de los especialista impulsores Víctor Torres Lozada.
Si a cada adulto mayor que no recibe ningún tipo de pensión se le asigna 250 soles mensuales (el criterio es estar cerca de los 100 dólares), el dinero necesario para atender este derecho anualmente asciende a S/. 3´691,899,000.00 (Tres mil seiscientos noventa y un millones ochocientos noventa y nueve mil nuevos soles), es decir 0.8% del Producto Bruto Interno (PBI) aproximadamente.
Lógicamente faltaría calcular el costo administrativo, pero ello no variaría dramáticamente esta cifra. La entidad que se encargaría, tal cual funciona la estructura estatal hoy, sería la Oficina Nacional Previsional (ONP).
La fuente de financiamiento en el Presupuesto Público sería la de “recursos ordinarios”, o sea que la plata vendría de los impuestos. Sin embargo, se plantea discutir la posibilidad de que una porción provenga del ahorro colectivo en el régimen público de pensiones (sistema de reparto).
Eso es algo a discutir, pero de ahí se han agarrado los medios de comunicación aliados del gran capital, para engañar a la población diciendo que el gobierno nacionalista dispondría de los fondos que administran las AFP.
Nada más falso, pues ese dinero es parte del sistema privado de pensiones (sistema de capitalización individual). Es que parece que la segunda vuelta no fuera entre Fujimori y Humala, sino entre los medios de comunicación y Humala.
Pensión 65 está en la lógica de la solidaridad que debe estar en la base de todo sistema de seguridad social. Además, ello genera paz social.
Progresividad
Sin duda, se requiere de modificaciones en el cobro de impuestos, para que paguen más quienes más ganan, y que paguen quienes no lo hacen, para poder desarrollar en toda su magnitud el programa Pensión 65, que seguramente será ubicado como programa estratégico dentro de lo que se conoce como Presupuesto por Resultados (PpR).
Es decir, se requiere hacer una reforma tributaria que recién rendiría a cabalidad sus frutos desde el 2013. En lo que queda del 2011 se haría la reforma, el 1 de enero del 2012 se empezaría a ejecutar y en el 2013 veríamos mejorada la recaudación. Sin embargo, por el lado de controlar la evasión y la elusión tributaria hay bastante pan por rebanar y recursos con qué contar.
Por ello, lo ideal es atender en el 2012, a 500 mil ancianos sin pensión, priorizando a los mayores de 75 con un fondo de 1700 millones de soles. En el 2013, subiría el fondo a 3 mil millones de soles para poder atender a los mayores de 70.
Y finalmente desde el 2014 llegar a la totalidad de adultos mayores mayores de 65 años con un fondo de más 3 mil 600 millones de soles anuales. Estos cálculos se han hecho en el marco del Grupo Nacional de Presupuesto Público, colectivo de gremios y organizaciones de la sociedad civil que desde hace dos años vienen proponiendo la pensión no contributiva en los presupuestos alternativos que ha presentado al Congreso Nacional a instancia de la Red ANAMPER.
Los Fujimori y las pensiones
La Constitución de 1979 en relación al tema de las pensiones de jubilación decía:
• Artículo 20. Las pensiones de los trabajadores públicos y privados que cesan temporal o definitivamente en el trabajo son reajustadas periódicamente teniendo en cuenta el costo de vida y las posibilidades de la economía nacional, de acuerdo a ley.
El Decreto Ley 25418 del 5 de abril de 1992, que establece la dictadura de Alberto Fujimori, bajo la forma de un “gobierno de emergencia y reconstrucción nacional”, determina:
• Artículo 8. Déjese en suspenso los artículos de la Constitución Política y las normas legales que se opongan al presente decreto ley.
El 12 de diciembre de 1992, aún bajo la dictadura directa (sin Congreso y con instituciones intervenidas) se dicta el Decreto Ley 25967, que modifica el goce de pensiones de jubilación que administra el Instituto Peruano de seguridad Social (hoy desaparecido), y que ordena:
• Artículo 3. La pensión máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de seguridad Social, por cualquiera de los regímenes pensionarios que administra, no podrá ser mayor de seiscientos y 00/100 nuevos soles (S/. 600.00). Esta pensión máxima mensual podrá ser modificada por Decreto Supremo, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del Instituto Peruano de seguridad Social.
Entre el artículo 20 de la Constitución de 1979, y el DL 25967, en plena dictadura, hay una contradicción insalvable: mientras el primero reconoce las pensiones como una remuneración de retiro que debe actualizarse a través del tiempo; el segundo, introduce el criterio de que estos pagos son una “carga” para el Estado y que deben ser congelados a través de un tope máximo, para que se vayan separando del salario promedio de los que están ocupados.
El Fujimorismo colocó en el paquete de los que tenía que derrotar a los pensionistas. En 1993, la nueva Constitución votada por el CCD, incluye la siguiente definición sobre el tema pensionario:
• Artículo 11. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.
Este artículo hace que pensiones y seguridad social sean temas independientes que se contratan por las personas de acuerdo a su capacidad económica. Los Seguros y pensiones privadas, son opciones de servicios y ahorro, pagados a instituciones que son requeridas cuando hace falta, y diluyen su condición de derecho.
¿Quiénes fueron los promotores de estos cambios que afecta a cientos de miles de adultos mayores hoy en día? Pongamos sobre el papel algunos nombres: Alberto Fujimori, presidente de la república y padre de Keiko Fujimori, actual candidata presidencial; y Jaime Yoshiyama Tanaka, ministro del gobierno golpista del 5 de abril, presidente del CCD que votó la Constitución de 1993 y actual candidato a vicepresidente de la lista de Fuerza 2011.
Extracto del documento “Los candidatos y las pensiones” de Raúl Wiener.
Pensión 65: la hora de la solidaridad
(1) El país tiene una deuda con los peruanos de la tercera edad. (2) Fujimori redujo a la nada las pensiones.
El grupo económico que más medios de comunicación tiene en el país ha desatado una furibunda campaña contra el programa de pensiones no contributivas planteado por Ollanta Humala en la campaña electoral. Pensión 65, que busca que los ancianos que no tienen jubilación accedan a una pensión de 250 soles, es combatida con la idea falsa de que para financiarla se va a echar mano a los aportes depositados en las AFP.
Cuatro diarios y dos canales de televisión, propiedad de un importante grupo económico, han desatado una campaña de desprestigio contra Pensión 65, colocando en la opinión pública la idea fuerza de que un gobierno de Gana Perú tomaría el dinero que los trabajadores tienen depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para poder financiar las pensiones de los ancianos que, si bien trabajaron en sus casas o en la informalidad o no pudieron completar sus aportes de jubilación, hoy se encuentran sin ningún tipo de ingreso. La intención es clara. Se busca generar pánico en la sociedad para que no quede otra que votar por Fujimori. Es un ataque político.
Es que la crítica no ha tocado el problema pensionario en el país, ni qué hacemos con el millón doscientos mil ancianos que viven en la pobreza, vendiendo caramelos, haciendo taxi o dependiendo de la caridad familiar.
El ángulo no ha sido cómo resolver esta problemática. Por el contrario, se ha buscado intencionalmente palabras, detalles o cualquier frase del Plan de Gobierno de Gana Perú con el fin de titular, de la manera más forzada, que Ollanta Humala va a meter la mano en las AFP.
El Plan
Los especialistas que trabajaron durante más de un año en la construcción del programa de gobierno de Gana Perú partieron del siguiente dato duro. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en el Perú hay 1 millón 764 mil 700 adultos mayores de 65 años.
De este universo, solo 482 mil 143 reciben pensión de jubilación por parte de la Oficina Nacional Previsional (ONP), y 51 mil 924 por parte de las AFP. Es decir, aproximadamente 1 millón 230 mil 633 ancianos no cuentan con ningún tipo de pensión de vejez.
Este número es alarmante y se estrella en nuestra cara todos los días en las calles cuando los ancianos piden limosna o venden caramelos. Es el caso de Verenice, mujer de 68 años quien falleció de TBC a fines del 2010 y que todos los que pasaban entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche podían encontrar en el Óvalo Gutiérrez en Miraflores vendiendo caramelos de perita. Ella trabajó hasta el final de sus días, pero no resistió el último invierno en la calle.
Con esta información y en la lógica de la gran transformación, Gana Perú planteó reformar el sistema de pensiones proponiendo complementar el sistema público y el privado de tal suerte que nadie se quede sin pensión. Esto es que uno pueda aportar a un fondo de ahorro común, pero también a un fondo de ahorro individual.
Este lineamiento de política es fundamental para aquellos que ganan muy poco y aportan a las AFP por ejemplo. Un vigilante que gana 650 soles, y aporta a la AFP se va a jubilar con 200 soles aproximadamente. Eso no alcanza más que para vivir en la miseria.
Los que ganan bien son muy pocos e incluso ellos pueden ver mermada su jubilación en el sistema privado si es que la inversión de su fondo sufrió algún embate de la crisis económica global como sucedió en el 2008 producto de la crisis financiera global.
Y ojo que los dueños de las AFP no pierden nunca, ellos cobran altas comisiones así el fondo pierda o gane. No se hacen responsables por el manejo que hacen del dinero de miles de trabajadores.
Y, además, no cumplen con el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú y que estipula que los trabajadores aportantes deben tener un asiento en el directorio de las AFP.
De otro lado, en Chile surgió un gran problema en el año 2004, cuando miles de personas no alcanzaban con sus aportes una pensión mínima en el sistema privado de pensiones y el Estado Chileno tuvo que salir a completar con fondos públicos las jubilaciones.
La subsidiariedad estatal que tanto pregona el modelo neoliberal no funcionó en el caso Chileno, y ese país también tiene un sistema de pensión no contributiva como Pensión 65.
Es que la seguridad social no es un negocio, es un derecho. Y por lo tanto, requiere de una política pública dirigida a satisfacerlo. La solidaridad es un elemento central de los sistemas de seguridad social, pues la socialización del riesgo es la que hace que las personas puedan afrontar las contingencias de la vida, siendo una de ellas la vejez. Así funciona en todo el mundo.
Sin embargo, mientras esta reforma pensionaria se discute en el Congreso Nacional y se miden allí las correlaciones de fuerzas necesarias para generar un sistema de pensiones dignas para todos los peruanos, y regular las comisiones y los abusos de las AFP que en el Perú se encuentran completamente ligadas al poder financiero y conforman un oligopolio, es fundamental atender a más de un millón de personas mayores de 65 años que no cuentan con ingresos.
Reforma pensionaria
Por ello, el Plan habla de la “implementación de un régimen de pensiones sustentado en dos sistemas. Un primer sistema público que garantiza pensiones de jubilación para todos y que contiene dos componentes: el contributivo obligatorio (base del sistema) y el segundo, no contributivo, que ofrece una pensión básica para todos los adultos mayores de 65 años sin importar su historia de afiliación a algún sistema de pensiones”.
La idea es que del aporte una parte vaya a un sistema de reparto y la otra, si el trabajador desea, a un sistema de ahorro individual. Esto sirve para los que más alto tienen el ingreso.
El resultado es que todos tengamos una pensión base, obtenida del sistema colectivo, pero los que más salario tienen puedan obtener mayor rentabilidad utilizando una AFP. Esto no significa aportar más, sino diversificar el aporte.
Uno puede discutir si esta es la mejor salida o no del problema de tener más de 1 millón de ancianos sin pensión, pero de ahí a que los medios de comunicación que se suponen imparciales lo utilicen como argumento de demolición es demasiado.
Lo único cierto es que el actual sistema de pensiones en el Perú no está funcionando. Y en todo este cambalache, las AFP están aprovechando para que el Ministro de Economía y Finanzas, el banquero Ismael Benavides, proponga una normativa para blindarlas y darles más beneficios.
Por ello, el Compromiso que Ollanta Humala suscribió en marzo del 2011, señala: “donde sí tenemos urgencia es en la deuda social con los adultos mayores. En los primeros cien días de mi gobierno estaré encaminando la implementación del programa Pensión 65, creando una jubilación universal y solidaria para aquellos trabajadores peruanos que no han cotizado para asegurar una vejez menos sufrida. Al igual que en otros países, como Brasil, Argentina o Bolivia, Pensión 65 permitirá un alivio a esta situación dramática. En nuestro gobierno esperamos que el beneficio ampare paulatinamente a todas las mujeres y hombres mayores de 65 años.”
Este documento es completamente coherente con su plan. Sin embargo, una de las ideas que los periodistas de los medios embarcados en la campaña contra Pensión 65 recalcan es que el candidato de Gana Perú no es coherente con su plan. Eso es falso. Los detalles pueden ser discutidos y las propuestas mejoradas.
Pensión 65
Diversas organizaciones como la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y gremios de adultos mayores como Red ANAMPER han venido promoviendo la aprobación de una pensión no contributiva como mecanismo de reducción de la pobreza, de la desigualdad y por la recuperación de la dignidad de los ancianos, señalando que además esto tendría un impacto favorable en la economía (movimiento económico y un retorno al erario a través de los impuestos al consumo).
Incluso, la bancada nacionalista ya ha presentado el proyecto de ley que da viabilidad jurídica a dicha propuesta (Proyecto de Ley 04213/2010 CR y actualmente se encuentra dictaminado favorablemente). El congresista nacionalista que ha encabezado este tema es José Urquizo y uno de los especialista impulsores Víctor Torres Lozada.
Si a cada adulto mayor que no recibe ningún tipo de pensión se le asigna 250 soles mensuales (el criterio es estar cerca de los 100 dólares), el dinero necesario para atender este derecho anualmente asciende a S/. 3´691,899,000.00 (Tres mil seiscientos noventa y un millones ochocientos noventa y nueve mil nuevos soles), es decir 0.8% del Producto Bruto Interno (PBI) aproximadamente.
Lógicamente faltaría calcular el costo administrativo, pero ello no variaría dramáticamente esta cifra. La entidad que se encargaría, tal cual funciona la estructura estatal hoy, sería la Oficina Nacional Previsional (ONP).
La fuente de financiamiento en el Presupuesto Público sería la de “recursos ordinarios”, o sea que la plata vendría de los impuestos. Sin embargo, se plantea discutir la posibilidad de que una porción provenga del ahorro colectivo en el régimen público de pensiones (sistema de reparto).
Eso es algo a discutir, pero de ahí se han agarrado los medios de comunicación aliados del gran capital, para engañar a la población diciendo que el gobierno nacionalista dispondría de los fondos que administran las AFP.
Nada más falso, pues ese dinero es parte del sistema privado de pensiones (sistema de capitalización individual). Es que parece que la segunda vuelta no fuera entre Fujimori y Humala, sino entre los medios de comunicación y Humala.
Pensión 65 está en la lógica de la solidaridad que debe estar en la base de todo sistema de seguridad social. Además, ello genera paz social.
Progresividad
Sin duda, se requiere de modificaciones en el cobro de impuestos, para que paguen más quienes más ganan, y que paguen quienes no lo hacen, para poder desarrollar en toda su magnitud el programa Pensión 65, que seguramente será ubicado como programa estratégico dentro de lo que se conoce como Presupuesto por Resultados (PpR).
Es decir, se requiere hacer una reforma tributaria que recién rendiría a cabalidad sus frutos desde el 2013. En lo que queda del 2011 se haría la reforma, el 1 de enero del 2012 se empezaría a ejecutar y en el 2013 veríamos mejorada la recaudación. Sin embargo, por el lado de controlar la evasión y la elusión tributaria hay bastante pan por rebanar y recursos con qué contar.
Por ello, lo ideal es atender en el 2012, a 500 mil ancianos sin pensión, priorizando a los mayores de 75 con un fondo de 1700 millones de soles. En el 2013, subiría el fondo a 3 mil millones de soles para poder atender a los mayores de 70.
Y finalmente desde el 2014 llegar a la totalidad de adultos mayores mayores de 65 años con un fondo de más 3 mil 600 millones de soles anuales. Estos cálculos se han hecho en el marco del Grupo Nacional de Presupuesto Público, colectivo de gremios y organizaciones de la sociedad civil que desde hace dos años vienen proponiendo la pensión no contributiva en los presupuestos alternativos que ha presentado al Congreso Nacional a instancia de la Red ANAMPER.
Los Fujimori y las pensiones
La Constitución de 1979 en relación al tema de las pensiones de jubilación decía:
• Artículo 20. Las pensiones de los trabajadores públicos y privados que cesan temporal o definitivamente en el trabajo son reajustadas periódicamente teniendo en cuenta el costo de vida y las posibilidades de la economía nacional, de acuerdo a ley.
El Decreto Ley 25418 del 5 de abril de 1992, que establece la dictadura de Alberto Fujimori, bajo la forma de un “gobierno de emergencia y reconstrucción nacional”, determina:
• Artículo 8. Déjese en suspenso los artículos de la Constitución Política y las normas legales que se opongan al presente decreto ley.
El 12 de diciembre de 1992, aún bajo la dictadura directa (sin Congreso y con instituciones intervenidas) se dicta el Decreto Ley 25967, que modifica el goce de pensiones de jubilación que administra el Instituto Peruano de seguridad Social (hoy desaparecido), y que ordena:
• Artículo 3. La pensión máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de seguridad Social, por cualquiera de los regímenes pensionarios que administra, no podrá ser mayor de seiscientos y 00/100 nuevos soles (S/. 600.00). Esta pensión máxima mensual podrá ser modificada por Decreto Supremo, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del Instituto Peruano de seguridad Social.
Entre el artículo 20 de la Constitución de 1979, y el DL 25967, en plena dictadura, hay una contradicción insalvable: mientras el primero reconoce las pensiones como una remuneración de retiro que debe actualizarse a través del tiempo; el segundo, introduce el criterio de que estos pagos son una “carga” para el Estado y que deben ser congelados a través de un tope máximo, para que se vayan separando del salario promedio de los que están ocupados.
El Fujimorismo colocó en el paquete de los que tenía que derrotar a los pensionistas. En 1993, la nueva Constitución votada por el CCD, incluye la siguiente definición sobre el tema pensionario:
• Artículo 11. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.
Este artículo hace que pensiones y seguridad social sean temas independientes que se contratan por las personas de acuerdo a su capacidad económica. Los Seguros y pensiones privadas, son opciones de servicios y ahorro, pagados a instituciones que son requeridas cuando hace falta, y diluyen su condición de derecho.
¿Quiénes fueron los promotores de estos cambios que afecta a cientos de miles de adultos mayores hoy en día? Pongamos sobre el papel algunos nombres: Alberto Fujimori, presidente de la república y padre de Keiko Fujimori, actual candidata presidencial; y Jaime Yoshiyama Tanaka, ministro del gobierno golpista del 5 de abril, presidente del CCD que votó la Constitución de 1993 y actual candidato a vicepresidente de la lista de Fuerza 2011.
Extracto del documento “Los candidatos y las pensiones” de Raúl Wiener.
ALERTA CON LOS TRANSGENICOS
.
Preste atención. ¿Sabe que usted está comiendo alimentos transgénicos?
Pues así como lo lee. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) detectó que diez de los alimentos que consumimos son genéticamente modificados, pero lo que es peor, ninguno de ellos presentaba el etiquedado que el Código de Protección y Defensa del Consumidor, así lo exige.
Esto pese que a partir del 02 de abril pasado, los alimentos modificados debían ser especificados con la etiqueta.
“La investigación realizada por ASPEC corrobora algo que los peruanos sabíamos desde hace tiempo: Los alimentos transgénicos están en las estanterías de los mercados y bodegas (…) pero nadie nos informa, lo cual implica una clara vulneración de nuestro derecho a la información”, precisó su presidente, Crisólogo Cáceres.
Entre los productos transgénicos hallados, encontramos a Soya y Avena Santa Catalina, Leche 100% soya de Laive, Salchicha San Fernando, Maicena La Negrita, entre otros.
Finalmente, el titular de ASPEC exhortó a la Presidenta del Consejo de Ministros a revisar con detenimiento el proyecto de reglamento que se encuentra en su Despacho a fin de evitar sorpresas en perjuicio de los consumidores.
Preste atención. ¿Sabe que usted está comiendo alimentos transgénicos?
Pues así como lo lee. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) detectó que diez de los alimentos que consumimos son genéticamente modificados, pero lo que es peor, ninguno de ellos presentaba el etiquedado que el Código de Protección y Defensa del Consumidor, así lo exige.
Esto pese que a partir del 02 de abril pasado, los alimentos modificados debían ser especificados con la etiqueta.
“La investigación realizada por ASPEC corrobora algo que los peruanos sabíamos desde hace tiempo: Los alimentos transgénicos están en las estanterías de los mercados y bodegas (…) pero nadie nos informa, lo cual implica una clara vulneración de nuestro derecho a la información”, precisó su presidente, Crisólogo Cáceres.
Entre los productos transgénicos hallados, encontramos a Soya y Avena Santa Catalina, Leche 100% soya de Laive, Salchicha San Fernando, Maicena La Negrita, entre otros.
Finalmente, el titular de ASPEC exhortó a la Presidenta del Consejo de Ministros a revisar con detenimiento el proyecto de reglamento que se encuentra en su Despacho a fin de evitar sorpresas en perjuicio de los consumidores.
CUIDADO INVASION TRANSGENICA
Cuidado: hay productos transgénicos
En Lima. Leches de soya soalé y soyandina, salchichas san fernando y laive, entre otros. Se enviaron a analizar a Alemania y dieron positivo, pero la etiqueta no lo señalaba como indica el Código del Consumidor.
Cynthia Campos.
Mientras se discute qué afecciones ocasionan los alimentos transgénicos (genéticamente modificados) en los seres humanos y las empresas siguen sin consignar en sus etiquetas si venden o no productos transgénicos, estos ya llegaron a las mesas peruanas. Una investigación de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) reveló que por lo menos diez de estos productos ya se expenden en Lima sin ninguna advertencia para los consumidores.
La investigación fue realizada con trece productos envasados que fueron adquiridos, en presencia de dos notarios públicos, en supermercados de la Av. Caminos del Inca y en la Urb. Chacarilla, y que luego fueron enviados a un laboratorio en Alemania. Los resultados: diez de ellos dieron positivo para componentes transgénicos. Se trata sobre todo de productos elaborados a base de maíz y soya, entre los que se encuentran las leches de soya Soalé y Soyandina, y la Soya y Avena Santa Catalina.
Saber qué se consume
Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, explicó que si bien no se han realizado estudios suficientes sobre el efecto de transgénicos en humanos, el consumidor sí tiene derecho a saber que está consumiendo un transgénico. Es decir, las empresas deben consignarlo en sus etiquetas, como se hace en Francia, Brasil, Inglaterra y otros.
En Perú esto no ocurre, pese a que el artículo 37 del Código del Consumidor así lo señala. “Según el Código, ya desde el 2 de abril las empresas debieron señalarlo en sus etiquetas. El problema es que aún no existe reglamentación al respecto y se están valiendo de ello para no consignar esa información”, explicó Crisólogo Cáceres.
También señaló que según un anteproyecto de la reglamentación, se estaría planteando dar 365 días de plazo a las empresas para que adecúen su etiquetado.
Un año para etiquetado
“Es decir, se les quiere regalar un año para seguir vendiendo estos productos, cuando ya en otros países han prohibido varios tipos de transgénicos a raíz de los estudios realizados en animales y también de las evidencias en seres humanos”, se indignó. Además, dijo, solo se contempla etiquetar los productos envasados, pero existen también productos a granel, sobre todo maíz, soya, canela y algodón, que son transgénicos y nadie nos informa.
Estos son
COMPROBADO. Según la investigación, tienen componentes transgénicos: Soya y avena Santa Catalina, Quaker Q-Vital Quinua Soya Avena, Soyandina, Leche 100% de soya Laive, Soalé (leche de soya), Cuates picantes (tortillas de maíz), Salchicha San Fernando, Salchicha Laive (Suiza), Maizena Negrita, Ángel Flakes (hojuelas de maíz). No tienen transgénicos: Corn Flakes O’Rayan, Maizena Duryea y Doritos Frito Lay.
Su efecto en los seres humanos
Se trata, en principio, de semillas en las que se introdujo ADN extraño para que sean resistentes a pesticidas, explicó la Dra. Flora Luna, de la Asociación Médica Peruana.
Según estudios realizados por científicos independientes, animales alimentados con transgénicos sufrieron afecciones en órganos como hígado, bazo y médula ósea. Su descendencia resultó con menor talla y fallas en su sistema inmune.
En humanos, los estudios indican que podría ocasionar desde alergias hasta cáncer de mamas y próstata. En Estados Unidos, el maíz transgénico Starling fue sacado del mercado cuando ocasionó un shock anafiláctico (reacción alérgica severa que puede ocasionar muerte) en decenas de consumidores.
En Lima. Leches de soya soalé y soyandina, salchichas san fernando y laive, entre otros. Se enviaron a analizar a Alemania y dieron positivo, pero la etiqueta no lo señalaba como indica el Código del Consumidor.
Cynthia Campos.
Mientras se discute qué afecciones ocasionan los alimentos transgénicos (genéticamente modificados) en los seres humanos y las empresas siguen sin consignar en sus etiquetas si venden o no productos transgénicos, estos ya llegaron a las mesas peruanas. Una investigación de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) reveló que por lo menos diez de estos productos ya se expenden en Lima sin ninguna advertencia para los consumidores.
La investigación fue realizada con trece productos envasados que fueron adquiridos, en presencia de dos notarios públicos, en supermercados de la Av. Caminos del Inca y en la Urb. Chacarilla, y que luego fueron enviados a un laboratorio en Alemania. Los resultados: diez de ellos dieron positivo para componentes transgénicos. Se trata sobre todo de productos elaborados a base de maíz y soya, entre los que se encuentran las leches de soya Soalé y Soyandina, y la Soya y Avena Santa Catalina.
Saber qué se consume
Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, explicó que si bien no se han realizado estudios suficientes sobre el efecto de transgénicos en humanos, el consumidor sí tiene derecho a saber que está consumiendo un transgénico. Es decir, las empresas deben consignarlo en sus etiquetas, como se hace en Francia, Brasil, Inglaterra y otros.
En Perú esto no ocurre, pese a que el artículo 37 del Código del Consumidor así lo señala. “Según el Código, ya desde el 2 de abril las empresas debieron señalarlo en sus etiquetas. El problema es que aún no existe reglamentación al respecto y se están valiendo de ello para no consignar esa información”, explicó Crisólogo Cáceres.
También señaló que según un anteproyecto de la reglamentación, se estaría planteando dar 365 días de plazo a las empresas para que adecúen su etiquetado.
Un año para etiquetado
“Es decir, se les quiere regalar un año para seguir vendiendo estos productos, cuando ya en otros países han prohibido varios tipos de transgénicos a raíz de los estudios realizados en animales y también de las evidencias en seres humanos”, se indignó. Además, dijo, solo se contempla etiquetar los productos envasados, pero existen también productos a granel, sobre todo maíz, soya, canela y algodón, que son transgénicos y nadie nos informa.
Estos son
COMPROBADO. Según la investigación, tienen componentes transgénicos: Soya y avena Santa Catalina, Quaker Q-Vital Quinua Soya Avena, Soyandina, Leche 100% de soya Laive, Soalé (leche de soya), Cuates picantes (tortillas de maíz), Salchicha San Fernando, Salchicha Laive (Suiza), Maizena Negrita, Ángel Flakes (hojuelas de maíz). No tienen transgénicos: Corn Flakes O’Rayan, Maizena Duryea y Doritos Frito Lay.
Su efecto en los seres humanos
Se trata, en principio, de semillas en las que se introdujo ADN extraño para que sean resistentes a pesticidas, explicó la Dra. Flora Luna, de la Asociación Médica Peruana.
Según estudios realizados por científicos independientes, animales alimentados con transgénicos sufrieron afecciones en órganos como hígado, bazo y médula ósea. Su descendencia resultó con menor talla y fallas en su sistema inmune.
En humanos, los estudios indican que podría ocasionar desde alergias hasta cáncer de mamas y próstata. En Estados Unidos, el maíz transgénico Starling fue sacado del mercado cuando ocasionó un shock anafiláctico (reacción alérgica severa que puede ocasionar muerte) en decenas de consumidores.
CONOZCA LOS TRANSGENICOS EN PERU
La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) detectó que diez de los alimentos que consumimos son genéticamente modificados, pero lo que es peor, ninguno de ellos presentaba el etiquedado que el Código de Protección y Defensa del Consumidor, así lo exige.
Esto pese que a partir del 02 de abril pasado, los alimentos modificados debían ser especificados con la etiqueta.
“La investigación realizada por ASPEC corrobora algo que los peruanos sabíamos desde hace tiempo: Los alimentos transgénicos están en las estanterías de los mercados y bodegas (…) pero nadie nos informa, lo cual implica una clara vulneración de nuestro derecho a la información”, precisó el presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres.
PRODUCTO Y EMPRESA
REGISTRO SANITARIO
RESULTADOS DEL LABORATORIO
SOYA Y AVENA SANTA CATALINA. INDUSTRIAS UNIDAS DEL PERU SA
E5618410N NAIDUI DIGESA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
QUAKER "Q-VITAL" QUINUA SOYA AVENA GLOBAL ALIMENTOS SAC
E5509506N NAGOAI
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
SOYANDINA 100% SOYA
ALICORP SA
E8202907N NAAISA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
LECHE 100% DE SOYA LAIVE LAIVE SA
RSA-09/DIGESA/E8201909N NALISA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
SOALE "LECHE DE SOYA" GLORIA SA
E8202706N NAGOSA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.) (*)
LOS CUATES PICANTES (TORTILLAS DE MIAZ)/ KARINTO INVERSIONES BORNEO SRL
E7307109N NAIVBR
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
SALCHICHA SAN FERNANDO SAN FERNANDO S.A.
J8701510N/NASNFR
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.) (*)
SALCHICHA LAIVE SUIZA LAIVE SA
DIGESA/J8801808N NALISA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.) (*)
MAIZENA NEGRITA ALICORP SA
E8401309N NKAISA DIGESA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
ANGEL FLAKES GLOBAL ALIMENTOS SAC
E6800408N/NAGOAI
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
Muestras que dieron positivo sobre la presencia de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), más conocidos como transgénicos. Los análisis fueron realizados en los laboratorios de CERPER y ANDES CONTROL.
(*)
Los parámetros de análisis: Control de reacción (+), Promotor de mosaico de la coliflor (+), Terminador de Agrobacterium
Esto pese que a partir del 02 de abril pasado, los alimentos modificados debían ser especificados con la etiqueta.
“La investigación realizada por ASPEC corrobora algo que los peruanos sabíamos desde hace tiempo: Los alimentos transgénicos están en las estanterías de los mercados y bodegas (…) pero nadie nos informa, lo cual implica una clara vulneración de nuestro derecho a la información”, precisó el presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres.
PRODUCTO Y EMPRESA
REGISTRO SANITARIO
RESULTADOS DEL LABORATORIO
SOYA Y AVENA SANTA CATALINA. INDUSTRIAS UNIDAS DEL PERU SA
E5618410N NAIDUI DIGESA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
QUAKER "Q-VITAL" QUINUA SOYA AVENA GLOBAL ALIMENTOS SAC
E5509506N NAGOAI
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
SOYANDINA 100% SOYA
ALICORP SA
E8202907N NAAISA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
LECHE 100% DE SOYA LAIVE LAIVE SA
RSA-09/DIGESA/E8201909N NALISA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
SOALE "LECHE DE SOYA" GLORIA SA
E8202706N NAGOSA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.) (*)
LOS CUATES PICANTES (TORTILLAS DE MIAZ)/ KARINTO INVERSIONES BORNEO SRL
E7307109N NAIVBR
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
SALCHICHA SAN FERNANDO SAN FERNANDO S.A.
J8701510N/NASNFR
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.) (*)
SALCHICHA LAIVE SUIZA LAIVE SA
DIGESA/J8801808N NALISA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.) (*)
MAIZENA NEGRITA ALICORP SA
E8401309N NKAISA DIGESA
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
ANGEL FLAKES GLOBAL ALIMENTOS SAC
E6800408N/NAGOAI
POSITIVO (DETECCIÓN DE OGM POR PCR EN TIEMPO REAL.)
Muestras que dieron positivo sobre la presencia de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), más conocidos como transgénicos. Los análisis fueron realizados en los laboratorios de CERPER y ANDES CONTROL.
(*)
Los parámetros de análisis: Control de reacción (+), Promotor de mosaico de la coliflor (+), Terminador de Agrobacterium
NO A LOS TRANSGENICOS
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Agro. Está de acuerdo en defender biodiversidad del país. En tanto, Reynaldo Trinidad afirma que ingreso de transgénicos favorece a las transnacionales.
La opinión crítica y frontal del chef peruano Gastón Acurio al uso de transgénicos se empezó a suavizar.
Y es que pese a que el miércoles, a través de su cuenta en Facebook, expresó su oposición a los defensores de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), ayer por ese mismo medio aclaró que está a favor de la defensa de la biodiversidad peruana, pero que nunca afirmó estar en contra de productos elaborados con insumos “trans”.
“No estamos en contra de. Nuestra filosofía inclusiva es siempre buscar estar a favor de”, afirma en su cuenta. Más adelante, escribe “estamos a favor: de la defensa de nuestra biodiversidad. Si existe la mínima duda que semillas trans (transgénicas) puedan afectarla entonces tenemos que protegerla”.
Desarrollar agro orgánico
El afamado cocinero dijo estar de acuerdo con que el Perú promueva una política de desarrollo de la agricultura orgánica porque existe una inmensa oportunidad económica y ventajas evidentes para competir en el mundo con ello, frente a la promoción de una agricultura “trans” que no responde a la realidad del país.
Tras estos y otros argumentos, Acurio señaló que nunca se manifestó en contra de productos elaborados con insumos trans, porque no se sabe si son dañinos o no, además porque forman parte de nuestra realidad.
Agro. Está de acuerdo en defender biodiversidad del país. En tanto, Reynaldo Trinidad afirma que ingreso de transgénicos favorece a las transnacionales.
La opinión crítica y frontal del chef peruano Gastón Acurio al uso de transgénicos se empezó a suavizar.
Y es que pese a que el miércoles, a través de su cuenta en Facebook, expresó su oposición a los defensores de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), ayer por ese mismo medio aclaró que está a favor de la defensa de la biodiversidad peruana, pero que nunca afirmó estar en contra de productos elaborados con insumos “trans”.
“No estamos en contra de. Nuestra filosofía inclusiva es siempre buscar estar a favor de”, afirma en su cuenta. Más adelante, escribe “estamos a favor: de la defensa de nuestra biodiversidad. Si existe la mínima duda que semillas trans (transgénicas) puedan afectarla entonces tenemos que protegerla”.
Desarrollar agro orgánico
El afamado cocinero dijo estar de acuerdo con que el Perú promueva una política de desarrollo de la agricultura orgánica porque existe una inmensa oportunidad económica y ventajas evidentes para competir en el mundo con ello, frente a la promoción de una agricultura “trans” que no responde a la realidad del país.
Tras estos y otros argumentos, Acurio señaló que nunca se manifestó en contra de productos elaborados con insumos trans, porque no se sabe si son dañinos o no, además porque forman parte de nuestra realidad.
FUJIMORI REMATO AL PERU
.
Mafia malbarateó empresas nacionales en beneficio propio. Tras diez años de gobierno fujimorista se había vendido gran parte del patrimonio nacional, pero en las arcas del Estado solo quedaban $ 223 mlls. Infografía
Rocío Maldonado.
El proceso de privatizaciones constituye otro capítulo nefasto del decenio fujimorista y que pone en evidencia los manejos oscuros de los recursos del Estado. Sin transparencia, criterio técnico y pasando por alto el interés nacional, las empresas públicas fueron rematadas y no siempre al mejor postor.
Entre 1990 y 2000 se ejecutaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas, lo que generó un monto de US$ 9.221. Sin embargo, de esta cantidad solo ingresaron al Tesoro Público US$ 6,445. La diferencia de US$ 2.700 millones se destinó al pago de consultoras, bancos de inversión y a sanear las cuentas de las compañías privatizadas (el Estado asumió todas sus deudas antes de venderlas).
El dinero que finalmente ingresó a las arcas del Estado se utilizó en menor porcentaje para los fines previstos y por el contrario se gastó en compras de armas, pagar la deuda externa, cubrir el déficit fiscal, y a financiar la re-reelección de Alberto Fujimori.
“El decreto legislativo 674 establecía que el dinero de las privatizaciones se debía invertir en salud, educación, infraestructura vial, seguridad, erradicación de la pobreza y pacificación. Eso no se cumplió”, sostiene el ex legislador Javier Diez Canseco, presidente de la Comisión que investigó los delitos financieros durante el régimen fujimorista.
A precio de regalo
Diez Canseco refiere que no se manejaron valorizaciones previas adecuadas, por lo cual se subvaloró el precio de las empresas a ser privatizadas. Menciona el caso de la compañía envasadora Solgás, de la cual se vendieron el 84% de sus acciones a US$ 7.5 millones en 1992 cuando un año antes había tenido utilidades de US$ 2.9 millones.
“Era absurdo vender. El operador que compró recuperó su inversión en 3 años y en 1996 vendió el 60% de sus acciones en US$ 39 millones. Se reveló una evidente subvaluación”, señaló.
Otro caso escandaloso de subvaluación fue el de la refinería La Pampilla. En 1996 el Estado vendió el 75% de las acciones de la mayor refinería del país en $180 millones, cuando en 1994 la empresa había generado ingresos por $657 millones y utilidades operativas de $ 85 millones.
Un análisis del proceso privatizador revela también que muchos operadores no cumplieron con los planes de inversión. Por ejemplo, Shougan se comprometió a invertir US$ 150 millones en Hierro Perú durante el periodo 92-95, pero no lo hizo y reprogramó su inversión hasta 1999. Finalmente, la empresa incumplió el compromiso y resolvió el problema con una penalidad de US$ 12 millones. El contrato no establecía mayor sanción.
Aeroperú
La venta de la compañía aérea reveló el uso de información privilegiada de personajes vinculados al gobierno. Roberto Abusada, asesor del entonces ministro de Economía Jorge Camet, fue a la vez representante del consorcio mexicano que ganó la buena pro.
“Estos casos revelan la desnaturalización del proceso privatizador en beneficio de una cúpula mafiosa”, concluye Diez Canseco.
Despidos masivos y monopolios
Entre los objetivos de la privatización figuraba aumentar y mejorar la calidad del empleo. Sin embargo, hacia 1999 habían sido cesados 120 mil trabajadores de empresas públicas. Los nuevos operadores solo reabsorbieron el 36%, bajo condiciones de precarización.
El caso de la Compañía Peruana de Teléfonos (CTP) y ENTEL es elocuente, pues antes de su venta tenían en conjunto 12.094 trabajadores. La masa laboral se redujo a 3.823 trabajadores cuando Telefónica la compró. Sin embargo, los trabajadores de empresas filiales de la transnacional suman ahora 15 mil en condiciones laborales de tercerización, sin ningún derecho de un trabajador formal.
Tampoco se cumplió con propiciar la libre competencia en los servicios públicos. Nuevamente se puede citar el caso de Telefónica, que tuvo el control absoluto del mercado por años. También se puede mencionar a las empresas eléctricas Edelnor y Luz del Sur. Ambas se han dividido el servicio eléctrico en la capital y hasta la actualidad los usuarios no tienen posibilidad de cambiar de operador si así lo desean.
Mafia malbarateó empresas nacionales en beneficio propio. Tras diez años de gobierno fujimorista se había vendido gran parte del patrimonio nacional, pero en las arcas del Estado solo quedaban $ 223 mlls. Infografía
Rocío Maldonado.
El proceso de privatizaciones constituye otro capítulo nefasto del decenio fujimorista y que pone en evidencia los manejos oscuros de los recursos del Estado. Sin transparencia, criterio técnico y pasando por alto el interés nacional, las empresas públicas fueron rematadas y no siempre al mejor postor.
Entre 1990 y 2000 se ejecutaron 228 operaciones de venta, concesión o liquidación de empresas públicas, lo que generó un monto de US$ 9.221. Sin embargo, de esta cantidad solo ingresaron al Tesoro Público US$ 6,445. La diferencia de US$ 2.700 millones se destinó al pago de consultoras, bancos de inversión y a sanear las cuentas de las compañías privatizadas (el Estado asumió todas sus deudas antes de venderlas).
El dinero que finalmente ingresó a las arcas del Estado se utilizó en menor porcentaje para los fines previstos y por el contrario se gastó en compras de armas, pagar la deuda externa, cubrir el déficit fiscal, y a financiar la re-reelección de Alberto Fujimori.
“El decreto legislativo 674 establecía que el dinero de las privatizaciones se debía invertir en salud, educación, infraestructura vial, seguridad, erradicación de la pobreza y pacificación. Eso no se cumplió”, sostiene el ex legislador Javier Diez Canseco, presidente de la Comisión que investigó los delitos financieros durante el régimen fujimorista.
A precio de regalo
Diez Canseco refiere que no se manejaron valorizaciones previas adecuadas, por lo cual se subvaloró el precio de las empresas a ser privatizadas. Menciona el caso de la compañía envasadora Solgás, de la cual se vendieron el 84% de sus acciones a US$ 7.5 millones en 1992 cuando un año antes había tenido utilidades de US$ 2.9 millones.
“Era absurdo vender. El operador que compró recuperó su inversión en 3 años y en 1996 vendió el 60% de sus acciones en US$ 39 millones. Se reveló una evidente subvaluación”, señaló.
Otro caso escandaloso de subvaluación fue el de la refinería La Pampilla. En 1996 el Estado vendió el 75% de las acciones de la mayor refinería del país en $180 millones, cuando en 1994 la empresa había generado ingresos por $657 millones y utilidades operativas de $ 85 millones.
Un análisis del proceso privatizador revela también que muchos operadores no cumplieron con los planes de inversión. Por ejemplo, Shougan se comprometió a invertir US$ 150 millones en Hierro Perú durante el periodo 92-95, pero no lo hizo y reprogramó su inversión hasta 1999. Finalmente, la empresa incumplió el compromiso y resolvió el problema con una penalidad de US$ 12 millones. El contrato no establecía mayor sanción.
Aeroperú
La venta de la compañía aérea reveló el uso de información privilegiada de personajes vinculados al gobierno. Roberto Abusada, asesor del entonces ministro de Economía Jorge Camet, fue a la vez representante del consorcio mexicano que ganó la buena pro.
“Estos casos revelan la desnaturalización del proceso privatizador en beneficio de una cúpula mafiosa”, concluye Diez Canseco.
Despidos masivos y monopolios
Entre los objetivos de la privatización figuraba aumentar y mejorar la calidad del empleo. Sin embargo, hacia 1999 habían sido cesados 120 mil trabajadores de empresas públicas. Los nuevos operadores solo reabsorbieron el 36%, bajo condiciones de precarización.
El caso de la Compañía Peruana de Teléfonos (CTP) y ENTEL es elocuente, pues antes de su venta tenían en conjunto 12.094 trabajadores. La masa laboral se redujo a 3.823 trabajadores cuando Telefónica la compró. Sin embargo, los trabajadores de empresas filiales de la transnacional suman ahora 15 mil en condiciones laborales de tercerización, sin ningún derecho de un trabajador formal.
Tampoco se cumplió con propiciar la libre competencia en los servicios públicos. Nuevamente se puede citar el caso de Telefónica, que tuvo el control absoluto del mercado por años. También se puede mencionar a las empresas eléctricas Edelnor y Luz del Sur. Ambas se han dividido el servicio eléctrico en la capital y hasta la actualidad los usuarios no tienen posibilidad de cambiar de operador si así lo desean.
viernes, 22 de abril de 2011
EISHA TIEMBLA
Eisha en el corazón
.Por Nelson Manrique
El huayco racista desencadenado en Facebook por el triunfo de Ollanta Humala dice mucho sobre el Perú. Un argumento que repiten insistentemente sus animadores es que los seguidores de Humala son resentidos sociales: “malditos resentidos y rechazados sociales de m...” (Paulo). En realidad la derrota de PPK trasladó el resentimiento social al otro campo: jóvenes que se enrolaron en su campaña y que genéricamente se identifican como los ppkausas sintieron que estaban haciendo la historia; su candidato era el mejor y eso debía ser evidente para todo el mundo.
Por eso la derrota fue un shock; el Perú no era el país que creían y su primera reacción fue la negación: “tus actas se tienen que quemar” (Piero). Hubo quienes pensaron en un referéndum y no faltaron los que se refugiaron en la fantasía infantil de ir a la guerra para imponer por las armas a su campeón de la democracia. Lo que era impensable en el triunfo del otro: “si sale Humala me voy del país porque es un indio de m...” (Andrea). En Facebook llaman a un golpe de Estado contra Ollanta Humala si llega a Presidente.
Humala es el blanco inmediato de los ataques, pero él encarna a un otro odiado más arcaico: “Te odio m... no sé qué tienes en la cabeza. Eres una c... indígena de m..., lárgate con todas tus ideas incoherentes a otro lado cholo bruto”, escribe Silvana, y luego añade: “vino este baboso nacido en el cerro y se mete a provincia aprovechándose de los ignorantes”. Aunque sus conocimientos gramaticales no la recomiendan como modelo, Silvana se siente culturalmente superior a aquellos a quienes denigra. La equiparación entre “indios” e “ignorantes” en los post es muy extendida. Pero lo que verdaderamente se rechaza va más allá de la cultura: “eres la forma humana de eso que siempre e odiado –afirma Klara– ‘la ignorancia’ eres la ignorancia en persona… sentiré una vergüenza inmensa de saber que el presidente de mi país, es un ‘on que no tiene estudios importantes, que no habla idiomas… prefiero a qe ganes tú a ke gane Keiko, así dentro de un año, kuchinski o toledo te den el golpe de estado… y te vallas a la m...”. Es notable que escribiendo así se pueda descalificar a alguien por “ignorante”.
Otros ppkausas son más expeditivos y dejan salir simplemente lo que les quema las entrañas: “yo se que ppk va a ganar porque sabe lo que hace indio asqueroso” (Renzo); “fracasado cholo de porquería” (Alessandro). Aunque la disputa electoral tuvo como eje el cambio o la continuidad del modelo económico, quienes atacan a Humala construyen directamente oposiciones étnico raciales: “todos los pobres votan por él porque le va quitar plata a la gente normal y no va a parar hasta que Hugo Chávez se meta... ese weon es un asco”, escribe Ricardo.
La oposición entre la “gente normal” y los “otros” es muy expresiva y la descalificación se extiende a toda la gente del interior: “no vas a gobernar indio de m... ningún limeño te quiere, mira las encuestas, queremos avanzar no retroceder, como los provincianos sin progreso” (Bernardo). La descalificación trasciende las fronteras ideológicas y ni la señora Fujimori –cuya base social es similar a la de Humala y por quien tendrán que votar en la segunda vuelta– se salva: “lo que (Ollanta) merece es ser micio de m... y casarse con la China p... de Keiko, par de bellacos hasta el c..., PPK corazón” (Ricardo).
El espíritu de gueto, materializado en las playas exclusivas del sur, se traslada ahora al ciberespacio: “créate tu hi5 –escribe Mariana– que ahí sí la haces. Chau ojalá pierdas idiota sólo los ignorantes te apoyan”. “Oigan cholos de m... –complementa un corresponsal no identificado– antes de hablar huev... mejor hubieran creado este grupo de m... en hi5”. Hi5 es una red social con una presencia popular mayoritaria, mientras que los ppkausas consideran a Facebook su dominio privado. Eso de que la diversidad es su mayor capital no va con ellos.
Es de saludar la intervención de Gastón Acurio, que rechazó estos “repugnantes comentarios racistas”, y es de lamentar que PPK no llamara al orden a sus seguidores.
.Por Nelson Manrique
El huayco racista desencadenado en Facebook por el triunfo de Ollanta Humala dice mucho sobre el Perú. Un argumento que repiten insistentemente sus animadores es que los seguidores de Humala son resentidos sociales: “malditos resentidos y rechazados sociales de m...” (Paulo). En realidad la derrota de PPK trasladó el resentimiento social al otro campo: jóvenes que se enrolaron en su campaña y que genéricamente se identifican como los ppkausas sintieron que estaban haciendo la historia; su candidato era el mejor y eso debía ser evidente para todo el mundo.
Por eso la derrota fue un shock; el Perú no era el país que creían y su primera reacción fue la negación: “tus actas se tienen que quemar” (Piero). Hubo quienes pensaron en un referéndum y no faltaron los que se refugiaron en la fantasía infantil de ir a la guerra para imponer por las armas a su campeón de la democracia. Lo que era impensable en el triunfo del otro: “si sale Humala me voy del país porque es un indio de m...” (Andrea). En Facebook llaman a un golpe de Estado contra Ollanta Humala si llega a Presidente.
Humala es el blanco inmediato de los ataques, pero él encarna a un otro odiado más arcaico: “Te odio m... no sé qué tienes en la cabeza. Eres una c... indígena de m..., lárgate con todas tus ideas incoherentes a otro lado cholo bruto”, escribe Silvana, y luego añade: “vino este baboso nacido en el cerro y se mete a provincia aprovechándose de los ignorantes”. Aunque sus conocimientos gramaticales no la recomiendan como modelo, Silvana se siente culturalmente superior a aquellos a quienes denigra. La equiparación entre “indios” e “ignorantes” en los post es muy extendida. Pero lo que verdaderamente se rechaza va más allá de la cultura: “eres la forma humana de eso que siempre e odiado –afirma Klara– ‘la ignorancia’ eres la ignorancia en persona… sentiré una vergüenza inmensa de saber que el presidente de mi país, es un ‘on que no tiene estudios importantes, que no habla idiomas… prefiero a qe ganes tú a ke gane Keiko, así dentro de un año, kuchinski o toledo te den el golpe de estado… y te vallas a la m...”. Es notable que escribiendo así se pueda descalificar a alguien por “ignorante”.
Otros ppkausas son más expeditivos y dejan salir simplemente lo que les quema las entrañas: “yo se que ppk va a ganar porque sabe lo que hace indio asqueroso” (Renzo); “fracasado cholo de porquería” (Alessandro). Aunque la disputa electoral tuvo como eje el cambio o la continuidad del modelo económico, quienes atacan a Humala construyen directamente oposiciones étnico raciales: “todos los pobres votan por él porque le va quitar plata a la gente normal y no va a parar hasta que Hugo Chávez se meta... ese weon es un asco”, escribe Ricardo.
La oposición entre la “gente normal” y los “otros” es muy expresiva y la descalificación se extiende a toda la gente del interior: “no vas a gobernar indio de m... ningún limeño te quiere, mira las encuestas, queremos avanzar no retroceder, como los provincianos sin progreso” (Bernardo). La descalificación trasciende las fronteras ideológicas y ni la señora Fujimori –cuya base social es similar a la de Humala y por quien tendrán que votar en la segunda vuelta– se salva: “lo que (Ollanta) merece es ser micio de m... y casarse con la China p... de Keiko, par de bellacos hasta el c..., PPK corazón” (Ricardo).
El espíritu de gueto, materializado en las playas exclusivas del sur, se traslada ahora al ciberespacio: “créate tu hi5 –escribe Mariana– que ahí sí la haces. Chau ojalá pierdas idiota sólo los ignorantes te apoyan”. “Oigan cholos de m... –complementa un corresponsal no identificado– antes de hablar huev... mejor hubieran creado este grupo de m... en hi5”. Hi5 es una red social con una presencia popular mayoritaria, mientras que los ppkausas consideran a Facebook su dominio privado. Eso de que la diversidad es su mayor capital no va con ellos.
Es de saludar la intervención de Gastón Acurio, que rechazó estos “repugnantes comentarios racistas”, y es de lamentar que PPK no llamara al orden a sus seguidores.
RESULTODOS
.Por Nelson Manrique
Los resultados de la primera vuelta han ratificado lo que las encuestas señalaban: Ollanta Humala pasa a la segunda con el respaldo de una tercera parte del país y deberá enfrentar a Keiko Fujimori, que tiene el respaldo de la quinta parte del electorado y que ha dejado fuera a PPK por un estrecho margen. Aparentemente, ya están definidos los tres contendientes para este nuevo tramo electoral: Ollanta Humala, Keiko Fujimori y Alan García, a menos de que alguien crea que este va a detener la campaña presidencial para el 2016 que entusiastamente viene regalándonos.
Alejandro Toledo perdió la mitad de sus votos gracias a su estrategia de sembrar el miedo, vendiéndose como el salvador de la patria ante una catástrofe inminente. MVLl, Szyszlo y Pérez de Cuéllar comprometieron su credibilidad respaldándolo. En el camino, el campeón de la democracia hizo declaraciones inaceptables que tienen que ser abiertamente rechazadas: que si Ollanta y Keiko pasaban a la segunda vuelta él saldría a las calles a movilizarse en contra. Toledo parece no haber reparado en que el respaldo a los dos representa la voluntad de más de la mitad del país, nos guste o no.
El resultado más trascendental de estas elecciones ha sido la destrucción del Apra. Debe ser muy duro para los apristas ver a qué ha quedado reducido su partido: con la dirigencia de la CTP anunciando, en vísperas de los comicios, que su millón de afiliados votaría por Toledo, con el secretario general Jorge del Castillo proclamando que los apristas votarían por PPK y el presidente de la Comisión Política, Javier Velázquez, desmintiéndolos y declarando que los militantes quedaban en libertad de escoger por quién votar. Solo peor que ver a su organización descuartizada debe haber sido constatar la insignificancia de su respaldo electoral para tal o cual candidato. Con suerte, el Apra podrá colocar unos pocos parlamentarios, entre los cuales no estará Del Castillo, quien finalmente no contará con la inmunidad parlamentaria para evadir la acción de la justicia, y además tendrá que responder ante las bases partidarias por el desastre al que condujo su empecinamiento por ser parlamentario.
Si Del Castillo tiene una primerísima responsabilidad en el desastre electoral, el mérito histórico de la destrucción del Apra le cabe a Alan García. Resulta increíble llegar a semejante situación después de cinco años de gobierno bendecidos por una coyuntura extraordinaria de elevados precios para las materias primas que el Perú exporta, que abría tantas oportunidades de luchar contra la exclusión.
Una columnista que no puede ser acusada de izquierdista resume muy bien la situación: “Ollanta Humala no existiría como opción política si Alan García no hubiera insistido en encajarnos su política barata del Perro del Hortelano, que favoreció la exclusión y el resentimiento. Si hubiera aplicado el cambio responsable que prometió, en lugar de despreciar con su discurso mamarrachento y soberbio a quienes insistían en señalar que no se puede crecer de manera tan desigual sin que eso genere respuestas extremas”. Por supuesto, García no habría podido provocar semejante desastre sin el entusiasta apoyo de un empresariado que no estaba dispuesto a ceder nada para construir un país más inclusivo.
Es notable que la misma columnista esté convencida de que quienes votan por Keiko y por Humala “apuestan por opciones que los benefician solo a ellos sin importarles el futuro del país, y su voto está guiado por la perfecta filosofía alpinchista ‘si yo voy a estar bien, que se joda el resto’” (Patricia del Río, “Que se joda el resto”, Perú 21, 9/4/11). Aparentemente la señorita Del Río no ha reparado en que está describiendo muy precisamente lo que ha sido, y es, la lógica con que la derecha vota y actúa políticamente en el país, con el menudo agravante de que “el resto” al que condena a joderse está constituido por la gran mayoría de los peruanos. Aquellos “tan ignorantes, tan tontos y tan resentidos” a los que alude Aldo M. en sus resentidas columnas.
Los resultados de la primera vuelta han ratificado lo que las encuestas señalaban: Ollanta Humala pasa a la segunda con el respaldo de una tercera parte del país y deberá enfrentar a Keiko Fujimori, que tiene el respaldo de la quinta parte del electorado y que ha dejado fuera a PPK por un estrecho margen. Aparentemente, ya están definidos los tres contendientes para este nuevo tramo electoral: Ollanta Humala, Keiko Fujimori y Alan García, a menos de que alguien crea que este va a detener la campaña presidencial para el 2016 que entusiastamente viene regalándonos.
Alejandro Toledo perdió la mitad de sus votos gracias a su estrategia de sembrar el miedo, vendiéndose como el salvador de la patria ante una catástrofe inminente. MVLl, Szyszlo y Pérez de Cuéllar comprometieron su credibilidad respaldándolo. En el camino, el campeón de la democracia hizo declaraciones inaceptables que tienen que ser abiertamente rechazadas: que si Ollanta y Keiko pasaban a la segunda vuelta él saldría a las calles a movilizarse en contra. Toledo parece no haber reparado en que el respaldo a los dos representa la voluntad de más de la mitad del país, nos guste o no.
El resultado más trascendental de estas elecciones ha sido la destrucción del Apra. Debe ser muy duro para los apristas ver a qué ha quedado reducido su partido: con la dirigencia de la CTP anunciando, en vísperas de los comicios, que su millón de afiliados votaría por Toledo, con el secretario general Jorge del Castillo proclamando que los apristas votarían por PPK y el presidente de la Comisión Política, Javier Velázquez, desmintiéndolos y declarando que los militantes quedaban en libertad de escoger por quién votar. Solo peor que ver a su organización descuartizada debe haber sido constatar la insignificancia de su respaldo electoral para tal o cual candidato. Con suerte, el Apra podrá colocar unos pocos parlamentarios, entre los cuales no estará Del Castillo, quien finalmente no contará con la inmunidad parlamentaria para evadir la acción de la justicia, y además tendrá que responder ante las bases partidarias por el desastre al que condujo su empecinamiento por ser parlamentario.
Si Del Castillo tiene una primerísima responsabilidad en el desastre electoral, el mérito histórico de la destrucción del Apra le cabe a Alan García. Resulta increíble llegar a semejante situación después de cinco años de gobierno bendecidos por una coyuntura extraordinaria de elevados precios para las materias primas que el Perú exporta, que abría tantas oportunidades de luchar contra la exclusión.
Una columnista que no puede ser acusada de izquierdista resume muy bien la situación: “Ollanta Humala no existiría como opción política si Alan García no hubiera insistido en encajarnos su política barata del Perro del Hortelano, que favoreció la exclusión y el resentimiento. Si hubiera aplicado el cambio responsable que prometió, en lugar de despreciar con su discurso mamarrachento y soberbio a quienes insistían en señalar que no se puede crecer de manera tan desigual sin que eso genere respuestas extremas”. Por supuesto, García no habría podido provocar semejante desastre sin el entusiasta apoyo de un empresariado que no estaba dispuesto a ceder nada para construir un país más inclusivo.
Es notable que la misma columnista esté convencida de que quienes votan por Keiko y por Humala “apuestan por opciones que los benefician solo a ellos sin importarles el futuro del país, y su voto está guiado por la perfecta filosofía alpinchista ‘si yo voy a estar bien, que se joda el resto’” (Patricia del Río, “Que se joda el resto”, Perú 21, 9/4/11). Aparentemente la señorita Del Río no ha reparado en que está describiendo muy precisamente lo que ha sido, y es, la lógica con que la derecha vota y actúa políticamente en el país, con el menudo agravante de que “el resto” al que condena a joderse está constituido por la gran mayoría de los peruanos. Aquellos “tan ignorantes, tan tontos y tan resentidos” a los que alude Aldo M. en sus resentidas columnas.
EL SEÑOR DE WARI
)
.Por Antonio Zapata
Semanas atrás, una excavación de la dirección de cultura del Cusco dio a luz un importante hallazgo arqueológico. Se trata de la momia intacta de un señor local del imperio Wari. Su ubicación es extraña, se halla en Espíritu Pampa, un área de Vilcabamba donde se refugió Manco Inca y que se considera habitualmente como el “último refugio de los incas”. No sería tal, sino un sitio incorporado muy temprano por los Wari, antecedentes imperiales del Tawantinsuyu, que existieron entre 650-1100 D.C.
Antes no se conocía Wari. La enseñanza escolar hablaba de Tiahuanacu, porque se basaba en Max Uhle, que pensó en este sitio altiplánico como cabeza de la formación política andina desarrollada antes de los incas. Pero, luego se redescubrió la gran ciudad situada en las afueras de Ayacucho. Ahí estuvo Julio C. Tello y luego el arqueólogo norteamericano John Rowe, quien formuló la teoría de los horizontes, que hasta hoy ordena la línea del tiempo de la era prehispánica.
Esa teoría postula que hubo tres horizontes: Chavín, Wari e Inca. En el medio se hallan dos períodos denominados “intermedios”. En éstos, el poder se habría disgregado en señoríos regionales. Pero, en los horizontes se impuso la centralización. Durante Chavín, gracias a la religión y una red de sacerdotes. Pero, tanto Wari como Inca fueron imperios, gobernados por una élite política y militar, que subordinó todo el antiguo Perú.
En ese sentido, Wari establece el patrón andino del poder estatal. Mientras que el Tawantinsuyu duró poco tiempo, menos de cien años y estaba en plena transformación cuando fue interrumpido por la invasión europea. Por ello, Wari es el antecedente político de un gobierno panperuano.
Durante los años 1960, Luis Guillermo Lumbreras elaboró la tesis de Ayacucho como sede del primer imperio andino. En esa época, trabajaba en la Universidad de Huamanga, que tomó en sus manos el expediente. Posteriormente, Enrique González Carré excavó una pequeña área de la enorme capital Wari, encontrando el Templo Principal, que es lo único abierto al visitante.
La gran ciudad está enterrada y se sabe que encierra restos magníficos, susceptibles de transformar Ayacucho en una nueva capital arqueológica. En el último decenio, importantes excavaciones en la costa norte han multiplicado el interés arqueológico por esta región. Detrás de los especialistas vienen los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Lambayeque con cinco museos de primer nivel ha logrado reorientar el turismo hacia esa región. Mientras, Ayacucho permanece paralizado. No obstante, Wari está a sus pies. Ahora que comienza un nuevo gobierno regional, sería interesante que canalice recursos suficientes para una excavación intensa de la capital arqueológica.
La idea es simple. Si en una provincia de ceja de selva aparece un señor local de la importancia del hallado en Vilcabamba, en la capital debe encontrarse restos de reyes y sus monumentos funerarios. Es decir, varios tesoros yacen enterrados en Ayacucho y nadie invierte seriamente en descubrirlos.
Volviendo al Señor de Vilcabamba, su importancia obliga a reconsiderar la relación entre Cusco y Ayacucho en la era precolombina. El primer imperio habría estado muy presente, tanto en el corazón como en las provincias de Cusco. La ciudad Wari de Pikillacta, apenas a kilómetros de Cusco actual, y este Señor que también es Wari, apuntan a un dominio ayacuchano del área.
Quizá el Cusco se hizo grande derrotando a sus antiguos soberanos ayacuchanos. El inca Pachacútec habría culminado un largo ciclo histórico de enfrentamientos, logrando el sometimiento final de los chancas, últimos exponentes de la vieja tradición estatal Wari.
.Por Antonio Zapata
Semanas atrás, una excavación de la dirección de cultura del Cusco dio a luz un importante hallazgo arqueológico. Se trata de la momia intacta de un señor local del imperio Wari. Su ubicación es extraña, se halla en Espíritu Pampa, un área de Vilcabamba donde se refugió Manco Inca y que se considera habitualmente como el “último refugio de los incas”. No sería tal, sino un sitio incorporado muy temprano por los Wari, antecedentes imperiales del Tawantinsuyu, que existieron entre 650-1100 D.C.
Antes no se conocía Wari. La enseñanza escolar hablaba de Tiahuanacu, porque se basaba en Max Uhle, que pensó en este sitio altiplánico como cabeza de la formación política andina desarrollada antes de los incas. Pero, luego se redescubrió la gran ciudad situada en las afueras de Ayacucho. Ahí estuvo Julio C. Tello y luego el arqueólogo norteamericano John Rowe, quien formuló la teoría de los horizontes, que hasta hoy ordena la línea del tiempo de la era prehispánica.
Esa teoría postula que hubo tres horizontes: Chavín, Wari e Inca. En el medio se hallan dos períodos denominados “intermedios”. En éstos, el poder se habría disgregado en señoríos regionales. Pero, en los horizontes se impuso la centralización. Durante Chavín, gracias a la religión y una red de sacerdotes. Pero, tanto Wari como Inca fueron imperios, gobernados por una élite política y militar, que subordinó todo el antiguo Perú.
En ese sentido, Wari establece el patrón andino del poder estatal. Mientras que el Tawantinsuyu duró poco tiempo, menos de cien años y estaba en plena transformación cuando fue interrumpido por la invasión europea. Por ello, Wari es el antecedente político de un gobierno panperuano.
Durante los años 1960, Luis Guillermo Lumbreras elaboró la tesis de Ayacucho como sede del primer imperio andino. En esa época, trabajaba en la Universidad de Huamanga, que tomó en sus manos el expediente. Posteriormente, Enrique González Carré excavó una pequeña área de la enorme capital Wari, encontrando el Templo Principal, que es lo único abierto al visitante.
La gran ciudad está enterrada y se sabe que encierra restos magníficos, susceptibles de transformar Ayacucho en una nueva capital arqueológica. En el último decenio, importantes excavaciones en la costa norte han multiplicado el interés arqueológico por esta región. Detrás de los especialistas vienen los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Lambayeque con cinco museos de primer nivel ha logrado reorientar el turismo hacia esa región. Mientras, Ayacucho permanece paralizado. No obstante, Wari está a sus pies. Ahora que comienza un nuevo gobierno regional, sería interesante que canalice recursos suficientes para una excavación intensa de la capital arqueológica.
La idea es simple. Si en una provincia de ceja de selva aparece un señor local de la importancia del hallado en Vilcabamba, en la capital debe encontrarse restos de reyes y sus monumentos funerarios. Es decir, varios tesoros yacen enterrados en Ayacucho y nadie invierte seriamente en descubrirlos.
Volviendo al Señor de Vilcabamba, su importancia obliga a reconsiderar la relación entre Cusco y Ayacucho en la era precolombina. El primer imperio habría estado muy presente, tanto en el corazón como en las provincias de Cusco. La ciudad Wari de Pikillacta, apenas a kilómetros de Cusco actual, y este Señor que también es Wari, apuntan a un dominio ayacuchano del área.
Quizá el Cusco se hizo grande derrotando a sus antiguos soberanos ayacuchanos. El inca Pachacútec habría culminado un largo ciclo histórico de enfrentamientos, logrando el sometimiento final de los chancas, últimos exponentes de la vieja tradición estatal Wari.
DIOS FUJI LO AMPARE
El caso Hurtado Miller |
.Por Antonio Zapata
El ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller registraba antecedentes positivos en la política cuando asumió la cartera de Economía en julio de 1990, formando parte del primer equipo ministerial de Alberto Fujimori. Había sido militante de Acción Popular y en tanto pariente cercano de Violeta Correa, uno de sus dirigentes mejor posicionados. Precisamente por ello, Fujimori lo invitó a participar de un gobierno que angustiosamente buscaba hallar rumbo, superando la improvisación y el cambio de línea del novel presidente. Así, Hurtado Miller fue el encargado de justificar en TV la gigantesca alza de precios decretada en agosto de 1990, el famoso fujishock. Al despedirse invocó a los cielos, rogando “que Dios nos ayude”.
Duró poco tiempo como ministro, porque en enero de 1991, solo cinco meses después, fue reemplazado por Carlos Boloña, quien puso en práctica el ajuste neoliberal. Antes, Hurtado había aguantado el desembalse de precios y el brusco empobrecimiento de la población.
Pocos años después, en enero de 1994, la empresa CIMEX, propiedad de Hurtado, recibió la buena noticia de que la Caja de Pensiones Militar Policial le había aprobado un préstamo por nueve millones de dólares, para invertir en la construcción de un mercado en Arriola. Cuando llegó la fecha para cancelar, Hurtado refinanció, obteniendo un nuevo plazo, pero esta segunda vez tampoco cumplió con cancelar. Por ello, la Caja lo enjuició en marzo de 1996.
Así estaban las cosas cuando llegó la campaña electoral de 1998. En ella, se presentaba Alberto Andrade a la reelección como alcalde de Lima, como trampolín para tentar la presidencia contra Fujimori el 2000. Por lo tanto, el objetivo prioritario del presidente era buscar cómo parar a Andrade.
En ese contexto, el gobierno volvió a reclutar a Hurtado Miller, ofreciéndole todo el apoyo para ser candidato de Vamos Vecino a la alcaldía de Lima. Tres vladivideos han registrado las conversaciones que Montesinos sostuvo con Hurtado en esta campaña. En estas charlas también participó el publicista de nacionalidad argentina Daniel Borobio, quien llevó la voz cantante, ofreciendo asesoría profesional para la campaña. Junto a Hurtado revisan las debilidades de Andrade y precisan su línea de actuación.
Por su parte, con Montesinos los diálogos tratan directamente de dinero. Hurtado presenta un presupuesto y VMT le entrega efectivo, que se puede apreciar en un vladivideo, donde recibe un cuarto de millón de dólares. Pero, asimismo Hurtado negocia su deuda con la Caja. En julio de 1998, con fecha atrasada, cancela sus obligaciones, entregando unos puestos del mercado de Arriola, a cambio del principal más intereses.
Al caer el fujimorismo, un perito tasó judicialmente los puestos en dos millones de dólares, por lo tanto la diferencia habría quedado en manos de Hurtado. Este es un primer punto que debe aclarar el ex ministro con la justicia. Respecto de la segunda cuestión contra Hurtado: los fondos de la campaña de 1998 provenientes del SIN, Montesinos declaró explícitamente ante la segunda sala anticorrupción, “que recibió órdenes directas de Alberto Fujimori para contribuir con US$ 500,000 para apoyar a Hurtado Miller, él ordenaba y yo entregaba, asumo mi responsabilidad”.
Hoy en día, la Caja de Pensiones Militar Policial está quebrada y la semana pasada anunció que no puede cumplir sus obligaciones después de abril. Sucede que durante el gobierno de Fujimori decenas de operaciones como la que hemos descrito con Juan Carlos Hurtado Miller la quebraron, dilapidando los ahorros de los uniformados. Ese drenaje de recursos para fines políticos empezó desde el primer gobierno de Fujimori, puesto que su esencia fue corrupta desde el comienzo. ¿Alguien quiere que vuelvan esos tiempos? Que vote por Keiko y la pesadilla se hará realidad.
.Por Antonio Zapata
El ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller registraba antecedentes positivos en la política cuando asumió la cartera de Economía en julio de 1990, formando parte del primer equipo ministerial de Alberto Fujimori. Había sido militante de Acción Popular y en tanto pariente cercano de Violeta Correa, uno de sus dirigentes mejor posicionados. Precisamente por ello, Fujimori lo invitó a participar de un gobierno que angustiosamente buscaba hallar rumbo, superando la improvisación y el cambio de línea del novel presidente. Así, Hurtado Miller fue el encargado de justificar en TV la gigantesca alza de precios decretada en agosto de 1990, el famoso fujishock. Al despedirse invocó a los cielos, rogando “que Dios nos ayude”.
Duró poco tiempo como ministro, porque en enero de 1991, solo cinco meses después, fue reemplazado por Carlos Boloña, quien puso en práctica el ajuste neoliberal. Antes, Hurtado había aguantado el desembalse de precios y el brusco empobrecimiento de la población.
Pocos años después, en enero de 1994, la empresa CIMEX, propiedad de Hurtado, recibió la buena noticia de que la Caja de Pensiones Militar Policial le había aprobado un préstamo por nueve millones de dólares, para invertir en la construcción de un mercado en Arriola. Cuando llegó la fecha para cancelar, Hurtado refinanció, obteniendo un nuevo plazo, pero esta segunda vez tampoco cumplió con cancelar. Por ello, la Caja lo enjuició en marzo de 1996.
Así estaban las cosas cuando llegó la campaña electoral de 1998. En ella, se presentaba Alberto Andrade a la reelección como alcalde de Lima, como trampolín para tentar la presidencia contra Fujimori el 2000. Por lo tanto, el objetivo prioritario del presidente era buscar cómo parar a Andrade.
En ese contexto, el gobierno volvió a reclutar a Hurtado Miller, ofreciéndole todo el apoyo para ser candidato de Vamos Vecino a la alcaldía de Lima. Tres vladivideos han registrado las conversaciones que Montesinos sostuvo con Hurtado en esta campaña. En estas charlas también participó el publicista de nacionalidad argentina Daniel Borobio, quien llevó la voz cantante, ofreciendo asesoría profesional para la campaña. Junto a Hurtado revisan las debilidades de Andrade y precisan su línea de actuación.
Por su parte, con Montesinos los diálogos tratan directamente de dinero. Hurtado presenta un presupuesto y VMT le entrega efectivo, que se puede apreciar en un vladivideo, donde recibe un cuarto de millón de dólares. Pero, asimismo Hurtado negocia su deuda con la Caja. En julio de 1998, con fecha atrasada, cancela sus obligaciones, entregando unos puestos del mercado de Arriola, a cambio del principal más intereses.
Al caer el fujimorismo, un perito tasó judicialmente los puestos en dos millones de dólares, por lo tanto la diferencia habría quedado en manos de Hurtado. Este es un primer punto que debe aclarar el ex ministro con la justicia. Respecto de la segunda cuestión contra Hurtado: los fondos de la campaña de 1998 provenientes del SIN, Montesinos declaró explícitamente ante la segunda sala anticorrupción, “que recibió órdenes directas de Alberto Fujimori para contribuir con US$ 500,000 para apoyar a Hurtado Miller, él ordenaba y yo entregaba, asumo mi responsabilidad”.
Hoy en día, la Caja de Pensiones Militar Policial está quebrada y la semana pasada anunció que no puede cumplir sus obligaciones después de abril. Sucede que durante el gobierno de Fujimori decenas de operaciones como la que hemos descrito con Juan Carlos Hurtado Miller la quebraron, dilapidando los ahorros de los uniformados. Ese drenaje de recursos para fines políticos empezó desde el primer gobierno de Fujimori, puesto que su esencia fue corrupta desde el comienzo. ¿Alguien quiere que vuelvan esos tiempos? Que vote por Keiko y la pesadilla se hará realidad.
FUJIMORI FUE CHAVISTA CONVICTO
.Por Antonio Zapata
Ollanta Humala ha sido señalado incesantemente como chavista y seguirá soportando esta acusación en la segunda vuelta. La mayoría de medios de comunicación se apoya en ese vínculo para sostener la supuesta vocación dictatorial del comandante. Esa idea se fundamenta en la famosa escena del 2006, cuando Humala y su esposa estuvieron presentes, en Venezuela, en una actividad del presidente bolivariano, que elogió al comandante peruano.
Pero, a lo largo de muchos años, Hugo Chávez fue un eficiente aliado de Alberto Fujimori. Incluso, Venezuela sostuvo a Fujimori en el marco de los países andinos, después de la ilegal segunda vuelta del 2000, contra los propósitos de la oposición democrática peruana.
Para aquel entonces, Chávez estaba comenzando su ruta hacia el poder total y afirmando su prototipo caudillista. Por ello, no le interesaba que los demás países del continente, a través de la OEA, supervisen la democracia tutelada de Fujimori. El razonamiento de Chávez era claro. Si bloqueaba el esfuerzo de la OEA por impedir la re-reelección de Fujimori, luego dispondría de autonomía para imponer su propia dictadura disfrazada con piel democrática.
Chávez decidió librar una batalla en el Perú para eventualmente ganar la carambola. Por su parte, si perdía era en piel ajena y no sufría demasiado en su tierra. Esa cercanía de Chávez con Fujimori había sido intermediada por Vladimiro Montesinos y tenía una larga historia. No había comenzado el día anterior.
Cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso y el Poder Judicial, a través del autogolpe de abril de 1992, el presidente de Venezuela, entonces Carlos Andrés Pérez, protestó enérgicamente y lideró la postura contra el reconocimiento a Fujimori. Como consecuencia, el mandatario peruano se la tenía jurada a Pérez. Ese mismo año 1992, Venezuela sufrió dos golpes de Estado, ambos fallidos. Uno fue protagonizado por el mismo Hugo Chávez y el otro por oficiales seguidores suyos. Estos vinieron a refugiarse al Perú, fueron recibidos en Iquitos y Montesinos les consiguió asilo. Ese favor sería útil en la fase final del gobierno de 1990.
Así, en octubre del 2000, la Venezuela de Chávez otorgó una visa de cortesía a Fujimori. Ello fue visto como altamente inusual, puesto que los presidentes en ejercicio no requieren una visa de ese tipo, sino que usan la diplomática. Ante el barullo, Fujimori declaró en El Comercio del 11 de octubre, “Hugo Chávez es mi amigo personal y en algún momento voy a visitarlo un fin de semana”. En ese momento, Fujimori estaba preparando su huida al Japón y utilizó a Venezuela como cortina de humo. En ese juego, Chávez le dio la mano.
Por su parte, Montesinos jugó todas sus fichas en tierra de Bolívar. Después de su segunda fuga, esta vez en el yate “Karisma”, se escondió en Venezuela, en una operación mal hecha, seguida de cerca por periodistas y políticos de oposición peruanos y venezolanos. Especialmente la periodista Patricia Poleo lo buscó incesantemente, mientras las autoridades venezolanas negaban la presencia del ex asesor peruano en su tierra. Pero ahí estaba y la negativa solo aumentaba la sospecha. Era un secreto a voces que Vladimiro Montesinos estaba escondido con conocimiento del mismo gobierno.
Poco antes de que la prensa lo ubique, Montesinos fue entregado por Venezuela en junio del 2001. Ketín Vidal lo trajo y encerró en prisión. ¿Seguirá ahí por mucho tiempo? Quizá no, porque muchos fujimoristas son nostálgicos de los buenos tiempos del tío Vladi.
Algunos medios de comunicación no querrán acordarse, pero Humala no es el aliado principal de Hugo Chávez en nuestra historia política, sino Fujimori. El manto autoritario hermana
Ollanta Humala ha sido señalado incesantemente como chavista y seguirá soportando esta acusación en la segunda vuelta. La mayoría de medios de comunicación se apoya en ese vínculo para sostener la supuesta vocación dictatorial del comandante. Esa idea se fundamenta en la famosa escena del 2006, cuando Humala y su esposa estuvieron presentes, en Venezuela, en una actividad del presidente bolivariano, que elogió al comandante peruano.
Pero, a lo largo de muchos años, Hugo Chávez fue un eficiente aliado de Alberto Fujimori. Incluso, Venezuela sostuvo a Fujimori en el marco de los países andinos, después de la ilegal segunda vuelta del 2000, contra los propósitos de la oposición democrática peruana.
Para aquel entonces, Chávez estaba comenzando su ruta hacia el poder total y afirmando su prototipo caudillista. Por ello, no le interesaba que los demás países del continente, a través de la OEA, supervisen la democracia tutelada de Fujimori. El razonamiento de Chávez era claro. Si bloqueaba el esfuerzo de la OEA por impedir la re-reelección de Fujimori, luego dispondría de autonomía para imponer su propia dictadura disfrazada con piel democrática.
Chávez decidió librar una batalla en el Perú para eventualmente ganar la carambola. Por su parte, si perdía era en piel ajena y no sufría demasiado en su tierra. Esa cercanía de Chávez con Fujimori había sido intermediada por Vladimiro Montesinos y tenía una larga historia. No había comenzado el día anterior.
Cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso y el Poder Judicial, a través del autogolpe de abril de 1992, el presidente de Venezuela, entonces Carlos Andrés Pérez, protestó enérgicamente y lideró la postura contra el reconocimiento a Fujimori. Como consecuencia, el mandatario peruano se la tenía jurada a Pérez. Ese mismo año 1992, Venezuela sufrió dos golpes de Estado, ambos fallidos. Uno fue protagonizado por el mismo Hugo Chávez y el otro por oficiales seguidores suyos. Estos vinieron a refugiarse al Perú, fueron recibidos en Iquitos y Montesinos les consiguió asilo. Ese favor sería útil en la fase final del gobierno de 1990.
Así, en octubre del 2000, la Venezuela de Chávez otorgó una visa de cortesía a Fujimori. Ello fue visto como altamente inusual, puesto que los presidentes en ejercicio no requieren una visa de ese tipo, sino que usan la diplomática. Ante el barullo, Fujimori declaró en El Comercio del 11 de octubre, “Hugo Chávez es mi amigo personal y en algún momento voy a visitarlo un fin de semana”. En ese momento, Fujimori estaba preparando su huida al Japón y utilizó a Venezuela como cortina de humo. En ese juego, Chávez le dio la mano.
Por su parte, Montesinos jugó todas sus fichas en tierra de Bolívar. Después de su segunda fuga, esta vez en el yate “Karisma”, se escondió en Venezuela, en una operación mal hecha, seguida de cerca por periodistas y políticos de oposición peruanos y venezolanos. Especialmente la periodista Patricia Poleo lo buscó incesantemente, mientras las autoridades venezolanas negaban la presencia del ex asesor peruano en su tierra. Pero ahí estaba y la negativa solo aumentaba la sospecha. Era un secreto a voces que Vladimiro Montesinos estaba escondido con conocimiento del mismo gobierno.
Poco antes de que la prensa lo ubique, Montesinos fue entregado por Venezuela en junio del 2001. Ketín Vidal lo trajo y encerró en prisión. ¿Seguirá ahí por mucho tiempo? Quizá no, porque muchos fujimoristas son nostálgicos de los buenos tiempos del tío Vladi.
Algunos medios de comunicación no querrán acordarse, pero Humala no es el aliado principal de Hugo Chávez en nuestra historia política, sino Fujimori. El manto autoritario hermana
EMPEZARONLOS DESPIDOS KAKISTAS
.
La ex productora general de Canal N, Patricia Montero, afirmó que el motivo por el que fue despedida tanto ella como José Jara, productor del noticiero “De 6 a 9” del mismo medio, es porque no apoyaron a Keiko Fujimori.
En una entrevista brindada al El Mundo de España, Montero explicó que en las últimas semanas los periodistas de dicho medio fueron presionados por los dueños del grupo.
“No hay una directiva escrita, pero sí ha habido insinuaciones y presiones de llevar una línea editorial de apoyar a Keiko Fujimori", afirmó la periodista.
De igual manera, explicó que tanto ella como Jara fueron “presionados para ser anti-Humala y no dar información sobre ese candidato”.
“Nos acusaron de humanizar a Humala y por lo tanto de haber contribuido a su triunfo en la primera vuelta", cuenta Montero y menciona que esas presiones vinieron de miembros del directorio de ese medio como Martha Meier Miró Quesada y Luis Miró Quesada, entre otros.
Tratamiento de la información
Para describir el día a día que vivían los periodistas en Canal N, Montero narró a El Mundo que cada vez que entrevistaban a Humala o a uno de los candidatos de su partido al Congreso "nos llamaban inmediatamente por teléfono para no darle tanto tiempo al aire”.
“Cuando entrevistábamos a alguien de Fujimori nunca nos llamaban. Quieren el tener control de los dos canales con el fin de asegurarse de que no gane Humala".
Para Montero, los dueños de El Comercio "se sienten más seguros con Keiko a pesar de sus pasivos y del hecho de que la rodean los mismos que estuvieron con su padre en los 90s”.
También acusa presiones
Otra periodista que se considera acosada por los miembros del directorio, según Montero, es Laura Puerta quien estaba a cargo de la dirección periodística de los dos canales de televisión de El Comercio (América TV y Canal N).
"Hubo dos reuniones del directorio para sacar a Laura de su cargo. El último fue el pasado martes, pero dejaron la decisión hasta después de la segunda vuelta. Por el momento le han quitado la dirección de Canal N y sólo la han dejado a cargo de América".
La ex productora general de Canal N, Patricia Montero, afirmó que el motivo por el que fue despedida tanto ella como José Jara, productor del noticiero “De 6 a 9” del mismo medio, es porque no apoyaron a Keiko Fujimori.
En una entrevista brindada al El Mundo de España, Montero explicó que en las últimas semanas los periodistas de dicho medio fueron presionados por los dueños del grupo.
“No hay una directiva escrita, pero sí ha habido insinuaciones y presiones de llevar una línea editorial de apoyar a Keiko Fujimori", afirmó la periodista.
De igual manera, explicó que tanto ella como Jara fueron “presionados para ser anti-Humala y no dar información sobre ese candidato”.
“Nos acusaron de humanizar a Humala y por lo tanto de haber contribuido a su triunfo en la primera vuelta", cuenta Montero y menciona que esas presiones vinieron de miembros del directorio de ese medio como Martha Meier Miró Quesada y Luis Miró Quesada, entre otros.
Tratamiento de la información
Para describir el día a día que vivían los periodistas en Canal N, Montero narró a El Mundo que cada vez que entrevistaban a Humala o a uno de los candidatos de su partido al Congreso "nos llamaban inmediatamente por teléfono para no darle tanto tiempo al aire”.
“Cuando entrevistábamos a alguien de Fujimori nunca nos llamaban. Quieren el tener control de los dos canales con el fin de asegurarse de que no gane Humala".
Para Montero, los dueños de El Comercio "se sienten más seguros con Keiko a pesar de sus pasivos y del hecho de que la rodean los mismos que estuvieron con su padre en los 90s”.
También acusa presiones
Otra periodista que se considera acosada por los miembros del directorio, según Montero, es Laura Puerta quien estaba a cargo de la dirección periodística de los dos canales de televisión de El Comercio (América TV y Canal N).
"Hubo dos reuniones del directorio para sacar a Laura de su cargo. El último fue el pasado martes, pero dejaron la decisión hasta después de la segunda vuelta. Por el momento le han quitado la dirección de Canal N y sólo la han dejado a cargo de América".
HORROR NO TOQUEN EL MODELO PPKAKA
.Por Humberto Campodónico
Presentamos extractos de la entrevista que dimos a “Hildebrandt en sus trece”, realizada por Juana Gallegos, Edición # 50, 8 de abril del 2010.
“¿Qué pasaría si cambiamos algunos aspectos del modelo económico, significaría que “nos vamos al abismo”?
Parto de dos premisas. Uno: una nueva relación entre Estado y mercado. La economía del Perú, a diferencia de otros países de América Latina, ha quedado sustentada en la preeminencia del mercado y de las inversiones, así en general. Dos: el tipo de crecimiento económico debe traducirse en la diversificación del aparato productivo. No podemos quedarnos como un país primario-exportador donde el 70% de las exportaciones son minerales y petróleo.
Debemos avanzar hasta invertir esta proporción. Se necesita un Estado que guíe la inserción del país en una perspectiva que nos haga más competitivos. Tenemos la más baja inversión en ciencia y tecnología, solo el 0,15% del PBI, mientras que en Chile es 0,80% y en Francia es 3%.
¿Qué sucedería si ponemos un impuesto a las sobreganancias?
Hay empresas mineras que tienen contratos de estabilidad tributaria y que están blindados por la Constitución. Solo pueden ser modificados por acuerdo de las partes, sin considerar siquiera la intervención del Congreso. Fíjese, la ganancia de las empresas ha crecido desde los 90 cuando empezó la inversión. El precio del cobre, por ejemplo, era 90 centavos de dólar por libra y ahora está en US$ 4,30. Ya recuperaron su inversión, no habría ningún problema en negociar con las mineras. Pero, claro, ninguna te va a decir que va a dar parte de su ganancia voluntariamente. Tiene que haber un gobierno con voluntad política para hacerlo y plantearles que el Perú necesita una mayor participación en la explotación de sus recursos naturales.
Es un mito que eso significaría romper con el modelo. Radical sería otorgar subsidios indiscriminados o controlar la tasa de cambio. Es más, parece que nadie se ha dado cuenta de que existe el óbolo minero y que, más allá de que se trata de un monto pequeño, es el reconocimiento de que hay una ganancia extraordinaria.
¿Qué pasaría si fortalecemos a las instituciones reguladoras del Estado?
Además de Osinergmin y Osiptel, mire lo que pasa con Indecopi: se ha bajado el IGV y los aranceles para las medicinas contra el cáncer y el sida y los precios siguen igual de altos. Los únicos ganadores aquí terminan siendo los laboratorios que ponen de pretexto que “en el país hay libertad de precios”. Entonces mejor que restituyan el IGV para que el Estado no deje de recaudar ingresos tributarios.
Mire lo que pasa con las AFP, que cobran lo que les da la gana por comisión. El nivel de ingresos que obtienen supera ampliamente sus gastos. Dicen que eso es así porque estamos en una economía de “libre mercado”. La Superintendencia de Banca y Seguros plantea un proyecto de ley para regularlos y responden “es un acto inconstitucional”.
Lo que el sentido común dicta a la gente es que, con este modelo, cuando la marea sube no suben todos los botes, suben algunos y no los de ellos. Respecto a las prendas dumping, es extraordinario que se importen ternos por 9 soles y los vendan a 92, hablando de un precio hipotético. En Colombia, por ejemplo, se ha establecido un precio mínimo de 12 dólares para un jean importado, venga de donde venga. Aquí hay prendas que entran a 80 centavos de dólar el kilo y no pasa nada.
¿Es ir contra el modelo revisar la Constitución del 93 respecto a todo aquello que significó desmantelar los derechos laborales?
No. No solo es la Constitución del 93. La Ley del Trabajo está congelada en el Congreso desde el 2003, por eso persisten las services, así como las amenazas cuando se forman sindicatos. Estudiar los artículos sobre los derechos laborales no significa ir
contra el modelo. Otra cosa sería volver a la estabilidad laboral tipo Velasco que impedía a las empresas despedir a cualquiera.
Sin embargo, sin sindicatos importantes los trabajadores no pueden proteger sus derechos, lo dice la OIT. Los que dicen que esto sería “retroceder” son los que, verdaderamente, están atrasados y persisten en escucharse solo a sí mismos, mirándose el ombligo”.
Presentamos extractos de la entrevista que dimos a “Hildebrandt en sus trece”, realizada por Juana Gallegos, Edición # 50, 8 de abril del 2010.
“¿Qué pasaría si cambiamos algunos aspectos del modelo económico, significaría que “nos vamos al abismo”?
Parto de dos premisas. Uno: una nueva relación entre Estado y mercado. La economía del Perú, a diferencia de otros países de América Latina, ha quedado sustentada en la preeminencia del mercado y de las inversiones, así en general. Dos: el tipo de crecimiento económico debe traducirse en la diversificación del aparato productivo. No podemos quedarnos como un país primario-exportador donde el 70% de las exportaciones son minerales y petróleo.
Debemos avanzar hasta invertir esta proporción. Se necesita un Estado que guíe la inserción del país en una perspectiva que nos haga más competitivos. Tenemos la más baja inversión en ciencia y tecnología, solo el 0,15% del PBI, mientras que en Chile es 0,80% y en Francia es 3%.
¿Qué sucedería si ponemos un impuesto a las sobreganancias?
Hay empresas mineras que tienen contratos de estabilidad tributaria y que están blindados por la Constitución. Solo pueden ser modificados por acuerdo de las partes, sin considerar siquiera la intervención del Congreso. Fíjese, la ganancia de las empresas ha crecido desde los 90 cuando empezó la inversión. El precio del cobre, por ejemplo, era 90 centavos de dólar por libra y ahora está en US$ 4,30. Ya recuperaron su inversión, no habría ningún problema en negociar con las mineras. Pero, claro, ninguna te va a decir que va a dar parte de su ganancia voluntariamente. Tiene que haber un gobierno con voluntad política para hacerlo y plantearles que el Perú necesita una mayor participación en la explotación de sus recursos naturales.
Es un mito que eso significaría romper con el modelo. Radical sería otorgar subsidios indiscriminados o controlar la tasa de cambio. Es más, parece que nadie se ha dado cuenta de que existe el óbolo minero y que, más allá de que se trata de un monto pequeño, es el reconocimiento de que hay una ganancia extraordinaria.
¿Qué pasaría si fortalecemos a las instituciones reguladoras del Estado?
Además de Osinergmin y Osiptel, mire lo que pasa con Indecopi: se ha bajado el IGV y los aranceles para las medicinas contra el cáncer y el sida y los precios siguen igual de altos. Los únicos ganadores aquí terminan siendo los laboratorios que ponen de pretexto que “en el país hay libertad de precios”. Entonces mejor que restituyan el IGV para que el Estado no deje de recaudar ingresos tributarios.
Mire lo que pasa con las AFP, que cobran lo que les da la gana por comisión. El nivel de ingresos que obtienen supera ampliamente sus gastos. Dicen que eso es así porque estamos en una economía de “libre mercado”. La Superintendencia de Banca y Seguros plantea un proyecto de ley para regularlos y responden “es un acto inconstitucional”.
Lo que el sentido común dicta a la gente es que, con este modelo, cuando la marea sube no suben todos los botes, suben algunos y no los de ellos. Respecto a las prendas dumping, es extraordinario que se importen ternos por 9 soles y los vendan a 92, hablando de un precio hipotético. En Colombia, por ejemplo, se ha establecido un precio mínimo de 12 dólares para un jean importado, venga de donde venga. Aquí hay prendas que entran a 80 centavos de dólar el kilo y no pasa nada.
¿Es ir contra el modelo revisar la Constitución del 93 respecto a todo aquello que significó desmantelar los derechos laborales?
No. No solo es la Constitución del 93. La Ley del Trabajo está congelada en el Congreso desde el 2003, por eso persisten las services, así como las amenazas cuando se forman sindicatos. Estudiar los artículos sobre los derechos laborales no significa ir
contra el modelo. Otra cosa sería volver a la estabilidad laboral tipo Velasco que impedía a las empresas despedir a cualquiera.
Sin embargo, sin sindicatos importantes los trabajadores no pueden proteger sus derechos, lo dice la OIT. Los que dicen que esto sería “retroceder” son los que, verdaderamente, están atrasados y persisten en escucharse solo a sí mismos, mirándose el ombligo”.
EL GAASSSS
.Por Humberto Campodónico
Un reciente estudio (abril del 2011) del Energy Information Administration del Departamento de Energía de EEUU contiene información que producirá un cambio fundamental en el mercado mundial de gas natural (GN). Y, por lo que vamos a ver, con la actual política peruana no vamos a salir bien librados.
El estudio (1) trata del gas esquisto (en inglés, “shale gas”), hidrocarburo que ahora podrá ser extraído y comercializado ampliamente debido a nuevas técnicas de ingeniería geológica. Lo importante es que los recursos técnicamente recuperables (RTR) ascienden a 6,622 billones de pies cúbicos, cantidad que duplica a las reservas probadas de GN (2).
Hay varios países de la región que poseen grandes cantidades de este gas. Así, Colombia, que solo posee 4 bpc de reservas probadas de GN tiene 19 bpc de RTR de gas esquisto, es decir, 5 veces más. A manera de comparación, el Perú, en los Lotes 88 y 56 tiene 8 bpc de reservas probadas de GN y probablemente 4 bpc más en los lotes aledaños, el 57 de Repsol y el 58 de Petrobrás.
De su lado, Argentina tendría 774 bpc de gas esquisto, lo que incrementa sus actuales reservas de GN (13.4bpc) en nada menos que 5,676%. Incluso países como Uruguay y Paraguay que –hoy– no tienen reservas probadas de GN pasarían a tener 21 y 62 bpc de RTR de gas esquisto. Conclusión: si todos van a tener gas, ¿cuál es el sentido de exportar nuestro pasaporte a la independencia energética en el largo plazo?
EEUU es uno de los países que más nos interesan, porque la venta del gas del Lote 56 y del Lote 88 va a México, cuyos precios son los mismos. Pues bien, EEUU tiene un aumento del 213% y el propio México un aumento impresionante de 5,575%.
Estas cifras no son una invención. Son realidad constatada por el EIA que dice que las regiones prioritarias para su Estudio fueron seleccionadas por una combinación de factores que incluyeron “la disponibilidad potencial de información, la dependencia de las importaciones de gas, los yacimientos observados de gas esquisto y las observaciones de las actividades implementadas por los gobiernos y las empresas para el desarrollo del gas esquisto”. Ignoramos por qué Perú no figura en la lista.
Si esto es así –y lo es– los precios del gas natural tenderán a la baja, por la mayor oferta. Eso ya sucede en EEUU, donde la producción del gas esquisto en el 2009 fue el 23% de la producción total. Para nosotros la noticia es pésima, pues Repsol tiene comprometida la venta de nuestro gas a México.
Esto reconfirma lo que aquí se ha dicho hace tiempo: que exportamos a nuestro gas a precios inferiores a los de nuestro mercado interno. En efecto, el precio “netback” a México es de US$ 0.60 /MMBTU mientras que aquí el precio es US$ 2.50/MMBTU.
No solo eso: la exportación del gas fraguada bajo Toledo, y ratificada por este gobierno, impide que las reservas del Lote 88 abastezcan las necesidades del mercado interno, como el gasoducto andino, las demandas industriales y las conexiones domiciliarias. Por eso se debe cumplir de inmediato con lo que dispone el DS-053-2010-EM para que el 100% de las reservas del Lote 88 vuelvan al mercado interno. ¿Hasta cuándo?
Un reciente estudio (abril del 2011) del Energy Information Administration del Departamento de Energía de EEUU contiene información que producirá un cambio fundamental en el mercado mundial de gas natural (GN). Y, por lo que vamos a ver, con la actual política peruana no vamos a salir bien librados.
El estudio (1) trata del gas esquisto (en inglés, “shale gas”), hidrocarburo que ahora podrá ser extraído y comercializado ampliamente debido a nuevas técnicas de ingeniería geológica. Lo importante es que los recursos técnicamente recuperables (RTR) ascienden a 6,622 billones de pies cúbicos, cantidad que duplica a las reservas probadas de GN (2).
Hay varios países de la región que poseen grandes cantidades de este gas. Así, Colombia, que solo posee 4 bpc de reservas probadas de GN tiene 19 bpc de RTR de gas esquisto, es decir, 5 veces más. A manera de comparación, el Perú, en los Lotes 88 y 56 tiene 8 bpc de reservas probadas de GN y probablemente 4 bpc más en los lotes aledaños, el 57 de Repsol y el 58 de Petrobrás.
De su lado, Argentina tendría 774 bpc de gas esquisto, lo que incrementa sus actuales reservas de GN (13.4bpc) en nada menos que 5,676%. Incluso países como Uruguay y Paraguay que –hoy– no tienen reservas probadas de GN pasarían a tener 21 y 62 bpc de RTR de gas esquisto. Conclusión: si todos van a tener gas, ¿cuál es el sentido de exportar nuestro pasaporte a la independencia energética en el largo plazo?
EEUU es uno de los países que más nos interesan, porque la venta del gas del Lote 56 y del Lote 88 va a México, cuyos precios son los mismos. Pues bien, EEUU tiene un aumento del 213% y el propio México un aumento impresionante de 5,575%.
Estas cifras no son una invención. Son realidad constatada por el EIA que dice que las regiones prioritarias para su Estudio fueron seleccionadas por una combinación de factores que incluyeron “la disponibilidad potencial de información, la dependencia de las importaciones de gas, los yacimientos observados de gas esquisto y las observaciones de las actividades implementadas por los gobiernos y las empresas para el desarrollo del gas esquisto”. Ignoramos por qué Perú no figura en la lista.
Si esto es así –y lo es– los precios del gas natural tenderán a la baja, por la mayor oferta. Eso ya sucede en EEUU, donde la producción del gas esquisto en el 2009 fue el 23% de la producción total. Para nosotros la noticia es pésima, pues Repsol tiene comprometida la venta de nuestro gas a México.
Esto reconfirma lo que aquí se ha dicho hace tiempo: que exportamos a nuestro gas a precios inferiores a los de nuestro mercado interno. En efecto, el precio “netback” a México es de US$ 0.60 /MMBTU mientras que aquí el precio es US$ 2.50/MMBTU.
No solo eso: la exportación del gas fraguada bajo Toledo, y ratificada por este gobierno, impide que las reservas del Lote 88 abastezcan las necesidades del mercado interno, como el gasoducto andino, las demandas industriales y las conexiones domiciliarias. Por eso se debe cumplir de inmediato con lo que dispone el DS-053-2010-EM para que el 100% de las reservas del Lote 88 vuelvan al mercado interno. ¿Hasta cuándo?
SOBREGANANCIAS MINERAS
.Por Humberto Campodónico
Uno de los temas que han ido ganando consenso es, de un lado, que las empresas mineras están obteniendo ganancias elevadísimas debido a los altos precios y, de otro, que el Estado no está percibiendo la participación que le corresponde, tanto por impuesto a la renta como por regalías.
Uno de los puntos clave a resolver para avanzar son los contratos de estabilidad firmados entre el Estado y las empresas mineras. ¿Por qué? Porque el Art.62 de la Constitución de 1993 establece que solo pueden ser modificados por acuerdo entre las partes. Por tanto, la discusión aquí debiera centrarse en las negociaciones que lleven a su modificación.
Antes de entrar a ese tema, veamos: los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión Minera han sido firmados por las empresas y el Ministerio de Energía y Minas, al amparo del Art. 78 de la Ley General de Minería (DS Nº 014-92-EM).
Estos contratos duran 15 años y están en el Portal del MINEM (www.minem.gob.pe). Vemos que los contratos con Southern y con Yanacocha (por Maqui Maqui) ya vencieron en el 2010 y el 2011 (el cuadro no incluye contratos más antiguos que ya vencieron). Vemos también que el contrato de Barrick (por Pierina), el de Cerro Verde y el de Yanacocha (por Cerro Yanacocha) vencen en el 2012, 2013 y 2014, respectivamente.
Uno de los contratos más importantes es el de Antamina, por US$ 2,094 millones, que vence en el 2015. Luego viene Barrick (por Alto Chicama), vence el 2020, y también Toromocho de Chinalco, que debe comenzar su inversión en el 2012, por lo que su contrato expira recién en el 2027. A estos debe sumarse el de Xstrata por Las Bambas, firmado en el 2009 al amparo de los DL 662 y 757 del año 1991 (la inversión debe comenzar el 2011), motivo por el cual no aparece en el cuadro.
¿Cómo negociar? El punto de partida debiera ser explicarles a las empresas que las condiciones económicas y sociales de 1991 y 1992 (precios internacionales bajos, guerra interna, hiperinflación), no son las mismas que las de hoy (precios altísimos debido al fuerte crecimiento de los emergentes –sobre todo en Asia–, inflación baja).
Ese cambio da lugar a nuevas condiciones económicas y sociales que ameritan modificar los contratos en beneficio de la estabilidad económica y social de las partes. Algo parecido invocó el Presidente Piñera de Chile con respecto el terremoto y las necesidades de la reconstrucción, lo que fue aceptado por las empresas mineras (ver Impuestos mundiales a las sobreganancias mineras, www.cristaldemira.com, 26/2/11).
El tema de fondo es que la rentabilidad de las empresas no se va a afectar. Aquí la cuestión clave no es la carga impositiva existente, sino las exorbitantes tasas de retorno de la inversión que ya están obteniendo las mineras, con las que nunca ni siquiera soñaron. ¿Por qué no compartirían una parte de esa sobreganancia con el país receptor, como por ejemplo ya lo hicieron –aunque en una cantidad ínfima– con el óbolo minero que, justamente, vence a fin de año?
Para terminar, debe modificarse la ley de minería para que los nuevos contratos permitan un reparto adecuado de las utilidades y las sobreganancias entre las empresas mineras y el Estado. Esas modificaciones se pudieron hacer bajo Toledo y García y hoy son moneda corriente en todo el mundo. Pero nada. Esta es, por tanto, la oportunidad para hacerlo. Salvo peor parecer.
Uno de los temas que han ido ganando consenso es, de un lado, que las empresas mineras están obteniendo ganancias elevadísimas debido a los altos precios y, de otro, que el Estado no está percibiendo la participación que le corresponde, tanto por impuesto a la renta como por regalías.
Uno de los puntos clave a resolver para avanzar son los contratos de estabilidad firmados entre el Estado y las empresas mineras. ¿Por qué? Porque el Art.62 de la Constitución de 1993 establece que solo pueden ser modificados por acuerdo entre las partes. Por tanto, la discusión aquí debiera centrarse en las negociaciones que lleven a su modificación.
Antes de entrar a ese tema, veamos: los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión Minera han sido firmados por las empresas y el Ministerio de Energía y Minas, al amparo del Art. 78 de la Ley General de Minería (DS Nº 014-92-EM).
Estos contratos duran 15 años y están en el Portal del MINEM (www.minem.gob.pe). Vemos que los contratos con Southern y con Yanacocha (por Maqui Maqui) ya vencieron en el 2010 y el 2011 (el cuadro no incluye contratos más antiguos que ya vencieron). Vemos también que el contrato de Barrick (por Pierina), el de Cerro Verde y el de Yanacocha (por Cerro Yanacocha) vencen en el 2012, 2013 y 2014, respectivamente.
Uno de los contratos más importantes es el de Antamina, por US$ 2,094 millones, que vence en el 2015. Luego viene Barrick (por Alto Chicama), vence el 2020, y también Toromocho de Chinalco, que debe comenzar su inversión en el 2012, por lo que su contrato expira recién en el 2027. A estos debe sumarse el de Xstrata por Las Bambas, firmado en el 2009 al amparo de los DL 662 y 757 del año 1991 (la inversión debe comenzar el 2011), motivo por el cual no aparece en el cuadro.
¿Cómo negociar? El punto de partida debiera ser explicarles a las empresas que las condiciones económicas y sociales de 1991 y 1992 (precios internacionales bajos, guerra interna, hiperinflación), no son las mismas que las de hoy (precios altísimos debido al fuerte crecimiento de los emergentes –sobre todo en Asia–, inflación baja).
Ese cambio da lugar a nuevas condiciones económicas y sociales que ameritan modificar los contratos en beneficio de la estabilidad económica y social de las partes. Algo parecido invocó el Presidente Piñera de Chile con respecto el terremoto y las necesidades de la reconstrucción, lo que fue aceptado por las empresas mineras (ver Impuestos mundiales a las sobreganancias mineras, www.cristaldemira.com, 26/2/11).
El tema de fondo es que la rentabilidad de las empresas no se va a afectar. Aquí la cuestión clave no es la carga impositiva existente, sino las exorbitantes tasas de retorno de la inversión que ya están obteniendo las mineras, con las que nunca ni siquiera soñaron. ¿Por qué no compartirían una parte de esa sobreganancia con el país receptor, como por ejemplo ya lo hicieron –aunque en una cantidad ínfima– con el óbolo minero que, justamente, vence a fin de año?
Para terminar, debe modificarse la ley de minería para que los nuevos contratos permitan un reparto adecuado de las utilidades y las sobreganancias entre las empresas mineras y el Estado. Esas modificaciones se pudieron hacer bajo Toledo y García y hoy son moneda corriente en todo el mundo. Pero nada. Esta es, por tanto, la oportunidad para hacerlo. Salvo peor parecer.
YA ES HORA
.Por Humberto Campodónico
Las empresas públicas tienen singular importancia en la mayoría de países de América Latina. Por ejemplo, en Colombia la producción y exportación de petróleo de la estatal ECOPETROL contribuye de manera significativa a la generación de divisas y los ingresos tributarios del Estado. Además, ECOPETROL se está internacionalizando y hace poco compró una petrolera peruana, Petrotech, en el mar de Talara.
También es importante la estatal eléctrica ISA, con sede en Medellín, que en el Perú compró Etecen y Etesur, empresas estatales que manejaban todas las torres de transmisión, pero que fueron privatizadas bajo Toledo, en lo que ha sido uno de los mayores desaciertos privatizadores pues funcionaban como un relojito. En Brasil es clave Petrobrás, que ha duplicado la producción de petróleo en 10 años. Ahora el país se autoabastece y no depende del petróleo importado. Tiene inversiones en Africa, Asia y EEUU. En Argentina es el segundo productor de petróleo después de Repsol y en el Perú tiene campos en Talara y el Lote 57, cerca de Camisea, donde ha descubierto 1.7 bpc de gas natural. Tanto Petrobrás como ECOPETROL cotizan en la Bolsa de Valores y tienen un sistema de elección por méritos de su Presidente, para que la presida un profesional con trayectoria –y honesto–. También tienen un comité de control de las compras, con la participación de la sociedad civil y los gremios empresariales. Con esas dos medidas, pueden evitar tanto la repartija de cargos de aquellos que consideran las empresas estatales como un botín político como los “faenones” made in Perú.
En Chile la estatal Codelco es la primera empresa de cobre del mundo y sus costos de producción son iguales a los de las empresas privadas. En el 2010 tuvo exportaciones por US$ 16,066 millones y pagos al fisco por US$ 6,069 millones (Memoria 2010), que incluyen US$ 1,271 millones para sus FFAA. Así, Codelco es eficiente, genera divisas y aporta impuestos. Qué les parece.
También está la estatal ENAP, dueña de las dos únicas refinerías de Chile y que es una herramienta para lograr un abastecimiento energético seguro y confiable. Cuando en el 2004 Argentina restringió en 85% las exportaciones de gas a Chile, ENAP formó una Asociación Público-Privada (APP) con British Gas e invirtió US$ 1,050 millones para construir un Terminal de Regasificación, donde ahora llegan buques metaneros de todo el mundo. Además, en el Perú es dueña del 50% de los grifos Primax –el otro 50% es del Grupo Romero–. Esta compra ocurrió bajo Toledo, negándole explícitamente a Petroperú que participe en la operación.
Así, solo aquí la derecha arcaica sigue planteando que las empresas públicas son sinónimo de atraso, motivo por el cual se aferran al Art. 60 de la Constitución de 1993 que establece la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial. Eso no forma parte de la Constitución ni siquiera de EEUU ni de país europeo alguno ni, tampoco, claro está, de ningún país de la Región. Una Petroperú con “look” Petrobrás, ECOPETROL y Codelco fácilmente podría participar en una APP con empresas privadas para comenzar, ya, la construcción del gasoducto andino con las reservas del Lote 88. Todo el sur tendría gas –energía– para las industrias (el mercado brasileño está al lado), para los autos en las ciudades y para el transporte interprovincial, para la petroquímica de Ilo. En fin. La derecha no quiere empresas públicas en esos sectores para que todo sea de los privados. No tiene intereses estratégicos nacionales pues solo piensa en las ganancias de fin de año. Es en ese marco que se mueven, felices, las empresas extranjeras.
Claro, si el Estado no raya la cancha del desarrollo nacional, ¿por qué habrían de hacerlo ellos? En el Siglo XXI las empresas públicas son la garantía del abastecimiento energético, lo que significa que debe derogarse –por anacrónico y antinacional– el Art. 60 de la Constitución Fujimori-Yoshiyama. Ya es hora.
Las empresas públicas tienen singular importancia en la mayoría de países de América Latina. Por ejemplo, en Colombia la producción y exportación de petróleo de la estatal ECOPETROL contribuye de manera significativa a la generación de divisas y los ingresos tributarios del Estado. Además, ECOPETROL se está internacionalizando y hace poco compró una petrolera peruana, Petrotech, en el mar de Talara.
También es importante la estatal eléctrica ISA, con sede en Medellín, que en el Perú compró Etecen y Etesur, empresas estatales que manejaban todas las torres de transmisión, pero que fueron privatizadas bajo Toledo, en lo que ha sido uno de los mayores desaciertos privatizadores pues funcionaban como un relojito. En Brasil es clave Petrobrás, que ha duplicado la producción de petróleo en 10 años. Ahora el país se autoabastece y no depende del petróleo importado. Tiene inversiones en Africa, Asia y EEUU. En Argentina es el segundo productor de petróleo después de Repsol y en el Perú tiene campos en Talara y el Lote 57, cerca de Camisea, donde ha descubierto 1.7 bpc de gas natural. Tanto Petrobrás como ECOPETROL cotizan en la Bolsa de Valores y tienen un sistema de elección por méritos de su Presidente, para que la presida un profesional con trayectoria –y honesto–. También tienen un comité de control de las compras, con la participación de la sociedad civil y los gremios empresariales. Con esas dos medidas, pueden evitar tanto la repartija de cargos de aquellos que consideran las empresas estatales como un botín político como los “faenones” made in Perú.
En Chile la estatal Codelco es la primera empresa de cobre del mundo y sus costos de producción son iguales a los de las empresas privadas. En el 2010 tuvo exportaciones por US$ 16,066 millones y pagos al fisco por US$ 6,069 millones (Memoria 2010), que incluyen US$ 1,271 millones para sus FFAA. Así, Codelco es eficiente, genera divisas y aporta impuestos. Qué les parece.
También está la estatal ENAP, dueña de las dos únicas refinerías de Chile y que es una herramienta para lograr un abastecimiento energético seguro y confiable. Cuando en el 2004 Argentina restringió en 85% las exportaciones de gas a Chile, ENAP formó una Asociación Público-Privada (APP) con British Gas e invirtió US$ 1,050 millones para construir un Terminal de Regasificación, donde ahora llegan buques metaneros de todo el mundo. Además, en el Perú es dueña del 50% de los grifos Primax –el otro 50% es del Grupo Romero–. Esta compra ocurrió bajo Toledo, negándole explícitamente a Petroperú que participe en la operación.
Así, solo aquí la derecha arcaica sigue planteando que las empresas públicas son sinónimo de atraso, motivo por el cual se aferran al Art. 60 de la Constitución de 1993 que establece la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial. Eso no forma parte de la Constitución ni siquiera de EEUU ni de país europeo alguno ni, tampoco, claro está, de ningún país de la Región. Una Petroperú con “look” Petrobrás, ECOPETROL y Codelco fácilmente podría participar en una APP con empresas privadas para comenzar, ya, la construcción del gasoducto andino con las reservas del Lote 88. Todo el sur tendría gas –energía– para las industrias (el mercado brasileño está al lado), para los autos en las ciudades y para el transporte interprovincial, para la petroquímica de Ilo. En fin. La derecha no quiere empresas públicas en esos sectores para que todo sea de los privados. No tiene intereses estratégicos nacionales pues solo piensa en las ganancias de fin de año. Es en ese marco que se mueven, felices, las empresas extranjeras.
Claro, si el Estado no raya la cancha del desarrollo nacional, ¿por qué habrían de hacerlo ellos? En el Siglo XXI las empresas públicas son la garantía del abastecimiento energético, lo que significa que debe derogarse –por anacrónico y antinacional– el Art. 60 de la Constitución Fujimori-Yoshiyama. Ya es hora.
GUERRA SUCIA
.Por Humberto Campodónico
Es de todos conocido que las encuestas preprimera vuelta decían que un tercio de la población pedía cambios al programa económico y que otro tercio pedía “cambios radicales” a ese mismo programa. Es también constatable que la primera vuelta la ganó el candidato que proponía esos cambios. En otras palabras, los cambios que la gente pedía poco a poco fueron encontrando una representación política.
Pero cuando se propone poner en marcha esos cambios –necesarios para que poco a poco se vaya reduciendo la desigualdad social– inmediatamente son criticados desde todos los ángulos, con diversos “argumentos”: generan inflación, no son financiables, van a quitar los ahorros de la gente, generarán déficit fiscal, etc.
Entonces, ¿qué se puede hacer? Nada, porque los críticos afirman que todo cambio en el programa o en el modelo es malo per se. Ergo, nada cambia para que todo siga igual.
Es lo que se dice, por ejemplo, de la pensión social (o pensión no contributiva) que propone la Pensión 65 de Gana Perú: todos los peruanos mayores de 65 años –que han trabajado toda su vida pero no han podido aportar a ningún sistema de pensiones– tienen derecho a recibir una Pensión Social.
Se afirma que esto va a “desincentivar” los aportes de los trabajadores que ya están contribuyendo al sistema privado y público y, también, que no habrá dinero para financiarlos. Lo mismo se dijo en Chile cuando la presidenta Bachelet instauró la pensión social para todos los ciudadanos mayores de 65 años.
Pero sucedió que lo de la “desincentivación” de los aportes no pasó de ser un “rumor interesado” de las AFP chilenas. Y con respecto al financiamiento, el gobierno dijo bien claro que este programa era prioritario y lo incluyó dentro de las metas presupuestales. Así, del 2008 al 2011 esta inversión social pasó de US$ 440 a 1.816 millones y las personas beneficiadas casi se duplicaron: en el 2011 serán 1,17 millones de chilenos (ver cuadro).
¿Es que al presidente Piñera se le ha ocurrido criticar esta reforma de la presidenta Bachelet? Nada que ver, ni la ha tocado porque hay lucidez en la derecha chilena. No solo eso, Piñera acaba de anunciar que en el 2011 más de 115.000 mujeres recibirán el “bono por hijo”, que busca mejorar las pensiones de las mujeres. Se han incluido 92.710 millones de pesos (US$ 185 millones) en el Presupuesto 2011. Agreguemos el “bono marzo”, creación Piñera, que entregará 40.000 pesos a 4 millones de chilenos por un total de US$ 326 millones en el 2011.
La cuestión es clara. Si se busca reducir la enorme desigualdad social (algo en lo que, supuestamente, todos concuerdan), los ciudadanos de un país deben sentir que todos están en el mismo barco, navegando a un destino común. La pensión social contribuye a ese objetivo y es ya una realidad no solo en Chile, sino también en Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay.
Esta pensión social es perfectamente viable en el Perú. Se pueden discutir los montos y los esquemas técnicos. OK. No hay problema porque todo es perfectible. Lo que no se puede hacer, responsablemente, es tirársela abajo. A menos que, claro, se trate de una “guerra sucia” sin cuartel para que nada cambie, para que todo siga igual.
Es de todos conocido que las encuestas preprimera vuelta decían que un tercio de la población pedía cambios al programa económico y que otro tercio pedía “cambios radicales” a ese mismo programa. Es también constatable que la primera vuelta la ganó el candidato que proponía esos cambios. En otras palabras, los cambios que la gente pedía poco a poco fueron encontrando una representación política.
Pero cuando se propone poner en marcha esos cambios –necesarios para que poco a poco se vaya reduciendo la desigualdad social– inmediatamente son criticados desde todos los ángulos, con diversos “argumentos”: generan inflación, no son financiables, van a quitar los ahorros de la gente, generarán déficit fiscal, etc.
Entonces, ¿qué se puede hacer? Nada, porque los críticos afirman que todo cambio en el programa o en el modelo es malo per se. Ergo, nada cambia para que todo siga igual.
Es lo que se dice, por ejemplo, de la pensión social (o pensión no contributiva) que propone la Pensión 65 de Gana Perú: todos los peruanos mayores de 65 años –que han trabajado toda su vida pero no han podido aportar a ningún sistema de pensiones– tienen derecho a recibir una Pensión Social.
Se afirma que esto va a “desincentivar” los aportes de los trabajadores que ya están contribuyendo al sistema privado y público y, también, que no habrá dinero para financiarlos. Lo mismo se dijo en Chile cuando la presidenta Bachelet instauró la pensión social para todos los ciudadanos mayores de 65 años.
Pero sucedió que lo de la “desincentivación” de los aportes no pasó de ser un “rumor interesado” de las AFP chilenas. Y con respecto al financiamiento, el gobierno dijo bien claro que este programa era prioritario y lo incluyó dentro de las metas presupuestales. Así, del 2008 al 2011 esta inversión social pasó de US$ 440 a 1.816 millones y las personas beneficiadas casi se duplicaron: en el 2011 serán 1,17 millones de chilenos (ver cuadro).
¿Es que al presidente Piñera se le ha ocurrido criticar esta reforma de la presidenta Bachelet? Nada que ver, ni la ha tocado porque hay lucidez en la derecha chilena. No solo eso, Piñera acaba de anunciar que en el 2011 más de 115.000 mujeres recibirán el “bono por hijo”, que busca mejorar las pensiones de las mujeres. Se han incluido 92.710 millones de pesos (US$ 185 millones) en el Presupuesto 2011. Agreguemos el “bono marzo”, creación Piñera, que entregará 40.000 pesos a 4 millones de chilenos por un total de US$ 326 millones en el 2011.
La cuestión es clara. Si se busca reducir la enorme desigualdad social (algo en lo que, supuestamente, todos concuerdan), los ciudadanos de un país deben sentir que todos están en el mismo barco, navegando a un destino común. La pensión social contribuye a ese objetivo y es ya una realidad no solo en Chile, sino también en Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay.
Esta pensión social es perfectamente viable en el Perú. Se pueden discutir los montos y los esquemas técnicos. OK. No hay problema porque todo es perfectible. Lo que no se puede hacer, responsablemente, es tirársela abajo. A menos que, claro, se trate de una “guerra sucia” sin cuartel para que nada cambie, para que todo siga igual.