salario minimo

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.Por: Humberto Campodónico

En el Perú el salario mínimo de 600 soles es uno de los más bajos de América Latina. Además de ello, no se cumplen los dispositivos legales vigentes que establecen que el Consejo Nacional del Trabajo, que depende del Ministerio del Trabajo, debe actualizar cada dos años el cálculo del salario mínimo, de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta la productividad pasada y un estimado de la inflación futura.

¿Por qué? Porque el actual gobierno así lo ha decidido de manera unilateral. Pero esto no sucede en otros países de la Región como Colombia, Brasil, Chile y Argentina, donde existen dispositivos legales similares, porque los gobiernos de esos países sí los respetan. De lo que se trata, entonces, es de aplicar la legislación vigente sobre el salario mínimo.

Sin embargo, cuando esto se plantea, los técnicos neoliberales dicen que no se puede, por diversas razones: el aumento sería inflacionario y, además, incrementaría los costos de los microempresarios. Todos esos argumentos, no obstante, han sido debidamente rebatidos en discusiones académicas y técnicas. Pero el “no se puede” se mantiene.

Todos sabemos que las reservas de gas del Lote 88 deben dedicarse exclusivamente al mercado interno, que tiene escasez de abastecimiento. ¿Por qué? Porque la renegociación ilegal del Lote 88 del 2005-2006 cambió el contrato original y permitió que éstas fueran exportadas a México. Perdemos así nuestra independencia energética y la posibilidad de sustituir masivamente el petróleo caro por el gas barato para la población.

Como creció la protesta contra esta renegociación ilegal, el gobierno de García no tuvo más remedio que promulgar el DS-053-2010-EM que autoriza a Perupetro a renegociar dicho contrato para que el 100% de las reservas vuelvan al mercado interno. Pero los neoliberales dicen que no se puede, porque eso implicaría violar la estabilidad jurídica de los contratos-ley (pero omiten decir que esa estabilidad fue violada en el 2006).

En el 2006 el gobierno de García prometió un impuesto a las sobreganancias mineras, argumentando correctamente que estas ganancias se originaban en una extraordinaria alza de precios de los minerales que nada tenía que ver con un incremento de la productividad de la empresa (discurso de AGP del 28/07/2006). Pero, luego, el gobierno se desdijo de su promesa e implementó el óbolo (aporte voluntario), que representa una pequeñísima fracción de la renta minera que corresponde a la Nación.

Cuando se plantea, en el 2011, que ya termina el plazo del óbolo y que hay que dar paso a un impuesto a las sobreganancias –ojo, los precios están muchos más altos que en el 2006–, los neoliberales dicen que no se puede, porque se estarían violando los contratos de estabilidad tributaria. Y cuando se les dice que de lo que se trata es de sentarse a la mesa las dos partes como ha sucedido muchas veces antes (a pedido de las empresas, obteniendo éstas siempre lo que pedían porque el Estado cedía a sus demandas), vuelven a rasgarse las vestiduras y dicen que no se puede.

Sin embargo, cuando los tres planteamientos aquí expuestos se vuelven consenso entre la población por la solvencia de los argumentos desplegados –en este caso por Gana Perú– lo que vemos es que la candidata de Fuerza 2011 también los hace suyos (por lo menos en el discurso). Así, ahora Fuerza 2011, electoreramente, también plantea el aumento del salario mínimo, la renegociación del Lote 88 y el impuesto a las sobreganancias mineras.

Si los técnicos neoliberales fueran consecuentes con su teoría, deberían decirle también que “no se puede”. Pero no es eso lo que hacen. Más bien ahora su “argumento” es: no se oye, padre.