90 dias

Por: Javier Diez Canseco

A 90 días de instalado el gobierno de Humala, la estrategia de la derecha más conservadora es clara. Aunque perdieron, buscaron imponer, desde los poderes fácticos económicos y mediáticos, el control sobre centros de decisión económica y financiera gubernamental. La concertación con PP, SP y AP había dado mayoría electoral a Humala, pero –una vez más– quedó claro que las mayorías electorales (si no son mayorías sociales y políticas organizadas) resultan insuficientes para gobernar: el peso de los poderes fácticos y su capacidad desestabilizadora logra colocarse por encima de las elecciones. Su inmediata manipulación de la bolsa de valores y el mercado cambiario dio mensaje claro al día siguiente de la elección y, en semanas, lograron presencia en la gestión.
Poderosos gremios de grupos de poder económico abrieron rápida negociación sobre los cambios que afectarían la renta que se llevan ante una política gubernamental que acentúa el crecimiento con justicia e inclusión social, resaltando el caso de la minería y el gas. La negociación concertada llevó a que la SNM acepte, en acta suscrita, pagar 3,000 millones de soles anuales adicionales en tributos: un cambio importante ante el óbolo minero de García, voluntario y manejado por las mismas empresas. Este monto irá a la caja fiscal, aunque puede caer algo en canon en ciertas regiones. Pero, en las normas, la sustitución del impuesto a las sobreganancias por los gravámenes y nuevas regalías hace que la nueva recaudación bordee 50% de lo firmado (incluidos nuevos proyectos) y la crisis internacional promueve una caída de precios.

La derecha mediática y política, buscando rearticular su relación con la derecha económica después del desastre electoral, se lanzó a campañas para desestabilizar el primer gabinete de Salomón Lerner y desgastar al Congreso. En mucho, las campañas han sido puramente ideológicas y arbitrarias, y otras se han basado en problemas derivados de la débil institucionalidad partidaria y sus problemas al elegir candidatos. También buscan evitar la investigación a fondo de la anterior gestión. Han mostrado estar dispuestos a valerse de todo. ¿El objetivo? Quebrar la alianza del nacionalismo con las izquierdas, movimientos progresistas, gobiernos regionales y movimientos sociales, romper la concertación para capturar el poder, destruir el gabinete arcoíris y lograr su control, arrinconando al Presidente o yendo más allá aún. Si tuvieran margen de maniobra militar podrían intentarlo, como la historia reciente y pasada lo muestra.

Han sido puestos en la mira numerosos ministros. El de Justicia, Francisco Eguiguren (partidario del cambio constitucional), el canciller Roncagliolo (pro-UNASUR, condena al bloqueo a Cuba, reconocimiento del Estado Palestino y del derecho a la autodeterminación saharaui), Ricardo Soberón, DeVida (por su estrategia integral alternativa contra las drogas), Susana Baca de Cultura y Aída García Naranjo por el lamentable caso de Redondo y Pronaa, del que carece de responsabilidad. Recientemente se removió a la Jefa de Indepa por rechazar un estudio de impacto ambiental de Repsol y al viceministro de Multiculturalidad en lo que parece ser el intento de impedir un reglamento de la Ley de Consulta Previa único (y no tasajeado entre diferentes ministerios) que se elabore con los mismos pueblos originarios. En el Congreso su objetivo es desbaratar la investigación del régimen anterior.

En el movimiento social la Consulta Previa efectiva provoca pronunciamientos y demandas. Los sectores laborales y populares apoyan avances en temas laborales y programas sociales (Cuna Más, Pensión 65, más recaudación minera, etc.), pero demandan aumento del salario mínimo hasta los S/.750, trabajo decente, fin al abuso de contratas y CAS, recuperación del lote 88 de Camisea para uso nacional y abaratar el gas, etc. y otros demandan definiciones ante nuevos TLC como el de la UE y la cuenca del Pacífico, que impondría peores condiciones que las actuales. El reto es avanzar en los cambios, con este marco político arcoíris y construir una mayoría política y social que garantice un país democrático e inclusivo.