Buscan justicia
La representante legal de Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Rossy Salazar, desmintió al exministro Fujimorista y actual congresista Alejandro Aguinaga, quien aseguró ayer que durante el Fujimorismo no se realizaron esterilizaciones forzadas.
Según la jurista especializada, en todos los casos conocidos y que fueron motivos de investigación se determinó que las víctimas fueron engañadas, amenazadas y hasta obligadas a operarse.
“No ha habido esterilizaciones forzadas en esa época”, dijo Aguinaga, médico del sentenciado Alberto Fujimori, pese a lo dicho por el propio excandidato a la vicepresidencia por el Fujimorismo, Rafael Rey, quien indicó que las esterilizaciones se hicieron “sin la voluntad” de las pacientes.
Tras afirmar que esta denuncia ha sido archivada en varias oportunidades, Aguinaga señaló que la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, busca “violentar el Estado de Derecho” al saludar la posibilidad de que se reabra el caso en el Poder Judicial.
A pesar de los esfuerzos del Fujimorismo para negar esas prácticas, la Fiscalía de la Nación decidió reabrir el caso de las esterilizaciones forzadas ante el beneplácito de las cientos de mujeres afectadas
En este sentido, la abogada de Demus que asesora a algunas de las mujeres esterilizadas sostuvo que ha quedado demostrado que se trataron de esterilizaciones forzadas y mencionó como ejemplo el caso simbólico de la campesina Amérita Mestanza, quien fue amenazada con ser encarcelada.
También recordó que otra de las víctimas, Celia Ramos, no fue informada de las consecuencias de la intervención, y que Victoria Vigo, quien acudió a un hospital a dar a luz a su hijo, tras lo cual fue amarrada a la cama y esterilizada.
sábado, 19 de noviembre de 2011
chile se arma
Armamentismo sin freno es una amenaza a países vecinos.
Gobierno Chileno destina casi 4% del presupuesto para sus Fuerzas Armadas. Piden recurrir a Unasur para que explique esa situación.
Pese a los esfuerzos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para reducir los gastos militares, Chile es una de las naciones que destina buena parte de su presupuesto para el sector Defensa.
Según cifras oficiales del Banco mundial, el 2009 el gobierno Chileno destinaba un 3,1% del Producto Bruto Interno para sus Fuerzas Armadas. Actualmente provee el 3,8% de su presupuesto nacional, es decir 5,400 millones de dólares.
Tal gasto es solo superado por Colombia, que destina a sus fuerzas militares entre 10,000 y 12,000 millones de dólares, con la finalidad de enfrentar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con abierto apoyo de Estados Unidos.
En el caso del Perú, el Estado destina apenas 1,5% de su presupuesto público a las Fuerzas Armadas, que equivale a aproximadamente 1,500 millones de dólares. A nivel de SudAmérica, el Perú está ubicado en el antepenúltimo lugar, superando solamente a Paraguay y Argentina en cuanto al porcentaje de gastos en defensa.
Otro de nuestros vecinos que limita con Chile, como es el caso de Bolivia, destina a ese fin un porcentaje mayor (1,9%), pero bastante menor en cuanto a dinero, solo consta de 150 millones de dólares.
La Fuerza Aérea de Chile adquirió recientemente diez aviones F-16 Block50 a Estados Unidos, que fueron modificados con nuevas tecnologías en Israel. También compró a Holanda 36 unidades aéreas F-16BL20, que fueron llevadas al sistema Mid Life Upgrade (MLU).
Además, su Armada recibió de España y Francia dos submarinos Scorpene, los más modernos de América Latina. Luego, adquirió en Holanda cuatro fragatas, dos de ellas clase M y las restantes de clase L; y otras cuatro en Gran Bretaña, una de 22/2 y tres de tipo 23. También posee 202 tanques, de tipos Leopard 1V y Leopard 2A4 y compró en Suiza 24 sistemas de artillería y 139 vehículos de infantería.
CANCILLERÍA DEBE INTERVENIR
Consultado por LA PRIMERA sobre este hecho, Fredy Otárola, integrante de la Comisión de Defensa del Congreso, afirmó que la Cancillería peruana debería pedir un informe sobre el particular a su similar Chilena, “además de no descuidar nuestra defensa”.
“Decían los romanos que si quieres la paz, prepárate para la guerra; entonces eso nos compromete aún más en la tarea de profesionalizar y consolidar nuestras Fuerzas Armadas”, declaró el parlamentario de Gana Perú, que añadió que el pedido peruano debe hacerse “con mucha calma, porque Chile es Estado soberano; pero tenemos que informarnos qué pasó”.
Otárola manifestó que el tema debe ser tratado tanto en la Comisión de Defensa como en el grupo de trabajo de Relaciones Exteriores, al argumentar que este asunto del armamentismo Chileno “es fundamental, porque se trata de la defensa nacional”.
FFAA DEBEN SER REEQUIPADAS
Por su parte, el ex Comandante General del Ejército, Otto Guibovich, señaló que el problema no pasa por el armamentismo Chileno, sino porque el Perú “no tiene una política de reequipamiento” de las Fuerzas Armadas, de la cual dijo debe ser “permanente, y no solamente en épocas de conflicto bélico”.
El general del Ejército peruano recordó que el equilibrio estratégico con Chile “se perdió hace años”, y que las decisiones de los últimos gobiernos con respecto a las Fuerzas Armadas “han sido de idas y venidas”.
Gobierno Chileno destina casi 4% del presupuesto para sus Fuerzas Armadas. Piden recurrir a Unasur para que explique esa situación.
Pese a los esfuerzos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para reducir los gastos militares, Chile es una de las naciones que destina buena parte de su presupuesto para el sector Defensa.
Según cifras oficiales del Banco mundial, el 2009 el gobierno Chileno destinaba un 3,1% del Producto Bruto Interno para sus Fuerzas Armadas. Actualmente provee el 3,8% de su presupuesto nacional, es decir 5,400 millones de dólares.
Tal gasto es solo superado por Colombia, que destina a sus fuerzas militares entre 10,000 y 12,000 millones de dólares, con la finalidad de enfrentar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con abierto apoyo de Estados Unidos.
En el caso del Perú, el Estado destina apenas 1,5% de su presupuesto público a las Fuerzas Armadas, que equivale a aproximadamente 1,500 millones de dólares. A nivel de SudAmérica, el Perú está ubicado en el antepenúltimo lugar, superando solamente a Paraguay y Argentina en cuanto al porcentaje de gastos en defensa.
Otro de nuestros vecinos que limita con Chile, como es el caso de Bolivia, destina a ese fin un porcentaje mayor (1,9%), pero bastante menor en cuanto a dinero, solo consta de 150 millones de dólares.
La Fuerza Aérea de Chile adquirió recientemente diez aviones F-16 Block50 a Estados Unidos, que fueron modificados con nuevas tecnologías en Israel. También compró a Holanda 36 unidades aéreas F-16BL20, que fueron llevadas al sistema Mid Life Upgrade (MLU).
Además, su Armada recibió de España y Francia dos submarinos Scorpene, los más modernos de América Latina. Luego, adquirió en Holanda cuatro fragatas, dos de ellas clase M y las restantes de clase L; y otras cuatro en Gran Bretaña, una de 22/2 y tres de tipo 23. También posee 202 tanques, de tipos Leopard 1V y Leopard 2A4 y compró en Suiza 24 sistemas de artillería y 139 vehículos de infantería.
CANCILLERÍA DEBE INTERVENIR
Consultado por LA PRIMERA sobre este hecho, Fredy Otárola, integrante de la Comisión de Defensa del Congreso, afirmó que la Cancillería peruana debería pedir un informe sobre el particular a su similar Chilena, “además de no descuidar nuestra defensa”.
“Decían los romanos que si quieres la paz, prepárate para la guerra; entonces eso nos compromete aún más en la tarea de profesionalizar y consolidar nuestras Fuerzas Armadas”, declaró el parlamentario de Gana Perú, que añadió que el pedido peruano debe hacerse “con mucha calma, porque Chile es Estado soberano; pero tenemos que informarnos qué pasó”.
Otárola manifestó que el tema debe ser tratado tanto en la Comisión de Defensa como en el grupo de trabajo de Relaciones Exteriores, al argumentar que este asunto del armamentismo Chileno “es fundamental, porque se trata de la defensa nacional”.
FFAA DEBEN SER REEQUIPADAS
Por su parte, el ex Comandante General del Ejército, Otto Guibovich, señaló que el problema no pasa por el armamentismo Chileno, sino porque el Perú “no tiene una política de reequipamiento” de las Fuerzas Armadas, de la cual dijo debe ser “permanente, y no solamente en épocas de conflicto bélico”.
El general del Ejército peruano recordó que el equilibrio estratégico con Chile “se perdió hace años”, y que las decisiones de los últimos gobiernos con respecto a las Fuerzas Armadas “han sido de idas y venidas”.
sunat exige a telewfonica
Sunat exige a Telefónica que pague la deuda.
OCMA abrió investigación por sospechosa decisión de juez que suspendió el cobro de 1,600 millones de soles a la empresa española.
La empresa española Telefónica debe pagar lo que corresponde a su deuda tributaria, afirmó ayer el procurador de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Antenor Escalante, ante el juez provisional Carlos Cueva Andaviza, quien emitió el pasado lunes 14 una cuestionable medida cautelar que favorece a la compañía deudora, decisión por la cual la OCMA abrió una investigación.
“Nadie duda que Telefónica es el mayor contribuyente del Estado, el asunto es si está pagando lo que debe pagar. Telefónica debe pagar lo que corresponde de acuerdo a ley”, dijo Escalante en audiencia pública referida al litigio que mantiene la Sunat con Telefónica por una deuda tributaria de 2,300 millones de soles, tema judicializado por la negativa de la deudora a honrar la obligación tributaria.
La mencionada resolución de Cueva Andaviza, del Octavo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, paralizó el cobro de 1,600 millones de soles que debían ser cobrados de inmediato a la Telefónica y fijó además una carta fianza de solo 14 millones con la que se pretendería garantizar el pago de la millonaria deuda al Estado.
Escalante refirió que los estados de cuenta presentados por Telefónica a la Sunat no son convincentes debido a que no tienen sustento contable y la empresa pretende pasar como válidos solo porque fueron certificados por auditoras internacionales.
“Nos muestran un simple papel que dice este es el flujo efectivo de gastos y no los documentos como facturas y contratos a los que han tenido acceso las sociedades auditoras, para que la Sunat conozca a ciencia cierta cómo han sido sus préstamos y gastos”, expresó.
Dijo también que “la controversia es que esa información que maneja Telefónica no la quiere entregar y solo quiere que se valide en base a un estado de flujo y eso, de acuerdo al Tribunal Constitucional, no tiene ningún valor probatorio en materia tributaria”.
VERSIÓN DE TELEFÓNICA
El abogado de Telefónica, Fernando Castro, negó que su cliente se rehuse a entregar los documentos solicitados por la Sunat y aseguró que, por el contrario, fueron entregados todos.
“A estas alturas no falta entregar ningún documento. La administración tributaria nos ha pedido el estado de flujo de efectivo, entre otros documentos, y todos se han presentado.
Y sobre la calidad de los mismos, hay cuatro informes de empresas muy serias que han convalidado lo que confirmamos en nuestros documentos”, dijo.
Reconoció que Telefónica ha pagado los trabajos de auditoría de sus cuentas pero negó que hayan sido parcializadas a favor de los intereses de Telefónica en este caso.
INVESTIGARÁN A JUEZ
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dispuso, de otra parte, abrir investigación preliminar al juez Cueva por resolver la medida cautelar que favorecería a Telefónica, y que impide a la Sunat cobrar parte de la deuda de 2,300 millones de soles, mientras se resuelven los reparos presentados por la referida empresa.
El jefe de la OCMA, Enrique Mendoza, expresó en un comunicado que la medida permitirá determinar “la existencia o no de indicios de irregularidad funcional y de ser el caso, la identificación de los presuntos responsables, en el referido caso”.
El congresista Yonhy Lescano anunció que pedirá a la Comisión de Fiscalización que convoque a los presidentes de la Corte Suprema, César San Martín, y la Corte Superior, Héctor Lamas, para que expliquen cómo es posible que mediante una acción de amparo emitida por un juez suplente se determine cuánto debe pagar o no una empresa como Telefónica de la deuda que tiene pendiente con el Estado.
OCMA abrió investigación por sospechosa decisión de juez que suspendió el cobro de 1,600 millones de soles a la empresa española.
La empresa española Telefónica debe pagar lo que corresponde a su deuda tributaria, afirmó ayer el procurador de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Antenor Escalante, ante el juez provisional Carlos Cueva Andaviza, quien emitió el pasado lunes 14 una cuestionable medida cautelar que favorece a la compañía deudora, decisión por la cual la OCMA abrió una investigación.
“Nadie duda que Telefónica es el mayor contribuyente del Estado, el asunto es si está pagando lo que debe pagar. Telefónica debe pagar lo que corresponde de acuerdo a ley”, dijo Escalante en audiencia pública referida al litigio que mantiene la Sunat con Telefónica por una deuda tributaria de 2,300 millones de soles, tema judicializado por la negativa de la deudora a honrar la obligación tributaria.
La mencionada resolución de Cueva Andaviza, del Octavo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio, paralizó el cobro de 1,600 millones de soles que debían ser cobrados de inmediato a la Telefónica y fijó además una carta fianza de solo 14 millones con la que se pretendería garantizar el pago de la millonaria deuda al Estado.
Escalante refirió que los estados de cuenta presentados por Telefónica a la Sunat no son convincentes debido a que no tienen sustento contable y la empresa pretende pasar como válidos solo porque fueron certificados por auditoras internacionales.
“Nos muestran un simple papel que dice este es el flujo efectivo de gastos y no los documentos como facturas y contratos a los que han tenido acceso las sociedades auditoras, para que la Sunat conozca a ciencia cierta cómo han sido sus préstamos y gastos”, expresó.
Dijo también que “la controversia es que esa información que maneja Telefónica no la quiere entregar y solo quiere que se valide en base a un estado de flujo y eso, de acuerdo al Tribunal Constitucional, no tiene ningún valor probatorio en materia tributaria”.
VERSIÓN DE TELEFÓNICA
El abogado de Telefónica, Fernando Castro, negó que su cliente se rehuse a entregar los documentos solicitados por la Sunat y aseguró que, por el contrario, fueron entregados todos.
“A estas alturas no falta entregar ningún documento. La administración tributaria nos ha pedido el estado de flujo de efectivo, entre otros documentos, y todos se han presentado.
Y sobre la calidad de los mismos, hay cuatro informes de empresas muy serias que han convalidado lo que confirmamos en nuestros documentos”, dijo.
Reconoció que Telefónica ha pagado los trabajos de auditoría de sus cuentas pero negó que hayan sido parcializadas a favor de los intereses de Telefónica en este caso.
INVESTIGARÁN A JUEZ
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dispuso, de otra parte, abrir investigación preliminar al juez Cueva por resolver la medida cautelar que favorecería a Telefónica, y que impide a la Sunat cobrar parte de la deuda de 2,300 millones de soles, mientras se resuelven los reparos presentados por la referida empresa.
El jefe de la OCMA, Enrique Mendoza, expresó en un comunicado que la medida permitirá determinar “la existencia o no de indicios de irregularidad funcional y de ser el caso, la identificación de los presuntos responsables, en el referido caso”.
El congresista Yonhy Lescano anunció que pedirá a la Comisión de Fiscalización que convoque a los presidentes de la Corte Suprema, César San Martín, y la Corte Superior, Héctor Lamas, para que expliquen cómo es posible que mediante una acción de amparo emitida por un juez suplente se determine cuánto debe pagar o no una empresa como Telefónica de la deuda que tiene pendiente con el Estado.
tefonica no paga
El legislador de Alianza Parlamentaria Yonhy Lescano anunció ayer que pedirá que la Comisión de Fiscalización del Congreso cite al presidente del Poder Judicial, César San Martín; al titular de la Corte de Lima, Héctor Enrique Lama, y al juez Carlos Cuevas para que den explicaciones sobre la insólita decisión de Cuevas de suspender el pago de casi el 70% de la deuda tributaria de la empresa española Telefónica.
“Deben venir a la Comisión de Fiscalización para explicar los fundamentos de esa decisión, porque no se trata de una resolución común, se trata de una resolución plagada de irregularidades”, anotó.
Sin embargo, Lescano precisó que esta decisión judicial es irregular y evidencia indicios de corrupción. “Yo creo que hay una irregularidad evidente, porque a través de una medida cautelar, el juez no puede ordenar que se deje de cobrar una deuda que finalmente es parte del fallo final; de tal manera que asumo que existe una evidente corrupción que se debe investigar”, dijo.
El parlamentario sostuvo que esta decisión judicial afecta los intereses del Estado y por ello, también pedirá a la Comisión de Transportes y Comunicaciones que convoque al ministro del ramo, Carlos Paredes.
El ministro de Transportes dice que la renovación del contrato de concesión de Telefónica nada tiene que ver con el pago de impuestos, “¿cómo que no tiene que ver nada? si el pago de impuestos tiene que ver con la prestación de servicios y hay que tomarlo en cuenta para ver a quién se adjudica”, agregó.
Señaló también que el gobierno debe convocar a una licitación pública e internacional para esa concesión “porque si hay un contrato, cómo no se va a tomar en cuenta estos incumplimientos, incluso el mismo contrato dice que se debe cumplir las obligaciones (tributarias)”.
PAGA PRIMERO
Respaldando la posición de su colega, el congresista de Gana Perú y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Jaime Delgado, dijo que la labor del Congreso es pedir claridad en el manejo del tema.
Pidió por tanto a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) que vigile el caso del juez que supuestamente está favoreciendo a la Telefónica y al que esa instancia de control judicial abrió una investigación.
“La coyuntura actual obliga a Telefónica a mostrar una actitud diferente a la que ha tenido a lo largo de la historia, sobre todo si quiere aspirar a la renovación de un contrato. Telefónica nos ha acostumbrado en su administración a la frase: paga primero, reclama después, ahora le diremos paga primero, reclama después o pide la renovación del contrato después”, refirió Delgado.
Lamentó que la empresa española adopte la estrategia de judicializar esa deuda tributaria para que permanezca en ese ámbito por años, y perjudique al erario nacional. “Se pone de manifiesto cómo una empresa puede finalmente vencer al Estado en sus pretensiones poniendo abogados y litigando por más de 10 años. Por otro lado, el Estado no ha sabido hacerse respetar. Tenemos como evidencia que la Sunat publica la semana pasada a las empresas más deudoras del país y no la pone a Telefónica porque su caso esta judicializado”, sostiene.
RENOVACIÓN
Delgado argumentó que Telefónica pretende la renovación del contrato, suscrito originalmente en 1992, porque el mercado peruano de comunicaciones es atractivo y, por tanto, otros operadores internacionales también pueden tener el mismo interés y deben ser convocados.
“Así tendríamos postores con mejores condiciones de servicio para el usuario. La decisión que tome el gobierno en este campo debe ser muy consciente, porque la población se encuentra totalmente sensibilizada con Telefónica por el maltrato de años”, comentó.
OCMA
El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), Enrique Mendoza, consideró que los “fueros deben respetarse” al ser consultado por la propuesta del congresista Lescano, para citar algunos jueces al Parlamento a explicar algunas de sus resoluciones.
“La preocupación puede ser muy legítima del congresista, sin embargo, no se puede estar haciendo una revisión de las resoluciones y fallos porque todo esto tiene un mecanismo propio que está dentro de la autonomía judicial”, aseguró.
En ese sentido, manifestó que existe un mecanismo de control que se está ejecutando en la actualidad, y pidió a la ciudadanía a tener confianza en el Poder Judicial.
“Estamos en una etapa indagatoria, porque es una aproximación para ver qué es lo que ha ocurrido, ya que hubo una serie de acusaciones de probable favoritismo. Nosotros indagamos, pero si se trata de una resolución que cumple con los márgenes jurídicos, nosotros nos abstenemos”, subrayó.
Asimismo, Mendoza precisó que esta etapa no tomará más de 30 días. “Nosotros hacemos indagatoria, que no es una investigación, esta etapa no toma más de un mes”.
“Deben venir a la Comisión de Fiscalización para explicar los fundamentos de esa decisión, porque no se trata de una resolución común, se trata de una resolución plagada de irregularidades”, anotó.
Sin embargo, Lescano precisó que esta decisión judicial es irregular y evidencia indicios de corrupción. “Yo creo que hay una irregularidad evidente, porque a través de una medida cautelar, el juez no puede ordenar que se deje de cobrar una deuda que finalmente es parte del fallo final; de tal manera que asumo que existe una evidente corrupción que se debe investigar”, dijo.
El parlamentario sostuvo que esta decisión judicial afecta los intereses del Estado y por ello, también pedirá a la Comisión de Transportes y Comunicaciones que convoque al ministro del ramo, Carlos Paredes.
El ministro de Transportes dice que la renovación del contrato de concesión de Telefónica nada tiene que ver con el pago de impuestos, “¿cómo que no tiene que ver nada? si el pago de impuestos tiene que ver con la prestación de servicios y hay que tomarlo en cuenta para ver a quién se adjudica”, agregó.
Señaló también que el gobierno debe convocar a una licitación pública e internacional para esa concesión “porque si hay un contrato, cómo no se va a tomar en cuenta estos incumplimientos, incluso el mismo contrato dice que se debe cumplir las obligaciones (tributarias)”.
PAGA PRIMERO
Respaldando la posición de su colega, el congresista de Gana Perú y presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Jaime Delgado, dijo que la labor del Congreso es pedir claridad en el manejo del tema.
Pidió por tanto a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) que vigile el caso del juez que supuestamente está favoreciendo a la Telefónica y al que esa instancia de control judicial abrió una investigación.
“La coyuntura actual obliga a Telefónica a mostrar una actitud diferente a la que ha tenido a lo largo de la historia, sobre todo si quiere aspirar a la renovación de un contrato. Telefónica nos ha acostumbrado en su administración a la frase: paga primero, reclama después, ahora le diremos paga primero, reclama después o pide la renovación del contrato después”, refirió Delgado.
Lamentó que la empresa española adopte la estrategia de judicializar esa deuda tributaria para que permanezca en ese ámbito por años, y perjudique al erario nacional. “Se pone de manifiesto cómo una empresa puede finalmente vencer al Estado en sus pretensiones poniendo abogados y litigando por más de 10 años. Por otro lado, el Estado no ha sabido hacerse respetar. Tenemos como evidencia que la Sunat publica la semana pasada a las empresas más deudoras del país y no la pone a Telefónica porque su caso esta judicializado”, sostiene.
RENOVACIÓN
Delgado argumentó que Telefónica pretende la renovación del contrato, suscrito originalmente en 1992, porque el mercado peruano de comunicaciones es atractivo y, por tanto, otros operadores internacionales también pueden tener el mismo interés y deben ser convocados.
“Así tendríamos postores con mejores condiciones de servicio para el usuario. La decisión que tome el gobierno en este campo debe ser muy consciente, porque la población se encuentra totalmente sensibilizada con Telefónica por el maltrato de años”, comentó.
OCMA
El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), Enrique Mendoza, consideró que los “fueros deben respetarse” al ser consultado por la propuesta del congresista Lescano, para citar algunos jueces al Parlamento a explicar algunas de sus resoluciones.
“La preocupación puede ser muy legítima del congresista, sin embargo, no se puede estar haciendo una revisión de las resoluciones y fallos porque todo esto tiene un mecanismo propio que está dentro de la autonomía judicial”, aseguró.
En ese sentido, manifestó que existe un mecanismo de control que se está ejecutando en la actualidad, y pidió a la ciudadanía a tener confianza en el Poder Judicial.
“Estamos en una etapa indagatoria, porque es una aproximación para ver qué es lo que ha ocurrido, ya que hubo una serie de acusaciones de probable favoritismo. Nosotros indagamos, pero si se trata de una resolución que cumple con los márgenes jurídicos, nosotros nos abstenemos”, subrayó.
Asimismo, Mendoza precisó que esta etapa no tomará más de 30 días. “Nosotros hacemos indagatoria, que no es una investigación, esta etapa no toma más de un mes”.
chile y armas
Objetivo sería crear una nueva situación y alegar que dictamen de La Haya no se puede ejecutar, explica.
El diplomático peruano Oswaldo de Rivero indica en esta conversación que la asimetría de poder bélico entre el Perú y Chile crea la posibilidad de un incidente armado eventualmente provocado por Chile ante la inminencia de un fallo adverso de la Corte Internacional de La Haya, para que toda América, en nombre de la paz, pida un arreglo directo entre el Perú y Chile, al margen de La Haya, en el que prevalecerían, sin duda, los intereses del país militarmente más poderoso. “La paz no se garantiza ni con discursos y ni creyendo en promesas sino con disuasión”, dice.
-Chile siempre alega que no es un país armamentista y que solo renueva su parque bélico en función de las necesidades de su defensa. ¿Eso es cierto?
-Todos los países alegan lo mismo y es muy difícil de probar. Pero lo que no se necesita probar son las desproporcionadas compras de armas de última generación de Chile que superan no solo al Perú, sino a Colombia, Venezuela y al mismo Brasil. Ninguno de estos países tiene 400 tanques Leopard como Chile, más de 100 de los modernísimos Leopard tipo 2. Ninguno de ellos tiene 8 Fragatas británicas tipo 23 modernizadas, ninguno submarinos tan modernos como los dos Scorpene Chilenos y menos 46 F16 modernizados que se pueden abastecer en el aire y ahora aviones sin piloto como los Hermes 900 que pueden espiar a 1,000 kilómetros.
-¿Chile puede desacatar el fallo de La Haya?
-El peligro no es el desacato sino que con todo este armamento se produzca un incidente armado antes del fallo. Ya ha habido espionaje, un helicóptero “extraviado” (que penetró la Base FAP de La Joya, en Arequipa) y ahora la adquisición de modernos, casi invisibles, aviones no tripulados (UAV). Basta tan solo provocar un incidente armado, antes del fallo de la Haya, para crear una nueva situación y justificar así que no se puede ejecutar.
-¿Y tiene Chile capacidad para hacerlo?
-La Fuerza Armada Chilena tiene capacidad para producir este incidente con sus submarinos Scorpene (silenciosos y con capacidad de 30 días de inmersión), con sus 46 modernos F16 (abastecidos en el aire) a lo que se añade ahora sus peligrosos UAV. Estos sistemas de armas pueden sumergirse y sobrevolar disuasivamente las aguas disputadas y también provocar un incidente llegando a cualquier punto de nuestras 200 millas, muy cerca de las 12 millas de nuestras costas, que es hasta donde llega, para Chile y la Convención del Mar, el mar territorial del Perú.
Ojalá que esto nunca suceda pero los incidentes armados no estallan porque unos países son malos y otros son buenos sino porque unos son débiles y otros son fuertes. Es decir, cuando no existe disuasión mutua entre ellos como pasa hoy en la relación estratégica peruana- Chilena. Y es por esto que el Perú no debería caer en ninguna provocación armada.
-¿Tiene explicación el armamentismo Chileno?
-Por el gasto increíble de 6,000 millones de dólares, en armas, en solo tres años, desde que en el 2008 el Perú puso la demanda en La Haya. Por qué este frenesí armamentista, por qué las maniobras militares, por qué. El impopular Piñera dice en medio de las maniobras que defenderá su mar y el 73% de los Chilenos en una encuesta nacional dice nada de ceder un centímetro de lo que llaman nuestra soberanía marítima. Ojalá que esto no pase pero hay que tener un Plan B, porque puede pasar.
Precisamente, es esta asimetría de poder la que crea la posibilidad de un incidente armado, ante el cual, es posible que toda América en nombre de la paz pida un arreglo directo entre el Perú y Chile, arreglo donde prevalecerían, sin duda, los intereses del que disuade.
Por estas razones el Perú no puede permitir, en medio de la controversia que existe en La Haya, que esta asimetría continué porque nuestra fragilidad militar es una invitación al incidente armado.
-¿Qué acciones debería tomar el estado peruano ante las recientes compras militares de Chile?
-Armarnos también. No podemos vivir bajo amenaza. El primer deber de un gobierno es la defensa nacional. Si queremos la paz tenemos que disuadirnos mutuamente con Chile y esto no está pasando ahora. Desde el año 2000 Chile ha gastado en armas 8,873 millones de dólares y, de estos, 6,000 millones corresponden a gastos hechos desde que comenzó el proceso de La Haya. ¿Algo preparan no? La paz no se garantiza ni con discursos y ni creyendo en promesas sino con disuasión, que no significa necesariamente paridad militar, sino un ingenioso sistema defensivo que haga pensar dos veces a un potencial adversario antes de hacer uso de su actual fuerza militar.
-Chile alega que no oculta sus gastos militares y que así cumple sus obligaciones de buena vecindad. ¿Unasur sería un buen espacio para llevar el tema? ¿En qué condiciones?
-Los gastos militares son hoy imposibles ocultar, no es ningún mérito informar las adquisiciones. Se publican en la revista Janes de armas en el mundo, en el SIPRI (Instituto de la paz de Estocolmo), en el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres y se encuentra en Google.
-¿Qué tan superior es Chile militarmente respecto a sus vecinos?
-Basta buscar Fuerzas Amadas de Chile en Wikipedia y compararlas con las de sus vecinos, el Perú, Bolivia y Argentina. Allí se ve que las Chilenas son superiores en equipo y modernidad.
El diplomático peruano Oswaldo de Rivero indica en esta conversación que la asimetría de poder bélico entre el Perú y Chile crea la posibilidad de un incidente armado eventualmente provocado por Chile ante la inminencia de un fallo adverso de la Corte Internacional de La Haya, para que toda América, en nombre de la paz, pida un arreglo directo entre el Perú y Chile, al margen de La Haya, en el que prevalecerían, sin duda, los intereses del país militarmente más poderoso. “La paz no se garantiza ni con discursos y ni creyendo en promesas sino con disuasión”, dice.
-Chile siempre alega que no es un país armamentista y que solo renueva su parque bélico en función de las necesidades de su defensa. ¿Eso es cierto?
-Todos los países alegan lo mismo y es muy difícil de probar. Pero lo que no se necesita probar son las desproporcionadas compras de armas de última generación de Chile que superan no solo al Perú, sino a Colombia, Venezuela y al mismo Brasil. Ninguno de estos países tiene 400 tanques Leopard como Chile, más de 100 de los modernísimos Leopard tipo 2. Ninguno de ellos tiene 8 Fragatas británicas tipo 23 modernizadas, ninguno submarinos tan modernos como los dos Scorpene Chilenos y menos 46 F16 modernizados que se pueden abastecer en el aire y ahora aviones sin piloto como los Hermes 900 que pueden espiar a 1,000 kilómetros.
-¿Chile puede desacatar el fallo de La Haya?
-El peligro no es el desacato sino que con todo este armamento se produzca un incidente armado antes del fallo. Ya ha habido espionaje, un helicóptero “extraviado” (que penetró la Base FAP de La Joya, en Arequipa) y ahora la adquisición de modernos, casi invisibles, aviones no tripulados (UAV). Basta tan solo provocar un incidente armado, antes del fallo de la Haya, para crear una nueva situación y justificar así que no se puede ejecutar.
-¿Y tiene Chile capacidad para hacerlo?
-La Fuerza Armada Chilena tiene capacidad para producir este incidente con sus submarinos Scorpene (silenciosos y con capacidad de 30 días de inmersión), con sus 46 modernos F16 (abastecidos en el aire) a lo que se añade ahora sus peligrosos UAV. Estos sistemas de armas pueden sumergirse y sobrevolar disuasivamente las aguas disputadas y también provocar un incidente llegando a cualquier punto de nuestras 200 millas, muy cerca de las 12 millas de nuestras costas, que es hasta donde llega, para Chile y la Convención del Mar, el mar territorial del Perú.
Ojalá que esto nunca suceda pero los incidentes armados no estallan porque unos países son malos y otros son buenos sino porque unos son débiles y otros son fuertes. Es decir, cuando no existe disuasión mutua entre ellos como pasa hoy en la relación estratégica peruana- Chilena. Y es por esto que el Perú no debería caer en ninguna provocación armada.
-¿Tiene explicación el armamentismo Chileno?
-Por el gasto increíble de 6,000 millones de dólares, en armas, en solo tres años, desde que en el 2008 el Perú puso la demanda en La Haya. Por qué este frenesí armamentista, por qué las maniobras militares, por qué. El impopular Piñera dice en medio de las maniobras que defenderá su mar y el 73% de los Chilenos en una encuesta nacional dice nada de ceder un centímetro de lo que llaman nuestra soberanía marítima. Ojalá que esto no pase pero hay que tener un Plan B, porque puede pasar.
Precisamente, es esta asimetría de poder la que crea la posibilidad de un incidente armado, ante el cual, es posible que toda América en nombre de la paz pida un arreglo directo entre el Perú y Chile, arreglo donde prevalecerían, sin duda, los intereses del que disuade.
Por estas razones el Perú no puede permitir, en medio de la controversia que existe en La Haya, que esta asimetría continué porque nuestra fragilidad militar es una invitación al incidente armado.
-¿Qué acciones debería tomar el estado peruano ante las recientes compras militares de Chile?
-Armarnos también. No podemos vivir bajo amenaza. El primer deber de un gobierno es la defensa nacional. Si queremos la paz tenemos que disuadirnos mutuamente con Chile y esto no está pasando ahora. Desde el año 2000 Chile ha gastado en armas 8,873 millones de dólares y, de estos, 6,000 millones corresponden a gastos hechos desde que comenzó el proceso de La Haya. ¿Algo preparan no? La paz no se garantiza ni con discursos y ni creyendo en promesas sino con disuasión, que no significa necesariamente paridad militar, sino un ingenioso sistema defensivo que haga pensar dos veces a un potencial adversario antes de hacer uso de su actual fuerza militar.
-Chile alega que no oculta sus gastos militares y que así cumple sus obligaciones de buena vecindad. ¿Unasur sería un buen espacio para llevar el tema? ¿En qué condiciones?
-Los gastos militares son hoy imposibles ocultar, no es ningún mérito informar las adquisiciones. Se publican en la revista Janes de armas en el mundo, en el SIPRI (Instituto de la paz de Estocolmo), en el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres y se encuentra en Google.
-¿Qué tan superior es Chile militarmente respecto a sus vecinos?
-Basta buscar Fuerzas Amadas de Chile en Wikipedia y compararlas con las de sus vecinos, el Perú, Bolivia y Argentina. Allí se ve que las Chilenas son superiores en equipo y modernidad.
domingo, 13 de noviembre de 2011
GRAU Y PRATT
09 de noviembre de 2011 Miguel Grau y Arturo Prat antagónicos en comic chileno 1899
Libro fue publicado recientemente en el vecino país del sur en julio.Comentar y compartirComentarios 0Tweet Envía a un amigo
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Imprimir"Ni Grau ni Prat son villanos, son antihéroes, responden al modelo del Capitán Nemo, son inteligencias superiores con una visión de hacer el bien sin mirar a quien", dice el autor, Francisco Ortega.
El almirante peruano Miguel Grau y el capitán chileno Arturo Prat aparecen como personajes antagónicos de una novela gráfica, "1899", donde Chile aparece como una superpotencia gracias al descubrimiento de la metahulla y nuestro héroe peruano es presentado como cyborg.
Según el autor del comic, Francisco Ortega, decidió mezclar mundos de distintas novelas, como La Liga de Moore, Watchmen, Enki Bilal, etc y, además Julio Verne y H.G Wells. Incluso en la historia aparecen el Capitán Nemo, Robur, el profesor Cavor, y hasta el King Kong de Edgar Wallace.
"Ni Grau ni Prat son villanos, son antihéroes, responden al modelo del Capitán Nemo, son inteligencias superiores con una visión de hacer el bien sin mirar a quien. Grau y Prat descubren que la realidad metahullana se está destruyendo y quieren salvar su legado", dijo a 'El Cuervo sobre Palas'.
Ortega explicó que Grau Seminario es su héroe favorito y que le fascina su inteligencia y brillantez. Para conocerlo más conversó con un escritor peruano amigo suyo. Mencionó que tuvo problemas con la Armada chilena por convertir a Prat en un "cazador de alienígenas" en la Antártica.
"Creo que la reflexión de 1899 es más contra Chile que contra el rol de Perú (..) Chile peleó la guerra contra Perú y Bolivia, pero tuvo mucha ayuda de Inglaterra. Chile era expansionista en la época. (…) Por ejemplo, en 1899 Lima es destruida por una especie de Bomba Atómica. Terrible. Pero no más que las acciones horrorosas y despiadadas que el ejército de mi país realizó en Lima cuando invadieron (sic) la Ciudad de los Reyes", anotó.
Libro fue publicado recientemente en el vecino país del sur en julio.Comentar y compartirComentarios 0Tweet Envía a un amigo
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Imprimir"Ni Grau ni Prat son villanos, son antihéroes, responden al modelo del Capitán Nemo, son inteligencias superiores con una visión de hacer el bien sin mirar a quien", dice el autor, Francisco Ortega.
El almirante peruano Miguel Grau y el capitán chileno Arturo Prat aparecen como personajes antagónicos de una novela gráfica, "1899", donde Chile aparece como una superpotencia gracias al descubrimiento de la metahulla y nuestro héroe peruano es presentado como cyborg.
Según el autor del comic, Francisco Ortega, decidió mezclar mundos de distintas novelas, como La Liga de Moore, Watchmen, Enki Bilal, etc y, además Julio Verne y H.G Wells. Incluso en la historia aparecen el Capitán Nemo, Robur, el profesor Cavor, y hasta el King Kong de Edgar Wallace.
"Ni Grau ni Prat son villanos, son antihéroes, responden al modelo del Capitán Nemo, son inteligencias superiores con una visión de hacer el bien sin mirar a quien. Grau y Prat descubren que la realidad metahullana se está destruyendo y quieren salvar su legado", dijo a 'El Cuervo sobre Palas'.
Ortega explicó que Grau Seminario es su héroe favorito y que le fascina su inteligencia y brillantez. Para conocerlo más conversó con un escritor peruano amigo suyo. Mencionó que tuvo problemas con la Armada chilena por convertir a Prat en un "cazador de alienígenas" en la Antártica.
"Creo que la reflexión de 1899 es más contra Chile que contra el rol de Perú (..) Chile peleó la guerra contra Perú y Bolivia, pero tuvo mucha ayuda de Inglaterra. Chile era expansionista en la época. (…) Por ejemplo, en 1899 Lima es destruida por una especie de Bomba Atómica. Terrible. Pero no más que las acciones horrorosas y despiadadas que el ejército de mi país realizó en Lima cuando invadieron (sic) la Ciudad de los Reyes", anotó.
OTRO ANDAHUASI
» El otro Andahuasi
Por: Daniel Parodi
“A través de los años, han sido los campesinos dueños de las tierras que dejaron su esfuerzo, sudor y vida en los surcos. Vienen unos cuantos delincuentes de saco y corbata y pisotean sus derechos. Hoy la historia se escribe con sangre... con sangre de Pueblo, con sangre de esperanza”.
Blog “Andahuasi no se vende”.
Yo crecí creyendo que la reforma agraria de Velasco fue un acto de justicia porque repartió la tierra entre los que la trabajaban y mi conocimiento adulto confirmó mi percepción infantil. Antes de su aplicación, en el Ande peruano regía la autoridad de los gamonales, quienes ejercían sobre los campesinos un poder señorial, ante la condescendiente abdicación de la autoridad del Estado.
También supe que durante el transcurso del siglo XX se produjo una transición demográfica que rompió la relación hombre-suelo en el campo; había muchos campesinos y la concentración de la propiedad les impedía acceder a la tierra. Por esta razón, desde 1950 la invasión de haciendas se convirtió en práctica común y la reforma agraria ingresó en la agenda política. Finalmente, en 1969 Velasco la aplicó y acabó con el latifundismo, el gamonalismo, el señorialismo, y con todos los rezagos coloniales que aún pervivían en nuestra serranía, tan alejada de la ciudadanía, de la inclusión y de la igualdad.
El problema es que Velasco no se limitó a repartir las tierras del latifundio serrano, sino que nacionalizó también las haciendas agro-industriales de la costa norte, cuya producción azucarera y algodonera se destinaba a la exportación. Consultado sobre aquello, Velasco dijo que era imperativo acabar con la oligarquía y que aquello no sería posible si no se afectaba la base fundamental de su poder. Yo debo confesar que de nuevo mi percepción infantil confluye con mi conocimiento adulto. La oligarquía no fue ni buena, ni mala, simplemente fue, pero para 1969 el hombre ya estaba en la Luna y Cachito Ramírez nos clasificaba a México 70 con sus dos golazos en la Bombonera: el Perú hacía rato que no estaba para patrones y aristocracias.
Pero el mundo da vueltas, literalmente. En 1989 cayó el muro, cayó el socialismo, arremetió el neoliberalismo y, para ser honestos, las reformas de Velasco lastimaron el aparato productivo nacional, la sustitución de importaciones no funcionó, y nuestro Estado, entre la bancarrota y el terrorismo, estaba ávido de capitales frescos que proviniesen del sector privado. De allí la ley fujimorista de 1995 que creó las condiciones para la privatización irrestricta de la tierra y de allí también que la mayoría de cooperativas agrarias se haya reprivatizado.
En 2010, el gobierno anterior intentó equilibrar un tanto la situación. Se propuso un límite de 40.000 hectáreas para el latifundio –que equivale nada menos que al área de todos los valles de Tacna, Moquegua, Tambo, más algunos de Arequipa, juntos– pero la propuesta motivó la enérgica protesta de los voceros mediáticos de la derecha, quienes denunciaron el tufillo velasquista de la timorata sugestión. Quedó allí.
Con este repaso de la historia agraria del Perú he querido subrayar que en la cuestión de Omar Chehade nos hemos olvidado de la historia; como siempre preferimos el escándalo y la peliculina. Claro que se trata de un tráfico de influencias, y grosero además, pero también se trata de una triste abdicación de los principios ideológicos del nacionalismo.
Presidente Humala, lo elegimos para ser un presidente de izquierda, sistémicamente, pero de izquierda. Los veinte años de neoliberalismo que deja atrás el país han atraído inversiones y reducido la pobreza. Pero combatir la desigualdad y la exclusión no es parte de la agenda neoliberal y por eso lo hemos elegido para que nuestra sociedad acceda a un Estado más arbitral y deliberante, más justo y equitativo. Lidere pues, señor Presidente, y expulse de su entorno a los que obstruyen el proyecto por el que votamos.
Por: Daniel Parodi
“A través de los años, han sido los campesinos dueños de las tierras que dejaron su esfuerzo, sudor y vida en los surcos. Vienen unos cuantos delincuentes de saco y corbata y pisotean sus derechos. Hoy la historia se escribe con sangre... con sangre de Pueblo, con sangre de esperanza”.
Blog “Andahuasi no se vende”.
Yo crecí creyendo que la reforma agraria de Velasco fue un acto de justicia porque repartió la tierra entre los que la trabajaban y mi conocimiento adulto confirmó mi percepción infantil. Antes de su aplicación, en el Ande peruano regía la autoridad de los gamonales, quienes ejercían sobre los campesinos un poder señorial, ante la condescendiente abdicación de la autoridad del Estado.
También supe que durante el transcurso del siglo XX se produjo una transición demográfica que rompió la relación hombre-suelo en el campo; había muchos campesinos y la concentración de la propiedad les impedía acceder a la tierra. Por esta razón, desde 1950 la invasión de haciendas se convirtió en práctica común y la reforma agraria ingresó en la agenda política. Finalmente, en 1969 Velasco la aplicó y acabó con el latifundismo, el gamonalismo, el señorialismo, y con todos los rezagos coloniales que aún pervivían en nuestra serranía, tan alejada de la ciudadanía, de la inclusión y de la igualdad.
El problema es que Velasco no se limitó a repartir las tierras del latifundio serrano, sino que nacionalizó también las haciendas agro-industriales de la costa norte, cuya producción azucarera y algodonera se destinaba a la exportación. Consultado sobre aquello, Velasco dijo que era imperativo acabar con la oligarquía y que aquello no sería posible si no se afectaba la base fundamental de su poder. Yo debo confesar que de nuevo mi percepción infantil confluye con mi conocimiento adulto. La oligarquía no fue ni buena, ni mala, simplemente fue, pero para 1969 el hombre ya estaba en la Luna y Cachito Ramírez nos clasificaba a México 70 con sus dos golazos en la Bombonera: el Perú hacía rato que no estaba para patrones y aristocracias.
Pero el mundo da vueltas, literalmente. En 1989 cayó el muro, cayó el socialismo, arremetió el neoliberalismo y, para ser honestos, las reformas de Velasco lastimaron el aparato productivo nacional, la sustitución de importaciones no funcionó, y nuestro Estado, entre la bancarrota y el terrorismo, estaba ávido de capitales frescos que proviniesen del sector privado. De allí la ley fujimorista de 1995 que creó las condiciones para la privatización irrestricta de la tierra y de allí también que la mayoría de cooperativas agrarias se haya reprivatizado.
En 2010, el gobierno anterior intentó equilibrar un tanto la situación. Se propuso un límite de 40.000 hectáreas para el latifundio –que equivale nada menos que al área de todos los valles de Tacna, Moquegua, Tambo, más algunos de Arequipa, juntos– pero la propuesta motivó la enérgica protesta de los voceros mediáticos de la derecha, quienes denunciaron el tufillo velasquista de la timorata sugestión. Quedó allí.
Con este repaso de la historia agraria del Perú he querido subrayar que en la cuestión de Omar Chehade nos hemos olvidado de la historia; como siempre preferimos el escándalo y la peliculina. Claro que se trata de un tráfico de influencias, y grosero además, pero también se trata de una triste abdicación de los principios ideológicos del nacionalismo.
Presidente Humala, lo elegimos para ser un presidente de izquierda, sistémicamente, pero de izquierda. Los veinte años de neoliberalismo que deja atrás el país han atraído inversiones y reducido la pobreza. Pero combatir la desigualdad y la exclusión no es parte de la agenda neoliberal y por eso lo hemos elegido para que nuestra sociedad acceda a un Estado más arbitral y deliberante, más justo y equitativo. Lidere pues, señor Presidente, y expulse de su entorno a los que obstruyen el proyecto por el que votamos.
MAR
Hombres de mar
Por: Antonio Zapata
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Con ese título, pocas semanas atrás, ha aparecido una novela sobre la pesca industrial en el Perú contemporáneo. Escrito por Óscar Colchado, este relato se ubica en Chimbote y vuelve a recorrer la larga tradición literaria de este famoso puerto pesquero. Esa narrativa regional comenzó con la obra de José María Arguedas El zorro de arriba y el zorro de abajo y encuentra en la obra de Colchado una digna sucesión.
El tiempo de la novela es muy vasto, los mitos mochicas enlazan la partida y el final, mientras que otros personajes se proyectan hasta nuestros días, destacando los narcotraficantes, que incursionan en la pesca para encontrar rutas para la droga por el ancho mar peruano. Aunque el acontecimiento central de la novela es la huelga de pescadores de 1976, que definió el rumbo de la Segunda Fase del gobierno militar.
En 1973, el general Velasco había expropiado la pesca industrial, incluyendo las operaciones de mar y las fábricas en tierra. Pero, era mala época para la industria pesquera, porque se había producido un colapso biológico. En efecto, la sobrepesca había destruido la capacidad de las especies para reproducirse y, por varios años seguidos, se había roto el equilibrio de la vida en el mar.
Adicionalmente, un fenómeno El Niño de moderada intensidad terminó de generar el desastre. Por ello, inmediatamente después de la expropiación y, por casi 15 años, se redujo considerablemente la pesca de anchoveta. El Estado expropió una industria en colapso.
Por otro lado, se trataba de empresas con elevada deuda bancaria. La instalación inicial de las fábricas y la constante renovación de la flota habían demandado una inversión elevada y periódica, que se traducía en dependencia con respecto al sector financiero. Así, la expropiación hecha por Velasco salvó a la industria de la quiebra.
Pero a Morales Bermúdez se le vino el mundo abajo. Tenía deudas por pagar y el sector no funcionaba porque no había materia prima. Por ello, ensayó la primera privatización después de las estatizaciones velasquistas. El adelantado del neoliberalismo era bastante modesto. Se trataba de las bolicheras, que el gobierno ofertó a los trabajadores, invitándolos a formar cooperativas. Pero la mayoría de pescadores rechazó la privatización y comenzó una prolongada huelga.
Esa es la trama de la novela: la convulsión social en todos los estratos de Chimbote durante la gran huelga de pescadores de 1976. Sucede que el trabajo en el mar está lleno de incertidumbre y tanto puede realizarse como frustrarse, el éxito es aleatorio, no depende exactamente de uno; además, los meses de faena pueden ser menos que los de para.
Como la incertidumbre desgasta, la gente prefería la seguridad de la empresa estatal y no estaba dispuesta a perder sus beneficios. Además, la defensa de los pescadores era causa común de estudiantes y trabajadores que colaboraron con el movimiento. También están retratados sus enemigos, por ejemplo, los integrantes del Movimiento Laboral Revolucionario, MLR, que trabajaban para el gobierno con métodos lumpenescos.
Por último, Colchado ha construido un relato político sobre las peripecias de la izquierda clasista, que era revolucionaria en un estilo muy distinto al de Sendero Luminoso y la guerra popular. En esa época se pensaba que la revolución surgiría de la huelga de masas, un tipo de experiencia que, combinada con elecciones, podía llevar al gobierno, postergando la guerra para una eventualidad posterior. Pero los sucesos originados por Sendero identificaron revolución con terrorismo, aunque los caminos de los años 1970 eran bastante distintos. Esta novela ventila los sueños que teníamos despiertos quienes creíamos en el clasismo de entonces.
Por: Antonio Zapata
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Con ese título, pocas semanas atrás, ha aparecido una novela sobre la pesca industrial en el Perú contemporáneo. Escrito por Óscar Colchado, este relato se ubica en Chimbote y vuelve a recorrer la larga tradición literaria de este famoso puerto pesquero. Esa narrativa regional comenzó con la obra de José María Arguedas El zorro de arriba y el zorro de abajo y encuentra en la obra de Colchado una digna sucesión.
El tiempo de la novela es muy vasto, los mitos mochicas enlazan la partida y el final, mientras que otros personajes se proyectan hasta nuestros días, destacando los narcotraficantes, que incursionan en la pesca para encontrar rutas para la droga por el ancho mar peruano. Aunque el acontecimiento central de la novela es la huelga de pescadores de 1976, que definió el rumbo de la Segunda Fase del gobierno militar.
En 1973, el general Velasco había expropiado la pesca industrial, incluyendo las operaciones de mar y las fábricas en tierra. Pero, era mala época para la industria pesquera, porque se había producido un colapso biológico. En efecto, la sobrepesca había destruido la capacidad de las especies para reproducirse y, por varios años seguidos, se había roto el equilibrio de la vida en el mar.
Adicionalmente, un fenómeno El Niño de moderada intensidad terminó de generar el desastre. Por ello, inmediatamente después de la expropiación y, por casi 15 años, se redujo considerablemente la pesca de anchoveta. El Estado expropió una industria en colapso.
Por otro lado, se trataba de empresas con elevada deuda bancaria. La instalación inicial de las fábricas y la constante renovación de la flota habían demandado una inversión elevada y periódica, que se traducía en dependencia con respecto al sector financiero. Así, la expropiación hecha por Velasco salvó a la industria de la quiebra.
Pero a Morales Bermúdez se le vino el mundo abajo. Tenía deudas por pagar y el sector no funcionaba porque no había materia prima. Por ello, ensayó la primera privatización después de las estatizaciones velasquistas. El adelantado del neoliberalismo era bastante modesto. Se trataba de las bolicheras, que el gobierno ofertó a los trabajadores, invitándolos a formar cooperativas. Pero la mayoría de pescadores rechazó la privatización y comenzó una prolongada huelga.
Esa es la trama de la novela: la convulsión social en todos los estratos de Chimbote durante la gran huelga de pescadores de 1976. Sucede que el trabajo en el mar está lleno de incertidumbre y tanto puede realizarse como frustrarse, el éxito es aleatorio, no depende exactamente de uno; además, los meses de faena pueden ser menos que los de para.
Como la incertidumbre desgasta, la gente prefería la seguridad de la empresa estatal y no estaba dispuesta a perder sus beneficios. Además, la defensa de los pescadores era causa común de estudiantes y trabajadores que colaboraron con el movimiento. También están retratados sus enemigos, por ejemplo, los integrantes del Movimiento Laboral Revolucionario, MLR, que trabajaban para el gobierno con métodos lumpenescos.
Por último, Colchado ha construido un relato político sobre las peripecias de la izquierda clasista, que era revolucionaria en un estilo muy distinto al de Sendero Luminoso y la guerra popular. En esa época se pensaba que la revolución surgiría de la huelga de masas, un tipo de experiencia que, combinada con elecciones, podía llevar al gobierno, postergando la guerra para una eventualidad posterior. Pero los sucesos originados por Sendero identificaron revolución con terrorismo, aunque los caminos de los años 1970 eran bastante distintos. Esta novela ventila los sueños que teníamos despiertos quienes creíamos en el clasismo de entonces.
NADINE POMA
Por: Antonio Zapata
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La Primera Dama, Nadine Heredia, ha escrito una frase clave vía Twitter que ha merecido todo tipo de comentarios. Al estallar el caso Chehade, Nadine preguntó “¿es tan difícil caminar derecho?”. Esa interrogante fue una bomba, porque a partir de entonces Chehade perdió apoyo en el Ejecutivo; luego, el presidente ha manifestado que solo confía en las investigaciones y no necesariamente en la versión de su vicepresidente.
La pregunta de Nadine ha sido interpretada de múltiples maneras, entre otras opiniones, quisiera ponerla en relación con una frase célebre, así de corta, que escribió el cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala. A modo de letanía, esta crónica del siglo XVII está atravesada por la expresión, “y no hay remedio”. Así, Guamán Poma manifiesta su desconsuelo ante el régimen colonial y lo resume en una oración desesperada. El cronista indio había perdido la fe y sus ilusiones se habían esfumado. Era un anciano, había visto demasiado y, a esas alturas, un régimen justo le parecía imposible.
La crónica de Guamán Poma de Ayala es una larga carta al rey que acompañó por cientos de dibujos. Hoy en día, para comprender la sociedad virreinal, esas ilustraciones valen más que mil palabras, porque nos permiten verla a través de su lente. Su análisis de la colonia subraya el tema de la corrupción, tanto política, como sobre todo de las costumbres. Él conocía que las autoridades civiles y eclesiásticas mayormente estaban preocupadas por llenarse los bolsillos despreciando el bien común. Eran tantos los corruptos que se sumió en el desespero que evidencia su letanía: y no hay remedio.
No es el único que ha muerto decepcionado en la historia nacional. Al contrario, la generación de los fundadores de la Independencia, por ejemplo, murió pensando que su vida había sido en vano. El mismo Bolívar expresa ese ánimo. Entre nosotros, el primer presidente, José de la Riva Agüero, escribió unas memorias muy amargas que reniegan del retroceso de la vida civil que significaron los caudillos de la primera anarquía republicana.
Pero, en el caso de la Primera Dama, su twitter no significa resignación colérica, como expresa la frase de Guamán Poma. Por el contrario, Nadine manifiesta un enojo similar, aunque asumiendo que sí le parece posible caminar derecho. En ese sentido, muestra el pensamiento de una persona joven, que mantiene expectativas de cambio.
Sin embargo, el momento es crucial, ahora la ciudadanía ha de formarse una idea de los límites de este gobierno. Si la gente acaba pensando que es tan corrupto como los anteriores, entonces se frustrarán las esperanzas de renovación. Poco importará la eventual mejor calidad de la burocracia, si se percibe que los corruptos continúan operando, el prestigio gubernamental se derrumbará y quedará con las manos atadas. Por ello, el caso Chehade es decisivo ante la opinión pública y el Estado se halla frente a un dilema: o muestra que es posible enderezar el país, o se desliza a la mediocridad y entonces la gente pensará como Guamán Poma, que no hay remedio.
El laberinto político se resuelve entre esas dos frases llenas de sentido común. El gobierno tendría que responder en la línea sugerida por la Primera Dama y mostrar su disposición a cumplir la ley, separando a quienes lo han comprometido políticamente.
Pero si la ciudadanía acaba pensando como Guamán Poma, entonces veremos a Humala caer en picada en las encuestas y quedar prisionero de los poderes fácticos que motorizan la corrupción. En efecto, los empresarios mercantilistas son la clave de este fenómeno; por ejemplo, el Grupo Wong estuvo ausente en la comida de Las Brujas de Cachiche, pero sus intereses estaban presentes. ¿Alguien lo duda?
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La Primera Dama, Nadine Heredia, ha escrito una frase clave vía Twitter que ha merecido todo tipo de comentarios. Al estallar el caso Chehade, Nadine preguntó “¿es tan difícil caminar derecho?”. Esa interrogante fue una bomba, porque a partir de entonces Chehade perdió apoyo en el Ejecutivo; luego, el presidente ha manifestado que solo confía en las investigaciones y no necesariamente en la versión de su vicepresidente.
La pregunta de Nadine ha sido interpretada de múltiples maneras, entre otras opiniones, quisiera ponerla en relación con una frase célebre, así de corta, que escribió el cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala. A modo de letanía, esta crónica del siglo XVII está atravesada por la expresión, “y no hay remedio”. Así, Guamán Poma manifiesta su desconsuelo ante el régimen colonial y lo resume en una oración desesperada. El cronista indio había perdido la fe y sus ilusiones se habían esfumado. Era un anciano, había visto demasiado y, a esas alturas, un régimen justo le parecía imposible.
La crónica de Guamán Poma de Ayala es una larga carta al rey que acompañó por cientos de dibujos. Hoy en día, para comprender la sociedad virreinal, esas ilustraciones valen más que mil palabras, porque nos permiten verla a través de su lente. Su análisis de la colonia subraya el tema de la corrupción, tanto política, como sobre todo de las costumbres. Él conocía que las autoridades civiles y eclesiásticas mayormente estaban preocupadas por llenarse los bolsillos despreciando el bien común. Eran tantos los corruptos que se sumió en el desespero que evidencia su letanía: y no hay remedio.
No es el único que ha muerto decepcionado en la historia nacional. Al contrario, la generación de los fundadores de la Independencia, por ejemplo, murió pensando que su vida había sido en vano. El mismo Bolívar expresa ese ánimo. Entre nosotros, el primer presidente, José de la Riva Agüero, escribió unas memorias muy amargas que reniegan del retroceso de la vida civil que significaron los caudillos de la primera anarquía republicana.
Pero, en el caso de la Primera Dama, su twitter no significa resignación colérica, como expresa la frase de Guamán Poma. Por el contrario, Nadine manifiesta un enojo similar, aunque asumiendo que sí le parece posible caminar derecho. En ese sentido, muestra el pensamiento de una persona joven, que mantiene expectativas de cambio.
Sin embargo, el momento es crucial, ahora la ciudadanía ha de formarse una idea de los límites de este gobierno. Si la gente acaba pensando que es tan corrupto como los anteriores, entonces se frustrarán las esperanzas de renovación. Poco importará la eventual mejor calidad de la burocracia, si se percibe que los corruptos continúan operando, el prestigio gubernamental se derrumbará y quedará con las manos atadas. Por ello, el caso Chehade es decisivo ante la opinión pública y el Estado se halla frente a un dilema: o muestra que es posible enderezar el país, o se desliza a la mediocridad y entonces la gente pensará como Guamán Poma, que no hay remedio.
El laberinto político se resuelve entre esas dos frases llenas de sentido común. El gobierno tendría que responder en la línea sugerida por la Primera Dama y mostrar su disposición a cumplir la ley, separando a quienes lo han comprometido políticamente.
Pero si la ciudadanía acaba pensando como Guamán Poma, entonces veremos a Humala caer en picada en las encuestas y quedar prisionero de los poderes fácticos que motorizan la corrupción. En efecto, los empresarios mercantilistas son la clave de este fenómeno; por ejemplo, el Grupo Wong estuvo ausente en la comida de Las Brujas de Cachiche, pero sus intereses estaban presentes. ¿Alguien lo duda?
ESTABLO DE AUGIAS
» El establo de Augías18 de octubre de 2011 ZAPATA
En ocasiones, la mitología clásica provee de figuras que ayudan a entender los fenómenos políticos. En este caso, pretendo comparar una de las tareas de Hércules con la situación actual del Pronaa. En realidad, busco reflexionar sobre la responsabilidad del Estado para alimentar a la población más pobre del país. Para comenzar, cabe indicar que los trabajos de Hércules eran una penitencia, estaba pagando una mala conducta de su linaje. Igual el Estado peruano tiene que alimentar a los más pobres como castigo, por haber permitido un modelo de desarrollo que condena al hambre a amplios sectores marginados. En ese sentido, el antecedente del gobierno actual es el olvido histórico de las zonas rurales campesinas.
Por su parte, la sexta tarea de Hércules consistió en limpiar en un solo día el establo del rey Augías, quien tenía los mayores rebaños de Grecia antigua. Este monarca había sido favorecido por los dioses alejando para siempre las enfermedades de sus animales. Por ello, nunca había limpiado su establo, que era una inmensa aglomeración de ganado en medio de la cochinada. De alguna manera, parecido a un almacén del Pronaa, donde se concentran los alimentos antes de ser repartidos, en recintos cerrados –aunque sin protección de los dioses– atacados por miles de roedores, que los trabajadores alejan usando pesticidas, tan peligrosos que de mezclarse con los alimentos ocasionan la muerte.
Limpiar esos almacenes y sanear la cadena de distribución parece tarea de Hércules. Sobre todo porque genera oportunidades para la corrupción. Los abastecedores del Pronaa piensan que necesitan apoyo político para concretar sus contratos. Por ello están dispuestos a sobornar y algunas autoridades han venido aceptando esos sobornos regularmente. Así, encontramos un sistema de difícil limpieza, tanto por suciedad física como moral.
Además, Hércules tenía que limpiar el establo en un solo día. No tenía tiempo, estaba obligado a la rapidez. La misma celeridad que hoy en día requiere el gobierno. Como todos sabemos, alimentos donados por el Pronaa han terminado con la vida de tres niños en un caserío de Cajamarca. Esto no puede seguir y se ha dispuesto la reorganización de la entidad, que ahora se halla en el Ministerio de la Mujer y mañana será transferida al nuevo Ministerio, aún por estrenar, de la Inclusión Social.
El procedimiento de Hércules podría servir como inspiración. Lejos de pretender barrer con escoba y trapo, el héroe griego desvió un río y construyó un canal hasta el establo. Luego, las aguas hicieron el trabajo y todo quedó limpio en un santiamén. Así tendría que hacer el Estado, terminar rápido con esa cadena de distribución que no conduce a nada bueno. Paralelamente, darle continuidad a la función de contribuir con la alimentación de los marginales, pero hacerlo de una manera más limpia, que se organice desde el nuevo Ministerio de la Inclusión Social.
Se podría transferir dinero líquido, como se hace en el programa Juntos, para que madres de familia responsables de una serie de obligaciones sociales puedan financiar sus necesidades básicas y de paso integrarse al mercado local. La otra posibilidad es repartir cupones, como se hace en muchos países, para que los beneficiarios los canjeen por alimentos directamente en las tiendas de la localidad. Como nada es perfecto, ambas soluciones tienen defectos. Pero cumplen el sentido de la tarea de Hércules: limpiar en un día y entregar un sistema que haga lo mismo, reduciendo corrupción y sin más muertes que lamentar.
Para terminar con la historia del héroe griego, resulta que Augías se negó a pagar por la limpieza; al contrario, desarrolló una lucha sin sentido que lo llevó a perder su trono. Así tendría que hacer el Estado: terminar rápido con esa cadena de distribución que no conduce a nada bueno.
En ocasiones, la mitología clásica provee de figuras que ayudan a entender los fenómenos políticos. En este caso, pretendo comparar una de las tareas de Hércules con la situación actual del Pronaa. En realidad, busco reflexionar sobre la responsabilidad del Estado para alimentar a la población más pobre del país. Para comenzar, cabe indicar que los trabajos de Hércules eran una penitencia, estaba pagando una mala conducta de su linaje. Igual el Estado peruano tiene que alimentar a los más pobres como castigo, por haber permitido un modelo de desarrollo que condena al hambre a amplios sectores marginados. En ese sentido, el antecedente del gobierno actual es el olvido histórico de las zonas rurales campesinas.
Por su parte, la sexta tarea de Hércules consistió en limpiar en un solo día el establo del rey Augías, quien tenía los mayores rebaños de Grecia antigua. Este monarca había sido favorecido por los dioses alejando para siempre las enfermedades de sus animales. Por ello, nunca había limpiado su establo, que era una inmensa aglomeración de ganado en medio de la cochinada. De alguna manera, parecido a un almacén del Pronaa, donde se concentran los alimentos antes de ser repartidos, en recintos cerrados –aunque sin protección de los dioses– atacados por miles de roedores, que los trabajadores alejan usando pesticidas, tan peligrosos que de mezclarse con los alimentos ocasionan la muerte.
Limpiar esos almacenes y sanear la cadena de distribución parece tarea de Hércules. Sobre todo porque genera oportunidades para la corrupción. Los abastecedores del Pronaa piensan que necesitan apoyo político para concretar sus contratos. Por ello están dispuestos a sobornar y algunas autoridades han venido aceptando esos sobornos regularmente. Así, encontramos un sistema de difícil limpieza, tanto por suciedad física como moral.
Además, Hércules tenía que limpiar el establo en un solo día. No tenía tiempo, estaba obligado a la rapidez. La misma celeridad que hoy en día requiere el gobierno. Como todos sabemos, alimentos donados por el Pronaa han terminado con la vida de tres niños en un caserío de Cajamarca. Esto no puede seguir y se ha dispuesto la reorganización de la entidad, que ahora se halla en el Ministerio de la Mujer y mañana será transferida al nuevo Ministerio, aún por estrenar, de la Inclusión Social.
El procedimiento de Hércules podría servir como inspiración. Lejos de pretender barrer con escoba y trapo, el héroe griego desvió un río y construyó un canal hasta el establo. Luego, las aguas hicieron el trabajo y todo quedó limpio en un santiamén. Así tendría que hacer el Estado, terminar rápido con esa cadena de distribución que no conduce a nada bueno. Paralelamente, darle continuidad a la función de contribuir con la alimentación de los marginales, pero hacerlo de una manera más limpia, que se organice desde el nuevo Ministerio de la Inclusión Social.
Se podría transferir dinero líquido, como se hace en el programa Juntos, para que madres de familia responsables de una serie de obligaciones sociales puedan financiar sus necesidades básicas y de paso integrarse al mercado local. La otra posibilidad es repartir cupones, como se hace en muchos países, para que los beneficiarios los canjeen por alimentos directamente en las tiendas de la localidad. Como nada es perfecto, ambas soluciones tienen defectos. Pero cumplen el sentido de la tarea de Hércules: limpiar en un día y entregar un sistema que haga lo mismo, reduciendo corrupción y sin más muertes que lamentar.
Para terminar con la historia del héroe griego, resulta que Augías se negó a pagar por la limpieza; al contrario, desarrolló una lucha sin sentido que lo llevó a perder su trono. Así tendría que hacer el Estado: terminar rápido con esa cadena de distribución que no conduce a nada bueno.
GEOPOLITICA
El Perú en la geopolítica regional
Por: Óscar Vidarte
La década pasada, el debate político en AL planteó el enfrentamiento de dos izquierdas. El rechazo en la región al Consenso de Washington, base fundamental de las reformas neoliberales de los 90, generó la aparición de gobiernos de izquierda, los cuales –si bien compartían su crítica al modelo existente– también han demostrado, con los años, que tienen importantes diferencias de fondo.
Los temores por la elección de Lula da Silva en Brasil el 2002 rápidamente fueron despejados en virtud de una política que mantuvo el manejo económico, haciendo un énfasis en el papel del Estado y en los aspectos sociales. Mientras tanto, el llamado eje chavista, dominado por el gobierno de Hugo Chávez, representaba esa otra izquierda, autoritaria y confrontacional con los EEUU.
Partiendo del mismo punto, ambos bloques se enfrascaron en una competencia por lograr adeptos. Venezuela se acercó a Cuba, logrando cierta cercanía con países como Ecuador, Bolivia y Nicaragua; por su lado Brasil, con una política internacional mucho más inteligente, pudo construir una fuerte relación con países como Uruguay, Paraguay y Argentina, además de ser el gran impulsor de un importante mecanismo de integración regional como la Unasur.
El Perú no estuvo ajeno a esta discusión. Tanto el gobierno de Toledo como el de García marcaron diferencias con el régimen venezolano, de ahí que tuviéramos más de un problema diplomático producto de los constantes enfrentamientos. En este contexto, el apoyo de Chávez a la candidatura de Ollanta Humala el 2006 fue muy preocupante para el statu quo peruano y una de las principales razones de su derrota. En relación con Brasil, nuestro país se mantuvo cercano durante toda la década; sin embargo, mientras que el gobierno peruposibilista logró construir una relación estratégica, Alan García priorizó el aspecto económico, especialmente las inversiones brasileñas en el Perú.
En la actualidad, la situación parece haber cambiado. La difícil realidad del gobierno venezolano a partir de la crisis económica y social que vive dicho país, y la enfermedad de su máximo líder y sustento de la llamada “revolución bolivariana”, Hugo Chávez, han debilitado la política internacional de Venezuela en AL. Hablar de un eje chavista, es decir, de un Consenso de Caracas que ejerza algún rol hegemónico en nuestro continente, parece una ilusión.
Por el contrario, en algunos círculos prefieren referirse hoy a la existencia de un debate marcado por el enfrentamiento entre Brasil y EEUU por AL. Importante es señalar que sería erróneo desconocer el papel de EEUU en nuestra región durante la década pasada, pero el avance de la izquierda permitió que su influencia, por lo menos en Sudamérica, solo pueda encontrarse con claridad en dos países: Colombia y Perú. Es más, la que fue la principal política estadounidense para con AL, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se vio trunca el 2005 en la Cumbre de Mar del Plata en virtud de esa izquierda que ya estaba emergiendo.
Justamente el modelo brasileño, también llamado por Michael Shifter Consenso de Brasilia (en relación con el de Washington), parece estar predominando en los gobiernos electos en la región.
Desde José Mujica en Uruguay, Mauricio Funes en El Salvador y Fernando Lugo en Paraguay, parece que se comienza a consolidar una tendencia en la región: presidentes, antes izquierdistas radicales (algunos ex guerrilleros), hoy moderados y abiertos al mundo.
El caso peruano se presenta particularmente importante en este juego político. Hasta hace poco, el Perú todavía podía jactarse de estar más cerca de los EEUU que de Brasil. A pesar de lo señalado con respecto a nuestra relación con el gigante sudamericano, era innegable el rol preponderante que ejercía la potencia mundial. Si bien desde el gobierno de Toledo fueron evidentes los problemas para poder manejar ambas relaciones: por un lado, negociando un TLC con los EEUU y, por otro, consolidando la asociación con Brasil; el régimen aprista pareció definir como prioridad los EEUU, asumiendo un discurso (resumido en “el perro del hortelano”) que lo alejó bastante de la retórica de Lula da Silva.
El ascenso de Ollanta Humala al poder parece servir de punto de quiebre. Las dudas existentes en la campaña presidencial se han ido disipando frente a un eventual acercamiento al Consenso de Brasilia, dejando de lado posiciones radicales y tratando de seguir el camino de una izquierda que tiende hacia el centro político. Es más, el reconocido intelectual Immanuel Wallerstein identificó al Perú como un país clave en la lucha geopolítica regional entre EEUU y Brasil, siendo los resultados de las recientes elecciones una gran derrota para el país del norte; aunque, irónicamente, no cabe duda de que EEUU prefiere a un Ollanta Humala “lulista” (partiendo de la premisa que Dilma Rousseff significa la continuidad en materia de política regional) que “chavista
Por: Óscar Vidarte
La década pasada, el debate político en AL planteó el enfrentamiento de dos izquierdas. El rechazo en la región al Consenso de Washington, base fundamental de las reformas neoliberales de los 90, generó la aparición de gobiernos de izquierda, los cuales –si bien compartían su crítica al modelo existente– también han demostrado, con los años, que tienen importantes diferencias de fondo.
Los temores por la elección de Lula da Silva en Brasil el 2002 rápidamente fueron despejados en virtud de una política que mantuvo el manejo económico, haciendo un énfasis en el papel del Estado y en los aspectos sociales. Mientras tanto, el llamado eje chavista, dominado por el gobierno de Hugo Chávez, representaba esa otra izquierda, autoritaria y confrontacional con los EEUU.
Partiendo del mismo punto, ambos bloques se enfrascaron en una competencia por lograr adeptos. Venezuela se acercó a Cuba, logrando cierta cercanía con países como Ecuador, Bolivia y Nicaragua; por su lado Brasil, con una política internacional mucho más inteligente, pudo construir una fuerte relación con países como Uruguay, Paraguay y Argentina, además de ser el gran impulsor de un importante mecanismo de integración regional como la Unasur.
El Perú no estuvo ajeno a esta discusión. Tanto el gobierno de Toledo como el de García marcaron diferencias con el régimen venezolano, de ahí que tuviéramos más de un problema diplomático producto de los constantes enfrentamientos. En este contexto, el apoyo de Chávez a la candidatura de Ollanta Humala el 2006 fue muy preocupante para el statu quo peruano y una de las principales razones de su derrota. En relación con Brasil, nuestro país se mantuvo cercano durante toda la década; sin embargo, mientras que el gobierno peruposibilista logró construir una relación estratégica, Alan García priorizó el aspecto económico, especialmente las inversiones brasileñas en el Perú.
En la actualidad, la situación parece haber cambiado. La difícil realidad del gobierno venezolano a partir de la crisis económica y social que vive dicho país, y la enfermedad de su máximo líder y sustento de la llamada “revolución bolivariana”, Hugo Chávez, han debilitado la política internacional de Venezuela en AL. Hablar de un eje chavista, es decir, de un Consenso de Caracas que ejerza algún rol hegemónico en nuestro continente, parece una ilusión.
Por el contrario, en algunos círculos prefieren referirse hoy a la existencia de un debate marcado por el enfrentamiento entre Brasil y EEUU por AL. Importante es señalar que sería erróneo desconocer el papel de EEUU en nuestra región durante la década pasada, pero el avance de la izquierda permitió que su influencia, por lo menos en Sudamérica, solo pueda encontrarse con claridad en dos países: Colombia y Perú. Es más, la que fue la principal política estadounidense para con AL, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), se vio trunca el 2005 en la Cumbre de Mar del Plata en virtud de esa izquierda que ya estaba emergiendo.
Justamente el modelo brasileño, también llamado por Michael Shifter Consenso de Brasilia (en relación con el de Washington), parece estar predominando en los gobiernos electos en la región.
Desde José Mujica en Uruguay, Mauricio Funes en El Salvador y Fernando Lugo en Paraguay, parece que se comienza a consolidar una tendencia en la región: presidentes, antes izquierdistas radicales (algunos ex guerrilleros), hoy moderados y abiertos al mundo.
El caso peruano se presenta particularmente importante en este juego político. Hasta hace poco, el Perú todavía podía jactarse de estar más cerca de los EEUU que de Brasil. A pesar de lo señalado con respecto a nuestra relación con el gigante sudamericano, era innegable el rol preponderante que ejercía la potencia mundial. Si bien desde el gobierno de Toledo fueron evidentes los problemas para poder manejar ambas relaciones: por un lado, negociando un TLC con los EEUU y, por otro, consolidando la asociación con Brasil; el régimen aprista pareció definir como prioridad los EEUU, asumiendo un discurso (resumido en “el perro del hortelano”) que lo alejó bastante de la retórica de Lula da Silva.
El ascenso de Ollanta Humala al poder parece servir de punto de quiebre. Las dudas existentes en la campaña presidencial se han ido disipando frente a un eventual acercamiento al Consenso de Brasilia, dejando de lado posiciones radicales y tratando de seguir el camino de una izquierda que tiende hacia el centro político. Es más, el reconocido intelectual Immanuel Wallerstein identificó al Perú como un país clave en la lucha geopolítica regional entre EEUU y Brasil, siendo los resultados de las recientes elecciones una gran derrota para el país del norte; aunque, irónicamente, no cabe duda de que EEUU prefiere a un Ollanta Humala “lulista” (partiendo de la premisa que Dilma Rousseff significa la continuidad en materia de política regional) que “chavista
HUMALA 100 DIAS
Por: Juan de la Puente
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El gobierno transita sus primeros 100 días con algunos logros sustantivos. Quizás el primero sea que el país ha continuado su marcha a despecho de las previsiones catastrofistas de la derecha perdedora de las elecciones. Ninguna ecuación política, salvo el retroceso, sería posible si la economía no continuara la evolución prevista. Junto a lo señalado, otro logro político debe ser anotado: haber convertido en hegemónica y culturalmente irrebatible la crítica a la desigualdad y, por lo tanto, en viables las decisiones en línea de la inclusión. Solo habría que recordar que hace pocos años, la equidad era casi una mala palabra.
No obstante, también merece atención el modelo de gobierno propuesto, sostenido en una triple convivencia entre nacionalistas, socialistas y liberales. La integración de una parte de estos últimos en el gobierno es audaz en tanto la expresión de un modelo de cambio sin vencedores ni vencidos, distante del modelo venezolano y acaso ecuatoriano. La apuesta consiste en integrar a parte de los vencedores a la obra del gobierno bajo la idea de que existe una agenda liberal de contenido distributivo.
Para más de uno, el riesgo de este modelo no es la convivencia sino la acotación de los cambios, es decir, el tránsito hacia las reglas de juego chilenas luego de Pinochet, donde las políticas fueron moduladas por los poderes fácticos en apoyo de fuerzas del gobierno. En nuestro caso, esa posibilidad depende del perfil de los movimientos sociales, autónomos los últimos 20 años. Esta discusión se resolverá en la práctica cuando la calle responda a la pregunta: ¿Se autonomizarán del gobierno los movimientos sociales en un grado muy alto y podrán forzar un ciclo de cambios más rápidos e intensos?
El gobierno ha tenido éxito en rebajar las expectativas económicas centrando las demandas en la política social. La aprobación de la Ley de Consulta Previa y del gravamen minero no colisionan (todavía) con el núcleo del modelo; tampoco la puesta en marcha de los programas sociales ofrecidos. En este diálogo de señas e imágenes, la sociedad parece contentarse por ahora con la parte social de la inclusión, rebajando sus demandas de poder y de cambio económico. Ese canje tiene un tiempo político valioso que se debería traducir en la reforma del Estado, el principal problema de la inclusión en el corto plazo. El país quiere aunque sea un pedazo de cambio.
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El gobierno transita sus primeros 100 días con algunos logros sustantivos. Quizás el primero sea que el país ha continuado su marcha a despecho de las previsiones catastrofistas de la derecha perdedora de las elecciones. Ninguna ecuación política, salvo el retroceso, sería posible si la economía no continuara la evolución prevista. Junto a lo señalado, otro logro político debe ser anotado: haber convertido en hegemónica y culturalmente irrebatible la crítica a la desigualdad y, por lo tanto, en viables las decisiones en línea de la inclusión. Solo habría que recordar que hace pocos años, la equidad era casi una mala palabra.
No obstante, también merece atención el modelo de gobierno propuesto, sostenido en una triple convivencia entre nacionalistas, socialistas y liberales. La integración de una parte de estos últimos en el gobierno es audaz en tanto la expresión de un modelo de cambio sin vencedores ni vencidos, distante del modelo venezolano y acaso ecuatoriano. La apuesta consiste en integrar a parte de los vencedores a la obra del gobierno bajo la idea de que existe una agenda liberal de contenido distributivo.
Para más de uno, el riesgo de este modelo no es la convivencia sino la acotación de los cambios, es decir, el tránsito hacia las reglas de juego chilenas luego de Pinochet, donde las políticas fueron moduladas por los poderes fácticos en apoyo de fuerzas del gobierno. En nuestro caso, esa posibilidad depende del perfil de los movimientos sociales, autónomos los últimos 20 años. Esta discusión se resolverá en la práctica cuando la calle responda a la pregunta: ¿Se autonomizarán del gobierno los movimientos sociales en un grado muy alto y podrán forzar un ciclo de cambios más rápidos e intensos?
El gobierno ha tenido éxito en rebajar las expectativas económicas centrando las demandas en la política social. La aprobación de la Ley de Consulta Previa y del gravamen minero no colisionan (todavía) con el núcleo del modelo; tampoco la puesta en marcha de los programas sociales ofrecidos. En este diálogo de señas e imágenes, la sociedad parece contentarse por ahora con la parte social de la inclusión, rebajando sus demandas de poder y de cambio económico. Ese canje tiene un tiempo político valioso que se debería traducir en la reforma del Estado, el principal problema de la inclusión en el corto plazo. El país quiere aunque sea un pedazo de cambio.
CAMILA
¿Nos falta una Camila Vallejo?
Por Manuel Burga
Los jóvenes estudiantes chilenos, de las universidades públicas fundamentalmente, movilizados desde hace tres meses, con Camila Vallejo a la cabeza, han puesto en verdaderos apuros al gobierno de Sebastián Piñera. Una simpática estudiante de geografía, de 23 años, que prepara su licenciatura en la U. de Chile, como presidenta de la FECH, Federación de Estudiantes de Chile, ha asumido un sorprendente liderazgo estudiantil. Aún no sabemos cuál será el desenlace de estas protestas que el martes 9 pasado pusieron a 150 mil personas en las calles de Santiago. Pero ¿por qué nos debería preocupar la falta de una Camila Vallejo en nuestro país?
Los universitarios peruanos, docentes y estudiantes, sobre todo de las públicas, ni siquiera pueden imaginar la naturaleza de la educación superior universitaria chilena, cuyas reglas fueron establecidas por una ley de 1981, en el apogeo de Pinochet. Esa ley puso fin, en un contexto dictatorial, al tradicional modelo de la reforma de Córdoba: liquidó la gratuidad y el cogobierno estudiantil, al mismo tiempo. Desde entonces los estudiantes pagan aranceles, matrículas y pensiones, tan altas como las que se pagan en las universidades privadas.
La ausencia de representación estudiantil en los órganos de gobierno, no impide que los estudiantes tengan sus propios gremios, independientes, dinámicos, legítimos, alejados de las componendas para elegir autoridades, ya que los rectores, vicerrectores y decanos se eligen a través del voto universal de los docentes, principales y asociados, con mayor dedicación. Estas medidas neoliberales fueron compensadas con el Crédito Solidario Universitario que se otorga a miles de estudiantes de las 23 o más universidades que ocupan los mejores puestos en el examen nacional de admisión conducido por la U. de Chile. El año 2006 el fondo rotatorio para estos créditos llegaba a los 120 millones de dólares, mientras que en el INABEC de entonces no teníamos ni tres millones para ayudas semejantes.
Estos préstamos, que antes se devolvían directamente al Estado, ahora, por el incremento de la morosidad y por la lógica devastadora de una economía liberal de mercado, se reciben y devuelven en la banca privada. Préstamos que se deben devolver dos años después de haber terminado los estudios y cuando un trabajo adecuado les permita devolver el préstamo. Pero además, en octubre del 2008, se creó el Sistema Bicentenario de Becas Chile para hacer la maestría y el doctorado en el extranjero. Se iniciaron con 1000 y se incrementaron anualmente en 500 becas más para cada nivel. Cada una está muy bien dotada para permitir que los estudiantes viajen acompañados de sus familias y con programas de reinserción para el regreso.
El modelo universitario chileno es mucho más complejo y eficiente, ya que les ha permitido tener un sistema de calidad que ha llevado a la U. de Chile a ocupar un lugar entre las 500 mejores del mundo. El movimiento estudiantil, según Camila Vallejo, pide un cambio estructural a través de un cambio en la Constitución. Apuntan al corazón mismo del neoliberalismo chileno de los años 80. Critican la mercantilización de la educación superior y piden una educación pública amplia y de calidad.
Los jóvenes chilenos quieren gratuidad, cogobierno y más calidad, sin conocer que los dos primeros, en nuestro caso, han arruinado a nuestra universidad pública. Si no es así, ¿cómo explicar que los estudiantes de la Federico Villarreal sean simples observadores de las luchas docentes en una universidad intervenida y que los operadores políticos de San Marcos hayan liquidado a los auténticos dirigentes estudiantiles? Lógicamente no tenemos a una Camila Vallejo, una voz de alerta, legítima, que nos podría evitar el paso de la pasividad a la agitación violenta en un sistema organizado por la anacrónica ley de 1983, que el Congreso anterior fue incapaz de reemplazar.
Por Manuel Burga
Los jóvenes estudiantes chilenos, de las universidades públicas fundamentalmente, movilizados desde hace tres meses, con Camila Vallejo a la cabeza, han puesto en verdaderos apuros al gobierno de Sebastián Piñera. Una simpática estudiante de geografía, de 23 años, que prepara su licenciatura en la U. de Chile, como presidenta de la FECH, Federación de Estudiantes de Chile, ha asumido un sorprendente liderazgo estudiantil. Aún no sabemos cuál será el desenlace de estas protestas que el martes 9 pasado pusieron a 150 mil personas en las calles de Santiago. Pero ¿por qué nos debería preocupar la falta de una Camila Vallejo en nuestro país?
Los universitarios peruanos, docentes y estudiantes, sobre todo de las públicas, ni siquiera pueden imaginar la naturaleza de la educación superior universitaria chilena, cuyas reglas fueron establecidas por una ley de 1981, en el apogeo de Pinochet. Esa ley puso fin, en un contexto dictatorial, al tradicional modelo de la reforma de Córdoba: liquidó la gratuidad y el cogobierno estudiantil, al mismo tiempo. Desde entonces los estudiantes pagan aranceles, matrículas y pensiones, tan altas como las que se pagan en las universidades privadas.
La ausencia de representación estudiantil en los órganos de gobierno, no impide que los estudiantes tengan sus propios gremios, independientes, dinámicos, legítimos, alejados de las componendas para elegir autoridades, ya que los rectores, vicerrectores y decanos se eligen a través del voto universal de los docentes, principales y asociados, con mayor dedicación. Estas medidas neoliberales fueron compensadas con el Crédito Solidario Universitario que se otorga a miles de estudiantes de las 23 o más universidades que ocupan los mejores puestos en el examen nacional de admisión conducido por la U. de Chile. El año 2006 el fondo rotatorio para estos créditos llegaba a los 120 millones de dólares, mientras que en el INABEC de entonces no teníamos ni tres millones para ayudas semejantes.
Estos préstamos, que antes se devolvían directamente al Estado, ahora, por el incremento de la morosidad y por la lógica devastadora de una economía liberal de mercado, se reciben y devuelven en la banca privada. Préstamos que se deben devolver dos años después de haber terminado los estudios y cuando un trabajo adecuado les permita devolver el préstamo. Pero además, en octubre del 2008, se creó el Sistema Bicentenario de Becas Chile para hacer la maestría y el doctorado en el extranjero. Se iniciaron con 1000 y se incrementaron anualmente en 500 becas más para cada nivel. Cada una está muy bien dotada para permitir que los estudiantes viajen acompañados de sus familias y con programas de reinserción para el regreso.
El modelo universitario chileno es mucho más complejo y eficiente, ya que les ha permitido tener un sistema de calidad que ha llevado a la U. de Chile a ocupar un lugar entre las 500 mejores del mundo. El movimiento estudiantil, según Camila Vallejo, pide un cambio estructural a través de un cambio en la Constitución. Apuntan al corazón mismo del neoliberalismo chileno de los años 80. Critican la mercantilización de la educación superior y piden una educación pública amplia y de calidad.
Los jóvenes chilenos quieren gratuidad, cogobierno y más calidad, sin conocer que los dos primeros, en nuestro caso, han arruinado a nuestra universidad pública. Si no es así, ¿cómo explicar que los estudiantes de la Federico Villarreal sean simples observadores de las luchas docentes en una universidad intervenida y que los operadores políticos de San Marcos hayan liquidado a los auténticos dirigentes estudiantiles? Lógicamente no tenemos a una Camila Vallejo, una voz de alerta, legítima, que nos podría evitar el paso de la pasividad a la agitación violenta en un sistema organizado por la anacrónica ley de 1983, que el Congreso anterior fue incapaz de reemplazar.
LA UNIVERSIDAD ESPERADA
La universidad esperada
Por Manuel Burga
En el “Coloquio Universidad y Nación” organizado en la PUCP en días pasados, ante una pregunta, aparentemente ingenua, de un estudiante de San Marcos, que pidió explicar por qué el tercio estudiantil sanmarquino en las elecciones de rector, 2006 y 2011, eligió autoridades acatando las directivas de sus “operadores políticos”, sin saber por qué y por quiénes votaban, ofrecí una respuesta muy breve que ahora trataré de ampliar. El alumno en realidad me preguntaba, a partir de las versiones que circulan entre sus compañeros, porqué los representantes estudiantiles de San Marcos “vendían” su voto. Mi respuesta fue: a) por la actual crisis de valores que ha traído consigo una economía de mercado que ha puesto precio a casi todo; y b) por la presencia de “operadores políticos” que han reemplazado a las dirigencias estudiantiles. No estaba justificando conductas inmorales, ni hablando de algo muy nuevo.
Las dirigencias estudiantiles en las universidades públicas, interesadas en una universidad de calidad, auténticamente acreditada, moderna y pertinente, dejaron de existir en los años 80 por el accionar de SL y el MRTA. En los 90 aparecieron los “operadores políticos”, generalmente “estudiantes eternos”, especialistas en “ganar” elecciones y elegir autoridades a cambio de prebendas y puestos de trabajo. Esto se volvía crítico en determinado momento y por eso el Congreso fujimorista aprobó la ley 26457 de 1995, justificando una Comisión reorganizadora de San Marcos con dos encargos urgentes: modernizar la institución y proponer una nueva ley universitaria. Al año siguiente el mismo Congreso aprobó el DL 882 autorizando la inversión privada con fines de lucro en la educación superior y abriendo así las compuertas a la avalancha de universidades-empresa. Las que lograron impedir, en el gobierno anterior, desde el Ejecutivo y el Legislativo, una discusión seria, técnica y académica de una nueva ley universitaria.
Los dirigentes estudiantiles son cosa del pasado y los “operadores políticos”, sus reemplazantes, hijos de la globalización neoliberal y de una devastadora economía de mercado donde lo que importa es la ganancia, son los que ahora eligen autoridades, alta dirección y decanos, en las universidades públicas. Los elegidos acceden a buenos sueldos y a manejo presupuestal y los estudiantes son electores ocupando cargos no remunerados. Lógicamente, en un escenario mercantilizado, sin utopías, ni ideales políticos, ni propuestas interesantes, como decía el finado y simpático profesor César Kruger. Los alumnos asambleístas necesitan –y por eso buscan– candidatos a su medida, que les permitan acceder a cargos remunerados.
En Chile, en este momento, no hay cogobierno, pero sí dirigentes estudiantiles, como Camila Vallejo, que piden una educación de calidad, más inversión pública en educación y menos endeudamiento estudiantil para estudiar. ¿Aquí quién va a movilizarse por una nueva ley universitaria que promueva la calidad de las universidades públicas? Ante el escepticismo docente y la ausencia de auténticas dirigencias estudiantiles es necesario que el Estado asuma su papel dirigente y protagónico. De esta manera el más importante inversor en educación universitaria puede asegurar su inversión promoviendo universidades públicas, metropolitanas y regionales, que puedan competir con las mejores privadas, elevando así la calidad del conjunto de las universidades.
Hay que abrir los ojos ante la situación actual: varias universidades públicas intervenidas por la ANR, unas con Comisiones de Orden y Gestión, otras con Comités Electorales Externos, las demás sobreviven casi cautivas de arreglos y componendas entre docentes y operadores estudiantiles. El Congreso anterior creó irracionalmente nuevas universidades públicas, legisló fragmentariamente sobre la educación superior y se quedó en anodinos debates de proyectos y predictámenes. La hora ha llegado: se necesita una nueva ley universitaria que promueva la esperada universidad de calidad que el país reclama.
Por Manuel Burga
En el “Coloquio Universidad y Nación” organizado en la PUCP en días pasados, ante una pregunta, aparentemente ingenua, de un estudiante de San Marcos, que pidió explicar por qué el tercio estudiantil sanmarquino en las elecciones de rector, 2006 y 2011, eligió autoridades acatando las directivas de sus “operadores políticos”, sin saber por qué y por quiénes votaban, ofrecí una respuesta muy breve que ahora trataré de ampliar. El alumno en realidad me preguntaba, a partir de las versiones que circulan entre sus compañeros, porqué los representantes estudiantiles de San Marcos “vendían” su voto. Mi respuesta fue: a) por la actual crisis de valores que ha traído consigo una economía de mercado que ha puesto precio a casi todo; y b) por la presencia de “operadores políticos” que han reemplazado a las dirigencias estudiantiles. No estaba justificando conductas inmorales, ni hablando de algo muy nuevo.
Las dirigencias estudiantiles en las universidades públicas, interesadas en una universidad de calidad, auténticamente acreditada, moderna y pertinente, dejaron de existir en los años 80 por el accionar de SL y el MRTA. En los 90 aparecieron los “operadores políticos”, generalmente “estudiantes eternos”, especialistas en “ganar” elecciones y elegir autoridades a cambio de prebendas y puestos de trabajo. Esto se volvía crítico en determinado momento y por eso el Congreso fujimorista aprobó la ley 26457 de 1995, justificando una Comisión reorganizadora de San Marcos con dos encargos urgentes: modernizar la institución y proponer una nueva ley universitaria. Al año siguiente el mismo Congreso aprobó el DL 882 autorizando la inversión privada con fines de lucro en la educación superior y abriendo así las compuertas a la avalancha de universidades-empresa. Las que lograron impedir, en el gobierno anterior, desde el Ejecutivo y el Legislativo, una discusión seria, técnica y académica de una nueva ley universitaria.
Los dirigentes estudiantiles son cosa del pasado y los “operadores políticos”, sus reemplazantes, hijos de la globalización neoliberal y de una devastadora economía de mercado donde lo que importa es la ganancia, son los que ahora eligen autoridades, alta dirección y decanos, en las universidades públicas. Los elegidos acceden a buenos sueldos y a manejo presupuestal y los estudiantes son electores ocupando cargos no remunerados. Lógicamente, en un escenario mercantilizado, sin utopías, ni ideales políticos, ni propuestas interesantes, como decía el finado y simpático profesor César Kruger. Los alumnos asambleístas necesitan –y por eso buscan– candidatos a su medida, que les permitan acceder a cargos remunerados.
En Chile, en este momento, no hay cogobierno, pero sí dirigentes estudiantiles, como Camila Vallejo, que piden una educación de calidad, más inversión pública en educación y menos endeudamiento estudiantil para estudiar. ¿Aquí quién va a movilizarse por una nueva ley universitaria que promueva la calidad de las universidades públicas? Ante el escepticismo docente y la ausencia de auténticas dirigencias estudiantiles es necesario que el Estado asuma su papel dirigente y protagónico. De esta manera el más importante inversor en educación universitaria puede asegurar su inversión promoviendo universidades públicas, metropolitanas y regionales, que puedan competir con las mejores privadas, elevando así la calidad del conjunto de las universidades.
Hay que abrir los ojos ante la situación actual: varias universidades públicas intervenidas por la ANR, unas con Comisiones de Orden y Gestión, otras con Comités Electorales Externos, las demás sobreviven casi cautivas de arreglos y componendas entre docentes y operadores estudiantiles. El Congreso anterior creó irracionalmente nuevas universidades públicas, legisló fragmentariamente sobre la educación superior y se quedó en anodinos debates de proyectos y predictámenes. La hora ha llegado: se necesita una nueva ley universitaria que promueva la esperada universidad de calidad que el país reclama.
LA UNIVERSIDAD
¿A dónde va la universidad peruana?
Por: Manuel Burga
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El artículo de María José Ampuero, ‘Los zares de la educación’, en el último número de Semana Económica, desnuda –aunque no en su totalidad– la estrecha relación entre los dueños de las universidades-empresa y el poder político. Esta suerte de nueva estructura de poder se comenzó a construir, con viento muy favorable, desde 1996, con la promulgación del DL 882 en el apogeo del fujimorismo, que legalizó la inversión privada con fines de lucro en educación. Estos “zares” de la educación son hijos de la globalización neoliberal. Pero hay otros, la contrapartida de estos, aquellos personajes, políticos, universitarios y académicos, que desde hace más de una década están tejiendo y destejiendo proyectos de ley universitaria, sin suerte alguna. Los zares han podido más, evidentemente, que los propios universitarios en la década pasada.¿Continuará esta situación con el presente gobierno?
El artículo de Ampuero presenta una lista de 17 zares de la educación, y muestra sus relaciones con la función congresal y las universidades que fundaron y que poseen, pero con algunas ausencias notables. Entre los presentes encontramos a César Acuña Peralta, su hijo Richard (hoy congresista), Raúl Diez Canseco, Roger Amuruz Gallegos, Fernando Barrio Ipinza, José Luis Elías Ávalos (congresista) y once más. Todos ellos dueños de universidades; pero sin duda faltan los grandes, los zares con avión, como Fidel Ramírez de Alas Peruanas (57.000 estudiantes) y José Antonio Chang de la USMP (31.000).
Estos zares controlaron el Congreso en los gobiernos de Toledo y García Pérez. En el primero preferentemente el Legislativo, y en el segundo el Legislativo y el Ejecutivo. Con José Antonio Chang esta estructura de poder alcanzó su apogeo, tanto que como ministro se dio el lujo de inducir al presidente García a observar la ley que modificaba la forma de elección de autoridades en las universidades públicas y suprimir la CAFME, cuando este puso exigencias para el funcionamiento de su facultad de medicina en Chiclayo. Además, Alan García y su ministro preferido entretuvieron a los docentes de las públicas dilatando el cumplimiento de las metas de la homologación.
¿En qué situación nos encontramos ahora? Tengo la impresión de que con el gobierno del Apra terminó ese control de los “zares” sobre el Legislativo y el Ejecutivo, y me parece que ahora se podría iniciar el periodo de los que verdaderamente están interesados en la universidad: los universitarios, grupo en el que se pueden incluir a los congresistas sinceramente preocupados por la educación, que desde el año 2001, o antes, elaboran, reelaboran, maquillan, copian, transcriben, a veces de manera muy evidente, proyectos de ley universitaria, antiguos y recientes, que se conservan en archivos virtuales y materiales. Muchos hemos ayudado a poner retazos en esos trajes de arlequín que son los proyectos de ley universitaria que hasta ahora reposan en el archivo de la Comisión de Educación.
La Universidad Antonio Ruiz de Montoya realiza, en estos días, el simposio ¿A dónde va la universidad peruana?, con la intención de crear un espacio de encuentro y debate para ofrecer nuevas respuestas a esa gran pregunta. ¿Los zares seguirán su camino de ascenso? ¿Cómo reaccionarán las privadas sin fines de lucro y cómo las públicas, atrapadas en sus luchas por el poder? ¿Podrán salir de sus dificultades sin una nueva ley universitaria?
El gobierno actual pretende derogar la Ley 29766 que brindaba beneficios tributarios a las universidades-empresas. ¿Podrá hacerlo? Pero por qué detenerse en estos pequeños atajos conseguidos en la época del fujimorismo y por qué no discutir las cosas esenciales, como una nueva ley universitaria que devuelva la calidad, pertinencia y la investigación a la universidad peruana.
Por: Manuel Burga
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El artículo de María José Ampuero, ‘Los zares de la educación’, en el último número de Semana Económica, desnuda –aunque no en su totalidad– la estrecha relación entre los dueños de las universidades-empresa y el poder político. Esta suerte de nueva estructura de poder se comenzó a construir, con viento muy favorable, desde 1996, con la promulgación del DL 882 en el apogeo del fujimorismo, que legalizó la inversión privada con fines de lucro en educación. Estos “zares” de la educación son hijos de la globalización neoliberal. Pero hay otros, la contrapartida de estos, aquellos personajes, políticos, universitarios y académicos, que desde hace más de una década están tejiendo y destejiendo proyectos de ley universitaria, sin suerte alguna. Los zares han podido más, evidentemente, que los propios universitarios en la década pasada.¿Continuará esta situación con el presente gobierno?
El artículo de Ampuero presenta una lista de 17 zares de la educación, y muestra sus relaciones con la función congresal y las universidades que fundaron y que poseen, pero con algunas ausencias notables. Entre los presentes encontramos a César Acuña Peralta, su hijo Richard (hoy congresista), Raúl Diez Canseco, Roger Amuruz Gallegos, Fernando Barrio Ipinza, José Luis Elías Ávalos (congresista) y once más. Todos ellos dueños de universidades; pero sin duda faltan los grandes, los zares con avión, como Fidel Ramírez de Alas Peruanas (57.000 estudiantes) y José Antonio Chang de la USMP (31.000).
Estos zares controlaron el Congreso en los gobiernos de Toledo y García Pérez. En el primero preferentemente el Legislativo, y en el segundo el Legislativo y el Ejecutivo. Con José Antonio Chang esta estructura de poder alcanzó su apogeo, tanto que como ministro se dio el lujo de inducir al presidente García a observar la ley que modificaba la forma de elección de autoridades en las universidades públicas y suprimir la CAFME, cuando este puso exigencias para el funcionamiento de su facultad de medicina en Chiclayo. Además, Alan García y su ministro preferido entretuvieron a los docentes de las públicas dilatando el cumplimiento de las metas de la homologación.
¿En qué situación nos encontramos ahora? Tengo la impresión de que con el gobierno del Apra terminó ese control de los “zares” sobre el Legislativo y el Ejecutivo, y me parece que ahora se podría iniciar el periodo de los que verdaderamente están interesados en la universidad: los universitarios, grupo en el que se pueden incluir a los congresistas sinceramente preocupados por la educación, que desde el año 2001, o antes, elaboran, reelaboran, maquillan, copian, transcriben, a veces de manera muy evidente, proyectos de ley universitaria, antiguos y recientes, que se conservan en archivos virtuales y materiales. Muchos hemos ayudado a poner retazos en esos trajes de arlequín que son los proyectos de ley universitaria que hasta ahora reposan en el archivo de la Comisión de Educación.
La Universidad Antonio Ruiz de Montoya realiza, en estos días, el simposio ¿A dónde va la universidad peruana?, con la intención de crear un espacio de encuentro y debate para ofrecer nuevas respuestas a esa gran pregunta. ¿Los zares seguirán su camino de ascenso? ¿Cómo reaccionarán las privadas sin fines de lucro y cómo las públicas, atrapadas en sus luchas por el poder? ¿Podrán salir de sus dificultades sin una nueva ley universitaria?
El gobierno actual pretende derogar la Ley 29766 que brindaba beneficios tributarios a las universidades-empresas. ¿Podrá hacerlo? Pero por qué detenerse en estos pequeños atajos conseguidos en la época del fujimorismo y por qué no discutir las cosas esenciales, como una nueva ley universitaria que devuelva la calidad, pertinencia y la investigación a la universidad peruana.
BALANCE DE ALAN
- Waldo Mendoza » El legado de García
Profesor de Economía de la PUCP
En materia de política económica, el gobierno de García ya concluyó. Es un buen momento para hacer un balance. Hay consenso que su segundo gobierno ha sido infinitamente mejor que el primero (once entre cero es infinito). Está dejando, sin embargo, varios presentes que serán un dolor de cabeza para la siguiente administración.
Para el debido proceso, debe recordarse que el desempeño macroeconómico de un país depende del contexto externo, la política macroeconómica y el modelo de crecimiento.
El contexto externo
El contexto externo fue, en promedio, favorable para García, con la excepción de 2009. En el periodo 2006-2010 la economía mundial creció en alrededor de 3.5 % anual y el ingreso de capitales a nuestro país bordeó el 2.5 % del PBI.
La política macroeconómica
La política monetaria tuvo tres fases. En la primera, al inicio de este gobierno, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) bajó innecesariamente la meta de inflación; elevó, también por gusto, la remuneración al encaje en moneda extranjera; y ofreció, y reculó de inmediato, una mayor flotación del tipo de cambio.
La segunda etapa estuvo marcada por la crisis mundial. Cuando ya existía evidencia del impulso recesivo proveniente del exterior, no se bajó a tiempo la tasa de interés; aunque sí se evitó una crisis cambiaria con la venta masiva de dólares.
El BCRP se justificó diciendo que no se puede bajar la tasa de interés cuando salen los capitales y presionan el tipo de cambio.
Pero otros bancos centrales, en condiciones similares, bajaron sus tasas de interés mucho antes que nosotros. Esto es posible porque el BCRP tiene dos instrumentos, la venta de dólares esterilizada y la tasa de interés. El primer instrumento fue usado a tiempo; el segundo no.
En la etapa poscrisis el BCRP hizo lo correcto, subió la tasa de interés y la tasa de encaje en moneda extranjera.
La política fiscal, antes de la crisis externa, fue expansiva y, en la fase siguiente, cuando llegó la crisis, fue contractiva. En el primer semestre de 2008, cuando la economía peruana crecía a ritmo chino, la inversión pública subió en 65 % anual y en el periodo recesivo, fines de 2008 y principios de 2009, se elevó solo en 20 %.
En la fase poscrisis, desde fines de 2009, la política fiscal ha retomado su carácter contracíclico.
El modelo de crecimiento
Nuestro desempeño macroeconómico se explica también por el modelo de crecimiento vigente (cuánto Estado y cuánto mercado, cuánta protección arancelaria y cuánto libre comercio).
En América del Sur, por el grado de intervención estatal (en el sistema de precios, en la propiedad de las empresas) y de apertura al comercio internacional, pueden juntarse a los países en dos grandes grupos. En el grupo A están Perú, Colombia, Chile y Brasil, y en el grupo B, Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador.
En los últimos años, en términos de inflación y crecimiento del PBI, al grupo A le ha ido mucho mejor que al grupo B.
Los retos para el 2011-2015
En política monetaria, el BCRP tiene cuatro tareas: mover oportunamente la tasa de referencia, impedir el ingreso masivo de capitales de corto plazo, acumular un montón de reservas internacionales y, para fortalecer la potencia de la política monetaria, para que los cambios en las tasas de corto plazo impacten rápidamente en las de largo plazo, debe abandonar el obsoleto instrumento de la tasa de encaje en soles.
La política fiscal debe recuperar el carácter contracíclico del periodo 2001-2005. Esa política, que fue producto de la buena voluntad política, debe institucionalizarse, a través de una regla de superávit estructural como el que tienen los chilenos
En ocasiones, no hacer nada es meritorio. Mientras en el grupo B paran “refundando” sus modelos de crecimiento, transitando, cada cierto tiempo, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y manteniéndose a la larga en el mismo sitio, García no tocó un pelo del modelo heredado de Toledo.
Hizo bien en privilegiar el mercado externo como fuente de demanda y la inversión privada como principal fuente de capacidad productiva. No existe un país en el mundo, pequeño y abierto como el nuestro, que haya logrado crecer sostenidamente si no es a punta de exportaciones. Las políticas destinadas a promover el mercado interno pueden ser un complemento de la política social, pero no sirven para el crecimiento sostenido.
La evidencia también señala que para sostener un crecimiento alto las exportaciones tienen que ser principalmente de productos manufacturados. El desarrollo de la infraestructura necesaria, junto con políticas específicas para ese objetivo, podrían elevar nuestra tasa de crecimiento potencial.
Por último, lo más importante. Si queremos dejar de ser uno de los países más desiguales en América Latina, hay que elevar sustantivamente la recaudación, para poder sostener un gasto público mayor en capital humano e infraestructura.
A García nunca le ha preocupado la recaudación. En su primer gobierno redujo la presión tributaria de 15 % del PBI a 7.5 %. En su actual gobierno, la recibió en 16 % y la dejará por debajo de esa cifra. Para evadir el tema, podemos insistir en que “hay que ampliar la base tributaria”. En realidad, la presión tributaria solo puede subir apreciablemente desapareciendo las exoneraciones o modificando el esquema actual de tributación minera.
Lo hecho no ha sido destrozado. Eso está bien. Lo fácil, ha sido hecho. Al siguiente gobierno le toca hacer los grandes correctivos al modelo vigente que nos permitan sostener un crecimiento elevado y, al mismo tiempo, enfrentar el problema distributivo.
Profesor de Economía de la PUCP
En materia de política económica, el gobierno de García ya concluyó. Es un buen momento para hacer un balance. Hay consenso que su segundo gobierno ha sido infinitamente mejor que el primero (once entre cero es infinito). Está dejando, sin embargo, varios presentes que serán un dolor de cabeza para la siguiente administración.
Para el debido proceso, debe recordarse que el desempeño macroeconómico de un país depende del contexto externo, la política macroeconómica y el modelo de crecimiento.
El contexto externo
El contexto externo fue, en promedio, favorable para García, con la excepción de 2009. En el periodo 2006-2010 la economía mundial creció en alrededor de 3.5 % anual y el ingreso de capitales a nuestro país bordeó el 2.5 % del PBI.
La política macroeconómica
La política monetaria tuvo tres fases. En la primera, al inicio de este gobierno, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) bajó innecesariamente la meta de inflación; elevó, también por gusto, la remuneración al encaje en moneda extranjera; y ofreció, y reculó de inmediato, una mayor flotación del tipo de cambio.
La segunda etapa estuvo marcada por la crisis mundial. Cuando ya existía evidencia del impulso recesivo proveniente del exterior, no se bajó a tiempo la tasa de interés; aunque sí se evitó una crisis cambiaria con la venta masiva de dólares.
El BCRP se justificó diciendo que no se puede bajar la tasa de interés cuando salen los capitales y presionan el tipo de cambio.
Pero otros bancos centrales, en condiciones similares, bajaron sus tasas de interés mucho antes que nosotros. Esto es posible porque el BCRP tiene dos instrumentos, la venta de dólares esterilizada y la tasa de interés. El primer instrumento fue usado a tiempo; el segundo no.
En la etapa poscrisis el BCRP hizo lo correcto, subió la tasa de interés y la tasa de encaje en moneda extranjera.
La política fiscal, antes de la crisis externa, fue expansiva y, en la fase siguiente, cuando llegó la crisis, fue contractiva. En el primer semestre de 2008, cuando la economía peruana crecía a ritmo chino, la inversión pública subió en 65 % anual y en el periodo recesivo, fines de 2008 y principios de 2009, se elevó solo en 20 %.
En la fase poscrisis, desde fines de 2009, la política fiscal ha retomado su carácter contracíclico.
El modelo de crecimiento
Nuestro desempeño macroeconómico se explica también por el modelo de crecimiento vigente (cuánto Estado y cuánto mercado, cuánta protección arancelaria y cuánto libre comercio).
En América del Sur, por el grado de intervención estatal (en el sistema de precios, en la propiedad de las empresas) y de apertura al comercio internacional, pueden juntarse a los países en dos grandes grupos. En el grupo A están Perú, Colombia, Chile y Brasil, y en el grupo B, Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador.
En los últimos años, en términos de inflación y crecimiento del PBI, al grupo A le ha ido mucho mejor que al grupo B.
Los retos para el 2011-2015
En política monetaria, el BCRP tiene cuatro tareas: mover oportunamente la tasa de referencia, impedir el ingreso masivo de capitales de corto plazo, acumular un montón de reservas internacionales y, para fortalecer la potencia de la política monetaria, para que los cambios en las tasas de corto plazo impacten rápidamente en las de largo plazo, debe abandonar el obsoleto instrumento de la tasa de encaje en soles.
La política fiscal debe recuperar el carácter contracíclico del periodo 2001-2005. Esa política, que fue producto de la buena voluntad política, debe institucionalizarse, a través de una regla de superávit estructural como el que tienen los chilenos
En ocasiones, no hacer nada es meritorio. Mientras en el grupo B paran “refundando” sus modelos de crecimiento, transitando, cada cierto tiempo, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y manteniéndose a la larga en el mismo sitio, García no tocó un pelo del modelo heredado de Toledo.
Hizo bien en privilegiar el mercado externo como fuente de demanda y la inversión privada como principal fuente de capacidad productiva. No existe un país en el mundo, pequeño y abierto como el nuestro, que haya logrado crecer sostenidamente si no es a punta de exportaciones. Las políticas destinadas a promover el mercado interno pueden ser un complemento de la política social, pero no sirven para el crecimiento sostenido.
La evidencia también señala que para sostener un crecimiento alto las exportaciones tienen que ser principalmente de productos manufacturados. El desarrollo de la infraestructura necesaria, junto con políticas específicas para ese objetivo, podrían elevar nuestra tasa de crecimiento potencial.
Por último, lo más importante. Si queremos dejar de ser uno de los países más desiguales en América Latina, hay que elevar sustantivamente la recaudación, para poder sostener un gasto público mayor en capital humano e infraestructura.
A García nunca le ha preocupado la recaudación. En su primer gobierno redujo la presión tributaria de 15 % del PBI a 7.5 %. En su actual gobierno, la recibió en 16 % y la dejará por debajo de esa cifra. Para evadir el tema, podemos insistir en que “hay que ampliar la base tributaria”. En realidad, la presión tributaria solo puede subir apreciablemente desapareciendo las exoneraciones o modificando el esquema actual de tributación minera.
Lo hecho no ha sido destrozado. Eso está bien. Lo fácil, ha sido hecho. Al siguiente gobierno le toca hacer los grandes correctivos al modelo vigente que nos permitan sostener un crecimiento elevado y, al mismo tiempo, enfrentar el problema distributivo.
Generar mayor valor agregado
Por Santiago Roca
Profesor Principal, Universidad ESAN
En el poco tiempo de gestión del actual gobierno sobresalen nítidamente las acciones anunciadas en el tema de inclusión social, pero no se ha apreciado hasta el momento contundencia en la apuesta por la generación de riqueza y el impulso a la creación de valor en las actividades económicas: el otro pilar de la Hoja de Ruta y del programa del actual gobierno.
Para que el Perú progrese y sea una nación con ingresos por trabajo decentes debe lograr que una mayor proporción del valor agregado proceda no tanto de la extracción o utilización simple de los recursos naturales y humanos sino de la transformación de estos en actividades con mayor valor. La “industrialidad” genera aprendizaje, nuevas destrezas y capacidades, aumenta la complejidad y variedad, crea profesiones más calificadas y un empleo e ingreso de mayor paga y calidad.
Si bien el tema ha sido parte del discurso y de algunas de las políticas anunciadas por el Primer Ministro, ellas han sido aisladas y no han tenido la claridad, énfasis e integralidad, para que sean relievadas como pilares del programa de gobierno. Un discurso que pasó inadvertido, por ejemplo, fue el que pronunciara el Primer Ministro en un evento científico (http://www.youtube.com/watch?v=pd9pdJGAwqQ) en donde expresó la urgencia y la necesidad de impulsar políticas que incorporen mayor conocimiento y valor agregado en las actividades económicas. En su presentación al Congreso, se volvió a tocar el tema, pero el énfasis se dio en el lado organizacional: la necesidad de fusionar las distintas unidades del Estado en una agencia para promover la competitividad y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Dar mayor protagonismo al objetivo de generar más riqueza y valor agregado en la economía nacional implica, por ejemplo, dar señales claras de que el gravamen a las sobreganancias mineras sería mayor para aquellas empresas que exportan productos poco elaborados, o que no se devolverá el IGV a las compras ni habrá “drawback” a todas las exportaciones de materias primas.
Se podría también canjear impuestos por proyectos de innovación y premiar las actividades que conectan, se aprovisionan o transfieren tecnologías a la economía local. La formación de complejos metal mecánicos, conglomerados especializados en agroindustria, construcción, petroquímica, turismo, debieran tener incentivos especiales y temporales, premiándose a la inversión que añada más valor.
Inexplicablemente, la política acerca del gas favorece las exportaciones y las rentas extraordinarias de los consorcios gasíferos, en vez de ser un factor que eleve la competitividad y genere industrias con mayor valor agregado nacional.
El aumento de la productividad, la calidad y la competitividad no solamente a nivel de la empresa sino de la economía en general son parte de la política integral de crecimiento sostenido con inclusión que se debe apostar. Por ello, todas las políticas económicas, incentivos y leyes debieran ser evaluados previamente por su posible impacto y contribución en la generación de mayor valor agregado nacional.
Por Santiago Roca
Profesor Principal, Universidad ESAN
En el poco tiempo de gestión del actual gobierno sobresalen nítidamente las acciones anunciadas en el tema de inclusión social, pero no se ha apreciado hasta el momento contundencia en la apuesta por la generación de riqueza y el impulso a la creación de valor en las actividades económicas: el otro pilar de la Hoja de Ruta y del programa del actual gobierno.
Para que el Perú progrese y sea una nación con ingresos por trabajo decentes debe lograr que una mayor proporción del valor agregado proceda no tanto de la extracción o utilización simple de los recursos naturales y humanos sino de la transformación de estos en actividades con mayor valor. La “industrialidad” genera aprendizaje, nuevas destrezas y capacidades, aumenta la complejidad y variedad, crea profesiones más calificadas y un empleo e ingreso de mayor paga y calidad.
Si bien el tema ha sido parte del discurso y de algunas de las políticas anunciadas por el Primer Ministro, ellas han sido aisladas y no han tenido la claridad, énfasis e integralidad, para que sean relievadas como pilares del programa de gobierno. Un discurso que pasó inadvertido, por ejemplo, fue el que pronunciara el Primer Ministro en un evento científico (http://www.youtube.com/watch?v=pd9pdJGAwqQ) en donde expresó la urgencia y la necesidad de impulsar políticas que incorporen mayor conocimiento y valor agregado en las actividades económicas. En su presentación al Congreso, se volvió a tocar el tema, pero el énfasis se dio en el lado organizacional: la necesidad de fusionar las distintas unidades del Estado en una agencia para promover la competitividad y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Dar mayor protagonismo al objetivo de generar más riqueza y valor agregado en la economía nacional implica, por ejemplo, dar señales claras de que el gravamen a las sobreganancias mineras sería mayor para aquellas empresas que exportan productos poco elaborados, o que no se devolverá el IGV a las compras ni habrá “drawback” a todas las exportaciones de materias primas.
Se podría también canjear impuestos por proyectos de innovación y premiar las actividades que conectan, se aprovisionan o transfieren tecnologías a la economía local. La formación de complejos metal mecánicos, conglomerados especializados en agroindustria, construcción, petroquímica, turismo, debieran tener incentivos especiales y temporales, premiándose a la inversión que añada más valor.
Inexplicablemente, la política acerca del gas favorece las exportaciones y las rentas extraordinarias de los consorcios gasíferos, en vez de ser un factor que eleve la competitividad y genere industrias con mayor valor agregado nacional.
El aumento de la productividad, la calidad y la competitividad no solamente a nivel de la empresa sino de la economía en general son parte de la política integral de crecimiento sostenido con inclusión que se debe apostar. Por ello, todas las políticas económicas, incentivos y leyes debieran ser evaluados previamente por su posible impacto y contribución en la generación de mayor valor agregado nacional.
PBI
- Santiago Roca » El PBI sin precios tan altos en las materias primas
La economía peruana se ha visto favorecida por las altas cotizaciones de los principales minerales que el país exporta. Así, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010, la cotización del oro aumentó de US$ 280 a US$ 1,178 la onza troy, mientras el precio del cobre subió de ¢US$ 80 a ¢US$ 308 la libra.
De acuerdo al BCRP, el índice de precios de las exportaciones que considera tanto los productos tradicionales como los no tradicionales creció entre el 2000 y el 2010 en 179%, observándose hasta cuatro periodos: i) precios relativamente estables entre el 2000 y el 2003; ii) alza de precios sostenida entre el 2004 y el 2008, del orden del 19% al año; iii) caída del precio del 13% en el 2009; y, iv) rápida recuperación en el 2010, incluso 11% superior al pico alcanzado el 2008.
De otro lado, los precios de las importaciones presentaron un crecimiento acumulado del 86% entre el 2000 y el 2010, siendo su período de mayor alza entre el 2004 y el 2008 a una tasa promedio anual del 12%. Los términos de intercambio, es decir, la capacidad de compra de nuestras exportaciones en términos de los bienes que el país demanda del exterior, aumentaron en 50%. Este entorno comercial favorable elevó los flujos de dólares, generó superávits en la balanza comercial, aumentó la disponibilidad de fondos, aumentó el gasto doméstico y, por ende, elevó la producción.
¿Si los precios no hubiesen sido tan favorables, qué habría sucedido con el crecimiento del PBI?
Asumiendo solo variación de los precios de las exportaciones e importaciones sin sus efectos en el resto de variables económicas que afectan el PBI se puede simular dos hipotéticos escenarios: el primero, asumiendo precios de las exportaciones constantes a los niveles del año 2000; y el segundo, asumiendo precios de las exportaciones creciendo al mismo ritmo de los precios de las importaciones (86%), con lo cual los términos de intercambio se mantienen a los niveles del 2000.
En el primer escenario (proyección 1), con congelamiento de los precios de las exportaciones, la proyección nos indica que el crecimiento de la economía entre el 2000 y el 2010 estaría llegando a una tasa media anual de 3.7% (43% acumulado), cifra bastante menor al crecimiento efectivamente observado de 5,7% promedio al año (74% acumulado).
En el segundo caso, el producto (proyección 2) hubiera estado creciendo a una tasa promedio anual de 4,7% (58% acumulado). Esto significa que la economía entre el 2000 y el 2010 habría crecido a una tasa anual de 4,7% y no en 5,7%.
Entre uno y dos puntos menos de crecimiento del PBI al año, por 10 años, podía haber sido el efecto de menores precios en las exportaciones en la década pasada. En el futuro hay que prever no solo por si bajan los precios sino también por si la demanda externa cae debido a la recesión esperada.
La economía peruana se ha visto favorecida por las altas cotizaciones de los principales minerales que el país exporta. Así, por ejemplo, entre el 2000 y el 2010, la cotización del oro aumentó de US$ 280 a US$ 1,178 la onza troy, mientras el precio del cobre subió de ¢US$ 80 a ¢US$ 308 la libra.
De acuerdo al BCRP, el índice de precios de las exportaciones que considera tanto los productos tradicionales como los no tradicionales creció entre el 2000 y el 2010 en 179%, observándose hasta cuatro periodos: i) precios relativamente estables entre el 2000 y el 2003; ii) alza de precios sostenida entre el 2004 y el 2008, del orden del 19% al año; iii) caída del precio del 13% en el 2009; y, iv) rápida recuperación en el 2010, incluso 11% superior al pico alcanzado el 2008.
De otro lado, los precios de las importaciones presentaron un crecimiento acumulado del 86% entre el 2000 y el 2010, siendo su período de mayor alza entre el 2004 y el 2008 a una tasa promedio anual del 12%. Los términos de intercambio, es decir, la capacidad de compra de nuestras exportaciones en términos de los bienes que el país demanda del exterior, aumentaron en 50%. Este entorno comercial favorable elevó los flujos de dólares, generó superávits en la balanza comercial, aumentó la disponibilidad de fondos, aumentó el gasto doméstico y, por ende, elevó la producción.
¿Si los precios no hubiesen sido tan favorables, qué habría sucedido con el crecimiento del PBI?
Asumiendo solo variación de los precios de las exportaciones e importaciones sin sus efectos en el resto de variables económicas que afectan el PBI se puede simular dos hipotéticos escenarios: el primero, asumiendo precios de las exportaciones constantes a los niveles del año 2000; y el segundo, asumiendo precios de las exportaciones creciendo al mismo ritmo de los precios de las importaciones (86%), con lo cual los términos de intercambio se mantienen a los niveles del 2000.
En el primer escenario (proyección 1), con congelamiento de los precios de las exportaciones, la proyección nos indica que el crecimiento de la economía entre el 2000 y el 2010 estaría llegando a una tasa media anual de 3.7% (43% acumulado), cifra bastante menor al crecimiento efectivamente observado de 5,7% promedio al año (74% acumulado).
En el segundo caso, el producto (proyección 2) hubiera estado creciendo a una tasa promedio anual de 4,7% (58% acumulado). Esto significa que la economía entre el 2000 y el 2010 habría crecido a una tasa anual de 4,7% y no en 5,7%.
Entre uno y dos puntos menos de crecimiento del PBI al año, por 10 años, podía haber sido el efecto de menores precios en las exportaciones en la década pasada. En el futuro hay que prever no solo por si bajan los precios sino también por si la demanda externa cae debido a la recesión esperada.
EFICIENCIA
Pedro Francke » Recursos para la eficiencia
Hace ya varios años he escrito sobre esta discusión central en la política social: habiendo como hay mucha ineficiencia, ¿debemos esperar que se reformen antes de destinarles más recursos, o es necesario tener más presupuesto para poder hacer las reformas que generen eficacia?
La primera afirmación parece tener lógica: si son ineficientes, ¿para qué añadirles plata? ¿Mejor no sería exigirles que hagan ahorros mejorando su eficiencia, y que en todo caso usen esos ahorros para mejorar sus servicios?
Cuando trece años atrás asistí con el equipo de reforma del Ministerio de Salud a presentar nuestras propuestas al MEF solicitándoles apoyo presupuestal, el entonces jefe del Gabinete de Asesores del MEF retrucó con una propuesta increíblemente simple: por qué no venden un hospital y con esa plata hacen las reformas. Todos nos quedamos atónitos, la propuesta era tan radicalmente privatista que nadie se había atrevido a hacerla en público.
Como digo, no es la primera vez que insisto en que la opción de hacer reformas sin presupuesto adicional es muy difícil de implementar. Veo hoy esto en Essalud.
Cuando se parte de un déficit anual de 400 millones de soles y de un presupuesto recortado en 700 millones de soles anuales por una ley que reduce las aportaciones, ¿de dónde sacar recursos para invertir en sistemas informáticos que permitan mejorar la eficiencia de los procesos de gestión, considerando que programas críticos no se actualizan hace más de una década?
Cuando las emergencias de los hospitales nacionales tienen que atender a 40% o 60% más pacientes que su capacidad instalada y Essalud tiene un déficit de 1.400 camas, lo cual genera un clamor de los asegurados por mejor atención, ¿cómo priorizar la promoción de la salud y destinar presupuesto a mejorar los hábitos y conocimientos de salud de la población?
Cuando en este contexto de estrechez presupuestal se tienen alianzas público-privadas que costarían hasta 600 millones de soles anuales e inversiones en hospitales ya contratadas con las empresas constructores por otros 400 millones de soles, ¿de dónde sacar para hacer el gran esfuerzo que significa fortalecer la atención primaria de salud y así ahorrar recursos evitando enfermedades más graves y costosas?
Cuando los médicos, profesionales de salud y trabajadores no han visto mayores aumentos en varios años, se les ha quitado el bono de productividad y hay que hacer un gran esfuerzo para reponerlo, pero no queda presupuesto para dar los aumentos necesarios, ¿cómo promover una mejor atención a los pacientes y un mayor compromiso con los asegurados?
Como he dicho antes también, ni reformas sin presupuesto, ni presupuesto sin reformas: presupuesto para las reformas. Fondos públicos para cambiar el modelo de atención, mejorar el trato a los pacientes y hacer eficiente la gestión administrativa. Esto es lo que en todo el planeta promueven instituciones como el Banco Mundial, y lo que también debemos hacer en el Perú.
Hace ya varios años he escrito sobre esta discusión central en la política social: habiendo como hay mucha ineficiencia, ¿debemos esperar que se reformen antes de destinarles más recursos, o es necesario tener más presupuesto para poder hacer las reformas que generen eficacia?
La primera afirmación parece tener lógica: si son ineficientes, ¿para qué añadirles plata? ¿Mejor no sería exigirles que hagan ahorros mejorando su eficiencia, y que en todo caso usen esos ahorros para mejorar sus servicios?
Cuando trece años atrás asistí con el equipo de reforma del Ministerio de Salud a presentar nuestras propuestas al MEF solicitándoles apoyo presupuestal, el entonces jefe del Gabinete de Asesores del MEF retrucó con una propuesta increíblemente simple: por qué no venden un hospital y con esa plata hacen las reformas. Todos nos quedamos atónitos, la propuesta era tan radicalmente privatista que nadie se había atrevido a hacerla en público.
Como digo, no es la primera vez que insisto en que la opción de hacer reformas sin presupuesto adicional es muy difícil de implementar. Veo hoy esto en Essalud.
Cuando se parte de un déficit anual de 400 millones de soles y de un presupuesto recortado en 700 millones de soles anuales por una ley que reduce las aportaciones, ¿de dónde sacar recursos para invertir en sistemas informáticos que permitan mejorar la eficiencia de los procesos de gestión, considerando que programas críticos no se actualizan hace más de una década?
Cuando las emergencias de los hospitales nacionales tienen que atender a 40% o 60% más pacientes que su capacidad instalada y Essalud tiene un déficit de 1.400 camas, lo cual genera un clamor de los asegurados por mejor atención, ¿cómo priorizar la promoción de la salud y destinar presupuesto a mejorar los hábitos y conocimientos de salud de la población?
Cuando en este contexto de estrechez presupuestal se tienen alianzas público-privadas que costarían hasta 600 millones de soles anuales e inversiones en hospitales ya contratadas con las empresas constructores por otros 400 millones de soles, ¿de dónde sacar para hacer el gran esfuerzo que significa fortalecer la atención primaria de salud y así ahorrar recursos evitando enfermedades más graves y costosas?
Cuando los médicos, profesionales de salud y trabajadores no han visto mayores aumentos en varios años, se les ha quitado el bono de productividad y hay que hacer un gran esfuerzo para reponerlo, pero no queda presupuesto para dar los aumentos necesarios, ¿cómo promover una mejor atención a los pacientes y un mayor compromiso con los asegurados?
Como he dicho antes también, ni reformas sin presupuesto, ni presupuesto sin reformas: presupuesto para las reformas. Fondos públicos para cambiar el modelo de atención, mejorar el trato a los pacientes y hacer eficiente la gestión administrativa. Esto es lo que en todo el planeta promueven instituciones como el Banco Mundial, y lo que también debemos hacer en el Perú.
HAMBRE
- Jürgen Schuldt » Hambre y desperdicio de alimentos
Por: Jürgen Schuldt
Según las cifras sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, recientemente dadas a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se dejan de aprovechar 670 millones de toneladas de alimentos perfectamente comestibles en los países industrializados y 630’ adicionales en los países en desarrollo.
En ese contexto, hace unos años, el Director Ejecutivo de la FAO aludía a un contraste indignante: en 2006 el mundo gastó 1.200 miles de millones de dólares en armamento, mientras se desperdiciaba comida por un múltiplo de ese valor. Cifra que también podríamos contrastar con el hecho de que en ese año el exceso de consumo por parte de los obesos ascendió a US$ 20.000 millones a nivel mundial. Algo que nos debería llamar a reflexión y a cambiar de comportamiento a quienes vivimos en la abundancia.
Más aún, según el mencionado director: “Frente a este telón de fondo, ¿cómo explicamos a personas con sentido común y buena fe que no es posible conseguir 30.000 millones de dólares al año que permitan a 862 millones de personas hambrientas disfrutar del más elemental de los derechos humanos: el derecho a la alimentación y por tanto el derecho a la vida?”.
El gráfico adjunto nos muestra que los países que más pierden y desperdician alimentos por habitante, en sus diversas etapas de extracción, transformación, transporte y consumo, son los llamados “desarrollados”, consecuencia de sus altos niveles de ingreso y su creciente desidia y despreocupación en materia de gasto en comida.
Sin embargo, en ambos grupos de países, la pérdida de alimentos es bastante superior en las fases propiamente productivas (extracción, almacenamiento, distribución al por mayor y al por menor). Como tal, el problema del desperdicio evitable en el consumo, aunque muy grave, es efectivamente menor a los desechos en la producción, con lo que este se convierte en el principal escollo para afrontar el problema del hambre.
Sorprendentemente, según el diagrama, América Latina pierde más alimentos per cápita en la fase pre-consumo que todas las demás regiones. A este respecto, el estudio mencionado nos dice que “las causas de las pérdidas de alimentos en los países de bajos ingresos están relacionadas principalmente con limitaciones financieras, administrativas y técnicas en los procesos de cosecha, almacenamiento y en las facilidades de congelamiento en condiciones climáticas difíciles, en la infraestructura deficiente y los sistemas de empaque y mercadeo”.
De otra parte, los consumidores desechan alimentos adquiridos, que bien podrían consumirse. Estos montos son impresionantes, medidos en kilos por habitante: América del Norte, 130; Europa, 100, Asia industrial, 80; África del Norte y Asia Occidental y Central, 35; América Latina, 25; y África Subsahariana, 8. Es decir, a más abundancia, más desperdicio evitable de alimentos por persona.
Un mayor cuidado en las decisiones de compra y preparación de alimentos, por un lado, y un más eficiente manejo de la cosecha y distribución de alimentos, por el otro, podría resolver fácilmente el problema de esas mil millones de personas que hoy en día se acuestan con hambre todas las noches en el mundo.
Por: Jürgen Schuldt
Según las cifras sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, recientemente dadas a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se dejan de aprovechar 670 millones de toneladas de alimentos perfectamente comestibles en los países industrializados y 630’ adicionales en los países en desarrollo.
En ese contexto, hace unos años, el Director Ejecutivo de la FAO aludía a un contraste indignante: en 2006 el mundo gastó 1.200 miles de millones de dólares en armamento, mientras se desperdiciaba comida por un múltiplo de ese valor. Cifra que también podríamos contrastar con el hecho de que en ese año el exceso de consumo por parte de los obesos ascendió a US$ 20.000 millones a nivel mundial. Algo que nos debería llamar a reflexión y a cambiar de comportamiento a quienes vivimos en la abundancia.
Más aún, según el mencionado director: “Frente a este telón de fondo, ¿cómo explicamos a personas con sentido común y buena fe que no es posible conseguir 30.000 millones de dólares al año que permitan a 862 millones de personas hambrientas disfrutar del más elemental de los derechos humanos: el derecho a la alimentación y por tanto el derecho a la vida?”.
El gráfico adjunto nos muestra que los países que más pierden y desperdician alimentos por habitante, en sus diversas etapas de extracción, transformación, transporte y consumo, son los llamados “desarrollados”, consecuencia de sus altos niveles de ingreso y su creciente desidia y despreocupación en materia de gasto en comida.
Sin embargo, en ambos grupos de países, la pérdida de alimentos es bastante superior en las fases propiamente productivas (extracción, almacenamiento, distribución al por mayor y al por menor). Como tal, el problema del desperdicio evitable en el consumo, aunque muy grave, es efectivamente menor a los desechos en la producción, con lo que este se convierte en el principal escollo para afrontar el problema del hambre.
Sorprendentemente, según el diagrama, América Latina pierde más alimentos per cápita en la fase pre-consumo que todas las demás regiones. A este respecto, el estudio mencionado nos dice que “las causas de las pérdidas de alimentos en los países de bajos ingresos están relacionadas principalmente con limitaciones financieras, administrativas y técnicas en los procesos de cosecha, almacenamiento y en las facilidades de congelamiento en condiciones climáticas difíciles, en la infraestructura deficiente y los sistemas de empaque y mercadeo”.
De otra parte, los consumidores desechan alimentos adquiridos, que bien podrían consumirse. Estos montos son impresionantes, medidos en kilos por habitante: América del Norte, 130; Europa, 100, Asia industrial, 80; África del Norte y Asia Occidental y Central, 35; América Latina, 25; y África Subsahariana, 8. Es decir, a más abundancia, más desperdicio evitable de alimentos por persona.
Un mayor cuidado en las decisiones de compra y preparación de alimentos, por un lado, y un más eficiente manejo de la cosecha y distribución de alimentos, por el otro, podría resolver fácilmente el problema de esas mil millones de personas que hoy en día se acuestan con hambre todas las noches en el mundo.
MACROREGION
Economista (DESCO)
La formación de seis macrorregiones, como parte de la estrategia de descentralización y reforma del Estado, ha sido parte del plato fuerte de la presentación del Premier en el Congreso. Una decisión firme, pero con información escasa, nadie sabe ¿con quién tendrá que juntarse?, ¿cuándo empieza el proceso? y ¿hacia dónde caminamos?
Con el transcurrir de los días tenemos algunas pistas adicionales, que siguen sin responder las grandes preguntas. Sabemos que el Premier se refería a cinco Macrorregiones, además de Lima y Callao, que puedan ser autosuficientes económica, política y socialmente, ubicadas en los siguientes espacios: Norte, Amazonía, Centro Andino, Centro Sur y Sur.
La base del diagnóstico, que lo compartimos en mayoría, es que el actual proceso de descentralización, con 26 gobiernos regionales, no resulta viable para los objetivos que se quieren alcanzar: mejora en la calidad de los servicios públicos de todo el país y una inversión pública de calidad, que potencie el crecimiento económico descentralizado.
En esta línea un grupo de especialistas, a solicitud del gobierno peruano, ha definido una “Propuesta orientada a la efectivización del de Plan Nacional de Regionalización” que incorpora las variables institucionales, políticas y económicas para la conformación de regiones. Su principal conclusión, que la comparte el Premier, es que la delimitación política-administrativa es la última parte de un proceso y no el inicio. No repitamos los errores, empezar por definir quién se junta con quién, ya sea desde el escritorio (como en 1989) o por referéndum (como en 2005), solo puede llevarnos al fracaso anticipado.
La segunda gran conclusión es que tenemos que empezar ya. Se tienen que definir espacios institucionales, administrativos y presupuestales para una gestión compartida y eficiente de los servicios públicos. La costumbre en la administración pública peruana es oponerse a cualquier diseño alternativo a su funcionamiento, somos resistentes al cambio y cualquier modernización es considerada una amenaza al control y el orden. Las cosas no están bien como están, el gobierno tendrá que jugarse parte de su luna de miel, colocando instancias interregionales con presupuesto y funciones, que deben ser evaluadas y perfeccionadas cada año fiscal.
Por último, pero no por eso menos importante, se tienen que definir las prioridades del proceso de regionalización. En el mismo discurso el Premier anunció la creación de un Ministerio dedicado a tiempo completo a la gestión de los programas sociales, por tanto es una función que se ha reservado el gobierno nacional, que la ejecutará con la participación y el apoyo de los gobiernos subnacionales. Entonces, la principal función de las Macrorregiones debe ser la promoción del desarrollo, entendido como la inversión pública en infraestructura básica, la promoción de la integración de los mercados y la eliminación de las barreras para el crecimiento de las pequeñas empresas, principales generadoras de empleo.
La tarea no es sencilla, una cosa es con guitarra y otra con cajón. El proceso de descentralización requiere un giro, para eso se reúnen los presidentes regionales y la PCM la siguiente semana, ¿estarán a la altura de las circunstancias? Esperamos que sí.
La formación de seis macrorregiones, como parte de la estrategia de descentralización y reforma del Estado, ha sido parte del plato fuerte de la presentación del Premier en el Congreso. Una decisión firme, pero con información escasa, nadie sabe ¿con quién tendrá que juntarse?, ¿cuándo empieza el proceso? y ¿hacia dónde caminamos?
Con el transcurrir de los días tenemos algunas pistas adicionales, que siguen sin responder las grandes preguntas. Sabemos que el Premier se refería a cinco Macrorregiones, además de Lima y Callao, que puedan ser autosuficientes económica, política y socialmente, ubicadas en los siguientes espacios: Norte, Amazonía, Centro Andino, Centro Sur y Sur.
La base del diagnóstico, que lo compartimos en mayoría, es que el actual proceso de descentralización, con 26 gobiernos regionales, no resulta viable para los objetivos que se quieren alcanzar: mejora en la calidad de los servicios públicos de todo el país y una inversión pública de calidad, que potencie el crecimiento económico descentralizado.
En esta línea un grupo de especialistas, a solicitud del gobierno peruano, ha definido una “Propuesta orientada a la efectivización del de Plan Nacional de Regionalización” que incorpora las variables institucionales, políticas y económicas para la conformación de regiones. Su principal conclusión, que la comparte el Premier, es que la delimitación política-administrativa es la última parte de un proceso y no el inicio. No repitamos los errores, empezar por definir quién se junta con quién, ya sea desde el escritorio (como en 1989) o por referéndum (como en 2005), solo puede llevarnos al fracaso anticipado.
La segunda gran conclusión es que tenemos que empezar ya. Se tienen que definir espacios institucionales, administrativos y presupuestales para una gestión compartida y eficiente de los servicios públicos. La costumbre en la administración pública peruana es oponerse a cualquier diseño alternativo a su funcionamiento, somos resistentes al cambio y cualquier modernización es considerada una amenaza al control y el orden. Las cosas no están bien como están, el gobierno tendrá que jugarse parte de su luna de miel, colocando instancias interregionales con presupuesto y funciones, que deben ser evaluadas y perfeccionadas cada año fiscal.
Por último, pero no por eso menos importante, se tienen que definir las prioridades del proceso de regionalización. En el mismo discurso el Premier anunció la creación de un Ministerio dedicado a tiempo completo a la gestión de los programas sociales, por tanto es una función que se ha reservado el gobierno nacional, que la ejecutará con la participación y el apoyo de los gobiernos subnacionales. Entonces, la principal función de las Macrorregiones debe ser la promoción del desarrollo, entendido como la inversión pública en infraestructura básica, la promoción de la integración de los mercados y la eliminación de las barreras para el crecimiento de las pequeñas empresas, principales generadoras de empleo.
La tarea no es sencilla, una cosa es con guitarra y otra con cajón. El proceso de descentralización requiere un giro, para eso se reúnen los presidentes regionales y la PCM la siguiente semana, ¿estarán a la altura de las circunstancias? Esperamos que sí.
olmos
- Fernando Eguren » Las tierras de Olmos: ¿alternativa al latifundio?
Por: Fernando Eguren
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Después de varias postergaciones, se ha fijado el 10 de noviembre la fecha límite para iniciar el proceso de venta de las 38 mil hectáreas de tierras eriazas que serán incorporadas al cultivo gracias a la irrigación de Olmos. La propuesta inicial era vender 8 módulos de 500 has cada uno y 34 módulos de 1000 has. Puesto que son acumulables, esto daría lugar a nuevos latifundios. Esta propuesta estaba muy a tono con la concepción perrohortelana de Alan García de entregar los recursos naturales a los grandes inversionistas.
A la oposición que fue surgiendo, desde distintos sectores de opinión, contra la conformación de más neolatifundios –que ya dominan el paisaje rural en varios valles de la costa–, se sumó la de los lambayecanos, frustrados de no poder acceder a las tierras. En efecto, el precio base de cada hectárea es de 4250 dólares, y por lo menos otro tanto es necesario para ponerlas en producción. Imposible acceder a módulos de tales dimensiones. Una propuesta posterior incluyó módulos de 250 has, área aún inalcanzable.
Es preciso llamar la atención que hay en curso un debate internacional sobre el proceso de acaparamiento de tierras que está ocurriendo en muchos países del mundo en desarrollo, en el que son actores principales tanto inversionistas transnacionales como nacionales. Entre los inconvenientes principales de dicho proceso es que se dedican mayormente a productos de exportación y a biocombustibles –poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones nacionales–, el excesivo poder económico y social que concentran localmente, el monocultivo y la marginación de la pequeña agricultura.
Frente a esta situación, el Ministerio de Agricultura contempla la adquisición por el Estado de 8 mil has de terreno, para formar 160 módulos de 50 has cada uno, que serían adquiridas por inversionistas y agricultores medianos. Además, daría facilidades financieras para su adquisición y puesta en producción. Es un paso importante, pero netamente insuficiente, pues se podrán formar latifundios sobre las 30 mil has restantes.
Mientras tanto, la publicidad alrededor de la venta de las tierras de Olmos ha creado expectativa entre inversionistas extranjeros. Desde nuestro vecino del sur viene la información de que están interesados al menos 100 chilenos, principalmente agricultores, pero también family offices que pretenden realizar asociaciones con productores internacionales de biocombustibles para rentabilizar con ello la inversión (1).
En nombre de la equidad y la inclusión, el gobierno debería definir una política de distribución de tierras en irrigaciones. Se proyecta que en los próximos años nuevas obras de irrigación en la costa incrementarán la frontera agrícola en alrededor de 180 mil has. Para jugar con números: dado que las compras pueden ser acumulativas, por lo menos hasta el momento, podrían crearse 90 latifundios de 2 mil has, 180 de mil has, 3600 de 50 has o 7200 de 25 has.
En cuanto a quienes mantienen que son necesarias grandes extensiones para ser competitivos en la economía globalizada, que lo demuestren; la conclusión de estudios realizados en muchos países durante muchos años objeta esta creencia
Por: Fernando Eguren
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Después de varias postergaciones, se ha fijado el 10 de noviembre la fecha límite para iniciar el proceso de venta de las 38 mil hectáreas de tierras eriazas que serán incorporadas al cultivo gracias a la irrigación de Olmos. La propuesta inicial era vender 8 módulos de 500 has cada uno y 34 módulos de 1000 has. Puesto que son acumulables, esto daría lugar a nuevos latifundios. Esta propuesta estaba muy a tono con la concepción perrohortelana de Alan García de entregar los recursos naturales a los grandes inversionistas.
A la oposición que fue surgiendo, desde distintos sectores de opinión, contra la conformación de más neolatifundios –que ya dominan el paisaje rural en varios valles de la costa–, se sumó la de los lambayecanos, frustrados de no poder acceder a las tierras. En efecto, el precio base de cada hectárea es de 4250 dólares, y por lo menos otro tanto es necesario para ponerlas en producción. Imposible acceder a módulos de tales dimensiones. Una propuesta posterior incluyó módulos de 250 has, área aún inalcanzable.
Es preciso llamar la atención que hay en curso un debate internacional sobre el proceso de acaparamiento de tierras que está ocurriendo en muchos países del mundo en desarrollo, en el que son actores principales tanto inversionistas transnacionales como nacionales. Entre los inconvenientes principales de dicho proceso es que se dedican mayormente a productos de exportación y a biocombustibles –poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las poblaciones nacionales–, el excesivo poder económico y social que concentran localmente, el monocultivo y la marginación de la pequeña agricultura.
Frente a esta situación, el Ministerio de Agricultura contempla la adquisición por el Estado de 8 mil has de terreno, para formar 160 módulos de 50 has cada uno, que serían adquiridas por inversionistas y agricultores medianos. Además, daría facilidades financieras para su adquisición y puesta en producción. Es un paso importante, pero netamente insuficiente, pues se podrán formar latifundios sobre las 30 mil has restantes.
Mientras tanto, la publicidad alrededor de la venta de las tierras de Olmos ha creado expectativa entre inversionistas extranjeros. Desde nuestro vecino del sur viene la información de que están interesados al menos 100 chilenos, principalmente agricultores, pero también family offices que pretenden realizar asociaciones con productores internacionales de biocombustibles para rentabilizar con ello la inversión (1).
En nombre de la equidad y la inclusión, el gobierno debería definir una política de distribución de tierras en irrigaciones. Se proyecta que en los próximos años nuevas obras de irrigación en la costa incrementarán la frontera agrícola en alrededor de 180 mil has. Para jugar con números: dado que las compras pueden ser acumulativas, por lo menos hasta el momento, podrían crearse 90 latifundios de 2 mil has, 180 de mil has, 3600 de 50 has o 7200 de 25 has.
En cuanto a quienes mantienen que son necesarias grandes extensiones para ser competitivos en la economía globalizada, que lo demuestren; la conclusión de estudios realizados en muchos países durante muchos años objeta esta creencia
inclusion
Por: Javier Diez Canseco
Norberto García, consultor internacional invitado por Ceplan, hizo un descarnado análisis del “crecimiento rápido y distribución del ingreso en el Perú 1990-010”. Con un análisis macroortodoxo y desarrollando ecuaciones sobre la distribución del ingreso, García sometió a riguroso examen el milagro económico del crecimiento peruano, señalando que un crecimiento basado en la aceleración de inversiones y exportaciones presiona a un deterioro en la distribución del ingreso que las políticas públicas deben corregir.
Las Cuentas Nacionales 1990-2010 evidencian que la participación de inversiones y exportaciones aumenta su intervención en el PBI en 12.1% y las utilidades crecen 11.3% adicional al PBI, mientras que las remuneraciones disminuyen su participación en el PBI en casi 12%. La riqueza se concentra en pocos.
El crecimiento acelerado del 2002-2010 “descansa en un rápido aumento de las exportaciones y de la inversión privada” (por elevadísimos precios para una economía primario exportadora) y el modelo no enfrentó la injusta distribución del ingreso. García apunta a cómo este modelo deteriora, intrínsecamente, la distribución de la riqueza. Los beneficios en relación con el capital aumentaron de 18% en 1990 a 28% en 2010. Mientras tanto, desde 1990 se desregula el mercado laboral y cae en su participación al PBI: cholo barato.
García dice que ello es negativo para mantener una tasa de crecimiento y advierte que el modelo hace muy difícil que las políticas sociales tradicionales, asistenciales, puedan compensar el deterioro de la distribución de la riqueza que marca la vida de millones. Cuestiona que se haya producido una importante disminución de desigualdades (Jaramillo y Saavedra, 2011) y discrepa de los indicadores y métodos usuales. También dice que no basta con políticas redistributivas habituales (asistenciales) para corregir esta situación y mantener crecimiento. Llama a incrementar la presión y recaudación tributaria en no menos del 5%, reduciendo la evasión y gravando más los ingresos. Pero, no con menor importancia, llama a desarrollar “políticas muy creativas que incidan en la redistribución secundaria del ingreso, particularmente del ingreso de las familias…”.
Y coloca el énfasis no solo en el aumento de salarios, sino especialmente en la necesidad de desarrollar políticas para aumentar la productividad del trabajo en las familias de menores ingresos, especialmente en las economías rurales de comunidades y pequeños propietarios”. En “programas que buscan elevar la productividad y mejorar la inserción de los pobres, que transfieran acceso a recursos (crédito, comunicaciones, equipos) y conocimiento (no solo recursos) y permitan el aumento de la producción e ingresos de las familias ubicadas en los estratos de menores ingresos”.
Dicho de otra manera, acceso a crédito barato y no usurero como el actual para comunidades y pequeños productores del campo y la ciudad, ayuda en planes de negocios, supervisión técnica (acceso a comunicaciones, mecanismos de transporte, mecanismos de almacenamiento y mercados) y conocimientos (desarrollo de capacidades vinculadas a educación, información y capacidades productivas o de acceso a servicios). No se trata simplemente de mecanismos asistenciales de sobrevivencia sino de políticas transversales a diversos sectores del Estado que, teniendo como eje inicial el recién creado Ministerio de Inclusión Social, deben implicar al conjunto del gobierno para elevar la productividad y el rendimiento del trabajo como mecanismo adicional para alcanzar una mejor calidad de vida para todos los peruanos.
Un reto que ha de buscar encarar el gobierno de Ollanta Humala, que cumple sus primeros 100 días: pasar del asistencialismo a un país con capacitación y oportunidades, que invierta en ciencia y tecnología, en transformación de lo nuestro, en promover la productividad y el control de calidad para tener un desarrollo sostenible. Un país con justa distribución del ingreso y efectivo aprovechamiento de sus recursos
Norberto García, consultor internacional invitado por Ceplan, hizo un descarnado análisis del “crecimiento rápido y distribución del ingreso en el Perú 1990-010”. Con un análisis macroortodoxo y desarrollando ecuaciones sobre la distribución del ingreso, García sometió a riguroso examen el milagro económico del crecimiento peruano, señalando que un crecimiento basado en la aceleración de inversiones y exportaciones presiona a un deterioro en la distribución del ingreso que las políticas públicas deben corregir.
Las Cuentas Nacionales 1990-2010 evidencian que la participación de inversiones y exportaciones aumenta su intervención en el PBI en 12.1% y las utilidades crecen 11.3% adicional al PBI, mientras que las remuneraciones disminuyen su participación en el PBI en casi 12%. La riqueza se concentra en pocos.
El crecimiento acelerado del 2002-2010 “descansa en un rápido aumento de las exportaciones y de la inversión privada” (por elevadísimos precios para una economía primario exportadora) y el modelo no enfrentó la injusta distribución del ingreso. García apunta a cómo este modelo deteriora, intrínsecamente, la distribución de la riqueza. Los beneficios en relación con el capital aumentaron de 18% en 1990 a 28% en 2010. Mientras tanto, desde 1990 se desregula el mercado laboral y cae en su participación al PBI: cholo barato.
García dice que ello es negativo para mantener una tasa de crecimiento y advierte que el modelo hace muy difícil que las políticas sociales tradicionales, asistenciales, puedan compensar el deterioro de la distribución de la riqueza que marca la vida de millones. Cuestiona que se haya producido una importante disminución de desigualdades (Jaramillo y Saavedra, 2011) y discrepa de los indicadores y métodos usuales. También dice que no basta con políticas redistributivas habituales (asistenciales) para corregir esta situación y mantener crecimiento. Llama a incrementar la presión y recaudación tributaria en no menos del 5%, reduciendo la evasión y gravando más los ingresos. Pero, no con menor importancia, llama a desarrollar “políticas muy creativas que incidan en la redistribución secundaria del ingreso, particularmente del ingreso de las familias…”.
Y coloca el énfasis no solo en el aumento de salarios, sino especialmente en la necesidad de desarrollar políticas para aumentar la productividad del trabajo en las familias de menores ingresos, especialmente en las economías rurales de comunidades y pequeños propietarios”. En “programas que buscan elevar la productividad y mejorar la inserción de los pobres, que transfieran acceso a recursos (crédito, comunicaciones, equipos) y conocimiento (no solo recursos) y permitan el aumento de la producción e ingresos de las familias ubicadas en los estratos de menores ingresos”.
Dicho de otra manera, acceso a crédito barato y no usurero como el actual para comunidades y pequeños productores del campo y la ciudad, ayuda en planes de negocios, supervisión técnica (acceso a comunicaciones, mecanismos de transporte, mecanismos de almacenamiento y mercados) y conocimientos (desarrollo de capacidades vinculadas a educación, información y capacidades productivas o de acceso a servicios). No se trata simplemente de mecanismos asistenciales de sobrevivencia sino de políticas transversales a diversos sectores del Estado que, teniendo como eje inicial el recién creado Ministerio de Inclusión Social, deben implicar al conjunto del gobierno para elevar la productividad y el rendimiento del trabajo como mecanismo adicional para alcanzar una mejor calidad de vida para todos los peruanos.
Un reto que ha de buscar encarar el gobierno de Ollanta Humala, que cumple sus primeros 100 días: pasar del asistencialismo a un país con capacitación y oportunidades, que invierta en ciencia y tecnología, en transformación de lo nuestro, en promover la productividad y el control de calidad para tener un desarrollo sostenible. Un país con justa distribución del ingreso y efectivo aprovechamiento de sus recursos