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Del demonios
La Noticia
(2) Alan García se puso la camiseta de Odebrecht que le construyó su capricho monumental. (3) El embajador de Brasil salió con el píe en alto a intervenir en la polémica.
Nunca antes en el Perú la colocación de la efigie del cristianismo ha desatado tanta polémica; y por supuesto, nunca antes la figura de Cristo ha sido tan ligada a la corrupción endémica que reina en el Perú.
Con este último, el grupo Odebrecht se ha adjudicado ocho millonarios contratos en el Perú, entre los que destacan tres tramos de la transoceánica y dos obras del proyecto Olmos, en la norteña región Lambayeque.
La imposición del llamado “Cristo del Pacífico”, el último capricho de Alan García, ha movilizado el pronunciamiento tanto del embajador brasileño en el Perú como la del propio Benedicto II, como si se tratara de una cruzada religiosa.
El embajador de Brasil en el Perú, Jorge D’escragnolle Taunay Filho ha dedicado sus últimas horas de gestión en Lima, este miércoles 21 de junio, a defender la instalación inconsulta del llamado “Cristo del Pacífico” en una zona intangible de la capital peruana. Ha dicho que más temprano que tarde los limeños tendrán que acostumbrarse pues “es difícil ir contra un Cristo”. En buen cristiano, no solo ha defendido el último capricho de Alan García, sino también la “generosidad” de una de las mayores transnacionales del país de la samba, y de paso criticó a la alcaldesa limeña Susana Villarán tildándola de descortés por plantear que el donativo se reubique en el algún tramo de la Transoceánica que une Perú y Brasil.
Por supuesto que al diplomático poco parece importarle las formas -que se supone debería respetar siempre- y por supuesto, mucho menos el fondo de todo este toletole que se ha armado en el país. Nunca antes en el Perú la colocación de la efigie del cristianismo ha desatado tanta polémica; y por supuesto, nunca antes la figura de Cristo ha sido tan ligada a la corrupción endémica que reina en el Perú. Hay quienes sostienen que el Cristo que ya ha sido bautizado con tantos alias por el humor popular -desde el Cristo del Gordovago hasta el Cristo de lo robado- es una cortina de humo más de Alan García; y razones no les falta, pues su gobierno está culminando no solo envuelto en una serie de escándalos de corrupción sino también en medio de conflictos sociales que el gobierno aprista es incapaz de atender y mucho menos de resolver.
Por estos días el Perú es el centro de varios hechos, casi todos ligados a la corrupción. El pretendido e improcedente indulto al corrupto exdictador Alberto Fujimori, la promulgación de una ley que busca blindar a los funcionarios públicos acusados de corrupción, la divulgación del informe “Comunicore”, uno de los casos más grandes de corrupción en la Municipalidad de Lima que involucra al exaliado de García, exalcalde y excandidato presidencial, Luis Castañeda. A ello hay que agregar los conflictos sociales en la altiplánica región de Puno en contra de la entrega indiscriminada de concesiones a grandes empresas mineras; y lo último, el reciente conflicto en la región Huancavelica en la zona sur central, la más pobre del país, que en su segundo día ya ha cobrado la vida de tres personas. Alan García se ha dedicado a supervisar la maratónica instalación de la copia del Cristo del Corcovado y le interesa un comino que el país se incendie; parece interesado en dejarle al próximo gobierno todas esas papas calientes. Y por supuesto, ninguno de los grandes medios de comunicación y los sectores empresariales que no tardaron ni 24 horas para exigirle al presidente electo que nombre a un ministro de Economía neoliberal, se acuerdan ahora de exigirle a Alan García que se esmere por resolver los conflictos y dejar el país con algo de tranquilidad social.
De manera que la cortina de humo viene funcionando. Sin embargo, el Cristo del Pacífico también debería ser motivo para que el país tome nota del rol que juegan algunas de las transnacionales que dicen que vienen a invertir al país y que terminan envueltas en la bruma de denuncias y escándalos mayores de corrupción. O mejor dicho, que persisten en utilizar mecanismos de corrupción que le cuestan varios cientos de millones al país, al amparo y complicidad de autoridades y funcionarios gubernamentales, como es el caso de la transnacional Odebrecht, cuya generosidad defendió implícitamente el embajador brasileño en el Perú.
Por supuesto que no debería llamar la atención tal defensa pues la diplomacia también es utilizada para defender intereses de grandes corporaciones como si fueran los intereses de los pueblos y países. Sin embargo, no debe perderse de vista que Odebrecht no es una empresa que se caracterice precisamente por sus buenos antecedentes, no solo en el Perú sino también en otros países donde ha operado. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, Odebrecht ha facturado durante el gobierno aprista más de 170 millones de soles y se ubica en el puesto 16 de los más de 200 mil proveedores del Estado. Según otras entidades, entre el 2006 y junio del 2011, los compromisos contractuales de Odebrecht con el Estado suman más de 6,500 millones de soles. Recientemente, acaba de ser favorecida con la construcción del tramo 2 del Tren Eléctrico de Lima, otra obra favorita de Alan García con un presupuesto de 583 millones de dólares. Con este último, el grupo Odebrecht se ha adjudicado ocho millonarios contratos en el Perú, entre los que destacan tres tramos de la transoceánica y dos obras del proyecto Olmos, en la norteña región Lambayeque.
Por supuesto que todas estas adjudicaciones no han estado exentas de denuncias de presunto favoritismo del gobierno aprista hacia la transnacional brasileña; para muchos, éstas no pasan de ser denuncias “normales” en estos procesos. El asunto es que sobre Odebrecht también recaen denuncias por maniobras orientadas a reducir presupuestos y aumentar sus ganancias a costa de la calidad de las obras, sobre lo cual hay indicios de que esto es una modalidad sistemática del gigante brasileño.
Tal vez el antecedente más nefasto y cercano de esta empresa fue su expulsión en el año 2008 de Ecuador por la pésima construcción de la central hidroeléctrica de San Francisco, ubicada en la provincia de Tungurahua, en la región central del vecino país del norte. Según las informaciones de la época, Odebrecht cometió varias irregularidades que fueron desde la conversión de un crédito privado por 241 millones de dólares del Banco de Desarrollo de Brasil -que fue avalado por el gobierno ecuatoriano- en un crédito estatal, la sobrevaloración de la obra civil y el cambio de los estudios originales, que provocaron el colapso de la hidroeléctrica a menos de un año de funcionamiento. Se afirma que las obras eliminadas ascendieron a 30 millones de dólares, pero el valor total de la obra no bajó pues la empresa colocó otras obras civiles o mecánicas adicionales; se dice también que el Estado ecuatoriano es quien paga ahora dicho crédito y que en los próximos diez años le costará la friolera de 600 millones de dólares. La expulsión de la empresa generó serios roces diplomáticos entre Ecuador y Brasil.
Es bueno recordar este antecedente pues, para la conclusión del primer tramo del Tren Eléctrico, el contrato en el 2009 fue por US$ 410’205,000 millones de dólares; según los datos de Transparencia Económica, antes de finalizar la obra Odebrecht ya ha generado un gasto adicional de más de 12 millones de dólares. Otra obra importante, como el proyecto Olmos, que ejecuta el gobierno regional de Lambayeque, tampoco está exenta de denuncias. El decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Galvarino Castro, denunció hace un tiempo la sobrevaloración del proyecto a 185 millones de dólares, cuando la obra fue valorizada en 138 millones; recordó también que una consultora, Nippon Koei, alertó al gobierno peruano sobre una sobrevaloración de casi 53 millones de dólares, pues estimó que el proyecto demandaría una inversión de 132 millones.
Al igual que en el caso ecuatoriano, en Olmos Odebrecht modificó la propuesta original que contemplaba un sistema de conducción por tuberías por otro de menor costo en base a canales, y en vez de disminuir el costo del proyecto lo incrementó; y tampoco arriesgó su dinero pues condicionó el inicio de las obras a la venta de 38 mil hectáreas de terrenos a 4 mil dólares la hectárea. Es decir, negocio redondo. Pero el tema no queda allí. Ahora Odebrecht está exigiendo al gobierno regional de Lambayeque el pago de 70 millones de dólares adicionales, de lo contrario demanda que se le amplíe el tiempo de la concesión en la administración de las aguas de 15 a 28 años. Como dicen los dirigentes agrarios de Lambayeque, parece que quieren asegurarse este pago antes de que culmine el actual gobierno de Alan García.
De manera, pues, que estas irregularidades dan cuenta del accionar de la empresa favorita de Alan García. Este es el talante de la empresa que “generosamente” nos dona la estatua de un Cristo que según ellos les cuesta casi un millón de dólares -aunque sea una burda copia de fibra de vidrio sin ningún valor artístico ni estético- y a la que según el saliente embajador brasileño más temprano que tarde tenemos que terminar queriendo, y que lamentablemente las principales autoridades católicas del Perú han aceptado sin reparo. Poco parece importarles que Alan García y cuestionados empresarios utilicen y trafiquen con la imagen del Cristo Redentor no solo para apañar irregularidades y sacralizar evidentes indicios de corrupción, sino que encima generan discordia y dividen al pueblo peruano manipulando su fe y sus creencias. Para acabar con los demonios de la corrupción, el Perú requiere más de un exorcista, y urgente.
martes, 28 de junio de 2011
AEROPERU VUELVE
Raúl Wiener
Aeroperú y la Línea de Bandera
Los opositores a la propuesta nacionalista de recuperar para el país el derecho a tener una línea de bandera que surque los cielos nacionales y nos conecte con el mundo, han empezado a sacar argumentos que forman parte de los más gruesos y falaces lugares comunes de los últimos veinte años:
-Para qué interesarse en intervenir en una actividad económica en la que ya está participando el sector privado, aunque éste sea mayoritariamente extranjero.
-Las empresas públicas son ineficientes y corruptas, mientras las privadas serían todo lo contrario.
Pero no es verdad que en el Perú se está brindando un servicio de transporte aéreo como el que existe en otras partes del mundo: conectividad a todos los puntos del interior (hay sobreoferta en algunas rutas y abandono de otras menos rentables), ni aprovechamiento de rutas internacionales con beneficio para el usuario peruano (nos integramos a circuitos de empresas extranjeras, lo que no nos permite bajar tarifas como se hace en otros casos por mecanismos de compensación), nos sometemos a abusos monopólicos, etc.
Tampoco es cierto que la aviación comercial peruana haya sido deficiente como actividad empresarial pública y exitosa como privada, como pretende la mitología neoliberal. AeroPerú fue una buena empresa, a la que maltrataron varios gobiernos (especialmente el primero de Alan García que la hizo trabajar por debajo de sus costos), pero su fracaso y colapso sobrevino del proceso de privatización corrupto que se ejecutó durante el gobierno de Fujimori (la más corrupta de las privatizaciones, según Alejandro Toledo).
Eso de “Aeropeor” es un cuento que justificó el regalo de activos y derechos de todos los peruanos a intereses mexicanos, asociados con grupos peruanos (Graña y Montero y otros) y a funcionarios corruptos como el exministro Camet y su superasesor Roberto Abusada que era a la vez presidente de AeroPerú privatizada, mientras cobraba sueldo en el MEF, y es todavía la tapadera del robo que se produjo con la falsa liquidación que convirtió a los accionistas mayoritarios (AeroMéxico) en supuestos acreedores y rematar terrenos, locales, aviones y repuestos, a favor de ellos mismos, y en perjuicio del Estado, como accionista y recaudador de impuestos, y de los trabajadores.
Precisamente los que hacen gestos como que eso de la aviación comercial es una bagatela de la que no deberíamos estar discutiendo, se mueven entre los que tienen miedo de que se remueva el pasado y salgan las evidencias de la corrupción, y los que actúan directamente en asociación con los intereses de la empresa Chilena que controla el 70% del mercado aerocomercial peruano.
El hecho es que la nueva gestión gubernamental debe ser consciente de que este es un tema que no aguanta la mantención de la vergonzosa y dañina situación actual, en la que inversionistas extranjeros explotan un servicio en el que los Estados tienen derechos mundialmente reconocidos, y en el que gente corrupta se mantiene impune bajo el pretexto de que nos liberaron de las pecaminosas empresas públicas.
Legalmente el Perú tiene una línea de bandera que es AeroPerú, con un patrimonio, mermado pero reconstituido, y que podría volver a operar como una asociación público-privada como esas que ahora están tan de moda. Es cosa de tener el coraje para imponer una decisión soberana y recuperar el sentido de país
Aeroperú y la Línea de Bandera
Los opositores a la propuesta nacionalista de recuperar para el país el derecho a tener una línea de bandera que surque los cielos nacionales y nos conecte con el mundo, han empezado a sacar argumentos que forman parte de los más gruesos y falaces lugares comunes de los últimos veinte años:
-Para qué interesarse en intervenir en una actividad económica en la que ya está participando el sector privado, aunque éste sea mayoritariamente extranjero.
-Las empresas públicas son ineficientes y corruptas, mientras las privadas serían todo lo contrario.
Pero no es verdad que en el Perú se está brindando un servicio de transporte aéreo como el que existe en otras partes del mundo: conectividad a todos los puntos del interior (hay sobreoferta en algunas rutas y abandono de otras menos rentables), ni aprovechamiento de rutas internacionales con beneficio para el usuario peruano (nos integramos a circuitos de empresas extranjeras, lo que no nos permite bajar tarifas como se hace en otros casos por mecanismos de compensación), nos sometemos a abusos monopólicos, etc.
Tampoco es cierto que la aviación comercial peruana haya sido deficiente como actividad empresarial pública y exitosa como privada, como pretende la mitología neoliberal. AeroPerú fue una buena empresa, a la que maltrataron varios gobiernos (especialmente el primero de Alan García que la hizo trabajar por debajo de sus costos), pero su fracaso y colapso sobrevino del proceso de privatización corrupto que se ejecutó durante el gobierno de Fujimori (la más corrupta de las privatizaciones, según Alejandro Toledo).
Eso de “Aeropeor” es un cuento que justificó el regalo de activos y derechos de todos los peruanos a intereses mexicanos, asociados con grupos peruanos (Graña y Montero y otros) y a funcionarios corruptos como el exministro Camet y su superasesor Roberto Abusada que era a la vez presidente de AeroPerú privatizada, mientras cobraba sueldo en el MEF, y es todavía la tapadera del robo que se produjo con la falsa liquidación que convirtió a los accionistas mayoritarios (AeroMéxico) en supuestos acreedores y rematar terrenos, locales, aviones y repuestos, a favor de ellos mismos, y en perjuicio del Estado, como accionista y recaudador de impuestos, y de los trabajadores.
Precisamente los que hacen gestos como que eso de la aviación comercial es una bagatela de la que no deberíamos estar discutiendo, se mueven entre los que tienen miedo de que se remueva el pasado y salgan las evidencias de la corrupción, y los que actúan directamente en asociación con los intereses de la empresa Chilena que controla el 70% del mercado aerocomercial peruano.
El hecho es que la nueva gestión gubernamental debe ser consciente de que este es un tema que no aguanta la mantención de la vergonzosa y dañina situación actual, en la que inversionistas extranjeros explotan un servicio en el que los Estados tienen derechos mundialmente reconocidos, y en el que gente corrupta se mantiene impune bajo el pretexto de que nos liberaron de las pecaminosas empresas públicas.
Legalmente el Perú tiene una línea de bandera que es AeroPerú, con un patrimonio, mermado pero reconstituido, y que podría volver a operar como una asociación público-privada como esas que ahora están tan de moda. Es cosa de tener el coraje para imponer una decisión soberana y recuperar el sentido de país
FIN DE LASA CUERDAS SEPARADAS
El final de las cuerdas separadas
El presidente electo, en su visita a Chile, anunció que desde ese momento se terminaba con la política de cuerdas separadas. Ya no es posible avanzar en el tema económico y comercial, sin enfrentar los problemas de límites o los tratados de inmigración. La verdad es que esto de que la economía puede ir por su camino, sin considerar los resultados que genera sobre el nivel de empleo y los salarios, no es sostenible.
La tarea no es sencilla, las políticas integrales y multisectoriales son complejas, requieren mucha coordinación y planificación. Pero son indispensables. Un caso urgente, donde las cuerdas separadas deben eliminarse, es nuestra política social. Actualmente el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social es el responsable de la política social, pero no cabe duda que la práctica deja mucho que desear y este ministerio responde por una parte muy pequeña del gasto social.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el responsable de promover el acceso a agua segura en los hogares, la principal herramienta en la lucha contra la desnutrición infantil. Así mismo, el Ministerio de energía y Minas es el responsable de que las conexiones eléctricas lleguen a los pueblos más alejados, con electricidad la calidad de vida mejora y el potencial productivo de sus actividades aumenta significativamente.
Pero eso no es todo. Uno de los principales programas de lucha contra la pobreza en nuestro país es Juntos, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los servicios de salud y Educación, con los que debe trabajar Juntos, dependen de sus respectivos ministerios. En el camino de todas estas acciones se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de asignar los recursos entre las entidades públicas y promotor del presupuesto por resultados.
La tarea nos es sencilla, un gobierno elegido para atender a los más pobres tiene que terminar con las cuerdas separadas. Es indispensable la coordinación entre Ministerios, un mecanismo que asegure la participación de los gobiernos locales y regionales y, sin duda, un sistema de planificación que define metas de corto y mediano plazo, que trace un camino seguro en la lucha contra la pobreza
El presidente electo, en su visita a Chile, anunció que desde ese momento se terminaba con la política de cuerdas separadas. Ya no es posible avanzar en el tema económico y comercial, sin enfrentar los problemas de límites o los tratados de inmigración. La verdad es que esto de que la economía puede ir por su camino, sin considerar los resultados que genera sobre el nivel de empleo y los salarios, no es sostenible.
La tarea no es sencilla, las políticas integrales y multisectoriales son complejas, requieren mucha coordinación y planificación. Pero son indispensables. Un caso urgente, donde las cuerdas separadas deben eliminarse, es nuestra política social. Actualmente el Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Social es el responsable de la política social, pero no cabe duda que la práctica deja mucho que desear y este ministerio responde por una parte muy pequeña del gasto social.
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el responsable de promover el acceso a agua segura en los hogares, la principal herramienta en la lucha contra la desnutrición infantil. Así mismo, el Ministerio de energía y Minas es el responsable de que las conexiones eléctricas lleguen a los pueblos más alejados, con electricidad la calidad de vida mejora y el potencial productivo de sus actividades aumenta significativamente.
Pero eso no es todo. Uno de los principales programas de lucha contra la pobreza en nuestro país es Juntos, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros. Los servicios de salud y Educación, con los que debe trabajar Juntos, dependen de sus respectivos ministerios. En el camino de todas estas acciones se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de asignar los recursos entre las entidades públicas y promotor del presupuesto por resultados.
La tarea nos es sencilla, un gobierno elegido para atender a los más pobres tiene que terminar con las cuerdas separadas. Es indispensable la coordinación entre Ministerios, un mecanismo que asegure la participación de los gobiernos locales y regionales y, sin duda, un sistema de planificación que define metas de corto y mediano plazo, que trace un camino seguro en la lucha contra la pobreza
SALARIO MINIMO
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Salario mínimo y redistribución
Todavía falta más de un mes para el 28 de julio, pero ya se inició una campaña contra algunos de los temas clave propuestos por Gana Perú. Hay presión contra los mayores tributos a la minería y ahora se inicia la reacción contra el incremento del salario mínimo vital a 750 soles. Se dice que es negativo para el empleo, que muchas empresas no podrán pagarlo y que generaría presiones inflacionarias. Nada más equivocado, ya que se trata de una herramienta de política pública, que con otras, podría ser útil para iniciar una cruzada para mejorar la distribución del ingreso en el país.
En el tema de los salarios hay dos enfoques opuestos: neoclásico y keynesiano. En el primero, la contratación de mano de obra depende del nivel de los salarios reales, donde remuneraciones bajas son positivas para la demanda de trabajo de las empresas. En el keynesiano, el nivel de contratación depende ante todo del volumen producido. Los neoclásicos, por la división entre micro y macroeconomía, se olvidan que remuneraciones reducidas no son positivas para el nivel de demanda y producción. Para los postkeynesianos una mejor participación de las remuneraciones en el PBI es positiva para la demanda, el nivel de actividad económica e inversión por mayores mercados. En la teoría de salarios de eficiencia, mejores remuneraciones son positivas para la calidad y competitividad de las empresas.
Existe una falsa visión de que los incrementos en las remuneraciones deben plasmarse necesariamente en los precios. En la teoría neoclásica las remuneraciones reales deben crecer de acuerdo a la productividad. En los últimos diez años el producto medio por trabajador (productividad) creció 50%, mientras que las remuneraciones reales lo hicieron en menos del 10%. Hay espacio para subir las remuneraciones, ya que la participación de la mano de obra por unidad de producto en lugar de aumentar se ha reducido. No en vano las remuneraciones sobre el PBI han disminuido su contribución del 40% a sólo 22% entre los años sesentas y 2009.
El último informe del INEI sobre la situación laboral de marzo-mayo del 2011 es útil para demostrar que ante el incremento del salario mínimo de 550 a 600 soles los ingresos promedio en Lima se elevaron en 9%. Se ha beneficiado a los trabajadores dependientes e independientes, en especial de la micro, pequeña empresa y que tienen nivel de Educación primaria. Sin embargo, no hay que pecar de inocentes, ya que para evitar presiones inflacionarias se debe actuar simultáneamente con el BCRP, INDECOPI y atender adecuadamente las mayores presiones sobre la oferta de bienes y servicios.
Salario mínimo y redistribución
Todavía falta más de un mes para el 28 de julio, pero ya se inició una campaña contra algunos de los temas clave propuestos por Gana Perú. Hay presión contra los mayores tributos a la minería y ahora se inicia la reacción contra el incremento del salario mínimo vital a 750 soles. Se dice que es negativo para el empleo, que muchas empresas no podrán pagarlo y que generaría presiones inflacionarias. Nada más equivocado, ya que se trata de una herramienta de política pública, que con otras, podría ser útil para iniciar una cruzada para mejorar la distribución del ingreso en el país.
En el tema de los salarios hay dos enfoques opuestos: neoclásico y keynesiano. En el primero, la contratación de mano de obra depende del nivel de los salarios reales, donde remuneraciones bajas son positivas para la demanda de trabajo de las empresas. En el keynesiano, el nivel de contratación depende ante todo del volumen producido. Los neoclásicos, por la división entre micro y macroeconomía, se olvidan que remuneraciones reducidas no son positivas para el nivel de demanda y producción. Para los postkeynesianos una mejor participación de las remuneraciones en el PBI es positiva para la demanda, el nivel de actividad económica e inversión por mayores mercados. En la teoría de salarios de eficiencia, mejores remuneraciones son positivas para la calidad y competitividad de las empresas.
Existe una falsa visión de que los incrementos en las remuneraciones deben plasmarse necesariamente en los precios. En la teoría neoclásica las remuneraciones reales deben crecer de acuerdo a la productividad. En los últimos diez años el producto medio por trabajador (productividad) creció 50%, mientras que las remuneraciones reales lo hicieron en menos del 10%. Hay espacio para subir las remuneraciones, ya que la participación de la mano de obra por unidad de producto en lugar de aumentar se ha reducido. No en vano las remuneraciones sobre el PBI han disminuido su contribución del 40% a sólo 22% entre los años sesentas y 2009.
El último informe del INEI sobre la situación laboral de marzo-mayo del 2011 es útil para demostrar que ante el incremento del salario mínimo de 550 a 600 soles los ingresos promedio en Lima se elevaron en 9%. Se ha beneficiado a los trabajadores dependientes e independientes, en especial de la micro, pequeña empresa y que tienen nivel de Educación primaria. Sin embargo, no hay que pecar de inocentes, ya que para evitar presiones inflacionarias se debe actuar simultáneamente con el BCRP, INDECOPI y atender adecuadamente las mayores presiones sobre la oferta de bienes y servicios.
POBREZA
Pobreza: Más allá de la asistencia
No cabe duda que en nuestro país, fortalecer la protección social otorgando pensiones a los mayores de 65 años y subsidios - como los de Juntos- a las familias en pobreza extrema, es importante. El desarrollo no es solo crecimiento económico, sino también dar sostén a quienes por diversas circunstancias no logran cubrir sus necesidades urgentes, y así lo han entendido los países más avanzados sin excepción.
Pero es también indudable que en el Perú existe un serio problema de falta de oportunidades económicas. Las grandes y medianas empresas dan empleo a menos del 20 por ciento de la población económicamente activa. La mayor parte de los peruanos se encuentran trabajando en empleos autogenerados o microempresas, de muy baja productividad y que debido a ello logran pocos ingresos. Además carecen de seguridad social, debiéndose su informalidad a la baja productividad, explicada a su vez por el escaso nivel de capital y tecnología del que disponen.
Los más pobres son, mayoritariamente, los campesinos y nativos. En la sierra y selva rurales la pobreza alcanza a más de dos terceras partes de la población. En estas zonas se combinan la baja productividad y pocos ingresos, con una escasa presencia del Estado, de tal manera que los caminos son malos, falta agua y electricidad y la Educación es de baja calidad.
Sacar a esas zonas de la pobreza requiere un enfoque integral que incluya:
- Infraestructura, haciendo llegar los caminos y conexiones viales, la electricidad, las telecomunicaciones y el agua que se necesita para poder mejorar sus pequeños negocios o incursionar en nuevos rubros.
- Capital humano, para que las personas tengan las capacidades y los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo nuevos emprendimientos económicos y utilizar tecnologías más productivas, lo que demanda hacer un esfuerzo importante por mejorar los servicios de salud y Educación rurales, combatir con fuerza la desnutrición crónica y dar cuidados adecuados a los niños menores de 5 años.
- Nuevas técnicas que les permitan mejorar su producción, con sistemas de riego por aspersión o goteo, pastos y semillas mejoradas, cobertizos, mejoramiento genético de animales, etc.
-Procesamiento de productos que les permitan añadir valor, ya sean yogurts, mermeladas, tratamiento post-cosecha, etc.
- Sanidad agropecuaria, combatiendo las enfermedades y plagas de animales y cultivos.
- Conexión a mercados tanto externos como internos, promoviendo productos de mayor valor, con estandarización y mejoramiento de su calidad.
- Apoyo a proyectos de nuevos negocios, facilitando la asistencia técnica, comercial y de gestión.
- Promover la asociatividad, para que las cooperativas, federaciones campesinas, grupos de productores u otras formas de acción colectiva puedan prestar servicios de comercialización, conexión a mercados y asistencia técnica, así como diálogo con las autoridades para buscar solución a sus problemas.
La tarea es grande. Pero debe buscarse una alternativa sostenible de lucha contra la pobreza. Ahora es cuando.
No cabe duda que en nuestro país, fortalecer la protección social otorgando pensiones a los mayores de 65 años y subsidios - como los de Juntos- a las familias en pobreza extrema, es importante. El desarrollo no es solo crecimiento económico, sino también dar sostén a quienes por diversas circunstancias no logran cubrir sus necesidades urgentes, y así lo han entendido los países más avanzados sin excepción.
Pero es también indudable que en el Perú existe un serio problema de falta de oportunidades económicas. Las grandes y medianas empresas dan empleo a menos del 20 por ciento de la población económicamente activa. La mayor parte de los peruanos se encuentran trabajando en empleos autogenerados o microempresas, de muy baja productividad y que debido a ello logran pocos ingresos. Además carecen de seguridad social, debiéndose su informalidad a la baja productividad, explicada a su vez por el escaso nivel de capital y tecnología del que disponen.
Los más pobres son, mayoritariamente, los campesinos y nativos. En la sierra y selva rurales la pobreza alcanza a más de dos terceras partes de la población. En estas zonas se combinan la baja productividad y pocos ingresos, con una escasa presencia del Estado, de tal manera que los caminos son malos, falta agua y electricidad y la Educación es de baja calidad.
Sacar a esas zonas de la pobreza requiere un enfoque integral que incluya:
- Infraestructura, haciendo llegar los caminos y conexiones viales, la electricidad, las telecomunicaciones y el agua que se necesita para poder mejorar sus pequeños negocios o incursionar en nuevos rubros.
- Capital humano, para que las personas tengan las capacidades y los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo nuevos emprendimientos económicos y utilizar tecnologías más productivas, lo que demanda hacer un esfuerzo importante por mejorar los servicios de salud y Educación rurales, combatir con fuerza la desnutrición crónica y dar cuidados adecuados a los niños menores de 5 años.
- Nuevas técnicas que les permitan mejorar su producción, con sistemas de riego por aspersión o goteo, pastos y semillas mejoradas, cobertizos, mejoramiento genético de animales, etc.
-Procesamiento de productos que les permitan añadir valor, ya sean yogurts, mermeladas, tratamiento post-cosecha, etc.
- Sanidad agropecuaria, combatiendo las enfermedades y plagas de animales y cultivos.
- Conexión a mercados tanto externos como internos, promoviendo productos de mayor valor, con estandarización y mejoramiento de su calidad.
- Apoyo a proyectos de nuevos negocios, facilitando la asistencia técnica, comercial y de gestión.
- Promover la asociatividad, para que las cooperativas, federaciones campesinas, grupos de productores u otras formas de acción colectiva puedan prestar servicios de comercialización, conexión a mercados y asistencia técnica, así como diálogo con las autoridades para buscar solución a sus problemas.
La tarea es grande. Pero debe buscarse una alternativa sostenible de lucha contra la pobreza. Ahora es cuando.
CRISIS PORTUARIA
La creciente crisis portuaria afecta al Perú
El país está entrando a una seria crisis portuaria, que deja como herencia funesta el gobierno de Garcia, en un mar de corruptelas. Estamos a puertas de la liquidación del sistema portuario nacional, que se supeditaría a los grandes operadores navieros portuarios globales.
Sacar a Enapu del Callao es liquidarla como empresa, y quebrar en pocos meses los otros puertos públicos nacionales de Salaverry, Yurimaguas, Iquitos, San Martín, Chimbote, Ilo, Supe y Huacho. El Callao aporta a Enapu más del 80 % de sus ingresos empresariales. Sin estos ingresos, la proyección es que en el segundo semestre del 2011, como regalo al nuevo gobierno, deberá declararse la insolvencia empresarial de la Empresa Nacional de Puertos(ENAPU), al habérsela llevado premeditadamente a no poder solventar con sus ingresos magros sus gastos elementales de servicios portuarios. El 17 % de las utilidades que dará a Enapu la Concesionaria APM en el Callao, no son las utilidades principales, las que se concentrarán en la parte naviera y extraportuaria de la tarifa integrada. Incluso si fuesen completas, recorta más del 80 % de los ingresos empresariales de Enapu. Este impacto traerá una inmediata quiebra general de los puertos públicos, liquidando el sistema portuario nacional, para ser reemplazado por el dominio naviero de operadores globales y regional-continentales, que impondrán precios monopólicos al país.
En medio de juicios y objeciones no resueltas, se pretende entregar la concesión del megapuerto del Callao (7 muelles, 13 amarraderos, 120 has) por una inversión obligatoria del concesionario de solo US$ 300 millones, con un periodo de tres años sin la inversión efectiva. A cambio se le permite hacer caja. Con el usufructo de las utilidades de la empresa en marcha ( S/. 100 millones anuales). Con el subsidio de entregar gratis dos grúas pórticos de US$ 24 millones e inversiones de US$ 10 millones Con el regalo de 120 has en la mejor localización del pacifico sur. Y con la imposición a los peruanos de una tarifa integrada monopólica naviero-portuaria. Están en camino a imponer el Monopolio completo en el Puerto. Se realiza esta subvaluación de activos públicos y subsidio al concesionario, pese a que el proyecto integral competitivo del megapuerto de la Fundación Valencia Ports, señalaba una inversión publica y privada de US$ 3,200 millones, y que las propias empresas APM Terminal y DPW habían ofertado previamente como Iniciativas Privadas inversiones de más US$ 1,300 millones.
Hemos presentado a la Contraloría las objeciones legales, constitucionales y empresariales. Un amplio comunicado ciudadano del 11 de abril del 2011, demandaba que “el proceso de inversión en el Megapuerto del Callao sea reformulado por el próximo Gobierno que elegimos los peruanos el 5 de Junio, y por el nuevo Congreso de la República ya elegido el 10 de abril del 2011”.
El país está entrando a una seria crisis portuaria, que deja como herencia funesta el gobierno de Garcia, en un mar de corruptelas. Estamos a puertas de la liquidación del sistema portuario nacional, que se supeditaría a los grandes operadores navieros portuarios globales.
Sacar a Enapu del Callao es liquidarla como empresa, y quebrar en pocos meses los otros puertos públicos nacionales de Salaverry, Yurimaguas, Iquitos, San Martín, Chimbote, Ilo, Supe y Huacho. El Callao aporta a Enapu más del 80 % de sus ingresos empresariales. Sin estos ingresos, la proyección es que en el segundo semestre del 2011, como regalo al nuevo gobierno, deberá declararse la insolvencia empresarial de la Empresa Nacional de Puertos(ENAPU), al habérsela llevado premeditadamente a no poder solventar con sus ingresos magros sus gastos elementales de servicios portuarios. El 17 % de las utilidades que dará a Enapu la Concesionaria APM en el Callao, no son las utilidades principales, las que se concentrarán en la parte naviera y extraportuaria de la tarifa integrada. Incluso si fuesen completas, recorta más del 80 % de los ingresos empresariales de Enapu. Este impacto traerá una inmediata quiebra general de los puertos públicos, liquidando el sistema portuario nacional, para ser reemplazado por el dominio naviero de operadores globales y regional-continentales, que impondrán precios monopólicos al país.
En medio de juicios y objeciones no resueltas, se pretende entregar la concesión del megapuerto del Callao (7 muelles, 13 amarraderos, 120 has) por una inversión obligatoria del concesionario de solo US$ 300 millones, con un periodo de tres años sin la inversión efectiva. A cambio se le permite hacer caja. Con el usufructo de las utilidades de la empresa en marcha ( S/. 100 millones anuales). Con el subsidio de entregar gratis dos grúas pórticos de US$ 24 millones e inversiones de US$ 10 millones Con el regalo de 120 has en la mejor localización del pacifico sur. Y con la imposición a los peruanos de una tarifa integrada monopólica naviero-portuaria. Están en camino a imponer el Monopolio completo en el Puerto. Se realiza esta subvaluación de activos públicos y subsidio al concesionario, pese a que el proyecto integral competitivo del megapuerto de la Fundación Valencia Ports, señalaba una inversión publica y privada de US$ 3,200 millones, y que las propias empresas APM Terminal y DPW habían ofertado previamente como Iniciativas Privadas inversiones de más US$ 1,300 millones.
Hemos presentado a la Contraloría las objeciones legales, constitucionales y empresariales. Un amplio comunicado ciudadano del 11 de abril del 2011, demandaba que “el proceso de inversión en el Megapuerto del Callao sea reformulado por el próximo Gobierno que elegimos los peruanos el 5 de Junio, y por el nuevo Congreso de la República ya elegido el 10 de abril del 2011”.
ALAN DESPEDIDA
Alan García: foto de despedida y perdón de dios
En cinco semanas más Alan García dejará de ser presidente, ya no lo veremos todos los días en las páginas centrales de los periódicos ni tendremos que soportar su incontinencia verbal, su ego monumental y sus delirios de grandeza. Ha preparado su despedida con grandes inauguraciones y un monumento a Cristo que es extraordinariamente revelador de su personalidad y de su fe religiosa.
Desde que apareció en la política a fines de 1970, ha cultivado la imagen de un presidente católico, apostólico y limeño, asistiendo a misas, procesiones, tedeums, luciendo el hábito del Señor de los milagros, y apareciendo siempre oportuno como cargador estrella de su anda. Su humildísimo gesto de ponerse de rodillas y sus besos al anillo del Arzobispo de Lima y primado de la Iglesia, lo muestran como a un católico sumiso, obediente y resignado, como a una oveja nada descarriada, suficientemente fuerte para impresionar a la jerarquía de la iglesia, a gran parte de sus sacerdotes y monjas, a los piadosos burgueses del país, a nuestras abuelas y tías, que unas decenas de horas al año lucen también tan contritas, tan humildes y tan buenas. ¿Habrá un gesto de mayor sumisión que el beso al anillo que luce el arzobispo?
Al futuro ex presidente se le ocurrió la idea de ofrecer un monumento a Cristo de 37 metros de altura, de color blanco nieve, que perennice su recuerdo sirviéndose de la popularidad de Cristo y su amoroso gesto de los brazos abiertos como diciendo vengan a mí, los estoy esperando. ¿Originalidad? Ninguna. Hay muchas estatuas gigantes de Cristo en diversos países; la más famosa es la de Corcovado en Río de Janeiro, que coexiste con el más mundano y carnal de los carnavales. La nueva de Lima no es la más grande pero es suficiente para mostrar otra vez el espíritu de ostentación de la Iglesia Católica. Quiso el presidente darnos una amorosa sorpresa con este pre-póstumo regalo, compartiendo el gesto con la gran empresa multinacional brasilera Odebrech, que tiene en Perú grande negocios y mejores ganancias. El pequeño óbolo de casi un millón de dólares de esta compañía y los cien mil soles del generoso Dr. García han sido suficientes para imponernos una estatua suficientemente fea e innecesaria.
Pudo el Sr. García haber hecho un regalo personal, privado y, prácticamente anónimo, en su parroquia. Pero nada en él puede ser pequeño y, menos, anónimo. La foto inaugurando el monumento equivalente a su imaginaria altura personal será para él un placer maravilloso y nadie le quitará lo bailado. Como presidente, el Sr. García debiera representar a todos los peruanos. El catolicismo en serio debe corresponder a un 30 % de la población, luego están los pueblos indígenas con sus convicciones profundas sobre la Pacha Mama y los Apus, el Taita Inti, los evangélicos de familias varias y, finalmente, los que no somos creyentes. Como buen limeño criollo el católico García confunde la religión con el catolicismo y Lima con el Perú. ¿Le habrá hablado de este tema su ministro de Cultura -en singular- Juan Ossio? Como antropólogo debiera saber que hay muchas culturas y creencias religiosas y que todas merecen respeto.
Sugiero una hipótesis para entender este nuevo atropello del Sr. García. Como católico que es, teme el juicio final y le aterra la idea de ser enviado a los infiernos por las historias de sangre, fortuna mal habida y corrupciones diversas que se le atribuyen. Siguiendo el ejemplo colonial de ganar el cielo dando dinero a la iglesia o haciendo obras de caridad para ella, y también el ejemplo de los pentecostales brasileños de ganar el cielo gracias a cómodas cuotas mensuales, el Sr. García, busca un oportuno perdón. Los Obispos en vida ya lo absolvieron y felicitaron. Pero parece que ese perdón es insuficiente y siguen siendo grandes sus dificultades para dormir desde aquellos sucesos de los penales en 1986, y en la Curva del diablo, en Bagua, en 2009.
En cinco semanas más Alan García dejará de ser presidente, ya no lo veremos todos los días en las páginas centrales de los periódicos ni tendremos que soportar su incontinencia verbal, su ego monumental y sus delirios de grandeza. Ha preparado su despedida con grandes inauguraciones y un monumento a Cristo que es extraordinariamente revelador de su personalidad y de su fe religiosa.
Desde que apareció en la política a fines de 1970, ha cultivado la imagen de un presidente católico, apostólico y limeño, asistiendo a misas, procesiones, tedeums, luciendo el hábito del Señor de los milagros, y apareciendo siempre oportuno como cargador estrella de su anda. Su humildísimo gesto de ponerse de rodillas y sus besos al anillo del Arzobispo de Lima y primado de la Iglesia, lo muestran como a un católico sumiso, obediente y resignado, como a una oveja nada descarriada, suficientemente fuerte para impresionar a la jerarquía de la iglesia, a gran parte de sus sacerdotes y monjas, a los piadosos burgueses del país, a nuestras abuelas y tías, que unas decenas de horas al año lucen también tan contritas, tan humildes y tan buenas. ¿Habrá un gesto de mayor sumisión que el beso al anillo que luce el arzobispo?
Al futuro ex presidente se le ocurrió la idea de ofrecer un monumento a Cristo de 37 metros de altura, de color blanco nieve, que perennice su recuerdo sirviéndose de la popularidad de Cristo y su amoroso gesto de los brazos abiertos como diciendo vengan a mí, los estoy esperando. ¿Originalidad? Ninguna. Hay muchas estatuas gigantes de Cristo en diversos países; la más famosa es la de Corcovado en Río de Janeiro, que coexiste con el más mundano y carnal de los carnavales. La nueva de Lima no es la más grande pero es suficiente para mostrar otra vez el espíritu de ostentación de la Iglesia Católica. Quiso el presidente darnos una amorosa sorpresa con este pre-póstumo regalo, compartiendo el gesto con la gran empresa multinacional brasilera Odebrech, que tiene en Perú grande negocios y mejores ganancias. El pequeño óbolo de casi un millón de dólares de esta compañía y los cien mil soles del generoso Dr. García han sido suficientes para imponernos una estatua suficientemente fea e innecesaria.
Pudo el Sr. García haber hecho un regalo personal, privado y, prácticamente anónimo, en su parroquia. Pero nada en él puede ser pequeño y, menos, anónimo. La foto inaugurando el monumento equivalente a su imaginaria altura personal será para él un placer maravilloso y nadie le quitará lo bailado. Como presidente, el Sr. García debiera representar a todos los peruanos. El catolicismo en serio debe corresponder a un 30 % de la población, luego están los pueblos indígenas con sus convicciones profundas sobre la Pacha Mama y los Apus, el Taita Inti, los evangélicos de familias varias y, finalmente, los que no somos creyentes. Como buen limeño criollo el católico García confunde la religión con el catolicismo y Lima con el Perú. ¿Le habrá hablado de este tema su ministro de Cultura -en singular- Juan Ossio? Como antropólogo debiera saber que hay muchas culturas y creencias religiosas y que todas merecen respeto.
Sugiero una hipótesis para entender este nuevo atropello del Sr. García. Como católico que es, teme el juicio final y le aterra la idea de ser enviado a los infiernos por las historias de sangre, fortuna mal habida y corrupciones diversas que se le atribuyen. Siguiendo el ejemplo colonial de ganar el cielo dando dinero a la iglesia o haciendo obras de caridad para ella, y también el ejemplo de los pentecostales brasileños de ganar el cielo gracias a cómodas cuotas mensuales, el Sr. García, busca un oportuno perdón. Los Obispos en vida ya lo absolvieron y felicitaron. Pero parece que ese perdón es insuficiente y siguen siendo grandes sus dificultades para dormir desde aquellos sucesos de los penales en 1986, y en la Curva del diablo, en Bagua, en 2009.
SOMOS LO MAXIMO
César Lévano
Paraíso (no del todo) perdido
Una amiga extranjera me dijo hace un par de años: “El Perú es un paraíso mal administrado”. Se refería sobre todo a la abundancia y variedad de recursos alimentarios, mal distribuidos o saqueados por empresas foráneas. Un libro de Alan Fairlie nos recuerda la apetitosa riqueza de ese tesoro.
El libro se titula Biocomercio en el Perú. Experiencia y propuestas. Ya en las primeras páginas hallamos un recuadro sobre la biodiversidad que es un emblema de orgullo y de responsabilidad.
De las 117 zonas de vida del planeta, 84 se encuentran en el Perú.
Somos el primer país en variedad de papa, maíz, ajíes, granos andinos, tubérculos y raíces andinas.
Tiene el Perú el primer lugar en especies de peces, cerca de dos mil de aguas marinas y continentales (10% del total mundial). (Y eso, agrego yo, que políticos como Alberto Fujimori y Rafael Rey han abierto el arca del tesoro para sobreexplotar y amenazar esta riqueza, que, convertida en harina de pescado, sirve para engordar cerdos en otros países).
De los cuatro cultivos más importantes para la alimentación humana (trigo, arroz, papa y maíz), el Perú posee la más alta diversidad genética de dos de ellos, la papa y el maíz.
Somos el segundo país con mayor cobertura forestal en América Latina y el noveno en el mundo, con cerca de 72 millones de hectáreas de cobertura forestal y alrededor de 7.1 millones de hectáreas deforestadas.
Con 515 especies de mamíferos, ocupa el Perú el quinto lugar en el mundo.
Cabe considerar que hay cultivos no originarios del Perú, pero que acá han encontrado suelo propicio. Que lo digan las aceitunas de Moquegua, la vid de Ica, los ajos de Arequipa, el cacao del Alto Piura.
Caso notable es el del cacao criollo, que, por la fineza del chocolate resultante, tiene alto precio en el mercado internacional. Fairlie refiere que se quiso reemplazar a ese grano por variedades de más alta productividad. Eso se ha evitado, felizmente.
Hay productos de la tierra peruana que los peruanos prácticamente desconocen. Por ejemplo, el maíz del valle sagrado de los incas. Es un grano enorme, de superficie dorada y brillante, y cuyo interior alberga un polvo tan fino que semeja talco para bebés. Casi todo ese grano es exportado para producir palomitas de maíz en Estados Unidos o Japón.
Ahora, el valioso libro que hemos citado, cuya edición corresponde a la Maestría en Biocomercio de la Universidad Católica y a la Red Latinoamericana de Comercio, busca contribuir principalmente al comercio internacional de productos que en general son cultivados por pequeños agricultores y comunidades.
Producto de tres años de campo y academia, el texto convoca a una mayor atención a frutos de la biodiversidad como el camu camu, la quinua, la kiwicha y en especial los colorantes tara, cochinilla y achiote.
Paraíso (no del todo) perdido
Una amiga extranjera me dijo hace un par de años: “El Perú es un paraíso mal administrado”. Se refería sobre todo a la abundancia y variedad de recursos alimentarios, mal distribuidos o saqueados por empresas foráneas. Un libro de Alan Fairlie nos recuerda la apetitosa riqueza de ese tesoro.
El libro se titula Biocomercio en el Perú. Experiencia y propuestas. Ya en las primeras páginas hallamos un recuadro sobre la biodiversidad que es un emblema de orgullo y de responsabilidad.
De las 117 zonas de vida del planeta, 84 se encuentran en el Perú.
Somos el primer país en variedad de papa, maíz, ajíes, granos andinos, tubérculos y raíces andinas.
Tiene el Perú el primer lugar en especies de peces, cerca de dos mil de aguas marinas y continentales (10% del total mundial). (Y eso, agrego yo, que políticos como Alberto Fujimori y Rafael Rey han abierto el arca del tesoro para sobreexplotar y amenazar esta riqueza, que, convertida en harina de pescado, sirve para engordar cerdos en otros países).
De los cuatro cultivos más importantes para la alimentación humana (trigo, arroz, papa y maíz), el Perú posee la más alta diversidad genética de dos de ellos, la papa y el maíz.
Somos el segundo país con mayor cobertura forestal en América Latina y el noveno en el mundo, con cerca de 72 millones de hectáreas de cobertura forestal y alrededor de 7.1 millones de hectáreas deforestadas.
Con 515 especies de mamíferos, ocupa el Perú el quinto lugar en el mundo.
Cabe considerar que hay cultivos no originarios del Perú, pero que acá han encontrado suelo propicio. Que lo digan las aceitunas de Moquegua, la vid de Ica, los ajos de Arequipa, el cacao del Alto Piura.
Caso notable es el del cacao criollo, que, por la fineza del chocolate resultante, tiene alto precio en el mercado internacional. Fairlie refiere que se quiso reemplazar a ese grano por variedades de más alta productividad. Eso se ha evitado, felizmente.
Hay productos de la tierra peruana que los peruanos prácticamente desconocen. Por ejemplo, el maíz del valle sagrado de los incas. Es un grano enorme, de superficie dorada y brillante, y cuyo interior alberga un polvo tan fino que semeja talco para bebés. Casi todo ese grano es exportado para producir palomitas de maíz en Estados Unidos o Japón.
Ahora, el valioso libro que hemos citado, cuya edición corresponde a la Maestría en Biocomercio de la Universidad Católica y a la Red Latinoamericana de Comercio, busca contribuir principalmente al comercio internacional de productos que en general son cultivados por pequeños agricultores y comunidades.
Producto de tres años de campo y academia, el texto convoca a una mayor atención a frutos de la biodiversidad como el camu camu, la quinua, la kiwicha y en especial los colorantes tara, cochinilla y achiote.
GARCIA CAE POR SU PROPIO PESO
César Lévano
García cae por su propio peso
El capitán de fragata (r) Carlos Tomasio ha implicado a Alan García en el caso del chuponeo de Business Track (BTR): Fue el presidente, ha sostenido, quien mandó borrar los archivos en los que estaban grabadas sus conversaciones telefónicas.
Fue García, ha recordado además Tomasio, quien ordenó que la investigación de los petroaudios fuera encargada a la Dirección AntiDrogas de la Policía, cuyo jefe era el general PNP Miguel Hidalgo, amigo del presidente y actual ministro del Interior. Evidentemente, esa investigación no correspondía a la oficina de Hidalgo.
Más grave aún es lo que el ex oficial de la Marina Elías Ponce Feijóo dijo a Tomasio: durante un análisis del material de BTR incautado se escuchó la voz del jefe del Estado.
Apenas escucharon esa voz inconfundible, los policías y fiscales presentes se pusieron nerviosos y dieron por terminada la diligencia.
En las revelaciones de Tomasio ha surgido un nuevo factor digno de atención. Ha dicho que el año pasado alguien que se presentó como abogado quiso someterlo a extorsión. Le pidió, a nombre de Del Castillo y de Nava, que declarara que el chuponeo había sido contratado por Alberto Varillas, representante legal de Petro-Tech, empresa estadounidense.
El marino se negó a hacerlo, por no hacer daño a inocentes. Sin embargo, ha recordado que García declaró públicamente, en mayo de 2010, que la empresa Petro-Tech “estimuló” el espionaje telefónico. Petro-Tech rivalizaba con Discover Petroleum, consorcio noruego patrocinado por Fortunato Canaán, el padrino de Rómulo León y Alberto Químper.
Esas y otras revelaciones de Tomasio han hecho que José Peláez Bardales, titular del Ministerio Público, llegue a la conclusión de que García, así como Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Luis Nava, ex secretario de Palacio y actual ministro de la Producción, pueden ser llamados a declarar como testigos por la Fiscalía o por la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima.
He ahí por qué García y cómplices legislan a favor de la impunidad.
El caso demuestra hasta qué punto volaba alto el delito en el Perú. En el escándalo de las intercepciones telefónicas saltó a la atención pública el faenón de Rómulo León y Alberto Químper, quienes actuaron como lobistas a favor de Discover Petroleum y proyectaban poner parte de sus ganancias ilícitas en la campaña presidencial que Del Castillo planeaba.
No se debe olvidar que el entonces poderoso presidente del Consejo de Ministros y ahora fracasado candidato a congresista, había tejido una red mediática que pretendía catapultarlo al sillón presidencial.
Nava, entonces con papel decisivo en Palacio, es considerado artífice y socio en los negociados que convirtieron a García en multimillonario. Sin trabajar, gracias a que la plata llega sola.
García cae por su propio peso
El capitán de fragata (r) Carlos Tomasio ha implicado a Alan García en el caso del chuponeo de Business Track (BTR): Fue el presidente, ha sostenido, quien mandó borrar los archivos en los que estaban grabadas sus conversaciones telefónicas.
Fue García, ha recordado además Tomasio, quien ordenó que la investigación de los petroaudios fuera encargada a la Dirección AntiDrogas de la Policía, cuyo jefe era el general PNP Miguel Hidalgo, amigo del presidente y actual ministro del Interior. Evidentemente, esa investigación no correspondía a la oficina de Hidalgo.
Más grave aún es lo que el ex oficial de la Marina Elías Ponce Feijóo dijo a Tomasio: durante un análisis del material de BTR incautado se escuchó la voz del jefe del Estado.
Apenas escucharon esa voz inconfundible, los policías y fiscales presentes se pusieron nerviosos y dieron por terminada la diligencia.
En las revelaciones de Tomasio ha surgido un nuevo factor digno de atención. Ha dicho que el año pasado alguien que se presentó como abogado quiso someterlo a extorsión. Le pidió, a nombre de Del Castillo y de Nava, que declarara que el chuponeo había sido contratado por Alberto Varillas, representante legal de Petro-Tech, empresa estadounidense.
El marino se negó a hacerlo, por no hacer daño a inocentes. Sin embargo, ha recordado que García declaró públicamente, en mayo de 2010, que la empresa Petro-Tech “estimuló” el espionaje telefónico. Petro-Tech rivalizaba con Discover Petroleum, consorcio noruego patrocinado por Fortunato Canaán, el padrino de Rómulo León y Alberto Químper.
Esas y otras revelaciones de Tomasio han hecho que José Peláez Bardales, titular del Ministerio Público, llegue a la conclusión de que García, así como Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Luis Nava, ex secretario de Palacio y actual ministro de la Producción, pueden ser llamados a declarar como testigos por la Fiscalía o por la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima.
He ahí por qué García y cómplices legislan a favor de la impunidad.
El caso demuestra hasta qué punto volaba alto el delito en el Perú. En el escándalo de las intercepciones telefónicas saltó a la atención pública el faenón de Rómulo León y Alberto Químper, quienes actuaron como lobistas a favor de Discover Petroleum y proyectaban poner parte de sus ganancias ilícitas en la campaña presidencial que Del Castillo planeaba.
No se debe olvidar que el entonces poderoso presidente del Consejo de Ministros y ahora fracasado candidato a congresista, había tejido una red mediática que pretendía catapultarlo al sillón presidencial.
Nava, entonces con papel decisivo en Palacio, es considerado artífice y socio en los negociados que convirtieron a García en multimillonario. Sin trabajar, gracias a que la plata llega sola.
TRIUNFO DE INDIOS
Victoria de indios en EE.UU.
El lunes 20 de junio quedará grabado en la memoria de los indios de Estados Unidos. Ese día, el juez distrital Thomas Hogan aprobó una indemnización de 3,400 millones de dólares a los indios por haber sido defraudados durante un siglo de las regalías que el gobierno federal debía pagarles por el uso de sus recursos, entre ellos el petróleo, el gas y los pastos.
El diario italiano Corriere della Sera, al desplegar la noticia a página entera, precisó que por lo menos 1,500 millones de dólares serán para 300 mil nativos estadounidenses, 1,900 millones servirán para readquirir y unificar las tierras tribales arbitrariamente fragmentadas durante años y 60 millones financiarán bolsas de estudio para jóvenes indios.
El juicio ahora llegado a término fue iniciado en 1996 por la sexagenaria india Elouise Cobell, de la tribu de los Pies Negros de Browning, en Montana. Actualmente enferma, la legendaria luchadora no pudo acudir a la audiencia, pero leyó por teléfono un mensaje en el que calificó de “histórico y sin precedentes” el acuerdo.
El juez Hogan, quien dictó la sentencia, declaró, conmovido: “Si no fuese por la señora Cobell, no estaríamos aquí. Ella es una heroína. En la historia moderna, ha contribuido más que nadie en tutelar los intereses de los indios estadounidenses, arriesgando su propia reputación y su salud.”
El presidente Alan García, quien si no recuerdo mal es abogado pero nunca ha defendido indios, haría bien en consultar el expediente del caso. Las razones del juez y de los indios podrían servirle para que comprenda hasta qué punto su “Síndrome del perro del hortelano” es un alegato reaccionario y una invitación al despojo, que desemboca en Bagua. Quizá eso le sirva para meditar su defensa frente a los juicios que le esperan.
García, así como los beneficiarios de su política contra la Amazonía, deberían estudiar no sólo los expedientes del juicio de los indios de Estados Unidos. También deberían colocar bajo examen el proceso que la comunidad indígena de Ecuador le ha ganado a la petrolera Chevron, la cual deberá pagar 18 mil millones de dólares por contaminar el Amazonas.
El Amazonas, que García trata como si fuera un bien mostrenco, una tierra de nadie.
La conducta de la Chevron en el caso es aleccionadora. Primero aceptó que se viera en la justicia ecuatoriana. Pero se largó a Estados Unidos cuando vio que sus mañas no funcionaban y que le iban a imponer la multa, por haber arrojado deliberadamente miles de millones de desechos tóxicos en el Amazonas, causando elevados índices de Cáncer y otras enfermedades entre los indígenas.
Ahora, el gobierno de Ecuador ha entablado juicio a la Chevron ante la justicia estadounidense.
Una corte de Nueva York estudia el síndrome del perro bravo de la depredación y la contaminación.
El lunes 20 de junio quedará grabado en la memoria de los indios de Estados Unidos. Ese día, el juez distrital Thomas Hogan aprobó una indemnización de 3,400 millones de dólares a los indios por haber sido defraudados durante un siglo de las regalías que el gobierno federal debía pagarles por el uso de sus recursos, entre ellos el petróleo, el gas y los pastos.
El diario italiano Corriere della Sera, al desplegar la noticia a página entera, precisó que por lo menos 1,500 millones de dólares serán para 300 mil nativos estadounidenses, 1,900 millones servirán para readquirir y unificar las tierras tribales arbitrariamente fragmentadas durante años y 60 millones financiarán bolsas de estudio para jóvenes indios.
El juicio ahora llegado a término fue iniciado en 1996 por la sexagenaria india Elouise Cobell, de la tribu de los Pies Negros de Browning, en Montana. Actualmente enferma, la legendaria luchadora no pudo acudir a la audiencia, pero leyó por teléfono un mensaje en el que calificó de “histórico y sin precedentes” el acuerdo.
El juez Hogan, quien dictó la sentencia, declaró, conmovido: “Si no fuese por la señora Cobell, no estaríamos aquí. Ella es una heroína. En la historia moderna, ha contribuido más que nadie en tutelar los intereses de los indios estadounidenses, arriesgando su propia reputación y su salud.”
El presidente Alan García, quien si no recuerdo mal es abogado pero nunca ha defendido indios, haría bien en consultar el expediente del caso. Las razones del juez y de los indios podrían servirle para que comprenda hasta qué punto su “Síndrome del perro del hortelano” es un alegato reaccionario y una invitación al despojo, que desemboca en Bagua. Quizá eso le sirva para meditar su defensa frente a los juicios que le esperan.
García, así como los beneficiarios de su política contra la Amazonía, deberían estudiar no sólo los expedientes del juicio de los indios de Estados Unidos. También deberían colocar bajo examen el proceso que la comunidad indígena de Ecuador le ha ganado a la petrolera Chevron, la cual deberá pagar 18 mil millones de dólares por contaminar el Amazonas.
El Amazonas, que García trata como si fuera un bien mostrenco, una tierra de nadie.
La conducta de la Chevron en el caso es aleccionadora. Primero aceptó que se viera en la justicia ecuatoriana. Pero se largó a Estados Unidos cuando vio que sus mañas no funcionaban y que le iban a imponer la multa, por haber arrojado deliberadamente miles de millones de desechos tóxicos en el Amazonas, causando elevados índices de Cáncer y otras enfermedades entre los indígenas.
Ahora, el gobierno de Ecuador ha entablado juicio a la Chevron ante la justicia estadounidense.
Una corte de Nueva York estudia el síndrome del perro bravo de la depredación y la contaminación.
12 SOLES
Acusan a PPK de ser el responsable de que los peruanos paguen tan caro por un producto que debería costar 12 soles.
Denuncian fraude en venta de gas a S/.35
La Noticia
Dammert acusa a Kuczynski y al gobierno de vender gas caro a los peruanos.
DETALLE
Los tres tipos de fraude al venderse el gas al precio de S/. 35 son:
1º Poner a la venta cada balón de gas como si se importara del extranjero.
2º Cobrar por el combustible como si fuera propiedad de una empresa privada.
3º Realizar una sobrevaluación del costo de producción de US$ 2.88 a US$ 6.40 el barril de líquidos del Lote 56, lo cual supone una defraudación al fisco de US$ 1,000 millones.
El especialista en temas de Hidrocarburos, Manuel Dammert, dijo que el balón de gas debería de costar S/. 12 y de ninguna manera S/.35 como actualmente se expende en el mercado y acusó al gobierno por vender el hidrocarburo a un precio tan elevado. Dammert, candidato al Congreso por Gana Perú, explicó que el Estado comete fraude al comercializar el gas al costoso precio de S/. 35, colocándole un precio internacional y como si no fuera propiedad del Estado, fraude que fue orquestado por Pedro Pablo Kuczynski, socio de Hunt Oil, uno de los propietarios del Consorcio Camisea.
“Este fraude ha sido realizado por el yanqui Pedro Pablo Kuczynski, porque durante el gobierno de Toledo entregó en concesión el lote 56 a la empresa norteamericana Hunt Oil, a la que le ha regalado 20 mil millones de dólares al venderse nuestro gas como si fuera privado”, dijo.
Dammert se refirió también a la sobrevaluación del costo de producción del barril de líquidos del Consorcio Camisea. “Elevar artificialmente el costo de producción de US$ 2.88 a US$ 6.40 el barril de líquidos del Lote 56 supone una defraudación al fisco de US$ 1,000 millones”, indicó.
El experto sostuvo que según el resultado del Examen Especial 220, que hizo la Contraloría General, entre enero 2003 y diciembre del 2004, el costo de la producción del barril de los líquidos se encuentra por encima de lo planteado.
“Tiene que cumplirse lo que establece la Contraloría, de lo contrario es un ilícito penal. Es una obligación del gobierno que sinceren los costos reales del precio del gas. De lo contrario, se continuará con lo que ocurre ahora, que estamos pagándole un precio pirata defraudador al Consorcio Camisea con los S/.35 que nos cobran”, dijo.
El jefe del plan de gobierno de Gana Perú, Félix Jiménez, manifestó que durante los primeros cien días de gobierno de Ollanta Humala se rebajará el precio del gas. “LA PRIMERA medida sería cambiar la fórmula de los precios de paridad de importación, con el cual bajaría el costo de este hidrocarburo”, dijo.
“Con este cambio de metodología, que usa la empresa como referencia para exportar y otra para vender en el mercado interno, se puede abaratar el precio del balón de gas, es decir, se bajaría el precio del balón de gas”, sostuvo.
Agregó que una segunda medida consistiría en renegociar con el Consorcio Camisea para que no se exporte ni una sola molécula de gas y que éste se destine al mercado interno cumpliendo con los contratos ya establecidos.
“Se discutirá la estructura del costo real de la producción del gas para que el precio del balón le llegue a costar a las familias peruanas un monto de S/. 12. No es cuestión de fijar precios, es un tema de regulación”, remarcó.
Denuncian fraude en venta de gas a S/.35
La Noticia
Dammert acusa a Kuczynski y al gobierno de vender gas caro a los peruanos.
DETALLE
Los tres tipos de fraude al venderse el gas al precio de S/. 35 son:
1º Poner a la venta cada balón de gas como si se importara del extranjero.
2º Cobrar por el combustible como si fuera propiedad de una empresa privada.
3º Realizar una sobrevaluación del costo de producción de US$ 2.88 a US$ 6.40 el barril de líquidos del Lote 56, lo cual supone una defraudación al fisco de US$ 1,000 millones.
El especialista en temas de Hidrocarburos, Manuel Dammert, dijo que el balón de gas debería de costar S/. 12 y de ninguna manera S/.35 como actualmente se expende en el mercado y acusó al gobierno por vender el hidrocarburo a un precio tan elevado. Dammert, candidato al Congreso por Gana Perú, explicó que el Estado comete fraude al comercializar el gas al costoso precio de S/. 35, colocándole un precio internacional y como si no fuera propiedad del Estado, fraude que fue orquestado por Pedro Pablo Kuczynski, socio de Hunt Oil, uno de los propietarios del Consorcio Camisea.
“Este fraude ha sido realizado por el yanqui Pedro Pablo Kuczynski, porque durante el gobierno de Toledo entregó en concesión el lote 56 a la empresa norteamericana Hunt Oil, a la que le ha regalado 20 mil millones de dólares al venderse nuestro gas como si fuera privado”, dijo.
Dammert se refirió también a la sobrevaluación del costo de producción del barril de líquidos del Consorcio Camisea. “Elevar artificialmente el costo de producción de US$ 2.88 a US$ 6.40 el barril de líquidos del Lote 56 supone una defraudación al fisco de US$ 1,000 millones”, indicó.
El experto sostuvo que según el resultado del Examen Especial 220, que hizo la Contraloría General, entre enero 2003 y diciembre del 2004, el costo de la producción del barril de los líquidos se encuentra por encima de lo planteado.
“Tiene que cumplirse lo que establece la Contraloría, de lo contrario es un ilícito penal. Es una obligación del gobierno que sinceren los costos reales del precio del gas. De lo contrario, se continuará con lo que ocurre ahora, que estamos pagándole un precio pirata defraudador al Consorcio Camisea con los S/.35 que nos cobran”, dijo.
El jefe del plan de gobierno de Gana Perú, Félix Jiménez, manifestó que durante los primeros cien días de gobierno de Ollanta Humala se rebajará el precio del gas. “LA PRIMERA medida sería cambiar la fórmula de los precios de paridad de importación, con el cual bajaría el costo de este hidrocarburo”, dijo.
“Con este cambio de metodología, que usa la empresa como referencia para exportar y otra para vender en el mercado interno, se puede abaratar el precio del balón de gas, es decir, se bajaría el precio del balón de gas”, sostuvo.
Agregó que una segunda medida consistiría en renegociar con el Consorcio Camisea para que no se exporte ni una sola molécula de gas y que éste se destine al mercado interno cumpliendo con los contratos ya establecidos.
“Se discutirá la estructura del costo real de la producción del gas para que el precio del balón le llegue a costar a las familias peruanas un monto de S/. 12. No es cuestión de fijar precios, es un tema de regulación”, remarcó.
GLP
PROVIENE DE LOS LÍQUIDOS DE GAS NATURAL DE LOS YACIMIENTOS CUSQUEÑOS
80% del gas doméstico que consumimos es de Camis
Proveniencia del GLP
De los yacimientos gasíferos cusqueños de Camisea no solo se obtiene gas natural, además se extrae hidrocarburos como el propano y butano (que forman parte de los derivados líquidos del gas natural), componentes que se usan en el gas doméstico que se utilizan en las viviendas. La separación y transformación de estos derivados se realiza mediante un simple proceso.
El ingeniero Aurelio Ochoa asegura que con poco más de la producción de los líquidos procedentes de Camisea se puede cubrir la demanda interna total de GLP.
Lo que sucede es que actualmente Pluspetrol vende el GLP al mercado nacional a un precio equivalente al marcador internacional Mont Belvieu Texas, USA; o sea como si fuese GLP proveniente de petróleo, señala Aurelio Ochoa.
El balón de gas (GLP) que consumimos todos los peruanos no proviene de la exportación del petróleo como hasta ahora nos hicieron creer, por el contrario, más del 80% del GLP sale de los pozos de Camisea que produce líquidos que nos proporcionan el butano y propano que no necesitan pasar por una refinería. Pero los precios que nos cobran por cada balón de gas es como si se tratará del GLP derivado del petróleo importado de Texas.
Así, en el país aproximadamente el 80% o más del consumo nacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP) –según estadísticas de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de energía y Minas– es cubierto mediante el procesamiento de los líquidos de Gas Natural que se extraen de los pozos de Camisea. Es decir, los yacimientos gasíferos cusqueños de Camisea no solo contienen Gas Natural, también tienen Hidrocarburos como el propano y butano, los mismos que son extraídos a la par con el Gas Natural.
Mientras que el 20% restante del consumo local tiene su origen en el petróleo, procesado en las refinerías de Talara y La Pampilla. Entonces, contrario a lo que cree el ciudadano de a pie, el gas que se usa en las casas en su mayoría proviene de un recurso natural que pertenece a todos los peruanos como lo es el Gas Natural.
Ahora debido, principalmente, a los líquidos de Gas Natural que se extraen de los yacimientos cusqueños de Camisea el Perú se ha convertido en un exportador, no solo de Gas Natural, también de GLP, esto significa que la producción nacional del mencionado recurso excede la demanda local. Y así lo demuestran las estadísticas del propio Ministerio de energía y Minas (MEM).
En esa línea, el ingeniero Aurelio Ochoa asegura que con poco más de la producción de los líquidos procedentes de Camisea se puede cubrir la demanda interna total de GLP.
Según cifras de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, al mes de abril, la producción nacional de GLP fue de 45 mil 560 barriles por día (b/d). De ese total, Camisea produce 37 mil 730 b/d –que representa el 82% de la producción nacional-, la refinería de Talara produce 4 mil 610 b/d (10% de la producción nacional), mientras que el restante 8% proviene de refinerías como La Pampilla (710 b/d), Aguaytía (700 b/d), Graña y Montero (960 b/d) y Pariñas (940 b/d).
Si la producción nacional de GLP fue de 45 mil 560 b/d en abril, el consumo de todos los peruanos del carburante alcanzó, en el mismo mes, 39 mil 870 b/d. Dicho consumo es abastecido con 31 mil 950 b/d (80% del total) procedente de Camisea, 4 mil 610 b/d (11.6%) de la refinería de Talara y el resto es cubierto por La Pampila (710 b/d), Aguaytía (700 b/d), Graña y Montero (960 b/d) y Pariñas (940 b/d).
Si Camisea produce 37 mil 730 b/d y solo destina al mercado interno 31 mil 950 b/d, esto significa –afirmó Ochoa- que el restante 5 mil 780 b/d lo exporta, por el cual obtiene cuantiosas ganancias. Añade que las cifras del consumo y producción de GLP de abril no guardan mucha distancia en comparación a otros meses.
“Las propias cifras del Ministerio de energía y Minas demuestran que el gas doméstico que se usa en la casi totalidad de las casas del Perú (más de 80%) proviene de los líquidos de Camisea y no de la refinación del petróleo que encarecería el precio del balón de gas, pues implica la importación de la materia prima (petróleo) que actualmente se cotiza internacionalmente a más de 100 dólares el barril. El Consorcio Camisea que abastece en 80% el consumo de gas domiciliario no necesita comprar petróleo, solo tiene que cosechar (extraer) el propano y butano que se encuentran en los yacimientos gasíferos cusqueños”,
En este punto, hay que precisar que el GLP se obtiene de dos maneras –indicó Aurelio Ochoa, especialista en temas energéticos-, de origen artificial (usando como materia prima el petróleo) y origen natural (que se obtiene de los derivados de los líquidos del Gas Natural). El Consorcio Camisea obtiene el GLP de forma natural, pues los Lotes 88 y 56 que explotan en Cusco no solo contienen Gas Natural, también Hidrocarburos como propano y butano, entre otros.
¿Por qué el precio del balón de gas es alto?
Entonces si el GLP que se comercializa en el Perú es cubierto en 80% mediante los derivados de líquidos de Gas Natural de Camisea y no depende de la importación del petróleo ¿por qué el precio del balón de gas propano es caro? Diferentes especialistas coinciden que este alto precio del gas doméstico que alcanza aproximadamente los S/. 36 por un balón de 10 kilogramos tiene su raíz en que Pluspetrol, empresa que lidera el Consorcio Camisea, fija el precio del GLP en función del precio de paridad de exportación del petróleo y no a partir de su propia estructura de costos.
“Lo que sucede es que actualmente Pluspetrol vende el GLP al mercado nacional, a un precio equivalente al marcador internacional Mont Belvieu Texas, USA; o sea como si fuese GLP proveniente de petróleo. Nótese que los costos de obtención del GLP de los líquidos del Gas Natural son menores que a través de la refinación del petróleo. Además, Pluspetrol vende el GLP en el Perú a precio de paridad de importación en lugar de un precio de paridad de exportación que es más bajo, siendo el Perú el país productor”, advirtió Jaime Luyo, Doctor en economía y co-autor del libro “seguridad energética, un reto para el Perú”.
En opinión de Ochoa esta forma de fijar el precio del GLP que utiliza Pluspetrol encarece hasta en 30% el precio del gas propano. En esa línea, Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, consideró necesario que se realice una auditoría internacional que establezca, primero, cuánto le cuesta al Consorcio Camisea extraer el GLP de los yacimientos cusqueños para luego definir el precio del GLP en base a una estructura de costos.
“Se debe sincerar la estructura de costos del balón de gas de consumo doméstico. La revisión de la estructura de costos del balón de gas proveniente de Camisea es impostergable para reducir el precio al consumidor. Este puede reducirse en 25% de inmediato. El consumidor peruano no puede seguir pagando un precio tan alto por el gas que consume; ya que en el Perú el precio del GLP es casi 6 veces del existente en Colombia y 3 veces que en Argentina”, recalcó Luyo.
Ahora, si bien la separación (procesamiento) de los líquidos de Gas Natural es un proceso que tiene un costo, pero menor al de producirlo a partir del petróleo crudo, más aún si tomamos en cuenta el alza en su precio internacional que actualmente supera los 100 dólares el barril.
Cuantiosas ganancias
En opinión del investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, en contraste a lo que piensa la ciudadanía los derivados de los líquidos que se obtienen de los yacimientos gasíferos cusqueños representan las mayores ganancias que obtiene el Consorcio Camisea.
Coincide Ochoa quien dijo que “el Gas Natural es el hueso, mientras que los líquidos derivados es la carne”.
“(…) las exportaciones de los líquidos derivados del Gas Natural constituyen la parte más valiosa de Camisea por los precios pagados que se valorizan tanto como el petróleo”, añadió Manco Zaconetti.
Precisó que “las exportaciones de los derivados provenientes de los líquidos de Gas Natural (LGN) de los campos de Camisea bajo responsabilidad de Pluspetrol Perú Corporation, sean por la nafta, propano, butano, gas licuado más solventes tienen valores crecientes, así en el 2007 estas exportaciones fueron equivalentes a más de 531 millones de dólares, en el 2008 fueron del orden de los 520 millones de dólares para aumentar a los 683 millones en el 2009, todo ello según el Boletín Mensual de Aduanas”. Agregó que los mencionados derivados son vendidos hacia China Popular, Canadá, Japón, Estados Unidos de NorteAmérica y Ecuador especialmente.
FIJACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN. NO ES LEY, SOLO UN ACUERDO
Marcador internacional a precios de Texas
Pluspetrol vende en Pisco para el mercado local a un precio equivalente al marcador internacional Mont Belvieu – Texas – USA, el mismo que es ajustado semanalmente. A pesar que los precios de los Hidrocarburos en el mercado interno son libres y se fijan por el juego de la oferta y la demanda, la Comisión Pro Inversión del Congreso de la República logró el 30 de junio de 2005 que Pluspetrol y PetroPerú se comprometan a reducir el precio al consumidor entonces vigente (precio de paridad de importación), explicó el economista César Bedón.
Precisó que el compromiso no es ninguna Ley y no tiene más efecto legal que el que se podría atribuir a un “pacto de caballeros”, debiendo recordar incluso que en su momento INDECOPI decidió investigar este acuerdo bajo una supuesta concertación de precios. Por este compromiso Pluspetrol aceptó vender el GLP bajo formas de precios de exportación, utilizando el marcador internacional de precios Mont Belvieu (Texas).
Transcurridos los años ahora se aprecia que la ausencia de una debida fiscalización estatal permite que Pluspetrol fije el precio del GLP en el mercado interno como si este se consiguiera mediante la refinación del petróleo.
El acuerdo fue firmado por los congresistas Jorge del Castillo, Natale Amprimo, Kuennen Franceza, José Carrasco Távara, Juan Valdivia, Luis Heysen y Alejandro Oré, además participaron representantes de los ministerios de energía y Minas, Economía y Finanzas, de Petroperé, Osinerg (ahora Osinergmin), y diferentes instituciones vinculadas a la comercialización del GLP. Por parte del Consorcio
80% del gas doméstico que consumimos es de Camis
Proveniencia del GLP
De los yacimientos gasíferos cusqueños de Camisea no solo se obtiene gas natural, además se extrae hidrocarburos como el propano y butano (que forman parte de los derivados líquidos del gas natural), componentes que se usan en el gas doméstico que se utilizan en las viviendas. La separación y transformación de estos derivados se realiza mediante un simple proceso.
El ingeniero Aurelio Ochoa asegura que con poco más de la producción de los líquidos procedentes de Camisea se puede cubrir la demanda interna total de GLP.
Lo que sucede es que actualmente Pluspetrol vende el GLP al mercado nacional a un precio equivalente al marcador internacional Mont Belvieu Texas, USA; o sea como si fuese GLP proveniente de petróleo, señala Aurelio Ochoa.
El balón de gas (GLP) que consumimos todos los peruanos no proviene de la exportación del petróleo como hasta ahora nos hicieron creer, por el contrario, más del 80% del GLP sale de los pozos de Camisea que produce líquidos que nos proporcionan el butano y propano que no necesitan pasar por una refinería. Pero los precios que nos cobran por cada balón de gas es como si se tratará del GLP derivado del petróleo importado de Texas.
Así, en el país aproximadamente el 80% o más del consumo nacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP) –según estadísticas de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de energía y Minas– es cubierto mediante el procesamiento de los líquidos de Gas Natural que se extraen de los pozos de Camisea. Es decir, los yacimientos gasíferos cusqueños de Camisea no solo contienen Gas Natural, también tienen Hidrocarburos como el propano y butano, los mismos que son extraídos a la par con el Gas Natural.
Mientras que el 20% restante del consumo local tiene su origen en el petróleo, procesado en las refinerías de Talara y La Pampilla. Entonces, contrario a lo que cree el ciudadano de a pie, el gas que se usa en las casas en su mayoría proviene de un recurso natural que pertenece a todos los peruanos como lo es el Gas Natural.
Ahora debido, principalmente, a los líquidos de Gas Natural que se extraen de los yacimientos cusqueños de Camisea el Perú se ha convertido en un exportador, no solo de Gas Natural, también de GLP, esto significa que la producción nacional del mencionado recurso excede la demanda local. Y así lo demuestran las estadísticas del propio Ministerio de energía y Minas (MEM).
En esa línea, el ingeniero Aurelio Ochoa asegura que con poco más de la producción de los líquidos procedentes de Camisea se puede cubrir la demanda interna total de GLP.
Según cifras de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, al mes de abril, la producción nacional de GLP fue de 45 mil 560 barriles por día (b/d). De ese total, Camisea produce 37 mil 730 b/d –que representa el 82% de la producción nacional-, la refinería de Talara produce 4 mil 610 b/d (10% de la producción nacional), mientras que el restante 8% proviene de refinerías como La Pampilla (710 b/d), Aguaytía (700 b/d), Graña y Montero (960 b/d) y Pariñas (940 b/d).
Si la producción nacional de GLP fue de 45 mil 560 b/d en abril, el consumo de todos los peruanos del carburante alcanzó, en el mismo mes, 39 mil 870 b/d. Dicho consumo es abastecido con 31 mil 950 b/d (80% del total) procedente de Camisea, 4 mil 610 b/d (11.6%) de la refinería de Talara y el resto es cubierto por La Pampila (710 b/d), Aguaytía (700 b/d), Graña y Montero (960 b/d) y Pariñas (940 b/d).
Si Camisea produce 37 mil 730 b/d y solo destina al mercado interno 31 mil 950 b/d, esto significa –afirmó Ochoa- que el restante 5 mil 780 b/d lo exporta, por el cual obtiene cuantiosas ganancias. Añade que las cifras del consumo y producción de GLP de abril no guardan mucha distancia en comparación a otros meses.
“Las propias cifras del Ministerio de energía y Minas demuestran que el gas doméstico que se usa en la casi totalidad de las casas del Perú (más de 80%) proviene de los líquidos de Camisea y no de la refinación del petróleo que encarecería el precio del balón de gas, pues implica la importación de la materia prima (petróleo) que actualmente se cotiza internacionalmente a más de 100 dólares el barril. El Consorcio Camisea que abastece en 80% el consumo de gas domiciliario no necesita comprar petróleo, solo tiene que cosechar (extraer) el propano y butano que se encuentran en los yacimientos gasíferos cusqueños”,
En este punto, hay que precisar que el GLP se obtiene de dos maneras –indicó Aurelio Ochoa, especialista en temas energéticos-, de origen artificial (usando como materia prima el petróleo) y origen natural (que se obtiene de los derivados de los líquidos del Gas Natural). El Consorcio Camisea obtiene el GLP de forma natural, pues los Lotes 88 y 56 que explotan en Cusco no solo contienen Gas Natural, también Hidrocarburos como propano y butano, entre otros.
¿Por qué el precio del balón de gas es alto?
Entonces si el GLP que se comercializa en el Perú es cubierto en 80% mediante los derivados de líquidos de Gas Natural de Camisea y no depende de la importación del petróleo ¿por qué el precio del balón de gas propano es caro? Diferentes especialistas coinciden que este alto precio del gas doméstico que alcanza aproximadamente los S/. 36 por un balón de 10 kilogramos tiene su raíz en que Pluspetrol, empresa que lidera el Consorcio Camisea, fija el precio del GLP en función del precio de paridad de exportación del petróleo y no a partir de su propia estructura de costos.
“Lo que sucede es que actualmente Pluspetrol vende el GLP al mercado nacional, a un precio equivalente al marcador internacional Mont Belvieu Texas, USA; o sea como si fuese GLP proveniente de petróleo. Nótese que los costos de obtención del GLP de los líquidos del Gas Natural son menores que a través de la refinación del petróleo. Además, Pluspetrol vende el GLP en el Perú a precio de paridad de importación en lugar de un precio de paridad de exportación que es más bajo, siendo el Perú el país productor”, advirtió Jaime Luyo, Doctor en economía y co-autor del libro “seguridad energética, un reto para el Perú”.
En opinión de Ochoa esta forma de fijar el precio del GLP que utiliza Pluspetrol encarece hasta en 30% el precio del gas propano. En esa línea, Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, consideró necesario que se realice una auditoría internacional que establezca, primero, cuánto le cuesta al Consorcio Camisea extraer el GLP de los yacimientos cusqueños para luego definir el precio del GLP en base a una estructura de costos.
“Se debe sincerar la estructura de costos del balón de gas de consumo doméstico. La revisión de la estructura de costos del balón de gas proveniente de Camisea es impostergable para reducir el precio al consumidor. Este puede reducirse en 25% de inmediato. El consumidor peruano no puede seguir pagando un precio tan alto por el gas que consume; ya que en el Perú el precio del GLP es casi 6 veces del existente en Colombia y 3 veces que en Argentina”, recalcó Luyo.
Ahora, si bien la separación (procesamiento) de los líquidos de Gas Natural es un proceso que tiene un costo, pero menor al de producirlo a partir del petróleo crudo, más aún si tomamos en cuenta el alza en su precio internacional que actualmente supera los 100 dólares el barril.
Cuantiosas ganancias
En opinión del investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jorge Manco Zaconetti, en contraste a lo que piensa la ciudadanía los derivados de los líquidos que se obtienen de los yacimientos gasíferos cusqueños representan las mayores ganancias que obtiene el Consorcio Camisea.
Coincide Ochoa quien dijo que “el Gas Natural es el hueso, mientras que los líquidos derivados es la carne”.
“(…) las exportaciones de los líquidos derivados del Gas Natural constituyen la parte más valiosa de Camisea por los precios pagados que se valorizan tanto como el petróleo”, añadió Manco Zaconetti.
Precisó que “las exportaciones de los derivados provenientes de los líquidos de Gas Natural (LGN) de los campos de Camisea bajo responsabilidad de Pluspetrol Perú Corporation, sean por la nafta, propano, butano, gas licuado más solventes tienen valores crecientes, así en el 2007 estas exportaciones fueron equivalentes a más de 531 millones de dólares, en el 2008 fueron del orden de los 520 millones de dólares para aumentar a los 683 millones en el 2009, todo ello según el Boletín Mensual de Aduanas”. Agregó que los mencionados derivados son vendidos hacia China Popular, Canadá, Japón, Estados Unidos de NorteAmérica y Ecuador especialmente.
FIJACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN. NO ES LEY, SOLO UN ACUERDO
Marcador internacional a precios de Texas
Pluspetrol vende en Pisco para el mercado local a un precio equivalente al marcador internacional Mont Belvieu – Texas – USA, el mismo que es ajustado semanalmente. A pesar que los precios de los Hidrocarburos en el mercado interno son libres y se fijan por el juego de la oferta y la demanda, la Comisión Pro Inversión del Congreso de la República logró el 30 de junio de 2005 que Pluspetrol y PetroPerú se comprometan a reducir el precio al consumidor entonces vigente (precio de paridad de importación), explicó el economista César Bedón.
Precisó que el compromiso no es ninguna Ley y no tiene más efecto legal que el que se podría atribuir a un “pacto de caballeros”, debiendo recordar incluso que en su momento INDECOPI decidió investigar este acuerdo bajo una supuesta concertación de precios. Por este compromiso Pluspetrol aceptó vender el GLP bajo formas de precios de exportación, utilizando el marcador internacional de precios Mont Belvieu (Texas).
Transcurridos los años ahora se aprecia que la ausencia de una debida fiscalización estatal permite que Pluspetrol fije el precio del GLP en el mercado interno como si este se consiguiera mediante la refinación del petróleo.
El acuerdo fue firmado por los congresistas Jorge del Castillo, Natale Amprimo, Kuennen Franceza, José Carrasco Távara, Juan Valdivia, Luis Heysen y Alejandro Oré, además participaron representantes de los ministerios de energía y Minas, Economía y Finanzas, de Petroperé, Osinerg (ahora Osinergmin), y diferentes instituciones vinculadas a la comercialización del GLP. Por parte del Consorcio
SOBREGANANCIAS
.Por Humberto Campodónico
Hace unos días, en un debate público acerca de las sobreganancias mineras, uno de los panelistas dijo: “si les vamos a sacar más dinero a las mineras, hay que saber bien qué hacer con ese dinero. Y lo que vemos ahora es que los gobiernos regionales y las municipalidades no llegan a invertir todo lo que tienen. Entonces, ¿para qué quieren más plata? Por eso, hay que tener mucho cuidado con eso del impuesto a la sobreganancia minera”.
Esta declaración tiene el mérito de la claridad, pues nos dice lo que piensan los opositores al impuesto a las sobreganancias que, dicho sea de paso, son hoy minoría en el país. Pero vamos a lo dicho.
Primero, eso de “sacar plata” suena a algo así como oscuro e incorrecto. No, pues, así no es la cosa. Se trata de obtener una renta adecuada de los recursos naturales de la Nación, ahora que los extraordinarios precios de los minerales generan enormes utilidades a las empresas. Agreguemos, como dijo Alan García el 28 de julio del 2006: “si las empresas ganan más por esta situación que no depende de su propia tecnología y competitividad, es justo que esa ganancia deba beneficiar algo más al país”.
Segundo, ¿cuál es la relación entre “sacarles plata a las mineras” y el hecho de que los gobiernos regionales y locales –supuestamente– no estén invirtiendo los montos presupuestados? Pues ninguna. Se están mezclando papas con camotes.
Oiga, si ese dinero no se estuviera invirtiendo como se debe, entonces podemos ponerlo en el Fondo de Estabilización Fiscal o en cualquier otra cuenta de ahorros del gobierno hasta que los peruanos resolvamos nuestros problemas, porque esa renta extraordinaria nos corresponde. ¿O lo que nos están diciendo es que, como ese dinero no se invierte, entonces mejor que la ganancia extraordinaria se la quede la minera? ¡Qué cuajo!
Tercero, el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades han aumentado fuertemente su inversión del 2005 al 2010, pasando de S/. 6,328 millones a 24,586 millones, un aumento de 289% (1). No se puede decir, entonces, que no está mejorando el nivel de la inversión pública. Al contrario, casi todos los gobiernos regionales han cumplido sus metas de inversión.
Dicho de otro modo, la derecha económica quiere crear un mito en la población: que todo lo que viene del Estado es malo per se y que lo bueno solo viene de la inversión privada. No es cierto. Lo que hay que hacer es lograr un equilibrio en la relación entre mercado y Estado (hoy en el Perú casi todo favorece al primero), porque a este último le corresponden las inversiones sociales y realizar y/o promover las inversiones en infraestructura.
Finalmente, hay que decir que el aumento de la carga tributaria debe realizarse tomando en cuenta el siguiente principio: a más ganancia, mayor tributación. Bajo ese principio –y teniendo en cuenta que las mineras están obteniendo rentabilidades altísimas, con las que nunca soñaron– existe un margen importante para una mayor recaudación en beneficio de todo el país.
No solo eso. Las propias empresas mineras aceptan que se debe compartir esa sobreganancia con los Estados, como ha sucedido hace poco en Chile bajo Piñera y como lo ha declarado aquí el presidente saliente de la Confiep Ricardo Briceño, quien dijo que “lo que es justo es justo”. Claro, porque eso garantiza la paz social y la estabilidad de largo plazo de las relaciones de la empresa con el Estado y con la población.
Nadie quiere “sacarles plata” a las mineras sino aplicar el principio de que “lo que es justo es justo”. Nada más, pero tampoco nada menos.
Hace unos días, en un debate público acerca de las sobreganancias mineras, uno de los panelistas dijo: “si les vamos a sacar más dinero a las mineras, hay que saber bien qué hacer con ese dinero. Y lo que vemos ahora es que los gobiernos regionales y las municipalidades no llegan a invertir todo lo que tienen. Entonces, ¿para qué quieren más plata? Por eso, hay que tener mucho cuidado con eso del impuesto a la sobreganancia minera”.
Esta declaración tiene el mérito de la claridad, pues nos dice lo que piensan los opositores al impuesto a las sobreganancias que, dicho sea de paso, son hoy minoría en el país. Pero vamos a lo dicho.
Primero, eso de “sacar plata” suena a algo así como oscuro e incorrecto. No, pues, así no es la cosa. Se trata de obtener una renta adecuada de los recursos naturales de la Nación, ahora que los extraordinarios precios de los minerales generan enormes utilidades a las empresas. Agreguemos, como dijo Alan García el 28 de julio del 2006: “si las empresas ganan más por esta situación que no depende de su propia tecnología y competitividad, es justo que esa ganancia deba beneficiar algo más al país”.
Segundo, ¿cuál es la relación entre “sacarles plata a las mineras” y el hecho de que los gobiernos regionales y locales –supuestamente– no estén invirtiendo los montos presupuestados? Pues ninguna. Se están mezclando papas con camotes.
Oiga, si ese dinero no se estuviera invirtiendo como se debe, entonces podemos ponerlo en el Fondo de Estabilización Fiscal o en cualquier otra cuenta de ahorros del gobierno hasta que los peruanos resolvamos nuestros problemas, porque esa renta extraordinaria nos corresponde. ¿O lo que nos están diciendo es que, como ese dinero no se invierte, entonces mejor que la ganancia extraordinaria se la quede la minera? ¡Qué cuajo!
Tercero, el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades han aumentado fuertemente su inversión del 2005 al 2010, pasando de S/. 6,328 millones a 24,586 millones, un aumento de 289% (1). No se puede decir, entonces, que no está mejorando el nivel de la inversión pública. Al contrario, casi todos los gobiernos regionales han cumplido sus metas de inversión.
Dicho de otro modo, la derecha económica quiere crear un mito en la población: que todo lo que viene del Estado es malo per se y que lo bueno solo viene de la inversión privada. No es cierto. Lo que hay que hacer es lograr un equilibrio en la relación entre mercado y Estado (hoy en el Perú casi todo favorece al primero), porque a este último le corresponden las inversiones sociales y realizar y/o promover las inversiones en infraestructura.
Finalmente, hay que decir que el aumento de la carga tributaria debe realizarse tomando en cuenta el siguiente principio: a más ganancia, mayor tributación. Bajo ese principio –y teniendo en cuenta que las mineras están obteniendo rentabilidades altísimas, con las que nunca soñaron– existe un margen importante para una mayor recaudación en beneficio de todo el país.
No solo eso. Las propias empresas mineras aceptan que se debe compartir esa sobreganancia con los Estados, como ha sucedido hace poco en Chile bajo Piñera y como lo ha declarado aquí el presidente saliente de la Confiep Ricardo Briceño, quien dijo que “lo que es justo es justo”. Claro, porque eso garantiza la paz social y la estabilidad de largo plazo de las relaciones de la empresa con el Estado y con la población.
Nadie quiere “sacarles plata” a las mineras sino aplicar el principio de que “lo que es justo es justo”. Nada más, pero tampoco nada menos.
GESTORES DE CARTERAS
.Por Humberto Campodónico
La creciente irrupción de inversionistas financieros en los mercados de productos básicos (PB) ha llevado a muchos analistas a decir que las alzas de precios que se vienen produciendo desde mediados de la década pasada ya no obedecen tanto a los aspectos “fundamentales” que caracterizaban a dichos mercados.
¿Qué tanta influencia tienen, verdaderamente, los inversionistas financieros? ¿Son o no determinantes en el alza de precios de los commodities?
La respuesta es de la más alta importancia porque somos un país exportador de minerales (cobre, oro, zinc, plomo y hierro), entre otros (el 65% del total de exportaciones en el 2010). Y, también, porque somos importadores netos de petróleo y combustibles (US$ 4,063 millones en el 2010), así como de productos agrícolas (U$ 1,725 millones en el 2010 de trigo, maíz, soya, azúcar y carnes).
Desde el 2004 en adelante se ha constatado una marcada elevación de los precios de los PB, que ha estado acompañada de una creciente volatilidad. La teoría económica dice que estos precios se establecen por los “fundamentos de mercado”, relacionados con los cambios en las estructuras de la oferta y la demanda de estos productos. Así, por ejemplo, un factor central es el gran crecimiento de las llamadas “economías emergentes” (China, India, los países del sudeste asiático, Brasil y Rusia, entre otros).
A eso se suman, según un reciente informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, en inglés), otros factores que también han contribuido a la presión alcista de los PB (1). Entre ellos: el aumento de la urbanización, la expansión de una clase media con nuevos hábitos alimentarios, la utilización de cultivos agrícolas para producir biocombustibles, y la disminución de las tasas de crecimiento de la producción y la productividad agrícolas.
La cosa es que ahora hay que considerar un factor novedoso, antes no tomado en cuenta: se trata de la llamada “financiarización” de los mercados, la que ha cobrado gran fuerza desde el 2005 en adelante, constituyéndose en una nueva fuerza que influye en los precios pues ya no es decisiva la participación de los inversionistas tradicionales de esos mercados de PB, porque ha aumentado la importancia de llamados “gestores de carteras” (como los “hedge funds”):
Estos gestores aplican una estrategia comercial activa que puede llevarlos a aumentar o reducir sus posiciones muy rápidamente, y son los participantes en el mercado más propensos a incurrir en comportamientos gregarios, comúnmente llamados “efecto rebaño”: si los precios tienden a moverse en una dirección, ellos seguirán detrás.
Dice la UNCTAD que, desde el 2009, se ha observado una estrecha correlación entre las variaciones de los precios y los cambios de las posiciones de los gestores de carteras, que en el caso del mercado del petróleo ha llegado a ser del 0,80 (lo que indica una superestrecha correlación)”. Agrega UNCTAD que cerca del 20% del precio del petróleo se debió a la especulación excesiva: dicho de otro modo, si el precio está hoy en US$ 100/barril, sin los “gestores de cartera” su precio estaría en US$ 80/barril.
El estudio está respaldado por entrevistas realizadas a participantes en los mercados, incluyendo a los “gestores de carteras” y contiene una serie de recomendaciones que deben adoptar los gobiernos de los países industrializados y sus organismos reguladores. Si eso no se hace, las burbujas de precios (y su inevitable estallido) pueden aparecer en cualquier momento. Si es que no están, ya, formándose en los mercados de Nueva York y Londres para, luego, contagiar a todo el mundo. Incluidos nosotros, claro está.
La creciente irrupción de inversionistas financieros en los mercados de productos básicos (PB) ha llevado a muchos analistas a decir que las alzas de precios que se vienen produciendo desde mediados de la década pasada ya no obedecen tanto a los aspectos “fundamentales” que caracterizaban a dichos mercados.
¿Qué tanta influencia tienen, verdaderamente, los inversionistas financieros? ¿Son o no determinantes en el alza de precios de los commodities?
La respuesta es de la más alta importancia porque somos un país exportador de minerales (cobre, oro, zinc, plomo y hierro), entre otros (el 65% del total de exportaciones en el 2010). Y, también, porque somos importadores netos de petróleo y combustibles (US$ 4,063 millones en el 2010), así como de productos agrícolas (U$ 1,725 millones en el 2010 de trigo, maíz, soya, azúcar y carnes).
Desde el 2004 en adelante se ha constatado una marcada elevación de los precios de los PB, que ha estado acompañada de una creciente volatilidad. La teoría económica dice que estos precios se establecen por los “fundamentos de mercado”, relacionados con los cambios en las estructuras de la oferta y la demanda de estos productos. Así, por ejemplo, un factor central es el gran crecimiento de las llamadas “economías emergentes” (China, India, los países del sudeste asiático, Brasil y Rusia, entre otros).
A eso se suman, según un reciente informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, en inglés), otros factores que también han contribuido a la presión alcista de los PB (1). Entre ellos: el aumento de la urbanización, la expansión de una clase media con nuevos hábitos alimentarios, la utilización de cultivos agrícolas para producir biocombustibles, y la disminución de las tasas de crecimiento de la producción y la productividad agrícolas.
La cosa es que ahora hay que considerar un factor novedoso, antes no tomado en cuenta: se trata de la llamada “financiarización” de los mercados, la que ha cobrado gran fuerza desde el 2005 en adelante, constituyéndose en una nueva fuerza que influye en los precios pues ya no es decisiva la participación de los inversionistas tradicionales de esos mercados de PB, porque ha aumentado la importancia de llamados “gestores de carteras” (como los “hedge funds”):
Estos gestores aplican una estrategia comercial activa que puede llevarlos a aumentar o reducir sus posiciones muy rápidamente, y son los participantes en el mercado más propensos a incurrir en comportamientos gregarios, comúnmente llamados “efecto rebaño”: si los precios tienden a moverse en una dirección, ellos seguirán detrás.
Dice la UNCTAD que, desde el 2009, se ha observado una estrecha correlación entre las variaciones de los precios y los cambios de las posiciones de los gestores de carteras, que en el caso del mercado del petróleo ha llegado a ser del 0,80 (lo que indica una superestrecha correlación)”. Agrega UNCTAD que cerca del 20% del precio del petróleo se debió a la especulación excesiva: dicho de otro modo, si el precio está hoy en US$ 100/barril, sin los “gestores de cartera” su precio estaría en US$ 80/barril.
El estudio está respaldado por entrevistas realizadas a participantes en los mercados, incluyendo a los “gestores de carteras” y contiene una serie de recomendaciones que deben adoptar los gobiernos de los países industrializados y sus organismos reguladores. Si eso no se hace, las burbujas de precios (y su inevitable estallido) pueden aparecer en cualquier momento. Si es que no están, ya, formándose en los mercados de Nueva York y Londres para, luego, contagiar a todo el mundo. Incluidos nosotros, claro está.
EL GAS DEBE LLEGAR
.Por Humberto Campodónico
Es importante saber cuál es el consumo de gas natural de Camisea que podría sustituir al consumo de GLP en balones. Ese cálculo también permite cuantificar el valor del mercado de balones de GLP y la reducción en el gasto de los hogares que provocaría su sustitución por gas natural.
En el año 2010, en el Perú las plantas envasadoras compraron 9.1 millones de barriles de GLP, los mismos que fueron vendidos, sobre todo, a los usuarios domésticos (1). Si convertimos esta cifra a balones de 10 kilos, que es la unidad más conocida, tenemos que se consumieron 76.7 millones de balones.
En Lima se consumieron 43.3 millones de balones, el 56%. Le siguen Arequipa (13%), Piura (8%), La Libertad (5%) y Puno (3%). A las demás regiones les corresponde el 15% restante.
¿Cuál es el valor anual de los 76.7 millones de balones? Si los multiplicamos por el precio de venta al público, que es de S/.35/balón, llegamos a S/. 2,686 millones (ver cuadro). Ese valor incluye el IGV más el costo de envasado y los costos de comercialización.
Es obvio que una primera etapa en la masificación del consumo del gas le corresponde a Lima, pues el gas ya está aquí. En una segunda etapa, que debiera comenzar a la brevedad, es imperativo el gasoducto surandino, no solo para sustituir los balones de GLP de los domicilios, sino el Gas Natural Vehicular para todo el trapecio andino, para las industrias y el polo petroquímico, en síntesis para el cambio de la matriz energética.
¿A cuánto ascendería el ahorro en Lima en consumo domiciliario? Primero hay que saber cuánto gastan los limeños. Eso se obtiene multiplicando los 43.3 millones de balones de GLP por S/. 35, con lo cual llegamos a S/. 1,517 millones anuales.
¿Cuál sería el ahorro de las personas en Lima si se consumiera el gas de Camisea? Aquí viene lo bueno. Ese gas cuesta el 28% del balón de GLP, una vez hechas las conversiones calóricas (2); en otras palabras su equivalente es de S/. 13 por balón.
A nivel de toda Lima, esa misma cantidad consumida costaría S/. 424 millones anuales (1517*28%). O sea que si se sustituyera todo el consumo anual de GLP en Lima por gas natural, los limeños pagarían S/. 1,092 millones menos (1517 – 424). Un ahorro importante, ¿no es cierto?
Claro, esta cifra no incluye la inversión que se debe hacer en la red de gas ni, tampoco, el costo de entrada de red a los hogares, lo que reduciría el ahorro señalado. Para que se lleven a cabo masivamente las inversiones en esos dos rubros los gobiernos deben poner incentivos a la demanda, como antes pusieron incentivos a la oferta para hacer que el proyecto Camisea sea rentable.
Es lo lógico, pues un gobierno que quiere crecimiento con inclusión social, debe no solo incentivar la oferta sino también la demanda. Es lo que hicieron hace años Argentina y Colombia y lo que hoy necesita el Perú. Así, la reducción del precio del gas se sentiría en los bolsillos de la gente y daríamos un gran paso adelante en la inclusión social y en la independencia del petróleo caro importado. ¿No es cierto?
Es importante saber cuál es el consumo de gas natural de Camisea que podría sustituir al consumo de GLP en balones. Ese cálculo también permite cuantificar el valor del mercado de balones de GLP y la reducción en el gasto de los hogares que provocaría su sustitución por gas natural.
En el año 2010, en el Perú las plantas envasadoras compraron 9.1 millones de barriles de GLP, los mismos que fueron vendidos, sobre todo, a los usuarios domésticos (1). Si convertimos esta cifra a balones de 10 kilos, que es la unidad más conocida, tenemos que se consumieron 76.7 millones de balones.
En Lima se consumieron 43.3 millones de balones, el 56%. Le siguen Arequipa (13%), Piura (8%), La Libertad (5%) y Puno (3%). A las demás regiones les corresponde el 15% restante.
¿Cuál es el valor anual de los 76.7 millones de balones? Si los multiplicamos por el precio de venta al público, que es de S/.35/balón, llegamos a S/. 2,686 millones (ver cuadro). Ese valor incluye el IGV más el costo de envasado y los costos de comercialización.
Es obvio que una primera etapa en la masificación del consumo del gas le corresponde a Lima, pues el gas ya está aquí. En una segunda etapa, que debiera comenzar a la brevedad, es imperativo el gasoducto surandino, no solo para sustituir los balones de GLP de los domicilios, sino el Gas Natural Vehicular para todo el trapecio andino, para las industrias y el polo petroquímico, en síntesis para el cambio de la matriz energética.
¿A cuánto ascendería el ahorro en Lima en consumo domiciliario? Primero hay que saber cuánto gastan los limeños. Eso se obtiene multiplicando los 43.3 millones de balones de GLP por S/. 35, con lo cual llegamos a S/. 1,517 millones anuales.
¿Cuál sería el ahorro de las personas en Lima si se consumiera el gas de Camisea? Aquí viene lo bueno. Ese gas cuesta el 28% del balón de GLP, una vez hechas las conversiones calóricas (2); en otras palabras su equivalente es de S/. 13 por balón.
A nivel de toda Lima, esa misma cantidad consumida costaría S/. 424 millones anuales (1517*28%). O sea que si se sustituyera todo el consumo anual de GLP en Lima por gas natural, los limeños pagarían S/. 1,092 millones menos (1517 – 424). Un ahorro importante, ¿no es cierto?
Claro, esta cifra no incluye la inversión que se debe hacer en la red de gas ni, tampoco, el costo de entrada de red a los hogares, lo que reduciría el ahorro señalado. Para que se lleven a cabo masivamente las inversiones en esos dos rubros los gobiernos deben poner incentivos a la demanda, como antes pusieron incentivos a la oferta para hacer que el proyecto Camisea sea rentable.
Es lo lógico, pues un gobierno que quiere crecimiento con inclusión social, debe no solo incentivar la oferta sino también la demanda. Es lo que hicieron hace años Argentina y Colombia y lo que hoy necesita el Perú. Así, la reducción del precio del gas se sentiría en los bolsillos de la gente y daríamos un gran paso adelante en la inclusión social y en la independencia del petróleo caro importado. ¿No es cierto?
AFPLATA
)
.Por: Humberto Campodónico
Todos sabemos que las actuales comisiones que cobran las AFP están entre las más altas de América Latina, situación que se ha mantenido ya cerca de 20 años pero que, en las condiciones actuales, se revela insostenible. Es por eso, quizá, que en estos días finales del actual gobierno, las propias AFP han planteado una propuesta que modifica la forma de cobro de las comisiones, dizque con el objetivo de reducirlas.
La propuesta de las AFP plantea pasar de cobrar la comisión sobre el sueldo al cobro de una comisión sobre el saldo de la cuenta de cada afiliado (por ejemplo, si tengo 20.000 soles en mi cuenta, la AFP me cobraría en base a ese monto; y así).
Dice Juan Pablo Delgado Aguirre que esa propuesta es confiscatoria porque “se continuarían cobrando comisiones a los ahorros de los afiliados que estén desempleados. Se deterioraría irreversiblemente la pensión de jubilación futura al mermarse el fondo ahorrado en etapa de desempleo. Bajo el sistema actual, no hay cobro si la persona está desempleada y no aporta” (El Comercio, 17/6/2011).
De su lado, el MEF dice que con esa propuesta, al principio habría una reducción pues el monto del aporte es aún pequeño. Pero, “conforme aumenta el fondo del afiliado la comisión se eleva y la persona termina pagando lo mismo o más; es decir no hay una reducción real de las comisiones”.
Pero la crítica más fuerte del MEF es que la propuesta “atenta contra la competencia porque no permitiría el ingreso de una nueva AFP al generar un costo muy alto para quien quiera ingresar al mercado”. Y eso es un problema “porque el principal problema de este mercado de pensiones es la falta de competencia, pues constituye un oligopolio”. Exactamente. Por eso es que es necesario que ingresen nuevos actores al mercado.
Dicho esto, hay una propuesta –el Proyecto de Ley 3195, que agrupa varios proyectos de ley– que nadie debate hoy, pero que hace más de 3 años está aguantada en el Congreso, a pesar que ya está para voto en el Pleno desde agosto del 2010 y que el congresista Víctor Andrés García Belaunde ha vuelto a solicitar que se priorice el 28 de abril pasado.
Ese proyecto plantea que las comisiones tengan un valor fijo (que cubra los costos de las AFP) y otro variable, en función a la rentabilidad que obtengan los futuros pensionistas. Lo cual está muy bien porque ahora la comisión se cobra, haya o no rentabilidad para el asociado. Este criterio tiene, incluso, la opinión favorable de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Lo que sucede es que las AFP quieren seguir cobrando altas comisiones. En el 2010 los ingresos por estas (altísimas) comisiones ascendieron a S/. 831 millones. Y, sin embargo, tuvieron utilidades netas de S/.240 millones. O sea que el arbitrario cobro de comisiones desemboca en utilidades excesivas para las AFP, las mismas que son pagadas por los aportantes. Ya es hora de cambiar al régimen que prevé el PL-3195 y que es avalado por la SBS. ¿No les parece?
.Por: Humberto Campodónico
Todos sabemos que las actuales comisiones que cobran las AFP están entre las más altas de América Latina, situación que se ha mantenido ya cerca de 20 años pero que, en las condiciones actuales, se revela insostenible. Es por eso, quizá, que en estos días finales del actual gobierno, las propias AFP han planteado una propuesta que modifica la forma de cobro de las comisiones, dizque con el objetivo de reducirlas.
La propuesta de las AFP plantea pasar de cobrar la comisión sobre el sueldo al cobro de una comisión sobre el saldo de la cuenta de cada afiliado (por ejemplo, si tengo 20.000 soles en mi cuenta, la AFP me cobraría en base a ese monto; y así).
Dice Juan Pablo Delgado Aguirre que esa propuesta es confiscatoria porque “se continuarían cobrando comisiones a los ahorros de los afiliados que estén desempleados. Se deterioraría irreversiblemente la pensión de jubilación futura al mermarse el fondo ahorrado en etapa de desempleo. Bajo el sistema actual, no hay cobro si la persona está desempleada y no aporta” (El Comercio, 17/6/2011).
De su lado, el MEF dice que con esa propuesta, al principio habría una reducción pues el monto del aporte es aún pequeño. Pero, “conforme aumenta el fondo del afiliado la comisión se eleva y la persona termina pagando lo mismo o más; es decir no hay una reducción real de las comisiones”.
Pero la crítica más fuerte del MEF es que la propuesta “atenta contra la competencia porque no permitiría el ingreso de una nueva AFP al generar un costo muy alto para quien quiera ingresar al mercado”. Y eso es un problema “porque el principal problema de este mercado de pensiones es la falta de competencia, pues constituye un oligopolio”. Exactamente. Por eso es que es necesario que ingresen nuevos actores al mercado.
Dicho esto, hay una propuesta –el Proyecto de Ley 3195, que agrupa varios proyectos de ley– que nadie debate hoy, pero que hace más de 3 años está aguantada en el Congreso, a pesar que ya está para voto en el Pleno desde agosto del 2010 y que el congresista Víctor Andrés García Belaunde ha vuelto a solicitar que se priorice el 28 de abril pasado.
Ese proyecto plantea que las comisiones tengan un valor fijo (que cubra los costos de las AFP) y otro variable, en función a la rentabilidad que obtengan los futuros pensionistas. Lo cual está muy bien porque ahora la comisión se cobra, haya o no rentabilidad para el asociado. Este criterio tiene, incluso, la opinión favorable de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Lo que sucede es que las AFP quieren seguir cobrando altas comisiones. En el 2010 los ingresos por estas (altísimas) comisiones ascendieron a S/. 831 millones. Y, sin embargo, tuvieron utilidades netas de S/.240 millones. O sea que el arbitrario cobro de comisiones desemboca en utilidades excesivas para las AFP, las mismas que son pagadas por los aportantes. Ya es hora de cambiar al régimen que prevé el PL-3195 y que es avalado por la SBS. ¿No les parece?
CERRO VERDE
)
.Por Humberto Campodónico
“En diciembre del 2008, Cerro Verde fue notificada por la Sunat de su planteamiento de cobrar regalías a los minerales procesados por la concentradora de Cerro Verde, que se adicionó a nuestros equipos de procesamiento a fines del 2006. En agosto del 2009, Cerro Verde recibió una acotación de cerca de US$ 34 millones relacionada con las obligaciones que se le imputan por regalías y penalidades por el periodo octubre 2006 –diciembre 2009” (www.fcx.com).
Esto es lo que dice Freeport-McMoran, dueña de la mina Cerro Verde, Arequipa, en su Memoria Anual 2010 publicada hace poco. Añade que “en abril del 2010 la Sunat emitió una resolución denegando la protesta de Cerro Verde por la acotación antes señalada. Por ese motivo, Cerro Verde ha apelado ante el Tribunal Fiscal. Además, Cerro Verde ha recibido una acotación de US$ 41 millones por el mismo concepto para el año 2008”.
Ahora vamos a los hechos. En el 2004, el Ministerio de Energía y Minas aprueba la RM-510-2004 para un proyecto de Cerro Verde de reinversión de utilidades sin pago de impuesto a la renta por un monto de US$ 800 millones. Esto significa que la empresa deja de pagar el impuesto a la renta (30%) por esa reinversión o, lo que es lo mismo, que el fisco deja de recibir US$ 240 millones (800 x 30%).
Recordemos que ese incentivo ya había sido derogado en setiembre del 2000 por la Ley 27343, pero seguía vigente para las empresas que habían firmado contratos de estabilidad tributaria con anterioridad a esa fecha, lo que es el caso de Cerro Verde.
El problema se origina por lo siguiente: la empresa considera que el nuevo proyecto de sulfuros primarios (también llamado de flotación) está comprendido dentro del contrato de estabilidad tributaria firmado en febrero de 1998, motivo por el cual los ingresos que de allí se generen no estarían sujetos al pago de regalías mineras. Debe recordarse que la Ley 28258 de regalías mineras se promulgó en el 2004, es decir que su promulgación es posterior a la fecha de suscripción del contrato de estabilidad (1997).
Pero hay quienes sostienen lo contrario. Su posición no es la de desconocer el contrato de 1997. Su argumento es que el que el nuevo proyecto de sulfuros primarios no forma parte del proyecto de lixiviación de 1997 y tampoco fue materia de un pedido de incorporación a ese proyecto, motivo por el cual no forma parte del proyecto estabilizado en el contrato-ley de febrero de 1998. Por ese motivo, el proyecto de sulfuros sí deberá pagar regalías mineras cuando entre en producción, lo que favorecería al fisco y a la Región Arequipa.
El Tribunal Fiscal deberá pronunciarse próximamente acerca de los argumentos señalados.
Dice Freeport-McMoran en su memoria que “si Cerro Verde es responsable por el no pago de las regalías mineras, también deberá pagar los intereses correspondientes, los que varían entre 7 a 18%. Al 31 de diciembre del 2010, el total acotado para el periodo octubre 2006 a diciembre del 2007 es de US$ 57 millones, incluidos los intereses. La acotación del 2008 llega a US$ 61 millones, incluidos los intereses” (ídem).
No tenemos información acerca de las acotaciones de Sunat para los años 2009 y 2010, lo que debe estar en proceso. Tampoco se sabe la fecha en que el Tribunal Fiscal dará su veredicto final. No se comentan mucho estos litigios en la prensa de todos los días, a pesar del interés que tienen para el país. Eso es algo que debiera cambiar.
.Por Humberto Campodónico
“En diciembre del 2008, Cerro Verde fue notificada por la Sunat de su planteamiento de cobrar regalías a los minerales procesados por la concentradora de Cerro Verde, que se adicionó a nuestros equipos de procesamiento a fines del 2006. En agosto del 2009, Cerro Verde recibió una acotación de cerca de US$ 34 millones relacionada con las obligaciones que se le imputan por regalías y penalidades por el periodo octubre 2006 –diciembre 2009” (www.fcx.com).
Esto es lo que dice Freeport-McMoran, dueña de la mina Cerro Verde, Arequipa, en su Memoria Anual 2010 publicada hace poco. Añade que “en abril del 2010 la Sunat emitió una resolución denegando la protesta de Cerro Verde por la acotación antes señalada. Por ese motivo, Cerro Verde ha apelado ante el Tribunal Fiscal. Además, Cerro Verde ha recibido una acotación de US$ 41 millones por el mismo concepto para el año 2008”.
Ahora vamos a los hechos. En el 2004, el Ministerio de Energía y Minas aprueba la RM-510-2004 para un proyecto de Cerro Verde de reinversión de utilidades sin pago de impuesto a la renta por un monto de US$ 800 millones. Esto significa que la empresa deja de pagar el impuesto a la renta (30%) por esa reinversión o, lo que es lo mismo, que el fisco deja de recibir US$ 240 millones (800 x 30%).
Recordemos que ese incentivo ya había sido derogado en setiembre del 2000 por la Ley 27343, pero seguía vigente para las empresas que habían firmado contratos de estabilidad tributaria con anterioridad a esa fecha, lo que es el caso de Cerro Verde.
El problema se origina por lo siguiente: la empresa considera que el nuevo proyecto de sulfuros primarios (también llamado de flotación) está comprendido dentro del contrato de estabilidad tributaria firmado en febrero de 1998, motivo por el cual los ingresos que de allí se generen no estarían sujetos al pago de regalías mineras. Debe recordarse que la Ley 28258 de regalías mineras se promulgó en el 2004, es decir que su promulgación es posterior a la fecha de suscripción del contrato de estabilidad (1997).
Pero hay quienes sostienen lo contrario. Su posición no es la de desconocer el contrato de 1997. Su argumento es que el que el nuevo proyecto de sulfuros primarios no forma parte del proyecto de lixiviación de 1997 y tampoco fue materia de un pedido de incorporación a ese proyecto, motivo por el cual no forma parte del proyecto estabilizado en el contrato-ley de febrero de 1998. Por ese motivo, el proyecto de sulfuros sí deberá pagar regalías mineras cuando entre en producción, lo que favorecería al fisco y a la Región Arequipa.
El Tribunal Fiscal deberá pronunciarse próximamente acerca de los argumentos señalados.
Dice Freeport-McMoran en su memoria que “si Cerro Verde es responsable por el no pago de las regalías mineras, también deberá pagar los intereses correspondientes, los que varían entre 7 a 18%. Al 31 de diciembre del 2010, el total acotado para el periodo octubre 2006 a diciembre del 2007 es de US$ 57 millones, incluidos los intereses. La acotación del 2008 llega a US$ 61 millones, incluidos los intereses” (ídem).
No tenemos información acerca de las acotaciones de Sunat para los años 2009 y 2010, lo que debe estar en proceso. Tampoco se sabe la fecha en que el Tribunal Fiscal dará su veredicto final. No se comentan mucho estos litigios en la prensa de todos los días, a pesar del interés que tienen para el país. Eso es algo que debiera cambiar.
NUESTRO MODELO ES MEJOR
.Por Humberto Campodónico
En las conclusiones de la CADE 2010, celebrada en Urubamba en noviembre pasado, se dice: “A pesar de las diferencias y matices entre candidatos presidenciales, todos ellos, así como Luis Carranza, Michael Porter y cada uno de los panelistas, estamos de acuerdo en que no hay país que se haya desarrollado exportando principalmente productos básicos y que el desarrollo solo es posible si nuestra producción de bienes y servicios logra incorporar un alto valor agregado”.
Este párrafo plantea el tema de fondo: que el mero crecimiento económico no puede resolver los temas del desarrollo y de la inclusión social. Pero eso es lo que nos acaba de volver a decir el ex ministro Luis Carranza –olvidando lo dicho en la CADE– al mencionar que el PBI peruano crece más que el brasileño y, por lo tanto, que “nuestro modelo es mejor al de ellos”.
Y agrega que eso también lo demuestra el Índice de “Doing Business” (Haciendo negocios) del Banco Mundial cuando coloca a Perú en el número 36 de 180 países, mientras que Brasil está en el # 127. Lo que el ex ministro no dice es que este ránking, de un lado, solo indica la facilidad que tienen los empresarios para emprender negocios y, de otro, que este ránking consulta principalmente a abogados de empresas y a inversionistas financieros. O sea, un solo lado de la ecuación.
Tampoco nos dice el ex ministro que los países emergentes más exitosos, como los del BRIC, también tienen “muy mala nota” en el ránking de “Doing Business”: China, 79; India 134; Brasil, 127 y Rusia, 123 (ver twitter.com/#!/rensilvio, 17/6/2011). Sin embargo, cuando se aprecian los índices de productividad y mejora en la educación y aprendizaje tecnológico, estos “emergentes” ocupan los primeros lugares. Algo que no sucede en el Perú, pues en esos indicadores estamos al final de la cola.
Esto no quiere decir que hay que desmerecer completamente a “Doing Business”, pero sí que sepamos cuál es su sitio.
Aquí tiene lugar otra conclusión de CADE 2010: “Aunque contamos con diversos sectores dinámicos, la minería es y será el principal impulsor de nuestras exportaciones. Pero sería un error esperar que la minería se haga cargo del país, que haga industria, que desarrollen las regiones y espacios rurales. Esta tentación, muy a la mano siempre, probablemente solo lograría estrangular el crecimiento de nuestra producción minera y lo único que lograríamos sería diluir nuestro auge exportador”.
Así planteada, entonces, la discusión gira alrededor de la necesaria diversificación del aparato productivo, a través de políticas de mejora de la competitividad, lo que no es posible si se “confía” tan solo en el crecimiento económico.
La experiencia de los países emergentes enseña que esto solo se obtiene con políticas activas que definan claramente aquellos sectores donde es necesaria una mayor innovación tecnológica y desarrollo de capacidades productivas, lo que pone en primer lugar la mejora en la educación en todos sus niveles. Aquí debe incluirse, claro está, una política de desarrollo agrario, hoy claramente ausente.
Así, la diversificación productiva solo es posible si se realiza un adecuado balance entre los roles del mercado y del Estado, hoy clara y fuertemente inclinados en beneficio del primero. Por ahí van los cambios que pedía más del 70% de la población durante las elecciones. No por el “camino” del ex ministro que vuelve a proponer que perseveremos en el error para que todo quede en su sitio y para que nada cambie. Esa altanería, digna de mejor causa, indica que aún no asimila que sus ideas y planteamientos perdieron las elecciones. En buena hora.
En las conclusiones de la CADE 2010, celebrada en Urubamba en noviembre pasado, se dice: “A pesar de las diferencias y matices entre candidatos presidenciales, todos ellos, así como Luis Carranza, Michael Porter y cada uno de los panelistas, estamos de acuerdo en que no hay país que se haya desarrollado exportando principalmente productos básicos y que el desarrollo solo es posible si nuestra producción de bienes y servicios logra incorporar un alto valor agregado”.
Este párrafo plantea el tema de fondo: que el mero crecimiento económico no puede resolver los temas del desarrollo y de la inclusión social. Pero eso es lo que nos acaba de volver a decir el ex ministro Luis Carranza –olvidando lo dicho en la CADE– al mencionar que el PBI peruano crece más que el brasileño y, por lo tanto, que “nuestro modelo es mejor al de ellos”.
Y agrega que eso también lo demuestra el Índice de “Doing Business” (Haciendo negocios) del Banco Mundial cuando coloca a Perú en el número 36 de 180 países, mientras que Brasil está en el # 127. Lo que el ex ministro no dice es que este ránking, de un lado, solo indica la facilidad que tienen los empresarios para emprender negocios y, de otro, que este ránking consulta principalmente a abogados de empresas y a inversionistas financieros. O sea, un solo lado de la ecuación.
Tampoco nos dice el ex ministro que los países emergentes más exitosos, como los del BRIC, también tienen “muy mala nota” en el ránking de “Doing Business”: China, 79; India 134; Brasil, 127 y Rusia, 123 (ver twitter.com/#!/rensilvio, 17/6/2011). Sin embargo, cuando se aprecian los índices de productividad y mejora en la educación y aprendizaje tecnológico, estos “emergentes” ocupan los primeros lugares. Algo que no sucede en el Perú, pues en esos indicadores estamos al final de la cola.
Esto no quiere decir que hay que desmerecer completamente a “Doing Business”, pero sí que sepamos cuál es su sitio.
Aquí tiene lugar otra conclusión de CADE 2010: “Aunque contamos con diversos sectores dinámicos, la minería es y será el principal impulsor de nuestras exportaciones. Pero sería un error esperar que la minería se haga cargo del país, que haga industria, que desarrollen las regiones y espacios rurales. Esta tentación, muy a la mano siempre, probablemente solo lograría estrangular el crecimiento de nuestra producción minera y lo único que lograríamos sería diluir nuestro auge exportador”.
Así planteada, entonces, la discusión gira alrededor de la necesaria diversificación del aparato productivo, a través de políticas de mejora de la competitividad, lo que no es posible si se “confía” tan solo en el crecimiento económico.
La experiencia de los países emergentes enseña que esto solo se obtiene con políticas activas que definan claramente aquellos sectores donde es necesaria una mayor innovación tecnológica y desarrollo de capacidades productivas, lo que pone en primer lugar la mejora en la educación en todos sus niveles. Aquí debe incluirse, claro está, una política de desarrollo agrario, hoy claramente ausente.
Así, la diversificación productiva solo es posible si se realiza un adecuado balance entre los roles del mercado y del Estado, hoy clara y fuertemente inclinados en beneficio del primero. Por ahí van los cambios que pedía más del 70% de la población durante las elecciones. No por el “camino” del ex ministro que vuelve a proponer que perseveremos en el error para que todo quede en su sitio y para que nada cambie. Esa altanería, digna de mejor causa, indica que aún no asimila que sus ideas y planteamientos perdieron las elecciones. En buena hora.
LA IMPORTANCIA DE DODD FRANK
.Por Humberto Campodónico
En julio pasado, el presidente Obama promulgó una ley que va a tener un impacto muy importante en las actividades extractivas, específicamente la minería y los hidrocarburos (petróleo y gas natural).
La Ley Dodd-Frank, en su sección 1504 (1), establece que las empresas que obtengan sus capitales en el mercado de EEUU deben revelar “todos los pagos que hacen al gobierno de EEUU, así como a gobiernos extranjeros, provenientes de ingresos del desarrollo comercial de minerales, petróleo y gas natural”. Esta ley fue propuesta por los parlamentarios demócratas Barney Frank y Chris Dodd.
La ley dice que los pagos deben revelarse en los siguientes niveles: país por país, para todos los países en que opera la empresa; a nivel nacional y subnacional para cada uno de sus proyectos; además, deben desagregarse por la forma de pago (lo que incluye, entre otros, el impuesto a la renta, regalías, tasas, derechos de producción e incentivos en bonos). Habrá informes anuales estandarizados que serán colgados en Internet.
Según Iniciativa para la Transparencia de los Ingresos (RWI, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York: “Esta ley se aplicaría al 90% de las grandes empresas internacionales de minería y petróleo y permitiría obtener mayor información a nivel mundial que cualquier otro régimen de transparencia existente. Si bien el SEC (el organismo regulador de los mercados de valores en EEUU) aún no ha publicado el reglamento, ésta va a sentar un precedente mundial” (www.revenuewatch.org).
Para países con alta dependencia de las industrias extractivas, como el Perú, esta ley refuerza la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que agrupa a empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.
Agreguemos que el Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas, se ha adherido a esta Iniciativa y está en la categoría de “cercano al cumplimiento”. La demora para la condición de miembro definitivo se debe a que algunas empresas (sobre todo, nacionales) se niegan a cumplir con todos los requisitos establecidos.
Volviendo a Dodd-Frank, dice RWI que “está interesada en que el Reglamento mantenga todos los niveles de información que la ley prevé y que ninguna categoría de empresas pueda obtener excepciones que le permitan no revelar información”. Agrega que “varias empresas han empleado una considerable cantidad de tiempo y de dinero para disminuir el alcance de la Ley, sobre todo en su énfasis de amplia desagregación de los pagos realizados” (ídem). Bueno, en todas partes se cuecen habas.
Para terminar, puede decirse que la Ley Dodd-Frank es parte de una corriente que plantea una mayor regulación a nivel mundial, tanto a nivel financiero como a nivel empresarial, para evitar nuevas crisis financieras como la del 2008, que provocó grandes quiebras bancarias y una crisis económica y financiera internacional que aún no termina (grandes problemas de deuda en EEUU y varios países europeos).
En lo que concierne al impacto de Dodd-Frank en las industrias extractivas y su participación en los mercados financieros mundiales (sobre todo bolsas de valores) hay mucha información relevante para los gobiernos y los actores de la sociedad civil. Volveremos sobre el tema en un próximo artículo.
(1) El nombre completo de la Ley es “Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor”. Cubre muchos aspectos de regulación del sistema financiero y de protección al consumidor y es considerada la más importante después de la Ley Glass-Steagall de 1932, derogada por Bill Clinton en 1999 (ver Reforma financiera: “demasiado grandes para quebrar
En julio pasado, el presidente Obama promulgó una ley que va a tener un impacto muy importante en las actividades extractivas, específicamente la minería y los hidrocarburos (petróleo y gas natural).
La Ley Dodd-Frank, en su sección 1504 (1), establece que las empresas que obtengan sus capitales en el mercado de EEUU deben revelar “todos los pagos que hacen al gobierno de EEUU, así como a gobiernos extranjeros, provenientes de ingresos del desarrollo comercial de minerales, petróleo y gas natural”. Esta ley fue propuesta por los parlamentarios demócratas Barney Frank y Chris Dodd.
La ley dice que los pagos deben revelarse en los siguientes niveles: país por país, para todos los países en que opera la empresa; a nivel nacional y subnacional para cada uno de sus proyectos; además, deben desagregarse por la forma de pago (lo que incluye, entre otros, el impuesto a la renta, regalías, tasas, derechos de producción e incentivos en bonos). Habrá informes anuales estandarizados que serán colgados en Internet.
Según Iniciativa para la Transparencia de los Ingresos (RWI, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York: “Esta ley se aplicaría al 90% de las grandes empresas internacionales de minería y petróleo y permitiría obtener mayor información a nivel mundial que cualquier otro régimen de transparencia existente. Si bien el SEC (el organismo regulador de los mercados de valores en EEUU) aún no ha publicado el reglamento, ésta va a sentar un precedente mundial” (www.revenuewatch.org).
Para países con alta dependencia de las industrias extractivas, como el Perú, esta ley refuerza la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que agrupa a empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.
Agreguemos que el Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas, se ha adherido a esta Iniciativa y está en la categoría de “cercano al cumplimiento”. La demora para la condición de miembro definitivo se debe a que algunas empresas (sobre todo, nacionales) se niegan a cumplir con todos los requisitos establecidos.
Volviendo a Dodd-Frank, dice RWI que “está interesada en que el Reglamento mantenga todos los niveles de información que la ley prevé y que ninguna categoría de empresas pueda obtener excepciones que le permitan no revelar información”. Agrega que “varias empresas han empleado una considerable cantidad de tiempo y de dinero para disminuir el alcance de la Ley, sobre todo en su énfasis de amplia desagregación de los pagos realizados” (ídem). Bueno, en todas partes se cuecen habas.
Para terminar, puede decirse que la Ley Dodd-Frank es parte de una corriente que plantea una mayor regulación a nivel mundial, tanto a nivel financiero como a nivel empresarial, para evitar nuevas crisis financieras como la del 2008, que provocó grandes quiebras bancarias y una crisis económica y financiera internacional que aún no termina (grandes problemas de deuda en EEUU y varios países europeos).
En lo que concierne al impacto de Dodd-Frank en las industrias extractivas y su participación en los mercados financieros mundiales (sobre todo bolsas de valores) hay mucha información relevante para los gobiernos y los actores de la sociedad civil. Volveremos sobre el tema en un próximo artículo.
(1) El nombre completo de la Ley es “Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor”. Cubre muchos aspectos de regulación del sistema financiero y de protección al consumidor y es considerada la más importante después de la Ley Glass-Steagall de 1932, derogada por Bill Clinton en 1999 (ver Reforma financiera: “demasiado grandes para quebrar
LA DERROTA DEL FASCISMO
.Por Mario Vargas Llosa
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.
“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.
El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.
Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.
La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.
El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.
“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.
El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.
Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.
La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.
El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.
La derrota del fascismo - Mario Vargas Llosa | LaRepublica.
.Por Mario Vargas Llosa
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.
“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.
El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.
Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.
La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.
El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.
.Por Mario Vargas Llosa
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el último 5 de junio, ha salvado al Perú de la instalación de una dictadura que, amparada por una mayoría electoral, hubiera exonerado al régimen de Fujimori y Montesinos (1990-2000) de los crímenes y robos que cometió, así como de los atropellos a la Constitución y a las leyes que marcaron ese decenio. Y hubiera devuelto al poder a los 77 civiles y militares que, por delitos perpetrados en esos años, cumplen prisión o se encuentran procesados. Por la más pacífica y civilizada de las formas –un proceso electoral– el fascismo hubiera resucitado en el Perú.
“Fascismo” es una palabra que ha sido usada con tanta ligereza por la izquierda, más como un conjuro o un insulto contra el adversario que como un concepto político preciso, que a muchos parecerá una etiqueta sin mayor significación para designar a una típica dictadura tercermundista. No lo fue, sino algo más profundo, complejo y totalizador que esos tradicionales golpes de Estado en que un caudillo moviliza los cuarteles, trepa al poder, se llena los bolsillos y los de sus compinches, hasta que, repelido por un país esquilmado hasta la ruina, se da a la fuga.
El régimen de Fujimori y Montesinos –da vergüenza decirlo– fue popular. Contó con la solidaridad de la clase empresarial por su política de libre mercado y la bonanza que trajo la subida de los precios de las materias primas, y de amplios sectores de las clases medias por los golpes asestados a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuyas acciones terroristas –apagones, secuestros, cupos, bombas, asesinatos– las tenían en la inseguridad y el pánico. Sectores rurales y lumpen fueron ganados mediante políticas asistencialistas de repartos y dádivas. Quienes denunciaron los atropellos a los derechos humanos, las torturas, desapariciones y aniquilamiento masivo de campesinos, trabajadores y estudiantes acusados (falsamente en la mayoría de los casos) de colaborar con el terrorismo, fueron perseguidos e intimidados, y sufrieron toda clase de represalias. Montesinos prohijó la floración de una “prensa chicha” inmunda, cuya razón de ser era hundir en el oprobio a los opositores mediante escándalos fabricados.
Los medios de comunicación fueron sobornados, extorsionados y neutralizados, de modo que el régimen sólo contó con una oposición en la prensa minimizada y en sordina, la necesaria para jactarse de respetar la libertad de crítica. Periodistas y dueños de medios de comunicación eran convocados por Montesinos a su oscura cueva del Servicio de Inteligencia, donde no sólo se les pagaba su complicidad con bolsas de dólares, también se les filmaba a escondidas para que quedaran pruebas gráficas de su vileza. Por allí pasaban empresarios, jueces, políticos, militares, periodistas, representantes de todo el espectro profesional y social. Todos salían con su regalo bajo el brazo, encanallados y contentos.
La Constitución y las leyes fueron adaptadas a las necesidades del dictador, a fin de que él y sus cómplices parlamentarios pudieran reelegirse con comodidad. Las pillerías no tenían límite y llegaron a batir todas las marcas de la historia peruana de la corrupción. Ventas de armas ilícitas, negocios con narcotraficantes a quienes la dictadura abrió de par en par las puertas de la selva para que sus avionetas vinieran a llevarse la pasta básica de cocaína, comisiones elevadas en todas las grandes operaciones comerciales e industriales, hasta sumar en diez años de impunidad la asombrosa suma de unos seis mil millones de dólares, según cálculos de la Procuraduría que, al volver la democracia, investigó los tráficos ilícitos durante el decenio.
Esto es, en apretado resumen, lo que iba a retornar al Perú con los votos de los peruanos si ganaba las elecciones la señora Keiko Fujimori. Es decir, el fascismo del siglo XXI. Este ya no se encarna en esvásticas, saludo imperial, paso de ganso y un caudillo histérico vomitando injurias racistas en lo alto de una tribuna. Sino, exactamente, en lo que representó en el Perú, de 1990 a 2000, el gobierno de Fujimori. Una pandilla de desalmados voraces que, aliados con empresarios sin moral, periodistas canallas, pistoleros y sicarios, y la ignorancia de amplios sectores de la sociedad, instala un régimen de intimidación, brutalidad, demagogia, soborno y corrupción, que, simulando garantizar la paz social, se eterniza en el poder.
El triunfo de Ollanta Humala ha mostrado que todavía quedaba en el Perú una mayoría no maleada por tantos años de iniquidad y perversión de los valores cívicos. Que esta mayoría fuera apenas de tres puntos pone los pelos de punta, pues indica que las bases de sustentación de la democracia son muy débiles y que hay en el país casi una mitad de electores que prefiere vivir bajo una satrapía que en libertad. Es una de las grandes tareas que tiene ahora en sus manos el gobierno de Humala. La regeneración moral y política de una nación a la que, el terrorismo de un lado y, del otro, una dictadura integral, han conducido a tal extravío ideológico que buena parte de él añora el régimen autoritario que padeció durante diez años.