Por: Manuel Burga
El artículo de María José Ampuero, ‘Los zares de la educación’, en el último número de Semana Económica, desnuda –aunque no en su totalidad– la estrecha relación entre los dueños de las universidades-empresa y el poder político. Esta suerte de nueva estructura de poder se comenzó a construir, con viento muy favorable, desde 1996, con la promulgación del DL 882 en el apogeo del fujimorismo, que legalizó la inversión privada con fines de lucro en educación. Estos “zares” de la educación son hijos de la globalización neoliberal. Pero hay otros, la contrapartida de estos, aquellos personajes, políticos, universitarios y académicos, que desde hace más de una década están tejiendo y destejiendo proyectos de ley universitaria, sin suerte alguna. Los zares han podido más, evidentemente, que los propios universitarios en la década pasada.¿Continuará esta situación con el presente gobierno?
El artículo de Ampuero presenta una lista de 17 zares de la educación, y muestra sus relaciones con la función congresal y las universidades que fundaron y que poseen, pero con algunas ausencias notables. Entre los presentes encontramos a César Acuña Peralta, su hijo Richard (hoy congresista), Raúl Diez Canseco, Roger Amuruz Gallegos, Fernando Barrio Ipinza, José Luis Elías Ávalos (congresista) y once más. Todos ellos dueños de universidades; pero sin duda faltan los grandes, los zares con avión, como Fidel Ramírez de Alas Peruanas (57.000 estudiantes) y José Antonio Chang de la USMP (31.000).
Estos zares controlaron el Congreso en los gobiernos de Toledo y García Pérez. En el primero preferentemente el Legislativo, y en el segundo el Legislativo y el Ejecutivo. Con José Antonio Chang esta estructura de poder alcanzó su apogeo, tanto que como ministro se dio el lujo de inducir al presidente García a observar la ley que modificaba la forma de elección de autoridades en las universidades públicas y suprimir la CAFME, cuando este puso exigencias para el funcionamiento de su facultad de medicina en Chiclayo. Además, Alan García y su ministro preferido entretuvieron a los docentes de las públicas dilatando el cumplimiento de las metas de la homologación.
¿En qué situación nos encontramos ahora? Tengo la impresión de que con el gobierno del Apra terminó ese control de los “zares” sobre el Legislativo y el Ejecutivo, y me parece que ahora se podría iniciar el periodo de los que verdaderamente están interesados en la universidad: los universitarios, grupo en el que se pueden incluir a los congresistas sinceramente preocupados por la educación, que desde el año 2001, o antes, elaboran, reelaboran, maquillan, copian, transcriben, a veces de manera muy evidente, proyectos de ley universitaria, antiguos y recientes, que se conservan en archivos virtuales y materiales. Muchos hemos ayudado a poner retazos en esos trajes de arlequín que son los proyectos de ley universitaria que hasta ahora reposan en el archivo de la Comisión de Educación.
La Universidad Antonio Ruiz de Montoya realiza, en estos días, el simposio ¿A dónde va la universidad peruana?, con la intención de crear un espacio de encuentro y debate para ofrecer nuevas respuestas a esa gran pregunta. ¿Los zares seguirán su camino de ascenso? ¿Cómo reaccionarán las privadas sin fines de lucro y cómo las públicas, atrapadas en sus luchas por el poder? ¿Podrán salir de sus dificultades sin una nueva ley universitaria?
El gobierno actual pretende derogar la Ley 29766 que brindaba beneficios tributarios a las universidades-empresas. ¿Podrá hacerlo? Pero por qué detenerse en estos pequeños atajos conseguidos en la época del fujimorismo y por qué no discutir las cosas esenciales, como una nueva ley universitaria que devuelva la calidad, pertinencia y la investigación a la universidad peruana.
domingo, 30 de octubre de 2011
90 dias
Por: Javier Diez Canseco
A 90 días de instalado el gobierno de Humala, la estrategia de la derecha más conservadora es clara. Aunque perdieron, buscaron imponer, desde los poderes fácticos económicos y mediáticos, el control sobre centros de decisión económica y financiera gubernamental. La concertación con PP, SP y AP había dado mayoría electoral a Humala, pero –una vez más– quedó claro que las mayorías electorales (si no son mayorías sociales y políticas organizadas) resultan insuficientes para gobernar: el peso de los poderes fácticos y su capacidad desestabilizadora logra colocarse por encima de las elecciones. Su inmediata manipulación de la bolsa de valores y el mercado cambiario dio mensaje claro al día siguiente de la elección y, en semanas, lograron presencia en la gestión.
Poderosos gremios de grupos de poder económico abrieron rápida negociación sobre los cambios que afectarían la renta que se llevan ante una política gubernamental que acentúa el crecimiento con justicia e inclusión social, resaltando el caso de la minería y el gas. La negociación concertada llevó a que la SNM acepte, en acta suscrita, pagar 3,000 millones de soles anuales adicionales en tributos: un cambio importante ante el óbolo minero de García, voluntario y manejado por las mismas empresas. Este monto irá a la caja fiscal, aunque puede caer algo en canon en ciertas regiones. Pero, en las normas, la sustitución del impuesto a las sobreganancias por los gravámenes y nuevas regalías hace que la nueva recaudación bordee 50% de lo firmado (incluidos nuevos proyectos) y la crisis internacional promueve una caída de precios.
La derecha mediática y política, buscando rearticular su relación con la derecha económica después del desastre electoral, se lanzó a campañas para desestabilizar el primer gabinete de Salomón Lerner y desgastar al Congreso. En mucho, las campañas han sido puramente ideológicas y arbitrarias, y otras se han basado en problemas derivados de la débil institucionalidad partidaria y sus problemas al elegir candidatos. También buscan evitar la investigación a fondo de la anterior gestión. Han mostrado estar dispuestos a valerse de todo. ¿El objetivo? Quebrar la alianza del nacionalismo con las izquierdas, movimientos progresistas, gobiernos regionales y movimientos sociales, romper la concertación para capturar el poder, destruir el gabinete arcoíris y lograr su control, arrinconando al Presidente o yendo más allá aún. Si tuvieran margen de maniobra militar podrían intentarlo, como la historia reciente y pasada lo muestra.
Han sido puestos en la mira numerosos ministros. El de Justicia, Francisco Eguiguren (partidario del cambio constitucional), el canciller Roncagliolo (pro-UNASUR, condena al bloqueo a Cuba, reconocimiento del Estado Palestino y del derecho a la autodeterminación saharaui), Ricardo Soberón, DeVida (por su estrategia integral alternativa contra las drogas), Susana Baca de Cultura y Aída García Naranjo por el lamentable caso de Redondo y Pronaa, del que carece de responsabilidad. Recientemente se removió a la Jefa de Indepa por rechazar un estudio de impacto ambiental de Repsol y al viceministro de Multiculturalidad en lo que parece ser el intento de impedir un reglamento de la Ley de Consulta Previa único (y no tasajeado entre diferentes ministerios) que se elabore con los mismos pueblos originarios. En el Congreso su objetivo es desbaratar la investigación del régimen anterior.
En el movimiento social la Consulta Previa efectiva provoca pronunciamientos y demandas. Los sectores laborales y populares apoyan avances en temas laborales y programas sociales (Cuna Más, Pensión 65, más recaudación minera, etc.), pero demandan aumento del salario mínimo hasta los S/.750, trabajo decente, fin al abuso de contratas y CAS, recuperación del lote 88 de Camisea para uso nacional y abaratar el gas, etc. y otros demandan definiciones ante nuevos TLC como el de la UE y la cuenca del Pacífico, que impondría peores condiciones que las actuales. El reto es avanzar en los cambios, con este marco político arcoíris y construir una mayoría política y social que garantice un país democrático e inclusivo.
A 90 días de instalado el gobierno de Humala, la estrategia de la derecha más conservadora es clara. Aunque perdieron, buscaron imponer, desde los poderes fácticos económicos y mediáticos, el control sobre centros de decisión económica y financiera gubernamental. La concertación con PP, SP y AP había dado mayoría electoral a Humala, pero –una vez más– quedó claro que las mayorías electorales (si no son mayorías sociales y políticas organizadas) resultan insuficientes para gobernar: el peso de los poderes fácticos y su capacidad desestabilizadora logra colocarse por encima de las elecciones. Su inmediata manipulación de la bolsa de valores y el mercado cambiario dio mensaje claro al día siguiente de la elección y, en semanas, lograron presencia en la gestión.
Poderosos gremios de grupos de poder económico abrieron rápida negociación sobre los cambios que afectarían la renta que se llevan ante una política gubernamental que acentúa el crecimiento con justicia e inclusión social, resaltando el caso de la minería y el gas. La negociación concertada llevó a que la SNM acepte, en acta suscrita, pagar 3,000 millones de soles anuales adicionales en tributos: un cambio importante ante el óbolo minero de García, voluntario y manejado por las mismas empresas. Este monto irá a la caja fiscal, aunque puede caer algo en canon en ciertas regiones. Pero, en las normas, la sustitución del impuesto a las sobreganancias por los gravámenes y nuevas regalías hace que la nueva recaudación bordee 50% de lo firmado (incluidos nuevos proyectos) y la crisis internacional promueve una caída de precios.
La derecha mediática y política, buscando rearticular su relación con la derecha económica después del desastre electoral, se lanzó a campañas para desestabilizar el primer gabinete de Salomón Lerner y desgastar al Congreso. En mucho, las campañas han sido puramente ideológicas y arbitrarias, y otras se han basado en problemas derivados de la débil institucionalidad partidaria y sus problemas al elegir candidatos. También buscan evitar la investigación a fondo de la anterior gestión. Han mostrado estar dispuestos a valerse de todo. ¿El objetivo? Quebrar la alianza del nacionalismo con las izquierdas, movimientos progresistas, gobiernos regionales y movimientos sociales, romper la concertación para capturar el poder, destruir el gabinete arcoíris y lograr su control, arrinconando al Presidente o yendo más allá aún. Si tuvieran margen de maniobra militar podrían intentarlo, como la historia reciente y pasada lo muestra.
Han sido puestos en la mira numerosos ministros. El de Justicia, Francisco Eguiguren (partidario del cambio constitucional), el canciller Roncagliolo (pro-UNASUR, condena al bloqueo a Cuba, reconocimiento del Estado Palestino y del derecho a la autodeterminación saharaui), Ricardo Soberón, DeVida (por su estrategia integral alternativa contra las drogas), Susana Baca de Cultura y Aída García Naranjo por el lamentable caso de Redondo y Pronaa, del que carece de responsabilidad. Recientemente se removió a la Jefa de Indepa por rechazar un estudio de impacto ambiental de Repsol y al viceministro de Multiculturalidad en lo que parece ser el intento de impedir un reglamento de la Ley de Consulta Previa único (y no tasajeado entre diferentes ministerios) que se elabore con los mismos pueblos originarios. En el Congreso su objetivo es desbaratar la investigación del régimen anterior.
En el movimiento social la Consulta Previa efectiva provoca pronunciamientos y demandas. Los sectores laborales y populares apoyan avances en temas laborales y programas sociales (Cuna Más, Pensión 65, más recaudación minera, etc.), pero demandan aumento del salario mínimo hasta los S/.750, trabajo decente, fin al abuso de contratas y CAS, recuperación del lote 88 de Camisea para uso nacional y abaratar el gas, etc. y otros demandan definiciones ante nuevos TLC como el de la UE y la cuenca del Pacífico, que impondría peores condiciones que las actuales. El reto es avanzar en los cambios, con este marco político arcoíris y construir una mayoría política y social que garantice un país democrático e inclusivo.
domingo, 16 de octubre de 2011
CHUPAS
Por Antonio Zapata
El 16 de setiembre de 1542 se peleó la batalla de Chupas entre los leales al Rey, comandados por Cristóbal Vaca de Castro, contra los rebeldes, conducidos por Diego de Almagro el Mozo, quien fue derrotado y posteriormente ajusticiado. Fue la batalla más sangrienta de las guerras civiles entre conquistadores, habiendo sido muertos o malheridos más de la mitad de los participantes. En las colinas que rodean la pampa estuvieron apostados numerosos indígenas, que hicieron fiesta durante la lucha y al caer la noche, remataron a los heridos, saqueando los escombros en medio del regocijo general. Los españoles se habían matado entre ellos.
En Chupas desapareció el bando almagrista, que venía en picada, puesto que no había hallado nada interesante en Chile y se había enfrascado en un duelo a muerte con los Pizarro. Poco antes, en la batalla de las Salinas, Hernando Pizarro había derrotado a Diego de Almagro el Viejo y lo había ajusticiado. Como venganza, los almagristas asesinaron a Francisco Pizarro en junio de 1541; proclamaron como gobernador a Almagro el Mozo y desataron una feroz represión contra los partidarios del Marqués, quienes se habían hecho increíblemente ricos en breve tiempo.
Almagro el Mozo era mestizo, hijo de amerindia panameña y heredero legal de su padre, el socio de la Conquista. Tenía apenas 20 años y al comienzo fue una figura menor dirigida por los viejos capitanes de su padre. Pero, en el curso del año que le tocó actuar, culminó destacando y combatiendo con ardor y eficiencia en Chupas, no obstante su derrota. Luego, huyó para intentar llegar al campamento de Manco Inca, pero fue atrapado en el Cusco y condenado por traición. Fue el primer mestizo que gobernó el Perú y habrían de pasar 300 años para encontrar otro caso.
Por su parte, Vaca de Castro era un juez enviado por el Rey a Sudamérica, dotado de amplios poderes para enfrentar las guerras civiles entre españoles. Su bando fue creciendo y se le sumaron numerosos conquistadores; la bandera del Rey era poderosa y la lealtad a España era superior a los odios entre las facciones.
Ambos ejércitos se encontraron en Chupas, que es una pampa alta y verde, situada cerca de Huamanga. Vaca de Castro tenía 700 hombres y su principal fuerza era una caballería numerosa y de calidad. Pero Almagro el Mozo había reunido hasta 600 combatientes y disponía de artillería y arcabuceros. El jefe artillero era el célebre Pedro de Candia, quien había participado en la captura de Atahualpa. Pero ocurrió que, comenzada la batalla, los tiros iban muy elevados, sin hacer daño a las tropas leales al Rey, que continuaban su marcha. Almagro se enfureció; personalmente asesinó a Candia y dirigió la artillería que hizo mella entre sus enemigos.
Esa muerte culminaba un largo proceso de disensiones internas y sospechas de traición, que habían minado el campo almagrista.
Mientras que, los conducidos por Vaca de Castro estaban férreamente unidos, porque eran los pizarristas decididos a vengar la muerte del Marqués y recuperar el control del Perú. Este campo manejaba una política de promesas y amenazas que diariamente le traía refuerzos.
La batalla fue feroz y se libró en dos horas antes de la oscuridad; a las ocho de la noche estaba consumada la derrota de Almagro el Mozo. Los restos de los caídos en Chupas fueron sepultados en la cripta de la iglesia más antigua de Huamanga. Del joven Almagro dijo Garcilaso: “si hubiera sido leal al rey habría sido el mejor mestizo que habían parido estas tierras americanas”.
En el Perú, nunca ha sido fácil enfrentar a los de arriba, puesto que los poderosos siempre encuentran cómo sembrar discordia entre los partidarios del cambio. Desde Almagro el Mozo hasta Ollanta Humala, ciertas actitudes se repiten cuando los cholos pretenden cambiar el curso de las cosas.
El 16 de setiembre de 1542 se peleó la batalla de Chupas entre los leales al Rey, comandados por Cristóbal Vaca de Castro, contra los rebeldes, conducidos por Diego de Almagro el Mozo, quien fue derrotado y posteriormente ajusticiado. Fue la batalla más sangrienta de las guerras civiles entre conquistadores, habiendo sido muertos o malheridos más de la mitad de los participantes. En las colinas que rodean la pampa estuvieron apostados numerosos indígenas, que hicieron fiesta durante la lucha y al caer la noche, remataron a los heridos, saqueando los escombros en medio del regocijo general. Los españoles se habían matado entre ellos.
En Chupas desapareció el bando almagrista, que venía en picada, puesto que no había hallado nada interesante en Chile y se había enfrascado en un duelo a muerte con los Pizarro. Poco antes, en la batalla de las Salinas, Hernando Pizarro había derrotado a Diego de Almagro el Viejo y lo había ajusticiado. Como venganza, los almagristas asesinaron a Francisco Pizarro en junio de 1541; proclamaron como gobernador a Almagro el Mozo y desataron una feroz represión contra los partidarios del Marqués, quienes se habían hecho increíblemente ricos en breve tiempo.
Almagro el Mozo era mestizo, hijo de amerindia panameña y heredero legal de su padre, el socio de la Conquista. Tenía apenas 20 años y al comienzo fue una figura menor dirigida por los viejos capitanes de su padre. Pero, en el curso del año que le tocó actuar, culminó destacando y combatiendo con ardor y eficiencia en Chupas, no obstante su derrota. Luego, huyó para intentar llegar al campamento de Manco Inca, pero fue atrapado en el Cusco y condenado por traición. Fue el primer mestizo que gobernó el Perú y habrían de pasar 300 años para encontrar otro caso.
Por su parte, Vaca de Castro era un juez enviado por el Rey a Sudamérica, dotado de amplios poderes para enfrentar las guerras civiles entre españoles. Su bando fue creciendo y se le sumaron numerosos conquistadores; la bandera del Rey era poderosa y la lealtad a España era superior a los odios entre las facciones.
Ambos ejércitos se encontraron en Chupas, que es una pampa alta y verde, situada cerca de Huamanga. Vaca de Castro tenía 700 hombres y su principal fuerza era una caballería numerosa y de calidad. Pero Almagro el Mozo había reunido hasta 600 combatientes y disponía de artillería y arcabuceros. El jefe artillero era el célebre Pedro de Candia, quien había participado en la captura de Atahualpa. Pero ocurrió que, comenzada la batalla, los tiros iban muy elevados, sin hacer daño a las tropas leales al Rey, que continuaban su marcha. Almagro se enfureció; personalmente asesinó a Candia y dirigió la artillería que hizo mella entre sus enemigos.
Esa muerte culminaba un largo proceso de disensiones internas y sospechas de traición, que habían minado el campo almagrista.
Mientras que, los conducidos por Vaca de Castro estaban férreamente unidos, porque eran los pizarristas decididos a vengar la muerte del Marqués y recuperar el control del Perú. Este campo manejaba una política de promesas y amenazas que diariamente le traía refuerzos.
La batalla fue feroz y se libró en dos horas antes de la oscuridad; a las ocho de la noche estaba consumada la derrota de Almagro el Mozo. Los restos de los caídos en Chupas fueron sepultados en la cripta de la iglesia más antigua de Huamanga. Del joven Almagro dijo Garcilaso: “si hubiera sido leal al rey habría sido el mejor mestizo que habían parido estas tierras americanas”.
En el Perú, nunca ha sido fácil enfrentar a los de arriba, puesto que los poderosos siempre encuentran cómo sembrar discordia entre los partidarios del cambio. Desde Almagro el Mozo hasta Ollanta Humala, ciertas actitudes se repiten cuando los cholos pretenden cambiar el curso de las cosas.
DERECHA
Alberto Adrianzén
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Han pasado dos meses de la asunción presidencial de Ollanta Humala y cabe preguntarse si lo que viene sucediendo con la derecha política –atrincherada en algunos medios de comunicación y en el fujimorismo– es el anuncio de lo que será en el futuro. Porque, en verdad, su comportamiento en todo ese tiempo, además de lamentable, nos dice que nada bueno podemos esperar de ella.
El comportamiento de un sector, dizque liberal, que se esconde bajo las sotanas de una iglesia por lo demás conservadora; que moviliza a sectores fundamentalistas para atacar a funcionarios de este gobierno por el solo hecho de pensar diferente; que embiste contra ministros de una manera mentirosa, nos anuncia que nada será fácil. Esa derecha, que Ludolfo Paramio llama la “derecha rabiosa”, nos dice también del carácter conservador de la misma.
Asuntos como los de la universidad católica, el aborto terapéutico y otros temas similares son, en verdad, relevantes si se quiere cambiar el hoy sentido conservador de una parte de nuestra sociedad. Combatir esta suerte de sentido común, que esta “derecha rabiosa” defiende a sangre y fuego, no solo es bueno para el gobierno sino, incluso, para un liberalismo peruano que vive atrapado entre un temor reaccionario hacia las clases populares (particularmente si son andinos) y una hegemonía católica conservadora tan bien expresada en estos días por el cardenal Juan Luis Cipriani. Por ello, siempre he creído que el neoliberalismo peruano es una simple coartada de una cultura oligárquica que se niega a morir pese al avance de la modernidad y de la modernización en nuestro país.
Porque resulta hasta cómico ver cómo estos sectores (Correo, Expreso y La Razón,) defienden lo que Giovanni Sartori califica como las principales amenazas a la democracia: la cruz y la espada. Patrocinan tanto un catolicismo decimonónico trasnochado como un militarismo que lleva por bandera la impunidad. Llamarse o autoproclamarse liberal y defender al Vaticano, incluso contra las leyes peruanas, no es solo un contrasentido en estos tiempos sino también una farsa política. En verdad, una estafa que nada tiene que ver con un auténtico liberalismo.
Sin embargo, ya conocemos sus objetivos: por un lado, “toledizar” a Ollanta Humala, es decir, hacer depender la popularidad presidencial de las carátulas o primeras planas de algunos medios y, por otro, definir una nueva composición de este gobierno mediante campañas contra lo que podemos calificar de sector “progresista” (ellos lo llaman “caviar”). Por eso, salen de “caza” casi todos los días buscando a su víctima para “liquidarla” políticamente. Lo que buscan es que “rueden cabezas” de funcionarios progresistas de este gobierno en un plazo corto.
Y si bien la lista es más o menos larga, las principales “víctimas” han sido: Ricardo Soberón, la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, y su entorno de asesores como viene sucediendo en estos días; Susana Chávez, asesora en el ministerio de Salud por ser una defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; el canciller Rafael Roncagliolo y hasta el mismo Presidente y su esposa.
Lo que pretenden, en última instancia, es establecer un pacto con la derecha económica –que ahora está negociando con el gobierno– sobre la base de que pueden ser “útiles” a sus intereses. Para ello tienen que mostrar toda su “artillería” y lo que podemos llamar “toda su capacidad de fuego”. Por eso la exageración y el disfuerzo político de estos días.
En este contexto, el dato más importante de estas primeras semanas es, acaso, esta suerte de división entre una derecha económica pragmática y una ultraderecha política (y mediática) extremadamente ideologizada y mentirosa que camina, así lo esperamos, a su autoaislamiento. Se puede afirmar que un resultado de estos dos meses de gobierno de Ollanta Humala, entre otros, es la fisura, después de muchos años, de la propia derecha. Y eso es bueno.
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Han pasado dos meses de la asunción presidencial de Ollanta Humala y cabe preguntarse si lo que viene sucediendo con la derecha política –atrincherada en algunos medios de comunicación y en el fujimorismo– es el anuncio de lo que será en el futuro. Porque, en verdad, su comportamiento en todo ese tiempo, además de lamentable, nos dice que nada bueno podemos esperar de ella.
El comportamiento de un sector, dizque liberal, que se esconde bajo las sotanas de una iglesia por lo demás conservadora; que moviliza a sectores fundamentalistas para atacar a funcionarios de este gobierno por el solo hecho de pensar diferente; que embiste contra ministros de una manera mentirosa, nos anuncia que nada será fácil. Esa derecha, que Ludolfo Paramio llama la “derecha rabiosa”, nos dice también del carácter conservador de la misma.
Asuntos como los de la universidad católica, el aborto terapéutico y otros temas similares son, en verdad, relevantes si se quiere cambiar el hoy sentido conservador de una parte de nuestra sociedad. Combatir esta suerte de sentido común, que esta “derecha rabiosa” defiende a sangre y fuego, no solo es bueno para el gobierno sino, incluso, para un liberalismo peruano que vive atrapado entre un temor reaccionario hacia las clases populares (particularmente si son andinos) y una hegemonía católica conservadora tan bien expresada en estos días por el cardenal Juan Luis Cipriani. Por ello, siempre he creído que el neoliberalismo peruano es una simple coartada de una cultura oligárquica que se niega a morir pese al avance de la modernidad y de la modernización en nuestro país.
Porque resulta hasta cómico ver cómo estos sectores (Correo, Expreso y La Razón,) defienden lo que Giovanni Sartori califica como las principales amenazas a la democracia: la cruz y la espada. Patrocinan tanto un catolicismo decimonónico trasnochado como un militarismo que lleva por bandera la impunidad. Llamarse o autoproclamarse liberal y defender al Vaticano, incluso contra las leyes peruanas, no es solo un contrasentido en estos tiempos sino también una farsa política. En verdad, una estafa que nada tiene que ver con un auténtico liberalismo.
Sin embargo, ya conocemos sus objetivos: por un lado, “toledizar” a Ollanta Humala, es decir, hacer depender la popularidad presidencial de las carátulas o primeras planas de algunos medios y, por otro, definir una nueva composición de este gobierno mediante campañas contra lo que podemos calificar de sector “progresista” (ellos lo llaman “caviar”). Por eso, salen de “caza” casi todos los días buscando a su víctima para “liquidarla” políticamente. Lo que buscan es que “rueden cabezas” de funcionarios progresistas de este gobierno en un plazo corto.
Y si bien la lista es más o menos larga, las principales “víctimas” han sido: Ricardo Soberón, la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, y su entorno de asesores como viene sucediendo en estos días; Susana Chávez, asesora en el ministerio de Salud por ser una defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; el canciller Rafael Roncagliolo y hasta el mismo Presidente y su esposa.
Lo que pretenden, en última instancia, es establecer un pacto con la derecha económica –que ahora está negociando con el gobierno– sobre la base de que pueden ser “útiles” a sus intereses. Para ello tienen que mostrar toda su “artillería” y lo que podemos llamar “toda su capacidad de fuego”. Por eso la exageración y el disfuerzo político de estos días.
En este contexto, el dato más importante de estas primeras semanas es, acaso, esta suerte de división entre una derecha económica pragmática y una ultraderecha política (y mediática) extremadamente ideologizada y mentirosa que camina, así lo esperamos, a su autoaislamiento. Se puede afirmar que un resultado de estos dos meses de gobierno de Ollanta Humala, entre otros, es la fisura, después de muchos años, de la propia derecha. Y eso es bueno.
LA U ESPERADA
Por Manuel Burga
En el “Coloquio Universidad y Nación” organizado en la PUCP en días pasados, ante una pregunta, aparentemente ingenua, de un estudiante de San Marcos, que pidió explicar por qué el tercio estudiantil sanmarquino en las elecciones de rector, 2006 y 2011, eligió autoridades acatando las directivas de sus “operadores políticos”, sin saber por qué y por quiénes votaban, ofrecí una respuesta muy breve que ahora trataré de ampliar. El alumno en realidad me preguntaba, a partir de las versiones que circulan entre sus compañeros, porqué los representantes estudiantiles de San Marcos “vendían” su voto. Mi respuesta fue: a) por la actual crisis de valores que ha traído consigo una economía de mercado que ha puesto precio a casi todo; y b) por la presencia de “operadores políticos” que han reemplazado a las dirigencias estudiantiles. No estaba justificando conductas inmorales, ni hablando de algo muy nuevo.
Las dirigencias estudiantiles en las universidades públicas, interesadas en una universidad de calidad, auténticamente acreditada, moderna y pertinente, dejaron de existir en los años 80 por el accionar de SL y el MRTA. En los 90 aparecieron los “operadores políticos”, generalmente “estudiantes eternos”, especialistas en “ganar” elecciones y elegir autoridades a cambio de prebendas y puestos de trabajo. Esto se volvía crítico en determinado momento y por eso el Congreso fujimorista aprobó la ley 26457 de 1995, justificando una Comisión reorganizadora de San Marcos con dos encargos urgentes: modernizar la institución y proponer una nueva ley universitaria. Al año siguiente el mismo Congreso aprobó el DL 882 autorizando la inversión privada con fines de lucro en la educación superior y abriendo así las compuertas a la avalancha de universidades-empresa. Las que lograron impedir, en el gobierno anterior, desde el Ejecutivo y el Legislativo, una discusión seria, técnica y académica de una nueva ley universitaria.
Los dirigentes estudiantiles son cosa del pasado y los “operadores políticos”, sus reemplazantes, hijos de la globalización neoliberal y de una devastadora economía de mercado donde lo que importa es la ganancia, son los que ahora eligen autoridades, alta dirección y decanos, en las universidades públicas. Los elegidos acceden a buenos sueldos y a manejo presupuestal y los estudiantes son electores ocupando cargos no remunerados. Lógicamente, en un escenario mercantilizado, sin utopías, ni ideales políticos, ni propuestas interesantes, como decía el finado y simpático profesor César Kruger. Los alumnos asambleístas necesitan –y por eso buscan– candidatos a su medida, que les permitan acceder a cargos remunerados.
En Chile, en este momento, no hay cogobierno, pero sí dirigentes estudiantiles, como Camila Vallejo, que piden una educación de calidad, más inversión pública en educación y menos endeudamiento estudiantil para estudiar. ¿Aquí quién va a movilizarse por una nueva ley universitaria que promueva la calidad de las universidades públicas? Ante el escepticismo docente y la ausencia de auténticas dirigencias estudiantiles es necesario que el Estado asuma su papel dirigente y protagónico. De esta manera el más importante inversor en educación universitaria puede asegurar su inversión promoviendo universidades públicas, metropolitanas y regionales, que puedan competir con las mejores privadas, elevando así la calidad del conjunto de las universidades.
Hay que abrir los ojos ante la situación actual: varias universidades públicas intervenidas por la ANR, unas con Comisiones de Orden y Gestión, otras con Comités Electorales Externos, las demás sobreviven casi cautivas de arreglos y componendas entre docentes y operadores estudiantiles. El Congreso anterior creó irracionalmente nuevas universidades públicas, legisló fragmentariamente sobre la educación superior y se quedó en anodinos debates de proyectos y predictámenes. La hora ha llegado: se necesita una nueva ley universitaria que promueva la esperada universidad de calidad que el país reclama.
En el “Coloquio Universidad y Nación” organizado en la PUCP en días pasados, ante una pregunta, aparentemente ingenua, de un estudiante de San Marcos, que pidió explicar por qué el tercio estudiantil sanmarquino en las elecciones de rector, 2006 y 2011, eligió autoridades acatando las directivas de sus “operadores políticos”, sin saber por qué y por quiénes votaban, ofrecí una respuesta muy breve que ahora trataré de ampliar. El alumno en realidad me preguntaba, a partir de las versiones que circulan entre sus compañeros, porqué los representantes estudiantiles de San Marcos “vendían” su voto. Mi respuesta fue: a) por la actual crisis de valores que ha traído consigo una economía de mercado que ha puesto precio a casi todo; y b) por la presencia de “operadores políticos” que han reemplazado a las dirigencias estudiantiles. No estaba justificando conductas inmorales, ni hablando de algo muy nuevo.
Las dirigencias estudiantiles en las universidades públicas, interesadas en una universidad de calidad, auténticamente acreditada, moderna y pertinente, dejaron de existir en los años 80 por el accionar de SL y el MRTA. En los 90 aparecieron los “operadores políticos”, generalmente “estudiantes eternos”, especialistas en “ganar” elecciones y elegir autoridades a cambio de prebendas y puestos de trabajo. Esto se volvía crítico en determinado momento y por eso el Congreso fujimorista aprobó la ley 26457 de 1995, justificando una Comisión reorganizadora de San Marcos con dos encargos urgentes: modernizar la institución y proponer una nueva ley universitaria. Al año siguiente el mismo Congreso aprobó el DL 882 autorizando la inversión privada con fines de lucro en la educación superior y abriendo así las compuertas a la avalancha de universidades-empresa. Las que lograron impedir, en el gobierno anterior, desde el Ejecutivo y el Legislativo, una discusión seria, técnica y académica de una nueva ley universitaria.
Los dirigentes estudiantiles son cosa del pasado y los “operadores políticos”, sus reemplazantes, hijos de la globalización neoliberal y de una devastadora economía de mercado donde lo que importa es la ganancia, son los que ahora eligen autoridades, alta dirección y decanos, en las universidades públicas. Los elegidos acceden a buenos sueldos y a manejo presupuestal y los estudiantes son electores ocupando cargos no remunerados. Lógicamente, en un escenario mercantilizado, sin utopías, ni ideales políticos, ni propuestas interesantes, como decía el finado y simpático profesor César Kruger. Los alumnos asambleístas necesitan –y por eso buscan– candidatos a su medida, que les permitan acceder a cargos remunerados.
En Chile, en este momento, no hay cogobierno, pero sí dirigentes estudiantiles, como Camila Vallejo, que piden una educación de calidad, más inversión pública en educación y menos endeudamiento estudiantil para estudiar. ¿Aquí quién va a movilizarse por una nueva ley universitaria que promueva la calidad de las universidades públicas? Ante el escepticismo docente y la ausencia de auténticas dirigencias estudiantiles es necesario que el Estado asuma su papel dirigente y protagónico. De esta manera el más importante inversor en educación universitaria puede asegurar su inversión promoviendo universidades públicas, metropolitanas y regionales, que puedan competir con las mejores privadas, elevando así la calidad del conjunto de las universidades.
Hay que abrir los ojos ante la situación actual: varias universidades públicas intervenidas por la ANR, unas con Comisiones de Orden y Gestión, otras con Comités Electorales Externos, las demás sobreviven casi cautivas de arreglos y componendas entre docentes y operadores estudiantiles. El Congreso anterior creó irracionalmente nuevas universidades públicas, legisló fragmentariamente sobre la educación superior y se quedó en anodinos debates de proyectos y predictámenes. La hora ha llegado: se necesita una nueva ley universitaria que promueva la esperada universidad de calidad que el país reclama.
NOS FALTA CAMILA VALLEJO
Por Manuel Burga
Los jóvenes estudiantes chilenos, de las universidades públicas fundamentalmente, movilizados desde hace tres meses, con Camila Vallejo a la cabeza, han puesto en verdaderos apuros al gobierno de Sebastián Piñera. Una simpática estudiante de geografía, de 23 años, que prepara su licenciatura en la U. de Chile, como presidenta de la FECH, Federación de Estudiantes de Chile, ha asumido un sorprendente liderazgo estudiantil. Aún no sabemos cuál será el desenlace de estas protestas que el martes 9 pasado pusieron a 150 mil personas en las calles de Santiago. Pero ¿por qué nos debería preocupar la falta de una Camila Vallejo en nuestro país?
Los universitarios peruanos, docentes y estudiantes, sobre todo de las públicas, ni siquiera pueden imaginar la naturaleza de la educación superior universitaria chilena, cuyas reglas fueron establecidas por una ley de 1981, en el apogeo de Pinochet. Esa ley puso fin, en un contexto dictatorial, al tradicional modelo de la reforma de Córdoba: liquidó la gratuidad y el cogobierno estudiantil, al mismo tiempo. Desde entonces los estudiantes pagan aranceles, matrículas y pensiones, tan altas como las que se pagan en las universidades privadas.
La ausencia de representación estudiantil en los órganos de gobierno, no impide que los estudiantes tengan sus propios gremios, independientes, dinámicos, legítimos, alejados de las componendas para elegir autoridades, ya que los rectores, vicerrectores y decanos se eligen a través del voto universal de los docentes, principales y asociados, con mayor dedicación. Estas medidas neoliberales fueron compensadas con el Crédito Solidario Universitario que se otorga a miles de estudiantes de las 23 o más universidades que ocupan los mejores puestos en el examen nacional de admisión conducido por la U. de Chile. El año 2006 el fondo rotatorio para estos créditos llegaba a los 120 millones de dólares, mientras que en el INABEC de entonces no teníamos ni tres millones para ayudas semejantes.
Estos préstamos, que antes se devolvían directamente al Estado, ahora, por el incremento de la morosidad y por la lógica devastadora de una economía liberal de mercado, se reciben y devuelven en la banca privada. Préstamos que se deben devolver dos años después de haber terminado los estudios y cuando un trabajo adecuado les permita devolver el préstamo. Pero además, en octubre del 2008, se creó el Sistema Bicentenario de Becas Chile para hacer la maestría y el doctorado en el extranjero. Se iniciaron con 1000 y se incrementaron anualmente en 500 becas más para cada nivel. Cada una está muy bien dotada para permitir que los estudiantes viajen acompañados de sus familias y con programas de reinserción para el regreso.
El modelo universitario chileno es mucho más complejo y eficiente, ya que les ha permitido tener un sistema de calidad que ha llevado a la U. de Chile a ocupar un lugar entre las 500 mejores del mundo. El movimiento estudiantil, según Camila Vallejo, pide un cambio estructural a través de un cambio en la Constitución. Apuntan al corazón mismo del neoliberalismo chileno de los años 80. Critican la mercantilización de la educación superior y piden una educación pública amplia y de calidad.
Los jóvenes chilenos quieren gratuidad, cogobierno y más calidad, sin conocer que los dos primeros, en nuestro caso, han arruinado a nuestra universidad pública. Si no es así, ¿cómo explicar que los estudiantes de la Federico Villarreal sean simples observadores de las luchas docentes en una universidad intervenida y que los operadores políticos de San Marcos hayan liquidado a los auténticos dirigentes estudiantiles? Lógicamente no tenemos a una Camila Vallejo, una voz de alerta, legítima, que nos podría evitar el paso de la pasividad a la agitación violenta en un sistema organizado por la anacrónica ley de 1983, que el Congreso anterior fue incapaz de reemplazar.
Los jóvenes estudiantes chilenos, de las universidades públicas fundamentalmente, movilizados desde hace tres meses, con Camila Vallejo a la cabeza, han puesto en verdaderos apuros al gobierno de Sebastián Piñera. Una simpática estudiante de geografía, de 23 años, que prepara su licenciatura en la U. de Chile, como presidenta de la FECH, Federación de Estudiantes de Chile, ha asumido un sorprendente liderazgo estudiantil. Aún no sabemos cuál será el desenlace de estas protestas que el martes 9 pasado pusieron a 150 mil personas en las calles de Santiago. Pero ¿por qué nos debería preocupar la falta de una Camila Vallejo en nuestro país?
Los universitarios peruanos, docentes y estudiantes, sobre todo de las públicas, ni siquiera pueden imaginar la naturaleza de la educación superior universitaria chilena, cuyas reglas fueron establecidas por una ley de 1981, en el apogeo de Pinochet. Esa ley puso fin, en un contexto dictatorial, al tradicional modelo de la reforma de Córdoba: liquidó la gratuidad y el cogobierno estudiantil, al mismo tiempo. Desde entonces los estudiantes pagan aranceles, matrículas y pensiones, tan altas como las que se pagan en las universidades privadas.
La ausencia de representación estudiantil en los órganos de gobierno, no impide que los estudiantes tengan sus propios gremios, independientes, dinámicos, legítimos, alejados de las componendas para elegir autoridades, ya que los rectores, vicerrectores y decanos se eligen a través del voto universal de los docentes, principales y asociados, con mayor dedicación. Estas medidas neoliberales fueron compensadas con el Crédito Solidario Universitario que se otorga a miles de estudiantes de las 23 o más universidades que ocupan los mejores puestos en el examen nacional de admisión conducido por la U. de Chile. El año 2006 el fondo rotatorio para estos créditos llegaba a los 120 millones de dólares, mientras que en el INABEC de entonces no teníamos ni tres millones para ayudas semejantes.
Estos préstamos, que antes se devolvían directamente al Estado, ahora, por el incremento de la morosidad y por la lógica devastadora de una economía liberal de mercado, se reciben y devuelven en la banca privada. Préstamos que se deben devolver dos años después de haber terminado los estudios y cuando un trabajo adecuado les permita devolver el préstamo. Pero además, en octubre del 2008, se creó el Sistema Bicentenario de Becas Chile para hacer la maestría y el doctorado en el extranjero. Se iniciaron con 1000 y se incrementaron anualmente en 500 becas más para cada nivel. Cada una está muy bien dotada para permitir que los estudiantes viajen acompañados de sus familias y con programas de reinserción para el regreso.
El modelo universitario chileno es mucho más complejo y eficiente, ya que les ha permitido tener un sistema de calidad que ha llevado a la U. de Chile a ocupar un lugar entre las 500 mejores del mundo. El movimiento estudiantil, según Camila Vallejo, pide un cambio estructural a través de un cambio en la Constitución. Apuntan al corazón mismo del neoliberalismo chileno de los años 80. Critican la mercantilización de la educación superior y piden una educación pública amplia y de calidad.
Los jóvenes chilenos quieren gratuidad, cogobierno y más calidad, sin conocer que los dos primeros, en nuestro caso, han arruinado a nuestra universidad pública. Si no es así, ¿cómo explicar que los estudiantes de la Federico Villarreal sean simples observadores de las luchas docentes en una universidad intervenida y que los operadores políticos de San Marcos hayan liquidado a los auténticos dirigentes estudiantiles? Lógicamente no tenemos a una Camila Vallejo, una voz de alerta, legítima, que nos podría evitar el paso de la pasividad a la agitación violenta en un sistema organizado por la anacrónica ley de 1983, que el Congreso anterior fue incapaz de reemplazar.
SIMS
Ayer se anunció a los ganadores del Premio Nobel de Economía, uno de ellos Christopher Sims, quien desarrolló un nuevo método econométrico –Vectores Auto Regresivos– que está sintetizado en el recuadro. En nuestro país, durante la gestión de Waldo Mendoza en la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, se desarrolló un sofisticado modelo econométrico para pronosticar a corto plazo la evolución de la economía peruana. “Indicadores Líderes” era su nombre y la teoría econométrica que lo sustentaba es aquella reconocida ayer por la Academia Sueca de Ciencias.
Este modelo fue hasta el 2006 el más preciso en pronosticar la evolución de la economía, pero al día de hoy es un cadáver que no tiene asesino condenado. La tercera ecuación del recuadro significa que el azar estadístico tiene un patrón conocido. El cual todos conocemos, cuando por ejemplo al arrojar un dado la probabilidad de obtener un número específico es un sexto, la probabilidad de obtener un número par es un tercio, o la probabilidad de obtener un múltiplo de tres es un medio.
Pero en el mundo real existe otro tipo de errores llamados no-muestrales, los cuales si no son identificados destruyen cualquier posibilidad real de hacer inferencia estadística. Los errores no-muestrales son aquellos atribuibles a factores ajenos al azar, como por ejemplo que en una encuesta un área se haga con personas experimentadas y otra con inexperimentadas, y los resultados finales consolidan los resultados.
En el caso de los “Indicadores Líderes” del MEF, la causa de su defunción fueron los errores no-muestrales generados por el INEI. En concreto, entre 2006 y 2009, el INEI de manera secreta alteró la metodología de agregación de la actividad económica; es decir, que las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se hicieron desde 1990 hasta el 2006 se empezaron a hacer de manera diferente y solamente a causa de la presión de la opinión pública el INEI reconoció estos cambios en 2009, para nuestro bien, en su decir.
Esta modificación secreta constituyó un error no-muestral para los “Indicadores Líderes” del MEF, el cual al no ser identificado implicó que su capacidad de pronóstico fuese nula, y por ello se dejó de publicar. La actual administración del INEI es cómplice de esta distorsión, y la víctima presente es tener una medición de la economía donde el sesgo optimista distorsiona la realidad. Esto se hará patente el próximo viernes 14 cuando se anuncie el crecimiento económico de agosto 2011, correspondiente al primer mes de gestión del presidente Humala.
Este modelo fue hasta el 2006 el más preciso en pronosticar la evolución de la economía, pero al día de hoy es un cadáver que no tiene asesino condenado. La tercera ecuación del recuadro significa que el azar estadístico tiene un patrón conocido. El cual todos conocemos, cuando por ejemplo al arrojar un dado la probabilidad de obtener un número específico es un sexto, la probabilidad de obtener un número par es un tercio, o la probabilidad de obtener un múltiplo de tres es un medio.
Pero en el mundo real existe otro tipo de errores llamados no-muestrales, los cuales si no son identificados destruyen cualquier posibilidad real de hacer inferencia estadística. Los errores no-muestrales son aquellos atribuibles a factores ajenos al azar, como por ejemplo que en una encuesta un área se haga con personas experimentadas y otra con inexperimentadas, y los resultados finales consolidan los resultados.
En el caso de los “Indicadores Líderes” del MEF, la causa de su defunción fueron los errores no-muestrales generados por el INEI. En concreto, entre 2006 y 2009, el INEI de manera secreta alteró la metodología de agregación de la actividad económica; es decir, que las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se hicieron desde 1990 hasta el 2006 se empezaron a hacer de manera diferente y solamente a causa de la presión de la opinión pública el INEI reconoció estos cambios en 2009, para nuestro bien, en su decir.
Esta modificación secreta constituyó un error no-muestral para los “Indicadores Líderes” del MEF, el cual al no ser identificado implicó que su capacidad de pronóstico fuese nula, y por ello se dejó de publicar. La actual administración del INEI es cómplice de esta distorsión, y la víctima presente es tener una medición de la economía donde el sesgo optimista distorsiona la realidad. Esto se hará patente el próximo viernes 14 cuando se anuncie el crecimiento económico de agosto 2011, correspondiente al primer mes de gestión del presidente Humala.
IEI NOBEL
Farid Matuk
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Ayer se anunció a los ganadores del Premio Nobel de Economía, uno de ellos Christopher Sims, quien desarrolló un nuevo método econométrico –Vectores Auto Regresivos– que está sintetizado en el recuadro. En nuestro país, durante la gestión de Waldo Mendoza en la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, se desarrolló un sofisticado modelo econométrico para pronosticar a corto plazo la evolución de la economía peruana. “Indicadores Líderes” era su nombre y la teoría econométrica que lo sustentaba es aquella reconocida ayer por la Academia Sueca de Ciencias.
Este modelo fue hasta el 2006 el más preciso en pronosticar la evolución de la economía, pero al día de hoy es un cadáver que no tiene asesino condenado. La tercera ecuación del recuadro significa que el azar estadístico tiene un patrón conocido. El cual todos conocemos, cuando por ejemplo al arrojar un dado la probabilidad de obtener un número específico es un sexto, la probabilidad de obtener un número par es un tercio, o la probabilidad de obtener un múltiplo de tres es un medio.
Pero en el mundo real existe otro tipo de errores llamados no-muestrales, los cuales si no son identificados destruyen cualquier posibilidad real de hacer inferencia estadística. Los errores no-muestrales son aquellos atribuibles a factores ajenos al azar, como por ejemplo que en una encuesta un área se haga con personas experimentadas y otra con inexperimentadas, y los resultados finales consolidan los resultados.
En el caso de los “Indicadores Líderes” del MEF, la causa de su defunción fueron los errores no-muestrales generados por el INEI. En concreto, entre 2006 y 2009, el INEI de manera secreta alteró la metodología de agregación de la actividad económica; es decir, que las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se hicieron desde 1990 hasta el 2006 se empezaron a hacer de manera diferente y solamente a causa de la presión de la opinión pública el INEI reconoció estos cambios en 2009, para nuestro bien, en su decir.
Esta modificación secreta constituyó un error no-muestral para los “Indicadores Líderes” del MEF, el cual al no ser identificado implicó que su capacidad de pronóstico fuese nula, y por ello se dejó de publicar. La actual administración del INEI es cómplice de esta distorsión, y la víctima presente es tener una medición de la economía donde el sesgo optimista distorsiona la realidad. Esto se hará patente el próximo viernes 14 cuando se anuncie el crecimiento económico de agosto 2011, correspondiente al primer mes de gestión del presidente Humala.
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Ayer se anunció a los ganadores del Premio Nobel de Economía, uno de ellos Christopher Sims, quien desarrolló un nuevo método econométrico –Vectores Auto Regresivos– que está sintetizado en el recuadro. En nuestro país, durante la gestión de Waldo Mendoza en la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, se desarrolló un sofisticado modelo econométrico para pronosticar a corto plazo la evolución de la economía peruana. “Indicadores Líderes” era su nombre y la teoría econométrica que lo sustentaba es aquella reconocida ayer por la Academia Sueca de Ciencias.
Este modelo fue hasta el 2006 el más preciso en pronosticar la evolución de la economía, pero al día de hoy es un cadáver que no tiene asesino condenado. La tercera ecuación del recuadro significa que el azar estadístico tiene un patrón conocido. El cual todos conocemos, cuando por ejemplo al arrojar un dado la probabilidad de obtener un número específico es un sexto, la probabilidad de obtener un número par es un tercio, o la probabilidad de obtener un múltiplo de tres es un medio.
Pero en el mundo real existe otro tipo de errores llamados no-muestrales, los cuales si no son identificados destruyen cualquier posibilidad real de hacer inferencia estadística. Los errores no-muestrales son aquellos atribuibles a factores ajenos al azar, como por ejemplo que en una encuesta un área se haga con personas experimentadas y otra con inexperimentadas, y los resultados finales consolidan los resultados.
En el caso de los “Indicadores Líderes” del MEF, la causa de su defunción fueron los errores no-muestrales generados por el INEI. En concreto, entre 2006 y 2009, el INEI de manera secreta alteró la metodología de agregación de la actividad económica; es decir, que las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se hicieron desde 1990 hasta el 2006 se empezaron a hacer de manera diferente y solamente a causa de la presión de la opinión pública el INEI reconoció estos cambios en 2009, para nuestro bien, en su decir.
Esta modificación secreta constituyó un error no-muestral para los “Indicadores Líderes” del MEF, el cual al no ser identificado implicó que su capacidad de pronóstico fuese nula, y por ello se dejó de publicar. La actual administración del INEI es cómplice de esta distorsión, y la víctima presente es tener una medición de la economía donde el sesgo optimista distorsiona la realidad. Esto se hará patente el próximo viernes 14 cuando se anuncie el crecimiento económico de agosto 2011, correspondiente al primer mes de gestión del presidente Humala.
ESPEJITO CHILENO
El espejo chileno
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Tu nombre Nombre de tu amigo Email de tu amigo Envía a un amigo Valorar Por: Javier Diez Canseco
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Chile fue el “modelo económico latinoamericano”. García lo evocaba permanentemente. Crecimiento económico, mercado libre, apertura total, reducción de la pobreza, estabilidad política eran las virtudes a imitar. De pronto, movilizaciones estudiantiles universitarias masivas ponen sobre la mesa el tema de la desigualdad. Las demandas de terminar con el manejo de la educación como un instrumento de lucro y de reubicar la educación como un derecho humano que el Estado debe garantizar para todos se han colocado en el centro del debate nacional. Exigen permitir el desarrollo de capacidades y abrir oportunidades a todos,
Y es que en Chile, como en la Constitución fujimorista, la educación ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un asunto del mercado, en un servicio manejado con fines de lucro y exoneraciones tributarias. La privatización de los servicios educativos es dominante. La educación pública se ha deteriorado. Además, todos los estudiantes universitarios –públicos y privados– deben pagar por sus estudios, de cuestionada calidad, vía créditos que deben asumir y cancelar al acabar sus estudios; ciertamente, con los intereses comerciales correspondientes. Claro, los de las universidades privadas pagan costos más altos aún y con mayores tasas de interés.
La bandera de recuperar la educación pública, escolar y universitaria, como gratuita y de calidad, ha movilizado a toda la sociedad chilena. No solo los jóvenes, que comenzaron marchando y planteando sus demandas, sino los padres de familia, las organizaciones de trabajadores, las fuerzas sociales, toman las calles cada jueves y marchan –entre 60,000 y 100,000 personas– respaldando las exigencias levantadas por la juventud. En el centro se ha colocado el tema de la profunda desigualdad que el modelo ha instalado en una sociedad que no está dispuesta a seguir tolerándola. Y es que reducir la pobreza es una cosa, sin duda necesaria, y otra es cerrar la brechas de enorme desigualdad que marcan la sociedad y que han desatado este gigantesco movimiento juvenil que evidencia una enorme convocatoria social, al margen de la presencia y liderazgo de partidos.
La joven presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Camila Vallejo, y el dirigente de la U. Católica Jackson se han convertido en la expresión de un nuevo liderazgo, social y político.
Desde la denuncia de la educación como un derecho humano convertido en una mercancía con fines de lucro y la demanda nacional de una educación pública gratuita y de calidad, objetivo que muchos peruanos comparten y exigen, han colocado en el centro del debate el tema de la desigualdad en Chile. Su grito juvenil y su indeclinable lucha, que lleva meses en las calles y en los medios, tienen al presidente Piñera con 20% de aprobación y ha ganado a su lado a más de tres cuartas partes de los chilenos, abriendo el debate sobre la forma de organización de la vida social –y de los derechos que el Estado garantiza–, afirma enormes brechas y niega el desarrollo de oportunidades y capacidades a millones de jóvenes y familias del vecino del sur.
Los estudiantes han colocado sobre la mesa la demanda de un profundo cambio en un sistema educativo excluyente y segregador, y con ello, de una nueva Constitución, así como la necesidad de nuevos liderazgos políticos renovados y creativos. Su batallar ha mostrado creatividad en las formas y en la transmisión de sus objetivos. La amenaza represiva de Piñera de criminalizar su lucha fracasará en frenar la tremenda demanda y conciencia social desatadas. Ya García fracasó en su intento de imponer esa metodología en el Perú frente a los pueblos indígenas y movimientos sociales, dejándonos 191 muertos.
No se equivocaron Gana Perú y Ollanta Humala cuando plantearon que la revolución educativa, con una educación pública gratuita y de calidad, constituía un eje clave de un Perú inclusivo, con oportunidades para todos, en el que se reduzcan las brechas sociales de un país excluyente y profundamente desigual.
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Chile fue el “modelo económico latinoamericano”. García lo evocaba permanentemente. Crecimiento económico, mercado libre, apertura total, reducción de la pobreza, estabilidad política eran las virtudes a imitar. De pronto, movilizaciones estudiantiles universitarias masivas ponen sobre la mesa el tema de la desigualdad. Las demandas de terminar con el manejo de la educación como un instrumento de lucro y de reubicar la educación como un derecho humano que el Estado debe garantizar para todos se han colocado en el centro del debate nacional. Exigen permitir el desarrollo de capacidades y abrir oportunidades a todos,
Y es que en Chile, como en la Constitución fujimorista, la educación ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un asunto del mercado, en un servicio manejado con fines de lucro y exoneraciones tributarias. La privatización de los servicios educativos es dominante. La educación pública se ha deteriorado. Además, todos los estudiantes universitarios –públicos y privados– deben pagar por sus estudios, de cuestionada calidad, vía créditos que deben asumir y cancelar al acabar sus estudios; ciertamente, con los intereses comerciales correspondientes. Claro, los de las universidades privadas pagan costos más altos aún y con mayores tasas de interés.
La bandera de recuperar la educación pública, escolar y universitaria, como gratuita y de calidad, ha movilizado a toda la sociedad chilena. No solo los jóvenes, que comenzaron marchando y planteando sus demandas, sino los padres de familia, las organizaciones de trabajadores, las fuerzas sociales, toman las calles cada jueves y marchan –entre 60,000 y 100,000 personas– respaldando las exigencias levantadas por la juventud. En el centro se ha colocado el tema de la profunda desigualdad que el modelo ha instalado en una sociedad que no está dispuesta a seguir tolerándola. Y es que reducir la pobreza es una cosa, sin duda necesaria, y otra es cerrar la brechas de enorme desigualdad que marcan la sociedad y que han desatado este gigantesco movimiento juvenil que evidencia una enorme convocatoria social, al margen de la presencia y liderazgo de partidos.
La joven presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Camila Vallejo, y el dirigente de la U. Católica Jackson se han convertido en la expresión de un nuevo liderazgo, social y político.
Desde la denuncia de la educación como un derecho humano convertido en una mercancía con fines de lucro y la demanda nacional de una educación pública gratuita y de calidad, objetivo que muchos peruanos comparten y exigen, han colocado en el centro del debate el tema de la desigualdad en Chile. Su grito juvenil y su indeclinable lucha, que lleva meses en las calles y en los medios, tienen al presidente Piñera con 20% de aprobación y ha ganado a su lado a más de tres cuartas partes de los chilenos, abriendo el debate sobre la forma de organización de la vida social –y de los derechos que el Estado garantiza–, afirma enormes brechas y niega el desarrollo de oportunidades y capacidades a millones de jóvenes y familias del vecino del sur.
Los estudiantes han colocado sobre la mesa la demanda de un profundo cambio en un sistema educativo excluyente y segregador, y con ello, de una nueva Constitución, así como la necesidad de nuevos liderazgos políticos renovados y creativos. Su batallar ha mostrado creatividad en las formas y en la transmisión de sus objetivos. La amenaza represiva de Piñera de criminalizar su lucha fracasará en frenar la tremenda demanda y conciencia social desatadas. Ya García fracasó en su intento de imponer esa metodología en el Perú frente a los pueblos indígenas y movimientos sociales, dejándonos 191 muertos.
No se equivocaron Gana Perú y Ollanta Humala cuando plantearon que la revolución educativa, con una educación pública gratuita y de calidad, constituía un eje clave de un Perú inclusivo, con oportunidades para todos, en el que se reduzcan las brechas sociales de un país excluyente y profundamente desigual.
MODELO CHILENO I
Diez Canseco
Chile fue el “modelo económico latinoamericano”. García lo evocaba permanentemente. Crecimiento económico, mercado libre, apertura total, reducción de la pobreza, estabilidad política eran las virtudes a imitar. De pronto, movilizaciones estudiantiles universitarias masivas ponen sobre la mesa el tema de la desigualdad. Las demandas de terminar con el manejo de la educación como un instrumento de lucro y de reubicar la educación como un derecho humano que el Estado debe garantizar para todos se han colocado en el centro del debate nacional. Exigen permitir el desarrollo de capacidades y abrir oportunidades a todos,
Y es que en Chile, como en la Constitución fujimorista, la educación ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un asunto del mercado, en un servicio manejado con fines de lucro y exoneraciones tributarias. La privatización de los servicios educativos es dominante. La educación pública se ha deteriorado. Además, todos los estudiantes universitarios –públicos y privados– deben pagar por sus estudios, de cuestionada calidad, vía créditos que deben asumir y cancelar al acabar sus estudios; ciertamente, con los intereses comerciales correspondientes. Claro, los de las universidades privadas pagan costos más altos aún y con mayores tasas de interés.
La bandera de recuperar la educación pública, escolar y universitaria, como gratuita y de calidad, ha movilizado a toda la sociedad chilena. No solo los jóvenes, que comenzaron marchando y planteando sus demandas, sino los padres de familia, las organizaciones de trabajadores, las fuerzas sociales, toman las calles cada jueves y marchan –entre 60,000 y 100,000 personas– respaldando las exigencias levantadas por la juventud. En el centro se ha colocado el tema de la profunda desigualdad que el modelo ha instalado en una sociedad que no está dispuesta a seguir tolerándola. Y es que reducir la pobreza es una cosa, sin duda necesaria, y otra es cerrar la brechas de enorme desigualdad que marcan la sociedad y que han desatado este gigantesco movimiento juvenil que evidencia una enorme convocatoria social, al margen de la presencia y liderazgo de partidos.
La joven presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Camila Vallejo, y el dirigente de la U. Católica Jackson se han convertido en la expresión de un nuevo liderazgo, social y político.
Desde la denuncia de la educación como un derecho humano convertido en una mercancía con fines de lucro y la demanda nacional de una educación pública gratuita y de calidad, objetivo que muchos peruanos comparten y exigen, han colocado en el centro del debate el tema de la desigualdad en Chile. Su grito juvenil y su indeclinable lucha, que lleva meses en las calles y en los medios, tienen al presidente Piñera con 20% de aprobación y ha ganado a su lado a más de tres cuartas partes de los chilenos, abriendo el debate sobre la forma de organización de la vida social –y de los derechos que el Estado garantiza–, afirma enormes brechas y niega el desarrollo de oportunidades y capacidades a millones de jóvenes y familias del vecino del sur.
Los estudiantes han colocado sobre la mesa la demanda de un profundo cambio en un sistema educativo excluyente y segregador, y con ello, de una nueva Constitución, así como la necesidad de nuevos liderazgos políticos renovados y creativos. Su batallar ha mostrado creatividad en las formas y en la transmisión de sus objetivos. La amenaza represiva de Piñera de criminalizar su lucha fracasará en frenar la tremenda demanda y conciencia social desatadas. Ya García fracasó en su intento de imponer esa metodología en el Perú frente a los pueblos indígenas y movimientos sociales, dejándonos 191 muertos.
No se equivocaron Gana Perú y Ollanta Humala cuando plantearon que la revolución educativa, con una educación pública gratuita y de calidad, constituía un eje clave de un Perú inclusivo, con oportunidades para todos, en el que se reduzcan las brechas sociales de un país excluyente y profundamente desigual.
Chile fue el “modelo económico latinoamericano”. García lo evocaba permanentemente. Crecimiento económico, mercado libre, apertura total, reducción de la pobreza, estabilidad política eran las virtudes a imitar. De pronto, movilizaciones estudiantiles universitarias masivas ponen sobre la mesa el tema de la desigualdad. Las demandas de terminar con el manejo de la educación como un instrumento de lucro y de reubicar la educación como un derecho humano que el Estado debe garantizar para todos se han colocado en el centro del debate nacional. Exigen permitir el desarrollo de capacidades y abrir oportunidades a todos,
Y es que en Chile, como en la Constitución fujimorista, la educación ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un asunto del mercado, en un servicio manejado con fines de lucro y exoneraciones tributarias. La privatización de los servicios educativos es dominante. La educación pública se ha deteriorado. Además, todos los estudiantes universitarios –públicos y privados– deben pagar por sus estudios, de cuestionada calidad, vía créditos que deben asumir y cancelar al acabar sus estudios; ciertamente, con los intereses comerciales correspondientes. Claro, los de las universidades privadas pagan costos más altos aún y con mayores tasas de interés.
La bandera de recuperar la educación pública, escolar y universitaria, como gratuita y de calidad, ha movilizado a toda la sociedad chilena. No solo los jóvenes, que comenzaron marchando y planteando sus demandas, sino los padres de familia, las organizaciones de trabajadores, las fuerzas sociales, toman las calles cada jueves y marchan –entre 60,000 y 100,000 personas– respaldando las exigencias levantadas por la juventud. En el centro se ha colocado el tema de la profunda desigualdad que el modelo ha instalado en una sociedad que no está dispuesta a seguir tolerándola. Y es que reducir la pobreza es una cosa, sin duda necesaria, y otra es cerrar la brechas de enorme desigualdad que marcan la sociedad y que han desatado este gigantesco movimiento juvenil que evidencia una enorme convocatoria social, al margen de la presencia y liderazgo de partidos.
La joven presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Camila Vallejo, y el dirigente de la U. Católica Jackson se han convertido en la expresión de un nuevo liderazgo, social y político.
Desde la denuncia de la educación como un derecho humano convertido en una mercancía con fines de lucro y la demanda nacional de una educación pública gratuita y de calidad, objetivo que muchos peruanos comparten y exigen, han colocado en el centro del debate el tema de la desigualdad en Chile. Su grito juvenil y su indeclinable lucha, que lleva meses en las calles y en los medios, tienen al presidente Piñera con 20% de aprobación y ha ganado a su lado a más de tres cuartas partes de los chilenos, abriendo el debate sobre la forma de organización de la vida social –y de los derechos que el Estado garantiza–, afirma enormes brechas y niega el desarrollo de oportunidades y capacidades a millones de jóvenes y familias del vecino del sur.
Los estudiantes han colocado sobre la mesa la demanda de un profundo cambio en un sistema educativo excluyente y segregador, y con ello, de una nueva Constitución, así como la necesidad de nuevos liderazgos políticos renovados y creativos. Su batallar ha mostrado creatividad en las formas y en la transmisión de sus objetivos. La amenaza represiva de Piñera de criminalizar su lucha fracasará en frenar la tremenda demanda y conciencia social desatadas. Ya García fracasó en su intento de imponer esa metodología en el Perú frente a los pueblos indígenas y movimientos sociales, dejándonos 191 muertos.
No se equivocaron Gana Perú y Ollanta Humala cuando plantearon que la revolución educativa, con una educación pública gratuita y de calidad, constituía un eje clave de un Perú inclusivo, con oportunidades para todos, en el que se reduzcan las brechas sociales de un país excluyente y profundamente desigual.
ESTRADERECHA
Movimientos contradictorios marcan este proceso político “en disputa”. El gobierno ha comenzado a cumplir promesas electorales y la hoja de ruta, mostrando (la ley de consulta previa, seguridad ciudadana, cambio constitucional declarando imprescriptible el delito de corrupción grave, impulso a UNASUR, acercar las autoridades a la gente) que quiere avanzar. Ollanta gana popularidad, más allá de problemas, en un camino difícil y zigzagueante.
Pero las expectativas embalsadas y los problemas irresueltos que dejó García asoman. Movimientos sociales comienzan a retomar las calles y las tensiones de una descentralización recortada se hacen sentir. En Tacna, Southern provoca, como en Tía María (Arequipa), un conflicto por el agua que la población reclama por escasa e indispensable, mientras la empresa pretende ampliar sus instalaciones –con mayor demanda de agua– a costa de la gente. La protesta se dejó sentir y casi 30 heridos mostraron que el cambio de estilos de conducta no es fácil.
Más al centro, en Nazca e Ica, los obreros de Shougang y sus esposas enfrentan el abuso empresarial con huelgas y movilizaciones: la insultante propuesta empresarial china de S/.1.50 de aumento a los obreros cuyos escuálidos salarios no tienen punto de comparación con el promedio minero.
Paralelamente, acusando el golpe de la derrota electoral de Keiko Fujimori y su PPK, la derecha económica juega sus propias cartas. Así, rápidamente y sin mucha discusión o información al país y a las autoridades presionaron por votar normas en relación con el indispensable aumento de tributación minera y los derechos de explotación, logrando cambiar la ley de regalías (de pagar un derecho sobre el volumen de producción a pagar sobre las utilidades brutas), dejando en la sombra la demanda de que cumplan con el pago de regalías la mayoría de empresas que hasta ahora no lo han hecho (por encima del fallo del TC), siendo claro para muchos analistas que la cifra que recaudarán las medidas adoptadas no cumpliría con los S/.3,000 millones adicionales que la Sociedad de Minería comprometió en acta firmada con el gobierno el 24 de agosto pasado. Además, varios gobiernos regionales sospechan que caería su ingreso por regalías, lo que podría abrir un frente de conflicto en el centro y sur. La recuperación del total de las reservas del lote 88 para el Perú sigue en veremos, ante el impune capricho del Consorcio transnacional que maneja Camisea, lo que puede ser materia de movilización nacional. Y se le abre otro frente a la derecha económica cuando el TC declara inconstitucionales los DU 001 y 002-2011 que dictó García, al amparo de los cuales se impuso la lesiva concesión del muelle norte.
Desubicada y confusa, la derecha política se desespera por recuperar protagonismo. Quiere quebrar el bloque de gobierno: apoya al bloque neoliberal y los rezagos de un militarismo que anhela impunidad frente a violaciones de los DDHH, mientras pretende arrinconar a los sectores más progresistas en las figuras de Aída García Naranjo y Susana Baca. Imputando una responsabilidad que no exigieron cuando la trágica muerte de cerca de 30 niños en Taucamarca, bajo el gobierno de Fujimori, pretenden ahora censurar a una Ministra ajena al terrible suceso de Redondo o censurar a otra por haber cumplido con parte de los contratos artísticos firmados antes de ser propuesta como Ministra de Cultura y haber logrado cancelar el resto para cumplir sus funciones. La estrategia es clara: rodear al gobierno, guillotinar a los sectores progresistas e ir arrinconando a Humala, mientras, sibilinamente, ofrecen sus servicios. No pasarán.
Pero las expectativas embalsadas y los problemas irresueltos que dejó García asoman. Movimientos sociales comienzan a retomar las calles y las tensiones de una descentralización recortada se hacen sentir. En Tacna, Southern provoca, como en Tía María (Arequipa), un conflicto por el agua que la población reclama por escasa e indispensable, mientras la empresa pretende ampliar sus instalaciones –con mayor demanda de agua– a costa de la gente. La protesta se dejó sentir y casi 30 heridos mostraron que el cambio de estilos de conducta no es fácil.
Más al centro, en Nazca e Ica, los obreros de Shougang y sus esposas enfrentan el abuso empresarial con huelgas y movilizaciones: la insultante propuesta empresarial china de S/.1.50 de aumento a los obreros cuyos escuálidos salarios no tienen punto de comparación con el promedio minero.
Paralelamente, acusando el golpe de la derrota electoral de Keiko Fujimori y su PPK, la derecha económica juega sus propias cartas. Así, rápidamente y sin mucha discusión o información al país y a las autoridades presionaron por votar normas en relación con el indispensable aumento de tributación minera y los derechos de explotación, logrando cambiar la ley de regalías (de pagar un derecho sobre el volumen de producción a pagar sobre las utilidades brutas), dejando en la sombra la demanda de que cumplan con el pago de regalías la mayoría de empresas que hasta ahora no lo han hecho (por encima del fallo del TC), siendo claro para muchos analistas que la cifra que recaudarán las medidas adoptadas no cumpliría con los S/.3,000 millones adicionales que la Sociedad de Minería comprometió en acta firmada con el gobierno el 24 de agosto pasado. Además, varios gobiernos regionales sospechan que caería su ingreso por regalías, lo que podría abrir un frente de conflicto en el centro y sur. La recuperación del total de las reservas del lote 88 para el Perú sigue en veremos, ante el impune capricho del Consorcio transnacional que maneja Camisea, lo que puede ser materia de movilización nacional. Y se le abre otro frente a la derecha económica cuando el TC declara inconstitucionales los DU 001 y 002-2011 que dictó García, al amparo de los cuales se impuso la lesiva concesión del muelle norte.
Desubicada y confusa, la derecha política se desespera por recuperar protagonismo. Quiere quebrar el bloque de gobierno: apoya al bloque neoliberal y los rezagos de un militarismo que anhela impunidad frente a violaciones de los DDHH, mientras pretende arrinconar a los sectores más progresistas en las figuras de Aída García Naranjo y Susana Baca. Imputando una responsabilidad que no exigieron cuando la trágica muerte de cerca de 30 niños en Taucamarca, bajo el gobierno de Fujimori, pretenden ahora censurar a una Ministra ajena al terrible suceso de Redondo o censurar a otra por haber cumplido con parte de los contratos artísticos firmados antes de ser propuesta como Ministra de Cultura y haber logrado cancelar el resto para cumplir sus funciones. La estrategia es clara: rodear al gobierno, guillotinar a los sectores progresistas e ir arrinconando a Humala, mientras, sibilinamente, ofrecen sus servicios. No pasarán.
PALESTINA
Vargas Llosa
¿Cuál debería ser la posición de un amigo de Israel ante al pedido del presidente Mahmud Abbas de que la ONU reconozca a Palestina como un Estado de pleno derecho? Convendría antes definir qué entiendo por “amigo de Israel” ya que en esta definición caben actitudes distintas y contradictorias. A mi juicio, es amigo de Israel quien, reconociendo el derecho a la existencia de ese país –admirable por tantas razones– obra, en la medida de sus posibilidades, para que ese derecho sea reconocido por sus vecinos árabes e Israel, garantizado su presente y su futuro, pueda vivir en paz y armonía dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.
En la actualidad, Israel se halla lejos de alcanzar semejante estabilidad y seguridad. Es verdad que vive un notable progreso económico, gracias a su desarrollo tecnológico y científico tan bien aprovechado por la industria, y que su poderío militar supera con creces el de sus vecinos. Pero tanto en el interior como en el exterior la sociedad israelí experimenta una crisis profunda, como se vio hace poco en sus principales ciudades con las formidables demostraciones de sus “indignados” que manifestaban su hartazgo con los sacrificios y limitaciones de todo orden que impone a la sociedad civil el estado crónico de guerra larvada en que se eterniza su existencia y el deterioro de su imagen internacional que, probablemente, nunca se ha visto tan dañada como en nuestros días.
El antisemitismo no explica este desprestigio como quisieran algunos extremistas, que divisan detrás de toda crítica a la política del gobierno de Benjamín Netanyahu el prejuicio racista. Éste no ha desaparecido, por supuesto, porque forma parte de la estupidez humana –el odio hacia “el otro” que se encarniza contra el negro, el árabe, el amarillo, el gitano, el indio, el cholo, el homosexual, etcétera–, pero la realidad es que, en nuestros días, Israel ha perdido aquella superioridad moral que la opinión pública del mundo entero le reconocía, cuando la imposibilidad de un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes parecía sobre todo culpa de aquellos, por su intolerancia a reconocer el derecho de Israel a la existencia y su justificación del terrorismo. Ahora, la impresión reinante y justificada es que aquella intolerancia ha cambiado de campo y el obstáculo mayor para que se reanuden las negociaciones de paz con los palestinos es el propio gobierno de Netanyahu y su descarado apoyo político, militar y económico al movimiento de los colonos que sigue extendiéndose por Cisjordania y Jerusalén oriental y encogiendo como una piel de zapa el que sería territorio del futuro Estado palestino.
El avance y multiplicación de los asentamientos de colonos en territorio palestino, tanto en Cisjordania como en Jerusalén oriental, que no ha cesado en momento alguno, ni siquiera durante el período de cuarentena que dijo imponer el gobierno, hace que sean muy poco convincentes las declaraciones de los actuales dirigentes israelíes de que están dispuestos a aceptar una solución negociada del conflicto. ¿Cómo puede haber una negociación seria y equitativa al mismo tiempo que los colonos, armados hasta los dientes y protegidos por el Ejército, prosiguen imperturbables su conquista del Gran Israel?
En el último viaje del primer ministro israelí a Washington, Netanyahu se permitió desairar al presidente Obama, mandatario del país que ha sido el mejor aliado y defensor de Israel, al que subsidia anualmente con más de tres billones de dólares, porque Obama propuso que se reabrieran las negociaciones de paz bajo el principio de los dos Estados, en el que el palestino tendría las fronteras anteriores a la guerra de 1967, propuesta sensata, convalidada por la ONU y la opinión internacional, a la que en principio ambas partes se habían declarado dispuestas a aceptar como punto de partida de una negociación. El desaire de Netanyahu contó con el apoyo de un sector del Congreso estadounidense y de las corrientes más extremistas del lobby judío norteamericano, pero las encuestas mostraron de manera inequívoca que aquella actitud prepotente debilitó aún más la solidaridad con Israel de una parte importante de la opinión pública de los Estados Unidos, donde la primavera árabe ha sido recibida con simpatía, como un proceso democratizador en la región que debería, a la corta o a la larga, traer a Israel más beneficios que perjuicios.
Creo que a mediano o largo plazo el numantismo –convertir a Israel en un fortín militar inexpugnable, capaz de pulverizar en caso de amenaza a todo su entorno– y la sistemática destrucción de la sociedad palestina, desarticulándola, cuadriculándola con muros, barreras, inspecciones, expropiaciones y reduciendo cada vez más su espacio vital mediante el avance de las colonias de extremistas fanáticos empeñados en resucitar el Israel bíblico, son políticas suicidas, que ponen en peligro la supervivencia de Israel. Por lo pronto, esas políticas solo han servido para multiplicar la tensión y crear un clima en el que en cualquier momento podría estallar una nueva Intifada. Y, por supuesto, un nuevo conflicto bélico en una región donde, demás está decirlo, la causa palestina tiene un respaldo unánime. Por otro lado, una de las consecuencias más lamentables de estas políticas, es que lo mejor que tenía Israel para mostrar al mundo –su sistema democrático– ha perdido su carácter modélico, al ser poco menos que expropiado por coaliciones de ultranacionalistas que, como las que sostuvieron a Sharon y sostienen ahora a Netanyahu, han ido introduciendo reformas y exclusiones que limitan y discriminan cada vez más la libertad y los derechos de los árabes israelíes (casi un millón de personas), convertidos hoy en día en ciudadanos de segunda clase.
Creo que desde el gran fracaso de las negociaciones de Camp David y Taba del año 2000-2001, auspiciadas por el presidente Clinton, en que Arafat cometió la insensatez de negarse a aceptar una propuesta en la que Israel reconocía el 95 por ciento de los territorios de la orilla occidental del Jordán y la franja de Gaza y que los palestinos participaran en la administración y gobierno de Jerusalén oriental, la sociedad israelí ha tenido un proceso de radicalización derechista. El campo de los partidarios de la moderación, la negociación y la paz se ha reducido hasta la inoperancia política. Ese campo fue muy fuerte e influyente y gracias a él fueron posibles los acuerdos de Oslo, que tantas esperanzas despertaron. Eso, en nuestros días, ha quedado tan atrás que, pese a haber pasado tan pocos años, parece la prehistoria.
Y, sin embargo, pese a todo, creo que hay que volver a ese camino, pues, si se persevera en el actual, no habrá solución alguna, sino más guerra, violencia, sufrimiento, en Palestina, Israel y todo el Medio Oriente. Para ello, es indispensable una presión internacional que induzca a los dirigentes israelíes a salir de su encastillamiento prepotente y los convenza de que la única solución real saldrá no de la fuerza militar sino de una negociación seria, con concesiones recíprocas.
El reconocimiento del Estado palestino por las Naciones Unidas es un acto de justicia con un pueblo cautivo en su propio país que vive una servidumbre colonial intolerable en el siglo XXI. Reconocer este hecho no implica justificar a las organizaciones terroristas ni a los fanáticos de Hamas que se niegan a reconocer el derecho a la existencia de Israel, sino enviar un mensaje de aliento a la gran mayoría de los palestinos que rechazan la violencia y aspiran sólo a trabajar y vivir en paz, como los “indignados” israelíes. Aunque representan ahora sólo una minoría, muchos ciudadanos de Israel están lejos de solidarizarse con las políticas extremistas de su gobierno y luchan por la causa de la paz. Los verdaderos amigos de Israel debemos aliarnos con ellos, en su difícil resistencia, porque son ellos quienes advierten con lucidez y realismo que las políticas belicistas, intolerantes, represivas y de apoyo a la expansión de los asentamientos de Benjamín Netanyahu tendrán consecuencias catastróficas para el futuro de Israel.
La primavera árabe crea un contexto histórico y social que debería servir para facilitar una solución negociada bajo el principio de los dos Estados que ambas partes, en principio, dicen aceptar. Pero hay que poner en marcha esa negociación cuanto antes, para evitar que los extremistas de ambos bandos precipiten hechos de violencia que la posterguen una vez más. Podría no haber otra oportunidad.
¿Cuál debería ser la posición de un amigo de Israel ante al pedido del presidente Mahmud Abbas de que la ONU reconozca a Palestina como un Estado de pleno derecho? Convendría antes definir qué entiendo por “amigo de Israel” ya que en esta definición caben actitudes distintas y contradictorias. A mi juicio, es amigo de Israel quien, reconociendo el derecho a la existencia de ese país –admirable por tantas razones– obra, en la medida de sus posibilidades, para que ese derecho sea reconocido por sus vecinos árabes e Israel, garantizado su presente y su futuro, pueda vivir en paz y armonía dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas.
En la actualidad, Israel se halla lejos de alcanzar semejante estabilidad y seguridad. Es verdad que vive un notable progreso económico, gracias a su desarrollo tecnológico y científico tan bien aprovechado por la industria, y que su poderío militar supera con creces el de sus vecinos. Pero tanto en el interior como en el exterior la sociedad israelí experimenta una crisis profunda, como se vio hace poco en sus principales ciudades con las formidables demostraciones de sus “indignados” que manifestaban su hartazgo con los sacrificios y limitaciones de todo orden que impone a la sociedad civil el estado crónico de guerra larvada en que se eterniza su existencia y el deterioro de su imagen internacional que, probablemente, nunca se ha visto tan dañada como en nuestros días.
El antisemitismo no explica este desprestigio como quisieran algunos extremistas, que divisan detrás de toda crítica a la política del gobierno de Benjamín Netanyahu el prejuicio racista. Éste no ha desaparecido, por supuesto, porque forma parte de la estupidez humana –el odio hacia “el otro” que se encarniza contra el negro, el árabe, el amarillo, el gitano, el indio, el cholo, el homosexual, etcétera–, pero la realidad es que, en nuestros días, Israel ha perdido aquella superioridad moral que la opinión pública del mundo entero le reconocía, cuando la imposibilidad de un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes parecía sobre todo culpa de aquellos, por su intolerancia a reconocer el derecho de Israel a la existencia y su justificación del terrorismo. Ahora, la impresión reinante y justificada es que aquella intolerancia ha cambiado de campo y el obstáculo mayor para que se reanuden las negociaciones de paz con los palestinos es el propio gobierno de Netanyahu y su descarado apoyo político, militar y económico al movimiento de los colonos que sigue extendiéndose por Cisjordania y Jerusalén oriental y encogiendo como una piel de zapa el que sería territorio del futuro Estado palestino.
El avance y multiplicación de los asentamientos de colonos en territorio palestino, tanto en Cisjordania como en Jerusalén oriental, que no ha cesado en momento alguno, ni siquiera durante el período de cuarentena que dijo imponer el gobierno, hace que sean muy poco convincentes las declaraciones de los actuales dirigentes israelíes de que están dispuestos a aceptar una solución negociada del conflicto. ¿Cómo puede haber una negociación seria y equitativa al mismo tiempo que los colonos, armados hasta los dientes y protegidos por el Ejército, prosiguen imperturbables su conquista del Gran Israel?
En el último viaje del primer ministro israelí a Washington, Netanyahu se permitió desairar al presidente Obama, mandatario del país que ha sido el mejor aliado y defensor de Israel, al que subsidia anualmente con más de tres billones de dólares, porque Obama propuso que se reabrieran las negociaciones de paz bajo el principio de los dos Estados, en el que el palestino tendría las fronteras anteriores a la guerra de 1967, propuesta sensata, convalidada por la ONU y la opinión internacional, a la que en principio ambas partes se habían declarado dispuestas a aceptar como punto de partida de una negociación. El desaire de Netanyahu contó con el apoyo de un sector del Congreso estadounidense y de las corrientes más extremistas del lobby judío norteamericano, pero las encuestas mostraron de manera inequívoca que aquella actitud prepotente debilitó aún más la solidaridad con Israel de una parte importante de la opinión pública de los Estados Unidos, donde la primavera árabe ha sido recibida con simpatía, como un proceso democratizador en la región que debería, a la corta o a la larga, traer a Israel más beneficios que perjuicios.
Creo que a mediano o largo plazo el numantismo –convertir a Israel en un fortín militar inexpugnable, capaz de pulverizar en caso de amenaza a todo su entorno– y la sistemática destrucción de la sociedad palestina, desarticulándola, cuadriculándola con muros, barreras, inspecciones, expropiaciones y reduciendo cada vez más su espacio vital mediante el avance de las colonias de extremistas fanáticos empeñados en resucitar el Israel bíblico, son políticas suicidas, que ponen en peligro la supervivencia de Israel. Por lo pronto, esas políticas solo han servido para multiplicar la tensión y crear un clima en el que en cualquier momento podría estallar una nueva Intifada. Y, por supuesto, un nuevo conflicto bélico en una región donde, demás está decirlo, la causa palestina tiene un respaldo unánime. Por otro lado, una de las consecuencias más lamentables de estas políticas, es que lo mejor que tenía Israel para mostrar al mundo –su sistema democrático– ha perdido su carácter modélico, al ser poco menos que expropiado por coaliciones de ultranacionalistas que, como las que sostuvieron a Sharon y sostienen ahora a Netanyahu, han ido introduciendo reformas y exclusiones que limitan y discriminan cada vez más la libertad y los derechos de los árabes israelíes (casi un millón de personas), convertidos hoy en día en ciudadanos de segunda clase.
Creo que desde el gran fracaso de las negociaciones de Camp David y Taba del año 2000-2001, auspiciadas por el presidente Clinton, en que Arafat cometió la insensatez de negarse a aceptar una propuesta en la que Israel reconocía el 95 por ciento de los territorios de la orilla occidental del Jordán y la franja de Gaza y que los palestinos participaran en la administración y gobierno de Jerusalén oriental, la sociedad israelí ha tenido un proceso de radicalización derechista. El campo de los partidarios de la moderación, la negociación y la paz se ha reducido hasta la inoperancia política. Ese campo fue muy fuerte e influyente y gracias a él fueron posibles los acuerdos de Oslo, que tantas esperanzas despertaron. Eso, en nuestros días, ha quedado tan atrás que, pese a haber pasado tan pocos años, parece la prehistoria.
Y, sin embargo, pese a todo, creo que hay que volver a ese camino, pues, si se persevera en el actual, no habrá solución alguna, sino más guerra, violencia, sufrimiento, en Palestina, Israel y todo el Medio Oriente. Para ello, es indispensable una presión internacional que induzca a los dirigentes israelíes a salir de su encastillamiento prepotente y los convenza de que la única solución real saldrá no de la fuerza militar sino de una negociación seria, con concesiones recíprocas.
El reconocimiento del Estado palestino por las Naciones Unidas es un acto de justicia con un pueblo cautivo en su propio país que vive una servidumbre colonial intolerable en el siglo XXI. Reconocer este hecho no implica justificar a las organizaciones terroristas ni a los fanáticos de Hamas que se niegan a reconocer el derecho a la existencia de Israel, sino enviar un mensaje de aliento a la gran mayoría de los palestinos que rechazan la violencia y aspiran sólo a trabajar y vivir en paz, como los “indignados” israelíes. Aunque representan ahora sólo una minoría, muchos ciudadanos de Israel están lejos de solidarizarse con las políticas extremistas de su gobierno y luchan por la causa de la paz. Los verdaderos amigos de Israel debemos aliarnos con ellos, en su difícil resistencia, porque son ellos quienes advierten con lucidez y realismo que las políticas belicistas, intolerantes, represivas y de apoyo a la expansión de los asentamientos de Benjamín Netanyahu tendrán consecuencias catastróficas para el futuro de Israel.
La primavera árabe crea un contexto histórico y social que debería servir para facilitar una solución negociada bajo el principio de los dos Estados que ambas partes, en principio, dicen aceptar. Pero hay que poner en marcha esa negociación cuanto antes, para evitar que los extremistas de ambos bandos precipiten hechos de violencia que la posterguen una vez más. Podría no haber otra oportunidad.
CARNICERO DE PRAGA
Hace por lo menos tres décadas que no leía un Premio Goncourt. En los años sesenta, cuando trabajaba en la Radio Televisión Francesa, lo hacía de manera obligatoria, pues debíamos dedicarle el programa “La literatura en debate”, en el que, con Jorge Edwards, Carlos Semprún y Jean Supervielle, pasábamos revista semanal a la actualidad literaria francesa. O mi memoria es injusta, o aquellos premios eran bastante flojos, pues no recuerdo uno solo de los siete que en aquellos años comenté.
Pero estoy seguro, en cambio, que este Goncourt que acabo de leer, HHhH, de Laurent Binet –tiene 39 años, es profesor y ésta es su primera novela–lo recordaré con nitidez lo que me queda de vida. No diría que es una gran obra de ficción, pero sí que es un magnífico libro. Su misterioso título son las siglas de una frase que, al parecer, se decía en Alemania en tiempos de Hitler: “Himmlers Hirn heisst Heydrich” (El cerebro de Himmler se llama Heydrich).
La recreación histórica de la vida y la época del jefe de la Gestapo, Reinhard Heydrich, de la creación y funciones de las SS, así como de la preparación y ejecución del atentado de la resistencia checoslovaca que puso fin a la vida del Carnicero de Praga (se le apodaba también “La bestia rubia”) es inmejorable. Se advierte que hay detrás de ella una investigación exhaustiva y un rigor extremo que lleva al autor a prevenir al lector cada vez que se siente tentado –y no puede resistir la tentación– de exagerar o colorear algún hecho, de rellenar algún vacío con fantasías o alterar alguna circunstancia para dar mayor eficacia al relato. Esta es la parte más novelesca del libro, los comentarios en los que el narrador se detiene para referir cómo nació su fascinación por el personaje, los estados emocionales que experimenta a lo largo de los años que le toma el trabajo, las pequeñas anécdotas que vivió mientras se documentaba y escribía. Todo esto está contado con gracia y elegancia, pero es, a fin de cuentas, adjetivo comparado con la formidable reconstrucción de las atroces hazañas perpetradas por Heydrich, que fue, en efecto, el brazo derecho de Himmler y uno de los jerarcas nazis más estimados por el propio Führer.
“Carnicero”, “bestia” y otros apodos igual de feroces no bastan, sin embargo, para describir a cabalidad la vertiginosa crueldad de esa encarnación del mal en que se convirtió Reinhard Heydrich a medida que escalaba posiciones en las fuerzas de choque del nazismo hasta llegar a ser nombrado por Hitler el Protector de las provincias anexadas al Reich de Bohemia y Moravia. Era hijo de un pasable compositor y recibió una buena educación, en un colegio de niños bien donde sus compañeros lo atormentaban acusándolo de ser judío, acusación que estropeó luego su carrera en la Marina de Guerra. Tal vez su precoz incorporación a las SS, cuando este cuerpo de elite del nazismo estaba apenas constituyéndose, fue la manera que utilizó para poner fin a esa sospecha que ponía en duda su pureza aria y que hubiera podido arruinar su futuro político. Fue gracias a su talento organizador y su absoluta falta de escrúpulos que las SS pasaron a ser la maquinaria más efectiva para la implantación del régimen nazi en toda la sociedad alemana, la fuerza de choque que destrozaba los comercios judíos, asesinaba disidentes y críticos, sembraba el terror en sindicatos independientes o fuerzas políticas insumisas, y, comenzada la guerra, la punta de lanza de la estrategia de sujeción y exterminación de las razas inferiores.
En la célebre conferencia de Wannsee, del 20 de enero de 1942, fue Heydrich, secundado por Eichmann, quien presentó, con lujo de detalles, el proyecto de “Solución Final”, es decir, de industrializar el genocidio judío –la liquidación de once millones de personas– utilizando técnicas modernas como las cámaras de gas, en vez de continuar con la liquidación a balazos y por pequeños grupos, lo que, según explicó, extenuaba física y psicológicamente a sus Einsatzgruppen. Cuentan que cuando Himmler asistió por primera vez a las operaciones de exterminio masivo de hombres, mujeres y niños, la impresión fue tan grande que se desmayó. Heydrich estaba vacunado contra esas debilidades: él asistía a los asesinatos colectivos con papel y lápiz a la mano, tomando nota de aquello que podía ser perfeccionado en número de víctimas, rapidez en la matanza o en la pulverización de los restos. Era frío, elegante, buen marido y buen padre, ávido de honores y de bienes materiales, y, a los pocos meses de asumir su protectorado, se jactaba de haber limpiado Checoslovaquia de saboteadores y resistentes y de haber empezado ya la germanización acelerada de checos y eslovacos. Hitler, feliz, lo llamaba a Berlín con frecuencia para coloquios privados.
En estos precisos momentos, el gobierno checo en el exilio de Londres, presidido por Benes, decide montar la “Operación Antropoide”, para ajusticiar al Carnicero de Praga, a fin de levantar la moral de la diezmada resistencia interna y mostrar al mundo que Checoslovaquia no se ha rendido del todo al ocupante. Entre todos los voluntarios que se ofrecen, se elige a dos muchachos humildes, provincianos y sencillos, el eslovaco Jozef Gabcík y el checo Jan Kubiš. Ambos son adiestrados en la campiña inglesa por los jefes militares del exilio y lanzados en paracaídas. Durante varios meses, malvivirán en escondrijos transeúntes, ayudados por los pequeños grupos de resistentes, mientras hacen las averiguaciones que les permitan montar un atentado exitoso en el que, tanto Gabcík como Kubiš lo saben, tienen muy pocas posibilidades de salir con vida.
Las páginas que Binet dedica a narrar el atentado, lo que ocurre después, la cacería enloquecida de los autores por una jauría que asesina, tortura y deporta a miles de inocentes, son de una gran maestría literaria. El lenguaje limpio, transparente, que evita toda truculencia, que parece desaparecer detrás de lo que narra, ejerce una impresión hipnótica sobre el lector, quien se siente trasladado en el espacio y en el tiempo al lugar de los hechos narrados, deslizado literalmente en la intimidad incandescente de los dos jóvenes que esperan la llegada del coche descapotable de su víctima, los imprevistos de último minuto que alteran sus planes, el revólver que se encasquilla, la bomba que hace saltar sólo parte del coche, la persecución por el chofer. Todos los pormenores tienen tanta fuerza persuasiva que quedan grabados de manera indeleble en la memoria del lector.
Parece mentira que, luego de este cráter, el libro de Laurent Binet sea capaz todavía de hacer vivir una nueva experiencia convulsiva a sus lectores, con el relato de los días que siguen al atentado que acabó con la vida de Heydrich. Hay algo de tragedia griega y de espléndido thriller en esas páginas en que un grupo de checos patriotas se multiplica para esconder a los ajusticiadores, sabiendo muy bien que por esa acción deberán morir también ellos, hasta el epónimo final en que, vendidos por un Judas llamado Karel Curda, Gabcík, Kubiš y cinco compañeros de la resistencia se enfrentan a balazos a 800 SS durante cinco horas, en la cripta de una iglesia, antes de suicidarse para no caer prisioneros.
La muerte de Heydrich desencadenó represalias indescriptibles, como el exterminio de toda la población de Lídice, y torturas y matanzas de centenares de familias eslovacas y checas. Pero, también, mostró al mundo lo que, todavía en 1942, muchos se negaban a admitir: la verdadera naturaleza sanguinaria y la inhumanidad esencial del nazismo. En Checoslovaquia misma, pese al horror que se vivió en las semanas y meses siguientes a la “Operación Antropoide”, la muerte de Heydrich mantuvo viva la convicción de que, pese a todo su poderío, el Tercer Reich no era invencible.
Un buen libro, como éste, perdura en la conciencia, y es un gusanito que no nos da sosiego con esas preguntas inquietantes: ¿cómo fue posible que existiera una inmundicia humana de la catadura de un Reinhard Heydrich? ¿Cómo fue posible el régimen en que individuos como él podían prosperar, alcanzar las más altas posiciones, convertirse en amos absolutos de millones de personas? ¿Qué debemos hacer para que una ignominia semejante no vuelva a repetirse?
Madrid, octubre de 2011
MARIO VARGAS
Pero estoy seguro, en cambio, que este Goncourt que acabo de leer, HHhH, de Laurent Binet –tiene 39 años, es profesor y ésta es su primera novela–lo recordaré con nitidez lo que me queda de vida. No diría que es una gran obra de ficción, pero sí que es un magnífico libro. Su misterioso título son las siglas de una frase que, al parecer, se decía en Alemania en tiempos de Hitler: “Himmlers Hirn heisst Heydrich” (El cerebro de Himmler se llama Heydrich).
La recreación histórica de la vida y la época del jefe de la Gestapo, Reinhard Heydrich, de la creación y funciones de las SS, así como de la preparación y ejecución del atentado de la resistencia checoslovaca que puso fin a la vida del Carnicero de Praga (se le apodaba también “La bestia rubia”) es inmejorable. Se advierte que hay detrás de ella una investigación exhaustiva y un rigor extremo que lleva al autor a prevenir al lector cada vez que se siente tentado –y no puede resistir la tentación– de exagerar o colorear algún hecho, de rellenar algún vacío con fantasías o alterar alguna circunstancia para dar mayor eficacia al relato. Esta es la parte más novelesca del libro, los comentarios en los que el narrador se detiene para referir cómo nació su fascinación por el personaje, los estados emocionales que experimenta a lo largo de los años que le toma el trabajo, las pequeñas anécdotas que vivió mientras se documentaba y escribía. Todo esto está contado con gracia y elegancia, pero es, a fin de cuentas, adjetivo comparado con la formidable reconstrucción de las atroces hazañas perpetradas por Heydrich, que fue, en efecto, el brazo derecho de Himmler y uno de los jerarcas nazis más estimados por el propio Führer.
“Carnicero”, “bestia” y otros apodos igual de feroces no bastan, sin embargo, para describir a cabalidad la vertiginosa crueldad de esa encarnación del mal en que se convirtió Reinhard Heydrich a medida que escalaba posiciones en las fuerzas de choque del nazismo hasta llegar a ser nombrado por Hitler el Protector de las provincias anexadas al Reich de Bohemia y Moravia. Era hijo de un pasable compositor y recibió una buena educación, en un colegio de niños bien donde sus compañeros lo atormentaban acusándolo de ser judío, acusación que estropeó luego su carrera en la Marina de Guerra. Tal vez su precoz incorporación a las SS, cuando este cuerpo de elite del nazismo estaba apenas constituyéndose, fue la manera que utilizó para poner fin a esa sospecha que ponía en duda su pureza aria y que hubiera podido arruinar su futuro político. Fue gracias a su talento organizador y su absoluta falta de escrúpulos que las SS pasaron a ser la maquinaria más efectiva para la implantación del régimen nazi en toda la sociedad alemana, la fuerza de choque que destrozaba los comercios judíos, asesinaba disidentes y críticos, sembraba el terror en sindicatos independientes o fuerzas políticas insumisas, y, comenzada la guerra, la punta de lanza de la estrategia de sujeción y exterminación de las razas inferiores.
En la célebre conferencia de Wannsee, del 20 de enero de 1942, fue Heydrich, secundado por Eichmann, quien presentó, con lujo de detalles, el proyecto de “Solución Final”, es decir, de industrializar el genocidio judío –la liquidación de once millones de personas– utilizando técnicas modernas como las cámaras de gas, en vez de continuar con la liquidación a balazos y por pequeños grupos, lo que, según explicó, extenuaba física y psicológicamente a sus Einsatzgruppen. Cuentan que cuando Himmler asistió por primera vez a las operaciones de exterminio masivo de hombres, mujeres y niños, la impresión fue tan grande que se desmayó. Heydrich estaba vacunado contra esas debilidades: él asistía a los asesinatos colectivos con papel y lápiz a la mano, tomando nota de aquello que podía ser perfeccionado en número de víctimas, rapidez en la matanza o en la pulverización de los restos. Era frío, elegante, buen marido y buen padre, ávido de honores y de bienes materiales, y, a los pocos meses de asumir su protectorado, se jactaba de haber limpiado Checoslovaquia de saboteadores y resistentes y de haber empezado ya la germanización acelerada de checos y eslovacos. Hitler, feliz, lo llamaba a Berlín con frecuencia para coloquios privados.
En estos precisos momentos, el gobierno checo en el exilio de Londres, presidido por Benes, decide montar la “Operación Antropoide”, para ajusticiar al Carnicero de Praga, a fin de levantar la moral de la diezmada resistencia interna y mostrar al mundo que Checoslovaquia no se ha rendido del todo al ocupante. Entre todos los voluntarios que se ofrecen, se elige a dos muchachos humildes, provincianos y sencillos, el eslovaco Jozef Gabcík y el checo Jan Kubiš. Ambos son adiestrados en la campiña inglesa por los jefes militares del exilio y lanzados en paracaídas. Durante varios meses, malvivirán en escondrijos transeúntes, ayudados por los pequeños grupos de resistentes, mientras hacen las averiguaciones que les permitan montar un atentado exitoso en el que, tanto Gabcík como Kubiš lo saben, tienen muy pocas posibilidades de salir con vida.
Las páginas que Binet dedica a narrar el atentado, lo que ocurre después, la cacería enloquecida de los autores por una jauría que asesina, tortura y deporta a miles de inocentes, son de una gran maestría literaria. El lenguaje limpio, transparente, que evita toda truculencia, que parece desaparecer detrás de lo que narra, ejerce una impresión hipnótica sobre el lector, quien se siente trasladado en el espacio y en el tiempo al lugar de los hechos narrados, deslizado literalmente en la intimidad incandescente de los dos jóvenes que esperan la llegada del coche descapotable de su víctima, los imprevistos de último minuto que alteran sus planes, el revólver que se encasquilla, la bomba que hace saltar sólo parte del coche, la persecución por el chofer. Todos los pormenores tienen tanta fuerza persuasiva que quedan grabados de manera indeleble en la memoria del lector.
Parece mentira que, luego de este cráter, el libro de Laurent Binet sea capaz todavía de hacer vivir una nueva experiencia convulsiva a sus lectores, con el relato de los días que siguen al atentado que acabó con la vida de Heydrich. Hay algo de tragedia griega y de espléndido thriller en esas páginas en que un grupo de checos patriotas se multiplica para esconder a los ajusticiadores, sabiendo muy bien que por esa acción deberán morir también ellos, hasta el epónimo final en que, vendidos por un Judas llamado Karel Curda, Gabcík, Kubiš y cinco compañeros de la resistencia se enfrentan a balazos a 800 SS durante cinco horas, en la cripta de una iglesia, antes de suicidarse para no caer prisioneros.
La muerte de Heydrich desencadenó represalias indescriptibles, como el exterminio de toda la población de Lídice, y torturas y matanzas de centenares de familias eslovacas y checas. Pero, también, mostró al mundo lo que, todavía en 1942, muchos se negaban a admitir: la verdadera naturaleza sanguinaria y la inhumanidad esencial del nazismo. En Checoslovaquia misma, pese al horror que se vivió en las semanas y meses siguientes a la “Operación Antropoide”, la muerte de Heydrich mantuvo viva la convicción de que, pese a todo su poderío, el Tercer Reich no era invencible.
Un buen libro, como éste, perdura en la conciencia, y es un gusanito que no nos da sosiego con esas preguntas inquietantes: ¿cómo fue posible que existiera una inmundicia humana de la catadura de un Reinhard Heydrich? ¿Cómo fue posible el régimen en que individuos como él podían prosperar, alcanzar las más altas posiciones, convertirse en amos absolutos de millones de personas? ¿Qué debemos hacer para que una ignominia semejante no vuelva a repetirse?
Madrid, octubre de 2011
MARIO VARGAS
domingo, 2 de octubre de 2011
MAPA DEL HAMBRE
“Evolución de la pobreza al 2010” es el nombre del último boletín del INEI relativo a este tema, publicado el pasado mayo. En este boletín se reseñan diferentes indicadores sociales de las condiciones de vida de los hogares, siendo el más popular de ellos el de la pobreza monetaria, y el menos popular de ellos el del déficit calórico.
Los resultados de la pobreza monetaria son los más populares porque muestran cómo el crecimiento económico habido en nuestro país ha reducido la pobreza; en otras palabras, cómo el modelo económico tiene resultados palpables en la vida de los hogares, aunque –como las últimas elecciones mostraron– el candidato ganador fue el único que cuestionaba las virtudes del modelo económico vigente.
La evolución de la pobreza monetaria muestra una evolución espectacular de acuerdo con este boletín: durante la gestión de Alejandro Toledo –entre el 2001 y el 2006– la pobreza bajó de 55% a 45%, es decir, 10 puntos en cinco años. Y luego, durante los cuatro primeros años de la gestión García –entre el 2006 y el 2010–, la pobreza bajó de 45% a 31%, es decir, 14 puntos en cuatro años.
Si esto fuese cierto, se tendría que la pobreza ha bajado en promedio más de dos puntos por año en las dos últimas gestiones presidenciales, y solo sería materia de tiempo para que la pobreza desaparezca en nuestro país.
El problema que tenemos con este método es su naturaleza artificial, opuesta a mediciones de naturaleza biológica, como cuántos alimentos consume cada persona, cuáles son su talla y su peso, cuál es la mortalidad infantil o la esperanza de vida. En el caso de la pobreza se habla de cuánto dinero necesita un hogar para no ser pobre; en los otros se habla de calorías, centímetros, kilos o años.
De todas estas variables biológicas, la única que se mide desde el 2001 es la del déficit calórico. Esta variable que forma parte de los indicadores de las Metas del Milenio para el seguimiento del Objetivo 1 “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” nos indica el total de calorías consumidas en un hogar, y si este valor es superior o inferior al mínimo de subsistencia.
Cuando se observa la evolución de este indicador del hambre, los resultados son menos espectaculares que los obtenidos con la pobreza monetaria. Durante la gestión Toledo, la pobreza se redujo 10 puntos pero el hambre solo 5 puntos, de 33% a 28%; y durante los primeros cuatro años de la gestión García, mientras la pobreza se redujo en 14 puntos, el hambre no se redujo, ya que fue 28% en el 2006 y 28% en el 2010.
Estos resultados abiertamente contradictorios entre la evolución de la pobreza monetaria y el déficit calórico ameritan una discusión científica para evaluar cuál indicador se debe utilizar para las políticas públicas, tanto para focalizar recursos como para monitorear el impacto de los mismos.
Mientras esta discusión académica se resuelve, resulta conveniente que las políticas de focalización y de monitoreo dejen de lado la pobreza monetaria para medir el éxito o fracaso de las políticas sociales, y más bien tomen el déficit calórico como la herramienta más apropiada.
Los resultados de la pobreza monetaria son los más populares porque muestran cómo el crecimiento económico habido en nuestro país ha reducido la pobreza; en otras palabras, cómo el modelo económico tiene resultados palpables en la vida de los hogares, aunque –como las últimas elecciones mostraron– el candidato ganador fue el único que cuestionaba las virtudes del modelo económico vigente.
La evolución de la pobreza monetaria muestra una evolución espectacular de acuerdo con este boletín: durante la gestión de Alejandro Toledo –entre el 2001 y el 2006– la pobreza bajó de 55% a 45%, es decir, 10 puntos en cinco años. Y luego, durante los cuatro primeros años de la gestión García –entre el 2006 y el 2010–, la pobreza bajó de 45% a 31%, es decir, 14 puntos en cuatro años.
Si esto fuese cierto, se tendría que la pobreza ha bajado en promedio más de dos puntos por año en las dos últimas gestiones presidenciales, y solo sería materia de tiempo para que la pobreza desaparezca en nuestro país.
El problema que tenemos con este método es su naturaleza artificial, opuesta a mediciones de naturaleza biológica, como cuántos alimentos consume cada persona, cuáles son su talla y su peso, cuál es la mortalidad infantil o la esperanza de vida. En el caso de la pobreza se habla de cuánto dinero necesita un hogar para no ser pobre; en los otros se habla de calorías, centímetros, kilos o años.
De todas estas variables biológicas, la única que se mide desde el 2001 es la del déficit calórico. Esta variable que forma parte de los indicadores de las Metas del Milenio para el seguimiento del Objetivo 1 “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” nos indica el total de calorías consumidas en un hogar, y si este valor es superior o inferior al mínimo de subsistencia.
Cuando se observa la evolución de este indicador del hambre, los resultados son menos espectaculares que los obtenidos con la pobreza monetaria. Durante la gestión Toledo, la pobreza se redujo 10 puntos pero el hambre solo 5 puntos, de 33% a 28%; y durante los primeros cuatro años de la gestión García, mientras la pobreza se redujo en 14 puntos, el hambre no se redujo, ya que fue 28% en el 2006 y 28% en el 2010.
Estos resultados abiertamente contradictorios entre la evolución de la pobreza monetaria y el déficit calórico ameritan una discusión científica para evaluar cuál indicador se debe utilizar para las políticas públicas, tanto para focalizar recursos como para monitorear el impacto de los mismos.
Mientras esta discusión académica se resuelve, resulta conveniente que las políticas de focalización y de monitoreo dejen de lado la pobreza monetaria para medir el éxito o fracaso de las políticas sociales, y más bien tomen el déficit calórico como la herramienta más apropiada.
FUJITOLEDOGARCIA FARUK
En las tres últimas gestiones presidenciales, desde 1995, nuestra economía se ha duplicado. Durante la gestión Fujimori (1995-2000) el PBI creció 28% en total, luego en la gestión Toledo (2001-2006) el PBI creció 31%, y finalmente en la gestión García (2006-2011) el PBI creció 28%. Conviene hacer la salvedad de que las “mejoras metodológicas” aplicadas desde el 2006 han sido excluidas para poder hacer comparables estas tres gestiones presidenciales.
Pero este crecimiento económico no fue uniforme durante los cinco años. Durante el gobierno de Fujimori se registró un máximo de 10% al inicio de su segunda gestión, como resultado del impulso fiscal que facilitó su reelección, y llegó a un mínimo de -1% en su cuarto año de gestión. Durante la administración Toledo, el máximo fue alcanzado en el último año de gestión, con un 7%, y el mínimo en su tercer año, con un 3%. Y durante el mandato de García alcanzó un máximo de 9% en su tercer año de gestión y un mínimo de -3% en su cuarto año.
Es importante observar cómo en la gestión García la distancia entre el máximo y el mínimo es de 12 puntos, mientras en la de Toledo fue de 4 puntos. Es decir, la variabilidad del crecimiento fue el triple con García que con Toledo, y esta variabilidad perjudica las expectativas porque el futuro se torna incierto y difícil de planificar. El problema central a analizar es la predictibilidad de la incertidumbre.
Como se puede ver en el gráfico, nuestro país tiene al presente un techo natural de crecimiento de 6%, y cuando este techo se rebasa, inevitablemente se observa una reducción profunda de la actividad económica. Durante el último año de la gestión Toledo y el primer año de la gestión García, el PBI oscilaba entre 6% y 7%, lo que constituye nuestra velocidad máxima de largo plazo, pero durante el segundo año de la gestión García, el PBI se incrementa innecesariamente de 6% a 9%, para luego tener una caída estrepitosa a -3% en tan solo 15 meses.
Por ello la crisis económica mundial que empezó en 2008 tuvo un efecto amplificado, ya que teniendo una economía sobrecalentada al 9%, la reducción de la demanda mundial de nuestros bienes tuvo un impacto mayor al natural. Pero lo peor es que la gestión García volvió a recalentar la economía en su último año de gestión, y la presente crisis económica mundial volverá a tener un impacto amplificado en lo que va de este año hasta mediados del próximo.
Nuestra economía está inevitablemente atada a la economía mundial en mayor o menor grado desde los tiempos de la Colonia. Después de la hiperinflación de los 80, este vínculo con la economía mundial se ha acentuado, por ello forzar que nuestra economía crezca por encima del 6% es la mejor receta para el desastre, y cuando la presente crisis económica termine, lo último que debe ocurrir es repetir los errores megalómanos de la gestión García.
Pero este crecimiento económico no fue uniforme durante los cinco años. Durante el gobierno de Fujimori se registró un máximo de 10% al inicio de su segunda gestión, como resultado del impulso fiscal que facilitó su reelección, y llegó a un mínimo de -1% en su cuarto año de gestión. Durante la administración Toledo, el máximo fue alcanzado en el último año de gestión, con un 7%, y el mínimo en su tercer año, con un 3%. Y durante el mandato de García alcanzó un máximo de 9% en su tercer año de gestión y un mínimo de -3% en su cuarto año.
Es importante observar cómo en la gestión García la distancia entre el máximo y el mínimo es de 12 puntos, mientras en la de Toledo fue de 4 puntos. Es decir, la variabilidad del crecimiento fue el triple con García que con Toledo, y esta variabilidad perjudica las expectativas porque el futuro se torna incierto y difícil de planificar. El problema central a analizar es la predictibilidad de la incertidumbre.
Como se puede ver en el gráfico, nuestro país tiene al presente un techo natural de crecimiento de 6%, y cuando este techo se rebasa, inevitablemente se observa una reducción profunda de la actividad económica. Durante el último año de la gestión Toledo y el primer año de la gestión García, el PBI oscilaba entre 6% y 7%, lo que constituye nuestra velocidad máxima de largo plazo, pero durante el segundo año de la gestión García, el PBI se incrementa innecesariamente de 6% a 9%, para luego tener una caída estrepitosa a -3% en tan solo 15 meses.
Por ello la crisis económica mundial que empezó en 2008 tuvo un efecto amplificado, ya que teniendo una economía sobrecalentada al 9%, la reducción de la demanda mundial de nuestros bienes tuvo un impacto mayor al natural. Pero lo peor es que la gestión García volvió a recalentar la economía en su último año de gestión, y la presente crisis económica mundial volverá a tener un impacto amplificado en lo que va de este año hasta mediados del próximo.
Nuestra economía está inevitablemente atada a la economía mundial en mayor o menor grado desde los tiempos de la Colonia. Después de la hiperinflación de los 80, este vínculo con la economía mundial se ha acentuado, por ello forzar que nuestra economía crezca por encima del 6% es la mejor receta para el desastre, y cuando la presente crisis económica termine, lo último que debe ocurrir es repetir los errores megalómanos de la gestión García.
crisis USA
En su estudio sobre las crisis y los ciclos económicos publicado en 1939, Joseph Schumpeter plantea una de las teorías más conocidas y fascinantes de los ciclos económicos, según la cual hay en una sociedad industrial ciclos de diferente longitud y determinados por especiales fuerzas. Así tenemos: el ciclo de Kitchin de corta duración, que expresa la dinámica de los planes de producción y de los inventarios; el ciclo de Juglar, que dura entre ocho y once años, el cual estaría influido por los programas de inversión en infraestructura o capital fijo; y, por último, el ciclo de Kondratieff, que dura casi medio siglo y está signado por el impacto de las innovaciones tecnológicas.
A pesar de que desde el inicio de la crisis, a fines del 2007, se han ensayado distintos esquemas de política económica, no se vislumbra aún el fin de la misma. ¿Se percibe ya alguna solución para estas intratables y espeluznantes cuestiones de política? ¿Cuáles son, en todo caso, las distintas visiones en concurso en este debate tan singular? ¿Hay una solución viable o es tan intricado el entrampamiento que solo puede ser desbaratado por la más gigantesca y ruinosa conmoción? Nadie por ahora puede saberlo con certidumbre absoluta, a pesar de los esmerados textos que han aparecido para discutir las supuestas causas de la debacle. Todos ellos atribuyen la crisis a factores tales como la codicia, los fraudes, la contabilidad engañosa, la estructura de incentivos, la falta de regulación, los elevados déficits fiscales, la masiva deuda pública, etc. Sin embargo, el profesor Jürgen Schuldt parece tener una opinión muy diferente.
En su nuevo libro, Transfondo estructural y sociopolítico de la crisis estadounidense, presentado el viernes pasado en la Universidad del Pacífico, Schuldt sostiene de una forma bastante convincente que los factores mencionados en el párrafo anterior son causas tan solo superficiales. Y que la crisis tendría causas mucho más profundas. Para el profesor Schuldt, estas serían fundamentalmente: la pérdida de competitividad de la economía estadounidense, la redistribución regresiva del ingreso y de la riqueza, la nueva división del trabajo a nivel global y la conformación de grupos de poder en torno al sector financiero que se beneficiaron de las burbujas, y que ahora se han convertido en el principal obstáculo para realizar las reformas que reimpulsen el aparato productivo. Como resultado de explorar dichas causas, Jürgen Schuldt llega a la conclusión de que en el escenario más halagüeño la debilidad de la economía estadounidense se extendería durante toda la presente década.
Fundamenta el profesor Schuldt estos argumentos en un texto accesible a cualquier lector, el cual posee abundante material gráfico y utiliza un análisis estadístico comprensible. Sin embargo, quizás lo más interesante del nuevo libro sea su perspectiva, la que intenta fundir las teorías más interesantes de los ciclos económicos, como es el caso del análisis de Schumpeter, la generalización que del modelo hace Mensch, las teorías de la sobreproducción y subconsumo y el análisis de la dinámica financiera de Minsky.
La obra está compuesta por seis capítulos, y en ellos Schuldt expone los nuevos elementos de su visión. En el primero resume los rasgos estructurales del desarrollo estadounidense reciente: la desindustrialización, las limitaciones de la revolución tecnológica de la información y el papel especial que cumplió el sector financiero en los Estados Unidos.
En el segundo y tercer capítulo, Schuldt presenta su célebre hipótesis de subconsumo estructural y para hacerlo resume varios hechos relativamente desconocidos de Estados Unidos –al menos en el Perú– sobre la tendencia regresiva de la redistribución del ingreso. Sus argumentos tratan de demostrar que la tendencia va más hacia el subconsumo que al sobreconsumo. Explica que el subconsumo es una situación en la que los ingresos corrientes de la población no permiten tener el poder de compra necesario para realizar toda la producción de la economía. Es importante la mención del término “corriente” pues este no excluye la posibilidad de endeudamiento. En otras palabras, como las familias norteamericanas no ganan lo suficiente para cubrir su nivel de vida, se ven por cuestiones institucionales obligados a endeudarse. En el cuarto capítulo, sobre desequilibrios macroeconómicos y burbujas hipotecarias, se ofrece un primer resumen del desarrollo financiero en Estados Unidos. El capítulo cinco es un fascinante recuento de la economía política de los intereses financieros, el cual incluye una discusión bastante detallada de las relaciones personales de los integrantes de la llamada “trenza” financiera (principales personajes del mundo financiero y político de Estados Unidos), así como su extracción social, sus redes amicales, su educación común, sus negocios, sus sistemas de protección, sus operaciones concertadas para impedir que la legislación sea contraria a sus intereses, y hasta sus vicios, etc. Finalmente, en el capítulo seis, Schuldt analiza los límites de la política de Obama y los fiascos de la misma.
En suma, se trata de una obra novedosa cuya lectura recomendamos, en especial si el lector desea leer un análisis desde una perspectiva diferente. Dado que la crisis no parece solucionarse y las explicaciones tradicionales no son muy convincentes, resulta prudente explorar otras visiones, las cuales en la ciencia económica siempre han existido pero no han sido suficientemente conocidas.
A pesar de que desde el inicio de la crisis, a fines del 2007, se han ensayado distintos esquemas de política económica, no se vislumbra aún el fin de la misma. ¿Se percibe ya alguna solución para estas intratables y espeluznantes cuestiones de política? ¿Cuáles son, en todo caso, las distintas visiones en concurso en este debate tan singular? ¿Hay una solución viable o es tan intricado el entrampamiento que solo puede ser desbaratado por la más gigantesca y ruinosa conmoción? Nadie por ahora puede saberlo con certidumbre absoluta, a pesar de los esmerados textos que han aparecido para discutir las supuestas causas de la debacle. Todos ellos atribuyen la crisis a factores tales como la codicia, los fraudes, la contabilidad engañosa, la estructura de incentivos, la falta de regulación, los elevados déficits fiscales, la masiva deuda pública, etc. Sin embargo, el profesor Jürgen Schuldt parece tener una opinión muy diferente.
En su nuevo libro, Transfondo estructural y sociopolítico de la crisis estadounidense, presentado el viernes pasado en la Universidad del Pacífico, Schuldt sostiene de una forma bastante convincente que los factores mencionados en el párrafo anterior son causas tan solo superficiales. Y que la crisis tendría causas mucho más profundas. Para el profesor Schuldt, estas serían fundamentalmente: la pérdida de competitividad de la economía estadounidense, la redistribución regresiva del ingreso y de la riqueza, la nueva división del trabajo a nivel global y la conformación de grupos de poder en torno al sector financiero que se beneficiaron de las burbujas, y que ahora se han convertido en el principal obstáculo para realizar las reformas que reimpulsen el aparato productivo. Como resultado de explorar dichas causas, Jürgen Schuldt llega a la conclusión de que en el escenario más halagüeño la debilidad de la economía estadounidense se extendería durante toda la presente década.
Fundamenta el profesor Schuldt estos argumentos en un texto accesible a cualquier lector, el cual posee abundante material gráfico y utiliza un análisis estadístico comprensible. Sin embargo, quizás lo más interesante del nuevo libro sea su perspectiva, la que intenta fundir las teorías más interesantes de los ciclos económicos, como es el caso del análisis de Schumpeter, la generalización que del modelo hace Mensch, las teorías de la sobreproducción y subconsumo y el análisis de la dinámica financiera de Minsky.
La obra está compuesta por seis capítulos, y en ellos Schuldt expone los nuevos elementos de su visión. En el primero resume los rasgos estructurales del desarrollo estadounidense reciente: la desindustrialización, las limitaciones de la revolución tecnológica de la información y el papel especial que cumplió el sector financiero en los Estados Unidos.
En el segundo y tercer capítulo, Schuldt presenta su célebre hipótesis de subconsumo estructural y para hacerlo resume varios hechos relativamente desconocidos de Estados Unidos –al menos en el Perú– sobre la tendencia regresiva de la redistribución del ingreso. Sus argumentos tratan de demostrar que la tendencia va más hacia el subconsumo que al sobreconsumo. Explica que el subconsumo es una situación en la que los ingresos corrientes de la población no permiten tener el poder de compra necesario para realizar toda la producción de la economía. Es importante la mención del término “corriente” pues este no excluye la posibilidad de endeudamiento. En otras palabras, como las familias norteamericanas no ganan lo suficiente para cubrir su nivel de vida, se ven por cuestiones institucionales obligados a endeudarse. En el cuarto capítulo, sobre desequilibrios macroeconómicos y burbujas hipotecarias, se ofrece un primer resumen del desarrollo financiero en Estados Unidos. El capítulo cinco es un fascinante recuento de la economía política de los intereses financieros, el cual incluye una discusión bastante detallada de las relaciones personales de los integrantes de la llamada “trenza” financiera (principales personajes del mundo financiero y político de Estados Unidos), así como su extracción social, sus redes amicales, su educación común, sus negocios, sus sistemas de protección, sus operaciones concertadas para impedir que la legislación sea contraria a sus intereses, y hasta sus vicios, etc. Finalmente, en el capítulo seis, Schuldt analiza los límites de la política de Obama y los fiascos de la misma.
En suma, se trata de una obra novedosa cuya lectura recomendamos, en especial si el lector desea leer un análisis desde una perspectiva diferente. Dado que la crisis no parece solucionarse y las explicaciones tradicionales no son muy convincentes, resulta prudente explorar otras visiones, las cuales en la ciencia económica siempre han existido pero no han sido suficientemente conocidas.
hasta los ricos la ven
Por Javier Diez Canseco
Cuando hablamos de la necesidad de una reforma tributaria que haga que los que ganan más paguen más, nos cae encima un huaico sobre la inamovilidad del capitulo económico de la Constitución fujimorista y sus contratos de estabilidad tributaria, la estabilidad jurídica, la amenaza de que espantaríamos la inversión y la creación de empleos, o que las mineras más poderosas se irían a Chile.
A pocos les importa que el Perú tenga un nivel de recaudación tributaria ridículo, apenas 14% del PBI (es decir, el gobierno recauda $14 de cada $ 100 que se producen en el país). En Brasil la presión tributaria bordea el 35%, Argentina el 30%, Bolivia 20%, Inglaterra el 40% y los países nórdicos el 50%. Un Estado que no recauda lo suficiente es incapaz de manejar una educación o salud públicas universales y de calidad, desarrollar infraestructura de agua y saneamiento, comunicaciones o transporte, dar efectiva seguridad ciudadana. Ello es base de una paz social con canales de solución de conflictos, con legitimidad en la garantía pública a derechos y oportunidades elementales para todos.
Si a la recaudación minúscula agregamos corrupción generalizada e impune, la privatización del Estado al servicio de los grupos de poder y la ineficiencia en el gasto gracias a un Estado minimizado, carente de cuadros formados, sin carrera pública efectiva y con alicientes, y decenas de miles de trabajadores mal pagados y en sistemas de contrata temporal abusiva como el CAS, un país sin planificación del desarrollo, el cuadro del Perú se agrava.
Una reforma tributaria que haga que paguen más los que ganan más es evidente, como la reforma del Estado y la batalla sin cuartel contra la corrupción. La gran meta del MEF este quinquenio es llegar a recaudar 18% del PBI, dijo el ministro en el Congreso. No llegaremos ni al nivel boliviano. Y, además, estamos otra vez más allá del llamado gravamen minero (resultaría inaceptable que no sea un tributo legalmente establecido y solo temporal por el quinquenio), en la versión de que el centro del crecimiento de la recaudación debe venir de ampliar la base tributaria (cosa que puede resultar correcta en profesionales liberales y empresas que evaden o eluden, pero no en la mayoría de una PEA pobre e informal vía impuestos indirectos o abusivos impuestos a salarios exiguos).
¿Es difícil una reforma tributaria? ¿Espanta a los inversionistas? Pues seguramente a aquellos que viven de la evasión y el privilegio. Roberto Lavagna dice que personajes de ese tipo han sacado de Argentina unos $70.000 millones de dólares el pasado quinquenio. Y un interesante artículo de José Nun, en La Nación, nos recuerda que aunque muchos hablan de los pobres y sus problemas, pocos dicen cómo resolverlos y cuál es la responsabilidad de los ricos en esa solución. Y cita al Wall Street Journal, que refiere que los muy ricos son una amenaza para la paz social y demanda: “Fiscalicen a los super-ricos. Y háganlo ahora, antes que el 99% restante desencadene una nueva revolución en EEUU, una implosión y la Gran Depresión 2”.
Nun nos recuerda que en Alemania hay, desde el 2009, cincuenta “ricos por una tasa para los ricos” y que “Warren Buffet, una de las tres personas más ricas del mundo, pide: por favor, dejen de mimar a los ricos con exenciones fiscales… Un aumento de impuestos no atenta contra las inversiones ni contra la creación de empleo”. En agosto pasado, dice, un grupo de ricos han seguido su ejemplo en Francia, pidiendo tributar más. Si ellos la ven, ¿cómo no la vemos nosotros?
Con Fujimori y Boloña se instaló en el Perú un manejo más regresivo de los impuestos: vivir del IGV y los impuestos indirectos que pagan por igual ricos y pobres al consumir, privilegiar a la gran empresa con tasas y exoneraciones a sus ganancias, y regalar la renta de nuestros recursos naturales. Hoy hay que aumentar tasas a los más ricos y sus grandes ganancias, recuperar parte importante de la renta de los recursos naturales y frenar el peso los monopolios y asociaciones de grandes empresas que se llenan de exoneraciones y han manejado el Estado privatizado como su chacra. Los ricos inteligentes y con ética la tienen claro, ¿los peruanos no?
Cuando hablamos de la necesidad de una reforma tributaria que haga que los que ganan más paguen más, nos cae encima un huaico sobre la inamovilidad del capitulo económico de la Constitución fujimorista y sus contratos de estabilidad tributaria, la estabilidad jurídica, la amenaza de que espantaríamos la inversión y la creación de empleos, o que las mineras más poderosas se irían a Chile.
A pocos les importa que el Perú tenga un nivel de recaudación tributaria ridículo, apenas 14% del PBI (es decir, el gobierno recauda $14 de cada $ 100 que se producen en el país). En Brasil la presión tributaria bordea el 35%, Argentina el 30%, Bolivia 20%, Inglaterra el 40% y los países nórdicos el 50%. Un Estado que no recauda lo suficiente es incapaz de manejar una educación o salud públicas universales y de calidad, desarrollar infraestructura de agua y saneamiento, comunicaciones o transporte, dar efectiva seguridad ciudadana. Ello es base de una paz social con canales de solución de conflictos, con legitimidad en la garantía pública a derechos y oportunidades elementales para todos.
Si a la recaudación minúscula agregamos corrupción generalizada e impune, la privatización del Estado al servicio de los grupos de poder y la ineficiencia en el gasto gracias a un Estado minimizado, carente de cuadros formados, sin carrera pública efectiva y con alicientes, y decenas de miles de trabajadores mal pagados y en sistemas de contrata temporal abusiva como el CAS, un país sin planificación del desarrollo, el cuadro del Perú se agrava.
Una reforma tributaria que haga que paguen más los que ganan más es evidente, como la reforma del Estado y la batalla sin cuartel contra la corrupción. La gran meta del MEF este quinquenio es llegar a recaudar 18% del PBI, dijo el ministro en el Congreso. No llegaremos ni al nivel boliviano. Y, además, estamos otra vez más allá del llamado gravamen minero (resultaría inaceptable que no sea un tributo legalmente establecido y solo temporal por el quinquenio), en la versión de que el centro del crecimiento de la recaudación debe venir de ampliar la base tributaria (cosa que puede resultar correcta en profesionales liberales y empresas que evaden o eluden, pero no en la mayoría de una PEA pobre e informal vía impuestos indirectos o abusivos impuestos a salarios exiguos).
¿Es difícil una reforma tributaria? ¿Espanta a los inversionistas? Pues seguramente a aquellos que viven de la evasión y el privilegio. Roberto Lavagna dice que personajes de ese tipo han sacado de Argentina unos $70.000 millones de dólares el pasado quinquenio. Y un interesante artículo de José Nun, en La Nación, nos recuerda que aunque muchos hablan de los pobres y sus problemas, pocos dicen cómo resolverlos y cuál es la responsabilidad de los ricos en esa solución. Y cita al Wall Street Journal, que refiere que los muy ricos son una amenaza para la paz social y demanda: “Fiscalicen a los super-ricos. Y háganlo ahora, antes que el 99% restante desencadene una nueva revolución en EEUU, una implosión y la Gran Depresión 2”.
Nun nos recuerda que en Alemania hay, desde el 2009, cincuenta “ricos por una tasa para los ricos” y que “Warren Buffet, una de las tres personas más ricas del mundo, pide: por favor, dejen de mimar a los ricos con exenciones fiscales… Un aumento de impuestos no atenta contra las inversiones ni contra la creación de empleo”. En agosto pasado, dice, un grupo de ricos han seguido su ejemplo en Francia, pidiendo tributar más. Si ellos la ven, ¿cómo no la vemos nosotros?
Con Fujimori y Boloña se instaló en el Perú un manejo más regresivo de los impuestos: vivir del IGV y los impuestos indirectos que pagan por igual ricos y pobres al consumir, privilegiar a la gran empresa con tasas y exoneraciones a sus ganancias, y regalar la renta de nuestros recursos naturales. Hoy hay que aumentar tasas a los más ricos y sus grandes ganancias, recuperar parte importante de la renta de los recursos naturales y frenar el peso los monopolios y asociaciones de grandes empresas que se llenan de exoneraciones y han manejado el Estado privatizado como su chacra. Los ricos inteligentes y con ética la tienen claro, ¿los peruanos no?
imprescriptible
Javier Diez Canseco
La semana pasada nos ha planteado, nuevamente, que estamos ante un proceso político cuyo rumbo –más allá de programas y hoja de ruta– se define día a día. El discurso del presidente Humala ante la Asamblea de la ONU fue impecable. Reafirmó el compromiso con el desarrollo social: crecimiento con inclusión. Insistió en democratizar la democracia: participación y concertación ciudadana. No calló frente a la crisis mundial generada en el norte que nos amenaza, al enorme poder de las grandes corporaciones para chantajear a los Estados, imponerse frente a la protección del medio ambiente, y defender sus intereses. Tampoco calló frente al inmoral bloqueo a Cuba y al derecho del Estado palestino a tener representación, como tal, en la ONU, aunque dejó implícita la crisis en el mundo árabe y el rol de los grandes consorcios petroleros en ella. Demandó la ampliación del Consejo de Seguridad y fortalecer el Consejo Económico y Social para democratizar este foro multilateral.
Pero, en el país, la batalla por el cambio continuaba. La Comisión de Constitución esperaba se debata, mas allá de la oposición fujimorista y de derecha, la reforma constitucional que declara imprescriptible la persecución de los delitos de corrupción grave contra el Estado y coloca a los corruptores privados en el mismo nivel que los funcionarios corruptos. También la conformación de la Comisión Investigadora de los llamados faenones del quinquenio pasado y de Forsur.
Sin embargo, lo central fue la cobranza de tributos que aumenten los impuestos a la enorme renta minera que hoy se llevan fuera un puñado de grandes consorcios internacionales. El punto de partida era el Acta firmada el 24 de agosto entre la Sociedad Nacional de Minería y el gobierno que comprometía no menos de 3,000 millones de soles adicionales de recaudación de las empresas mineras, tal y como lo informara el Primer Ministro al Congreso. Pero resulta que la propuesta de leyes presentadas (MEF y MINEM), luego discutidas y aprobadas por las Comisiones de Economía y de Energía y Minas del Congreso, incluían una letra chica que deja la recaudación un 50% de lo pactado.
Es importante recaudar cerca de 1,600 millones de nuevos soles al año, pero el compromiso era S/.3,000 millones. Y al reducir lo que se recaude de la renta de las mineras, estas dejarán de pagar cerca de 900 millones de soles anuales de impuesto a la renta (como admitió el MEF).
Además, el escenario de precios establecido para la recaudación es muy optimista pues se avecina una crisis internacional que afectará precios de minerales, salvo el oro. Así, el cobre está ya a $3.33 la libra cuando el BCR y Apoyo calculaban $4.21 la libra este año, lo que hará caer los montos, sobre todo porque han cambiado la ley de regalías. Ahora se cobrarían tasas a la renta bruta (masa menor) y no sobre las ventas brutas o la producción, lo que es una masa monetaria mucho mayor y más estable (como estaba establecido aquí, en Canadá y otros países). Un plus: las mineras dejarán de aportar el Óbolo que, aunque figura penosa y manejada por las mismas empresas, representaba unos S/.450 millones anuales que ya no se darán. Así, el lobby minero parece haber bajado a 50% lo comprometido, mientras el gobierno puede abrirse un frente problemático con regiones y provincias que verían disminuido el canon que reciben, pues el grueso de lo nuevo recibido irá para necesarias obras de infraestructura que favorecerán al país.
Se han dado problemas en otros frentes. La muerte de tres niños en Cajamarca por envenenamiento, en un hecho que parece involucrar al Pronaa y que está bajo investigación, volvió a recordar la urgencia de encarar la situación de los siempre excluidos y marginados. Un mal manejo de un conflicto en Tacna causó numerosos heridos, porque el MEM no reguló adecuadamente una audiencia pública sobre la ampliación de una concentradora en Toquepala (Southern) que afecta el agua para esa frontera sur. Y el BCR y la SBS siguen sin intervenir para bajar los intereses usureros que cobran los bancos y almacenes comerciales. Un escenario complejo, de avances y logros, pero que también evidencia que la derecha está activa.
La semana pasada nos ha planteado, nuevamente, que estamos ante un proceso político cuyo rumbo –más allá de programas y hoja de ruta– se define día a día. El discurso del presidente Humala ante la Asamblea de la ONU fue impecable. Reafirmó el compromiso con el desarrollo social: crecimiento con inclusión. Insistió en democratizar la democracia: participación y concertación ciudadana. No calló frente a la crisis mundial generada en el norte que nos amenaza, al enorme poder de las grandes corporaciones para chantajear a los Estados, imponerse frente a la protección del medio ambiente, y defender sus intereses. Tampoco calló frente al inmoral bloqueo a Cuba y al derecho del Estado palestino a tener representación, como tal, en la ONU, aunque dejó implícita la crisis en el mundo árabe y el rol de los grandes consorcios petroleros en ella. Demandó la ampliación del Consejo de Seguridad y fortalecer el Consejo Económico y Social para democratizar este foro multilateral.
Pero, en el país, la batalla por el cambio continuaba. La Comisión de Constitución esperaba se debata, mas allá de la oposición fujimorista y de derecha, la reforma constitucional que declara imprescriptible la persecución de los delitos de corrupción grave contra el Estado y coloca a los corruptores privados en el mismo nivel que los funcionarios corruptos. También la conformación de la Comisión Investigadora de los llamados faenones del quinquenio pasado y de Forsur.
Sin embargo, lo central fue la cobranza de tributos que aumenten los impuestos a la enorme renta minera que hoy se llevan fuera un puñado de grandes consorcios internacionales. El punto de partida era el Acta firmada el 24 de agosto entre la Sociedad Nacional de Minería y el gobierno que comprometía no menos de 3,000 millones de soles adicionales de recaudación de las empresas mineras, tal y como lo informara el Primer Ministro al Congreso. Pero resulta que la propuesta de leyes presentadas (MEF y MINEM), luego discutidas y aprobadas por las Comisiones de Economía y de Energía y Minas del Congreso, incluían una letra chica que deja la recaudación un 50% de lo pactado.
Es importante recaudar cerca de 1,600 millones de nuevos soles al año, pero el compromiso era S/.3,000 millones. Y al reducir lo que se recaude de la renta de las mineras, estas dejarán de pagar cerca de 900 millones de soles anuales de impuesto a la renta (como admitió el MEF).
Además, el escenario de precios establecido para la recaudación es muy optimista pues se avecina una crisis internacional que afectará precios de minerales, salvo el oro. Así, el cobre está ya a $3.33 la libra cuando el BCR y Apoyo calculaban $4.21 la libra este año, lo que hará caer los montos, sobre todo porque han cambiado la ley de regalías. Ahora se cobrarían tasas a la renta bruta (masa menor) y no sobre las ventas brutas o la producción, lo que es una masa monetaria mucho mayor y más estable (como estaba establecido aquí, en Canadá y otros países). Un plus: las mineras dejarán de aportar el Óbolo que, aunque figura penosa y manejada por las mismas empresas, representaba unos S/.450 millones anuales que ya no se darán. Así, el lobby minero parece haber bajado a 50% lo comprometido, mientras el gobierno puede abrirse un frente problemático con regiones y provincias que verían disminuido el canon que reciben, pues el grueso de lo nuevo recibido irá para necesarias obras de infraestructura que favorecerán al país.
Se han dado problemas en otros frentes. La muerte de tres niños en Cajamarca por envenenamiento, en un hecho que parece involucrar al Pronaa y que está bajo investigación, volvió a recordar la urgencia de encarar la situación de los siempre excluidos y marginados. Un mal manejo de un conflicto en Tacna causó numerosos heridos, porque el MEM no reguló adecuadamente una audiencia pública sobre la ampliación de una concentradora en Toquepala (Southern) que afecta el agua para esa frontera sur. Y el BCR y la SBS siguen sin intervenir para bajar los intereses usureros que cobran los bancos y almacenes comerciales. Un escenario complejo, de avances y logros, pero que también evidencia que la derecha está activa.