POLITICA ENERGETICA EN DEBATE

La izquierda peruana entra al proceso electoral dividida. Unos van detrás del nacionalismo de Ollanta Humala y otros detrás del centrismo de Susana Villarán, y otros se disponen a comentar la intervención de los anteriores.



Un tema frente al que se necesitan propuestas alternativas claras es el que se refiere a la estrategia energética del país. La estrategia actual tiene tres pilares: exportar el gas de la Amazonía, sacar petróleo de la Amazonía para abastecer la creciente demanda de los grandes proyectos mineros, y construir hidroeléctricas en la Amazonía para abastecer a la agroindustria y la minería brasileña. En todos los casos, son de esperar efectos devastadores sobre la Amazonía, los recursos naturales que alberga y las gentes que la habitan. Alternativas

Primero, frenar la exportación de gas y destinarlo a cambiar la matriz energética peruana reemplazando al petróleo. Esa sola medida permitiría –en el mediano plazo- hacer innecesarias las nuevas concesiones para exploración y extracción petrolera y, eventualmente, hasta cerrar los pozos petroleros ahora en explotación.

Luego, bajar el crecimiento de la demanda energética frenando el ritmo de inversión minera. Suena imposible. Bueno, la verdad es que mayor parte de los nuevos proyectos de inversión minera no tienen licencia social ni ambiental, por lo que su puesta en marcha es ya en los hechos inviable.

Finalmente, desconocer el acuerdo energético con Brasil y pasar a una política de pequeñas irrigaciones en sierra y ceja de selva que se articulen directamente a las demandas de consumo y producción de esos territorios. Es que ellos prestan la plata y después cobran capital e intereses. Sus empresas constructoras se ganan con los contratos de obra. Y sus poblaciones y sus empresarios se benefician de la energía. El Perú paga capital más intereses y asume el costo social y ambiental.

El nacionalismo ha sido claro sobre la necesidad de frenar la exportación del gas. Falta ver si FS puede romper con la orientación del ex ministro Jaime Quijandría, que –cuando era Ministro del Gobierno de Toledo- hizo las cuestionadas modificaciones al contrato para permitir la exportación.