Por: Manuel Burga
El artículo de María José Ampuero, ‘Los zares de la educación’, en el último número de Semana Económica, desnuda –aunque no en su totalidad– la estrecha relación entre los dueños de las universidades-empresa y el poder político. Esta suerte de nueva estructura de poder se comenzó a construir, con viento muy favorable, desde 1996, con la promulgación del DL 882 en el apogeo del fujimorismo, que legalizó la inversión privada con fines de lucro en educación. Estos “zares” de la educación son hijos de la globalización neoliberal. Pero hay otros, la contrapartida de estos, aquellos personajes, políticos, universitarios y académicos, que desde hace más de una década están tejiendo y destejiendo proyectos de ley universitaria, sin suerte alguna. Los zares han podido más, evidentemente, que los propios universitarios en la década pasada.¿Continuará esta situación con el presente gobierno?
El artículo de Ampuero presenta una lista de 17 zares de la educación, y muestra sus relaciones con la función congresal y las universidades que fundaron y que poseen, pero con algunas ausencias notables. Entre los presentes encontramos a César Acuña Peralta, su hijo Richard (hoy congresista), Raúl Diez Canseco, Roger Amuruz Gallegos, Fernando Barrio Ipinza, José Luis Elías Ávalos (congresista) y once más. Todos ellos dueños de universidades; pero sin duda faltan los grandes, los zares con avión, como Fidel Ramírez de Alas Peruanas (57.000 estudiantes) y José Antonio Chang de la USMP (31.000).
Estos zares controlaron el Congreso en los gobiernos de Toledo y García Pérez. En el primero preferentemente el Legislativo, y en el segundo el Legislativo y el Ejecutivo. Con José Antonio Chang esta estructura de poder alcanzó su apogeo, tanto que como ministro se dio el lujo de inducir al presidente García a observar la ley que modificaba la forma de elección de autoridades en las universidades públicas y suprimir la CAFME, cuando este puso exigencias para el funcionamiento de su facultad de medicina en Chiclayo. Además, Alan García y su ministro preferido entretuvieron a los docentes de las públicas dilatando el cumplimiento de las metas de la homologación.
¿En qué situación nos encontramos ahora? Tengo la impresión de que con el gobierno del Apra terminó ese control de los “zares” sobre el Legislativo y el Ejecutivo, y me parece que ahora se podría iniciar el periodo de los que verdaderamente están interesados en la universidad: los universitarios, grupo en el que se pueden incluir a los congresistas sinceramente preocupados por la educación, que desde el año 2001, o antes, elaboran, reelaboran, maquillan, copian, transcriben, a veces de manera muy evidente, proyectos de ley universitaria, antiguos y recientes, que se conservan en archivos virtuales y materiales. Muchos hemos ayudado a poner retazos en esos trajes de arlequín que son los proyectos de ley universitaria que hasta ahora reposan en el archivo de la Comisión de Educación.
La Universidad Antonio Ruiz de Montoya realiza, en estos días, el simposio ¿A dónde va la universidad peruana?, con la intención de crear un espacio de encuentro y debate para ofrecer nuevas respuestas a esa gran pregunta. ¿Los zares seguirán su camino de ascenso? ¿Cómo reaccionarán las privadas sin fines de lucro y cómo las públicas, atrapadas en sus luchas por el poder? ¿Podrán salir de sus dificultades sin una nueva ley universitaria?
El gobierno actual pretende derogar la Ley 29766 que brindaba beneficios tributarios a las universidades-empresas. ¿Podrá hacerlo? Pero por qué detenerse en estos pequeños atajos conseguidos en la época del fujimorismo y por qué no discutir las cosas esenciales, como una nueva ley universitaria que devuelva la calidad, pertinencia y la investigación a la universidad peruana.
domingo, 30 de octubre de 2011
90 dias
Por: Javier Diez Canseco
A 90 días de instalado el gobierno de Humala, la estrategia de la derecha más conservadora es clara. Aunque perdieron, buscaron imponer, desde los poderes fácticos económicos y mediáticos, el control sobre centros de decisión económica y financiera gubernamental. La concertación con PP, SP y AP había dado mayoría electoral a Humala, pero –una vez más– quedó claro que las mayorías electorales (si no son mayorías sociales y políticas organizadas) resultan insuficientes para gobernar: el peso de los poderes fácticos y su capacidad desestabilizadora logra colocarse por encima de las elecciones. Su inmediata manipulación de la bolsa de valores y el mercado cambiario dio mensaje claro al día siguiente de la elección y, en semanas, lograron presencia en la gestión.
Poderosos gremios de grupos de poder económico abrieron rápida negociación sobre los cambios que afectarían la renta que se llevan ante una política gubernamental que acentúa el crecimiento con justicia e inclusión social, resaltando el caso de la minería y el gas. La negociación concertada llevó a que la SNM acepte, en acta suscrita, pagar 3,000 millones de soles anuales adicionales en tributos: un cambio importante ante el óbolo minero de García, voluntario y manejado por las mismas empresas. Este monto irá a la caja fiscal, aunque puede caer algo en canon en ciertas regiones. Pero, en las normas, la sustitución del impuesto a las sobreganancias por los gravámenes y nuevas regalías hace que la nueva recaudación bordee 50% de lo firmado (incluidos nuevos proyectos) y la crisis internacional promueve una caída de precios.
La derecha mediática y política, buscando rearticular su relación con la derecha económica después del desastre electoral, se lanzó a campañas para desestabilizar el primer gabinete de Salomón Lerner y desgastar al Congreso. En mucho, las campañas han sido puramente ideológicas y arbitrarias, y otras se han basado en problemas derivados de la débil institucionalidad partidaria y sus problemas al elegir candidatos. También buscan evitar la investigación a fondo de la anterior gestión. Han mostrado estar dispuestos a valerse de todo. ¿El objetivo? Quebrar la alianza del nacionalismo con las izquierdas, movimientos progresistas, gobiernos regionales y movimientos sociales, romper la concertación para capturar el poder, destruir el gabinete arcoíris y lograr su control, arrinconando al Presidente o yendo más allá aún. Si tuvieran margen de maniobra militar podrían intentarlo, como la historia reciente y pasada lo muestra.
Han sido puestos en la mira numerosos ministros. El de Justicia, Francisco Eguiguren (partidario del cambio constitucional), el canciller Roncagliolo (pro-UNASUR, condena al bloqueo a Cuba, reconocimiento del Estado Palestino y del derecho a la autodeterminación saharaui), Ricardo Soberón, DeVida (por su estrategia integral alternativa contra las drogas), Susana Baca de Cultura y Aída García Naranjo por el lamentable caso de Redondo y Pronaa, del que carece de responsabilidad. Recientemente se removió a la Jefa de Indepa por rechazar un estudio de impacto ambiental de Repsol y al viceministro de Multiculturalidad en lo que parece ser el intento de impedir un reglamento de la Ley de Consulta Previa único (y no tasajeado entre diferentes ministerios) que se elabore con los mismos pueblos originarios. En el Congreso su objetivo es desbaratar la investigación del régimen anterior.
En el movimiento social la Consulta Previa efectiva provoca pronunciamientos y demandas. Los sectores laborales y populares apoyan avances en temas laborales y programas sociales (Cuna Más, Pensión 65, más recaudación minera, etc.), pero demandan aumento del salario mínimo hasta los S/.750, trabajo decente, fin al abuso de contratas y CAS, recuperación del lote 88 de Camisea para uso nacional y abaratar el gas, etc. y otros demandan definiciones ante nuevos TLC como el de la UE y la cuenca del Pacífico, que impondría peores condiciones que las actuales. El reto es avanzar en los cambios, con este marco político arcoíris y construir una mayoría política y social que garantice un país democrático e inclusivo.
A 90 días de instalado el gobierno de Humala, la estrategia de la derecha más conservadora es clara. Aunque perdieron, buscaron imponer, desde los poderes fácticos económicos y mediáticos, el control sobre centros de decisión económica y financiera gubernamental. La concertación con PP, SP y AP había dado mayoría electoral a Humala, pero –una vez más– quedó claro que las mayorías electorales (si no son mayorías sociales y políticas organizadas) resultan insuficientes para gobernar: el peso de los poderes fácticos y su capacidad desestabilizadora logra colocarse por encima de las elecciones. Su inmediata manipulación de la bolsa de valores y el mercado cambiario dio mensaje claro al día siguiente de la elección y, en semanas, lograron presencia en la gestión.
Poderosos gremios de grupos de poder económico abrieron rápida negociación sobre los cambios que afectarían la renta que se llevan ante una política gubernamental que acentúa el crecimiento con justicia e inclusión social, resaltando el caso de la minería y el gas. La negociación concertada llevó a que la SNM acepte, en acta suscrita, pagar 3,000 millones de soles anuales adicionales en tributos: un cambio importante ante el óbolo minero de García, voluntario y manejado por las mismas empresas. Este monto irá a la caja fiscal, aunque puede caer algo en canon en ciertas regiones. Pero, en las normas, la sustitución del impuesto a las sobreganancias por los gravámenes y nuevas regalías hace que la nueva recaudación bordee 50% de lo firmado (incluidos nuevos proyectos) y la crisis internacional promueve una caída de precios.
La derecha mediática y política, buscando rearticular su relación con la derecha económica después del desastre electoral, se lanzó a campañas para desestabilizar el primer gabinete de Salomón Lerner y desgastar al Congreso. En mucho, las campañas han sido puramente ideológicas y arbitrarias, y otras se han basado en problemas derivados de la débil institucionalidad partidaria y sus problemas al elegir candidatos. También buscan evitar la investigación a fondo de la anterior gestión. Han mostrado estar dispuestos a valerse de todo. ¿El objetivo? Quebrar la alianza del nacionalismo con las izquierdas, movimientos progresistas, gobiernos regionales y movimientos sociales, romper la concertación para capturar el poder, destruir el gabinete arcoíris y lograr su control, arrinconando al Presidente o yendo más allá aún. Si tuvieran margen de maniobra militar podrían intentarlo, como la historia reciente y pasada lo muestra.
Han sido puestos en la mira numerosos ministros. El de Justicia, Francisco Eguiguren (partidario del cambio constitucional), el canciller Roncagliolo (pro-UNASUR, condena al bloqueo a Cuba, reconocimiento del Estado Palestino y del derecho a la autodeterminación saharaui), Ricardo Soberón, DeVida (por su estrategia integral alternativa contra las drogas), Susana Baca de Cultura y Aída García Naranjo por el lamentable caso de Redondo y Pronaa, del que carece de responsabilidad. Recientemente se removió a la Jefa de Indepa por rechazar un estudio de impacto ambiental de Repsol y al viceministro de Multiculturalidad en lo que parece ser el intento de impedir un reglamento de la Ley de Consulta Previa único (y no tasajeado entre diferentes ministerios) que se elabore con los mismos pueblos originarios. En el Congreso su objetivo es desbaratar la investigación del régimen anterior.
En el movimiento social la Consulta Previa efectiva provoca pronunciamientos y demandas. Los sectores laborales y populares apoyan avances en temas laborales y programas sociales (Cuna Más, Pensión 65, más recaudación minera, etc.), pero demandan aumento del salario mínimo hasta los S/.750, trabajo decente, fin al abuso de contratas y CAS, recuperación del lote 88 de Camisea para uso nacional y abaratar el gas, etc. y otros demandan definiciones ante nuevos TLC como el de la UE y la cuenca del Pacífico, que impondría peores condiciones que las actuales. El reto es avanzar en los cambios, con este marco político arcoíris y construir una mayoría política y social que garantice un país democrático e inclusivo.
domingo, 16 de octubre de 2011
CHUPAS
Por Antonio Zapata
El 16 de setiembre de 1542 se peleó la batalla de Chupas entre los leales al Rey, comandados por Cristóbal Vaca de Castro, contra los rebeldes, conducidos por Diego de Almagro el Mozo, quien fue derrotado y posteriormente ajusticiado. Fue la batalla más sangrienta de las guerras civiles entre conquistadores, habiendo sido muertos o malheridos más de la mitad de los participantes. En las colinas que rodean la pampa estuvieron apostados numerosos indígenas, que hicieron fiesta durante la lucha y al caer la noche, remataron a los heridos, saqueando los escombros en medio del regocijo general. Los españoles se habían matado entre ellos.
En Chupas desapareció el bando almagrista, que venía en picada, puesto que no había hallado nada interesante en Chile y se había enfrascado en un duelo a muerte con los Pizarro. Poco antes, en la batalla de las Salinas, Hernando Pizarro había derrotado a Diego de Almagro el Viejo y lo había ajusticiado. Como venganza, los almagristas asesinaron a Francisco Pizarro en junio de 1541; proclamaron como gobernador a Almagro el Mozo y desataron una feroz represión contra los partidarios del Marqués, quienes se habían hecho increíblemente ricos en breve tiempo.
Almagro el Mozo era mestizo, hijo de amerindia panameña y heredero legal de su padre, el socio de la Conquista. Tenía apenas 20 años y al comienzo fue una figura menor dirigida por los viejos capitanes de su padre. Pero, en el curso del año que le tocó actuar, culminó destacando y combatiendo con ardor y eficiencia en Chupas, no obstante su derrota. Luego, huyó para intentar llegar al campamento de Manco Inca, pero fue atrapado en el Cusco y condenado por traición. Fue el primer mestizo que gobernó el Perú y habrían de pasar 300 años para encontrar otro caso.
Por su parte, Vaca de Castro era un juez enviado por el Rey a Sudamérica, dotado de amplios poderes para enfrentar las guerras civiles entre españoles. Su bando fue creciendo y se le sumaron numerosos conquistadores; la bandera del Rey era poderosa y la lealtad a España era superior a los odios entre las facciones.
Ambos ejércitos se encontraron en Chupas, que es una pampa alta y verde, situada cerca de Huamanga. Vaca de Castro tenía 700 hombres y su principal fuerza era una caballería numerosa y de calidad. Pero Almagro el Mozo había reunido hasta 600 combatientes y disponía de artillería y arcabuceros. El jefe artillero era el célebre Pedro de Candia, quien había participado en la captura de Atahualpa. Pero ocurrió que, comenzada la batalla, los tiros iban muy elevados, sin hacer daño a las tropas leales al Rey, que continuaban su marcha. Almagro se enfureció; personalmente asesinó a Candia y dirigió la artillería que hizo mella entre sus enemigos.
Esa muerte culminaba un largo proceso de disensiones internas y sospechas de traición, que habían minado el campo almagrista.
Mientras que, los conducidos por Vaca de Castro estaban férreamente unidos, porque eran los pizarristas decididos a vengar la muerte del Marqués y recuperar el control del Perú. Este campo manejaba una política de promesas y amenazas que diariamente le traía refuerzos.
La batalla fue feroz y se libró en dos horas antes de la oscuridad; a las ocho de la noche estaba consumada la derrota de Almagro el Mozo. Los restos de los caídos en Chupas fueron sepultados en la cripta de la iglesia más antigua de Huamanga. Del joven Almagro dijo Garcilaso: “si hubiera sido leal al rey habría sido el mejor mestizo que habían parido estas tierras americanas”.
En el Perú, nunca ha sido fácil enfrentar a los de arriba, puesto que los poderosos siempre encuentran cómo sembrar discordia entre los partidarios del cambio. Desde Almagro el Mozo hasta Ollanta Humala, ciertas actitudes se repiten cuando los cholos pretenden cambiar el curso de las cosas.
El 16 de setiembre de 1542 se peleó la batalla de Chupas entre los leales al Rey, comandados por Cristóbal Vaca de Castro, contra los rebeldes, conducidos por Diego de Almagro el Mozo, quien fue derrotado y posteriormente ajusticiado. Fue la batalla más sangrienta de las guerras civiles entre conquistadores, habiendo sido muertos o malheridos más de la mitad de los participantes. En las colinas que rodean la pampa estuvieron apostados numerosos indígenas, que hicieron fiesta durante la lucha y al caer la noche, remataron a los heridos, saqueando los escombros en medio del regocijo general. Los españoles se habían matado entre ellos.
En Chupas desapareció el bando almagrista, que venía en picada, puesto que no había hallado nada interesante en Chile y se había enfrascado en un duelo a muerte con los Pizarro. Poco antes, en la batalla de las Salinas, Hernando Pizarro había derrotado a Diego de Almagro el Viejo y lo había ajusticiado. Como venganza, los almagristas asesinaron a Francisco Pizarro en junio de 1541; proclamaron como gobernador a Almagro el Mozo y desataron una feroz represión contra los partidarios del Marqués, quienes se habían hecho increíblemente ricos en breve tiempo.
Almagro el Mozo era mestizo, hijo de amerindia panameña y heredero legal de su padre, el socio de la Conquista. Tenía apenas 20 años y al comienzo fue una figura menor dirigida por los viejos capitanes de su padre. Pero, en el curso del año que le tocó actuar, culminó destacando y combatiendo con ardor y eficiencia en Chupas, no obstante su derrota. Luego, huyó para intentar llegar al campamento de Manco Inca, pero fue atrapado en el Cusco y condenado por traición. Fue el primer mestizo que gobernó el Perú y habrían de pasar 300 años para encontrar otro caso.
Por su parte, Vaca de Castro era un juez enviado por el Rey a Sudamérica, dotado de amplios poderes para enfrentar las guerras civiles entre españoles. Su bando fue creciendo y se le sumaron numerosos conquistadores; la bandera del Rey era poderosa y la lealtad a España era superior a los odios entre las facciones.
Ambos ejércitos se encontraron en Chupas, que es una pampa alta y verde, situada cerca de Huamanga. Vaca de Castro tenía 700 hombres y su principal fuerza era una caballería numerosa y de calidad. Pero Almagro el Mozo había reunido hasta 600 combatientes y disponía de artillería y arcabuceros. El jefe artillero era el célebre Pedro de Candia, quien había participado en la captura de Atahualpa. Pero ocurrió que, comenzada la batalla, los tiros iban muy elevados, sin hacer daño a las tropas leales al Rey, que continuaban su marcha. Almagro se enfureció; personalmente asesinó a Candia y dirigió la artillería que hizo mella entre sus enemigos.
Esa muerte culminaba un largo proceso de disensiones internas y sospechas de traición, que habían minado el campo almagrista.
Mientras que, los conducidos por Vaca de Castro estaban férreamente unidos, porque eran los pizarristas decididos a vengar la muerte del Marqués y recuperar el control del Perú. Este campo manejaba una política de promesas y amenazas que diariamente le traía refuerzos.
La batalla fue feroz y se libró en dos horas antes de la oscuridad; a las ocho de la noche estaba consumada la derrota de Almagro el Mozo. Los restos de los caídos en Chupas fueron sepultados en la cripta de la iglesia más antigua de Huamanga. Del joven Almagro dijo Garcilaso: “si hubiera sido leal al rey habría sido el mejor mestizo que habían parido estas tierras americanas”.
En el Perú, nunca ha sido fácil enfrentar a los de arriba, puesto que los poderosos siempre encuentran cómo sembrar discordia entre los partidarios del cambio. Desde Almagro el Mozo hasta Ollanta Humala, ciertas actitudes se repiten cuando los cholos pretenden cambiar el curso de las cosas.
DERECHA
Alberto Adrianzén
Imprimir
Han pasado dos meses de la asunción presidencial de Ollanta Humala y cabe preguntarse si lo que viene sucediendo con la derecha política –atrincherada en algunos medios de comunicación y en el fujimorismo– es el anuncio de lo que será en el futuro. Porque, en verdad, su comportamiento en todo ese tiempo, además de lamentable, nos dice que nada bueno podemos esperar de ella.
El comportamiento de un sector, dizque liberal, que se esconde bajo las sotanas de una iglesia por lo demás conservadora; que moviliza a sectores fundamentalistas para atacar a funcionarios de este gobierno por el solo hecho de pensar diferente; que embiste contra ministros de una manera mentirosa, nos anuncia que nada será fácil. Esa derecha, que Ludolfo Paramio llama la “derecha rabiosa”, nos dice también del carácter conservador de la misma.
Asuntos como los de la universidad católica, el aborto terapéutico y otros temas similares son, en verdad, relevantes si se quiere cambiar el hoy sentido conservador de una parte de nuestra sociedad. Combatir esta suerte de sentido común, que esta “derecha rabiosa” defiende a sangre y fuego, no solo es bueno para el gobierno sino, incluso, para un liberalismo peruano que vive atrapado entre un temor reaccionario hacia las clases populares (particularmente si son andinos) y una hegemonía católica conservadora tan bien expresada en estos días por el cardenal Juan Luis Cipriani. Por ello, siempre he creído que el neoliberalismo peruano es una simple coartada de una cultura oligárquica que se niega a morir pese al avance de la modernidad y de la modernización en nuestro país.
Porque resulta hasta cómico ver cómo estos sectores (Correo, Expreso y La Razón,) defienden lo que Giovanni Sartori califica como las principales amenazas a la democracia: la cruz y la espada. Patrocinan tanto un catolicismo decimonónico trasnochado como un militarismo que lleva por bandera la impunidad. Llamarse o autoproclamarse liberal y defender al Vaticano, incluso contra las leyes peruanas, no es solo un contrasentido en estos tiempos sino también una farsa política. En verdad, una estafa que nada tiene que ver con un auténtico liberalismo.
Sin embargo, ya conocemos sus objetivos: por un lado, “toledizar” a Ollanta Humala, es decir, hacer depender la popularidad presidencial de las carátulas o primeras planas de algunos medios y, por otro, definir una nueva composición de este gobierno mediante campañas contra lo que podemos calificar de sector “progresista” (ellos lo llaman “caviar”). Por eso, salen de “caza” casi todos los días buscando a su víctima para “liquidarla” políticamente. Lo que buscan es que “rueden cabezas” de funcionarios progresistas de este gobierno en un plazo corto.
Y si bien la lista es más o menos larga, las principales “víctimas” han sido: Ricardo Soberón, la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, y su entorno de asesores como viene sucediendo en estos días; Susana Chávez, asesora en el ministerio de Salud por ser una defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; el canciller Rafael Roncagliolo y hasta el mismo Presidente y su esposa.
Lo que pretenden, en última instancia, es establecer un pacto con la derecha económica –que ahora está negociando con el gobierno– sobre la base de que pueden ser “útiles” a sus intereses. Para ello tienen que mostrar toda su “artillería” y lo que podemos llamar “toda su capacidad de fuego”. Por eso la exageración y el disfuerzo político de estos días.
En este contexto, el dato más importante de estas primeras semanas es, acaso, esta suerte de división entre una derecha económica pragmática y una ultraderecha política (y mediática) extremadamente ideologizada y mentirosa que camina, así lo esperamos, a su autoaislamiento. Se puede afirmar que un resultado de estos dos meses de gobierno de Ollanta Humala, entre otros, es la fisura, después de muchos años, de la propia derecha. Y eso es bueno.
Imprimir
Han pasado dos meses de la asunción presidencial de Ollanta Humala y cabe preguntarse si lo que viene sucediendo con la derecha política –atrincherada en algunos medios de comunicación y en el fujimorismo– es el anuncio de lo que será en el futuro. Porque, en verdad, su comportamiento en todo ese tiempo, además de lamentable, nos dice que nada bueno podemos esperar de ella.
El comportamiento de un sector, dizque liberal, que se esconde bajo las sotanas de una iglesia por lo demás conservadora; que moviliza a sectores fundamentalistas para atacar a funcionarios de este gobierno por el solo hecho de pensar diferente; que embiste contra ministros de una manera mentirosa, nos anuncia que nada será fácil. Esa derecha, que Ludolfo Paramio llama la “derecha rabiosa”, nos dice también del carácter conservador de la misma.
Asuntos como los de la universidad católica, el aborto terapéutico y otros temas similares son, en verdad, relevantes si se quiere cambiar el hoy sentido conservador de una parte de nuestra sociedad. Combatir esta suerte de sentido común, que esta “derecha rabiosa” defiende a sangre y fuego, no solo es bueno para el gobierno sino, incluso, para un liberalismo peruano que vive atrapado entre un temor reaccionario hacia las clases populares (particularmente si son andinos) y una hegemonía católica conservadora tan bien expresada en estos días por el cardenal Juan Luis Cipriani. Por ello, siempre he creído que el neoliberalismo peruano es una simple coartada de una cultura oligárquica que se niega a morir pese al avance de la modernidad y de la modernización en nuestro país.
Porque resulta hasta cómico ver cómo estos sectores (Correo, Expreso y La Razón,) defienden lo que Giovanni Sartori califica como las principales amenazas a la democracia: la cruz y la espada. Patrocinan tanto un catolicismo decimonónico trasnochado como un militarismo que lleva por bandera la impunidad. Llamarse o autoproclamarse liberal y defender al Vaticano, incluso contra las leyes peruanas, no es solo un contrasentido en estos tiempos sino también una farsa política. En verdad, una estafa que nada tiene que ver con un auténtico liberalismo.
Sin embargo, ya conocemos sus objetivos: por un lado, “toledizar” a Ollanta Humala, es decir, hacer depender la popularidad presidencial de las carátulas o primeras planas de algunos medios y, por otro, definir una nueva composición de este gobierno mediante campañas contra lo que podemos calificar de sector “progresista” (ellos lo llaman “caviar”). Por eso, salen de “caza” casi todos los días buscando a su víctima para “liquidarla” políticamente. Lo que buscan es que “rueden cabezas” de funcionarios progresistas de este gobierno en un plazo corto.
Y si bien la lista es más o menos larga, las principales “víctimas” han sido: Ricardo Soberón, la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, y su entorno de asesores como viene sucediendo en estos días; Susana Chávez, asesora en el ministerio de Salud por ser una defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; el canciller Rafael Roncagliolo y hasta el mismo Presidente y su esposa.
Lo que pretenden, en última instancia, es establecer un pacto con la derecha económica –que ahora está negociando con el gobierno– sobre la base de que pueden ser “útiles” a sus intereses. Para ello tienen que mostrar toda su “artillería” y lo que podemos llamar “toda su capacidad de fuego”. Por eso la exageración y el disfuerzo político de estos días.
En este contexto, el dato más importante de estas primeras semanas es, acaso, esta suerte de división entre una derecha económica pragmática y una ultraderecha política (y mediática) extremadamente ideologizada y mentirosa que camina, así lo esperamos, a su autoaislamiento. Se puede afirmar que un resultado de estos dos meses de gobierno de Ollanta Humala, entre otros, es la fisura, después de muchos años, de la propia derecha. Y eso es bueno.
LA U ESPERADA
Por Manuel Burga
En el “Coloquio Universidad y Nación” organizado en la PUCP en días pasados, ante una pregunta, aparentemente ingenua, de un estudiante de San Marcos, que pidió explicar por qué el tercio estudiantil sanmarquino en las elecciones de rector, 2006 y 2011, eligió autoridades acatando las directivas de sus “operadores políticos”, sin saber por qué y por quiénes votaban, ofrecí una respuesta muy breve que ahora trataré de ampliar. El alumno en realidad me preguntaba, a partir de las versiones que circulan entre sus compañeros, porqué los representantes estudiantiles de San Marcos “vendían” su voto. Mi respuesta fue: a) por la actual crisis de valores que ha traído consigo una economía de mercado que ha puesto precio a casi todo; y b) por la presencia de “operadores políticos” que han reemplazado a las dirigencias estudiantiles. No estaba justificando conductas inmorales, ni hablando de algo muy nuevo.
Las dirigencias estudiantiles en las universidades públicas, interesadas en una universidad de calidad, auténticamente acreditada, moderna y pertinente, dejaron de existir en los años 80 por el accionar de SL y el MRTA. En los 90 aparecieron los “operadores políticos”, generalmente “estudiantes eternos”, especialistas en “ganar” elecciones y elegir autoridades a cambio de prebendas y puestos de trabajo. Esto se volvía crítico en determinado momento y por eso el Congreso fujimorista aprobó la ley 26457 de 1995, justificando una Comisión reorganizadora de San Marcos con dos encargos urgentes: modernizar la institución y proponer una nueva ley universitaria. Al año siguiente el mismo Congreso aprobó el DL 882 autorizando la inversión privada con fines de lucro en la educación superior y abriendo así las compuertas a la avalancha de universidades-empresa. Las que lograron impedir, en el gobierno anterior, desde el Ejecutivo y el Legislativo, una discusión seria, técnica y académica de una nueva ley universitaria.
Los dirigentes estudiantiles son cosa del pasado y los “operadores políticos”, sus reemplazantes, hijos de la globalización neoliberal y de una devastadora economía de mercado donde lo que importa es la ganancia, son los que ahora eligen autoridades, alta dirección y decanos, en las universidades públicas. Los elegidos acceden a buenos sueldos y a manejo presupuestal y los estudiantes son electores ocupando cargos no remunerados. Lógicamente, en un escenario mercantilizado, sin utopías, ni ideales políticos, ni propuestas interesantes, como decía el finado y simpático profesor César Kruger. Los alumnos asambleístas necesitan –y por eso buscan– candidatos a su medida, que les permitan acceder a cargos remunerados.
En Chile, en este momento, no hay cogobierno, pero sí dirigentes estudiantiles, como Camila Vallejo, que piden una educación de calidad, más inversión pública en educación y menos endeudamiento estudiantil para estudiar. ¿Aquí quién va a movilizarse por una nueva ley universitaria que promueva la calidad de las universidades públicas? Ante el escepticismo docente y la ausencia de auténticas dirigencias estudiantiles es necesario que el Estado asuma su papel dirigente y protagónico. De esta manera el más importante inversor en educación universitaria puede asegurar su inversión promoviendo universidades públicas, metropolitanas y regionales, que puedan competir con las mejores privadas, elevando así la calidad del conjunto de las universidades.
Hay que abrir los ojos ante la situación actual: varias universidades públicas intervenidas por la ANR, unas con Comisiones de Orden y Gestión, otras con Comités Electorales Externos, las demás sobreviven casi cautivas de arreglos y componendas entre docentes y operadores estudiantiles. El Congreso anterior creó irracionalmente nuevas universidades públicas, legisló fragmentariamente sobre la educación superior y se quedó en anodinos debates de proyectos y predictámenes. La hora ha llegado: se necesita una nueva ley universitaria que promueva la esperada universidad de calidad que el país reclama.
En el “Coloquio Universidad y Nación” organizado en la PUCP en días pasados, ante una pregunta, aparentemente ingenua, de un estudiante de San Marcos, que pidió explicar por qué el tercio estudiantil sanmarquino en las elecciones de rector, 2006 y 2011, eligió autoridades acatando las directivas de sus “operadores políticos”, sin saber por qué y por quiénes votaban, ofrecí una respuesta muy breve que ahora trataré de ampliar. El alumno en realidad me preguntaba, a partir de las versiones que circulan entre sus compañeros, porqué los representantes estudiantiles de San Marcos “vendían” su voto. Mi respuesta fue: a) por la actual crisis de valores que ha traído consigo una economía de mercado que ha puesto precio a casi todo; y b) por la presencia de “operadores políticos” que han reemplazado a las dirigencias estudiantiles. No estaba justificando conductas inmorales, ni hablando de algo muy nuevo.
Las dirigencias estudiantiles en las universidades públicas, interesadas en una universidad de calidad, auténticamente acreditada, moderna y pertinente, dejaron de existir en los años 80 por el accionar de SL y el MRTA. En los 90 aparecieron los “operadores políticos”, generalmente “estudiantes eternos”, especialistas en “ganar” elecciones y elegir autoridades a cambio de prebendas y puestos de trabajo. Esto se volvía crítico en determinado momento y por eso el Congreso fujimorista aprobó la ley 26457 de 1995, justificando una Comisión reorganizadora de San Marcos con dos encargos urgentes: modernizar la institución y proponer una nueva ley universitaria. Al año siguiente el mismo Congreso aprobó el DL 882 autorizando la inversión privada con fines de lucro en la educación superior y abriendo así las compuertas a la avalancha de universidades-empresa. Las que lograron impedir, en el gobierno anterior, desde el Ejecutivo y el Legislativo, una discusión seria, técnica y académica de una nueva ley universitaria.
Los dirigentes estudiantiles son cosa del pasado y los “operadores políticos”, sus reemplazantes, hijos de la globalización neoliberal y de una devastadora economía de mercado donde lo que importa es la ganancia, son los que ahora eligen autoridades, alta dirección y decanos, en las universidades públicas. Los elegidos acceden a buenos sueldos y a manejo presupuestal y los estudiantes son electores ocupando cargos no remunerados. Lógicamente, en un escenario mercantilizado, sin utopías, ni ideales políticos, ni propuestas interesantes, como decía el finado y simpático profesor César Kruger. Los alumnos asambleístas necesitan –y por eso buscan– candidatos a su medida, que les permitan acceder a cargos remunerados.
En Chile, en este momento, no hay cogobierno, pero sí dirigentes estudiantiles, como Camila Vallejo, que piden una educación de calidad, más inversión pública en educación y menos endeudamiento estudiantil para estudiar. ¿Aquí quién va a movilizarse por una nueva ley universitaria que promueva la calidad de las universidades públicas? Ante el escepticismo docente y la ausencia de auténticas dirigencias estudiantiles es necesario que el Estado asuma su papel dirigente y protagónico. De esta manera el más importante inversor en educación universitaria puede asegurar su inversión promoviendo universidades públicas, metropolitanas y regionales, que puedan competir con las mejores privadas, elevando así la calidad del conjunto de las universidades.
Hay que abrir los ojos ante la situación actual: varias universidades públicas intervenidas por la ANR, unas con Comisiones de Orden y Gestión, otras con Comités Electorales Externos, las demás sobreviven casi cautivas de arreglos y componendas entre docentes y operadores estudiantiles. El Congreso anterior creó irracionalmente nuevas universidades públicas, legisló fragmentariamente sobre la educación superior y se quedó en anodinos debates de proyectos y predictámenes. La hora ha llegado: se necesita una nueva ley universitaria que promueva la esperada universidad de calidad que el país reclama.
NOS FALTA CAMILA VALLEJO
Por Manuel Burga
Los jóvenes estudiantes chilenos, de las universidades públicas fundamentalmente, movilizados desde hace tres meses, con Camila Vallejo a la cabeza, han puesto en verdaderos apuros al gobierno de Sebastián Piñera. Una simpática estudiante de geografía, de 23 años, que prepara su licenciatura en la U. de Chile, como presidenta de la FECH, Federación de Estudiantes de Chile, ha asumido un sorprendente liderazgo estudiantil. Aún no sabemos cuál será el desenlace de estas protestas que el martes 9 pasado pusieron a 150 mil personas en las calles de Santiago. Pero ¿por qué nos debería preocupar la falta de una Camila Vallejo en nuestro país?
Los universitarios peruanos, docentes y estudiantes, sobre todo de las públicas, ni siquiera pueden imaginar la naturaleza de la educación superior universitaria chilena, cuyas reglas fueron establecidas por una ley de 1981, en el apogeo de Pinochet. Esa ley puso fin, en un contexto dictatorial, al tradicional modelo de la reforma de Córdoba: liquidó la gratuidad y el cogobierno estudiantil, al mismo tiempo. Desde entonces los estudiantes pagan aranceles, matrículas y pensiones, tan altas como las que se pagan en las universidades privadas.
La ausencia de representación estudiantil en los órganos de gobierno, no impide que los estudiantes tengan sus propios gremios, independientes, dinámicos, legítimos, alejados de las componendas para elegir autoridades, ya que los rectores, vicerrectores y decanos se eligen a través del voto universal de los docentes, principales y asociados, con mayor dedicación. Estas medidas neoliberales fueron compensadas con el Crédito Solidario Universitario que se otorga a miles de estudiantes de las 23 o más universidades que ocupan los mejores puestos en el examen nacional de admisión conducido por la U. de Chile. El año 2006 el fondo rotatorio para estos créditos llegaba a los 120 millones de dólares, mientras que en el INABEC de entonces no teníamos ni tres millones para ayudas semejantes.
Estos préstamos, que antes se devolvían directamente al Estado, ahora, por el incremento de la morosidad y por la lógica devastadora de una economía liberal de mercado, se reciben y devuelven en la banca privada. Préstamos que se deben devolver dos años después de haber terminado los estudios y cuando un trabajo adecuado les permita devolver el préstamo. Pero además, en octubre del 2008, se creó el Sistema Bicentenario de Becas Chile para hacer la maestría y el doctorado en el extranjero. Se iniciaron con 1000 y se incrementaron anualmente en 500 becas más para cada nivel. Cada una está muy bien dotada para permitir que los estudiantes viajen acompañados de sus familias y con programas de reinserción para el regreso.
El modelo universitario chileno es mucho más complejo y eficiente, ya que les ha permitido tener un sistema de calidad que ha llevado a la U. de Chile a ocupar un lugar entre las 500 mejores del mundo. El movimiento estudiantil, según Camila Vallejo, pide un cambio estructural a través de un cambio en la Constitución. Apuntan al corazón mismo del neoliberalismo chileno de los años 80. Critican la mercantilización de la educación superior y piden una educación pública amplia y de calidad.
Los jóvenes chilenos quieren gratuidad, cogobierno y más calidad, sin conocer que los dos primeros, en nuestro caso, han arruinado a nuestra universidad pública. Si no es así, ¿cómo explicar que los estudiantes de la Federico Villarreal sean simples observadores de las luchas docentes en una universidad intervenida y que los operadores políticos de San Marcos hayan liquidado a los auténticos dirigentes estudiantiles? Lógicamente no tenemos a una Camila Vallejo, una voz de alerta, legítima, que nos podría evitar el paso de la pasividad a la agitación violenta en un sistema organizado por la anacrónica ley de 1983, que el Congreso anterior fue incapaz de reemplazar.
Los jóvenes estudiantes chilenos, de las universidades públicas fundamentalmente, movilizados desde hace tres meses, con Camila Vallejo a la cabeza, han puesto en verdaderos apuros al gobierno de Sebastián Piñera. Una simpática estudiante de geografía, de 23 años, que prepara su licenciatura en la U. de Chile, como presidenta de la FECH, Federación de Estudiantes de Chile, ha asumido un sorprendente liderazgo estudiantil. Aún no sabemos cuál será el desenlace de estas protestas que el martes 9 pasado pusieron a 150 mil personas en las calles de Santiago. Pero ¿por qué nos debería preocupar la falta de una Camila Vallejo en nuestro país?
Los universitarios peruanos, docentes y estudiantes, sobre todo de las públicas, ni siquiera pueden imaginar la naturaleza de la educación superior universitaria chilena, cuyas reglas fueron establecidas por una ley de 1981, en el apogeo de Pinochet. Esa ley puso fin, en un contexto dictatorial, al tradicional modelo de la reforma de Córdoba: liquidó la gratuidad y el cogobierno estudiantil, al mismo tiempo. Desde entonces los estudiantes pagan aranceles, matrículas y pensiones, tan altas como las que se pagan en las universidades privadas.
La ausencia de representación estudiantil en los órganos de gobierno, no impide que los estudiantes tengan sus propios gremios, independientes, dinámicos, legítimos, alejados de las componendas para elegir autoridades, ya que los rectores, vicerrectores y decanos se eligen a través del voto universal de los docentes, principales y asociados, con mayor dedicación. Estas medidas neoliberales fueron compensadas con el Crédito Solidario Universitario que se otorga a miles de estudiantes de las 23 o más universidades que ocupan los mejores puestos en el examen nacional de admisión conducido por la U. de Chile. El año 2006 el fondo rotatorio para estos créditos llegaba a los 120 millones de dólares, mientras que en el INABEC de entonces no teníamos ni tres millones para ayudas semejantes.
Estos préstamos, que antes se devolvían directamente al Estado, ahora, por el incremento de la morosidad y por la lógica devastadora de una economía liberal de mercado, se reciben y devuelven en la banca privada. Préstamos que se deben devolver dos años después de haber terminado los estudios y cuando un trabajo adecuado les permita devolver el préstamo. Pero además, en octubre del 2008, se creó el Sistema Bicentenario de Becas Chile para hacer la maestría y el doctorado en el extranjero. Se iniciaron con 1000 y se incrementaron anualmente en 500 becas más para cada nivel. Cada una está muy bien dotada para permitir que los estudiantes viajen acompañados de sus familias y con programas de reinserción para el regreso.
El modelo universitario chileno es mucho más complejo y eficiente, ya que les ha permitido tener un sistema de calidad que ha llevado a la U. de Chile a ocupar un lugar entre las 500 mejores del mundo. El movimiento estudiantil, según Camila Vallejo, pide un cambio estructural a través de un cambio en la Constitución. Apuntan al corazón mismo del neoliberalismo chileno de los años 80. Critican la mercantilización de la educación superior y piden una educación pública amplia y de calidad.
Los jóvenes chilenos quieren gratuidad, cogobierno y más calidad, sin conocer que los dos primeros, en nuestro caso, han arruinado a nuestra universidad pública. Si no es así, ¿cómo explicar que los estudiantes de la Federico Villarreal sean simples observadores de las luchas docentes en una universidad intervenida y que los operadores políticos de San Marcos hayan liquidado a los auténticos dirigentes estudiantiles? Lógicamente no tenemos a una Camila Vallejo, una voz de alerta, legítima, que nos podría evitar el paso de la pasividad a la agitación violenta en un sistema organizado por la anacrónica ley de 1983, que el Congreso anterior fue incapaz de reemplazar.
SIMS
Ayer se anunció a los ganadores del Premio Nobel de Economía, uno de ellos Christopher Sims, quien desarrolló un nuevo método econométrico –Vectores Auto Regresivos– que está sintetizado en el recuadro. En nuestro país, durante la gestión de Waldo Mendoza en la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, se desarrolló un sofisticado modelo econométrico para pronosticar a corto plazo la evolución de la economía peruana. “Indicadores Líderes” era su nombre y la teoría econométrica que lo sustentaba es aquella reconocida ayer por la Academia Sueca de Ciencias.
Este modelo fue hasta el 2006 el más preciso en pronosticar la evolución de la economía, pero al día de hoy es un cadáver que no tiene asesino condenado. La tercera ecuación del recuadro significa que el azar estadístico tiene un patrón conocido. El cual todos conocemos, cuando por ejemplo al arrojar un dado la probabilidad de obtener un número específico es un sexto, la probabilidad de obtener un número par es un tercio, o la probabilidad de obtener un múltiplo de tres es un medio.
Pero en el mundo real existe otro tipo de errores llamados no-muestrales, los cuales si no son identificados destruyen cualquier posibilidad real de hacer inferencia estadística. Los errores no-muestrales son aquellos atribuibles a factores ajenos al azar, como por ejemplo que en una encuesta un área se haga con personas experimentadas y otra con inexperimentadas, y los resultados finales consolidan los resultados.
En el caso de los “Indicadores Líderes” del MEF, la causa de su defunción fueron los errores no-muestrales generados por el INEI. En concreto, entre 2006 y 2009, el INEI de manera secreta alteró la metodología de agregación de la actividad económica; es decir, que las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se hicieron desde 1990 hasta el 2006 se empezaron a hacer de manera diferente y solamente a causa de la presión de la opinión pública el INEI reconoció estos cambios en 2009, para nuestro bien, en su decir.
Esta modificación secreta constituyó un error no-muestral para los “Indicadores Líderes” del MEF, el cual al no ser identificado implicó que su capacidad de pronóstico fuese nula, y por ello se dejó de publicar. La actual administración del INEI es cómplice de esta distorsión, y la víctima presente es tener una medición de la economía donde el sesgo optimista distorsiona la realidad. Esto se hará patente el próximo viernes 14 cuando se anuncie el crecimiento económico de agosto 2011, correspondiente al primer mes de gestión del presidente Humala.
Este modelo fue hasta el 2006 el más preciso en pronosticar la evolución de la economía, pero al día de hoy es un cadáver que no tiene asesino condenado. La tercera ecuación del recuadro significa que el azar estadístico tiene un patrón conocido. El cual todos conocemos, cuando por ejemplo al arrojar un dado la probabilidad de obtener un número específico es un sexto, la probabilidad de obtener un número par es un tercio, o la probabilidad de obtener un múltiplo de tres es un medio.
Pero en el mundo real existe otro tipo de errores llamados no-muestrales, los cuales si no son identificados destruyen cualquier posibilidad real de hacer inferencia estadística. Los errores no-muestrales son aquellos atribuibles a factores ajenos al azar, como por ejemplo que en una encuesta un área se haga con personas experimentadas y otra con inexperimentadas, y los resultados finales consolidan los resultados.
En el caso de los “Indicadores Líderes” del MEF, la causa de su defunción fueron los errores no-muestrales generados por el INEI. En concreto, entre 2006 y 2009, el INEI de manera secreta alteró la metodología de agregación de la actividad económica; es decir, que las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se hicieron desde 1990 hasta el 2006 se empezaron a hacer de manera diferente y solamente a causa de la presión de la opinión pública el INEI reconoció estos cambios en 2009, para nuestro bien, en su decir.
Esta modificación secreta constituyó un error no-muestral para los “Indicadores Líderes” del MEF, el cual al no ser identificado implicó que su capacidad de pronóstico fuese nula, y por ello se dejó de publicar. La actual administración del INEI es cómplice de esta distorsión, y la víctima presente es tener una medición de la economía donde el sesgo optimista distorsiona la realidad. Esto se hará patente el próximo viernes 14 cuando se anuncie el crecimiento económico de agosto 2011, correspondiente al primer mes de gestión del presidente Humala.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)