domingo, 27 de febrero de 2011
WIKIROCHES
Wiki roches
.Por Nelson Manrique
La difusión de los wikileaks relacionados con el Perú viene provocando variadas conmociones en el escenario electoral. El que más tinta ha hecho correr es el que expone el pedido que hicieron ex funcionarios del gobierno de Toledo –Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior y su jefe de campaña hasta el mes pasado, y Rubén Vargas, ex director de Defensa Nacional y hoy miembro de su equipo de plan de gobierno– a la embajada de los EEUU para que montara una campaña propagandística contra Ollanta Humala durante las elecciones del 2006. Rospigliosi ha reconocido la totalidad de lo que transcribe el cable, es decir, que hubo peruanos que pidieron a los norteamericanos que intervinieran en nuestros asuntos internos.
Lo que sigue siendo materia de debate es la participación de Alejandro Toledo en la trama. Para Humala es él el verdadero artífice de la traición a la patria, mientras que Toledo –como era de esperar– sostiene que todo fue iniciativa de Rospigliosi y Vargas y que él no estaba enterado. Sobre la voluntad del gobierno de Toledo de intervenir o no contra Ollanta Humala durante las pasadas elecciones es pertinente el testimonio que ha publicado el domingo Augusto Álvarez Rodrich, que cuenta que cuando dirigía Perú.21 lo llamó un alto funcionario del gobierno de Toledo para pedirle “que ‘colaborara’ en una campaña informativa que alertara que el dólar se dispararía a cuatro o cinco soles –y que el BCR no debía impedirlo– si Humala seguía creciendo”. AAR rechazó el pedido, pero constató que El Comercio y Correo, entre otros, se incorporaron entusiastamente a la guerra sucia.
La otra afectada por los destapes es Keiko Fujimori. Hace unos días ella lamentó que “información confidencial de una embajada esté interfiriendo en un proceso electoral”, apresurándose a asegurar que no había nada destacado en los wikileaks que la aludían: apenas naderías que todo el mundo sabe, como que su respaldo electoral se debe a la popularidad de su papito.
Por supuesto se trataba de algo más sustancial. Un wikileak publicado por EC confirma lo que era un secreto a voces: la alianza establecida entre el Apra y el fujimorismo para cogobernar. Según un informe enviado por la embajada de EEUU hacia la segunda semana de agosto del 2006, Keiko, Santiago Fujimori y Jaime Yoshiyama se reunieron con funcionarios para contarles que iban a otorgarle su apoyo al Apra a cambio de que éste acabe con la “persecución política” contra los fujimoristas y garantizara “imparcialidad” en el proceso de extradición contra Alberto Fujimori, que estaba bajo arresto domiciliario en Santiago desde fines del 2005.
Como era de esperar, Keiko se ha apresurado a asegurar que no entabló ninguna alianza con el Apra y Del Castillo le ha hecho coro. Pero una revisión de los hechos los desmiente. La negociación con García tuvo un final feliz: pocas semanas después de la reunión en la embajada la bancada aprista dio sus votos a los fujimoristas para llevar a Luisa María Cuculiza a la Mesa Directiva y a Rolando Sousa –hasta ese momento abogado defensor de AFF– a la presidencia de la Comisión de RREE: nada menos que la entidad encargada de supervisar el proceso de extradición de Fujimori. Reactivó además la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Chile, dándole su presidencia precisamente a Keiko. A continuación García desmanteló la procuraduría encargada de la extradición y abandonó la política del gobierno de Toledo de solicitar a los gobiernos amigos su apoyo para lograr que Fujimori respondiera a la justicia peruana, con el pretexto de que no quería “politizar el caso”. A ese nivel llegó la “imparcialidad” del Apra con relación al que poco después, intentando evadir la justicia, se convirtió en candidato al senado japonés, jurando dar la vida por Japón (un enlace para refrescar la memoria: http://www.youtube.com/watch?v=lm4MdNHGEZc). Si a pesar de todo Fujimori fue extraditado y condenado fue gracias a jueces probos, que no se sometieron a las presiones del gobierno; es por eso inmoral que Del Castillo pretenda apropiarse de ese logro.
La alianza continúa hoy, con Alberto Fujimori dirigiendo la campaña electoral de su hija desde la Dirandro, con la evidente complicidad del APRA.
.Por Nelson Manrique
La difusión de los wikileaks relacionados con el Perú viene provocando variadas conmociones en el escenario electoral. El que más tinta ha hecho correr es el que expone el pedido que hicieron ex funcionarios del gobierno de Toledo –Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior y su jefe de campaña hasta el mes pasado, y Rubén Vargas, ex director de Defensa Nacional y hoy miembro de su equipo de plan de gobierno– a la embajada de los EEUU para que montara una campaña propagandística contra Ollanta Humala durante las elecciones del 2006. Rospigliosi ha reconocido la totalidad de lo que transcribe el cable, es decir, que hubo peruanos que pidieron a los norteamericanos que intervinieran en nuestros asuntos internos.
Lo que sigue siendo materia de debate es la participación de Alejandro Toledo en la trama. Para Humala es él el verdadero artífice de la traición a la patria, mientras que Toledo –como era de esperar– sostiene que todo fue iniciativa de Rospigliosi y Vargas y que él no estaba enterado. Sobre la voluntad del gobierno de Toledo de intervenir o no contra Ollanta Humala durante las pasadas elecciones es pertinente el testimonio que ha publicado el domingo Augusto Álvarez Rodrich, que cuenta que cuando dirigía Perú.21 lo llamó un alto funcionario del gobierno de Toledo para pedirle “que ‘colaborara’ en una campaña informativa que alertara que el dólar se dispararía a cuatro o cinco soles –y que el BCR no debía impedirlo– si Humala seguía creciendo”. AAR rechazó el pedido, pero constató que El Comercio y Correo, entre otros, se incorporaron entusiastamente a la guerra sucia.
La otra afectada por los destapes es Keiko Fujimori. Hace unos días ella lamentó que “información confidencial de una embajada esté interfiriendo en un proceso electoral”, apresurándose a asegurar que no había nada destacado en los wikileaks que la aludían: apenas naderías que todo el mundo sabe, como que su respaldo electoral se debe a la popularidad de su papito.
Por supuesto se trataba de algo más sustancial. Un wikileak publicado por EC confirma lo que era un secreto a voces: la alianza establecida entre el Apra y el fujimorismo para cogobernar. Según un informe enviado por la embajada de EEUU hacia la segunda semana de agosto del 2006, Keiko, Santiago Fujimori y Jaime Yoshiyama se reunieron con funcionarios para contarles que iban a otorgarle su apoyo al Apra a cambio de que éste acabe con la “persecución política” contra los fujimoristas y garantizara “imparcialidad” en el proceso de extradición contra Alberto Fujimori, que estaba bajo arresto domiciliario en Santiago desde fines del 2005.
Como era de esperar, Keiko se ha apresurado a asegurar que no entabló ninguna alianza con el Apra y Del Castillo le ha hecho coro. Pero una revisión de los hechos los desmiente. La negociación con García tuvo un final feliz: pocas semanas después de la reunión en la embajada la bancada aprista dio sus votos a los fujimoristas para llevar a Luisa María Cuculiza a la Mesa Directiva y a Rolando Sousa –hasta ese momento abogado defensor de AFF– a la presidencia de la Comisión de RREE: nada menos que la entidad encargada de supervisar el proceso de extradición de Fujimori. Reactivó además la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Chile, dándole su presidencia precisamente a Keiko. A continuación García desmanteló la procuraduría encargada de la extradición y abandonó la política del gobierno de Toledo de solicitar a los gobiernos amigos su apoyo para lograr que Fujimori respondiera a la justicia peruana, con el pretexto de que no quería “politizar el caso”. A ese nivel llegó la “imparcialidad” del Apra con relación al que poco después, intentando evadir la justicia, se convirtió en candidato al senado japonés, jurando dar la vida por Japón (un enlace para refrescar la memoria: http://www.youtube.com/watch?v=lm4MdNHGEZc). Si a pesar de todo Fujimori fue extraditado y condenado fue gracias a jueces probos, que no se sometieron a las presiones del gobierno; es por eso inmoral que Del Castillo pretenda apropiarse de ese logro.
La alianza continúa hoy, con Alberto Fujimori dirigiendo la campaña electoral de su hija desde la Dirandro, con la evidente complicidad del APRA.
VIRREYNATO DEL PERU
Wikileaks y nuevo colonialismo
.Por Javier Diez Canseco
La intervención norteamericana en el manejo de asuntos gubernamentales del país (como en el de los recursos naturales) y, específicamente, en la articulación del frente “tapándote la nariz” para llevar a Alan García a la presidencia el 2006 parece cada vez más relevante. Resulta evidente, gracias a los wikileaks, que Jorge del Castillo acudió a ellos para que controlen el berrinche de Lourdes Flores y faciliten su aceptación a que AGP pase a segunda vuelta. Además que se les pidió ayuden para que ella se integre a un frente antiHumala. Y, según lo declarado por Javier Bedoya en Correo, no sólo está casi seguro de que la llamaron de la embajada, sino que a él le consultaron sobre la forma como avanzaba el proceso. Y el frente caminó como una seda.
Wikileaks también da cuenta de negociaciones del fujimorismo con el APRA contra Humala y su afán de garantizar condiciones a favor de Alberto Fujimori en un gobierno de AGP. Los hechos confirman lo exitoso de esa negociación al constatar la cárcel dorada y el comité de campaña con que Fujimori cuenta en DIROES, donde se maneja como Pedro en su casa y recibe a quien quiere y cuando quiere.
El tejido de la alianza política que ha manejado el país este quinquenio está al desnudo, con la activa intervención de la embajada norteamericana. Un wikileak del 2001 –que evidencia que PPK como ministro de Toledo es recibido con alborozo como hombre de confianza para la Embajada y los intereses de las transnacionales mineras– había retratado la infiltración del Estado por lobbistas y, en este caso, un ciudadano norteamericano que juró lealtad a los EEUU para obtener su pasaporte y que goza de total confianza de la potencia del norte.
Pero, una nueva pieza del rompecabezas va dando nuevas pistas: el papel de Toledo y su gobierno en este terreno. Por un lado, Augusto Álvarez Rodrich da cuenta de cómo lo llamó un funcionario de Toledo, en pleno proceso electoral, para sumarse a una campaña de desestabilización económica y de temor a un posible triunfo de Humala, vía una devaluación del sol en la que había que empujar a que se comprometa el BCR, y que se negó a asumir. Era un todo vale.
Y hoy sabemos que Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior y hasta enero de este año Jefe de campaña de Alejandro Toledo, acompañado por Rubén Vargas Céspedes, ex Director de Defensa Nacional de Toledo, actual miembro de su equipo de Plan de Gobierno en Seguridad Ciudadana, acudieron a la Embajada de los EEUU para plantearle intervenir activamente en la campaña contra Humala en noviembre del 2005.
Más aún, según el informe confidencial 46333 filtrado por Wikileaks, Rospigliosi y Vargas trabajaban para la Embajada vía una consultora llamada Capital Humano Social (CHS). Esta entidad, se dice en el documento, está contratada por la NAS, una oficina norteamericana que interviene en la política antidrogas y coordina programas con otras agencias del Gobierno de EEUU, como la Administración de Imposición de Drogas (DEA), el Grupo Consultivo y de Ayuda Militar (MAAG, Departamento de Defensa), y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
Rospigliosi propuso políticas concretas: dividir a los seguidores de Humala y apoyar un programa de comunicaciones antiHumala, cuidadoso de no ser explícito y directo. Se deduce que casi se ofrecían como operadores de dicho programa, ¿quizás una ampliación de contrato? Dice el embajador Struble que no aceptaron este programa, pero sí la propuesta de monitorear a Humala más detenidamente a través de NEXUM.
Lo dicho por Álvarez Rodrich y los Wikileaks dejan escasa duda de cómo se articularon diferentes sectores, y gente del propio gobierno, en una campaña política nacional buscando la reiterada y virreinal intervención de la Embajada de los EEUU. Muestran que el Estado y los partidos del continuismo neoliberal impuesto por el fujimorismo no son sino felipillos del Tío Sam. Una verdadera vergüenza para el país, una radiografía del tumor político que nos aqueja, y una renovada exigencia de cambio de un sistema político que carece de dignidad y soberanía a la luz de los hechos.
.Por Javier Diez Canseco
La intervención norteamericana en el manejo de asuntos gubernamentales del país (como en el de los recursos naturales) y, específicamente, en la articulación del frente “tapándote la nariz” para llevar a Alan García a la presidencia el 2006 parece cada vez más relevante. Resulta evidente, gracias a los wikileaks, que Jorge del Castillo acudió a ellos para que controlen el berrinche de Lourdes Flores y faciliten su aceptación a que AGP pase a segunda vuelta. Además que se les pidió ayuden para que ella se integre a un frente antiHumala. Y, según lo declarado por Javier Bedoya en Correo, no sólo está casi seguro de que la llamaron de la embajada, sino que a él le consultaron sobre la forma como avanzaba el proceso. Y el frente caminó como una seda.
Wikileaks también da cuenta de negociaciones del fujimorismo con el APRA contra Humala y su afán de garantizar condiciones a favor de Alberto Fujimori en un gobierno de AGP. Los hechos confirman lo exitoso de esa negociación al constatar la cárcel dorada y el comité de campaña con que Fujimori cuenta en DIROES, donde se maneja como Pedro en su casa y recibe a quien quiere y cuando quiere.
El tejido de la alianza política que ha manejado el país este quinquenio está al desnudo, con la activa intervención de la embajada norteamericana. Un wikileak del 2001 –que evidencia que PPK como ministro de Toledo es recibido con alborozo como hombre de confianza para la Embajada y los intereses de las transnacionales mineras– había retratado la infiltración del Estado por lobbistas y, en este caso, un ciudadano norteamericano que juró lealtad a los EEUU para obtener su pasaporte y que goza de total confianza de la potencia del norte.
Pero, una nueva pieza del rompecabezas va dando nuevas pistas: el papel de Toledo y su gobierno en este terreno. Por un lado, Augusto Álvarez Rodrich da cuenta de cómo lo llamó un funcionario de Toledo, en pleno proceso electoral, para sumarse a una campaña de desestabilización económica y de temor a un posible triunfo de Humala, vía una devaluación del sol en la que había que empujar a que se comprometa el BCR, y que se negó a asumir. Era un todo vale.
Y hoy sabemos que Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior y hasta enero de este año Jefe de campaña de Alejandro Toledo, acompañado por Rubén Vargas Céspedes, ex Director de Defensa Nacional de Toledo, actual miembro de su equipo de Plan de Gobierno en Seguridad Ciudadana, acudieron a la Embajada de los EEUU para plantearle intervenir activamente en la campaña contra Humala en noviembre del 2005.
Más aún, según el informe confidencial 46333 filtrado por Wikileaks, Rospigliosi y Vargas trabajaban para la Embajada vía una consultora llamada Capital Humano Social (CHS). Esta entidad, se dice en el documento, está contratada por la NAS, una oficina norteamericana que interviene en la política antidrogas y coordina programas con otras agencias del Gobierno de EEUU, como la Administración de Imposición de Drogas (DEA), el Grupo Consultivo y de Ayuda Militar (MAAG, Departamento de Defensa), y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
Rospigliosi propuso políticas concretas: dividir a los seguidores de Humala y apoyar un programa de comunicaciones antiHumala, cuidadoso de no ser explícito y directo. Se deduce que casi se ofrecían como operadores de dicho programa, ¿quizás una ampliación de contrato? Dice el embajador Struble que no aceptaron este programa, pero sí la propuesta de monitorear a Humala más detenidamente a través de NEXUM.
Lo dicho por Álvarez Rodrich y los Wikileaks dejan escasa duda de cómo se articularon diferentes sectores, y gente del propio gobierno, en una campaña política nacional buscando la reiterada y virreinal intervención de la Embajada de los EEUU. Muestran que el Estado y los partidos del continuismo neoliberal impuesto por el fujimorismo no son sino felipillos del Tío Sam. Una verdadera vergüenza para el país, una radiografía del tumor político que nos aqueja, y una renovada exigencia de cambio de un sistema político que carece de dignidad y soberanía a la luz de los hechos.
PAGUEN CARAJO
Si es justo, es justo
.Por Humberto Campodónico
“A nadie le gusta pagar más impuestos, pero si es justo, es justo. Si hay que participar de las ganancias extraordinarias de un momento de coyuntura habría que hacerlo cuidando siempre que los destinos de los fondos sean para mejorar las condiciones de vida de la población”.
Es lo que acaba de declarar a La República el presidente saliente de Confiep, Ricardo Briceño (18/02/2011). La declaración es de la más alta importancia porque deja de lado posiciones inmovilistas que están en contra de que el Perú reciba una renta adecuada de las ganancias extraordinarias que hoy tienen las empresas mineras (y petroleras) debido a los altos precios internacionales.
Además de esta declaración, ha habido otras opiniones importantes esta semana. Luis Alberto Arias, ex jefe de la Sunat, dijo en La Hora N (1) que las condiciones en que se firmaron los contratos –hace cerca de 15 años– son distintas a las de hoy, por lo cual es recomendable sentarse con las empresas para renegociar –en el buen sentido de la palabra– los contratos.
Dijo también que todas las empresas debían pagar regalías (no lo hacen las que tienen contratos de estabilidad tributaria), motivo por el cual no se han recaudado US$ 1,890 millones en los últimos 6 años. Es necesario, por eso, “uniformizar” la ley minera. En el mismo programa el economista Miguel Palomino del IPE dijo que estaba a favor de una regalía progresiva que tenga en cuenta la rentabilidad, como en Chile, donde esta se aplica progresivamente a la utilidad operativa (ingresos menos costos), a diferencia de la peruana, que se aplica sobre el total de ingresos (lo que, de un lado, puede causar problemas cuando los precios son bajos y, de otro, no permite un ingreso tributario más adecuado cuando los precios suben).
Todas estas opiniones nos acercan a los esquemas de tributación de las industrias extractivas que se discuten hoy en el mundo.
Esquematizando, la cosa va más o menos así: en las industrias extractivas, la regalía y el impuesto no deben ser una tasa fija.
Deben aplicarse en función de la rentabilidad de la empresa: a medida que el accionista obtiene el retorno esperado de su inversión, los ingresos tributarios suben. Es el caso de la mina Pueblo Viejo de Barrick en República Dominicana. Allí se ha acordado que cuando se recupere la inversión y Pueblo Viejo obtenga una tasa interna de retorno del 10%, Barrick pagará al Estado una Participación en la Utilidad Neta de 28.75%. De esta manera, la participación del Estado en los flujos netos del proyecto llegaría al 50% (“Pueblo Viejo, contrato nuevo”, 02/11/09, www.cristaldemira.com).
Pareciera, por tanto, que poco a poco estos planteamientos van cobrando fuerza, como sucedió en Chile, donde las 10 más grandes empresas mineras (el Grupo de los 10) aceptaron adelantar el pago de regalías más altas. Muchas de esas empresas también están en el Perú y, por tanto, conocen bien el tema.
Saben que eso proporciona estabilidad en el largo plazo, porque “lo que es justo, es justo”. De lo que se trata, por tanto es de tener la voluntad política de avanzar en esa dirección, ya que ninguna empresa le va a tocar la puerta a la Sunat para decirle: “quiero pagar más impuestos”. Esa voluntad no la ha tenido el actual gobierno pero sí debe tenerla el nuevo gobierno que se elija en abril (volveremos sobre los programas de los partidos). El fondo de la cuestión, para el Estado y para todos los peruanos, es, de un lado, cómo hacer para que la minería contribuya al desarrollo sostenible y, de otro, cuáles son las políticas (económicas, sociales, de diversificación de la base productiva) que el Estado va a poner en marcha para lograr que los ingresos extraordinarios de los recursos naturales propios del siglo XIX financien el Perú del siglo XXI. ¿No es cierto?
.Por Humberto Campodónico
“A nadie le gusta pagar más impuestos, pero si es justo, es justo. Si hay que participar de las ganancias extraordinarias de un momento de coyuntura habría que hacerlo cuidando siempre que los destinos de los fondos sean para mejorar las condiciones de vida de la población”.
Es lo que acaba de declarar a La República el presidente saliente de Confiep, Ricardo Briceño (18/02/2011). La declaración es de la más alta importancia porque deja de lado posiciones inmovilistas que están en contra de que el Perú reciba una renta adecuada de las ganancias extraordinarias que hoy tienen las empresas mineras (y petroleras) debido a los altos precios internacionales.
Además de esta declaración, ha habido otras opiniones importantes esta semana. Luis Alberto Arias, ex jefe de la Sunat, dijo en La Hora N (1) que las condiciones en que se firmaron los contratos –hace cerca de 15 años– son distintas a las de hoy, por lo cual es recomendable sentarse con las empresas para renegociar –en el buen sentido de la palabra– los contratos.
Dijo también que todas las empresas debían pagar regalías (no lo hacen las que tienen contratos de estabilidad tributaria), motivo por el cual no se han recaudado US$ 1,890 millones en los últimos 6 años. Es necesario, por eso, “uniformizar” la ley minera. En el mismo programa el economista Miguel Palomino del IPE dijo que estaba a favor de una regalía progresiva que tenga en cuenta la rentabilidad, como en Chile, donde esta se aplica progresivamente a la utilidad operativa (ingresos menos costos), a diferencia de la peruana, que se aplica sobre el total de ingresos (lo que, de un lado, puede causar problemas cuando los precios son bajos y, de otro, no permite un ingreso tributario más adecuado cuando los precios suben).
Todas estas opiniones nos acercan a los esquemas de tributación de las industrias extractivas que se discuten hoy en el mundo.
Esquematizando, la cosa va más o menos así: en las industrias extractivas, la regalía y el impuesto no deben ser una tasa fija.
Deben aplicarse en función de la rentabilidad de la empresa: a medida que el accionista obtiene el retorno esperado de su inversión, los ingresos tributarios suben. Es el caso de la mina Pueblo Viejo de Barrick en República Dominicana. Allí se ha acordado que cuando se recupere la inversión y Pueblo Viejo obtenga una tasa interna de retorno del 10%, Barrick pagará al Estado una Participación en la Utilidad Neta de 28.75%. De esta manera, la participación del Estado en los flujos netos del proyecto llegaría al 50% (“Pueblo Viejo, contrato nuevo”, 02/11/09, www.cristaldemira.com).
Pareciera, por tanto, que poco a poco estos planteamientos van cobrando fuerza, como sucedió en Chile, donde las 10 más grandes empresas mineras (el Grupo de los 10) aceptaron adelantar el pago de regalías más altas. Muchas de esas empresas también están en el Perú y, por tanto, conocen bien el tema.
Saben que eso proporciona estabilidad en el largo plazo, porque “lo que es justo, es justo”. De lo que se trata, por tanto es de tener la voluntad política de avanzar en esa dirección, ya que ninguna empresa le va a tocar la puerta a la Sunat para decirle: “quiero pagar más impuestos”. Esa voluntad no la ha tenido el actual gobierno pero sí debe tenerla el nuevo gobierno que se elija en abril (volveremos sobre los programas de los partidos). El fondo de la cuestión, para el Estado y para todos los peruanos, es, de un lado, cómo hacer para que la minería contribuya al desarrollo sostenible y, de otro, cuáles son las políticas (económicas, sociales, de diversificación de la base productiva) que el Estado va a poner en marcha para lograr que los ingresos extraordinarios de los recursos naturales propios del siglo XIX financien el Perú del siglo XXI. ¿No es cierto?
INFLACION
Inflación, ¿sin segunda ronda?
.Por Humberto Campodónico
“El Presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, dijo que el alza de los precios de los productos básicos –en particular del petróleo y los alimentos– constituían presiones inflacionarias globales. Dijo que era esencial no permitir que se generalicen estas presiones para que no tomen la forma de efectos de segunda ronda” (MNI, 26/1/11).
Las declaraciones de Trichet forman parte de un debate en los países industrializados y también en los países emergentes (incluido el Perú) acerca del alza de precios de los productos básicos. ¿Es que llegará a constituir una espiral inflacionaria “de nunca acabar” como en la década del 70? En otras palabras, lo que se debate es si esta alza (1) se trasladará a los precios de otros bienes y servicios.
Uno de los temas que se analizan en detalle es el carácter de los productos que componen la canasta, separándola en dos grandes rubros: a) productos que responden principalmente a factores de oferta (como los productos básicos) y, b) productos y/o servicios que responden principalmente a presiones inflacionarias de demanda (como, por ejemplo, a un alza de salarios). Así, por ejemplo, el Departamento de Trabajo de EEUU nos dice que, del 2000 al 2010, la variación anual de los precios de los servicios se ha mantenido estable hasta el 2008 (ver gráfico), habiendo incluso caído en el 2009 (año de la recesión). Por el contrario, los precios de los bienes más ligados a los productos básicos han tenido un comportamiento volátil (de “serrucho”), pero con fuerte tendencia al alza.
Dice Ben Bernanke, actual Jefe del FED de EEUU, que el efecto directo de los altos precios de la energía en el costo de vida a veces se le llama un efecto de primera ronda. La cuestión, dice Bernanke, es que este efecto puede amplificarse si los empresarios les trasladan a los consumidores, por ejemplo, el alza del precio de la energía y si, en respuesta, los trabajadores demandan un alza de salarios para compensar la pérdida de su poder adquisitivo (ver Energy and the Economy, 15/6/2006, www.federalreserve.org). A su vez, estas alzas podrían incidir sobre las expectativas de los empresarios, lo que constituiría un factor de presión adicional para que aumente la inflación. Así, estos efectos indirectos del alza de precios de la energía en la inflación total son a veces llamados “efectos de segunda ronda” (Bernanke, ídem).
Hoy, la mayoría de los analistas dice que no habría “segunda ronda” debido a dos hechos clave en los países industrializados: los altos déficit fiscales, que están llevando a drásticos programas para su reducción (disminuyendo la demanda) y, de otro, al muy alto y persistente desempleo en EEUU y Europa, lo que tiene el mismo efecto. En el Perú y otros países de América Latina, la percepción es más o menos la misma: se afirma que el principal riesgo es la inflación “importada” y no por la demanda interna. Aun así, el BCR está elevando un poco sus tasas como una medida preventiva contra expectativas inflacionarias.
Pero el MEF de Benavides tiene otro enfoque: piensa que la inflación “importada” se combate con la reducción del IGV, o sea estimulando la demanda interna porque ahora la gente tendrá más dinero en los bolsillos (si bien esto es en teoría porque los precios de los bienes casi no bajan en mercados oligopólicos). La cuestión es que la inflación de primera ronda ya nos está golpeando (fue 0.4% en enero). Habrá que ver si tendremos segunda ronda.
(1) No analizamos aquí las causas del alza de los precios de los productos básicos (problemas climáticos, aumento de la demanda, cultivo de biocombustibles, especulación financiera, etc.) lo que hemos hecho en otros artículos.
.Por Humberto Campodónico
“El Presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, dijo que el alza de los precios de los productos básicos –en particular del petróleo y los alimentos– constituían presiones inflacionarias globales. Dijo que era esencial no permitir que se generalicen estas presiones para que no tomen la forma de efectos de segunda ronda” (MNI, 26/1/11).
Las declaraciones de Trichet forman parte de un debate en los países industrializados y también en los países emergentes (incluido el Perú) acerca del alza de precios de los productos básicos. ¿Es que llegará a constituir una espiral inflacionaria “de nunca acabar” como en la década del 70? En otras palabras, lo que se debate es si esta alza (1) se trasladará a los precios de otros bienes y servicios.
Uno de los temas que se analizan en detalle es el carácter de los productos que componen la canasta, separándola en dos grandes rubros: a) productos que responden principalmente a factores de oferta (como los productos básicos) y, b) productos y/o servicios que responden principalmente a presiones inflacionarias de demanda (como, por ejemplo, a un alza de salarios). Así, por ejemplo, el Departamento de Trabajo de EEUU nos dice que, del 2000 al 2010, la variación anual de los precios de los servicios se ha mantenido estable hasta el 2008 (ver gráfico), habiendo incluso caído en el 2009 (año de la recesión). Por el contrario, los precios de los bienes más ligados a los productos básicos han tenido un comportamiento volátil (de “serrucho”), pero con fuerte tendencia al alza.
Dice Ben Bernanke, actual Jefe del FED de EEUU, que el efecto directo de los altos precios de la energía en el costo de vida a veces se le llama un efecto de primera ronda. La cuestión, dice Bernanke, es que este efecto puede amplificarse si los empresarios les trasladan a los consumidores, por ejemplo, el alza del precio de la energía y si, en respuesta, los trabajadores demandan un alza de salarios para compensar la pérdida de su poder adquisitivo (ver Energy and the Economy, 15/6/2006, www.federalreserve.org). A su vez, estas alzas podrían incidir sobre las expectativas de los empresarios, lo que constituiría un factor de presión adicional para que aumente la inflación. Así, estos efectos indirectos del alza de precios de la energía en la inflación total son a veces llamados “efectos de segunda ronda” (Bernanke, ídem).
Hoy, la mayoría de los analistas dice que no habría “segunda ronda” debido a dos hechos clave en los países industrializados: los altos déficit fiscales, que están llevando a drásticos programas para su reducción (disminuyendo la demanda) y, de otro, al muy alto y persistente desempleo en EEUU y Europa, lo que tiene el mismo efecto. En el Perú y otros países de América Latina, la percepción es más o menos la misma: se afirma que el principal riesgo es la inflación “importada” y no por la demanda interna. Aun así, el BCR está elevando un poco sus tasas como una medida preventiva contra expectativas inflacionarias.
Pero el MEF de Benavides tiene otro enfoque: piensa que la inflación “importada” se combate con la reducción del IGV, o sea estimulando la demanda interna porque ahora la gente tendrá más dinero en los bolsillos (si bien esto es en teoría porque los precios de los bienes casi no bajan en mercados oligopólicos). La cuestión es que la inflación de primera ronda ya nos está golpeando (fue 0.4% en enero). Habrá que ver si tendremos segunda ronda.
(1) No analizamos aquí las causas del alza de los precios de los productos básicos (problemas climáticos, aumento de la demanda, cultivo de biocombustibles, especulación financiera, etc.) lo que hemos hecho en otros artículos.
MARCONA
?
¿Se cayó la petroquímica de Marcona?
.Por Humberto Campodónico
“Es muy difícil que salga adelante el complejo de nitrógeno de Marcona propuesto por CF Industries –empresa de Illinois que produce y distribuye fertilizantes– debido a la incertidumbre sobre la infraestructura (gasoducto Pisco-Marcona) y a los bajos precios del gas natural en EEUU. Eso dijo el presidente de CF Industries, Stephen Wilson, al anunciar los resultados del IV Trimestre del 2010” (BN Américas, 21/02/2011).
Esta es una muy mala noticia, pues la planta petroquímica –PQ, con una inversión de US$ 2,000 millones– produciría fertilizantes con el gas natural de Camisea (sobre todo úrea) y reduciría su costo, beneficiando a los agricultores y a millones de peruanos.
No solo eso. El uso del gas en la PQ es mucho más conveniente que exportarlo en bruto, como se hace ahora. Un complejo de fertilizantes de amoníaco, nitrato de amonio y úrea generaría ingresos de US$ 11,500 millones, 5.75 veces más que la venta del gas bruto (US$ 2,000 millones). Además, dejaríamos de importar US$ 479 millones en plásticos y fertilizantes (www.cristaldemira.com, 18/04/2007).
El porqué de los problemas tiene una explicación central: la virtual ausencia del Estado. Veamos primero el tema precios.
En el 2007 el Consorcio Camisea que explota el Lote 88 realizó una licitación para vender gas natural a una empresa PQ. CF Industries lo ganó y comprará 99 millones de pies cúbicos diarios a precios entre US$ 3,00 y US$ 6,50 por millón de BTU (MMBTU), según las variaciones del precio internacional del gas natural.
Para CF Industries este precio era bastante bueno, considerando que en EEUU el precio del gas natural en el 2007 y el 2008 fue US$ 7.80 y 9.42 por MMBTU (Memoria CF 2009). Agrega CF que el gas representa cerca del 60% del costo total de producción de los fertilizantes.
Pero sucede que desde el 2008 hasta ahora, el precio del gas natural en EEUU ha bajado (está en US$3.80/MMBTU) y los pronósticos indican que no va a moverse. Por razones obvias, a CF ya no le cuadran los precios pactados en el 2007.
Otro tema es la disponibilidad de gas. La expansión del gasoducto Camisea-Pisco que debe realizar TGP aún no se concreta, entre otros motivos por el conflicto sobre la ruta escogida: la población no quiere que el gasoducto pase por el Santuario de Megantoni. Esto no solo afecta a CF, sino también a Lima.
Otro tema es la construcción del gasoducto Pisco-Ica-Marcona por la colombiana Congas –con una inversión de US$ 280 millones– que ya ha presentado su Estudio de Impacto Ambiental. Aquí el problema se deriva del anterior: si no se amplía la capacidad del gasoducto de TGP, entonces ¿qué gas se va a transportar? A eso se debe seguramente la incertidumbre de CF.
Volvamos a la ausencia del Estado. Una industria naciente tan importante como la PQ ha tenido un impulso inicial de las empresas estatales en toda la Región, que también ha considerado Asociaciones Público-Privadas entre empresas estatales y privadas.
Pero en el Perú las empresas privadas se encargan “de todo”, a lo que se agrega que el Estado no posee una sola molécula de gas y tampoco puede orientar su uso. Si el impulso a la PQ fuera prioridad nacional
–como lo fue la Carretera Interoceánica o la construcción del Terminal de LNG en Quintero, Chile– otra sería la situación, incluso con los actuales precios en EEUU.
Para terminar, hay algo que no dijo Stephen Wilson: que el proyecto de PQ (más pequeño) del Grupo Brescia con la chilena Sigdo Koppers sí podría salir adelante. ¿Dónde se va a construir esa planta? No en Ilo ni en Marcona, sino en Paracas –donde llega el gas–, que hace poco también obtuvo el rango de “polo petroquímico” (ya tenemos tres “polos”). Da para darle muchas vueltas a todo este asunto, que merece estar en el tope de la agenda en esta campaña electoral. Salvo peor parecer.
¿Se cayó la petroquímica de Marcona?
.Por Humberto Campodónico
“Es muy difícil que salga adelante el complejo de nitrógeno de Marcona propuesto por CF Industries –empresa de Illinois que produce y distribuye fertilizantes– debido a la incertidumbre sobre la infraestructura (gasoducto Pisco-Marcona) y a los bajos precios del gas natural en EEUU. Eso dijo el presidente de CF Industries, Stephen Wilson, al anunciar los resultados del IV Trimestre del 2010” (BN Américas, 21/02/2011).
Esta es una muy mala noticia, pues la planta petroquímica –PQ, con una inversión de US$ 2,000 millones– produciría fertilizantes con el gas natural de Camisea (sobre todo úrea) y reduciría su costo, beneficiando a los agricultores y a millones de peruanos.
No solo eso. El uso del gas en la PQ es mucho más conveniente que exportarlo en bruto, como se hace ahora. Un complejo de fertilizantes de amoníaco, nitrato de amonio y úrea generaría ingresos de US$ 11,500 millones, 5.75 veces más que la venta del gas bruto (US$ 2,000 millones). Además, dejaríamos de importar US$ 479 millones en plásticos y fertilizantes (www.cristaldemira.com, 18/04/2007).
El porqué de los problemas tiene una explicación central: la virtual ausencia del Estado. Veamos primero el tema precios.
En el 2007 el Consorcio Camisea que explota el Lote 88 realizó una licitación para vender gas natural a una empresa PQ. CF Industries lo ganó y comprará 99 millones de pies cúbicos diarios a precios entre US$ 3,00 y US$ 6,50 por millón de BTU (MMBTU), según las variaciones del precio internacional del gas natural.
Para CF Industries este precio era bastante bueno, considerando que en EEUU el precio del gas natural en el 2007 y el 2008 fue US$ 7.80 y 9.42 por MMBTU (Memoria CF 2009). Agrega CF que el gas representa cerca del 60% del costo total de producción de los fertilizantes.
Pero sucede que desde el 2008 hasta ahora, el precio del gas natural en EEUU ha bajado (está en US$3.80/MMBTU) y los pronósticos indican que no va a moverse. Por razones obvias, a CF ya no le cuadran los precios pactados en el 2007.
Otro tema es la disponibilidad de gas. La expansión del gasoducto Camisea-Pisco que debe realizar TGP aún no se concreta, entre otros motivos por el conflicto sobre la ruta escogida: la población no quiere que el gasoducto pase por el Santuario de Megantoni. Esto no solo afecta a CF, sino también a Lima.
Otro tema es la construcción del gasoducto Pisco-Ica-Marcona por la colombiana Congas –con una inversión de US$ 280 millones– que ya ha presentado su Estudio de Impacto Ambiental. Aquí el problema se deriva del anterior: si no se amplía la capacidad del gasoducto de TGP, entonces ¿qué gas se va a transportar? A eso se debe seguramente la incertidumbre de CF.
Volvamos a la ausencia del Estado. Una industria naciente tan importante como la PQ ha tenido un impulso inicial de las empresas estatales en toda la Región, que también ha considerado Asociaciones Público-Privadas entre empresas estatales y privadas.
Pero en el Perú las empresas privadas se encargan “de todo”, a lo que se agrega que el Estado no posee una sola molécula de gas y tampoco puede orientar su uso. Si el impulso a la PQ fuera prioridad nacional
–como lo fue la Carretera Interoceánica o la construcción del Terminal de LNG en Quintero, Chile– otra sería la situación, incluso con los actuales precios en EEUU.
Para terminar, hay algo que no dijo Stephen Wilson: que el proyecto de PQ (más pequeño) del Grupo Brescia con la chilena Sigdo Koppers sí podría salir adelante. ¿Dónde se va a construir esa planta? No en Ilo ni en Marcona, sino en Paracas –donde llega el gas–, que hace poco también obtuvo el rango de “polo petroquímico” (ya tenemos tres “polos”). Da para darle muchas vueltas a todo este asunto, que merece estar en el tope de la agenda en esta campaña electoral. Salvo peor parecer.
INGRESOS DE LIMA
Los ingresos desiguales de Lima Metropolitana
)
.Por Humberto Campodónico
Hace unos días publicamos estadísticas del Ministerio de Trabajo que nos decían que el 78.5% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada de Lima Metropolitana (LM) en el 2009 tenía ingresos de hasta 1,500 soles mensuales, mientras que solo el 21.4% tenía ingresos superiores a S/. 1,500/mes (1). Impresionante, ¿verdad?
Ahora publicamos estadísticas para el 2010 de LM, elaboradas por Ipsos-Apoyo a partir de encuestas realizadas por ellos, que nos permiten ver los ingresos mensuales promedio de los hogares, esta vez desagregados por niveles socioeconómicos. Dice Ipsos-Apoyo que el 75% de los hogares de LM tiene ingresos mensuales promedio de hasta 2,000 soles (ver cuadro), cifra que guarda relación con la del Ministerio de Trabajo.
Veamos el detalle. Del 75% de hogares con ingresos menores a S/. 2,000/mes, el 9% gana hasta 600 soles, el 26% gana entre 600 y 1,000 soles, mientras que el 40% gana entre 1,000 y 2,000 soles.
El 25% restante de los hogares gana entre 2,000 y 4,000 soles mensuales. De estos, el 15% gana entre 2,000 y 4,000 soles y solo el 3% gana más de 8,000 soles mensuales.
Vamos ahora a la desagregación por niveles socioeconómicos, que es lo interesante. En el Nivel A, que representa solo el 5.2% de los hogares, nadie gana menos de 2,000 soles mensuales. El 40% gana entre 4,000 y 8,000 soles mensuales y el 37% gana más de 8,000 soles mensuales.
Veamos ahora el contraste con el nivel E, que constituye el 13.8% de los hogares de LM. Aquí el 99% de los hogares gana menos de 2,000 soles. ¿Qué les parece? De estos, el 52% gana entre 600 y 1,000 soles. Y, ojo, nadie en el Sector E gana más de S/. 2,000/mes.
En el Nivel D, el 92% gana menos de 2,000 soles. Se aprecia que la línea divisoria entre el Nivel D y el Nivel E es muy tenue. Quizá la diferencia más grande es que el 37% gana entre 1,000 y 2,000 soles (mientras que en el E solo el 17%).
El Nivel C tiene el más alto porcentaje de hogares, el 33%, y son “la clase media”. Aquí el 33% gana hasta S/. 2,000/mes mientras que el 50% gana entre 2,000 y 4,000 soles. Nadie en el Sector C gana más de S/. 4,000/mes. Estas cifras nos dicen que el crecimiento económico de los últimos años, de un lado, no está generando empleos de calidad y, de otro, se ha repartido de manera muy desigual. Si se graficaran estos datos como una pirámide, veríamos que la parte alta es muy reducida (niveles A y B) y se va ensanchando a medida de que vamos bajando, de tal manera que el 75% de la población gana menos de S/. 2,000/mes.
Lo que se evidencia aquí es que el estilo de crecimiento económico apoyado en el crecimiento del sector primario exportador está generando amplias desigualdades, pues no beneficia a todos por igual. Lo que se necesita, entonces, es diversificar el aparato productivo y rediseñar las leyes antilaborales que vienen desde 1992-93. Esto, sin embargo, no es lo que propagandiza el gobierno ni, tampoco, la mayoría de los gremios empresariales, lo que también repercute en los medios de comunicación.
Es por eso, seguramente, que las encuestas más recientes (como la de Imasen publicada por La República) nos dicen que el 75% de la población quiere que se produzcan cambios en la política económica. Ahora sabemos por qué.
(1) Perú: Salarios en el piso, 18/02/2011, www.cristaldemira.com
)
.Por Humberto Campodónico
Hace unos días publicamos estadísticas del Ministerio de Trabajo que nos decían que el 78.5% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada de Lima Metropolitana (LM) en el 2009 tenía ingresos de hasta 1,500 soles mensuales, mientras que solo el 21.4% tenía ingresos superiores a S/. 1,500/mes (1). Impresionante, ¿verdad?
Ahora publicamos estadísticas para el 2010 de LM, elaboradas por Ipsos-Apoyo a partir de encuestas realizadas por ellos, que nos permiten ver los ingresos mensuales promedio de los hogares, esta vez desagregados por niveles socioeconómicos. Dice Ipsos-Apoyo que el 75% de los hogares de LM tiene ingresos mensuales promedio de hasta 2,000 soles (ver cuadro), cifra que guarda relación con la del Ministerio de Trabajo.
Veamos el detalle. Del 75% de hogares con ingresos menores a S/. 2,000/mes, el 9% gana hasta 600 soles, el 26% gana entre 600 y 1,000 soles, mientras que el 40% gana entre 1,000 y 2,000 soles.
El 25% restante de los hogares gana entre 2,000 y 4,000 soles mensuales. De estos, el 15% gana entre 2,000 y 4,000 soles y solo el 3% gana más de 8,000 soles mensuales.
Vamos ahora a la desagregación por niveles socioeconómicos, que es lo interesante. En el Nivel A, que representa solo el 5.2% de los hogares, nadie gana menos de 2,000 soles mensuales. El 40% gana entre 4,000 y 8,000 soles mensuales y el 37% gana más de 8,000 soles mensuales.
Veamos ahora el contraste con el nivel E, que constituye el 13.8% de los hogares de LM. Aquí el 99% de los hogares gana menos de 2,000 soles. ¿Qué les parece? De estos, el 52% gana entre 600 y 1,000 soles. Y, ojo, nadie en el Sector E gana más de S/. 2,000/mes.
En el Nivel D, el 92% gana menos de 2,000 soles. Se aprecia que la línea divisoria entre el Nivel D y el Nivel E es muy tenue. Quizá la diferencia más grande es que el 37% gana entre 1,000 y 2,000 soles (mientras que en el E solo el 17%).
El Nivel C tiene el más alto porcentaje de hogares, el 33%, y son “la clase media”. Aquí el 33% gana hasta S/. 2,000/mes mientras que el 50% gana entre 2,000 y 4,000 soles. Nadie en el Sector C gana más de S/. 4,000/mes. Estas cifras nos dicen que el crecimiento económico de los últimos años, de un lado, no está generando empleos de calidad y, de otro, se ha repartido de manera muy desigual. Si se graficaran estos datos como una pirámide, veríamos que la parte alta es muy reducida (niveles A y B) y se va ensanchando a medida de que vamos bajando, de tal manera que el 75% de la población gana menos de S/. 2,000/mes.
Lo que se evidencia aquí es que el estilo de crecimiento económico apoyado en el crecimiento del sector primario exportador está generando amplias desigualdades, pues no beneficia a todos por igual. Lo que se necesita, entonces, es diversificar el aparato productivo y rediseñar las leyes antilaborales que vienen desde 1992-93. Esto, sin embargo, no es lo que propagandiza el gobierno ni, tampoco, la mayoría de los gremios empresariales, lo que también repercute en los medios de comunicación.
Es por eso, seguramente, que las encuestas más recientes (como la de Imasen publicada por La República) nos dicen que el 75% de la población quiere que se produzcan cambios en la política económica. Ahora sabemos por qué.
(1) Perú: Salarios en el piso, 18/02/2011, www.cristaldemira.com
LA UNIVERSIDAD
Universidad: crisis y alternativas
.Por Salomón Lerner Febres
Corren tiempos difíciles, de crisis, para la universidad en general. Se podría afirmar que el conocimiento ha perdido su valor intrínseco y, afincándose en el terreno de lo utilitario, ha mutado convirtiéndose en una “mercancía” manejada por el mercado.
En el Perú esta crisis se expresa en las llamadas universidades-empresa, donde el conocimiento ha sido reemplazado por el saber capitalizable o el cientismo redituable, a lo que habría que sumar la penosa situación por la que atraviesa la universidad pública: abandonada por el Estado y las clases dirigentes, la autonomía que ella proclama y los altos valores que en el discurso defiende se traducen, en la realidad, en baja calidad académica, ineficiencia administrativa, inestabilidad institucional y pérdida de contacto con la sociedad por la pugna a su interior de intereses mezquinos. El resultado es el reforzamiento de nuestra crónica desigualdad social, pues los peruanos de pocos recursos reciben una educación de baja calidad en estos centros, y aquellos que más poseen acceden a una mejor formación en algunas instituciones privadas.
Reconocer lo anterior no significa resignarse a certificar una pérdida irreversible de los valores originarios de la universidad y abandonar, por tanto, todo intento de recuperación de su espíritu. Implica, más bien, entregarse de modo responsable a la tarea de reflexionar sobre el ser y el deber ser de una institución que ya ha sabido adaptarse con éxito a periodos de transformación social no menos desafiantes de los que hoy vivimos.
Es que la universidad, desde sus orígenes, ha sido una comunidad de personas unidas por la vocación de transmitir y renovar el conocimiento, un saber que no solo se despliega en el ámbito teorético, sino que ha de proyectarse al mejoramiento material y espiritual de la sociedad a la que representa y sirve. En ella se preparan profesionales, es cierto, pero, sobre todo, se forman seres humanos, hombres y mujeres libres y autónomos, pero también conscientes de sus compromisos con sus semejantes. De allí que se suela afirmar, y con razón, que la universidad es también escuela de ciudadanía.
Revalorar estos conceptos, analizar las dificultades que afronta la universidad peruana, y buscar los caminos y reformas que podrían adoptarse para su resolución es una tarea que, entre nosotros, resulta no solo necesaria sino urgente. A ella se ha abocado el Instituto de Estudios sobre la Universidad (INESU), institución que agrupa a personas vinculadas al quehacer universitario y a la cual me honro en pertenecer. Fruto de su trabajo es la formulación de un Proyecto de Ley que busca una mejora sustancial de los aspectos administrativos y académicos de la universidad, colocando el acento en los temas de docencia e investigación.
Dicho proyecto se inicia postulando la necesidad de un Sistema Nacional de Universidades, que sería integrado por las universidades públicas y privadas del país. El se encargaría además de establecer, de y entre las primeras, un número razonable de universidades macrorregionales que, constituyéndose en centros de excelencia, servirían de polos de desarrollo en el país, al mejorar el actual proceso de descentralización al brindar mayor dinamismo a la cultura y la economía de las regiones.
El Sistema velaría también por el cumplimiento de los criterios de calidad y pertinencia. Uno de los medios más seguros para ello es el de una seria acreditación que obligaría, por un lado, a que las universidades busquen perfeccionarse y haría, por otro, que las instituciones que no respondan a los niveles mínimos de seriedad académica –entre ellas, las que son meras empresas con fines lucrativos–dejen finalmente de funcionar.
Otro de los aspectos centrales de esta propuesta es la reforma de la organización académica. Entre las medidas que se sugieren se halla la restitución de los estudios generales como medio para asegurar la formación integral y favorecer la maduración vocacional de los estudiantes; la práctica sostenida de la investigación en todos los niveles; el establecimiento de requisitos más exigentes para el acceso a la carrera docente y, vinculado con ello, el fortalecimiento de los estudios de posgrado.
Tema importante en este proyecto es, por supuesto, el de las universidades públicas. Su mejora dependerá de dos acciones específicas: la reforma de su régimen de gobierno y el aumento de su presupuesto. Para lograr esto último se debería incrementar el monto que se les asigna en el Presupuesto General de la República, pero también el buscar otros medios de financiamiento, como las donaciones con un régimen especial y fiscalizado de exoneración y beneficios tributarios para los donantes, y también la tributación, bien estudiada, de sus egresados con miras a formar un fondo.
Estas y otras ideas deberán ser sometidas, sin duda, a debate, comentario y crítica. Y eso es precisamente lo que necesitamos, pues el diálogo en torno a la educación superior universitaria es uno de los grandes temas olvidados –incluso dentro de las propias universidades– y que, sin embargo, resulta fundamental para que lleguemos a ser mejores.
.Por Salomón Lerner Febres
Corren tiempos difíciles, de crisis, para la universidad en general. Se podría afirmar que el conocimiento ha perdido su valor intrínseco y, afincándose en el terreno de lo utilitario, ha mutado convirtiéndose en una “mercancía” manejada por el mercado.
En el Perú esta crisis se expresa en las llamadas universidades-empresa, donde el conocimiento ha sido reemplazado por el saber capitalizable o el cientismo redituable, a lo que habría que sumar la penosa situación por la que atraviesa la universidad pública: abandonada por el Estado y las clases dirigentes, la autonomía que ella proclama y los altos valores que en el discurso defiende se traducen, en la realidad, en baja calidad académica, ineficiencia administrativa, inestabilidad institucional y pérdida de contacto con la sociedad por la pugna a su interior de intereses mezquinos. El resultado es el reforzamiento de nuestra crónica desigualdad social, pues los peruanos de pocos recursos reciben una educación de baja calidad en estos centros, y aquellos que más poseen acceden a una mejor formación en algunas instituciones privadas.
Reconocer lo anterior no significa resignarse a certificar una pérdida irreversible de los valores originarios de la universidad y abandonar, por tanto, todo intento de recuperación de su espíritu. Implica, más bien, entregarse de modo responsable a la tarea de reflexionar sobre el ser y el deber ser de una institución que ya ha sabido adaptarse con éxito a periodos de transformación social no menos desafiantes de los que hoy vivimos.
Es que la universidad, desde sus orígenes, ha sido una comunidad de personas unidas por la vocación de transmitir y renovar el conocimiento, un saber que no solo se despliega en el ámbito teorético, sino que ha de proyectarse al mejoramiento material y espiritual de la sociedad a la que representa y sirve. En ella se preparan profesionales, es cierto, pero, sobre todo, se forman seres humanos, hombres y mujeres libres y autónomos, pero también conscientes de sus compromisos con sus semejantes. De allí que se suela afirmar, y con razón, que la universidad es también escuela de ciudadanía.
Revalorar estos conceptos, analizar las dificultades que afronta la universidad peruana, y buscar los caminos y reformas que podrían adoptarse para su resolución es una tarea que, entre nosotros, resulta no solo necesaria sino urgente. A ella se ha abocado el Instituto de Estudios sobre la Universidad (INESU), institución que agrupa a personas vinculadas al quehacer universitario y a la cual me honro en pertenecer. Fruto de su trabajo es la formulación de un Proyecto de Ley que busca una mejora sustancial de los aspectos administrativos y académicos de la universidad, colocando el acento en los temas de docencia e investigación.
Dicho proyecto se inicia postulando la necesidad de un Sistema Nacional de Universidades, que sería integrado por las universidades públicas y privadas del país. El se encargaría además de establecer, de y entre las primeras, un número razonable de universidades macrorregionales que, constituyéndose en centros de excelencia, servirían de polos de desarrollo en el país, al mejorar el actual proceso de descentralización al brindar mayor dinamismo a la cultura y la economía de las regiones.
El Sistema velaría también por el cumplimiento de los criterios de calidad y pertinencia. Uno de los medios más seguros para ello es el de una seria acreditación que obligaría, por un lado, a que las universidades busquen perfeccionarse y haría, por otro, que las instituciones que no respondan a los niveles mínimos de seriedad académica –entre ellas, las que son meras empresas con fines lucrativos–dejen finalmente de funcionar.
Otro de los aspectos centrales de esta propuesta es la reforma de la organización académica. Entre las medidas que se sugieren se halla la restitución de los estudios generales como medio para asegurar la formación integral y favorecer la maduración vocacional de los estudiantes; la práctica sostenida de la investigación en todos los niveles; el establecimiento de requisitos más exigentes para el acceso a la carrera docente y, vinculado con ello, el fortalecimiento de los estudios de posgrado.
Tema importante en este proyecto es, por supuesto, el de las universidades públicas. Su mejora dependerá de dos acciones específicas: la reforma de su régimen de gobierno y el aumento de su presupuesto. Para lograr esto último se debería incrementar el monto que se les asigna en el Presupuesto General de la República, pero también el buscar otros medios de financiamiento, como las donaciones con un régimen especial y fiscalizado de exoneración y beneficios tributarios para los donantes, y también la tributación, bien estudiada, de sus egresados con miras a formar un fondo.
Estas y otras ideas deberán ser sometidas, sin duda, a debate, comentario y crítica. Y eso es precisamente lo que necesitamos, pues el diálogo en torno a la educación superior universitaria es uno de los grandes temas olvidados –incluso dentro de las propias universidades– y que, sin embargo, resulta fundamental para que lleguemos a ser mejores.
PALABRE DE MUDO
.Por Augusto Álvarez Rodrich
Cuando Castañeda habló, empezaron sus problemas.
Al margen de cómo le vaya a Luis Castañeda en las encuestas de esta semana, creo que el ex alcalde ha realizado la peor campaña de esta temporada y en esta columna se lo voy a explicar por qué.
Castañeda era, hasta no hace mucho, el puntero y gozaba en las encuestas que ahora insulta de una abultada aprobación de 80% como alcalde. ¿Cuándo se empezó a joder su candidatura? Como muchos previeron, eso ocurrió cuando, por la presión priopia de una campaña, tuvo que empezar a hablar.
Su gestión municipal ha sido, por las obras hechas, muy importante para la ciudad y para darle dignidad a su población pobre –las escaleras o los clubes zonales, por ejemplo–, a pesar de que no le interesó el crecimiento de la inseguridad ciudadana ni la falta de transparencia suya ni de su equipo de trabajo.
Esto último ha sido, precisamente, un lastre de su campaña por las legítimas y graves acusaciones por asuntos escandalosos como Comunicore o los pagos absurdos hechos a entidades como la OIM para obviar la supervisión de la Contraloría.
Pero tan perjudicial como eso para su candidatura han sido sus respuestas al periodismo que lo denuncia y critica, lo cual se condice con la percepción de “chantajistas” que, según los wikileaks, Castañeda tiene de los periodistas, con la excepción de los medios que lo adulan y engríen durante esta campaña. ¿O es a esos periodistas a los que se refiere el ex alcalde?
Castañeda ve ‘complots’ y ‘guerra sucia’ en toda discrepancia o cuestionamiento, y tilda de ‘toledista’ a todo el que lo critica. Esto refleja una arrogancia injustificada que, además, es transmitida con un tono quejón que ya cansó a muchos.
De otro lado, su lista parlamentaria es –con pocas excepciones– mala, por la inclusión de una colección de tránsfugas donde hay varios impresentables. Esto, sin embargo, va de la mano con el estilo de Castañeda al expresarse en público, plagado de ataques que van desde la homofobia, al error tonto, y hasta el chavetazo sin elegancia. Expresión de ello es el pasquín ‘La hora loca’ para atacar a sus rivales con el biombo del humor.
Asimismo, su campaña ha estado mal estructurada. Desde el anuncio de la plancha, con una señora cuyo mérito se supo al toque –aportar S/.700 mil y varias camionetas–, hasta la falta de rumbo de su estrategia, donde el asesor venezolano Juan José Rendón se volvió más interesante que el candidato.
Pero el problema principal de Castañeda es el padrinazgo de Alan García, quien –como recordó esta semana Carlín– se volvió el señor ‘Redondón’ que remplazó a Rendón como jefe informal de su candidatura. Quizá olvidó que, últimamente, el presidente no ha podido hacerle ganar una elección a ninguno de sus ahijados de turno. Como va, ahorita lo pasa Ollanta Humala.
Cuando Castañeda habló, empezaron sus problemas.
Al margen de cómo le vaya a Luis Castañeda en las encuestas de esta semana, creo que el ex alcalde ha realizado la peor campaña de esta temporada y en esta columna se lo voy a explicar por qué.
Castañeda era, hasta no hace mucho, el puntero y gozaba en las encuestas que ahora insulta de una abultada aprobación de 80% como alcalde. ¿Cuándo se empezó a joder su candidatura? Como muchos previeron, eso ocurrió cuando, por la presión priopia de una campaña, tuvo que empezar a hablar.
Su gestión municipal ha sido, por las obras hechas, muy importante para la ciudad y para darle dignidad a su población pobre –las escaleras o los clubes zonales, por ejemplo–, a pesar de que no le interesó el crecimiento de la inseguridad ciudadana ni la falta de transparencia suya ni de su equipo de trabajo.
Esto último ha sido, precisamente, un lastre de su campaña por las legítimas y graves acusaciones por asuntos escandalosos como Comunicore o los pagos absurdos hechos a entidades como la OIM para obviar la supervisión de la Contraloría.
Pero tan perjudicial como eso para su candidatura han sido sus respuestas al periodismo que lo denuncia y critica, lo cual se condice con la percepción de “chantajistas” que, según los wikileaks, Castañeda tiene de los periodistas, con la excepción de los medios que lo adulan y engríen durante esta campaña. ¿O es a esos periodistas a los que se refiere el ex alcalde?
Castañeda ve ‘complots’ y ‘guerra sucia’ en toda discrepancia o cuestionamiento, y tilda de ‘toledista’ a todo el que lo critica. Esto refleja una arrogancia injustificada que, además, es transmitida con un tono quejón que ya cansó a muchos.
De otro lado, su lista parlamentaria es –con pocas excepciones– mala, por la inclusión de una colección de tránsfugas donde hay varios impresentables. Esto, sin embargo, va de la mano con el estilo de Castañeda al expresarse en público, plagado de ataques que van desde la homofobia, al error tonto, y hasta el chavetazo sin elegancia. Expresión de ello es el pasquín ‘La hora loca’ para atacar a sus rivales con el biombo del humor.
Asimismo, su campaña ha estado mal estructurada. Desde el anuncio de la plancha, con una señora cuyo mérito se supo al toque –aportar S/.700 mil y varias camionetas–, hasta la falta de rumbo de su estrategia, donde el asesor venezolano Juan José Rendón se volvió más interesante que el candidato.
Pero el problema principal de Castañeda es el padrinazgo de Alan García, quien –como recordó esta semana Carlín– se volvió el señor ‘Redondón’ que remplazó a Rendón como jefe informal de su candidatura. Quizá olvidó que, últimamente, el presidente no ha podido hacerle ganar una elección a ninguno de sus ahijados de turno. Como va, ahorita lo pasa Ollanta Humala.
lunes, 21 de febrero de 2011
domingo, 20 de febrero de 2011
VIVA PALESTINA
Tres mil palestinos protestan por veto de EEUU en la ONU
.Unos 3.000 palestinos se manifestaron hoy en la ciudad cisjordana de Ramala en protesta por el veto de Estados Unidos el pasado viernes a una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU contra la colonización judía.
"EEUU es parcial", "No podemos negociar con EEUU" o "La ANP (Autoridad Nacional Palestina) no debe continuar las negociaciones" fueron algunos de los eslóganes coreados por los manifestantes, concentrados en la céntrica plaza Al-Manara.
La protesta fue organizada por el movimiento Al-Fatah, que lidera el presidente palestino, Mahmud Abás.
También el primer ministro palestino, Salam Fayad, criticó hoy el veto estadounidense durante una visita al pueblo de Yalame, en el norte de Cisjordania.
Fayad señaló que son las políticas de la ocupación israelí las que requerirían un veto y no una resolución que busca impulsar la creación de un Estado palestino, informa la agencia oficial palestina "Wafa".
El pasado viernes, Washington frenó una resolución, apadrinada por 130 países, de condena a la continua ampliación israelí de los asentamientos judíos en los territorios palestinos y que obtuvo el "sí" de los otros catorce miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
.Unos 3.000 palestinos se manifestaron hoy en la ciudad cisjordana de Ramala en protesta por el veto de Estados Unidos el pasado viernes a una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU contra la colonización judía.
"EEUU es parcial", "No podemos negociar con EEUU" o "La ANP (Autoridad Nacional Palestina) no debe continuar las negociaciones" fueron algunos de los eslóganes coreados por los manifestantes, concentrados en la céntrica plaza Al-Manara.
La protesta fue organizada por el movimiento Al-Fatah, que lidera el presidente palestino, Mahmud Abás.
También el primer ministro palestino, Salam Fayad, criticó hoy el veto estadounidense durante una visita al pueblo de Yalame, en el norte de Cisjordania.
Fayad señaló que son las políticas de la ocupación israelí las que requerirían un veto y no una resolución que busca impulsar la creación de un Estado palestino, informa la agencia oficial palestina "Wafa".
El pasado viernes, Washington frenó una resolución, apadrinada por 130 países, de condena a la continua ampliación israelí de los asentamientos judíos en los territorios palestinos y que obtuvo el "sí" de los otros catorce miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
SALARIOS EN EL PISO
Perú: Salarios en EL PERU
.Por Humberto Campodónico
Todos los días leemos y escuchamos que el PBI tiene tasas de crecimiento “chinas”. Y que esto se debe a los enormes flujos de inversión que llegan y continúan llegando al país. Pero pocas veces se analiza en detalle su incidencia en los salarios y el poder adquisitivo de la población.
En el Perú el salario mínimo es uno de los más bajos de América Latina, como nos lo recuerda Julio Gamero en reciente trabajo (1). Se aprecia (ver gráfico) que si bien el PBI per cápita del Perú crece de 100 a 143 del 2000 al 2009, no sucede lo mismo con el salario mínimo, que solo aumenta de 100 a 114.5.
O sea que ese mayor crecimiento del PBI per cápita (que es un promedio) no conlleva una mejora paralela de la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población. O, también, que el crecimiento del PBI se distribuye de manera desigual.
No sucede lo mismo en otros países de América Latina, donde el salario mínimo vital pasó de 100 a 150 en el mismo periodo.
Dicho de otra manera: allá el crecimiento de la economía propició una mayor inclusión social pues la masa salarial aumentó su participación en el ingreso nacional. Lo que nos permite decir algo evidente: en el Perú el estilo de crecimiento está generando una mayor desigualdad social.
De otro lado, estadísticas recientes del Ministerio de Trabajo, dicen que el 2009 la Población Económicamente Activa (PEA) de Lima ascendió a 4.39 millones de personas. De este total, el 3% no tiene ingresos y el 21.7% gana menos de S/. 500/mes (menos que el salario mínimo). 35% tiene ingresos que van de los 500 a 1,000 soles mensuales y un 18.5% adicional gana entre 1,000 y 1,499 soles mensuales.
En total, el 78.5% de la PEA de Lima gana menos de S/. 1,500 mensuales, lo cual es otra forma de apreciar los bajos niveles de ingresos existentes.
Este “dato limeño” debe insertarse en un total nacional: “actualmente, más del 60% de la PEA ocupada del Perú –unos 8.6 millones de un total de 14.4 millones– está subempleada, es decir, trabaja menos de 35 horas a la semana y/o sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar” (Gestión, 14/2/2011).
Lo expuesto aquí nos dice claramente que es irresponsable seguir afirmando que la mera inversión es condición necesaria y suficiente para un crecimiento con redistribución. Sin un cambio de las leyes laborales y la puesta en marcha de políticas que promuevan ganancias de competitividad y la diversificación de la actividad productiva (para no depender de los recursos minerales), seguiremos en lo mismo. ¿Hasta cuándo?
.Por Humberto Campodónico
Todos los días leemos y escuchamos que el PBI tiene tasas de crecimiento “chinas”. Y que esto se debe a los enormes flujos de inversión que llegan y continúan llegando al país. Pero pocas veces se analiza en detalle su incidencia en los salarios y el poder adquisitivo de la población.
En el Perú el salario mínimo es uno de los más bajos de América Latina, como nos lo recuerda Julio Gamero en reciente trabajo (1). Se aprecia (ver gráfico) que si bien el PBI per cápita del Perú crece de 100 a 143 del 2000 al 2009, no sucede lo mismo con el salario mínimo, que solo aumenta de 100 a 114.5.
O sea que ese mayor crecimiento del PBI per cápita (que es un promedio) no conlleva una mejora paralela de la capacidad adquisitiva de la mayor parte de la población. O, también, que el crecimiento del PBI se distribuye de manera desigual.
No sucede lo mismo en otros países de América Latina, donde el salario mínimo vital pasó de 100 a 150 en el mismo periodo.
Dicho de otra manera: allá el crecimiento de la economía propició una mayor inclusión social pues la masa salarial aumentó su participación en el ingreso nacional. Lo que nos permite decir algo evidente: en el Perú el estilo de crecimiento está generando una mayor desigualdad social.
De otro lado, estadísticas recientes del Ministerio de Trabajo, dicen que el 2009 la Población Económicamente Activa (PEA) de Lima ascendió a 4.39 millones de personas. De este total, el 3% no tiene ingresos y el 21.7% gana menos de S/. 500/mes (menos que el salario mínimo). 35% tiene ingresos que van de los 500 a 1,000 soles mensuales y un 18.5% adicional gana entre 1,000 y 1,499 soles mensuales.
En total, el 78.5% de la PEA de Lima gana menos de S/. 1,500 mensuales, lo cual es otra forma de apreciar los bajos niveles de ingresos existentes.
Este “dato limeño” debe insertarse en un total nacional: “actualmente, más del 60% de la PEA ocupada del Perú –unos 8.6 millones de un total de 14.4 millones– está subempleada, es decir, trabaja menos de 35 horas a la semana y/o sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar” (Gestión, 14/2/2011).
Lo expuesto aquí nos dice claramente que es irresponsable seguir afirmando que la mera inversión es condición necesaria y suficiente para un crecimiento con redistribución. Sin un cambio de las leyes laborales y la puesta en marcha de políticas que promuevan ganancias de competitividad y la diversificación de la actividad productiva (para no depender de los recursos minerales), seguiremos en lo mismo. ¿Hasta cuándo?
Audacia para el despojo
Audacia para el despojo
.El 14 de febrero Repsol de España anunció que había cerrado un trato con la empresa estatal de Corea del Sur, Korea Gas Corporation (Kogas). Dijo Antonio Brufau, presidente de Repsol, que este contrato permitirá a Repsol entrar por primera vez al mercado asiático vendiendo 1.9 millones de metros cúbicos, los que serán entregados en sucesivos embarques en los próximos 15 meses.
¿Repsol está vendiendo gas español? No. Está vendiendo el gas de Camisea. Y la cantidad no es bicoca porque esos 1.9 millones de metros cúbicos equivalen a 0.665 billones de pies cúbicos (TCF, en inglés). Si dividimos esta cantidad entre 455 días (15 meses), Repsol venderá 150 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) al país asiático. Dice Repsol que eso equivale al consumo de un millón de hogares durante un año.
Esta venta a Kogas forma parte de los 550 mmpcd que Repsol exportará durante los próximos 18 años. La mayor cantidad (el 66% del total) se venderá a la planta de Manzanillo (México), lo que comenzará en octubre. Así, Repsol exportará un total de 4.1 bpc, el 50% del total de reservas probadas de gas natural del Lote 88 y el Lote 56.
¿Qué significa esto para nosotros? Que en estos momentos la demanda nacional de gas no puede cubrirse porque, justamente, éste se exporta. Fuentes industriales han calculado que la demanda actual de 300 mmpcd se duplicaría si hubiera suficiente gas. Esto quedó demostrado en la última subasta de gas realizada hace más de un año. El cambio de la legislación que permite este delito (así lo calificó García en su mensaje del 28 de julio del 2009) se dio bajo el régimen toledista en los años 2005 y 2006. Fue allí que se permitió que el gas del Lote 88, que estaba destinado en exclusividad al mercado interno pudiera también exportarse, junto con el gas del Lote 56.
Ante las masivas protestas, el gobierno de García expidió en agosto pasado el DS-053-2010-EM, autorizando a Perupetro a renegociar el contrato del Lote 88 para que dicho gas vuelva a ser destinado exclusivamente al mercado interno. Pero nada. Ya van 7 meses, de prórroga tras prórroga en la negociación con el consorcio Camisea y la “mecida” continúa. Queda claro que el gobierno promulgó el DS para las tribunas y que el Consorcio, consciente de esa situación, arrastra los pies para que la negociación se produzca con el próximo gobierno. ¿Alguien dijo “república bananera”?
Las reservas del Lote 88 podrían satisfacer de inmediato la demanda interna faltante actual y, también, garantizar la demanda del gasoducto al sur andino, la región más pobre del Perú. Pero hoy eso no se puede hacer porque ese gas está inmovilizado ya que es la garantía de que Repsol pueda exportar los 4.1 bpc en los próximos 18 años. Ya hemos dicho antes que esta “audacia para el despojo” es inaudita. Agreguemos que la exportación a México (donde se irán las 2/3 partes) es un pésimo negocio porque allí rige el precio de EEUU, el más bajo del mundo. Por consiguiente, esa regalía es menor que la que se paga en el mercado interno. Eso también debería modificarse –de acuerdo al DS-030-2010 de julio pasado– pero ahí también es grande la “mecida”.
Todo esto sucede porque –según la Constitución de Fujimori de 1993 y a la Ley de Hidrocarburos de 1992, Ley 26221– los inversionistas son los “dueños del gas”, como si este recurso natural estratégico pudiera ser tratado como una mercancía más. ¿Hasta cuándo?
Audacia para el despojo
.El 14 de febrero Repsol de España anunció que había cerrado un trato con la empresa estatal de Corea del Sur, Korea Gas Corporation (Kogas). Dijo Antonio Brufau, presidente de Repsol, que este contrato permitirá a Repsol entrar por primera vez al mercado asiático vendiendo 1.9 millones de metros cúbicos, los que serán entregados en sucesivos embarques en los próximos 15 meses.
¿Repsol está vendiendo gas español? No. Está vendiendo el gas de Camisea. Y la cantidad no es bicoca porque esos 1.9 millones de metros cúbicos equivalen a 0.665 billones de pies cúbicos (TCF, en inglés). Si dividimos esta cantidad entre 455 días (15 meses), Repsol venderá 150 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) al país asiático. Dice Repsol que eso equivale al consumo de un millón de hogares durante un año.
Esta venta a Kogas forma parte de los 550 mmpcd que Repsol exportará durante los próximos 18 años. La mayor cantidad (el 66% del total) se venderá a la planta de Manzanillo (México), lo que comenzará en octubre. Así, Repsol exportará un total de 4.1 bpc, el 50% del total de reservas probadas de gas natural del Lote 88 y el Lote 56.
¿Qué significa esto para nosotros? Que en estos momentos la demanda nacional de gas no puede cubrirse porque, justamente, éste se exporta. Fuentes industriales han calculado que la demanda actual de 300 mmpcd se duplicaría si hubiera suficiente gas. Esto quedó demostrado en la última subasta de gas realizada hace más de un año. El cambio de la legislación que permite este delito (así lo calificó García en su mensaje del 28 de julio del 2009) se dio bajo el régimen toledista en los años 2005 y 2006. Fue allí que se permitió que el gas del Lote 88, que estaba destinado en exclusividad al mercado interno pudiera también exportarse, junto con el gas del Lote 56.
Ante las masivas protestas, el gobierno de García expidió en agosto pasado el DS-053-2010-EM, autorizando a Perupetro a renegociar el contrato del Lote 88 para que dicho gas vuelva a ser destinado exclusivamente al mercado interno. Pero nada. Ya van 7 meses, de prórroga tras prórroga en la negociación con el consorcio Camisea y la “mecida” continúa. Queda claro que el gobierno promulgó el DS para las tribunas y que el Consorcio, consciente de esa situación, arrastra los pies para que la negociación se produzca con el próximo gobierno. ¿Alguien dijo “república bananera”?
Las reservas del Lote 88 podrían satisfacer de inmediato la demanda interna faltante actual y, también, garantizar la demanda del gasoducto al sur andino, la región más pobre del Perú. Pero hoy eso no se puede hacer porque ese gas está inmovilizado ya que es la garantía de que Repsol pueda exportar los 4.1 bpc en los próximos 18 años. Ya hemos dicho antes que esta “audacia para el despojo” es inaudita. Agreguemos que la exportación a México (donde se irán las 2/3 partes) es un pésimo negocio porque allí rige el precio de EEUU, el más bajo del mundo. Por consiguiente, esa regalía es menor que la que se paga en el mercado interno. Eso también debería modificarse –de acuerdo al DS-030-2010 de julio pasado– pero ahí también es grande la “mecida”.
Todo esto sucede porque –según la Constitución de Fujimori de 1993 y a la Ley de Hidrocarburos de 1992, Ley 26221– los inversionistas son los “dueños del gas”, como si este recurso natural estratégico pudiera ser tratado como una mercancía más. ¿Hasta cuándo?
BRRP
Respuesta al BCRP
.Por Waldo Mendoza Bellido
Departamento de Economía de la PUCP
Hay una sequía del crédito en dólares debido a que la banca local perdió el 2008 su acceso a fondos de corto plazo en el extranjero a raíz de la crisis financiera ocurrida en USA. En noviembre último, los préstamos en dólares de los bancos al sector privado disminuyeron en 0.6% con respecto al mismo mes del año pasado. Como el crédito en dólares representa la mitad del total, esta sequía crediticia es una importante fuerza recesiva que está detrás del crecimiento cero que viene registrando la economía peruana en 2009.
Eso es, en resumen, lo que dije en El Comercio del 24 de noviembre. Recibí la réplica inmediata del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través de su gerente de Estudios Económicos, Adrián Armas (El Comercio, 28 de noviembre), y también de Mirko Lauer, columnista político de La República.
Según Lauer, mi crítica a la política monetaria tiene “un sesgo político importante”, porque el dato es que yo sería “uno de los principales asesores del candidato puntero Luis Castañeda”. Si Lauer hubiera cruzado sus fuentes y me hubiera llamado a la Católica, le hubiera dicho que su dato es falso.
Las cuestiones de fondo
La evolución del crédito en soles depende de la tasa de interés de referencia del BCRP, del humor de los banqueros respecto al futuro de la economía y del crecimiento del PBI. Si se reduce la tasa de referencia o si los banqueros se tornan optimistas o si la economía se reactiva, aumenta el crédito en soles.
Para que el ritmo de crecimiento del crédito en soles no se desplome, el BCRP debió bajar la tasa de referencia apenas detonó la crisis internacional en setiembre de 2008. El presidente del BCRP ha declarado que eso “hubiera sido una locura. En un momento de presión al alza del tipo de cambio solo un loco, un imprudente, hubiera bajado la tasa de interés”. Pobre presidente del Banco Central de Australia, quien bajó la tasa de interés en setiembre de 2008, medio año antes que el BCRP, justo cuando el dólar se fortalecía respecto a casi todas las monedas del planeta.
Esta demora en la reducción de la tasa de referencia, el enfriamiento de la economía y el cambio de humor de los banqueros, explican que el ritmo anual de crecimiento del crédito en soles haya descendido desde el 52% registrado en noviembre de 2008 a solo 16% en noviembre último.
Los créditos en dólares
Si los banqueros locales quieren ampliar rápidamente el monto de sus préstamos en dólares, como ocurrió en 2007-2008 o en 1996-1998, la opción es conseguir los fondos afuera. El problema es que, usualmente, estos fondos son de corto plazo, muy volátiles.
En la segunda mitad de los 90, se produjo una explosión de estos adeudados con el exterior que saltaron desde 1,400 millones de dólares a principios de 1996 hasta 3,630 millones a mediados de 1998. Como resultado, el crédito bancario local en dólares, que se alimentaba con estos fondos del exterior, se duplicó entre ambas fechas. Con la crisis rusa, hubo que pagar apresuradamente esta deuda, lo que provocó una sequía del crédito en dólares y fue una de las principales causas de la recesión de 1998-2000.
En 2007-08, ocurrió básicamente lo mismo. Hubo también una explosión de adeudados de corto plazo con el exterior que saltaron desde 754 millones de dólares a fines de 2006 hasta casi 2900 millones a mediados de 2008. Como resultado, el crédito local en dólares creció en más de 40% entre ambas fechas. A raíz de la crisis financiera en USA, entre mayo del 2008 y setiembre del 2009, esta deuda con el exterior se redujo en tres cuartas partes. Esto provocó la sequía del crédito en dólares, que fue una de las principales causas de la recesión de 2008-2009.
Para evitar este ciclo de explosión-implosión de los adeudados con el exterior, el BCRP tiene a la mano una solución sencilla que ya se aplicó en 2004. Le pone un encaje a estos adeudados igual al encaje del 30% que recae sobre los depósitos en dólares. Esto significa que si un banco recibe un depósito o fondos del exterior por valor de 100 dólares, solo puede prestar 70 dólares y debe depositar en el BCRP los otros 30 dólares. El BCRP paga un interés (la remuneración al encaje) por estos 30 dólares. Mientras mayor sea la tasa de encaje y menor sea la remuneración del encaje, menos atractivo es tomar adeudados en el exterior para alimentar los préstamos locales en dólares.
La tasa de remuneración al encaje debe utilizarse como un instrumento de política para desalentar estos capitales y desdolarizar el crédito bancario, manteniéndola lo más baja posible, y no debe estar amarrada, como ahora, a la tasa de interés internacional.
Así, podemos aislar a la economía de la volatilidad de estos engreídos capitales de corto plazo.
.Por Waldo Mendoza Bellido
Departamento de Economía de la PUCP
Hay una sequía del crédito en dólares debido a que la banca local perdió el 2008 su acceso a fondos de corto plazo en el extranjero a raíz de la crisis financiera ocurrida en USA. En noviembre último, los préstamos en dólares de los bancos al sector privado disminuyeron en 0.6% con respecto al mismo mes del año pasado. Como el crédito en dólares representa la mitad del total, esta sequía crediticia es una importante fuerza recesiva que está detrás del crecimiento cero que viene registrando la economía peruana en 2009.
Eso es, en resumen, lo que dije en El Comercio del 24 de noviembre. Recibí la réplica inmediata del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través de su gerente de Estudios Económicos, Adrián Armas (El Comercio, 28 de noviembre), y también de Mirko Lauer, columnista político de La República.
Según Lauer, mi crítica a la política monetaria tiene “un sesgo político importante”, porque el dato es que yo sería “uno de los principales asesores del candidato puntero Luis Castañeda”. Si Lauer hubiera cruzado sus fuentes y me hubiera llamado a la Católica, le hubiera dicho que su dato es falso.
Las cuestiones de fondo
La evolución del crédito en soles depende de la tasa de interés de referencia del BCRP, del humor de los banqueros respecto al futuro de la economía y del crecimiento del PBI. Si se reduce la tasa de referencia o si los banqueros se tornan optimistas o si la economía se reactiva, aumenta el crédito en soles.
Para que el ritmo de crecimiento del crédito en soles no se desplome, el BCRP debió bajar la tasa de referencia apenas detonó la crisis internacional en setiembre de 2008. El presidente del BCRP ha declarado que eso “hubiera sido una locura. En un momento de presión al alza del tipo de cambio solo un loco, un imprudente, hubiera bajado la tasa de interés”. Pobre presidente del Banco Central de Australia, quien bajó la tasa de interés en setiembre de 2008, medio año antes que el BCRP, justo cuando el dólar se fortalecía respecto a casi todas las monedas del planeta.
Esta demora en la reducción de la tasa de referencia, el enfriamiento de la economía y el cambio de humor de los banqueros, explican que el ritmo anual de crecimiento del crédito en soles haya descendido desde el 52% registrado en noviembre de 2008 a solo 16% en noviembre último.
Los créditos en dólares
Si los banqueros locales quieren ampliar rápidamente el monto de sus préstamos en dólares, como ocurrió en 2007-2008 o en 1996-1998, la opción es conseguir los fondos afuera. El problema es que, usualmente, estos fondos son de corto plazo, muy volátiles.
En la segunda mitad de los 90, se produjo una explosión de estos adeudados con el exterior que saltaron desde 1,400 millones de dólares a principios de 1996 hasta 3,630 millones a mediados de 1998. Como resultado, el crédito bancario local en dólares, que se alimentaba con estos fondos del exterior, se duplicó entre ambas fechas. Con la crisis rusa, hubo que pagar apresuradamente esta deuda, lo que provocó una sequía del crédito en dólares y fue una de las principales causas de la recesión de 1998-2000.
En 2007-08, ocurrió básicamente lo mismo. Hubo también una explosión de adeudados de corto plazo con el exterior que saltaron desde 754 millones de dólares a fines de 2006 hasta casi 2900 millones a mediados de 2008. Como resultado, el crédito local en dólares creció en más de 40% entre ambas fechas. A raíz de la crisis financiera en USA, entre mayo del 2008 y setiembre del 2009, esta deuda con el exterior se redujo en tres cuartas partes. Esto provocó la sequía del crédito en dólares, que fue una de las principales causas de la recesión de 2008-2009.
Para evitar este ciclo de explosión-implosión de los adeudados con el exterior, el BCRP tiene a la mano una solución sencilla que ya se aplicó en 2004. Le pone un encaje a estos adeudados igual al encaje del 30% que recae sobre los depósitos en dólares. Esto significa que si un banco recibe un depósito o fondos del exterior por valor de 100 dólares, solo puede prestar 70 dólares y debe depositar en el BCRP los otros 30 dólares. El BCRP paga un interés (la remuneración al encaje) por estos 30 dólares. Mientras mayor sea la tasa de encaje y menor sea la remuneración del encaje, menos atractivo es tomar adeudados en el exterior para alimentar los préstamos locales en dólares.
La tasa de remuneración al encaje debe utilizarse como un instrumento de política para desalentar estos capitales y desdolarizar el crédito bancario, manteniéndola lo más baja posible, y no debe estar amarrada, como ahora, a la tasa de interés internacional.
Así, podemos aislar a la economía de la volatilidad de estos engreídos capitales de corto plazo.
Perú > El legado de García
.Por Waldo Mendoza Bellido
Profesor de Economía de la PUCP
En materia de política económica, el gobierno de García ya concluyó. Es un buen momento para hacer un balance. Hay consenso que su segundo gobierno ha sido infinitamente mejor que el primero (once entre cero es infinito). Está dejando, sin embargo, varios presentes que serán un dolor de cabeza para la siguiente administración.
Para el debido proceso, debe recordarse que el desempeño macroeconómico de un país depende del contexto externo, la política macroeconómica y el modelo de crecimiento.
El contexto externo
El contexto externo fue, en promedio, favorable para García, con la excepción de 2009. En el periodo 2006-2010 la economía mundial creció en alrededor de 3.5 % anual y el ingreso de capitales a nuestro país bordeó el 2.5 % del PBI.
La política macroeconómica
La política monetaria tuvo tres fases. En la primera, al inicio de este gobierno, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) bajó innecesariamente la meta de inflación; elevó, también por gusto, la remuneración al encaje en moneda extranjera; y ofreció, y reculó de inmediato, una mayor flotación del tipo de cambio.
La segunda etapa estuvo marcada por la crisis mundial. Cuando ya existía evidencia del impulso recesivo proveniente del exterior, no se bajó a tiempo la tasa de interés; aunque sí se evitó una crisis cambiaria con la venta masiva de dólares.
El BCRP se justificó diciendo que no se puede bajar la tasa de interés cuando salen los capitales y presionan el tipo de cambio.
Pero otros bancos centrales, en condiciones similares, bajaron sus tasas de interés mucho antes que nosotros. Esto es posible porque el BCRP tiene dos instrumentos, la venta de dólares esterilizada y la tasa de interés. El primer instrumento fue usado a tiempo; el segundo no.
En la etapa poscrisis el BCRP hizo lo correcto, subió la tasa de interés y la tasa de encaje en moneda extranjera.
La política fiscal, antes de la crisis externa, fue expansiva y, en la fase siguiente, cuando llegó la crisis, fue contractiva. En el primer semestre de 2008, cuando la economía peruana crecía a ritmo chino, la inversión pública subió en 65 % anual y en el periodo recesivo, fines de 2008 y principios de 2009, se elevó solo en 20 %.
En la fase poscrisis, desde fines de 2009, la política fiscal ha retomado su carácter contracíclico.
El modelo de crecimiento
Nuestro desempeño macroeconómico se explica también por el modelo de crecimiento vigente (cuánto Estado y cuánto mercado, cuánta protección arancelaria y cuánto libre comercio).
En América del Sur, por el grado de intervención estatal (en el sistema de precios, en la propiedad de las empresas) y de apertura al comercio internacional, pueden juntarse a los países en dos grandes grupos. En el grupo A están Perú, Colombia, Chile y Brasil, y en el grupo B, Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador.
En los últimos años, en términos de inflación y crecimiento del PBI, al grupo A le ha ido mucho mejor que al grupo B.
Los retos para el 2011-2015
En política monetaria, el BCRP tiene cuatro tareas: mover oportunamente la tasa de referencia, impedir el ingreso masivo de capitales de corto plazo, acumular un montón de reservas internacionales y, para fortalecer la potencia de la política monetaria, para que los cambios en las tasas de corto plazo impacten rápidamente en las de largo plazo, debe abandonar el obsoleto instrumento de la tasa de encaje en soles.
La política fiscal debe recuperar el carácter contracíclico del periodo 2001-2005. Esa política, que fue producto de la buena voluntad política, debe institucionalizarse, a través de una regla de superávit estructural como el que tienen los chilenos
En ocasiones, no hacer nada es meritorio. Mientras en el grupo B paran “refundando” sus modelos de crecimiento, transitando, cada cierto tiempo, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y manteniéndose a la larga en el mismo sitio, García no tocó un pelo del modelo heredado de Toledo.
Hizo bien en privilegiar el mercado externo como fuente de demanda y la inversión privada como principal fuente de capacidad productiva. No existe un país en el mundo, pequeño y abierto como el nuestro, que haya logrado crecer sostenidamente si no es a punta de exportaciones. Las políticas destinadas a promover el mercado interno pueden ser un complemento de la política social, pero no sirven para el crecimiento sostenido.
La evidencia también señala que para sostener un crecimiento alto las exportaciones tienen que ser principalmente de productos manufacturados. El desarrollo de la infraestructura necesaria, junto con políticas específicas para ese objetivo, podrían elevar nuestra tasa de crecimiento potencial.
Por último, lo más importante. Si queremos dejar de ser uno de los países más desiguales en América Latina, hay que elevar sustantivamente la recaudación, para poder sostener un gasto público mayor en capital humano e infraestructura.
A García nunca le ha preocupado la recaudación. En su primer gobierno redujo la presión tributaria de 15 % del PBI a 7.5 %. En su actual gobierno, la recibió en 16 % y la dejará por debajo de esa cifra. Para evadir el tema, podemos insistir en que “hay que ampliar la base tributaria”. En realidad, la presión tributaria solo puede subir apreciablemente desapareciendo las exoneraciones o modificando el esquema actual de tributación minera.
Lo hecho no ha sido destrozado. Eso está bien. Lo fácil, ha sido hecho. Al siguiente gobierno le toca hacer los grandes correctivos al modelo vigente que nos permitan sostener un crecimiento elevado y, al mismo tiempo, enfrentar el problema distributivo.
.Por Waldo Mendoza Bellido
Profesor de Economía de la PUCP
En materia de política económica, el gobierno de García ya concluyó. Es un buen momento para hacer un balance. Hay consenso que su segundo gobierno ha sido infinitamente mejor que el primero (once entre cero es infinito). Está dejando, sin embargo, varios presentes que serán un dolor de cabeza para la siguiente administración.
Para el debido proceso, debe recordarse que el desempeño macroeconómico de un país depende del contexto externo, la política macroeconómica y el modelo de crecimiento.
El contexto externo
El contexto externo fue, en promedio, favorable para García, con la excepción de 2009. En el periodo 2006-2010 la economía mundial creció en alrededor de 3.5 % anual y el ingreso de capitales a nuestro país bordeó el 2.5 % del PBI.
La política macroeconómica
La política monetaria tuvo tres fases. En la primera, al inicio de este gobierno, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) bajó innecesariamente la meta de inflación; elevó, también por gusto, la remuneración al encaje en moneda extranjera; y ofreció, y reculó de inmediato, una mayor flotación del tipo de cambio.
La segunda etapa estuvo marcada por la crisis mundial. Cuando ya existía evidencia del impulso recesivo proveniente del exterior, no se bajó a tiempo la tasa de interés; aunque sí se evitó una crisis cambiaria con la venta masiva de dólares.
El BCRP se justificó diciendo que no se puede bajar la tasa de interés cuando salen los capitales y presionan el tipo de cambio.
Pero otros bancos centrales, en condiciones similares, bajaron sus tasas de interés mucho antes que nosotros. Esto es posible porque el BCRP tiene dos instrumentos, la venta de dólares esterilizada y la tasa de interés. El primer instrumento fue usado a tiempo; el segundo no.
En la etapa poscrisis el BCRP hizo lo correcto, subió la tasa de interés y la tasa de encaje en moneda extranjera.
La política fiscal, antes de la crisis externa, fue expansiva y, en la fase siguiente, cuando llegó la crisis, fue contractiva. En el primer semestre de 2008, cuando la economía peruana crecía a ritmo chino, la inversión pública subió en 65 % anual y en el periodo recesivo, fines de 2008 y principios de 2009, se elevó solo en 20 %.
En la fase poscrisis, desde fines de 2009, la política fiscal ha retomado su carácter contracíclico.
El modelo de crecimiento
Nuestro desempeño macroeconómico se explica también por el modelo de crecimiento vigente (cuánto Estado y cuánto mercado, cuánta protección arancelaria y cuánto libre comercio).
En América del Sur, por el grado de intervención estatal (en el sistema de precios, en la propiedad de las empresas) y de apertura al comercio internacional, pueden juntarse a los países en dos grandes grupos. En el grupo A están Perú, Colombia, Chile y Brasil, y en el grupo B, Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador.
En los últimos años, en términos de inflación y crecimiento del PBI, al grupo A le ha ido mucho mejor que al grupo B.
Los retos para el 2011-2015
En política monetaria, el BCRP tiene cuatro tareas: mover oportunamente la tasa de referencia, impedir el ingreso masivo de capitales de corto plazo, acumular un montón de reservas internacionales y, para fortalecer la potencia de la política monetaria, para que los cambios en las tasas de corto plazo impacten rápidamente en las de largo plazo, debe abandonar el obsoleto instrumento de la tasa de encaje en soles.
La política fiscal debe recuperar el carácter contracíclico del periodo 2001-2005. Esa política, que fue producto de la buena voluntad política, debe institucionalizarse, a través de una regla de superávit estructural como el que tienen los chilenos
En ocasiones, no hacer nada es meritorio. Mientras en el grupo B paran “refundando” sus modelos de crecimiento, transitando, cada cierto tiempo, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y manteniéndose a la larga en el mismo sitio, García no tocó un pelo del modelo heredado de Toledo.
Hizo bien en privilegiar el mercado externo como fuente de demanda y la inversión privada como principal fuente de capacidad productiva. No existe un país en el mundo, pequeño y abierto como el nuestro, que haya logrado crecer sostenidamente si no es a punta de exportaciones. Las políticas destinadas a promover el mercado interno pueden ser un complemento de la política social, pero no sirven para el crecimiento sostenido.
La evidencia también señala que para sostener un crecimiento alto las exportaciones tienen que ser principalmente de productos manufacturados. El desarrollo de la infraestructura necesaria, junto con políticas específicas para ese objetivo, podrían elevar nuestra tasa de crecimiento potencial.
Por último, lo más importante. Si queremos dejar de ser uno de los países más desiguales en América Latina, hay que elevar sustantivamente la recaudación, para poder sostener un gasto público mayor en capital humano e infraestructura.
A García nunca le ha preocupado la recaudación. En su primer gobierno redujo la presión tributaria de 15 % del PBI a 7.5 %. En su actual gobierno, la recibió en 16 % y la dejará por debajo de esa cifra. Para evadir el tema, podemos insistir en que “hay que ampliar la base tributaria”. En realidad, la presión tributaria solo puede subir apreciablemente desapareciendo las exoneraciones o modificando el esquema actual de tributación minera.
Lo hecho no ha sido destrozado. Eso está bien. Lo fácil, ha sido hecho. Al siguiente gobierno le toca hacer los grandes correctivos al modelo vigente que nos permitan sostener un crecimiento elevado y, al mismo tiempo, enfrentar el problema distributivo.
MACEO O MICRO
.Por Waldo Mendoza Bellido
Economista PUCP
La política macroeconómica tiene dos brazos: la política fiscal, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la política monetaria, bajo responsabilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Desde el inicio de este gobierno, la política macroeconómica ha estado operando con un solo brazo, el del BCRP. Con Ismael Benavides como ministro, el MEF ya no solo no coopera con el BCRP, sino que, además, se ha convertido en un obstáculo.
El MEF pre Benavides
La teoría y las buenas prácticas de gestión pública nos enseñan que la política macroeconómica debe ser contra cíclica; es decir, contractiva en el auge y expansiva en la recesión.
En tiempos de recesión, la política fiscal debe ser expansiva. Con un gasto público mayor, o con menores tasas impositivas, el gobierno puede alimentar la demanda y ayudar a que la economía salga de la recesión. En el auge, cuando aparecen las presiones inflacionarias, la política fiscal debe ser restrictiva.
Durante el gobierno del Apra, los ministros que pasaron por el MEF aplicaron una política fiscal expansiva, a pesar de que la economía crecía por encima de su tendencia. El único que hizo una política contractiva fue Valdivieso, pero justo cuando se necesitaba una política expansiva para luchar contra la crisis externa.
La política fiscal de García-Benavides
El ministro Benavides ha declarado satisfecho que “Los que pensaron que asumía el despacho de Economía solo para cuidar las finanzas públicas se equivocaron, ese no es mi estilo”. (Gestión 14/02/11).
Uno de sus primeros actos, según un cable de Bloomberg del 6 de diciembre pasado, fue el anuncio de crear un fondo fiscal aprovechando las Reservas Internacionales Netas (RIN) del BCRP. Posteriormente, el Ministro reculó y el tema pasó al olvido.
Hay dos pruebas de que el ministro sí tenía en la mira las RIN del BCRP. En primer lugar, declaró que tendríamos noticias de la creación de un fondo fiscal durante el primer trimestre de 2011. Apuesto mi plata a que no habrá ningún anuncio.
En segundo lugar, técnicamente, la propuesta, si no estaba pensada para usar las RIN del BCRP, es absurda. Para crear un fondo fiscal se requiere tener superávit fiscal, pues la plata no llega sola. Pero durante 2009 y 2010 el sector público ha sido deficitario.
Por otro lado, el 18 de enero último el gobierno publicó un decreto de urgencia para facilitar la promoción privada en determinados proyectos de inversión, algunas asociaciones público-privadas y concesiones de obras públicas de infraestructura. ¿A quién se le ocurre acelerar la construcción justo cuando la economía peruana está creciendo a ritmo chino y la inflación está en alza?
Por último, la semana pasada, el ministro nos sorprendió con la rebaja del IGV, complaciendo a García, quien había declarado que “en la medida en que no se caiga en ninguna exageración, es una buena medida idea reducir el IGV”. (Gestión 09/02/11). Este es el peor error de política macroeconómica de esta administración.
En primer lugar, si estamos creciendo por encima de nuestra tendencia, a 10% anual, hace rato se necesita poner en marcha una política fiscal contractiva, no una política expansiva. El auto está en bajada, a 140 por hora, y el chofer se baja a empujarlo. ¡Dónde se ha visto!
En segundo lugar, por la amenaza de la inflación, el BCRP ha subido su tasa de referencia desde 1.25% en mayo de 2010 a 3.5% en febrero último. El MEF, en lugar de ayudarlo, está estorbando. La bajada del IGV acelerará el crecimiento y la inflación, y el BCRP, dada esta zancadilla, tendrá que elevar fuertemente la tasa de referencia.
En tercer lugar, la presión tributaria de nuestro país es muy baja. García nunca ha entendido que solo con una presión tributaria alta se puede sostener un gasto público mayor en capital humano e infraestructura. En su primer gobierno heredó una presión tributaria de 15% del PBI y lo redujo a 7.5% en 1990. En su actual gobierno, lo recibió en 16% y lo dejará en alrededor de 14% del PBI. Este 14%, además, está inflado por los altos precios de nuestros minerales. Si estos precios bajasen a sus niveles de 2005, la presión tributaria estaría en alrededor de 12% del PBI. Con esa presión tributaria, no hay mucho por hacer.
En cuarto lugar, como en todo país que se respete en materia de política fiscal, es en el auge, cuando la recaudación crece, el momento preciso para alimentar el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), tan útil en tiempo de crisis. Benavides ha preferido bajar el IGV y dejar calato el FEF.
Por último, se ha recurrido a la desacreditada teoría de Laffer según la cual se recauda más bajando la tasa impositiva. Esta teoría, a pesar de que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, tiene aún adeptos locales. En Estados Unidos, con Reagan, se hizo el experimento y quedaron escaldados porque el déficit fiscal saltó al cielo. En el Perú, García también hizo la prueba al inicio de su primer gobierno, bajando el IGV de 10% a 5%, y ya sabemos lo que pasó. Pero si el ministro cree en esta teoría exótica, le sugerimos bajar el IGV, de una vez, a 10%.
Todavía faltan 5 meses
El ministro que se instale el 28 de julio próximo tendrá la difícil tarea de anular el daño que le ha hecho Benavides a la presión tributaria y restablecer el carácter contra cíclico de la política fiscal.
Antes de eso, sin embargo, los candidatos a ese cargo deben estar atentos a las próximas medidas de don Ismael. No vaya a ser que se le ocurra bajar otros impuestos –ha declarado que le gustaría bajar el impuesto a la renta– o extender la vigencia del óbolo minero por cinco años más.
Economista PUCP
La política macroeconómica tiene dos brazos: la política fiscal, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la política monetaria, bajo responsabilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Desde el inicio de este gobierno, la política macroeconómica ha estado operando con un solo brazo, el del BCRP. Con Ismael Benavides como ministro, el MEF ya no solo no coopera con el BCRP, sino que, además, se ha convertido en un obstáculo.
El MEF pre Benavides
La teoría y las buenas prácticas de gestión pública nos enseñan que la política macroeconómica debe ser contra cíclica; es decir, contractiva en el auge y expansiva en la recesión.
En tiempos de recesión, la política fiscal debe ser expansiva. Con un gasto público mayor, o con menores tasas impositivas, el gobierno puede alimentar la demanda y ayudar a que la economía salga de la recesión. En el auge, cuando aparecen las presiones inflacionarias, la política fiscal debe ser restrictiva.
Durante el gobierno del Apra, los ministros que pasaron por el MEF aplicaron una política fiscal expansiva, a pesar de que la economía crecía por encima de su tendencia. El único que hizo una política contractiva fue Valdivieso, pero justo cuando se necesitaba una política expansiva para luchar contra la crisis externa.
La política fiscal de García-Benavides
El ministro Benavides ha declarado satisfecho que “Los que pensaron que asumía el despacho de Economía solo para cuidar las finanzas públicas se equivocaron, ese no es mi estilo”. (Gestión 14/02/11).
Uno de sus primeros actos, según un cable de Bloomberg del 6 de diciembre pasado, fue el anuncio de crear un fondo fiscal aprovechando las Reservas Internacionales Netas (RIN) del BCRP. Posteriormente, el Ministro reculó y el tema pasó al olvido.
Hay dos pruebas de que el ministro sí tenía en la mira las RIN del BCRP. En primer lugar, declaró que tendríamos noticias de la creación de un fondo fiscal durante el primer trimestre de 2011. Apuesto mi plata a que no habrá ningún anuncio.
En segundo lugar, técnicamente, la propuesta, si no estaba pensada para usar las RIN del BCRP, es absurda. Para crear un fondo fiscal se requiere tener superávit fiscal, pues la plata no llega sola. Pero durante 2009 y 2010 el sector público ha sido deficitario.
Por otro lado, el 18 de enero último el gobierno publicó un decreto de urgencia para facilitar la promoción privada en determinados proyectos de inversión, algunas asociaciones público-privadas y concesiones de obras públicas de infraestructura. ¿A quién se le ocurre acelerar la construcción justo cuando la economía peruana está creciendo a ritmo chino y la inflación está en alza?
Por último, la semana pasada, el ministro nos sorprendió con la rebaja del IGV, complaciendo a García, quien había declarado que “en la medida en que no se caiga en ninguna exageración, es una buena medida idea reducir el IGV”. (Gestión 09/02/11). Este es el peor error de política macroeconómica de esta administración.
En primer lugar, si estamos creciendo por encima de nuestra tendencia, a 10% anual, hace rato se necesita poner en marcha una política fiscal contractiva, no una política expansiva. El auto está en bajada, a 140 por hora, y el chofer se baja a empujarlo. ¡Dónde se ha visto!
En segundo lugar, por la amenaza de la inflación, el BCRP ha subido su tasa de referencia desde 1.25% en mayo de 2010 a 3.5% en febrero último. El MEF, en lugar de ayudarlo, está estorbando. La bajada del IGV acelerará el crecimiento y la inflación, y el BCRP, dada esta zancadilla, tendrá que elevar fuertemente la tasa de referencia.
En tercer lugar, la presión tributaria de nuestro país es muy baja. García nunca ha entendido que solo con una presión tributaria alta se puede sostener un gasto público mayor en capital humano e infraestructura. En su primer gobierno heredó una presión tributaria de 15% del PBI y lo redujo a 7.5% en 1990. En su actual gobierno, lo recibió en 16% y lo dejará en alrededor de 14% del PBI. Este 14%, además, está inflado por los altos precios de nuestros minerales. Si estos precios bajasen a sus niveles de 2005, la presión tributaria estaría en alrededor de 12% del PBI. Con esa presión tributaria, no hay mucho por hacer.
En cuarto lugar, como en todo país que se respete en materia de política fiscal, es en el auge, cuando la recaudación crece, el momento preciso para alimentar el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), tan útil en tiempo de crisis. Benavides ha preferido bajar el IGV y dejar calato el FEF.
Por último, se ha recurrido a la desacreditada teoría de Laffer según la cual se recauda más bajando la tasa impositiva. Esta teoría, a pesar de que no ha funcionado en ninguna parte del mundo, tiene aún adeptos locales. En Estados Unidos, con Reagan, se hizo el experimento y quedaron escaldados porque el déficit fiscal saltó al cielo. En el Perú, García también hizo la prueba al inicio de su primer gobierno, bajando el IGV de 10% a 5%, y ya sabemos lo que pasó. Pero si el ministro cree en esta teoría exótica, le sugerimos bajar el IGV, de una vez, a 10%.
Todavía faltan 5 meses
El ministro que se instale el 28 de julio próximo tendrá la difícil tarea de anular el daño que le ha hecho Benavides a la presión tributaria y restablecer el carácter contra cíclico de la política fiscal.
Antes de eso, sin embargo, los candidatos a ese cargo deben estar atentos a las próximas medidas de don Ismael. No vaya a ser que se le ocurra bajar otros impuestos –ha declarado que le gustaría bajar el impuesto a la renta– o extender la vigencia del óbolo minero por cinco años más.
REPUBLICA BANANERA DEL PERU
Rosita Wiki-Likins in Banana Republic
.Por Augusto Álvarez Rodrich
Los wikileaks empiezan a mover la elección 2011.
Cusco. El –¿supuesto?– pedido del gobierno de Alejandro Toledo al de Estados Unidos para frenar la candidatura 2006 de Ollanta Humala es, hasta ahora, la primicia más caliente del wikileak, pues el ‘ego colosal’ de Alan García no requería ser ratificado por un cable diplomático.
Sin embargo, los documentos entregados por el equipo de Julian Assange a El Comercio empiezan –como contó una editora– en 2006, mientras el cable de la ‘teletón’ que Toledo quería organizar contra Humala –¿y a favor de Lourdes Flores, pues para García no sería la cosa, no?– es de noviembre 2005.
A pesar de ello, la embajadora citó a Humala para informarle del cable antes de su revelación, lo cual evidencia escasa capacidad de inteligencia gringa pues, por las fechas señaladas, ese wikileak no lo tenía El Comercio. Asimismo, habría sido más razonable que Rose M. Likins –un nombre bastante apropiado para realizar la penosa tarea de ofrecer disculpas por los wikileaks– citara a Toledo antes que a Humala, pues el ex presidente sería el más perjudicado por la revelación de que su gobierno pretendía rebajarnos a la categoría de Banana Republic.
Ahí radica el misterio aún sin resolver pues interesa conocer cómo podía ayudar la embajada americana a frenar a Humala, algo que, de paso, sí preocupaba al gobierno de Estados Unidos por la cercanía que Ollanta mostraba con Hugo Chávez.
¿Pudo ser al revés, es decir, que el gobierno de Estados Unidos le pidiera a Toledo –cuya cercanía a Washington es obvia– que pusiera el hombro para parar a Humala? Cuando yo dirigía Perú.21, en plena elección 2006, me llamó un alto funcionario del gobierno de Toledo para que ‘colaborara’ en una campaña informativa que alertara que el dólar se dispararía a cuatro o cinco soles –y que el BCR no debía impedirlo– si Humala seguía creciendo. Por supuesto que no acepté, pero al día siguiente constaté que mis colegas de El Comercio y Correo, entre otros, se habían matriculado con entusiasmo en el esfuerzo.
Volviendo al affair ‘Rose-Ollanta-Alejandro’, ¿dónde está la verdad? ¿El castellano de la embajadora aún no es muy fluido? ¿Humala tiene problemas de atención? ¿No fue Toledo pero sí un funcionario de su gobierno quien hizo el pedido?
Mientras llega la verdad, El Comercio debe informar su criterio para divulgar los wikileaks que tiene para que no haya duda sobre lo que revelará, lo que callará y lo que guardará, por ejemplo, hasta después de la elección para no perjudicar a un candidato.
Finalmente, lo ocurrido también debe recordarles a los políticos peruanos que desechen la tentación de volvernos una Banana Republic. Ya estamos grandecitos para eso, ¿no?
.Por Augusto Álvarez Rodrich
Los wikileaks empiezan a mover la elección 2011.
Cusco. El –¿supuesto?– pedido del gobierno de Alejandro Toledo al de Estados Unidos para frenar la candidatura 2006 de Ollanta Humala es, hasta ahora, la primicia más caliente del wikileak, pues el ‘ego colosal’ de Alan García no requería ser ratificado por un cable diplomático.
Sin embargo, los documentos entregados por el equipo de Julian Assange a El Comercio empiezan –como contó una editora– en 2006, mientras el cable de la ‘teletón’ que Toledo quería organizar contra Humala –¿y a favor de Lourdes Flores, pues para García no sería la cosa, no?– es de noviembre 2005.
A pesar de ello, la embajadora citó a Humala para informarle del cable antes de su revelación, lo cual evidencia escasa capacidad de inteligencia gringa pues, por las fechas señaladas, ese wikileak no lo tenía El Comercio. Asimismo, habría sido más razonable que Rose M. Likins –un nombre bastante apropiado para realizar la penosa tarea de ofrecer disculpas por los wikileaks– citara a Toledo antes que a Humala, pues el ex presidente sería el más perjudicado por la revelación de que su gobierno pretendía rebajarnos a la categoría de Banana Republic.
Ahí radica el misterio aún sin resolver pues interesa conocer cómo podía ayudar la embajada americana a frenar a Humala, algo que, de paso, sí preocupaba al gobierno de Estados Unidos por la cercanía que Ollanta mostraba con Hugo Chávez.
¿Pudo ser al revés, es decir, que el gobierno de Estados Unidos le pidiera a Toledo –cuya cercanía a Washington es obvia– que pusiera el hombro para parar a Humala? Cuando yo dirigía Perú.21, en plena elección 2006, me llamó un alto funcionario del gobierno de Toledo para que ‘colaborara’ en una campaña informativa que alertara que el dólar se dispararía a cuatro o cinco soles –y que el BCR no debía impedirlo– si Humala seguía creciendo. Por supuesto que no acepté, pero al día siguiente constaté que mis colegas de El Comercio y Correo, entre otros, se habían matriculado con entusiasmo en el esfuerzo.
Volviendo al affair ‘Rose-Ollanta-Alejandro’, ¿dónde está la verdad? ¿El castellano de la embajadora aún no es muy fluido? ¿Humala tiene problemas de atención? ¿No fue Toledo pero sí un funcionario de su gobierno quien hizo el pedido?
Mientras llega la verdad, El Comercio debe informar su criterio para divulgar los wikileaks que tiene para que no haya duda sobre lo que revelará, lo que callará y lo que guardará, por ejemplo, hasta después de la elección para no perjudicar a un candidato.
Finalmente, lo ocurrido también debe recordarles a los políticos peruanos que desechen la tentación de volvernos una Banana Republic. Ya estamos grandecitos para eso, ¿no?
jueves, 17 de febrero de 2011
LOS INTOCABLES
.Por Nelson Manrique
La iniciativa de Palacio, encaminada a mostrar los vínculos de Toledo y su entorno con los Sánchez Paredes, un clan familiar investigado por narcotráfico, ha atraído la atención sobre las relaciones entre este grupo y el círculo de poder más estrecho que rodea a Alan García. César Hildebrandt, Marco Sifuentes, Fernando Rospigliosi, Augusto Álvarez Rodrich y otros señalan que juega un rol destacadísimo en la trama Luis Nava Guibert, el secretario privado de Palacio y candidato aprista al PA, que sin ser ministro juró en el Salón Dorado junto al gabinete Del Castillo y luego fue condecorado (por García, por supuesto) con la Orden del Trabajo. Nava no es nuevo en el cogollo del alanismo: fue director de la Mutual Perú durante el primer gobierno de García y cumplió un año en prisión por el desfalco de la financiera estatal, que dejó sin sus ahorros a miles de modestos ahorristas.
Una sólida investigación de Gustavo Gorriti y Sheila Díaz, cuyas conclusiones nunca fueron desmentidas, mostró relaciones comerciales entre una empresa de José Antonio Nava, hijo de Luis Nava y personaje importante en la organización de las campañas de García, y empresas de los Sánchez Paredes. La empresa de Nava “Transportes Don Reyna” acarreó en varias ocasiones insumos químicos a Comarsa, una de las compañías mineras de los Sánchez Paredes. Transportó, por lo menos en nueve oportunidades, varias toneladas de diverso material hacia la mina Angasmarca, en La Libertad. El 18/3/03 la Compañía de Exploraciones Algamarca S.A. registró en la SUNARP el primer directorio bajo control de los Sánchez Paredes, en el que figuraba como director y gerente general el abogado José H. Abanto Verástegui, militante aprista que ejerció como asesor de la Comisión de Economía del Congreso el 2001, y de la Comisión de Presupuesto el 2006, en ambas ocasiones bajo la presidencia de Alva Castro.
Abanto –que fue además abogado del montesinista Moisés Wolfenson– ocupó también el cargo de gerente general de la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMSA), otra empresa de fachada de los Sánchez Paredes, a la que el 4/7/03 Alan García y Pilar Nores le vendieron una camioneta Nissan Frontier 4x4. Firmó por ATIMMSA su gerente general, Belisario Esteves Ostolaza, quien fue viceministro de Comercio de García durante su primer gobierno. Una foto publicada por Marco Sifuentes (http://utero.pe/category/narcotrafico/page/3/) muestra a Esteves junto con Orlando Sánchez Paredes y su hijo Orlando Sánchez Miranda. Como cereza que corona la torta, Sifuentes consigna que la camioneta de marras terminó siendo manejada por Alfredo Sánchez Miranda, el otro hijo de Orlando Sánchez Paredes, según consta en una papeleta del 18/8/04.
El Comercio ha aportado un video que muestra un viaje a Las Vegas de José Antonio Nava y Alfredo Sánchez Miranda. Éste, entrevistado por LR, contó que hizo una donación de 5 mil dólares para la campaña de García del 2006, a través de su secretaria Mirtha Cunza, lo que ha sido confirmado por el agraciado, que se ha apresurado a anunciar que devolverá el dinero, que por cierto no fue declarado ante la ONPE. Alfredo SM puntualizó que le pidió la donación su abogado. (¿Adivinaron? Se llama Humberto Abanto Verástegui).
César Hildebrandt aporta un útil resumen de los vínculos entre Luis Nava, Rómulo León, Hernán Garrido Lecca y otros con el dominicano Canaán. Un mensaje de León Alegría anunciaba a Canaán que, para la constitución de la empresa filial que planeaban, usaría el estudio de abogados de “una persona que resulta clave para nuestros superiores objetivos”. Se trataba de “Nava y Huesa abogados”, cuyo accionista mayoritario es Luis Nava Guibert. “Cuando la Comisión del Congreso le preguntó a Nava por qué había intercedido de modo tan activo en la concertación de la cita entre el ministro de Salud, Carlos Vallejos, y el dominicano Canaán, el condecorado secretario dijo que se había limitado a cumplir órdenes. Y cuando le preguntaron a qué órdenes se refería, señaló que se trataba de directivas del propio Presidente, ‘interesado en que la construcción de hospitales marchara lo más rápidamente posible’” (César Hildebrandt: “El rollo de García”. Hildebrandt en sus trece, 11/2/11).
La iniciativa de Palacio, encaminada a mostrar los vínculos de Toledo y su entorno con los Sánchez Paredes, un clan familiar investigado por narcotráfico, ha atraído la atención sobre las relaciones entre este grupo y el círculo de poder más estrecho que rodea a Alan García. César Hildebrandt, Marco Sifuentes, Fernando Rospigliosi, Augusto Álvarez Rodrich y otros señalan que juega un rol destacadísimo en la trama Luis Nava Guibert, el secretario privado de Palacio y candidato aprista al PA, que sin ser ministro juró en el Salón Dorado junto al gabinete Del Castillo y luego fue condecorado (por García, por supuesto) con la Orden del Trabajo. Nava no es nuevo en el cogollo del alanismo: fue director de la Mutual Perú durante el primer gobierno de García y cumplió un año en prisión por el desfalco de la financiera estatal, que dejó sin sus ahorros a miles de modestos ahorristas.
Una sólida investigación de Gustavo Gorriti y Sheila Díaz, cuyas conclusiones nunca fueron desmentidas, mostró relaciones comerciales entre una empresa de José Antonio Nava, hijo de Luis Nava y personaje importante en la organización de las campañas de García, y empresas de los Sánchez Paredes. La empresa de Nava “Transportes Don Reyna” acarreó en varias ocasiones insumos químicos a Comarsa, una de las compañías mineras de los Sánchez Paredes. Transportó, por lo menos en nueve oportunidades, varias toneladas de diverso material hacia la mina Angasmarca, en La Libertad. El 18/3/03 la Compañía de Exploraciones Algamarca S.A. registró en la SUNARP el primer directorio bajo control de los Sánchez Paredes, en el que figuraba como director y gerente general el abogado José H. Abanto Verástegui, militante aprista que ejerció como asesor de la Comisión de Economía del Congreso el 2001, y de la Comisión de Presupuesto el 2006, en ambas ocasiones bajo la presidencia de Alva Castro.
Abanto –que fue además abogado del montesinista Moisés Wolfenson– ocupó también el cargo de gerente general de la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMSA), otra empresa de fachada de los Sánchez Paredes, a la que el 4/7/03 Alan García y Pilar Nores le vendieron una camioneta Nissan Frontier 4x4. Firmó por ATIMMSA su gerente general, Belisario Esteves Ostolaza, quien fue viceministro de Comercio de García durante su primer gobierno. Una foto publicada por Marco Sifuentes (http://utero.pe/category/narcotrafico/page/3/) muestra a Esteves junto con Orlando Sánchez Paredes y su hijo Orlando Sánchez Miranda. Como cereza que corona la torta, Sifuentes consigna que la camioneta de marras terminó siendo manejada por Alfredo Sánchez Miranda, el otro hijo de Orlando Sánchez Paredes, según consta en una papeleta del 18/8/04.
El Comercio ha aportado un video que muestra un viaje a Las Vegas de José Antonio Nava y Alfredo Sánchez Miranda. Éste, entrevistado por LR, contó que hizo una donación de 5 mil dólares para la campaña de García del 2006, a través de su secretaria Mirtha Cunza, lo que ha sido confirmado por el agraciado, que se ha apresurado a anunciar que devolverá el dinero, que por cierto no fue declarado ante la ONPE. Alfredo SM puntualizó que le pidió la donación su abogado. (¿Adivinaron? Se llama Humberto Abanto Verástegui).
César Hildebrandt aporta un útil resumen de los vínculos entre Luis Nava, Rómulo León, Hernán Garrido Lecca y otros con el dominicano Canaán. Un mensaje de León Alegría anunciaba a Canaán que, para la constitución de la empresa filial que planeaban, usaría el estudio de abogados de “una persona que resulta clave para nuestros superiores objetivos”. Se trataba de “Nava y Huesa abogados”, cuyo accionista mayoritario es Luis Nava Guibert. “Cuando la Comisión del Congreso le preguntó a Nava por qué había intercedido de modo tan activo en la concertación de la cita entre el ministro de Salud, Carlos Vallejos, y el dominicano Canaán, el condecorado secretario dijo que se había limitado a cumplir órdenes. Y cuando le preguntaron a qué órdenes se refería, señaló que se trataba de directivas del propio Presidente, ‘interesado en que la construcción de hospitales marchara lo más rápidamente posible’” (César Hildebrandt: “El rollo de García”. Hildebrandt en sus trece, 11/2/11).
LOS FARISEOS
.Por Javier Diez Canseco
Balbuceante, Toledo terminó la entrevista con Rosa María Palacios desautorizando a su asesor Kurt Burneo y esquivando la respuesta de cómo financiaría su promesa de duplicar los sueldos de los maestros. Burneo había planteado elevar a 40% la tasa del impuesto a la renta a las empresas mineras que hoy tienen fabulosas ganancias por los altos precios de los minerales. Y es que si, 10 años atrás, el cobre estaba a 70 centavos la libra, hoy llega a los 4.17 dólares, y el oro pasó de algo más de 200 dólares la onza a cerca de $1,450 y podría duplicarse. Este escenario de sobreganancias para las transnacionales concesionarias y veloz recuperación de sus inversiones hace lógico un porcentaje más alto en el impuesto a la renta para que el país se beneficie, de forma más justa, de esa enorme riqueza que se llevan fuera sin contribuir debidamente a necesidades urgentes en educación, salud, o servicios de agua, desagüe y luz.
Palacios le recordó la propuesta de Burneo de afectar las enormes ganancias de las mineras, copiándola de GANA PERÚ. Toledo lo desautorizó rápidamente. Dijo que si bien podía estudiarse, la propuesta no estaba en su Plan de Gobierno y que no haría nada que desestabilizara el modelo. Más claro, ni el agua. Inmediatamente, pasó a jugar con lugares comunes. Dijo que usaría el Fondo de Contingencia del Presupuesto, constituido por dinero no ejecutado en diversas partidas, como la de educación misma. Es decir, plata asignada pero no gastada, incumpliendo lo votado en el Congreso. Ahora hay algo más de 40,000 millones de soles en esa partida, pero no es toda de libre disponibilidad (como 10,000 millones no se podrían usar), incluye recursos dedicados a pagar las gratificaciones de 28 de julio y Navidad o emergencias, y es un fondo extraordinario no sostenible en el tiempo.
Luego, Toledo sostuvo que cobraría las deudas impagas a SUNAT, como si estas no existieran desde su propio gobierno y resultaran básicamente incobrables. Y finalmente, dijo que redefiniría prioridades. Es decir, vestiría un santo desvistiendo a otro, aunque no dijo si sería Defensa, Interior, Vivienda, Salud u otro rubro específico el afectado. Pero tocar el bolsillo de las grandes mineras y sus contratos de concesión y estabilidad tributaria, nones. Eso afecta “la estabilidad del modelo” que tanto él como Castañeda, Keiko o PPK consideran intocable. Claro, a Keiko ni le tocaron el tema en reciente entrevista de la dupla Delta-Mariátegui para no incomodarla, porque ella, cuyo padre persiguió a los maestros, ha prometido triplicar sus sueldos.
El Perú recauda 15% del PBI. Incluyendo impuesto predial y otros llega a 19%. Brasil recauda 30% e Inglaterra 40%. Estamos abajo. Pero los ofrecimientos demagógicos galopan desenfrenadamente porque las profundas desigualdades de una política económica en la que hay crecimiento sin progreso ni mejoras para millones de peruanos provocan malestar.
Urge una reforma tributaria. Casi 37% de electores demandan cambios radicales al modelo económico y un porcentaje ligeramente superior exige cambios moderados. Pero los candidatos de los grupos de poder prometen cambios y apropiarse el discurso del cambio de GANA PERÚ, pero sin verdaderos cambios: sin enfrentar una reforma tributaria y renegociar contratos de estabilidad tributaria (más del 50% de los cuales ya se modificaron a solicitud y beneficio de las empresas) dotando al Estado de los recursos necesarios para redistribuir riqueza y atender necesidades urgentes. Solo Humala tiene el tema en su Programa, pero –curiosamente– los otros quieren apropiarse falsamente del discurso del cambio o “Gran Transformación” como los fariseos se apropiaron del Templo con los mercaderes.
Las derechas sacan promesas de la manga para engatusar al público. Son fariseos que ocupan el Templo –el Estado– para ponerlo al servicio de los mercaderes. Ollanta Humala no ha enfrentado con nitidez y firmeza esta maniobra que solo confunde los campos y difumina las alternativas para los electores que aspiran a un efectivo cambio, un factor que deberá asumir si quiere cambiar el rumbo de las cosas
Balbuceante, Toledo terminó la entrevista con Rosa María Palacios desautorizando a su asesor Kurt Burneo y esquivando la respuesta de cómo financiaría su promesa de duplicar los sueldos de los maestros. Burneo había planteado elevar a 40% la tasa del impuesto a la renta a las empresas mineras que hoy tienen fabulosas ganancias por los altos precios de los minerales. Y es que si, 10 años atrás, el cobre estaba a 70 centavos la libra, hoy llega a los 4.17 dólares, y el oro pasó de algo más de 200 dólares la onza a cerca de $1,450 y podría duplicarse. Este escenario de sobreganancias para las transnacionales concesionarias y veloz recuperación de sus inversiones hace lógico un porcentaje más alto en el impuesto a la renta para que el país se beneficie, de forma más justa, de esa enorme riqueza que se llevan fuera sin contribuir debidamente a necesidades urgentes en educación, salud, o servicios de agua, desagüe y luz.
Palacios le recordó la propuesta de Burneo de afectar las enormes ganancias de las mineras, copiándola de GANA PERÚ. Toledo lo desautorizó rápidamente. Dijo que si bien podía estudiarse, la propuesta no estaba en su Plan de Gobierno y que no haría nada que desestabilizara el modelo. Más claro, ni el agua. Inmediatamente, pasó a jugar con lugares comunes. Dijo que usaría el Fondo de Contingencia del Presupuesto, constituido por dinero no ejecutado en diversas partidas, como la de educación misma. Es decir, plata asignada pero no gastada, incumpliendo lo votado en el Congreso. Ahora hay algo más de 40,000 millones de soles en esa partida, pero no es toda de libre disponibilidad (como 10,000 millones no se podrían usar), incluye recursos dedicados a pagar las gratificaciones de 28 de julio y Navidad o emergencias, y es un fondo extraordinario no sostenible en el tiempo.
Luego, Toledo sostuvo que cobraría las deudas impagas a SUNAT, como si estas no existieran desde su propio gobierno y resultaran básicamente incobrables. Y finalmente, dijo que redefiniría prioridades. Es decir, vestiría un santo desvistiendo a otro, aunque no dijo si sería Defensa, Interior, Vivienda, Salud u otro rubro específico el afectado. Pero tocar el bolsillo de las grandes mineras y sus contratos de concesión y estabilidad tributaria, nones. Eso afecta “la estabilidad del modelo” que tanto él como Castañeda, Keiko o PPK consideran intocable. Claro, a Keiko ni le tocaron el tema en reciente entrevista de la dupla Delta-Mariátegui para no incomodarla, porque ella, cuyo padre persiguió a los maestros, ha prometido triplicar sus sueldos.
El Perú recauda 15% del PBI. Incluyendo impuesto predial y otros llega a 19%. Brasil recauda 30% e Inglaterra 40%. Estamos abajo. Pero los ofrecimientos demagógicos galopan desenfrenadamente porque las profundas desigualdades de una política económica en la que hay crecimiento sin progreso ni mejoras para millones de peruanos provocan malestar.
Urge una reforma tributaria. Casi 37% de electores demandan cambios radicales al modelo económico y un porcentaje ligeramente superior exige cambios moderados. Pero los candidatos de los grupos de poder prometen cambios y apropiarse el discurso del cambio de GANA PERÚ, pero sin verdaderos cambios: sin enfrentar una reforma tributaria y renegociar contratos de estabilidad tributaria (más del 50% de los cuales ya se modificaron a solicitud y beneficio de las empresas) dotando al Estado de los recursos necesarios para redistribuir riqueza y atender necesidades urgentes. Solo Humala tiene el tema en su Programa, pero –curiosamente– los otros quieren apropiarse falsamente del discurso del cambio o “Gran Transformación” como los fariseos se apropiaron del Templo con los mercaderes.
Las derechas sacan promesas de la manga para engatusar al público. Son fariseos que ocupan el Templo –el Estado– para ponerlo al servicio de los mercaderes. Ollanta Humala no ha enfrentado con nitidez y firmeza esta maniobra que solo confunde los campos y difumina las alternativas para los electores que aspiran a un efectivo cambio, un factor que deberá asumir si quiere cambiar el rumbo de las cosas
REVOLUCION EDUCATIVA
Revolución educativa y reforma tributaria
.Por Javier Diez Canseco
El tema educativo es uno de los pocos que han logrado colocarse en el debate electoral. Y ha arrastrado la discusión sobre el financiamiento de los cambios en el sector. Pero, Toledo y Fujimori se han concentrado casi exclusivamente en una competencia de ofertas de aumento a los maestros, dejando de lado otros temas de fondo que ha colocado Gana Perú.
Lo primero es tener claro que la educación no es solo un servicio público. Es un derecho humano fundamental, una condición del desarrollo a ser garantizada por el Estado. La fraudulenta Constitución fujimorista convirtió la educación en un negocio, la sometió a las leyes del mercado y a la capacidad económica de cada cual. De allí una de las exigencias de una nueva Constitución. El fujimorismo alimentó, hasta hoy, un doble fenómeno: el acelerado deterioro de la educación pública (desastrosa comprensión lectora o razonamiento matemático y científico de los alumnos según las investigaciones PISA) y el lucrativo negocio de la educación privada que ha generado cuantiosas fortunas a algunos y los ha lanzado al estrellato político, aprovechando que la gente ve la educación como un instrumento de movilidad social. El Perú es uno de los países con mayor discriminación educativa según la condición económica del alumno. No es un factor de igualdad, sino de desigualdad de oportunidades.
Una educación pública de calidad para todos, en el campo y la ciudad, es central para un Perú con igualdad de oportunidades.
Exige profundos cambios como duplicar el presupuesto de educación en el quinquenio. Llevarlo del 3 al 6% del PBI, para cumplir el AN, los promedios latinoamericanos y el Proyecto Educativo Nacional. Esto no es viable en un país que apenas recauda 15% del PBI a nivel central, en época de vacas gordas, pues implicaría dedicar 40% del presupuesto nacional solo a Educación. Demanda una reforma tributaria que capte más de 20 o 21% del PBI.
La revolución educativa debe incluir la desatendida educación inicial (0 a 5 años), implementar apoyo alimenticio (dado el alto porcentaje de niños malnutridos) y atención de salud preventiva en las escuelas. La necesidad presupuestal es alta. Sólo se obtendrá si el país recupera parte importante de la enorme renta que generan la minería y las industrias extractivas en manos extranjeras y con enormes privilegios tributarios, si se grava las ganancias del poderoso y abusivo sector bancario y financiero, y si se hace que los que ganan más cumplan más con la sociedad. La derecha no lo hará.
Calidad educativa implica maestros calificados y cursos universitarios de actualización gratuitos. Duplicar sus sueldos de base (con aumentos que vayan al básico) es central para que sean dignos y puedan dedicarse de lleno a su labor, incentivando su capacitación. Su evaluación debe ser integral (conocimientos por especialidad, capacidad pedagógica en aula) respetando sus derechos. Y ciertamente, más horas de clase anuales y menor carga de alumnos por aula. Recuperar la escuela socializadora (deporte, cultura, danza, etc.) es vital. Incentivos a un magisterio calificado y a alumnos destacados también.
Terminar con la segregación educativa es fortalecer la educación pública y el tema ciudad-campo Establecer internados rurales en lugar de escuelas primarias unidocentes, con profesores por especialidad. Y construir una verdadera escuela inclusiva implica promover la matrícula de los niños con discapacidad en escuelas accesibles, con profesores de educación especial y material pedagógico adecuado, pues hoy ni un 10% de los niños con discapacidad acceden a la escuela.
Si queremos un crecimiento económico inclusivo, con un importante mercado interno y una articulación entre industrialización, desarrollo y educación, urge recuperar el nivel de la educación pública superior, tecnológica y universitaria, implementar una efectiva certificación de las universidades –especialmente las particulares, que han crecido como hongos sin control– y adecuar la oferta universitaria a los requerimientos del desarrollo nacional y regional.
La revolución educativa es indesligable de una reforma tributaria y de una nueva Constitución.
.Por Javier Diez Canseco
El tema educativo es uno de los pocos que han logrado colocarse en el debate electoral. Y ha arrastrado la discusión sobre el financiamiento de los cambios en el sector. Pero, Toledo y Fujimori se han concentrado casi exclusivamente en una competencia de ofertas de aumento a los maestros, dejando de lado otros temas de fondo que ha colocado Gana Perú.
Lo primero es tener claro que la educación no es solo un servicio público. Es un derecho humano fundamental, una condición del desarrollo a ser garantizada por el Estado. La fraudulenta Constitución fujimorista convirtió la educación en un negocio, la sometió a las leyes del mercado y a la capacidad económica de cada cual. De allí una de las exigencias de una nueva Constitución. El fujimorismo alimentó, hasta hoy, un doble fenómeno: el acelerado deterioro de la educación pública (desastrosa comprensión lectora o razonamiento matemático y científico de los alumnos según las investigaciones PISA) y el lucrativo negocio de la educación privada que ha generado cuantiosas fortunas a algunos y los ha lanzado al estrellato político, aprovechando que la gente ve la educación como un instrumento de movilidad social. El Perú es uno de los países con mayor discriminación educativa según la condición económica del alumno. No es un factor de igualdad, sino de desigualdad de oportunidades.
Una educación pública de calidad para todos, en el campo y la ciudad, es central para un Perú con igualdad de oportunidades.
Exige profundos cambios como duplicar el presupuesto de educación en el quinquenio. Llevarlo del 3 al 6% del PBI, para cumplir el AN, los promedios latinoamericanos y el Proyecto Educativo Nacional. Esto no es viable en un país que apenas recauda 15% del PBI a nivel central, en época de vacas gordas, pues implicaría dedicar 40% del presupuesto nacional solo a Educación. Demanda una reforma tributaria que capte más de 20 o 21% del PBI.
La revolución educativa debe incluir la desatendida educación inicial (0 a 5 años), implementar apoyo alimenticio (dado el alto porcentaje de niños malnutridos) y atención de salud preventiva en las escuelas. La necesidad presupuestal es alta. Sólo se obtendrá si el país recupera parte importante de la enorme renta que generan la minería y las industrias extractivas en manos extranjeras y con enormes privilegios tributarios, si se grava las ganancias del poderoso y abusivo sector bancario y financiero, y si se hace que los que ganan más cumplan más con la sociedad. La derecha no lo hará.
Calidad educativa implica maestros calificados y cursos universitarios de actualización gratuitos. Duplicar sus sueldos de base (con aumentos que vayan al básico) es central para que sean dignos y puedan dedicarse de lleno a su labor, incentivando su capacitación. Su evaluación debe ser integral (conocimientos por especialidad, capacidad pedagógica en aula) respetando sus derechos. Y ciertamente, más horas de clase anuales y menor carga de alumnos por aula. Recuperar la escuela socializadora (deporte, cultura, danza, etc.) es vital. Incentivos a un magisterio calificado y a alumnos destacados también.
Terminar con la segregación educativa es fortalecer la educación pública y el tema ciudad-campo Establecer internados rurales en lugar de escuelas primarias unidocentes, con profesores por especialidad. Y construir una verdadera escuela inclusiva implica promover la matrícula de los niños con discapacidad en escuelas accesibles, con profesores de educación especial y material pedagógico adecuado, pues hoy ni un 10% de los niños con discapacidad acceden a la escuela.
Si queremos un crecimiento económico inclusivo, con un importante mercado interno y una articulación entre industrialización, desarrollo y educación, urge recuperar el nivel de la educación pública superior, tecnológica y universitaria, implementar una efectiva certificación de las universidades –especialmente las particulares, que han crecido como hongos sin control– y adecuar la oferta universitaria a los requerimientos del desarrollo nacional y regional.
La revolución educativa es indesligable de una reforma tributaria y de una nueva Constitución.
Y POR QUE NO SUBIR LOS IMPUESTOS A LOS RICOS
.Por Humberto Campodónico
La rebaja del IGV del 19 al 18% del PBI, aprobada ayer por el Congreso por un pedido del Ejecutivo, es una medida positiva pues el IGV es un impuesto indirecto que grava a todos los peruanos en general, pero que proporcionalmente grava más a los pobres.
Esto porque los pobres destinan una proporción mucho mayor de sus salarios a la compra de bienes gravados con IGV, mientras que esa misma proporción es mucho menor para las clases altas ya que sus salarios son 7 a 8 veces superiores.
Ahora bien, todo esto es en la teoría porque en el Perú sabemos que las rebajas de los impuestos casi no llegan a los consumidores debido al carácter oligopólico de los mercados (están concentrados en pocas empresas). El gobierno ha dicho que desea combatir la “inflación importada”. Pero ya sabemos que las alzas de precios internacionales no se combaten con rebaja de impuestos, lo que ya ha sido demostrado con las rebajas de aranceles, que tuvieron un impacto nulo en los precios de los productos, siendo el caso de las medicinas la demostración más flagrante de este “engañamuchachos”.
La cuestión clave es que el gobierno dice que esta baja del IGV no afectará los ingresos tributarios porque “el país está creciendo y eso mejorará la recaudación de todas maneras”. O, lo que es lo mismo, se nos dice que la recaudación es adecuada y que no se necesita subir impuestos sino bajarlos.
Eso no es así porque en el Perú la presión tributaria es una de las más bajas de América Latina, ya que solo llegó al 15% del PBI en el 2010 mientras que el promedio de la Región es 17%. Agreguemos que estamos en 15% debido a los altos precios de los minerales, ya que en el 2009 –cuando bajaron– la recaudación tributaria solo llegó al 13.6% del PBI. Ese es su nivel “normal”.
Por eso el Acuerdo Nacional, en el 2002-2003, planteó que la presión tributaria debiera llegar, progresivamente, al 18% del PBI para atender las necesidades de inversión en salud, educación, infraestructura que necesitan los peruanos. Para eso se necesita una reforma tributaria integral que –ya sabemos– “se promete pero no se cumple”.
Lo coherente hubiera sido que el gobierno diga: bajamos el IGV (impuesto indirecto que afecta a los más pobres) al mismo tiempo que subimos los impuestos directos, que gravan más a los que más tienen.
Recordemos que la estructura tributaria en el Perú (y en América Latina) recauda más con impuestos indirectos que con directos. Lo contrario sucede en EEUU y Europa donde la recaudación por impuestos directos (a la renta y al patrimonio) es mucho mayor. Por eso, nuestra estructura tributaria es considerada regresiva.
Muchas cosas se pueden hacer para elevar los impuestos directos: una es eliminar las exoneraciones tributarias al sector financiero y al minero. Otra es combatir la evasión al impuesto a la renta. Dice el Centro Internacional de Administración Tributaria (CIAT) que en el Perú la recaudación del impuesto a la renta debiera ser el 10.2% del PBI pero que solo llega al 4.9%, lo que nos da una tasa de evasión del 51%.
Otra, tanto o más importante, es el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras, algo que este gobierno planteó en el 2006 pero después dejó de lado.
Así, se puede concluir que esta rebaja del IGV tiene un claro tinte político: de un lado, golpear a Toledo (diciendo que fue su gobierno el que lo subió a 19%) y, de otro, sacar del debate político la reforma tributaria integral (que incluye el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras) porque “la recaudación es adecuada”. García a las andadas, otra vez. Qué les parece.
La rebaja del IGV del 19 al 18% del PBI, aprobada ayer por el Congreso por un pedido del Ejecutivo, es una medida positiva pues el IGV es un impuesto indirecto que grava a todos los peruanos en general, pero que proporcionalmente grava más a los pobres.
Esto porque los pobres destinan una proporción mucho mayor de sus salarios a la compra de bienes gravados con IGV, mientras que esa misma proporción es mucho menor para las clases altas ya que sus salarios son 7 a 8 veces superiores.
Ahora bien, todo esto es en la teoría porque en el Perú sabemos que las rebajas de los impuestos casi no llegan a los consumidores debido al carácter oligopólico de los mercados (están concentrados en pocas empresas). El gobierno ha dicho que desea combatir la “inflación importada”. Pero ya sabemos que las alzas de precios internacionales no se combaten con rebaja de impuestos, lo que ya ha sido demostrado con las rebajas de aranceles, que tuvieron un impacto nulo en los precios de los productos, siendo el caso de las medicinas la demostración más flagrante de este “engañamuchachos”.
La cuestión clave es que el gobierno dice que esta baja del IGV no afectará los ingresos tributarios porque “el país está creciendo y eso mejorará la recaudación de todas maneras”. O, lo que es lo mismo, se nos dice que la recaudación es adecuada y que no se necesita subir impuestos sino bajarlos.
Eso no es así porque en el Perú la presión tributaria es una de las más bajas de América Latina, ya que solo llegó al 15% del PBI en el 2010 mientras que el promedio de la Región es 17%. Agreguemos que estamos en 15% debido a los altos precios de los minerales, ya que en el 2009 –cuando bajaron– la recaudación tributaria solo llegó al 13.6% del PBI. Ese es su nivel “normal”.
Por eso el Acuerdo Nacional, en el 2002-2003, planteó que la presión tributaria debiera llegar, progresivamente, al 18% del PBI para atender las necesidades de inversión en salud, educación, infraestructura que necesitan los peruanos. Para eso se necesita una reforma tributaria integral que –ya sabemos– “se promete pero no se cumple”.
Lo coherente hubiera sido que el gobierno diga: bajamos el IGV (impuesto indirecto que afecta a los más pobres) al mismo tiempo que subimos los impuestos directos, que gravan más a los que más tienen.
Recordemos que la estructura tributaria en el Perú (y en América Latina) recauda más con impuestos indirectos que con directos. Lo contrario sucede en EEUU y Europa donde la recaudación por impuestos directos (a la renta y al patrimonio) es mucho mayor. Por eso, nuestra estructura tributaria es considerada regresiva.
Muchas cosas se pueden hacer para elevar los impuestos directos: una es eliminar las exoneraciones tributarias al sector financiero y al minero. Otra es combatir la evasión al impuesto a la renta. Dice el Centro Internacional de Administración Tributaria (CIAT) que en el Perú la recaudación del impuesto a la renta debiera ser el 10.2% del PBI pero que solo llega al 4.9%, lo que nos da una tasa de evasión del 51%.
Otra, tanto o más importante, es el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras, algo que este gobierno planteó en el 2006 pero después dejó de lado.
Así, se puede concluir que esta rebaja del IGV tiene un claro tinte político: de un lado, golpear a Toledo (diciendo que fue su gobierno el que lo subió a 19%) y, de otro, sacar del debate político la reforma tributaria integral (que incluye el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras) porque “la recaudación es adecuada”. García a las andadas, otra vez. Qué les parece.
EL ESTADO CHUPA
)
.Hay que reducir lo que el Estado chupa a la sociedad
Por Humberto Campodónico
“El Estado tiene hoy una situación holgada, y puede tener la posibilidad de hacer esta reducción del IGV sin crear ningún problema en la caja fiscal”, aseguró el ministro Benavides (Agencia EFE, 09/02/11).
¿Situación holgada? No es eso lo que dicen las cifras del propio gobierno. En el 2009 y el 2010 ha habido un déficit fiscal de 1.9 y 0.9% del PBI. Agreguemos que la cifra negativa del 2010 hubiera sido mucho mayor si no se hubieran recuperado los precios de los minerales. Para el 2011, el BCR en su Reporte de Inflación proyecta un “déficit fiscal nulo” (0%) y recién en el 2012 habría un superávit fiscal de 0.5% del PBI. Todo esto depende –repitámoslo– de que los precios de los minerales se mantengan en sus altísimos niveles actuales.
Pero el problema principal es que las autoridades –comenzando por el ministro– nos machaquen que el Perú tiene una buena posición fiscal, lo que es falso. El Perú tiene una de las recaudaciones más bajas de la región, como se aprecia en el gráfico elaborado por el Centro Internacional de Administración Tributaria (CIAT). El primer lugar lo tiene Brasil (con 32.7%), seguido de Argentina, Bolivia, Uruguay y Nicaragua. El Perú viene en décimo lugar con el 16% (1) y más atrás vienen la mayoría de los países centroamericanos.
Por tanto, hay que mejorar la recaudación vía una reforma tributaria integral. Sobre ese tema se ha discutido mucho y se sabe que los ingresos deben llegar al 18% del PBI –nivel considerado adecuado– mediante, entre otras medidas, la ampliación de la base tributaria, la eliminación de las exoneraciones al sector financiero, el combate a la evasión tributaria (tanto del impuesto a la renta como del IGV), la lucha contra el contrabando y, también, la reversión de la inconsulta y antitécnica rebaja de aranceles del 2007 y el 2008.
Agreguemos que Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda de Chile y actual director del FMI, acaba de decir que nuestros países “necesitan gravar adecuadamente la explotación de recursos naturales porque los impuestos que pagan las firmas con concesiones privadas son muy bajos en muchos países” (La República, 12/02/2011). Ya, pues, si hasta el FMI lo dice, ¿dónde está el problema? El problema está en nuestros gobernantes, comenzando por Alan García, que acaba de declarar, con respecto a la rebaja del IGV: “Ya estamos en un nivel de crecimiento en que podemos comenzar a reducir lo que el Estado le chupa a la sociedad” (La República, 10/02/11).
Las implicancias de tamaño despropósito son enormes, pues se deslegitima la potestad del Estado de recaudar impuestos, así como su rol irreemplazable en la distribución de los recursos y en la formulación de políticas para reducir las desigualdades inherentes a este tipo de crecimiento económico. Si fuéramos ingenuos podríamos pensar que esta es una confirmación más de la conversión de García al neoliberalismo. Nada que ver. Se trata, simplemente, de una frase que le sirve para su propósito inmediato, y nada más. Pero el daño es inconmensurable porque no estamos en una situación “holgada”. Lo peor es que García compare al Estado con una sanguijuela “chupasangre” cuando su responsabilidad es construir un Estado moderno y eficiente, que grave adecuadamente y como corresponde a los distintos agentes económicos. ¡Qué vergüenza!
.Hay que reducir lo que el Estado chupa a la sociedad
Por Humberto Campodónico
“El Estado tiene hoy una situación holgada, y puede tener la posibilidad de hacer esta reducción del IGV sin crear ningún problema en la caja fiscal”, aseguró el ministro Benavides (Agencia EFE, 09/02/11).
¿Situación holgada? No es eso lo que dicen las cifras del propio gobierno. En el 2009 y el 2010 ha habido un déficit fiscal de 1.9 y 0.9% del PBI. Agreguemos que la cifra negativa del 2010 hubiera sido mucho mayor si no se hubieran recuperado los precios de los minerales. Para el 2011, el BCR en su Reporte de Inflación proyecta un “déficit fiscal nulo” (0%) y recién en el 2012 habría un superávit fiscal de 0.5% del PBI. Todo esto depende –repitámoslo– de que los precios de los minerales se mantengan en sus altísimos niveles actuales.
Pero el problema principal es que las autoridades –comenzando por el ministro– nos machaquen que el Perú tiene una buena posición fiscal, lo que es falso. El Perú tiene una de las recaudaciones más bajas de la región, como se aprecia en el gráfico elaborado por el Centro Internacional de Administración Tributaria (CIAT). El primer lugar lo tiene Brasil (con 32.7%), seguido de Argentina, Bolivia, Uruguay y Nicaragua. El Perú viene en décimo lugar con el 16% (1) y más atrás vienen la mayoría de los países centroamericanos.
Por tanto, hay que mejorar la recaudación vía una reforma tributaria integral. Sobre ese tema se ha discutido mucho y se sabe que los ingresos deben llegar al 18% del PBI –nivel considerado adecuado– mediante, entre otras medidas, la ampliación de la base tributaria, la eliminación de las exoneraciones al sector financiero, el combate a la evasión tributaria (tanto del impuesto a la renta como del IGV), la lucha contra el contrabando y, también, la reversión de la inconsulta y antitécnica rebaja de aranceles del 2007 y el 2008.
Agreguemos que Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda de Chile y actual director del FMI, acaba de decir que nuestros países “necesitan gravar adecuadamente la explotación de recursos naturales porque los impuestos que pagan las firmas con concesiones privadas son muy bajos en muchos países” (La República, 12/02/2011). Ya, pues, si hasta el FMI lo dice, ¿dónde está el problema? El problema está en nuestros gobernantes, comenzando por Alan García, que acaba de declarar, con respecto a la rebaja del IGV: “Ya estamos en un nivel de crecimiento en que podemos comenzar a reducir lo que el Estado le chupa a la sociedad” (La República, 10/02/11).
Las implicancias de tamaño despropósito son enormes, pues se deslegitima la potestad del Estado de recaudar impuestos, así como su rol irreemplazable en la distribución de los recursos y en la formulación de políticas para reducir las desigualdades inherentes a este tipo de crecimiento económico. Si fuéramos ingenuos podríamos pensar que esta es una confirmación más de la conversión de García al neoliberalismo. Nada que ver. Se trata, simplemente, de una frase que le sirve para su propósito inmediato, y nada más. Pero el daño es inconmensurable porque no estamos en una situación “holgada”. Lo peor es que García compare al Estado con una sanguijuela “chupasangre” cuando su responsabilidad es construir un Estado moderno y eficiente, que grave adecuadamente y como corresponde a los distintos agentes económicos. ¡Qué vergüenza!
LA CAPTURA INTELECTUAL DEL FMI
.Por Humberto Campodónico
Es un hecho que, para la mayoría de los economistas ligados a las grandes instituciones financieras y a los organismos multilaterales, así como para un gran número de académicos de importantes universidades de EEUU y Europa, la crisis financiera del 2008 apareció “como un rayo en cielo sereno”. Una de las justificaciones más comunes es que “nada hacía prever que podía desencadenarse una crisis de tamaña magnitud”.
Estas afirmaciones han sido desmentidas en varias oportunidades por economistas como Joseph Stiglitz (Premio Nobel), Nouriel Roubini (Universidad de Nueva York), Paul Krugman (Princeton), Robert Brenner (California). Michel Aglietta (Johns Hopkins) y Robert Reich (Berkeley), entre otros. Si bien sus enfoques no son exactamente los mismos, dieron clarinadas de alarma acerca de la burbuja que se estaba formando en el sector inmobiliario, la que al reventar dio inicio a la crisis.
Estos economistas –entre otros– tienen ahora un inesperado nuevo acompañante. Es el FMI, que acaba de publicar un informe titulado “La performance del FMI en los eventos que llevaron a la crisis financiera y económica” (www.imf.org, 10 de enero 2010).
Dice el Informe: “El FMI, en sus informes sobre EEUU y el Reino Unido aprobó decididamente las políticas y prácticas financieras que eran vistas como las forjadoras de rápidas innovaciones y un crecimiento sostenido. La creencia de que los mercados financieros se comportaban correctamente en lo esencial, y que las grandes instituciones financieras podían capear el temporal, disminuyeron la sensación de urgencia para enfrentar los riesgos existentes o de preocupación acerca de posibles escenarios adversos”.
Debemos advertir a los lectores que este informe fue elaborado por la Oficina de Evaluación Independiente del FMI que –como su nombre lo indica– no está conformado por economistas del “staff” y que tiene como objetivo una evaluación crítica de las políticas aplicadas por el FMI.
El Informe tiene críticas durísimas al “staff”: “La habilidad del FMI para detectar importantes vulnerabilidades y riesgos y alertar a los países miembros se vio afectada por una compleja interacción de factores, entre ellos un alto grado de “pensamiento de grupo”, captura intelectual, la idea de que una crisis financiera no era probable en los países avanzados y enfoques analíticos inadecuados”.
No solo eso. Dice el Informe que el staff del FMI “estuvo atrapado en una batalla interna acerca de la supervisión económica a los países, pero ésta se centró en los desbalances de cuenta corriente y las políticas de tipo de cambio en los mercados emergentes, en lugar de centrarse en las burbujas inmobiliarias y financieras de los países industrializados”.
Por esta razón, las políticas del FMI aparecieron como “sesgadas en contra” de los países emergentes, sobre todo China. O, lo que es lo mismo, el FMI aparece “capturado” por quienes lo financian, es decir, los países industrializados.
La oportunidad de la autocrítica es clave, porque los países industrializados aún sufren las secuelas de la crisis del 2008 –que en Europa ha derivado en altas deudas de países como Grecia, Portugal e Irlanda–, lo que hace que muchos analistas planteen que se está incubando una “segunda fase” de la crisis.
Veremos si esta autocrítica influye en la próxima reunión del Grupo de los 20, a celebrarse en París este fin de semana. Si bien en el G-20 los países tienen la iniciativa, en los últimos meses éstos le han conferido nuevas responsabilidades al FMI (aumentando los fondos a su disposición) en los planes de “salvataje” de los países en problemas. Si el FMI sigue “capturado intelectualmente en su pensamiento de grupo”, seguramente repetirá los mismos errores que ahora se le critican.
Es un hecho que, para la mayoría de los economistas ligados a las grandes instituciones financieras y a los organismos multilaterales, así como para un gran número de académicos de importantes universidades de EEUU y Europa, la crisis financiera del 2008 apareció “como un rayo en cielo sereno”. Una de las justificaciones más comunes es que “nada hacía prever que podía desencadenarse una crisis de tamaña magnitud”.
Estas afirmaciones han sido desmentidas en varias oportunidades por economistas como Joseph Stiglitz (Premio Nobel), Nouriel Roubini (Universidad de Nueva York), Paul Krugman (Princeton), Robert Brenner (California). Michel Aglietta (Johns Hopkins) y Robert Reich (Berkeley), entre otros. Si bien sus enfoques no son exactamente los mismos, dieron clarinadas de alarma acerca de la burbuja que se estaba formando en el sector inmobiliario, la que al reventar dio inicio a la crisis.
Estos economistas –entre otros– tienen ahora un inesperado nuevo acompañante. Es el FMI, que acaba de publicar un informe titulado “La performance del FMI en los eventos que llevaron a la crisis financiera y económica” (www.imf.org, 10 de enero 2010).
Dice el Informe: “El FMI, en sus informes sobre EEUU y el Reino Unido aprobó decididamente las políticas y prácticas financieras que eran vistas como las forjadoras de rápidas innovaciones y un crecimiento sostenido. La creencia de que los mercados financieros se comportaban correctamente en lo esencial, y que las grandes instituciones financieras podían capear el temporal, disminuyeron la sensación de urgencia para enfrentar los riesgos existentes o de preocupación acerca de posibles escenarios adversos”.
Debemos advertir a los lectores que este informe fue elaborado por la Oficina de Evaluación Independiente del FMI que –como su nombre lo indica– no está conformado por economistas del “staff” y que tiene como objetivo una evaluación crítica de las políticas aplicadas por el FMI.
El Informe tiene críticas durísimas al “staff”: “La habilidad del FMI para detectar importantes vulnerabilidades y riesgos y alertar a los países miembros se vio afectada por una compleja interacción de factores, entre ellos un alto grado de “pensamiento de grupo”, captura intelectual, la idea de que una crisis financiera no era probable en los países avanzados y enfoques analíticos inadecuados”.
No solo eso. Dice el Informe que el staff del FMI “estuvo atrapado en una batalla interna acerca de la supervisión económica a los países, pero ésta se centró en los desbalances de cuenta corriente y las políticas de tipo de cambio en los mercados emergentes, en lugar de centrarse en las burbujas inmobiliarias y financieras de los países industrializados”.
Por esta razón, las políticas del FMI aparecieron como “sesgadas en contra” de los países emergentes, sobre todo China. O, lo que es lo mismo, el FMI aparece “capturado” por quienes lo financian, es decir, los países industrializados.
La oportunidad de la autocrítica es clave, porque los países industrializados aún sufren las secuelas de la crisis del 2008 –que en Europa ha derivado en altas deudas de países como Grecia, Portugal e Irlanda–, lo que hace que muchos analistas planteen que se está incubando una “segunda fase” de la crisis.
Veremos si esta autocrítica influye en la próxima reunión del Grupo de los 20, a celebrarse en París este fin de semana. Si bien en el G-20 los países tienen la iniciativa, en los últimos meses éstos le han conferido nuevas responsabilidades al FMI (aumentando los fondos a su disposición) en los planes de “salvataje” de los países en problemas. Si el FMI sigue “capturado intelectualmente en su pensamiento de grupo”, seguramente repetirá los mismos errores que ahora se le critican.
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