La deuda con los trabajadores

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El país tiene una deuda social con los trabajadores, entendidos estos de manera extensa: obreros, empleados, trabajadores del hogar, autoempleados, informales, etc. Resolver y honrar dicho pasivo es una tarea de gobierno y de Estado.


Muchos analistas señalan que la crisis económica se acabó en el Perú porque se han recuperado los precios de las materias primas que exportamos y porque ya han regresado los capitales de corto plazo. Pero ¿qué hay del peruano de a pie que se esfuerza diariamente por salir adelante? Julio Gamero, ex viceministro de Trabajo, nos da sus impresiones sobre la calidad del empleo en el Perú de hoy.

-El Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de recuperación sostenible de la economía mundial, pero ¿cuál es la situación mundial del empleo?
-En esta etapa vemos que hay incremento de la producción sin aumento del empleo. En las economías del norte es necesario distinguir EEUU de Europa y Asia. EEUU, si bien no ha tenido las tasas de desempleo abierto de España y otros, tiene el problema de que el aumento de su gasto público se concentró en el salvataje del sector financiero. El gasto público aumentó a favor de los bancos. Francia y Holanda no han tenido tanto crecimiento previo ligado a la construcción, a diferencia de España que tiene problemas derivados de una burbuja inmobiliaria. Europa está complicada. A ello se suma la debilidad del euro como moneda común. En un inicio se hablaba de que Grecia necesitaba 30 mil millones de dólares para pagar su deuda y cerrar sus déficits internos y externos, ahora se habla de 100 mil. Y al ser parte de la eurozona afectará al Euro. Como la solución que se busca dar a la crisis va dirigida al sector financiero, en lugar de al sector real, el empleo está aún en crisis.

-A nivel nacional ¿cuál ha sido el impacto de la crisis en el empleo?
-De acuerdo a las estadísticas oficiales no disminuyó el empleo. En el 2009 el empleo urbano creció 1%. Claro que en el año previo había crecido 8%. Es una bajada fuerte. Pero es cierto que el Perú no ha presentado un impacto fuerte en el empleo durante la crisis. Es que los sectores comercio y servicios vinculados a la demanda interna crecieron, contrarrestando la caída de 6% en los sectores manufacturero y agroindustrial de exportación. Dentro de la industria, el empleo en el sector textil cayó más de 10%, pero aún así el crecimiento de empleo en los otros sectores levantó el promedio.

-¿Y en términos de calidad del empleo?
-Ni el ciclo de expansión económica que hemos vivido los últimos años ha podido revertir la precariedad en el empleo originada por las reformas laborales neoliberales de los 90. Es el único sector que no ha logrado recuperar los niveles anteriores a los 80 y 90. El acceso a la seguridad social no ha recuperado niveles de cobertura anteriores. El único efecto positivo reciente es la reducción del empleo informal. Lo que pasa es que últimamente el empleo ha crecido en la mediana y gran empresa, pero esto no se ha expresado en mejores modalidades de contratación laboral o seguridad social debido al marco institucional con el que se cuenta.

-¿Cuál ha sido el impacto de los TLC que hemos firmado en el empleo? Algunos dicen que si no fuera por el TLC con EEUU nos hubiera ido peor.
-Cuando uno analiza las exportaciones a EEUU, se da cuenta que cayeron más que las exportaciones a Asia. Y si bien ya habían empezado a caer en el 2008, la caída se acentuó en el 2009. Por otro lado, si uno mira los mecanismos de solución de controversias laborales, se encuentra que son buenas herramientas que pueden ser utilizadas por el movimiento sindical, pero no se aprovechan dada la poca tasa de sindicalización. De acuerdo a los datos de diferentes estudios, el impacto de los acuerdos de libre comercio sobre el empleo es reducido. Hay un estudio –no difundido- del BID que señala que los puestos de trabajo crecerían en 40 mil en un lapso de diez años, por ejemplo. En general, con los TLC se ve afectada la microempresa que abastece el mercado interno. Por eso Gamarra no quiere saber nada del TLC con China.

-¿Cuáles son sus críticas a la política laboral peruana?
-Lo primero es que se mantiene el marco institucional que genera inequidades. El Producto Bruto Interno (PBI) per cápita ha crecido 43% del 2000 al 2009. Sin embargo, la remuneración media, como informa la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo creció 6.7%. De otro lado, el excedente en una economía se distribuye entre utilidades (empresas), remuneraciones (trabajadores) e impuestos (Estado), y en el Perú ni en ninguna parte dicha distribución obedece a criterios de racionalidad económica o de coeficientes técnicos. Entonces, todo depende de la capacidad de negociación de los actores involucrados. Depende del poder que ejerzan las partes y ya vemos que los salarios y la presión tributaria no se elevan. El sector empresarial tiene más poder que el Estado para la negociación. Las grandes empresas renegocian con el Estado cuando quieren, en cambio el Estado nunca plantea la renegociación de ningún contrato, como lo señala la evidencia de los últimos años.

Asimismo, los trabajadores con una tasa de sindicalización del 5% no tienen mayor poder de influencia. A esto se suma que no hay políticas que busquen reducir la inequidad y que se expresen, por ejemplo, en facilitar la organización de los trabajadores, en mayores negociaciones y convenios colectivos de trabajo, los mismos que, por el contrario, se han venido reduciendo en número. Es bueno decir, también, que la dirigencia sindical no está exenta de responsabilidad, pues ha debido hacer a los sindicatos más atractivos para los trabajadores en un contexto de cambios. Sin embargo, también se debe señalar que abundan las prácticas antisindicales. Una expresión de ello es que en las más de mil empresas agroindustriales solo hay cinco sindicatos. En empresas como Ripley y Claro, cuando los trabajadores se afilian al sindicato no se les renueva el contrato.

Esto debe ser reformado, modificado con nuevas formas de sindicalización, suprimir requisitos para la formación de sindicatos -como el de mantener un número mínimo de 20 trabajadores para constituir un sindicato de empresa- y que se facilite, también, la conformación de sindicatos de rama. En esto último, tenemos por ejemplo el sindicato de rama de construcción civil, donde el empleo es bastante inestable, pero los trabajadores en conjunto negocian periódicamente sus condiciones laborales. En conclusión hace falta transformar el marco institucional.

-¿Y sobre las políticas de generación de empleo?
-El sector informal concentra más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) del país. Y para que los emprendimientos tengan mayor viabilidad se necesitan políticas sectoriales. Según COPEME, solo 10 millones de dólares se dirigen a las Microempresas. En el Plan de Estímulo Económico que se elaboró en el contexto de la crisis global, se destinaron 150 millones de soles para compras estatales dirigidas a las microempresas. Esto debería ser la regla en lugar que una medida extraordinaria.

La forma como se ha querido fortalecer a las Mypes ha sido a través de la reducción de los estándares de los beneficios para los trabajadores, como si ello fuera un tema legal. La promoción de las Mypes, su capacidad en generar mayor excedente y riqueza, es un tema económico. Se ha llegado al extremo, por ejemplo, de incluir a las pequeñas empresas, aquellas que tienen 100 trabajadores, bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1086. La promoción a las Mypes más que un tema microeconómico es de política sectorial, de mayores recursos en el presupuesto nacional. La política económica debería ser marcadamente pro microempresa.

-¿Se puede subir el salario?
-Sí. En el 2007 hubo una comisión técnica tripartita (trabajadores, Estado y empresarios), que estableció criterios para aumentar periódicamente el salario mínimo en función a los niveles de productividad y la inflación subyacente. Se incorporó, también, la cláusula gatillo, por la cual si la inflación era mayor a la proyectada por el Banco Central de Reserva (BCR), se ajustaba la remuneración mínima. Y a pesar que los empresarios estaban de acuerdo, en el 2008, cuando la inflación superó 4% a la proyectada por el BCR, llegando a 6%, no hubo aumento para el 2009. Por lo menos se debió ajustar en 27 soles el sueldo mínimo. El gobierno argumentó que eso afectaría al empleo. Cabe señalar que en América Latina, estamos en el tercio inferior en lo que se refiere a salarios mínimos medidos en dólares. Sin ir muy lejos, Ecuador tiene menor PBI per cápita pero su salario mínimo (240 dólares) es 46 dólares mayor que el nuestro (194 dólares).

Todos los países de la región aumentaron el salario dentro de sus planes de estímulo durante la crisis. Y lo aumentaron porque es la forma más directa de promover la demanda interna. Nuestro Plan, de los 10 mil millones de soles con los que contaba, destinó 150 millones a las compras estatales de Mypes como dijimos, y 100 millones al programa de reconversión laboral Revalora. Fue muy poco y eso no hace sino expresar, creo, las prioridades del gobierno. El país tiene una deuda social con los trabajadores, entendidos estos de manera extensa: obreros, empleados, trabajadores del hogar, autoempleados, informales, etc. Resolver y honrar dicho pasivo es una tarea de gobierno y de Estado.