LECCIONES DEL BAGUAZO

Gobierno continúa de espaldas a los conflictos que originaron el baguazo el 5 de junio del año pasado.
Defensoría siempre atenta Alicia Abanto, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que el dictamen aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología toma en consideración el proyecto de ley presentado por esta institución, los resultados de la Mesa Nº 3 del Grupo Nacional de Coordinación y lo señalado por el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, precisó, recoge el consenso alcanzado por las organizaciones indígenas. “Esperamos que el proyecto aprobado siga un rumbo similar en la Comisión de Constitución”, resaltó la funcionaria.La Defensoría del Pueblo en el marco de su mandato constitucional, indicó Abanto, continuará desarrollando las labores de seguimiento de las medidas que están vinculadas al cumplimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de nuestro país.
A menos de un mes de cumplirse el primer aniversario de la masacre de la “Curva del Diablo”, en Bagua, Amazonas, es lenta, casi nula, la reacción del gobierno para enmendar las causas que provocaron la protesta de los indígenas amazónicos de los años 2008 y 2009. “Falta voluntad política”, dice la congresista Gloria Ramos, quien preside una comisión especial multipartidaria sobre esta problemática y que ha presentado varias iniciativas que están pendientes de discusión en el Parlamento.Esta semana, la Comisión de Pueblos Andinos aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de la Ley de Consulta Previa y su presidenta, Elizabeth León, lo envió inmediatamente al presidente del Congreso, Luis Alva Castro, para que lo incluya con prioridad para su debate en el pleno. Ahora la pelota está en la cancha del oficialismo y sus aliados, de quienes depende que no quede durmiendo este dictamen y que se aprueba la Ley de Consulta Previa, la misma que es una exigencia de las organizaciones de nativos amazónicos y andinos y de la comunidad internacional. También la Defensoría del Pueblo se ha hecho eco de la demanda.La falta de políticas claras respecto a la cuestión indígena andina y amazónica y la inaplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en particular en temas relacionados a las concesiones para exploración y explotación de minerales e hidrocarburos, causó la larga protesta amazónica y cientos de conflictos en todo el país.Mucho por hacerPero la lenta respuesta del Ejecutivo y el Congreso para resolver esta situación, hace pensar a la congresista Gloria Ramos que “no hay voluntad política”. Ella saluda el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, pero a la vez señala que esta norma no será suficiente para remediar todos los conflictos pendientes.“Faltan normas sobre territorio y territorialidad de los pueblos indígenas (amazónicos y andinos), también sobre educación y salud intercultural, una institución autónoma, independiente y legítima que sirva de nexo entre el Estado y las organizaciones de los pueblos originarios y también propiciar una representación política, como en Ecuador, Bolivia, Guatemala y otros países”, apunta.Estas iniciativas convertidas en proyecto de ley están pendientes de discusión en la Comisión Especial Multipartidaria para Estudiar y Recomendar Soluciones a la Problemática de los Pueblos Indígenas que preside la congresista Gloria Ramos, porque a las últimas reuniones no han concurrido los representantes del fujimorismo, de Unidad Nacional ni del Partido Aprista. Ramos espera que este martes los congresistas cumplan con su deber de asistir.Más democracia y más inclusiónEn la sesión extraordinaria del viernes, la Comisión de Pueblos Indígenas aprobó el dictamen de Ley de Consulta Previa y la realización de una consulta nacional sobre esta norma.“Esta consulta nacional será una oportunidad para acercar el Estado a los pueblos indígenas, y así evitar en el futuro hechos lamentables como los ocurridos en Bagua”, dijo Elizabeth León, presidenta de este grupo de trabajo congresal. En esta primera aplicación del Convenio 169 de la OIT deberán estar presentes organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Confederación de Nativos del Perú, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, la Confederación Nacional Agraria, entre otras.“Esta es la institucionalización del diálogo y reconoce los derechos de los pueblos indígenas, dentro de un proceso para hacer un país más democrático e inclusivo”, sostiene León.La consulta previa, de acuerdo al dictamen, será aplicable no sólo a las leyes que involucren directa e indirectamente a los nativos andinos y amazónicos, sino también respecto de medidas administrativas tanto a nivel local, regional y nacional.El dictamen contempla que en caso el Estado y los representantes de los indígenas andinos y amazónicos tomen un acuerdo conjunto en el proceso de consulta previa, éste tendrá “carácter vinculante”, mientras que si solo llegan a un acuerdo parcial, el proceso podrá revisarse, si el caso lo amerita.El proyecto de ley crea un organismo técnico especializado encargado de los procesos de consulta previa y creará un registro de los pueblos andinos y amazónicos. “Este organismo podría ser el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos”, sugiere León.“Este dictamen debe entrar pronto en debate, si es posible exonerarlo de la opinión de la Comisión de Constitución, que recién esta semana podría elaborar un documento si logra reunirse”, dijo la congresista León. “Esperamos que este dictamen sea convertido en ley antes del 05 de junio, pues será la forma más concreta de evidenciar como Estado nuestro compromiso de construir un país para todos los peruanos, sin excluir a nadie”, acotó la parlamentaria ayacuchana.También las comunidades amazónicas están esperando la respuesta del Congreso, señaló Jesús Manacés, coordinador de la principal mesa de diálogo entre el Estado y los nativos amazónicos. “Ha pasado casi un año desde lo que pasó en Bagua y hasta ahora el gobierno no ha dado señales claras de querer solucionar nuestro problema. Esperamos que el Congreso apruebe la ley de consulta previa, cuando menos, antes del 5 de junio”, indicó Manacés.