EL TREN COIMA

El hombre de la coima quiere olvidar el pasado.




Afirma congresista electo Javier Diez Canseco. Recuerda que García, en su primer mandato, fue acusado de embolsicarse US$ 1’040,000 de comisiones pagadas por el italiano Sergio Siragusa.

En la reinauguración del Tren Eléctrico, el presidente Alan García invocó a la grandeza divina para decir que la justicia, después de 21 años, al fin lo había reivindicado. “Dios es grande, la justicia siempre reivindica”, dijo. Sin embargo, pareció olvidar adrede que nunca se sometió a la justicia por las acusaciones de haber recibido un cuantioso soborno por la adjudicación de la obra, en un escándalo de corrupción que comprometó además a funcionarios italianos, durante su primera gestión (1985-1990).

En declaraciones a LA PRIMERA, Javier Diez Canseco, congresista electo de Gana Perú, afirmó que García quiere hacernos olvidar las irregularidades y malos manejos en LA PRIMERA parte de la obra.

¿El crimen no paga?
Lo cierto es que García fue investigado por los delitos de colusión ilegal, negociación incompatible, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito, que le fueron imputados por haber presuntamente recibido, en 1989, US$ 1’040,000 como coima por las obras del Tren Eléctrico.

El jefe de Estado se libró de una sentencia, no porque fuera exculpado o declarado inocente de los delitos mencionados, sino debido a que pidió la prescripción de los mismos, luego que fuera declarado reo contumaz –es decir prófugo de la justicia- durante los diez años de su “exilio dorado” en Bogotá y París.

Tras la caída del régimen Fujimorista y valiéndose de magistrados cercanos, como el expresidente del Poder Judicial, Wálter Vásquez Bejarano, García utilizó una serie de leguleyadas para que los tribunales declaren que ya había pasado el tiempo para juzgar sus delitos.

Este diario revisó la acusación fiscal formulada por Nelly Calderón, extitular del Ministerio Público, que, como exfiscal supremo en lo Contencioso Administrativo, emitió el 12 de diciembre de 1995 el dictamen 1750-95, que encuentra “responsabilidad penal del procesado Alan Gabriel Ludwig García Pérez”.

Expedientes olvidados
El citado dictamen concluye que García es autor de cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito, así como instigador de los delitos de colusión ilegal y negociación incompatible, documento que permitió al magistrado Hugo Sivina Hurtado, expresidente del Poder Judicial y actual titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), abrir instrucción en su contra.

Sivina, entonces vocal supremo instructor, emitió el 25 de marzo de 1996, un lapidario informe final que ratificó los delitos imputados contra García en la denuncia penal de la fiscal Calderón y ordenó la detención del acusado.

Según conclusiones del citado informe, hubo colusión ilegal y negociación incompatible, que empieza con la dación del Decreto Supremo N°001-86-MIPRE, que declara de necesidad pública el establecimiento de un sistema eléctrico de transporte masivo, y se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE).

Según el expediente, García presionó para que la empresa italiana Italfer gerencie el proyecto, simulando negociaciones con otras empresas, cuando el gobierno peruano ya había formalizado su intención de entregar la ejecución y financiamiento del proyecto a la firma italiana.

Contacto en Roma
Del documento se desprende también que Alan García concertó una cita en Roma con Sergio Siragusa (fallecido hace algunos años), asesor del consorcio TraLima, encargado del Proyecto del Tren Eléctrico de Lima según contrato con el AATE.

En ese encuentro, ocurrido el 7 de septiembre de 1989 a pedido de García, éste le requirió de forma velada sus exigencias económicas por haber otorgado la administración y ejecución del proyecto a TraLima.

Según el testimonio de Siragusa, en circunstancias que concurrían en un automóvil oficial a la inauguración de un tramo del Tren de Roma, García le dijo que tiene que pedir a la plana mayor del Consorcio TraLima “una ‘contribución’ de por lo menos 6 cifras (US$ 1’000,000)” ya que tenía conocimiento que Bettino Craxi había recibido su ‘cuota partidaria’’’.

García exigió una primera ‘contribución’ de US$ 500 mil, según contó Siragusa, “para cubrir los costos de la campaña del municipio de Lima”. Los primeros días de octubre de 1989, hubo un desembolso inicial de US$ 200 mil en efectivo, efectuado en el mismo Palacio de Gobierno, y luego a través de tres remesas giradas a la cuenta cifrada Nº 285762361-2952735 del Barclays Bank de las Islas Gran Caimán, entre octubre de ese año a agosto de 1990, cuando García ya había dejado el gobierno.

En este contexto aparece en escena Alfredo Zanatti –empresario que tenía vinculaciones comerciales con el jefe de Estado desde que éste lo favoreciera con los dólares MUC--, cuando se levantó la reserva de la cuenta cifrada en la que ingresaron las tres remesas por US$ 840,000.

Aunque en un principio declaró que abrió la cuenta a solicitud de Alan García, según dijo para traer dinero para el Canal 13, Zanatti posteriormente se desdijo de sus imputaciones. Esto, sin embargo, nunca ocurrió con Siragusa.