.Por Humberto Campodónico
En julio pasado, el presidente Obama promulgó una ley que va a tener un impacto muy importante en las actividades extractivas, específicamente la minería y los hidrocarburos (petróleo y gas natural).
La Ley Dodd-Frank, en su sección 1504 (1), establece que las empresas que obtengan sus capitales en el mercado de EEUU deben revelar “todos los pagos que hacen al gobierno de EEUU, así como a gobiernos extranjeros, provenientes de ingresos del desarrollo comercial de minerales, petróleo y gas natural”. Esta ley fue propuesta por los parlamentarios demócratas Barney Frank y Chris Dodd.
La ley dice que los pagos deben revelarse en los siguientes niveles: país por país, para todos los países en que opera la empresa; a nivel nacional y subnacional para cada uno de sus proyectos; además, deben desagregarse por la forma de pago (lo que incluye, entre otros, el impuesto a la renta, regalías, tasas, derechos de producción e incentivos en bonos). Habrá informes anuales estandarizados que serán colgados en Internet.
Según Iniciativa para la Transparencia de los Ingresos (RWI, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York: “Esta ley se aplicaría al 90% de las grandes empresas internacionales de minería y petróleo y permitiría obtener mayor información a nivel mundial que cualquier otro régimen de transparencia existente. Si bien el SEC (el organismo regulador de los mercados de valores en EEUU) aún no ha publicado el reglamento, ésta va a sentar un precedente mundial” (www.revenuewatch.org).
Para países con alta dependencia de las industrias extractivas, como el Perú, esta ley refuerza la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), que agrupa a empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.
Agreguemos que el Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas, se ha adherido a esta Iniciativa y está en la categoría de “cercano al cumplimiento”. La demora para la condición de miembro definitivo se debe a que algunas empresas (sobre todo, nacionales) se niegan a cumplir con todos los requisitos establecidos.
Volviendo a Dodd-Frank, dice RWI que “está interesada en que el Reglamento mantenga todos los niveles de información que la ley prevé y que ninguna categoría de empresas pueda obtener excepciones que le permitan no revelar información”. Agrega que “varias empresas han empleado una considerable cantidad de tiempo y de dinero para disminuir el alcance de la Ley, sobre todo en su énfasis de amplia desagregación de los pagos realizados” (ídem). Bueno, en todas partes se cuecen habas.
Para terminar, puede decirse que la Ley Dodd-Frank es parte de una corriente que plantea una mayor regulación a nivel mundial, tanto a nivel financiero como a nivel empresarial, para evitar nuevas crisis financieras como la del 2008, que provocó grandes quiebras bancarias y una crisis económica y financiera internacional que aún no termina (grandes problemas de deuda en EEUU y varios países europeos).
En lo que concierne al impacto de Dodd-Frank en las industrias extractivas y su participación en los mercados financieros mundiales (sobre todo bolsas de valores) hay mucha información relevante para los gobiernos y los actores de la sociedad civil. Volveremos sobre el tema en un próximo artículo.
(1) El nombre completo de la Ley es “Reforma de Wall Street y Protección del Consumidor”. Cubre muchos aspectos de regulación del sistema financiero y de protección al consumidor y es considerada la más importante después de la Ley Glass-Steagall de 1932, derogada por Bill Clinton en 1999 (ver Reforma financiera: “demasiado grandes para quebrar
martes, 28 de junio de 2011
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