Fujimori es un reo rematado con la ratificación de la sentencia, afirmó el abogado de las víctimas

Ronald Gamarra calificó el fallo de la Corte Suprema como “rotundo y definitivo” contra el ex presidente.
La ratificación de la sentencia de 25 años de prisión impuesta a Alberto Fujimori por dos matanzas y dos secuestros convierte al ex presidente de la República en “un reo rematado”, afirmó Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Gamarra, abogado de la parte civil en este proceso, aseguró que la ratificación de la sentencia, difundida cerca de las doce de la noche del sábado, es “rotunda y definitiva” y cualquier otra acción para pedir su nulidad es “un manotazo de ahogado”.

Ahora “esta sentencia tiene que ejecutarse y cumplirse con respeto y garantías”, aseveró en una emotiva rueda de prensa en la que participaron defensores de derechos humanos, observadores internacionales y familiares de las víctimas de las matanzas.

Con estas palabras, el representante de la CNDDHH se refería a las pretensiones del abogado de Fujimori, César Nakazaki, de buscar la nulidad de la decisión con un hábeas corpus que lo llevaría hasta el Tribunal Constitucional.

El dictamen de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó por unanimidad la condena contra Fujimori, emitida en primera instancia el 7 de abril de 2009, por la matanza de 25 personas en Barrios Altos (1991) y la universidad de La Cantuta (1992).

Esta sala también confirmó por mayoría que se cometió “secuestro agravado” contra el periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Además, ratificó que el condenado deberá pagar un total de 187.200 nuevos soles (64.843 dólares) a los sobrevivientes y deudos de las matanzas y un total de 93.600 nuevos soles (32.421 dólares) por los casos de secuestro.

HABLAN LOS DEUDOS DE LA CANTUTA
Emocionada y entre sollozos, Gisella Ortiz, representante de los estudiantes víctimas de La Cantuta, enfatizó que la ratificación de la sentencia pone fin a un “largo camino de lucha por la verdad y la justicia”.

“Esperamos que no sea un logro aislado en la lucha contra la impunidad y que sea un precedente en los casos de violaciones a los derechos humanos pendientes”, acotó.

Por su lado, la observadora internacional Jo-Marie Burt, representante de la Oficina de Washington para Latinoamérica (Wola, por su sigla en inglés), destacó que el proceso contra Fujimori “fue imparcial y garantizó el debido proceso”, tras reconocer la “lucha y fe incansable en la justicia” por parte de los familiares de las víctimas de las matanzas.

Otro observador, el colombiano Alirio Uribe, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, enfatizó que “es la primera vez que hay un juicio tan importante a un ex jefe de Estado”, tras explicar que es muy difícil que tribunales nacionales juzguen a antiguos gobernantes por crímenes de lesa humanidad.

“Es un ejemplo para las víctimas de Asia, África y América Latina que están tratando de reconstruir la verdad y obtener justicia”, subrayó.

Los otros abogados de las víctimas de las matanzas, entre ellos Gloria Cano y Carlos Rivera, expresaron su satisfacción por la sentencia y coincidieron con Gamarra en que el proceso culminó con la ratificación de la sentencia por parte de la primera sala.

La condena implica que Fujimori, de 71 años, deberá permanecer en prisión hasta el 10 de febrero de 2032 y si bien el antiguo gobernante puede acogerse a beneficios penitenciarios, deberá cumplir al menos 18 años de cárcel.

Fujimori está recluido en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes) desde su extradición desde Chile en septiembre de 2007 por dos casos de violación de los derechos humanos y cinco de corrupción.

Además de la sentencia a 25 años de prisión, también fue condenado a 8 años por el pago de una indemnización laboral a su entonces asesor Vladimiro Montesinos, a otros 6 por el allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de éste y a 6 más por otros casos de corrupción, pero las penas no son acumulativas en Perú.