DEUDA INTERNA

Pago de la deuda interna


CESAR LEVANO
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La decisión del gobierno de llevar adelante un plan de devolución de aportes hechos durante casi dos décadas por la masa laboral de todos los sectores al Fondo Nacional de Vivienda, ha causado satisfacción en la ciudadanía y entusiasmo entre quienes, más que beneficiarios de la medida, son acreedores del Estado a los que se reconoce una obligación que había sido negada o simplemente ignorada por varios gobiernos.

Ha causado especial impacto la celeridad con la cual la determinación ha sido viabilizada, honrando el compromiso de cumplir la ley de devolución de los aportes de diciembre de 2010, la cual fue consecuencia de La Victoria obtenida por los fonavistas en un referendo realizado el 10 de octubre.

Esa consulta popular fue necesaria por las resistencias del régimen aprista, el cual se negaba a pagar, con el pueril argumento de que los aportes al Fonavi constituían un impuesto y por tanto no había nada que devolver, falsedad demostrada hasta la saciedad por tributaristas, juristas y otros estudiosos

La anterior administración, que para ser elegida había incluido entre sus promesas de oropel la devolución de los aportes, careció de la grandeza necesaria para aceptar su derrota y proceder a hacer efectivo el pago o al menos viabilizarlo.

Lejos de ello, promulgó la ley de devolución, pero se negó a reglamentarla, algo indispensable para su vigencia plena y su ejecución. Ese requisito fue cumplido, sin ruido ni aparataje propagandístico, por el Ejecutivo actual, definiendo procedimientos y otros detalles del proceso de devolución.

Ciertamente será un proceso largo, pero ya está en marcha e incluye la simplificación de trámites, que contrasta con la recurrente actitud de los gobiernos tradicionales, que buscan hacer difícil y hasta irrealizable cualquier cosa que signifique beneficios para la ciudadanía.

La decisión tomada es un paso significativo y un gesto que creemos puede reflejar una sincera intención de pagar la llamada deuda interna o deuda social, es decir aquella que ha acumulado el excluyente Estado, por desidia o por la aplicación de políticas poco democráticas, con la sociedad.

Esa deuda debe ser honrada a cabalidad y con la mayor prontitud posible, con empleo decente, salud, Educación y otros bienes inherentes a las sociedades justas y modernas, por ser su pago de justicia y necesario para que la masa de acreedores se sientan comprometidos con la democracia y su preservación.